3.3. LA IGLESIA CATÓLICA Y LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS

3.3.1. La Iglesia Católica

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha encontrado que, durante el período de la violencia en el Perú, la Iglesia Católica desempeñó un importante papel de acompañamiento y protección de los peruanos golpeados por la violencia de las organizaciones subversivas y de las fuerzas de seguridad del Estado. Fue en numerosas regiones del país una voz de denuncia de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos y proclamó y defendió el valor de la vida y la dignidad de la persona. La mayoría de los obispos, sacerdotes y religiosas, así como multitud de laicos y laicas, constituyeron una fuerza moral y una fuente de esperanza. Sin embargo, se ha constatado que en ciertos lugares algunas autoridades eclesiásticas mantuvieron un deplorable silencio sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden.

En la mayor parte de las diócesis, el énfasis en la solidaridad ayudaba a fortalecer los lazos de cooperación dentro de las comunidades afectadas por el terrorismo, en los Andes, en la selva y en los barrios populares de las ciudades. El acento puesto en la defensa de la vida fue una orientación clara. Bajo esta inspiración muchos obispos, sacerdotes, religiosas, catequistas y laicos comprometidos acompañaron a la población frente a la amenazas de los terroristas y de las fuerzas del orden. Este modo de comprometerse surge del Concilio Vaticano II (62-65) y su aplicación en las diferentes regiones. De los 2,265 sacerdotes que había en 1984, el 60% era extranjero (DEP 87: 95-104). La gran mayoría de los extranjeros pertenecía a órdenes y congregaciones religiosas, o bien a asociaciones misioneras. Un poco menos de la mitad de los sacerdotes eran del clero secular o diocesano, la mayoría peruanos. En general, el clero diocesano, sobre todo en la sierra, tenía mucho menos preparación que el clero religioso. En el nivel de la jerarquía, de los 54 obispos activos en 1984, predominaban los de órdenes y congregaciones religiosas. Entre ellos había siete obispos jesuitas y cinco del Opus Dei. Más de una tercera parte de los prelados era extranjera de nacimiento, casi todos trabajaban en las prelaturas y diócesis de la sierra y la selva. De las 4,835 religiosas y mujeres consagradas, 2,053 habían nacido en el extranjero.

En este capítulo la CVR examina los actos de violencia que afectaron a la Iglesia, tanto de parte de los grupos subversivos, como de las autoridades y fuerzas del orden. En segundo lugar, se muestra la respuesta de la Iglesia a escala nacional por medio de acciones. En tercer lugar, examinaremos la respuesta de la Iglesia en las principales regiones afectadas por la violencia.

3.3.1.1. Los actores de la violencia frente a la Iglesia

Durante los veinte años de la violencia política, la Iglesia fue afectada no sólo por la acción de los grupos terroristas, sino también por una represión indiscriminada de parte de autoridades, o por la acción de grupos de poder local muchas veces ligados a ellas.

3.3.1.1.1. La perspectiva del PCP-SL

Para Sendero Luminoso, tres elementos juegan en la manera como trata a la iglesia: el ideológico, el de las etapas y el territorial. El ideológico se refiere a su concepción de la religión y de la iglesia. La religión es el «opio del pueblo», dice Abimael Guzmán de manera nada original en la llamada «Entrevista del siglo» (ED 1988: 6-7), «producto de la situación de explotación, y que se irá extinguiendo conforme la explotación vaya siendo barrida». Pero también reconoce que «el pueblo tiene religiosidad... esa religiosidad la respetamos, dice, como un problema de libertad de conciencia religiosa».

A la Iglesia, el PCP-SL la considera una institución enemiga, parte de lo que ellos llaman «el viejo estado» que tratan de destruir; además, SL ataca cualquier proyecto de asistencia o de desarrollo bajo la consigna maoísta de romper toda dependencia del exterior y obligar al pueblo a vivir de sus propios medios, chocando allí también con la pastoral social de la Iglesia. SL sabe que la Iglesia es una institución muy fuerte --de «inmenso poder» dice Guzmán (ED 1988:7)--, y por eso no la ataca desde el principio frontalmente. En efecto, en 1981 provocó una explosión en el Convento de las Carmelitas de clausura en Ayacucho; la población rechazó fuertemente este hecho y SL no volvió a atentar contra la Iglesia en Ayacucho. También atacó el Instituto Rural Palermo, de los Padres de Maryknoll, cerca de Juli, en agosto de 1981, y un mes después lanzó una bomba contra la sede de la Prelatura de Juli; ambos asaltos provocaron una ola de indignación y varios miles de campesinos participaron en una marcha de desagravio.

El segundo elemento es el de las etapas de la guerra, según el PCP-SL: la primera es la defensiva, la segunda es la etapa de lo que ellos llamaron el equilibrio estratégico, a partir de 1989, donde atacan directamente a la iglesia, así como también a las organizaciones populares. Por eso, el PCP-SL puso en su mira a cualquier dirigente popular (alcaldes, dirigentes vecinales o gremiales, pastores evangélicos, agentes pastorales laicos, sacerdotes y religiosas de la Iglesia Católica) que representara una voz de oposición a sus pretensiones totalitarias. El tercer elemento es el territorial. El PCP-SL buscaba controlar el territorio, lo que ellos llaman «batir el campo», sometiendo, u obligando a irse, mediante atentados, amenazas y asesinatos, a cualquier poder, organización o institución que ellos no controlaran, como la Iglesia. El PCP-SL sabe que la iglesia es una de las instituciones más presentes en todo el país y eso contraría sus planes de controlar el territorio. El PCP-SL divide el territorio en zonas rojas estratégicas para ellos o controladas por ellos; zonas rosadas o en disputa, donde son más agresivos; y zonas blancas, donde aún no están presentes y buscan entrar. Su actitud hacia la Iglesia es diferenciada según las zonas. En algunos lugares buscan generar simpatía, mostrarse amistosos; en otros amenazan y matan; en otros quieren tener el control total y, si no lo logran, hacen salir a los agentes pastorales. Por otro lado, la Iglesia en Ayacucho proyectaba la imagen de ser muy tradicional, y por eso no se presentaba como un obstáculo para el PCP-SL. En cambio, en la medida en que esa organización terrorista se expandía fuera de Ayacucho y chocaba con personas y obras de una Iglesia activamente comprometida con la promoción humana de los pobres, el PCP-SL ataca directamente a la Iglesia. Las acciones del PCP-SL contra la Iglesia se pueden clasificar en:

- Pedidos de cupos en dinero, alimentos, medicinas, medios de transporte, etc.

- Vigilancia: se hacen presentes silenciosamente en actividades eclesiales, averiguan quiénes son los agentes pastorales, qué hacen, qué dicen, dónde van, de qué nacionalidad son, qué grupos hay en la parroquia, etc.

- Ataques verbales, sea en volantes o pintas, contra los agentes pastorales o la Iglesia, y frecuentemente rumores maliciosos que hacen circular en la población, por ejemplo sobre el manejo de dinero o víveres.

- Limitaciones de actividades eclesiales, como por ejemplo: impiden a los agentes pastorales visitar ciertas zonas, les dicen que no hablen de paz, que no trabajen con víveres, que no hagan pastoral juvenil, muchas veces esto acompañado de amenazas,

- Intentos de infiltración en actividades eclesiales, tratan de reclutar a los laicos comprometidos en sus parroquias, sobre todo a los jóvenes, presionándolos y amenazándolos porque no logran convencerlos; o tratan de que sus militantes asuman responsabilidades en la pastoral sin que la gente se de cuenta de quiénes son, al igual que en las organizaciones populares.

- Amenazas de muerte, sea por cartas, volantes, pintas, verbales cara a cara o por teléfono, rumores en la población, mandando a alguien a advertir a los agentes pastorales que los van a matar, o dándoles un plazo para salir del lugar bajo amenaza de muerte, sobre todo en los lugares apartados.

- Atentados contra obras de la Iglesia, sobre todo de promoción social, de comunicación, de apoyo a la alimentación como Caritas, de formación de líderes como los Institutos de Educación Rural; saquean depósitos de víveres; cometen atentados contra locales de la Iglesia, casas de obispos, sacerdotes o religiosas.

- Asesinatos de sacerdotes, religiosas y laicos

Lo que el PCP-SL buscaba con esas acciones era generar miedo, paralizar a la Iglesia o dividirla, evitando la solidaridad con las víctimas, acusándolas de delitos o calificándolas de imperialistas o espías. Buscaba controlar a la Iglesia, inmovilizarla en sus templos para que no salga al campo, o por último sacarla de la zona. Buscaba también romper los lazos de la Iglesia con la población, aislarla o desprestigiarla, porque sabía que es una institución con peso moral cuya palabra es escuchada; por eso la amenaza contra los repartos de víveres, la pastoral juvenil o la organización de grupos cristianos, y las acusaciones de «adormecer al pueblo con víveres» o hasta de «soplones», porque los agentes pastorales hablan contra la violencia o predican la paz. SL trató de desprestigiar a los agentes pastorales de la Iglesia especialmente los laicos, que eran los que estaban en mayor peligro, pero no logró su propósito.

Veamos la progresión de los principales y más graves hechos. |1|

Tras los ataques en 1981 en Ayacucho y Juli, hay una cierta calma, el siguiente se produce en mayo de 1984: la Misión Franciscana de Cutivireni sufrió un violento ataque por un grupo senderista, que la destruyó; habrían llegado preguntando «¿Dónde está ese cura explotador? Queremos degollarlo». En 1987 El «Diario» en su edición del 25 de noviembre acusa a la Iglesia «que bendijo una vez más a los asesinos», aludiendo a la masacre de los penales, señalando directamente al cardenal Juan Landázuri Ricketts (S 4.12.87). En agosto de 1988, en el pueblo de San Juan de Jarpa, a dos horas de Huancayo, un pequeño grupo de senderistas atacó una obra educativa para campesinos dirigida por los padres jesuitas.

En marzo de 1989 en Trujillo, terroristas colocaron dinamita en la catedral. En mayo SL destruyó el Instituto de Educación Rural de la Prelatura de Ayaviri en el Sur Andino; poco después amenazan al prelado de Ayaviri y lo obligan a «dialogar» conjuntamente con otras autoridades. En junio es asesinado el párroco de la localidad de Huaripampa, Jauja, Junín, Teodoro Santos Mejía, durante un ataque protagonizado por elementos de SL al puesto policial, donde murieron dos policías. En julio de 1989 dinamitan la torre de la catedral en Huari, y en noviembre atentan contra la casa parroquial de Chavín. En enero de 1990, el P. Franz Windischoffer, párroco de Huantar en Huari, es atacado, torturado y su casa incendiada. En septiembre de 1990, en la Florida, Junín, asesinan a la Hermana María Agustina Rivas, de la congregación del Buen Pastor.

En febrero de 1991 el local de Cáritas de Azangaro, Puno, es atacado con explosivos. En mayo la religiosa Irene McCormack es asesinada con otras cuatro personas en Huasahuasi, Tarma, Junín. Pocos días después senderistas dinamitaron los locales del proyecto Pampa, ligado a la Iglesia, en San Antonio de Putina, Puno. En julio atentan contra el obispado de Chulucanas, en Piura, pero el obispo McNabb y seis sacerdotes que allí se encontraban no sufrieron daños. Ese mismo mes SL intentó asesinar a un sacerdote de la diócesis de Chimbote, el P. Miguel Company, pero falló, hiriéndolo gravemente. El 9 de agosto de 1991, un grupo de senderistas asesinó a dos sacerdotes franciscanos polacos, Michel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, en Pariacoto, Ancash. El 25 de del mismo mes, el P. Alessandro Dordi, misionero italiano, fue asesinado en Santa. El 30 de septiembre, un joven laico, Jorge Cerrón, fue asesinado en Huancayo por su actividad en la pastoral universitaria y con los campesinos pobres.

En enero de 1992 atentan en Chulucanas contra el Centro Betania, taller de costura de Villa Nazareth, perteneciente a la diócesis. En junio de 1993 dos explosiones de dinamita y anfo destruyeron el Municipio y parte de la parroquia Cristo Rey, en Juliaca. El 1 de octubre de 1999, el joven italiano Giulio Rocca, quien trabajaba como voluntario en la Prelatura de Huari, fue asesinado en Jangas, cerca de Huaraz.

La decisión de atacar a la Iglesia la toma la dirección nacional de SL, no se trata de problemas locales solamente. Por eso, aunque en un primer momento el grupo de SL en Chimbote negó ser el autor de los asesinatos de los dos franciscanos, luego en su vocero El Diario Internacional, en un artículo titulado «Atronadora campaña del PCP!» los reivindican como «golpe al viejo orden» por ser «agentes del imperialismo disfrazados de sacerdotes y envueltos en asistencialismo pretendiendo sofrenar a las masas... espiaban para los yanquis». El editorial anunció con satisfacción que «las fuerzas maoístas ejecutaron a tres sacerdotes». El mismo editorial denunció a los dos sacerdotes polacos como agentes enviados por el Papa como parte de una conspiración que «busca aprovechar la fe religiosa del pueblo para consolidar el sistema de opresión en el país.» Además, señaló a Mons. Gurruchaga, como un conocido «organizador de rondas campesinas». Al mismo tiempo denunció a la teología de la liberación porque pretendía «sofocar la explosión social de los pobres, llevando a las masas oprimidas a condiciones de extrema mendicidad» (EDI 1991) En la segunda parte de la entrevista que hace Expreso a Luis Arce Borja, vocero de SL en Europa, éste dice:

En el Perú, a raíz de la ejecución de algunos sacerdotes vinculados a la lucha contrainsurgente, se ha querido dar un carácter anticlerical a la guerrilla; así, lo que hay que aclarar es que el alto clero peruano, aprovechando la religiosidad de nuestro pueblo, está sirviendo a los intereses de burgueses y terratenientes. Tenemos pruebas: el 12 de octubre, el cardenal Landázuri inauguró la Comisión de paz con el gobierno, preguntamos: ¿puede haber una verdadera comisión de paz con los representantes de los asesinos y los genocidas? Landázuri personalmente bendijo los carros de combate que se enviaron a Ayacucho. Tenemos el caso de monseñor Durand, que aprueba el brutal paquetazo de Fujimori contra el pueblo. Monseñor Gurruchaga aparece públicamente, por televisión, como uno de los promotores de esos grupos civiles que luchan contra las guerrillas del pueblo. Esto prueba que, en esta etapa crucial de la lucha, el clero se sirve de la religiosidad del pueblo para enfrentar a la guerrilla maoísta. La Teología de la Liberación no es más que un intento de lavar la cara a esta iglesia oficial; es lo mismo, se trata simplemente de pedir más sumisión al pueblo, pedirle que acepte su miseria... (Ex 17.11.91).

El PCP-SL vio con irritación la participación de grupos cristianos en movilizaciones por la paz, como la marcha por la paz realizada el 3 de noviembre de 1989 el mismo día en que el PCP-SL decretó un paro armado en Lima, a raíz de la cual dice que la religión «trata de evitar que el pueblo luche por su emancipación definitiva y en esto la jerarquía eclesiástica juega un papel importante. Esto se vio claramente en la llamada 'marcha por la Paz' en la que los genocidas, explotadores y sus lacayos iban tomados de la mano con revisionistas y miembros de la jerarquía eclesiástica» (ED 1990:5). A SL le molestaba la asistencia a la población de menores recursos, y por eso critica iniciativas como «Comunidad en Acción», colocando una foto del cardenal Landázuri y del afiche de esa iniciativa con la leyenda «Los plumíferos de la reacción y de la jerarquía eclesiástica han desplegado una intensa campaña asistencialista», y llama a «combatir los afanes reaccionarios de los jefes de la Iglesia, quienes se esmeran en sostener este viejo orden de hambre y miseria utilizando para sus fines las creencias religiosas del pueblo y el cada vez más grave problema de desnutrición de los niños» (ED 1989:12). A SL le contrariaba el apoyo de la Iglesia a las rondas campesinas autónomas en Ancash. Adolfo Olaechea, uno de los voceros de SL, preguntado por la razón de la ofensiva de SL contra el clero, responde: «hay que ver la ofensiva que el clero ha llevado contra el P.C. del P.... Se ha matado a aquellos que están sirviendo como peones de los arzobispos... obedeciendo las órdenes de Fujimori para levantar sectores campesinos y armarlos contra el P.C. del P.» (EDI 1991:11).

En suma, SL ve a la Iglesia católica como institución con gran peso y legitimidad ante la población y por lo tanto como seria competencia, porque, como dicen «sofrena la revolución»; quisiera que se calle ante el problema de la violencia, que no hable de paz ni trabaje por la paz, o que aparezca como desprestigiada o debilitada para que no tenga influencia en la población ni apoyo popular, y poder atacarla más fácilmente; la Iglesia, según decían ellos, era el «postre», pero no lo pudieron comer.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

En su caso, predominaba el intento de acercamiento e infiltración, para lograr un apoyo de la Iglesia como institución que consideraba influyente y presente; así como el pedido de ayudas diversas o el robo de víveres o materiales. Veamos algunos hechos ilustrativos.

En marzo de 1987 en Arequipa, elementos del MRTA toman un templo e incitan a la lucha armada a los fieles En abril, en Tacna, un grupo del MRTA asalta la parroquia Santa Rosa y se llevan un mimeógrafo. En noviembre se produce la toma de Juanjui y San José de Sisa en San Martín, a raíz de la cual el Gobierno entrega a las FFAA control militar en la zona. En mayo de 1988, el día de la llegada de Juan Pablo II a Lima, el MRTA coloca una bandera en hospital Hipólito Unanue y familiares de los presos del MRTA toman diversas iglesias. En julio de 1989 el MRTA secuestró al presidente de la Corde San Martín, Demetrio Tafur Ruiz, solicitando la intervención de la Iglesia para resolver este problema. Tafur fue liberado el 28 de julio, por mediación de la Iglesia (S 15.08.89). En abril de 1991, en Lima, un grupo del MRTA toma el templo de San Martín de Porres y arengan a la lucha armada. A raíz de las críticas de la Iglesia al secuestro de nueve policías en Juanjui, el MRTA publica una carta de explicación (Ca 16.1.92). En la toma de la residencia del embajador japonés por parte del grupo subversivo en noviembre de 1996, el P. Juan Julio Wicht y el P. Martínez estuvieron entre los 490 rehenes, quedándose voluntariamente cuando la mayoría salió; monseñor Juan Luis Cipriani intervino en las negociaciones.

3.3.1.1.2. El Estado y las fuerzas armadas y policiales

El Estado y las fuerzas Armadas y policiales también tuvieron una manera de relacionarse con la Iglesia, que no estuvo exenta de conflictos. De hecho, durante muchos años hubo incluso ataques y acusaciones contra la Iglesia desde las más altas autoridades del Estado, profusamente amplificados en ciertos medios, así como acciones represivas por parte de las fuerzas del orden, o atentados cometidos por paramilitares o por manos desconocidas que no eran aparentemente de SL. Es por eso que durante un largo tiempo la Iglesia, como las organizaciones populares, se vio entre dos fuegos.

Los motivos de esta paradójica situación son varios. El primero estaba relacionado con una manera de comprender al PCP-SL como resultado de una intervención extranjera, un movimiento internacional y no autóctono. En esa lógica, dado que numerosos agentes de pastoral provenían de otros países, fueron vistos no sólo como posibles cómplices, sino como incitadores de la subversión. El segundo motivo estaba referido a confundir cualquier demanda de justicia o de cambio social con terrorismo, por su opción por los pobres, la iglesia acompañaba permanentemente los reclamos populares y las demandas locales por una mejora en las condiciones de vida infrahumanas de la gran mayoría de peruanos, y su discurso hacía referencia constante a la justicia social y a la necesidad de cambios estructurales en el país; para muchas autoridades, esto fue confundido con el terrorismo; a esto se unía, en tercer lugar, la acción de los grupos de poder local quienes buscando imponer situaciones de privilegio producían conflictos locales en los que las autoridades e instancias del Estado muchas veces se colocaban de su lado, cometiéndose abusos contra la población pobre o indígena; los agentes pastorales eran vistos como adversarios por estos grupos, por su apoyo a las reformas y por su cercanía a los sectores populares. El cuarto motivo, sin duda el más importante, es la denuncia por parte de la mayoría de los obispos, así como por las instancias nacionales de la Iglesia, como la Conferencia Episcopal y las Comisiones como CEAS, de las violaciones de los derechos humanos que cometían las fuerzas del orden en la represión indiscriminada de la subversión; esto irritaba en extremo a las autoridades, al igual que los informes de organismos internacionales, y la respuesta era muchas veces tratar de descalificar a los críticos.

Ante los ataques, la Iglesia sólo tenía la palabra, que a veces no lograba llegar a los medios de comunicación; pero incansablemente aclaró las acusaciones que se le hacían. Las instituciones y grupos eclesiales se pronunciaban cada vez solidarizándose con los afectados, y en varias oportunidades representantes de la sociedad civil y de los medios intelectuales manifestaron su apoyo a las denuncias de la Iglesia.

Las principales acciones contra la Iglesia pueden clasificarse en:

- Vigilancia de las actividades eclesiales y de los agentes pastorales, preguntas a los miembros de las instituciones eclesiales sobre lo que hacen, etc.

- Ataques verbales, muchas veces a través de los medios de comunicación, o en volantes o pintas, contra los agentes pastorales o la Iglesia, acusándolos de agitadores, subversivos, terroristas o comunistas.

- Amenazas de muerte, sea por cartas, volantes o pintas

- Atentados y allanamientos contra obras de la Iglesia o contra agentes pastorales; atentados o cierre de medios de comunicación ligados a la iglesia.

- Detenciones y maltratos de agentes pastorales y laicos

Los principales hechos, a veces difíciles de creer, pero plenamente documentados y de conocimiento público en su mayor parte, son los siguientes: |2|

En noviembre de 1980, desconocidos asaltan y destruyen el Centro de producción del programa radial El Día del Pueblo, de radio Santa Rosa, de los padres dominicos, robando documentos y bienes y pintando las paredes con lemas como «Comunistas cobardes», «Viva el neofascismo» y otros (ED 4.11.80). En diciembre el diario Correo vincula a sacerdotes, que tiempo atrás trabajaron en la diócesis del Callao, con hechos terroristas, siendo desmentido por monseñor Durand. El cardenal Landázuri reafirmó su enérgico rechazo a la campaña del mencionado matutino y se preguntó con qué intenciones se viene atacando a los religiosos y sacerdotes extranjeros que cumplen una misión pastoral sacrificada en el país. Por su parte, monseñor Luciano Metzinger manifestó que habría que preguntarse cuáles son los objetivos de todo esto: yo estoy personalmente muy sorprendido, ¿qué pretenden?», dijo (LMD 19 al 23.12.80).

En marzo de 1981, en Sicuani, monseñor Albano Quinn desmiente las acusaciones a la Iglesia realizadas por ciertos sectores de la sociedad que ven como subversión y terrorismo la preocupación de la prelatura por los más pobres (ED 12.4.81, IC 25.4.81).

Un comunicado de CEAS denunciando las torturas contra varios detenidos en puno desata una campaña de ataques y declaraciones de las mas altas autoridades caricaturizando la protesta de la Iglesia. Poco después más de 300 personalidades del mundo intelectual, político y artístico publicaron un pronunciamiento de solidaridad con las manifestaciones de la Iglesia en defensa de la persona humana y los derechos humanos, que señala que CEAS ha emitido un comunicado en defensa de la persona humana que alerta serena y documentadamente sobre serias violaciones a los derechos humanos en operativos y dependencias policiales.

El 18 de agosto fue atacado el puesto policial de Umachiri, cerca de Ayaviri. Tras ese ataque la policía entró por la fuerza al local de Obras Sociales de la Prelatura, llevando detenidos a los cuatro empleados; entró también al IER. El vicario capitular de la Prelatura de Ayaviri, Francisco d'Alteroche, quien reemplazaba al recién fallecido obispo Dalle, se presentó al puesto para protestar por lo sucedido y le contestaron como si la Iglesia fuera responsable de los hechos. En los días siguientes apresaron a campesinos y jóvenes, varios ligados a la parroquia de Umachiri, preguntándoles por el trabajo del párroco del lugar. Dos días después el párroco de Umachiri fue detenido, golpeado y encerrado por más de una hora en el puesto policial de Santa Rosa, por un guardia ebrio. El 21 la Prelatura de Ayaviri emite un comunicado repudiando todo acto de violencia; rechaza también «esta manera de investigar que hace creer que la culpa la tienen sacerdotes o agentes pastorales y crea así la confusión en el pueblo [...] Ningún sacerdote, ningún agente pastoral está metido en lo que ocurrió en Umachiri». El 3 de septiembre se da a conocer un pronunciamiento de la Iglesia del Sur Andino, firmado por los obispos de Puno, Sicuani y Juli, y los agentes pastorales de la región, donde condenan los actos terroristas y rechazan las acusaciones contra la iglesia: «Los mismos que, aún llamándose cristianos, niegan las aspiraciones del pueblo peruano a una vida más digna, intentan desprestigiar a la Iglesia, pretendiendo involucrar su responsabilidad en asesinatos y destrucciones. Se acusa y se investiga injustamente a miembros de la Iglesia, con lo cual se nos quiere acallar e impedir el desarrollo de nuestra misión de servicio, mientras se ocultan y dejan sin solución las causas profundas del sufrimiento de un pueblo» (IC 17.9.82, EDM 12 y 13.9.82, EO 17.9.82).

El 27 de agosto de 1982 la parroquia de Bambamarca, Cajamarca, emite un comunicado donde manifiestan que están siendo afectados por una serie de sospechas y calumnias. Denuncian que «algunos catequistas han sido arbitrariamente llamados al Puesto de la Guardia Civil, y se les acusa directamente de comunistas y terroristas» y que algunas autoridades critican a la Iglesia o a la Parroquia o exigen explicaciones sobre los asuntos religiosos (IC 1.10.82). El 19 de octubre a las 6:20 a.m. un desconocido arroja un balde de gasolina contra el local del obispado de Cajamarca, y estaba a punto de prenderle fuego cuando los seminaristas que allí residían salieron a la puerta. El sujeto huyó en un auto VW amarillo con manchas rojas y placa AU10-06, a pesar de lo cual no fue habido (IC 29.10.82). El 22 de noviembre fue detenido Francisco Ccajia, animador cristiano de la parroquia de Umachiri, por cinco guardias civiles de Ayaviri; los guardias ocultaron su detención; fue torturado, amenazado de muerte e interrogado sobre las actividades de la parroquia; luego fue llevado a Juliaca, donde pasó revisión médica que estableció los maltratos padecidos (IC 7-1-83).

El 14 de junio de 1983 fue asesinado el sacerdote español Vicente Hondarza, párroco de la Iglesia Matriz de Chancay. El cadáver del padre Vicente fue entregado por la policía al hospital de Chancay a las 8 de la noche. La misma policía avisó a la parroquia. Su muerte aún no ha sido jurídicamente esclarecida. Aunque las autoridades sostenían la versión de un accidente, sus ropas se encontraban limpias, pero el cuerpo presentaba numerosas escoriaciones y fracturas, y una herida de 15 cms. en la cabeza que había sangrado bastante. La policía se opuso a toda investigación (LMD 16 y 17 .6.83, P N.54, Cep 1984: 53, IC 17.6.83). |3|

En agosto la Iglesia de la Prelatura de Sicuani rechazó las acusaciones lanzadas en su contra, que venían satanizando a los religiosos de esa provincia, vinculándolos con acciones terroristas. Inclusive se llegó a dar un plazo de 15 días al equipo pastoral de Yauri «para que abandone el pueblo» (LR 3.8.83). Cuando monseñor Quinn acudió a la oficina del subprefecto de la Provincia de Yauli, Victor Soto (AP), para dialogar, éste amenazó con expulsar a aquéllos por terroristas y al Obispo por terrorista y «gringo». Organizaciones populares e instituciones locales denunciaron públicamente la actitud del subprefecto, quien al día siguiente fue destituido por el Ministerio del Interior (EDM 10 y 11.8.83).

El 28 de julio la policía allanó los locales del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP, vinculado a la Iglesia), cumpliendo «órdenes superiores». Ante este hecho los obispos de la Selva manifiestan que «como responsables máximos de la mencionada institución rechazamos, venga de donde viniere, cualquier acusación de subversión y otros» (EO 14.8.83).

El 1 de octubre de 1984, es detenido el Párroco de Amparaes, R.P. Rolando Ramos, Salesiano, con varios pobladores miembros de su equipo pastoral, en la provincia de Calca, Cuzco. (LR y EDM 04.10.84). Una semana después fueron liberados el párroco y cuatro miembros de su equipo pastoral, tras gestiones de las autoridades eclesiásticas (EDM 07.10.84).

En febrero de 1986, el arzobispo del Cuzco, monseñor Alcides Mendoza, manifestó su preocupación por la situación de seis personas, en su mayoría campesinos, acusadas de terrorismo por efectivos de la Guardia Civil, la que los torturó y violó. El 25 de julio de 1987, el P. Marcial Couderc, párroco de Ayaviri y Vicario General de la prelatura, junto con cuatro personas responsables de movimientos parroquiales, fueron secuestrados por 12 horas en el fundo Sota, de la Empresa Rural «Umachiri», presumiblemente por un comando paramilitar (S 14.8.87). Al día siguiente, el P. Hilario Huanca Mamani, vicario cooperador de la parroquia de Ayaviri, fue detenido también en el mismo fundo (S 14.8.87).

A raíz de la muerte de seis policías y un juez de paz, el 5 de mayo de 1987, durante una incursión senderista a la localidad de Crucero, Puno, algunas autoridades de la provincia de Ayaviri acusaron al párroco de participar en el atentado. Mons. d'Alteroche emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones: «hoy día algunas personas quieren acusar a la Iglesia y sembrar la sospecha o la duda en la gente haciendo creer que un sacerdote participó en el fatídico atentado de Crucero, ¿por qué?, porque la Iglesia respalda a las comunidades campesinas en sus justos y legales reclamos para la reestructuración de las tierras, porque la Iglesia por ser fiel a Jesús toma la defensa de los más humildes y condena la corrupción de unos cuantos... ». Luego se pregunta: «¿qué valor tienen acusaciones obtenidas mediante la tortura? Ninguno. Además, torturando a un dirigente de la Federación de Campesinos de Aricoma se quiere destruir toda la organización campesina, que sólo pide una vida mejor. Mientras los responsables del orden buscan inútilmente en la Iglesia y en la organización campesina a los autores de la masacre de Crucero, los verdaderos autores siguen libres y hay que temer que siga la violencia». (S 1.6.88).

El 6 de junio se presentaron en las instalaciones del Centro de Formación Campesina y del Proyecto de Ayuda a las Comunidades, ambas dependencias de la Prelatura de Sicuani, un pelotón de la PIP y el Fiscal de Canchis, con órdenes provenientes de Lima de allanar ambos locales, sin mediar aviso alguno y sin tomar contacto con el prelado, monseñor Quinn, quien aclaró en un comunicado que

Esta acción fue practicada en forma violatoria de la ley, así como con elementos difamatorios y prepotentes. Lo más significativo es que al final de tal humillante diligencia se ha comprobado en forma fehaciente y documental que las sospechas y cargos que se nos hacían eran completamente falsos e infundados, por cuanto no se encontró ningún elemento que incrimine o responsabilice a la Prelatura de Sicuani en actos ilegales y menos violentistas. (S 1.7.88)

En julio, en Ayacucho fueron detenidos bajo acusación de ser terroristas el sacerdote Carlos Gallagher, Pilar Coll, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y dos trabajadoras sociales del CEAS, además Reiner Uhle (alemán) del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Guadalupe Ccallcunto, vicepresidenta de la Asociación de Familiares detenidos en la zona de emergencia. Tras gestiones de CEAS y de varias personalidades fueron puestos en libertad de inmediato los de Lima, y unos días después la dirigente ayacuchana. En septiembre de 1988, en Ica, la vivienda de P. Javier Viñé recibió disparos de bala. Ese mismo mes, el P. Juan Febrero es acusado de terrorista ante Seguridad del Estado; había estado litigando en defensa de los terrenos de la Parroquia de Acomayo, en Ica.

En noviembre, diversas organizaciones populares de Piura protestaron ante las declaraciones del ministro de Energía y Minas, José Carrasco Távara, a Radio Las Capullanas de Sullana en las cuales se atacaba al Arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor Óscar Cantuarias, y a la labor de toda la Iglesia piurana en favor de los más desposeídos. «Acusar a Monseñor Cantuarias de incitar a la violencia, cuando se pronuncia en contra de los atropellos a su pueblo o apoya el trabajo de los grupos de derechos humanos es, dijeron, una torpeza de parte de un ministro de Estado. Vincular la tarea colectiva de la Iglesia peruana a grupos violentistas no sólo peca de ligereza sino que obstruye el camino hacia una vida digna donde reine la justicia y la paz». Por su parte, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Ricardo Durand Flórez, expresó su rechazo a las afirmaciones del ministro y su apoyo al trabajo pastoral de monseñor Cantuarias (LMD 11.11.88, S 25.11.88).

El 8 de marzo de 1989, los sacerdotes Jorge Álvarez Calderón y Luis Hernot, de Lima, son detenidos por miembros de la policía nacional, en la casa de retiros de Huaura. El obispado de Huacho, mediante comunicado rechazó que se pretenda vincular a los sacerdotes con posibles acciones terroristas (S 31.3.89). En mayo se conoce que varios sacerdotes del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) en la diócesis de Ica reciben constantes amenazas de un grupo autodenominado «Manuel Santana Chiri» (nombre de un prefecto asesinado en Ica por SL), desde agosto del año anterior.

Se produjeron una serie de atentados cuyos autores no están determinados, pero que no se tribuyen a SL ni el MRTA. En Cuzco, Radio Quillabamba, de los Dominicos, sufrió varios atentados (S 10.2.89). También Radio Onda Azul de Puno sufrió atentados.

El 1 de abril de 1991, el párroco de la parroquia Santiago Apóstol de Nazca, P. David Ritter Walker, de nacionalidad estadounidense, fue detenido por miembros de la Fuerza Armada luego de allanar violentamente su vivienda, por apoyar los reclamos de los campesinos para obtener mejores condiciones para el agro. Monseñor Guido Breña reaccionó en defensa del P. Ritter con un comunicado y gestiones ante las autoridades (S 15.4.91). En mayo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su más enérgica protesta al Ministro de Defensa y al Jefe del Comando Político-Militar de Puno por el atropello contra la Sra. Norma Cácedes de Medina, de la Vicaría de Ayaviri, por estar en la lista de personas que tienen orden de detención «por ser Secretaria de Derechos Humanos» y participar en «reuniones sospechosas» con profesores (S 21.5.93).

Ese mismo mes, el primer ministro Oscar de la Puente respondió a un comunicado de los obispos sobre los derechos humanos y el orden jurídico, diciendo que la Iglesia no debía opinar sobre asuntos que conciernen al gobierno (D 1.4.93)

En julio de 1995, los agentes pastorales de la Prelatura de Ayaviri, ante las notas difamatorias contra el P. Bernardo Majournal, párroco de Macusani, publicadas en la revista Sí, expresaron que el P. Bernardo ha manifestado públicamente su rechazo a todo acto de corrupción exigiendo moralización en varias instituciones del estado, recibiendo ataques y amenazas de muerte. Finaliza este pronunciamiento rechazando todo tipo de difamación contra el sacerdote y la Iglesia de la Prelatura, invitando a los periodistas a que se acerquen a la zona para verificar la realidad (S 17.07.95)

En febrero de 1996, en el programa Contrapunto del canal 2 de TV, se emitió un reportaje que vincula al sacerdote Lino Dolan O.P. con el MRTA. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos desmintió esta información (EM 27/02/96). El obispo de Chimbote, Mons. Bambarén, en una entrevista con las autoridades militares, también rechazó la acusación al P. Lino Dolan (EC, LR 28/02/96, S 07.03.96). En julio, monseñor José María Izuzquiza, obispo de Jaén, y los periodistas de Radio Marañón, recibieron una serie de amenazas, a raíz de sus declaraciones sobre el aumento de las levas y los abusos militares contra los jóvenes (S 11.8.99).

3.3.1.2. La respuesta de la Iglesia ante la violencia a escala nacional

Entre los dos fuegos de los actores de la violencia, aunque algunos sectores eclesiales permanecieron indiferentes, la Iglesia luchó denodadamente por mantener un testimonio y un mensaje que ambas fuerzas violentas querían acallar o desvirtuar, tomó la iniciativa para enfrentar el terrorismo y la violación de los derechos humanos en el Perú y se situó junto a la población, solidarizándose con las víctimas, y buscando la paz.

Tanto la Conferencia Episcopal, como un amplio sector de los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, comenzaron a reaccionar a medida que la violencia aumentaba y se convertía en un problema nacional. La Iglesia del Sur Andino tuvo un papel muy importante en la lucha por evitar que la violencia se expandiera hacia esa región. En Lima ciertos obispos se destacaban por su iniciativa a favor de los derechos humanos y la promoción de la justicia y la paz. Monseñor Luciano Metzinger, ex-prelado de Ayaviri que promovía el uso de los medios sociales de comunicación en la Iglesia y fue presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y Construcción de la Paz, Mons. Germán Schmitz, obispo auxiliar del Cono Sur, Mons. Augusto Beuzeville, obispo auxiliar que fue designado miembro de la Comisión gubernamental de Paz (1985). Además de estas figuras, otros obispos integrantes de la Conferencia Episcopal dieron un impulso importante para que la Conferencia se pronunciara ante la gravedad de la violencia: el propio Cardenal Landázuri, quien la presidió hasta 1988; Mons. José Dammert, vicepresidente y luego presidente de la Conferencia entre 1991 y 1992, y obispo de Cajamarca; Mons. Luis Bambarén, obispo de Chimbote y luego también presidente de la Conferencia, quien fue responsable de CEAS (la Comisión Episcopal de Acción Social) hasta 1988 y sus sucesores en ésta: Mons. Juan Luis Martín, obispo de Pucallpa y monseñor Miguel Irizar, obispo coadjutor del Callao. Estos y algunos otros obispos tuvieron que enfrentar cierta resistencia de los obispos más conservadores, quienes tendían a ver la violencia como un problema puramente policial y militar. En todas estas acciones la iniciativa vino muchas veces de las comunidades cristianas y equipos pastorales locales, religiosas y laicos, comprometidos día a día con la población más pobre. Es en gran parte gracias a su fidelidad e insistencia que la Iglesia emitió pronunciamientos de mucha calidad, y que su papel en la lucha por la vida y en contra de las fuerzas de la muerte fue tan importante.

La respuesta y aportes de la Iglesia ante la situación de violencia se dan en dos campos: el de la acción y el del discurso.

3.3.1.1.2. La acción

La Iglesia, a pesar de la abstención o posición contraria de algunos de sus miembros, respondió a la situación de violencia principalmente con una activa defensa de la vida y de los derechos humanos, con una solidaridad y acompañamiento a la población afectada, con el apoyo y la defensa de las organizaciones sociales frecuentemente acusadas de subversión o terrorismo, y con la movilización por la paz.

3.3.1.2.1.1. Primer punto

En primer lugar, desde temprano los grupos cristianos iniciaron una campaña de defensa de la vida en las calles y parroquias. La Iglesia, mediante la Comisión Episcopal de Acción Social, las vicarías de solidaridad y otros organismos, se convirtió en un escudo de defensa contra las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de orden; denunció públicamente las violaciones que se producían, asesoró a individuos y a comunidades acerca de sus derechos y los apoyó en la defensa de los mismos, ofreciendo asistencia legal a los pobladores y a los presos, todo esto debido a un esfuerzo organizado y consciente por parte de agentes pastorales (laicos, religiosas y sacerdotes) dentro y fuera de las zonas de emergencia. El costo humano de la estrategia de decretar estados de emergencia y el control político militar de los territorios asolados por la violencia del PCP-SL se constata en el hecho de que entre 1983 y 1984 las detenciones-desapariciones se convirtieron en una terrible realidad que se quiso ocultar y sobre la que la Iglesia hizo varias advertencias, desde CEAS y con la firma de monseñor Bambarén. A pesar de intentos de silenciamiento y amenazas, obispos y laicos, junto con defensores de derechos humanos, condenaron estas prácticas por discriminatorias, homicidas e inconstitucionales. Para la Doctrina Social de la Iglesia era claro que estas estrategias de lucha contrasubversiva derivaban de una ideología que antepone el bien del Estado al de la persona. A esto añádase la situación del campesino tratado como ciudadano de segunda clase.

A la luz de los hechos, se puede afirmar que sin la Iglesia y los cristianos comprometidos, la lucha por los derechos humanos y la paz habría tenido mucho menos relevancia en el Perú; inclusive, en algunas partes los únicos grupos organizados a favor de los derechos humanos y la paz fueron fundados por la Iglesia o por comunidades cristianas. Muchos forman parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como el CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica), las distintas vicarías de solidaridad en el Sur Andino, y CEAPAZ (Centro de Estudios y Acción por la Paz). Participan también en la Coordinadora Nacional como «Invitados Permanentes», CEAS y la Oficina Prelatura de Acción Social de Moyobamba-Tarapoto. Además, en muchos de los grupos a favor de los derechos humanos y la paz había cristianos comprometidos, entre ellos varias de las secretarias ejecutivas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, siendo la primera Pilar Coll.

Una amplia red de grupos de derechos humanos se organizaba desde la base, sostenía la defensa de los derechos humanos en los más diversos lugares del país y les daba impacto nacional, hasta lograr articularse en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en buena parte debido a los esfuerzos organizados a nivel local y regional. En todo esto tuvieron participación muy importante las comunidades cristianas, y también el apoyo de la Iglesia, que les daba legitimidad y facilitaba su labor. Por otra parte, la Iglesia, en sus diversas oficinas de derechos humanos y las distintas vicarías de solidaridad, en contacto con los grupos cristianos, también registraba los hechos de violencia y se constituía así en una fuente importante de información para aportar a la memoria colectiva.

Hay que hacer aquí una grave excepción: la del entonces arzobispo de Ayacucho, monseñor Juan Luis Cipriani, quien repetidamente se pronuncio en contra de la actividad de la Coordinadora Nacional y a los organismos de defensa de los derechos humanos en general.

Como organismo de la Conferencia Episcopal, CEAS tuvo un papel muy importante durante la violencia. Fundada en 1965 como un organismo para informar a los obispos acerca de la realidad social del país y para coordinar los esfuerzos de la Iglesia para defender los derechos humanos y hacer conocer la enseñanza social de la Iglesia, a partir de 1980 se convirtió en uno de los canales más importantes en el país para ventilar casos de violación de los derechos humanos, de refugiados y de personas acusadas de terrorismo, y en una de las fuentes fidedignas acerca de la realidad social del país. En 1977 se creó dentro de CEAS el Servicio de Derechos Humanos. Se organizaron también Vicarías de la solidaridad, de los Derechos Humanos o de la Dignidad Humana en muchas diócesis, que trabajaban en coordinación con CEAS. Por ejemplo, en abril de 1982 queda constituida la Comisión Vicarial de Pastoral de Dignidad Humana del cono sur de Lima, integrada por 11 personas elegidas por delegados de 25 comunidades y encabezada por Mons. Schmitz, y que tuvo una fuerte actividad (IC 17.4.82). CEAS significó una respuesta integrada y coordinada a nivel nacional. Desde antes de 1980, CEAS organizaba en todo el país, para agentes pastorales y grupos cívicos, talleres y simposios, sobre justicia, derechos humanos, la paz y la violencia. Anualmente realizaba encuentros nacionales de Pastoral de Dignidad Humana; en el Encuentro de 1984 se decidió hacer de la defensa de la vida «la columna vertebral» de la pastoral de dignidad humana. Este enfoque y línea de trabajo fue central para la presencia de la Iglesia en los años de violencia, impulsada por una reflexión teológica sobre el Dios de la Vida, que ama la vida de cada persona y que quiere la justicia, y que interpela la conciencia cristiana y humana desde las víctimas de la violencia (Gutiérrez 1986 y 1989).

Como expresión de la búsqueda colectiva de muchas comunidades y organizaciones para pensar alternativas que desactiven el circuito de la violencia, se desarrollan experiencias de atención de las denuncias por violación de los derechos humanos. Párrocos, trabajadoras sociales y abogados «acompañaron» en esos años a muchas personas, familias y comunidades, que pedían justicia.

La Coordinación de Pastoral de Dignidad Humana (CPDH) es una experiencia inédita que jugó un papel importante en la etapa de violencia política, no sólo en la Iglesia de Lima y Callao sino también a nivel nacional a través de CEAS. Un grupo de agentes pastorales -sacerdotes, religiosas y laicos- comenzó a reunirse en CEAS en el año 1979. Sentían la necesidad de una coordinación estable entre quienes trabajaban en zonas marginales en una línea de compromiso con el pueblo pobre y preocupados por la defensa de los derechos humanos. Sus objetivos fueron claros: crear un espacio de información y comunicación, articular iniciativas en la línea de dignidad humana, promover una cultura de vida y de paz y alentar algunas iniciativas a nivel nacional a través de las Jornadas de Ayuno y Oración y de los Encuentros Nacionales de Pastoral de Dignidad Humana. Participaban en ella agentes pastorales de alrededor de veinte parroquias de Lima y Callao, que llegaron a hacer de la defensa de la vida el eje vertebrador de su trabajo pastoral y que, a través de sus bases, desarrollaron una gran creatividad, tanto en el campo de la solidaridad como en la renovación de las celebraciones, revitalizando lo tradicional, y en las expresiones artísticas, a la par que informaban y cultivaban la sensibilidad y creaban conciencia frente a la problemática de los derechos humanos: desapariciones, matanzas, atentados. Las acciones fueron múltiples, variadas y persistentes tratando de responder a las necesidades: atención y acogida a los familiares de los detenidos-desaparecidos, a los desplazados por la violencia, a los presos, colectas de solidaridad etc. La Coordinación de Pastoral de Dignidad Humana fue también un soporte para los participantes que en los años más duros de la violencia encontraron un espacio privilegiado de información confiable y de comunicación, de reflexión y de posibilidad de compartir temores y esperanzas. Los temas de la vida, la paz y la no violencia activa fueron cuidadosamente trabajados a lo largo de los años. Las Jornadas de Ayuno y Oración nacieron por iniciativa de ese grupo que tuvo un papel importante en su organización y desarrollo, lo mismo que los Encuentros Nacionales de Pastoral de Dignidad Humana, pues pronto se vio la conveniencia de coordinar con quienes trabajaban en otras zonas en esa misma línea.

Un sector importante de la Iglesia lanzó una campaña en 1993, con ocasión del debate constitucional una campaña contra la pena de muerte, junto al movimiento cívico Perú, Vida y Paz, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Bartolomé de Las Casas, para sensibilizar la opinión pública debatiendo los argumentos sobre esta pena (S 18.6.93). El 7 de agosto 1994 Mons. Dammert encabezó una delegación que entregó al presidente del Congreso Jaime Yoshiyama 45,280 firmas que solicitaban la modificación de la Constitución y que se consigne como texto y mandato constitucional «no hay pena de muerte en el Perú» (S 26.8.94).

Mención aparte merece el papel de los laicos, que sostuvieron esas iniciativas en los más apartados rincones del país, cuyos nombres quizás nunca serán conocidos. Movimientos laicos también contribuyeron animando el compromiso de sus miembros y pronunciándose cuando la situación lo exigía.

3.3.1.2.1.2. Segundo punto

En segundo lugar, la Iglesia y sus agentes pastorales ofrecieron consuelo y apoyo a las víctimas del terror y asistieron a los refugiados y desplazados; dieron un espacio en donde los perseguidos o simplemente las personas ordinarias que vivían bajo el miedo, podían recomponer sus vidas, recobrar su dignidad como seres humanos y volver a enfrentar la violencia con valor y con cierta paz interior. Pero la Iglesia no limitaba su acción a individuos. También ofrecía su apoyo moral a comunidades enteras en su esfuerzo para reorganizarse y enfrentar la violencia colectivamente. Apoyó las rondas campesinas autónomas en muchos lugares del país, como Cajamarca, Huaraz, Moyobamba, Chota, Jaén y Piura.

En 1985 la Conferencia de Religiosos creó una Comisión de Apoyo a las Zonas de Emergencia, y realizó una serie de misiones populares entre los años 1986 a 1991, en las que llegaron a lugares muy apartados y abandonados durante tiempo. Se calcula que se realizaron unos 20 viajes de equipos misioneros, en los que participaron alrededor de 200 religiosos y religiosas de aproximadamente 50 congregaciones diferentes. Entre 1986 y 1987 visitaron 318 pueblos, en los que iban casa por casa visitando a la gente, consolándola, dando un testimonio de cercanía. Trataban de llevar un mensaje de esperanza más con la presencia aún que con la palabra. En todas las comunidades encontraron muertos, tanto por la violencia subversiva como represiva. La experiencia terminó cuando se generalizó la violencia. «Ahora todo el Perú es Ayacucho», se decían. Sin embargo, todavía en 1996 un grupo de misioneras y misioneros itinerantes fueron a una zona liberada, sin permiso de SL; éste los descubrió, y tras hacerles casi un juicio popular los dejaron salir, aunque decomisándoles los documentos. Además, algunas congregaciones como las Hermanas del Buen Pastor acogieron a subversivas arrepentidas, o a personas amenazadas, respondiendo a un pedido de CEAS.

No es de extrañar que la Iglesia cumpliera también un papel importante de ofrecer asistencia humanitaria a los refugiados, desplazados y otras víctimas de la violencia, mediante CEAS, Cáritas, SUYASUN o el equivalente a nivel de cada diócesis o jurisdicción eclesiástica. Brindó atención a los presos, sobre todo a los falsamente acusados de terrorismo, y dio ayuda a sus familiares. Cuando en 1990 se da el shock económico y el programa de emergencia, la Iglesia participó activamente, manteniendo a la vez su posición crítica. En noviembre de 1990, la Conferencia Episcopal Peruana inicia la primera campaña nacional de solidaridad denominada «Compartir: hermanos desplazados, víctimas de la violencia»; en adelante las ha venido realizando cada año.

El papel de los equipos de CEAS fue coordinar con los grupos y organismos de Iglesia de todo el país, en redes de comunicación y apoyo. Los agentes pastorales se encontraban en diferentes sectores de trabajo: en la visita a cárceles y en la gestión de libertad, en la red de voluntarios que organizaba la documentación y los expedientes de los presos, en las ollas comunes, en las campañas contra la violencia, en la atención sicológica y solidaria a los desplazados, en la formación de laicos y sacerdotes, frente a la ideología de la violencia y sus acciones concretas. En muchos casos religiosas, laicos y sacerdotes fueron los que se quedaron en los lugares de conflicto, acompañando al pueblo en esos momentos tan difíciles, cuando las demás instituciones iban desapareciendo ante la arremetida de la violencia. Por ello, ante los asesinatos de dos religiosas y varios sacerdotes y laicos por el PCP-SL, el presidente de la Conferencia Episcopal de ese entonces, monseñor José Dammert, dice: «Estos crímenes son injustificables y horrendos, como lo son también miles cometidos contra campesinos, pobladores, profesionales, autoridades o miembros de las fuerzas del orden y hermanos de otras confesiones religiosas». Reflexiona sobre el significado profundo de esos acontecimientos diciendo:

Quiero recordar aquí las duras pero certeras palabras de Mons. Romero ante los cuerpos de sus queridos sacerdotes también asesinados en el hermano país de El Salvador, él decía que sería triste que cuando tantos sufren muerte y persecución no hubiera entre ellos miembros de la Iglesia. El martirio de nuestros sacerdotes se inscribe dentro del largo martirio del pueblo peruano y es una expresión clara de dónde hemos querido estar como Iglesia, siempre junto a nuestro pueblo. Allí nos quedaremos ... De haber sido una Iglesia cerrada en nuestras sacristías y preocupada únicamente de lo que ocurre dentro de sus paredes, no habríamos tenido ningún problema, no hubiéramos encontrado conflictos ni incomodado a nadie. Pero tampoco hubiéramos anunciado el verdadero mensaje de Jesucristo. (Mensaje «Porque asumieron la causa de la justicia han sido asesinados», 29.8.91)

3.3.1.2.1.3. Tercer punto

En tercer lugar la Iglesia apoyó y acompañó a las organizaciones y movimientos de los pobres, con los que ellos mismos intentaban ser protagonistas de su liberación y desarrollo, a pesar de la doble amenaza de la violencia terrorista y de la represión, y de las continuas acusaciones de agitación o subversión por parte de autoridades o grupos de poder para los cuales toda reivindicación o movilización era comunismo. De esta manera les dio legitimidad y respaldo, contribuyendo a que sus voces fueran escuchadas, cuando el fragor de la guerra las apagaba, y a que pudieran mantenerse como fuerzas organizadas fundamentales para la democracia.

3.3.1.2.4. Cuarto punto

En cuarto lugar, la Iglesia también participó en la movilización por la paz, apoyó y legitimó el movimiento nacional a favor de la paz, llamando a las autoridades y a los subversivos para un diálogo que permitiera fijar reglas humanas a dicho conflicto y en lo posible lograr su pronto término. Si uno recorre los años de violencia, encontrará que hubo comunicados, jornadas masivas de reflexión, campañas, varias marchas, pidiendo por la vida y la paz, actuando como fermento para animar a la sociedad civil a expresarse y no dejarse encerrar por la tenaza de las dos violencias.

Una de las formas fue la organización de las Jornadas de Ayuno y Oración por la Paz, que la Iglesia realizó anualmente y que tocaban temas pertinentes para el momento; por ejemplo, tras los sucesos de los penales tuvo un significado especial la IV Jornada nacional de Ayuno y Oración por la Paz convocada por la Comisión Episcopal de Acción Social el día 24 de junio de 1986, en todas las Iglesias del país; los pronunciamientos de sectores de la Iglesia y del mismo Episcopado, que se conocieron ese mismo día, permitieron orientar las preocupaciones hacia un compromiso en construir la paz, fundada en la verdad, el amor, la justicia; la masiva participación colmó las instalaciones de toda las iglesias (IC 27.06.86).

Otra forma de contribuir a la paz fue que la Iglesia formara parte de comisiones por la paz o para mediación, por iniciativa del gobierno; éstas no fueron exitosas. En 1985 el gobierno del Presidente Alan García creó la Comisión de Paz, integrada por personalidades notables, la cual incluía a monseñor Beuzeville, quien renunció tras la masacre de los penales en junio de 1986. En julio de 1991 el presidente Fujimori creó el Consejo de Paz y se ofreció la presidencia a monseñor Dammert, a la sazón presidente de la Conferencia Episcopal; pero ésta, desconfiando de las promesas del Gobierno de tomar en serio la cuestión de los derechos humanos y cambiar la estrategia antisubversiva, declinó la invitación. En cambio, en las regiones, la Iglesia sí participó en los Consejos de Paz; pero estos organismos mostraron su irrelevancia y la Iglesia se fue retirando. También, en algunos lugares los arrepentidos se entregaron a las parroquias u otros organismos de la Iglesia para luego entregarse a las Fuerzas Armadas.

Un hecho notorio de mediación fue la participación de monseñor Juan Luis Cipriani, arzobispo de Ayacucho, en el caso de los rehenes de la residencia del embajador del Japón, en Lima. En diciembre de 1996 se produce la toma de la residencia por miembros del MRTA, que retuvieron como rehenes a 490 personas. Unos días después liberaron a la mayor parte, pero retuvieron a 72 entre los cuales se encontraba el P. Juan Julio Wicht, S.J. quien se quedó voluntariamente para acompañar a los demás. Monseñor Cipriani intervino en el problema; no tuvo el respaldo del Opus Dei (Rafael Rey lo criticaría y marcaría distancia LR 14.4.97), pero sí el de la Nunciatura; como tal, presidió la Comisión de Garantes y tuvo numerosas reuniones con los miembros del MRTA y con el presidente Fujimori, haciendo esfuerzos por lograr una salida pacífica, lo que no consiguió. El 23 de abril, tras la cruenta toma de la residencia, los tres garantes y el observador japonés emitieron un pronunciamiento conjunto, leído por monseñor Juan Luis Cipriani ante la prensa:

1- Hemos hecho todos los esfuerzos posibles durante muchísimas horas de reuniones y de un trabajo infatigable lleno de dificultades para buscar caminos dentro del marco humanitario y respeto a la vida. 2- Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha realizado un trabajo constante en todas las tareas humanitarias diarias que le fueron encomendadas, atendiendo diariamente a los rehenes y manteniendo los lazos con sus familias. 3. La situación concluyó inesperadamente para nosotros bajo la responsabilidad y autoridad exclusiva del gobierno peruano. Nos unimos al dolor de aquellos que han perdido la vida de alguno de sus familiares. Al mismo tiempo, compartimos también el alivio de los rehenes y sus familias que han vuelto a reunirse.

Monseñor Cipriani irrumpió en llanto varias veces durante la reunión con la prensa (LMD 24.4.97). Otra muestra del grado en que se involucró fue su posterior pedido de liberación de la viuda de Cerpa, que no consiguió porque ella aún profesaba su ideología (EC 20-11-97). Unos días después monseñor Cipriani publicó un artículo titulado «Mi testimonio», donde dice que «La primera dimensión que tuvo mi trabajo pastoral en su etapa inicial, y como Garante Delegado de la Santa Sede, en la segunda etapa, fue preservar las vidas humanas de todos los que se encontraban dentro de la residencia. En segundo lugar, procurar una solución pacífica a la crisis»; ratifica que ignoraba el desenlace violento que el Gobierno preparaba: «En el momento de la toma final de la residencia, por responsabilidad y decisión exclusivas del gobierno peruano, nuestro trabajo -de modo inesperado para nosotros- terminó con unos sentimientos encontrados. Por un lado con el dolor por las lamentables pérdidas de las vidas humanas; y, por otro lado, con el enorme alivio de tantas personas que recuperaron su libertad» (EC 1.5.97).

Surgieron otras iniciativas independientes para buscar caminos sólidos para la paz. una muy importante fue la comisión de defensa de los derechos de la persona y construcción de la paz en el Perú (codepp), que promovió de monseñor Metzinger convocando a un conjunto de intelectuales y profesionales que pudieran debatir y dialogar sobre las causas de la violencia y abrir cauces para soluciones alternativas en que amplios sectores pudieran participar. Se trató así de promover el diálogo entre personas representativas de sectores políticos o institucionales no integrados antes en este tema común. Contó con 42 miembros, varios de los cuales, por propia motivación, salían a los medios de comunicación para plantear sus ideas y propuestas para una política de paz, desde el estado de derecho, sus instituciones y la sociedad civil, y abogaban por respuestas que fueran eficientes y de consenso. El mérito de este esfuerzo fue descubrir que era posible debatir ideas y plantear acciones en un ambiente de respeto y creatividad. Ayudó a promover invitaciones para que oficiales en situación de retiro acudieran a reuniones de reflexión que analizaban la situación y planteaban estrategias no violentas. Desde enfoques integrales y éticos, se reflexionó sobre aspectos especiales de las estrategias en juego, y de su reflejo en la vida y dignidad de las personas.

Otro esfuerzo, liderado por el P. Felipe Mac Gregor, ex rector de la Universidad Católica, fue crear un grupo de profesionales interesados en el estudio y difusión de diversos temas alrededor de las experiencias de violencia y paz en el país. A esta Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz (APEP) se deben los primeros estudios académicos sobre cómo entender el fenómeno de la violencia y consecuentemente se planteó propuestas sobre la paz. Desde este grupo y otros estudiosos, desde una óptica ético-filosófica, se construyeron las primeras conceptualizaciones de la Cultura de Paz, cuya visión integral fue adoptada por UNESCO como un paradigma significativo en la búsqueda de mecanismos dinámicos para lograr la paz.

CEAS organizó también un equipo de formación -profesores, sociólogos, abogados, psicólogos, que ahondó en una pedagogía concreta de no violencia activa y de construcción aunque fuere de pequeñas experiencias de paz.

Otra forma de compromiso eclesial fueron las movilizaciones públicas por la paz. El 21 de noviembre de 1985, más de diez mil personas se movilizaron por el Centro de Lima en la gran marcha por la Vida y por la Paz, organizada por la Coordinadora nacional de Derechos Humanos. Bajo el lema «El Quinto: No matar», título del comunicado de los movimientos laicos. se agruparon numerosos grupos cristianos de diversas parroquias de Lima, movimientos apostólicos laicos, distritos populosos de Lima, colegios de profesionales, centros de investigación y de defensa de los derechos humanos, partidos políticos e iglesias evangélicas. Concluyó esta marcha con una Declaración, leída por Mons. Beuzeville, en donde se plantea una propuesta de veinte puntos para defender la vida y la paz en el país (IC 6.12.85).

En el resto del país, las distintas diócesis y las vicarías de solidaridad, conjuntamente con organismos cívicos, propiciaron sus propias marchas por la paz. En la prelatura de Sicuani se realizó, el 10 de septiembre de 1986, una Gran Marcha por la Paz convocada por la Iglesia y el Comité de Derechos Humanos Provincias Altas. Participaron alrededor de dos mil quinientas personas, delegados de las comunidades campesinas, parroquias, clubes de madres y comités de salud y escolares, que expresaron masivamente su rechazo a las violencias cotidianas, pero en particular a la violencia terrorista de SL y a los métodos de represión (IC 26.9.86, LR 10.9.87). También hubo una marcha por la paz en Pucallpa, el domingo 2 de marzo de 1987. El domingo 4 de octubre de 1987, cerca de seis mil personas, venidas de todas las Vicarías de la Arquidiócesis de Lima, y una delegación del Callao, se reunieron en la 6ª Jornada de Ayuno y Oración por la Paz del Perú que culminó con una marcha por la paz encabezada por los obispos Augusto Beuzeville y Javier Ariz (S 09.10.87, Ex 5.10.87).

Cabe mencionar al Movimiento Perú, Vida y Paz, fundado en 1989 por un grupo de laicos, religiosos, académicos y artistas. En respuesta al paro armado de SL en 1989 se unieron los esfuerzos de políticos de diversas tendencias políticas como el FREDEMO e Izquierda Unida, sectores de la sociedad civil y iglesias como el movimiento Perú, Vida y Paz, y otros para convocar a una marcha con un mensaje amplio de seguir dando la cara al terror y a la guerra sucia. Se logró la concurrencia de unas 50,000 personas el día mismo del paro. La Conferencia Episcopal Peruana, que presidía entonces el obispo del Callao, Mons. Durand, hizo llegar su mensaje de adhesión (LMD 1.11.89).

También hubo movimientos a favor de la paz en las universidades que contaban con el apoyo de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, las Comunidades de Vida Cristiana y los evangélicos. En mayo de 1990, monseñor Vargas Alzamora celebró una misa por la paz en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, organizada por los grupos de estudiantes católicos de la propia universidad. Los movimientos laicos también se comprometieron; en noviembre de 1987 se realizó en Lima el III Encuentro Nacional de Laicos, cuyo tema fue «La misión de los laicos en la construcción de la paz» (S 15.04.88); eventos similares se realizaron en todo el país.

3.3.1.2.2. El discurso

La Iglesia logró expresar la complejidad de la situación de violencia en el país, en un momento en que el simplismo cundía, y mantener la perspectiva del Evangelio y de los pobres, a pesar de todos los ataques que sufrió.

En primer lugar, la Iglesia rechazó de manera muy neta desde el inicio los actos de violencia cometidos por los grupos subversivos; planteó claramente el valor de la vida, desde una reflexión bíblica y teológica, pero además hizo ver el carácter destructivo y estéril de la violencia, y la espiral que desata, educando y alentando a la población para contrarrestar el terrorismo y evitar la infiltración; afirmó el valor de toda persona y su derecho a la vida y la integridad física, y también señaló el carácter autoritario y antidemocrático de los grupos violentistas. Al mismo tiempo, en segundo lugar, la Iglesia renovada por el Concilio tomó la defensa de los derechos humanos como una de sus misiones más importantes, en un momento en que muchos los consideraban una traba para derrotar la subversión; desarrolló una labor de conscientización de la población acerca de esos derechos, a través de las diversas actividades formativas que realiza, denunció la violencia represiva que llevaba a su violación sistemática, y se opuso a la impunidad de esos hechos. así como a medidas extremas como la pena de muerte, salvo en el caso monseñor Cipriani, que se manifestó a favor. En tercer lugar, con la misma claridad, denunció las inhumanas condiciones de vida como una forma de violencia estructural contra las grandes mayorías del país, siguió exigiendo su cambio para lograr una auténtica paz en el país, y ratificó su opción por los pobres, apoyando las movilizaciones y reivindicaciones de los sectores populares, defendiéndolos de las acusaciones de terrorismo que indiscriminadamente se les hacían.

El 29 de enero de 1981, al culminar su Asamblea Episcopal anual, la primera posterior al inicio de las acciones subversivas, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado donde condena claramente la violencia y el terrorismo:

En el contexto político y social del Perú, adquiere sin duda caracteres de la mayor gravedad la aparición del fenómeno de la violencia y el terrorismo. Aunque parece que sólo algunos grupos asumen tan repudiable método de amedrentamiento, los daños y repercusiones de los mismos y el costo social son enormes, sin olvidar que la violencia tiende a generar violencia produciéndose así una nefasta espiral que puede conducir al país a situaciones imprevisibles. (n.4)

El 10 de julio de1981, los prelados de Cuzco, Sicuani, Puno, Ayaviri y Juli publican un comunicado.

Ante las torturas comprobadas y denunciadas por la CEAS y anteriormente en varias oportunidades por distintas instituciones, dicen, hacemos pública nuestra más enérgica y solidaria protesta, como es deber de todo cristiano hacerlo cada vez que se pisotea la dignidad humana y se atropellan los derechos que la Constitución Política garantiza a todos los pobladores de nuestra Nación. Expresamos nuestro repudio a la campaña difamatoria por parte de ciudadanos y altas autoridades gubernamentales en contra del señor Cardenal y otros obispos del Perú. Manifestaron así su desprecio a la verdad y justicia que el Evangelio nos obliga a defender. Rechazamos los actos terroristas por ser contrarios al Evangelio y desencadenar una violencia que no lleva a ninguna mejora de las pésimas condiciones de la vida del pueblo. Al mismo tiempo reclamamos el respeto a las personas, creadas todas a imagen de Dios, en especial a los pobres, secularmente desoídos y despreciados (ED 13.7.81).

Con ocasión de la fiesta de Santa Rosa, patrona de la Policía, CEAS difunde un comunicado titulado Defensa de la vida y condena contra toda forma de violencia, donde señala que la violencia y el terrorismo son acciones contrarias al cristianismo y que cuando una ideología apela a esas medidas reconoce con ellas su propia insuficiencia y debilidad. El documento indica que toca a la autoridad controlar eficazmente todo acto de violencia y terrorismo, «que envilece a sus autores y engendra nuevas formas de opresión y esclavitud». El pronunciamiento condena el asesinato a manos de terroristas del sargento GC Ramiro Romero Sulca y dice: «¿que pueden ofrecer sus autores al país, si recorren senderos de sangre y de crímenes?»(EC 4.9.81, LP 6.9.81).

En su mensaje por Semana Santa de 1982 el cardenal Landázuri condenó las acciones armadas que se registran en el país. «Sin embargo, añadió, no es el terrorismo lo único que hay que arreglar en el país. Nos preocupa también la miseria de nuestro pueblo y la corrupción que parece imperar en nuestra sociedad» (EDM 5.4.82).

El 3 de septiembre un Pronunciamiento de la Iglesia del Sur Andino, firmado por los obispos de Puno, Sicuani y Juli, y los agentes pastorales de la región, dice: «Defender la vida es misión de la Iglesia. Por tanto rechazamos y condenamos, dicen tajantemente, los actos terroristas cuyo resultado es muerte y destrucción»; pero también califican de «violenta y atentatoria contra la vida .. la penuria, inseguridad y abandono sufridos por el pueblo peruano», situación que atribuyen a «un sistema que favorece a ciertos grupos que se aprovechan de ella para enriquecerse a costa de los más pobres». Denuncian también la represión y abusos contra los sectores populares y rechazan las acusaciones contra la iglesia (IC 17.9.82, EDM 12 y 13.92, EO 17.9.82).

En el mismo mes, el comunicado de la parroquia de Bambamarca afirma:

La misión de la Iglesia Católica, dicen, nos ha comprometido a luchar por la justicia, a defender al pobre, a la viuda y al huérfano para construir el Reino de Dios. Pero como esto fastidia a las autoridades, quieren hacernos callar acusándonos de terroristas. Nosotros no somos terroristas ni estamos de acuerdo con los actos terroristas, porque todo eso va en contra de los intereses y del progreso de las mismas comunidades, y sólo trae confusión y miedo. Pero sí, y lo decimos con orgullo, exigimos el cambio y la justicia en nuestro país, como Dios quiere (IC octubre 1982).

Entrevistado por el semanario Equis X, Monseñor Augusto Vargas Alzamora, secretario general del Episcopado Peruano, afirma que la Iglesia está abierta a todos los seres humanos, pero preferentemente a los pobres, aquellos que no tienen ningún amparo. Señala: «Hay sociedades, como la nuestra, en que conocemos y sabemos que hay gente que tiene de sobra para vivir y hasta con derroche. Y sabemos que hay gente que no tiene siquiera para comer. Ambos casos son visibles. Esa es una forma de violencia institucionalizada». Respecto al clima de violencia que vive el país, expresa que «una voz que quisiera que llegara a nuestros hermanos de Sendero Luminoso es: Corrijan ese error, la violencia es el peor camino» (X 7.3.83). Monseñor Luis Bambarén reclama la defensa de la vida, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, y responde a personas que critican la acción social de la Iglesia, su compromiso con los pobres. «Ellos quisieran una Iglesia de sacristía que predique el conformismo y la tranquilidad». Enfatiza que su compromiso esencial es con el hombre y su dignidad. Dice: «Para combatir el terrorismo tenemos que buscar esta doble vía: el desarrollo de la justicia y la honestidad pública» (LR 24.7.83). En un documento titulado «Reflexiones sobre el momento actual», el obispo de Cajamarca, Monseñor José Dammert, sostiene que «un breve análisis de la situación demuestra la magnitud de la crisis y el caos en la aplicación de los remedios». «El terrorismo --dice-- no se justifica porque la violencia crea Dioses perecederos; iluminados que se creen dueños de la verdad y la imponen sin preocuparse por saber la opinión del pueblo humilde» (EDM 22.8.83).

El 5 de septiembre los obispos del Perú condenan el terrorismo, la violencia y la tortura física como método policial, a través de una exhortación pastoral en la que también ponen en tela de juicio la eficacia de la pena de muerte como método disuasivo de la comisión de delitos; «los últimos documentos del Magisterio de la Iglesia subrayan más bien la defensa de la vida», dicen (Ex 6.9.83). Monseñor Luciano Metzinger declara sobre el problema de los desaparecidos que «a la Iglesia no le importa que sean varias las personas desaparecidas, sólo le basta uno para expresar su total rechazo y condena, puesto que lo que atenta contra uno atenta contra todos» (EO 12.3.84). El secretario general del Episcopado Peruano, Monseñor Augusto Vargas Alzamora, condenó la escalada terrorista con su secuela de destrucción y muerte en diversos puntos del país y precisó que por el camino del terror no se puede imponer ideas de justicia. «Hemos de reconocer que hay y ha habido injusticia colectiva en nuestra patria, cuando por mucho tiempo se ha olvidado a muchos pueblos del interior sin darles la oportunidad de incorporarse al ritmo del progreso del resto del territorio nacional». «No será posible corregir esta falta en poco tiempo. Sin embargo, comenzando por las más altas autoridades, debe mostrarse en la priorización de las obras públicas que sirvan a los pueblos más olvidados», señaló (LR 5.7.84).

El padre Felipe Mac Gregor S.J., escribe:

En el Perú se pelea una guerra sucia entre las fuerzas del orden y Sendero Luminoso. Condenar la brutalidad, el abuso, el crimen organizado, que es Sendero Luminoso, es una parte de nuestra responsabilidad moral ...Con la violencia institucional y personal de Sendero Luminoso, hay que condenar la violencia estructural que aqueja al Perú y es una de las grandes causas de la tremenda desigualdad entre sus regiones. Sendero Luminoso es una atracción y una esperanza para algunos sectores de la juventud. Parte de la violencia estructural del Perú de hoy es la marginación de la juventud. Condenar a Sendero y no hacer cosas positivas por los jóvenes es contraproducente. El problema de la juventud es estructural, el de Sendero es coyuntural (EC 26.8.84).

El padre Gustavo Gutiérrez señala que «el terrorismo, cualquiera que sea su signo, es inadmisible. Pero si no se va a lo que lo produce en primera instancia, se instalará en el país como una enfermedad endémica y degenerativa. La ceguera ante la realidad nos está llevando a una especie de suicidio colectivo» (LR 2.9.84).

En septiembre de 1984, los obispos del Perú, en un pronunciamiento, hacen un llamado al pueblo «para defender la vida y promover la paz mediante acciones concretas. Una de esas acciones es la búsqueda del consenso nacional por encima de diferencias políticas, para defender la calidad de la vida de la población, el orden jurídico y el restablecimiento de una convivencia justa, democrática, y entre todos los peruanos». Agrega: «con la misma energía con que hemos condenado los atentados de los terroristas, condenamos todo homicidio venga de donde viniere. Es preciso investigar y esclarecer esos casos y sancionar a los responsables» (LMD 8.9.84

«Sobre los campesinos se ha descargado el peso de la crisis que vive nuestro país, porque sus vidas están, desde hace cinco años, amenazadas por la violencia. Al hambre y la escasez de sus tierras, se suman el temor, el maltrato, la violación, el asesinato y la desaparición», expresó Mons. Vargas Alzamora, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (Hoy 21.6.85). El 5 de octubre 1985, la Comisión de Religiosos de los Pueblos Jóvenes y Sectores Populares de la Conferencia de Religiosos del Perú emitió una carta abierta donde denuncian el atropello a los derechos del pobre, el abuso del poder de las armas, la represión indiscriminada, la deshumanización de las fuerzas del orden y la manipulación de los medios de comunicación distorsionando la realidad. Asimismo, reiteraron su fidelidad a su misión, anunciando el Evangelio a los pobres y liberación a los oprimidos (IC 11.10.85). Gustavo Gutiérrez escribe: «¿cómo hacer teología durante Ayacucho?, ¿cómo hablar del Dios de la vida cuando se asesina masiva y cruelmente en el «rincón de los muertos»?¿cómo anunciar el amor de Dios en medio de tan profundo desprecio por la vida humana? ¿cómo proclamar la resurrección del Señor allí donde reina la muerte, en particular la de niños, mujeres, pobres e indígenas, la de «insignificantes» de nuestra sociedad?» (Gutiérrez 1986: 222-3)

Tras la masacre de Accomarca, un comunicado Titulado «El quinto no matar» es publicado por más de 15 organizaciones cristianas laicas, como el Movimiento de Profesionales Católicos, Movimiento de Trabajadores Cristianos, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Movimiento Internacional de Apostolado en los Medios Sociales Independientes, Equipos Docentes ENTRE otros.

Tras la masacre de los penales en junio de 1986, los obispos del Perú se pronunciaron contra la violencia «venga de donde viniere». «La violencia que sufre nuestro pueblo debe terminar», señala el Consejo Permanente del Episcopado. Agrega que «no podemos admitir el método del terror como un medio para conseguir el cambio de lo que se considera que está mal en el país. Pero tampoco podemos aceptar que el modo de hacer cambiar a los que han emprendido ese errado camino sea responderles con sus mismos medios», y después señalan que hay que rechazar el error de pensar que la solución eficaz es la violencia. Afirman que es necesario que la investigación anunciada se haga con toda objetividad «porque la acción decidida y eficaz de las fuerzas del orden destinada a detener el fenómeno del terrorismo debe estar ciertamente enmarcada dentro de un régimen de ley y el respeto a los derechos humanos». «La amenaza de muerte es el instrumento del que no tiene argumentos para convencer con sus razones. Miremos hacia el futuro del Perú. Hemos cometido muchos errores y perdido muchas vidas. La violencia no conduce a nada. Ningún bien se obtiene contribuyendo a aumentarla. Para que el futuro sea diferente necesitamos cambiar» (LMD 25.6.86, EC 29.6.86, IC 27.6.86).

Los movimientos laicos volvieron a pronunciarse el 24 de junio bajo el título La muerte no es el camino; afirman que

Los trágicos y condenables acontecimientos de estos días, en los que han perdido la vida centenares de seres humanos, nos interpelan y ponen de relieve la urgencia de buscar alternativas distintas para responder a la difícil situación creada por un grupo que ha recurrido al terrorismo como forma principal de acción política. Y, sin embargo, tenemos que decir que esos hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, fanatizados quizás, son seres humanos... Como miembros de una Iglesia llamada a anunciar la vida, no podemos permanecer callados ante estas muertes. No podemos justificar ninguna de ellas,. No podemos aceptarlas como inevitables, menos aún podemos admitirlas como medios que justifique un fin, cualquiera que éste sea... Pareciera que estamos hoy debatiéndonos en el horizonte de una falsa disyuntiva: o el terror subversivo o la imposición violenta, militarizada del orden. Esa es la lógica de la muerte; encerrarse en tal alternativa sería envilecer nuestras vidas y asesinar el futuro. Sería sobre todo desconocer las expresiones de solidaridad, creación, democracia y vida que tienen los hombres y mujeres de este país (IC 27.6.86).

El P. Gustavo Gutiérrez reflexiona: «Lo ocurrido estos últimos días constituye una triste victoria para los polos extremos del abanico de posiciones que hoy existe en el contexto nacional.... Si estos extremos triunfasen, todo lo demás no contaría, el espacio civil y democrático estaría demás, y los grupos sensibles a los valores humanos no tendrían opción histórica» (LR 25.6.86). Los agentes pastorales de cárceles expresan en un comunicado_su «protesta dolida y enérgica». Señalan: «Rechazamos el terrorismo. Estamos en contra de todo lo que destruye la vida humana. Esto implica un claro rechazo a las acciones terroristas pero también un rechazo no menos claro a la violencia que viene del Estado. Rechazamos el uso indiscriminado de la violencia: la violencia que extermina para restablecer el orden; la entrega del poder absoluto a las Fuerzas Armadas, reconociendo tardíamente que pudo haber excesos. Afirmamos: Que la vida de cada persona es sagrada. Que toda persona tiene un derecho irrevocable a un juicio justo antes de la sentencia. Que los muertos tienen derecho a recibir cristiana sepultura» (LR 28.6.86). Sacerdotes y religiosas, en un comunicado, señalan: «La violencia en el Perú hunde sus raíces en la masiva pobreza y postergación secular de nuestra serranía y barrios marginales. La matanza de presos en las cárceles de Lima y Callao nos ha producido horror e indignación. Este repudiable acontecimiento es el más reciente indicio de la profunda crisis moral que sufre nuestro país. El horror se produce no sólo por lo que se han llamado excesos, sino por esa lógica que afirma que para cambiar la sociedad, o para defender sus instituciones, hay que matar. Hay que afirmar que tampoco el terrorismo es el camino. Los sucesos ocurridos en los penales de Lima y Callao han hecho más cercano para todos el espectáculo de la muerte. Defender la vida de toda persona, independientemente de su culpabilidad, es una exigencia ética fundamental» (LR 29.6.86).

El obispo de Chimbote, monseñor Luis Bambarén, sostuvo que la violencia senderista por un lado y la represión militar por otro, pueden terminar despedazando al país si no se les detiene a tiempo. La experiencia de países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, entre otros de Latinoamérica, ha demostrado que la violencia de grupos militares y paramilitares, ejercida contra el pueblo, es tan ciega como la que ejecutan los grupos terroristas. Señaló que cuando un país experimenta la aparición de grupos armados, ya sean terroristas o paramilitares, la situación se torna de suma gravedad. La actuación de estos grupos, dijo seguidamente, escapa a todo control del gobierno (EC, LR 29.8.86). Un mes después calificó a Sendero Luminoso como el sucesor de Caín, que mató a su hermano Abel. «Los senderistas tienen un fanatismo para promover la violencia que ha originado la muerte de más de diez mil personas entre civiles, policías y militares» (Ex 29.10.86).

Con relación al allanamiento de tres universidades, catorce movimientos católicos de estudiantes universitarios y comunidades cristianas universitarias, emitieron un comunicado el 20 de febrero de 1987 manifestando su preocupación y pidiendo se esclarezcan los hechos en bien de la sociedad y de la universidad peruana, como institución que aporta al desarrollo del país. Exigieron que se precisen responsabilidades en el maltrato físico del que fueron víctimas un buen número de estudiantes y que se informe permanentemente sobre la situación de los que aún siguen detenidos (IC 6.3.87). Por su parte, el obispo de Chimbote, Monseñor Luis Bambarén, exigió que se respete la dignidad de los estudiantes que fueron detenidos. «Demandamos consideración y respeto hacia ellos, demandamos un buen trato y celeridad en la administración de justicia», expresó, pues «muchos de ellos están siendo maltratados» (LC, LR, H 21.2.87)

Desde su «fidelidad al evangelio y a la Iglesia», centenares de sacerdotes y religiosas de todo el Perú emitieron el 8 de septiembre de 1987 un pronunciamiento sobre «el momento difícil y decisivo del país».

El Padre Pedro Barreto S.J., encargado de la homilía en el Te Deum del 28 de Julio de 1988 en Lima, señaló dos desafíos para la democracia: la pobreza masiva y la violencia generalizada. Dijo que:

la Iglesia está preocupada por la violencia que sufre el país. Sentimos, dijo, que se acaban las palabras para nombrar esta nefasta aberración. No podemos evitar la sensación de que vivimos en una patria ajena al Perú que aspiraron nuestros padres en su búsqueda de libertad y de una vida digna para todos los peruanos.... nos preocupa en primer lugar la violencia que existe en el Perú. Si la Iglesia callara, las piedras hablarían y el Señor nos llamaría malos pastores. Por eso, nuestros Obispos, en nombre de Dios, han denunciado el golpe perverso del terrorismo y su secuela de asesinatos, secuestros y extorsiones. La Iglesia lo ha condenado como «un método salvaje, inhumano que debe ser desterrado absolutamente». Pero tampoco podemos aceptar que el modo de hacer cambiar a los que han emprendido ese errado camino sea responderles con sus mismos medios. Con la misma energía con que hemos condenado los atentados contra la vida por parte de los terroristas, con la misma fuerza condenamos todo homicidio, venga de donde viniere. No conviene olvidar que el terrorismo brota o prospera, a veces, como resultado de injusticias pasadas o por posibles abusos de la autoridad en las obligadas actuaciones en defensa del bien común.

Añade: «Repetimos una vez más: la vida es el don más precioso que Dios ha concedido al hombre como participación de su misma existencia, haciéndolo a su imagen. Por eso ¡defendamos la vida!, en especial la vida más amenazada (LMD 29.7.88, S 5.8.88)

El 18 de octubre de 1988 los Obispos del Perú emitieron un mensaje al pueblo peruano, abordando el tema de la crisis económica y la violencia existente. Pidieron que «en nombre de nuestra herencia de fe, cambiemos de corazón y de conducta» diciendo «No» a la explotación, a la marginación y a la ostentación, que son faltas de solidaridad con el necesitado, a la violencia en todas sus formas, y exhortaron a que se emprenda la vía del diálogo sincero en la solución de los conflictos. Invitaron a todos los peruanos a aceptar las responsabilidades personales, familiares y sociales, considerando sus dimensiones éticas (S 28.10.88). Cerca de mil quinientos religiosos se pronunciaron el 30 de octubre a propósito del mensaje emitido por los Obispos; convocan, a «los que quieren corregir la injusticia y la miseria de nuestra sociedad por caminos de terror» a valorar la vida y a renunciar a los actos que cometen. De la misma forma, invocaron a las autoridades civiles y militares que «consideran que la violencia terrorista se responde con la violencia represiva, a respetar la vida, los derechos humanos y las leyes del país» (S 11.11.88)

En su carta de abril de 1989 ¡Perú, escoge la vida! los obispos del Perú señalan que la «raíz de la actual crisis socio-económica y política» es moral. Subrayan especialmente la corrupción pública (que era notoria en esa época) como una de las causas de la crisis. Demandan el respeto a la vida:

se ven proliferar en nuestro país diversas actitudes de violencia. A veces se disfrazan de lucha por la justicia y la libertad o de defensa del orden legal, pero en realidad, son nacidas del odio, la envidia, la ambición o la soberbia, y revelan un desprecio inaudito por los derechos más elementales de los otros seres humanos. Aún si fuera verdad que las personas contra las que luchan fueran responsables de males sociales muy graves, éstas siguen siendo personas. Más todavía debería pesar el derecho de gente inocente que, cuando no se pliegan enteramente a las exigencias de estos violentos, son atrozmente torturados y asesinados sin piedad»... «Asesinato multitudinario cometen los que, por enriquecerse, causan extendida desnutrición en muchedumbre de personas. Un país donde la vida y la dignidad del ser humano, hijo de Dios, no se respeta, está marcado con el estigma de Caín y pone en grave peligro su propia existencia como nación.

Finalmente llaman a los creyentes y especialmente a los que ejercen una «responsabilidad pública» a dar ejemplo de solidaridad y de civismo.

El obispo auxiliar de Lima, Mons. Schmitz, sostuvo que no sólo existe la violencia subversiva que destruye la vida, sino la estructural que no permite una distribución equitativa y justa de los bienes, así como una violencia represiva que pisotea derechos fundamentales del ser humano. «Dadas las circunstancias por las que atravesamos, hoy más que nunca la Iglesia está trabajando arduamente por la pacificación del país», indicó. Para monseñor Schmitz, existe esperanzas de solución a los problemas del pueblo peruano en base a la organización de los sectores populares. «Ya están dándose acciones concretas en los pueblos más empobrecidos para enfrentar en forma solidaria agudos problemas económicos», afirmó. Sostuvo que un claro ejemplo de ello es la organización de más de 500 enfermos de tuberculosis en los pueblos jóvenes (LR 19.8.89)

En diciembre de 1990 cerca de ochocientos sacerdotes y religiosas dan a conocer el documento Firmes en la Esperanza, donde rescatan motivos de aliento en medio de tanta muerte: «Pocas veces se vio en el Perú tanto dolor y muerte, tanta oscuridad y capacidad creativa, tantas semillas de vida que no deben perderse». Sobre la violencia, dicen:

Son más de 20,000 muertos, cerca de 500 por mes en el último tiempo. Son miles de familias desplazadas en busca de precario refugio. Son más de 3,500 desaparecidos, hecho tanto más escandaloso cuanto que es concebido precisamente para permanecer oculto. En efecto, a la violencia de las estructuras sociales se han sumado en estos años la violencia criminal y antipopular del terrorismo, así como la respuesta represiva. Ambas violan los derechos humanos, torturan y asesinan, sobre todo en las zonas del interior del país declaradas en emergencia. No se ve cambios en una política antisubversiva cuyos límites han sido señalados desde diversos sectores... Esto pone en grave riesgo una democracia en proceso de afirmación, marcada todavía por una herencia colonial de opresión y autoritarismo que debemos superar. ...Debemos entender de una vez por todas que los derechos humanos no son un molesto obstáculo o un lujo, sino una necesidad vital para una verdadera victoria sobre la violencia, una victoria que afirme la democracia en lugar de destruirla (LR 2.12.90)

En febrero de 1991, la Conferencia episcopal emite el pronunciamiento Queremos la paz, afirmando que

Lamentablemente, el fenómeno de la violencia subversiva no sólo no ha declinado en los últimos tiempos, sino que los actos terroristas: destrucción, asesinato de inocentes, extorsión e intimidación, han aumentado en forma alarmante ....Asimismo resulta inquietante que ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y algunas autoridades civiles y judiciales, en el cumplimiento de su misión de combatir la subversión y el terrorismo, no siempre observen las normas legales, les exigencias ineludibles de la ética, y la consideración y el respeto básicos debidos a la población civil, para cuya defensa y protección existen.

Concluyen invocando: «De una vez para siempre debe constar con toda claridad quiénes estamos por la Paz y la Vida en nuestra Patria, y quiénes por el contrario, se autoexcluyen y colocan al margen de este compromiso personal y social de la pacificación» (LMD 2.2.91).

A comienzos de los años 90 el nuevo obispo de Ayacucho y luego arzobispo de Lima Mons. Juan Luis Cipriani |4| expresa una posición distinta de la de la mayoría de los obispos, agentes pastorales y laicos. En marzo de 1991, Mons. Cipriani escribe sobre los derechos humanos lo siguiente:

Mientras no afirmemos con claridad que los 'derechos humanos no son unos valores absolutos intocables, sino que están permanentemente sometidos a los límites que les señalen unos 'deberes humanos', es imposible afrontar con eficiencia los males que padecemos, especialmente la inmoralidad en las funciones públicas y el terrorismo. Digámoslo de forma sintética: la mayoría de instituciones llamadas de 'Defensa de los Derechos Humanos' son tapaderas de rabo de movimientos políticos, casi siempre de tipo marxista y maoísta» (Cipriani 1991a).

En el mismo texto Mons. Cipriani refiriéndose a las organizaciones gremiales dice: «No hay verdadera libertad cuando las libertades individuales son absorbidas por sistemas colectivistas; por ejemplo en las cúpulas sindicales». En octubre de 1991, Mons. Cipriani escribe un artículo sobre el problema de la violencia y sobre el papel de la Iglesia (Cipriani 1991b). Plantea «qué se debe hacer para lograr la pacificación»: moralizar el poder judicial y la policía, dar seguridad a los jueces y regular el estado de emergencia; además señala algunas acciones urgentes:

a) Cualquier apología de la violencia, venga de donde venga, colegios, universidades, etc., debe ser castigada por la ley de modo ejemplar; b) debe hacerse un esfuerzo económico prioritario para comunicar a todo el país: tanto por el mejoramiento de sus carreteras y el consiguiente sistema de seguridad; como la intercomunicación vía TV de todos sus pueblos, vía antenas parabólicas. La integración hace la fuerza. C) debe, por último, reglamentarse los monopolios sindicales, que impiden la libre participación de los ciudadanos en los asuntos laborales

¿Cuál es el papel de la Iglesia ante este desafío de la violencia terrorista y la violencia de la inmoralidad que todo lo corrompe? Nuestra tarea, difícil, larga y urgente, es educar a cada uno de los peruanos para hacer de cada ciudadano un hijo de Dios. Si pudiéramos garantizar el cumplimiento de sólo este objetivo, habríamos hecho un aporte infinito al proceso de pacificación. Nos faltan brazos y horas para hacerlo (ibid)

En Agosto, monseñor. Cipriani escribe: «La Iglesia hace menos, y no más, por la paz, si abandona su propia esfera de fe, educación, consejo, oración y amor, y se transforma en una organización política» (Cipriani 1991c). Expresa así públicamente una postura que se diferencia de la que venía tomando la Conferencia Episcopal Peruana en su conjunto, complementado su labor en las esferas de la educación y orientación y las propias de la labor sacramental con una activa presencia en las iniciativas de defensa de los derechos humanos así como en pronunciarse contra situaciones que consideraba contrarias al mensaje cristiano.

En diciembre de 1991, un mes después de la matanza de Barrios Altos, la Conferencia Episcopal Peruana publicó su documento quizá más importante: Paz en la tierra. En él los obispos afirmaban que:

el Perú atraviesa por uno de sus períodos más dramáticos y oscuros».... «Nada justifica la violencia que sufre el país. Violencia que usando el pretexto de las ideas políticas o de la defensa de las instituciones, asesina, amenaza, tortura, provoca desapariciones de personas e impone el terror. Esta violencia ocurre por el desprecio que algunos compatriotas equivocados tienen por la vida humana. Si bien toda la población ha sido afectada por la violencia, es necesario señalar que las víctimas son fundamentalmente campesinos pobres y pobladores de barrios también pobres... Es necesario subrayar el desprecio y el odio que los grupos terroristas han demostrado frente a los más pobres de nuestra sociedad. Expresan así que no sólo no los representan, sino que incluso les temen» (refiriéndose a los asesinatos de dirigentes populares). «Otro tipo de violencia condenable es la ejercida por ciertos miembros de las fuerzas del orden. Es intolerable que quienes han jurado respetar la Constitución y las leyes, cometan violaciones de los derechos fundamentales.

Proponen también lineamientos para construir la paz, insistiendo en la importancia del derecho a la vida de todos los peruanos, educando a todos los peruanos en la paz, fortaleciendo la democracia, alentando la solidaridad, construyendo una economía que promueva la paz, sancionando a quienes violan los derechos humanos y comprometiendo a todos los peruanos.

EL 10 de abril de 1992, tras el golpe de Estado, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado lamentando el quebrantamiento del orden constitucional y jurídico y exhortando a su pronto restablecimiento. Con ese propósito la OEA envió una misión al Perú. El 28 de mayo Mons. Cipriani escribe: «Aprecio y respeto la Misión de la OEA en nuestro país. Sin embargo, debo afirmar que los problemas políticos del Perú los resuelven los peruanos» (Cipriani, 1992ª) diferenciándose nuevamente de la posición de la Conferencia Episcopal.

El 6 de junio de 1992, los obispos toman otra vez la palabra en el documento Un nuevo Perú, tarea de todos, subrayando los mismos temas, y llamando a restablecer la democracia, pedido que ya había hecho el 10 de abril, apenas producido el autogolpe.

Tras el atentado en la calle Tarata, Miraflores, Gustavo Gutiérrez escribe:

Frente a los horrendos hechos de estos días, se dice con frecuencia que no hay palabras para expresar la reacción que esos crímenes provocan.... El horror que vuelve taciturno y la falsedad que desgasta el lenguaje son a la vez efecto y causa del miedo cerval y la desconfianza radical que avanza incontenibles en el país. Ambos dejan desamparada a la sociedad, en particular a aquellos --la inmensa mayoría-- que tienen poca o no poseen ninguna posibilidad de mitigar el desastre o de escapar de él. Sin lugar a dudas atravesamos una grave crisis. ... Nuestra inmadurez como nación nos hace difícil afrontar con eficacia los retos actuales, nos estamos más bien quebrando ante su virulencia....Una de las más trágicas consecuencias de lo que vivimos al presente es el escepticismo que produce sobre las posibilidades de construir un país distinto, dice, y llama a no perder esa esperanza (LR 26.7.92).

Dos días después de Tarata, se produce el secuestro y desaparición del profesor y 9 estudiantes de La Cantuta. Monseñor José Dammert, en su homilía por fiestas patrias, hace referencia a la terrible ola de violencia desatada en las últimas semanas, propone que deben implementarse medidas militares sensatas que no conduzcan a castigar a inocentes ni imponer medidas que conduzcan a la pena de muerte que, con frecuencia es un mero acto de venganza, y que no responde al mandato de Cristo de «amen a su enemigo» (Mateo 5, 44) (S 7.8.92).

En octubre, durante la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo, monseñor Juan Luis Cipriani se declaró partidario de aplicar la pena de muerte a Abimael Guzmán, recientemente capturado (LR 20.10.92). En noviembre declaró que los pobres necesitan trabajo y no que les regalen alimentos; además señaló que «el Perú sale de una enfermedad que es el terrorismo y el enfermo debe ser acogido con la mayor misericordia posible y al mismo tiempo, como hacen los buenos médicos, actuar con la mayor firmeza necesaria... Si hay que curar con dolor, pues que se cure con dolor, pero hay que salir de la enfermedad» (LR 25.11.92).

Si bien no hubo un desmentido, lo que no es habitual en la Iglesia, sí hubo una respuesta, y muy amplia. En marzo de 1993, con motivo de la cuaresma, la Conferencia Episcopal publicó un mensaje titulado Por una sociedad más justa y solidaria, dedicado íntegramente al tema de los derechos humanos, en el marco de debate constitucional en curso. De entrada enumeran todos los documentos que han emitido sobre el tema y dicen: «insistimos e el tema de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos. Toda violación de los Derechos Humanos contradice el plan de Dios y es pecado» dicen citando la Conferencia Episcopal de Santo Domingo. Los dos capítulos centrales del documento tratan sobre Orden jurídico y defensa de los derechos humanos, y La Iglesia y los derechos humanos. En el primero insisten en que «Si hay algo que debe caracterizar el accionar del Estado, es el respeto irrestricto de los derechos de las personas». En el segundo, repiten que «La Iglesia, al proclamar el Evangelio, raíz profunda de los derechos humanos, no se arroga una tarea ajena a su misión, sino, por el contrario, obedece al mandato de Jesucristo al hacer de la ayuda al necesitado una exigencia esencial de su misión evangelizadora». En abril, más de cuatrocientos católicos, en un comunicado promovido por las comisiones de pastoral de Dignidad Humana de Lima Metropolitana, afirmaron que «Sí existe violación de derechos humanos en el Perú, especialmente en el Perú pobre, por parte de Sendero Luminoso, el MRTA, las fuerzas armadas y policiales, y todos parecen gozar de impunidad frente a sus respectivos cuerpos». Asimismo, expresaron su apoyo al trabajo hecho por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (S 6.4.93). También los obispos del Sur Andino se solidarizaron con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. «Los derechos humanos se violan no sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades. La intolerancia política y la indiferencia frente a la situación del empobrecimiento generalizado muestran un desprecio a la vida humana concreta, que no podemos callar» señalaron. (S 6.4.93).

En mayo monseñor Cipriani participó designado por el Gobierno como presidente de una comisión de alto nivel encargada de formar un grupo consultivo internacional que financie un programa de apoyo social (EC 3.5.93), pero a fines de ese mes renunció, también participó en el directorio de FONCODES hasta 1998.

En el marco del debate de la nueva constitución, la Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado sobre la pena de muerte el 18 de junio, en el que manifiesta el repudio de la Iglesia por esta medida, considerándola como un «pecado gravísimo», y defiende la vida humana de todos, aún la de los culpables. Asimismo, se señala que la pena de muerte puede despertar pasiones en algunos casos y promover venganzas o manipularse para servir intereses de otros. En todo caso, afirman, debe ser algo excepcional. (S 2.7.93).

Por su parte, Mons. Cipriani manifestó en su homilía DEL 27 de julio por Fiestas Patrias que la postura de la Iglesia de Ayacucho acerca de la pena de muerte era clara y transparente: «No podemos permitir que por el miedo, temor y cobardía de unos cuantos el país no apruebe la pena de muerte (...). No podemos temblar de miedo. El mundo cambia día a día y no a favor de los cobardes. Nos encontramos en una época de firmeza, claridad y hombría» expresó el prelado. En cambio el sábado 31 de julio, el Cardenal Landázuri se declaró contrario a la pena de muerte. «El Señor dice 'yo no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva'. Yo, como cardenal, como franciscano que soy, no podría desear la pena de muerte a nadie» (S 6.8.93). Las Vicarías de Solidaridad de la Diócesis de Puno y las prelaturas de Sicuani, Ayaviri y Juli, con el aval y respaldo de los obispos del Sur Andino, emitieron una carta pública en torno al tema de la pena de muerte. «Al aprobar la aplicación de la pena de muerte a los terroristas ¿no estaríamos usando los mismos métodos que ellos y entrando en su misma lógica de muerte? ¿Será posible lograr la pacificación del país con más muertes? (... ) Es hora de emprender la tarea de vencer a la muerte con métodos audaces y efectivos que propugnen una cultura de vida en nuestro país» (S 2.8.93).

Ante las protestas frente al asesinato del profesor y estudiantes de La Cantuta, Mons. Cipriani sostuvo, en su homilía por el día del Ejército, que «El caso La Cantuta está siendo utilizado políticamente y bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos se está dando el último intento de atropellar la libertad del pueblo peruano. Esa libertad que ya la hemos consolidado todavía encuentra pequeñas voces de peruanos que no tienen cariño a su pueblo y siguen creando dudas acerca de la integridad moral del ejército y las autoridades que gobiernan el país. Y esas dudas son una traición a la patria, por lo tanto no debemos permitir que se siga discutiendo, bajo pretexto de los derechos humanos lo que no es otra cosa que un último intento de atropellar lo que la mayoría de los peruanos gozamos en este momento: la libertad» (EC 10-12-93).

Monseñor Albano Quinn, prelado de Sicuani y premio nacional de Derechos Humanos, dijo: «El peligro de encubrir la culpabilidad de personas importantes en nuestra sociedad se pone de manifiesto. Es una lástima que haya ocurrido esto (el pase del caso al fuero militar). Es un retroceso en la reforma que queremos para el poder judicial, para la administración de justicia, en fin, la sociedad pierde el derecho de denunciar el crimen de quien sea y poder aplicar la ley por igual a todos» afirmó.

El 27 de agosto, Mons. Durand acusó a los organismos Amnistía Internacional y Americas Watch de dar una imagen parcializada de las violaciones de los derechos humanos que se producen en el Perú. «Estas instituciones divulgan en forma desequilibrada los hechos de violencia que se suscitan en el país lo que da lugar a pensar que haya cierto partidarismo de por medio», señaló. Dijo que esto daña aún más la deteriorada imagen del Perú en el exterior y frena la ayuda económica que proviene del extranjero al considerarse que el mayor violador de los derechos humanos es el gobierno y no la subversión (LR 28.8.93).

El obispo de Chimbote, Mons. Bambarén, demandó al Congreso Constituyente investigar la desaparición de 9 pobladores del distrito de El Santa a manos de presuntos paramilitares y castigar drásticamente a los autores de la matanza del catedrático y 9 estudiantes de La Cantuta, y llamó la atención a los congresistas chimbotanos de Nueva Mayoría - Cambio 90, para que se preocupen por el caso de los desaparecidos del Santa (LR 13.12.93). En cambio Mons. Cipriani emplazó a los representantes de los Organismos No Gubernamentales a que definan con claridad «si sus acciones están orientadas a buscar exclusivamente desaparecidos, o si bajo la fachada de defender los derechos humanos se ocupan del uno por ciento de estos casos».

En abril de 1994, Mons. Cipriani tuvo LAS expresiones más duras: respondiendo a una entrevista del semanario Caretas señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

Los derechos humanos, en un sentido amplio, son el derecho a vivir en libertad, con educación, con trabajo y a actuar libremente. En un contexto violento como el de Ayacucho, las muertes, desapariciones y abusos son parte del enfrentamiento de la guerra. Los defensores de los derechos humanos le llamarán guerra sucia. No puedo justificar de parte de la Policía o la Fuerza Armada, excesos por el hecho de que hubiese violencia. Pero si hay personas que silenciosamente matan durante la noche y de modo traidor, a eso hay que oponerle justicia. Yo creo que la Fuerza Armada tuvo que utilizar mecanismos para conocer cómo y dónde ocurrían esos asuntos. Y cuando utilizaron esos medios, naturalmente hubo muertos de un lado y del otro. (E.: - ¿Así como los desaparecidos?) Si a eso lo llaman desaparecidos. Lo cierto es que los agarraron en una emboscada o un enfrentamiento y se los bajaron. (E.: -Pero hubo cientos de personas secuestradas y posteriormente desaparecidas ... ) Así es, pueden haber, pero yo no he investigado ninguno de estos casos. ¿Y qué quieren? ¿Que uno dé marcha atrás a la historia? La Fuerza Armada ha cambiado su actitud. (E.: - En el año 1988, cuando Ud. llegó a Ayacucho, ¿cuál era la situación de los derechos humanos?) En ese año la ciudad estaba en manos de Sendero Luminoso. En esa situación podemos achacarle a ellos la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos. Yo hubiese querido hacer un recuento de la cantidad de víctimas que no están en la lista de muertos de las organizaciones de derechos humanos. (E.:-¿No existen acaso organismos de la Iglesia que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos donde usted podría entregar su lista?) No existe ninguna organización de la Iglesia conformada por esa Coordinadora, es más yo protesté contra la Comisión Episcopal de Acción Social y me dijeron que no pertenecen a la Iglesia. Pero, ¿qué queremos? ¿Hurgar entre los muertos y los sentimientos de toda esta gente resentida para oponernos al gobierno? No estemos con ese espíritu de venganza. (E.: -O sea, ¿debe haber borrón y cuenta nueva?) Más que borrón y cuenta nueva, creo que hay que aspirar a que el terrorismo nunca más divida el país de esa manera. (E.:-¿Cuál es su aporte a Ayacucho?) Tenemos varios programas de ayuda social y espiritual con los sectores más pobres. Hemos donado 520 carpetas para las escuelas más pobres, se ha construido 420 letrinas en los asentamientos humanos que rodean Ayacucho, a quienes ayudamos diariamente con tres toneladas de alimentos. He salido al frente de los pobres y de los que han masacrado en esta ciudad. Y durante ese trajín no he visto a los de la Coordinadora de Derechos Humanos, esa cojudez (...) (Caretas 14-4-94: 34).

La amnistía dictada por el CCD la madrugada del 14 de junio de 1994 provocó el inmediato comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, donde manifestó su preocupación por los alcances que la ley pueda traer para la paz social y la reconciliación. Se señaló que la amnistía tiene ciertamente un reconocido sentido humano pero debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia y no puede ser indiscriminada. De igual manera, se afirmó que «si se cierra la posibilidad de descubrir la verdad y aplicar la justicia, no se sanan las heridas, ni se logra una verdadera reconciliación». También se reiteró lo expresado años atrás en otros comunicados, indicando que «todos aquellos, sean terroristas u otros, que cometen graves violaciones de los derechos humanos, deben ser sancionados severamente. Esta sanción no se debe producir por venganza, sino para demostrar que todas las instituciones del país están plenamente comprometidas con la protección de la vida humana como valor supremo del estado». Termina el comunicado señalando que es necesario buscar fórmulas nuevas e instrumentos legales que aseguren una convivencia pacífica y una más rápida administración de la justicia, siempre con criterios éticos, en el respeto de los derechos humanos y en las exigencias del bien común de la sociedad (S 23.6.95). De otro lado, Mons. Cipriani respaldó la ley de amnistía como una decisión política apropiada para lograr la paz interna «porque es necesario perdonar para alcanzar la reconciliación»; y añadió que «las organizaciones pro derechos humanos convierten la coyuntura en un circo político», que «no se debe manipular el dolor de los familiares del caso La Cantuta como bandera para molestar al pueblo y organizar marchas de protesta» (Ex, EP 18.6.95). En un editorial, el diario Gestión subraya el carácter solitario de la posición de Mons. Cipriani en la Iglesia peruana. Al mismo tiempo, su cercanía a Fujimori se hacía cada vez mayor, acompañándolo en actos oficiales, por ejemplo, bendijo en Cuzco el nuevo avión presidencial (Ex 4.12.95). En agosto de 1996 criticó duramente las denuncias y acusaciones contra «personajes públicos», refiriéndose a las hechas contra Montesinos y otros, pidiendo que Indecopi y la Defensoría del Pueblo intervengan para velar por la veracidad de las publicaciones, sin atentar contra la libertad de prensa. Estas declaraciones suscitaron gran debate y Mons. Cipriani emitió un comunicado aclaratorio. Poco después, se le encargó la conducción de un programa de televisión en Panamericana, los domingos a las 8 am. El desenlace cruento de la toma de rehenes por el MRTA no motivó ninguna toma de distancia respecto del gobierno. En noviembre de 1997 vuelve a criticar a Mario Vargas Llosa por decir que en el Perú se vive una dictadura solapada, por dar una imagen profundamente negativa en el exterior (Ex 17.11.97). Sin embargo, monseñor Cipriani tuvo públicas discrepancias con el gobierno sobre el tema del control de la natalidad, y renunció a Foncodes en marzo de 1998; sólo en este caso sostuvo que había violación de los derechos humanos: «mientras haya abortos y ligaduras de trompas, inducidas por el mismo sector de salud, se da la violación de los derechos humanos» (G 21.5.98). No toma la misma actitud sobre otros derechos humanos. En 1998, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país, dijo que esperaba que «viene para verificar el enorme cambio que hay; espero que no venga a plantear fantasías sino a verificar que realmente hay libertad y respeto». Remarcó que en el Perú se respetan los derechos humanos, pero que existen «determinados grupos» que están empeñados en denigrar la imagen del país (ES 10.11.98). Sostuvo que «los derechos humanos no son los derechos políticos ni de los terroristas, sino el derecho a la financiación, al libre acceso, al comercio, al trabajo, a la circulación, a vivir en paz. Aquí sólo hablan de unos derechos humaos pequeñitos, políticos, y de los grupos terroristas», dijo, mientras acompañaba al presidente Fujimori durante su visita a Huamanga. «Me fastidia un poquito tanta dedicación a los presos y ninguna dedicación a los campesinos.

En cambio Mons. Vargas Alzamora dijo que es importante la visita de la CIDH (EC, G, ES 10.11.98). Mons. Cipriani también dijo: «Me molesta que gente extranjera invitada venga y fiscalice», calificando eso de «el mayor colonialismo e imperialismo», y pidiéndoles que no dieran una conferencia de prensa, sino que entregaran sus observaciones al Estado peruano (LR 13.11.98).

En 1999 ya como arzobispo de Lima, Mons. Cipriani afirmó, en relación al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos: «conozco la realidad (del Perú), por lo tanto, no necesito que Estados Unidos me la cuente», «tengo mucho que leer» en vez del informe, dijo (G 14.3.99). Meses después expresó su sorpresa por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Perú la revisión del proceso contra cuatro terroristas chilenos sentenciados a cadena perpetua por el fuero militar peruano y precisó que «todos merecemos respeto a nuestra soberanía ... por ejemplo, Estados Unidos no respeta a la Corte Interamericana», «por eso reitero que debemos ser muy cuidadosos después de los años de terrorismo que hemos vivido para saber cuidar esta paz y seguridad que con mucho esfuerzo consiguió el pueblo peruano» (LMD 8.6.99).

Tras el retiro del Perú de la Corte Interamericana, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Mons. Bambarén, consideró que la población ha sido desinformada respecto a los motivos por los cuales el gobierno se retiró de la competencia contenciosa de la Corte de San José. «Todo se ha reducido únicamente al tema del terrorismo. Si bien condenamos este problema, no sólo se trata de hablar de los subversivos porque también están implicados todos los peruanos», subrayó monseñor Bambarén. Explicó que siendo la Corte Interamericana la única instancia en la cual los peruanos podían denunciar sus derechos violados, «preocupa el desamparo (jurídico) en el que podrían quedar ellos» frente al retiro del aspecto contencioso (G 14.7.99). El 14 de julio, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana hizo público un comunicado donde señala que el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una decisión extrema del gobierno que «significa un paso atrás en cuanto a las instancias jurídicas de protección y promoción de los derechos humanos». El retiro ocasionará también una mayor inseguridad jurídica para la sociedad, al quedar desprotegidos (los ciudadanos) de la competencia de un tribunal internacional «que vele por el respeto a todos sus derechos fundamentales», precisa el documento. El 18 de julio, Mons. Cipriani declaró que la discusión sobre el retiro del Perú del mandato contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos «no es un tema de primera prioridad para el desarrollo de la cultura de paz» (LR 19.7.99).

Poco después, Mons. Bambarén, tuvo duras expresiones contra los subversivos por el daño que causan a la sociedad, pero también opinó que el objetivo militar del Estado y de su servicio de inteligencia se ha centrado en combatir a los terroristas y no al terrorismo. «Falta combatir al terrorismo con una educación por la paz, la vida y la dignidad de la persona, porque si no queda la ideología».

En el periodo electoral del 2000, enturbiado por graves irregularidades, la Iglesia desempeña un papel importante desde el punto de vista de los valores democráticos y éticos. El 28 de enero la Conferencia Episcopal emite un pronunciamiento titulado Elecciones generales y responsabilidad ética--En el mes de marzo numerosos obispos se pronuncian sobre la grave situación (el cardenal Vargas Alzamora; el obispo de Jaén, Mons. José Izuzquiza; Mons. José Antúnez de Mayolo, administrador apostólico de la arquidiócesis de Ayacucho; Mons. Hugo Garaycoa, obispo de Tacna y Moquegua); Mons. Oscar Cantuarias, arzobispo de Piura, dice que dada la delicada situación la Conferencia Episcopal debe emitir un nuevo pronunciamiento.

En conclusión, aunque hubo algunas discrepancias, el discurso de la Iglesia combinó de manera muy elaborada la denuncia de las diferentes formas de violencia que se vivían en el país con la reafirmación de la exigencia de cambios estructurales, el apoyo a las reivindicaciones populares y la construcción de una paz verdadera basada en la justicia. Este discurso, así como el compromiso que la Iglesia mantuvo, en un momento en que el espacio social y político se cerraba por la acción violenta de la subversión y la represión, contribuyó a mantenerlo abierto y a defender los valores democráticos.

3.3.1.3. La respuesta de la Iglesia en diversas regiones del país

En general, donde la Iglesia se había renovado según las líneas del Concilio Vaticano II y las asambleas episcopales de Medellín y Puebla, había mucho más resistencia a la prédica de los grupos subversivos, pues desarrollaba una pastoral social que la relacionaba con la población y respondía a sus inquietudes con un discurso de cambio y de exigencia de justicia, pero rechazando la violencia. Así fue el caso de ciertas diócesis del interior -Cajamarca, Puno, Chimbote, Huaraz, Piura, etc. En cambio, donde la Iglesia no había tomado tanto en cuenta el cambio impulsado por el Concilio, la subversión encontró un terreno mucho más fértil para enraizarse. Así fue el caso de Ayacucho y otras diócesis como Abancay y Huancavelica.

3.3.1.3.1. Región Ayacucho, Huancavelica y Apurímac

Desde que SL quemó las ánforas en Chuschi en mayo de 1980, Ayacucho se convirtió en el símbolo de la violencia política, que pronto se extendería a sus vecinos Apurímac y Huancavelica. La respuesta contrasubversiva fue muy dura, primero con los Sinchis y después con el Ejército y la Marina, así como el «Comando Rodrigo Franco» y otros grupos paramilitares y comités de autodefensa. Frente a este proceso de muerte y sufrimiento causado al pueblo por ambos bandos, la actitud de los obispos de esos lugares fue de silencio cómplice o de prescindencia, por no considerar parte de su misión pastoral la preocupación por lo social. El hecho es que las autoridades eclesiales callan frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, como en Huancavelica o Apurímac, o incluso se colocan del lado de la autoridad política y militar, como sucede en Ayacucho, sin hacer ninguna crítica, más aún, negando tajantemente la existencia de tales violaciones. Al mismo tiempo, otros sectores eclesiales hicieron esfuerzos a veces heroicos por responder a la situación, con el apoyo de las instancias nacionales de la iglesia, mientras lo permitieron las autoridades locales.

Ayacucho

La Iglesia en la arquidiócesis de Ayacucho a comienzos de los años 80 no parecía haber cambiado mucho después del Concilio Vaticano II. De las 46 parroquias en la arquidiócesis, que abarca casi todo el departamento de Ayacucho, 23 estaban vacantes Además, de los 47 sacerdotes diocesanos, 19 tenían más de 60 años, y seis ni siquiera vivían en la arquidiócesis. Había en total siete sacerdotes religiosos (franciscanos, carmelitas y salesianos) que trabajaban en la arquidiócesis. En cambio, había 104 religiosas, de las cuales 64 eran contemplativas. (DEP 1987:95-104)

Las hermanas salesianas y los padres y hermanos salesianos dirigían colegios particulares. Por otra parte, la Iglesia no tenía una presencia al nivel universitario. Al regresar los jesuitas a Ayacucho en 1986, algunos de ellos comenzaron a enseñar en la universidad, hasta que tuvieron que dejar de hacerlo por disposición del nuevo obispo Mons. Cipriani. En 1992 los jesuitas asesoraron a un grupo de profesores que fundaron IPAZ: Centro de Investigación y Promoción del Desarrollo y Paz, destinado a promover la paz en la universidad y atender a los refugiados.

La violencia afectó el trabajo de la iglesia de diversas formas. Por parte de SL, tras el atentado contra el convento de las Carmelitas en 1981, como vimos, consideraba que no era aún el momento de atacarla directamente; pero en las zonas que controlaba, rechazaba el trabajo de la iglesia, como catequesis o confesión, prohibía a la población recibir ayuda alimentaria, rechazaba los agentes pastorales extranjeros, entre otras cosas. Hubo amenazas directas al P. Severino Huamán y al P. Orlando Cárdenas, a quien además golpearon. El 3 de diciembre de 1987 el sacerdote ayacuchano Víctor Acuña, de 52 años, fue victimado por miembros de SL mientras celebraba una misa en la Parroquia de la Magdalena de Huamanga cerca del mercado central; había servido durante muchos años como capellán de la Guardia Civil y había sido director de Cáritas (LMD 4.12.87, S 18.12.87). SL también asesinó a muchos catequistas, miembros de cofradías y sobre todo ecónomos (Anexo 19:28). En 1988, en un día de paro armado, a la altura de Quinua, SL arrojó granadas y metralla a la camioneta en que viajaban el P. Severino Huamán y tres religiosas, además de cuatro policías armados; uno de los policías perdió una pierna y sufrió heridas en un brazo, los demás resultaron ilesos.

El 10 de agosto fue descubierta una fosa que contenía cinco cadáveres, demostrando que las denuncias de la matanza eran correctas. Ante esto fue el cardenal Landázuri quien expresó que había que sancionar a los culpables, fuese quien fuese, además de hacer hincapié en la necesidad de dar las garantías del caso al fiscal Escobar, responsable de la investigación en Ayacucho (S 19.8.88). Algunos sacerdotes jesuitas estuvieron acusados de subversivos ante el general Valdivia, sin consecuencias.

Mons. Federico Richter Prada, O.F.M, natural de Huanta, estuvo a la cabeza de la Iglesia ayacuchana como arzobispo de Ayacucho hasta 1991, durante el período más violento. Al inicio él pensaba que el terrorismo estaba alimentado por organizaciones subversivas internacionales. Condenó enérgicamente los actos terroristas y señaló que en vez de lograr justicia social o aliviar la situación la empeoran (LP 23.4.81), pero se mantuvo en silencio cuando comenzaron a producirse crímenes por parte de las fuerzas del orden, como detenciones arbitrarias o violaciones (hubo once detenidos en batida tras asesinato de un terrateniente el 24 de diciembre de 1980, y el sonado caso de Georgina Gamboa). Tampoco se manifestó cuando el 12 de octubre 1981 el gobierno decreta en «estado de emergencia» a cinco de las siete provincias de Ayacucho (Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo) |5|. Comienza el arrasamiento del campo y el desplazamiento de pobladores, que durará hasta 1985.

Otros representantes de la Iglesia sí manifestaron permanentemente su preocupación y solidaridad con Ayacucho, aunque ciertamente esto no fue suficiente en relación al terrible sufrimiento del pueblo ayacuchano. Un comunicado de CEAS, emitido el 1 de julio de 1981 llama la atención sobre varios casos de maltratos y torturas, entre ellos la violación de la menor Georgina Gamboa. «Creemos conveniente advertir sobre una cierta generalización en el uso de apremios (intimidación física y psicológica) reñidos con la Carta Magna y la Ley, con el objeto de obtener declaraciones auto-inculpatorias de los detenidos...», denunció, al mismo tiempo que reiteraba su rechazo a la violencia terrorista (IC, año II, N. 4). El obispo auxiliar de Lima, Mons. Javier Ariz, también exhortó a las autoridades policiales encargadas del operativo antiterrorista de Ayacucho a cumplir cabalmente su misión pero sin cometer excesos con la población (EDM 16.10.81). Cuando tras la fuga de los presos del penal en marzo 1982 efectivos de la Guardia Republicana asesinan a 3 detenidos heridos (Roussell Wensjoe, Amilcar Urbay y Carlos Alcántara) que se encontraban internados en el hospital de Huamanga, Mons. Metzinger es el que declara que «para mí es tan evidente la enormidad de este crimen.... No es posible que se asesine a pacientes de un hospital» (EO 28 y 29.3.82).

Mons. Richter era visto como relacionado con la clase alta provinciana, cercano a los militares, y muy lejano a la gente común. Pasaba mucho tiempo en Lima y no visitaba los lugares afectados por la violencia. No criticó a los militares por su actuar ni defendió a las víctimas. «El señor obispo como si no existiera. No dice nada. Ni siquiera por radio diría algo, nos alentaría», dice una señora a un sacerdote; otra persona dice que «le gusta la gente rica y andar con los militares»: una profesora afirma: «No hay quien diga nada, el obispo para más fuera que en la diócesis. No dice nada la Iglesia». Unas religiosas decían que el obispo «sigue en su imagen social, unido a los militares» (Anexo 19:2).

No tomó posición frente a problemas graves como el de los desaparecidos, considerando terroristas hasta a los familiares, (Anexo 19:67); aunque podía haber hecho mucho; cuando se interesó por la detención de los esposos Bautista Pérez en el cuartel Los Cabitos, la gestión surtió efecto, fueron dejados en libertad a los 5 días, a pesar de haber recibido al principio la consabida respuesta: «¿por qué no preguntan a los senderistas? aquí no están».

Luego del nombramiento del general Clemente Noel como jefe del comando político militar de la zona de emergencia (31.12.82), dos mil miembros de las fuerzas del orden toman posesión de las provincias en emergencia, empezando por las zonas rurales. Mons. Richter se pronunció diciendo: «Soy enemigo de la violencia y partidario del trabajo con el que se saca adelante el futuro de los pueblos pobres», dijo. «Tengo la esperanza de que, sentándose en una mesa y esgrimiendo sus ideas, se llegará a un buen entendimiento por el bien de mucha gente inocente», señaló. Preguntado sobre la decisión presidencial de encargar a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en Ayacucho, Monseñor Richter dijo que no quería opinar ni a favor ni en contra, sino más bien «como vocero de la Iglesia, enviar un mensaje de paz, tranquilidad y mesura a la población y pedir que no haya un derramamiento de sangre» (Co 30.12.82 y EDM 31.12.82).

Un pronunciamiento más firme de Mons. Richter ocurre un mes después del asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay; declara que la única vía es el diálogo alentador y constructivo y se ofrece como mediador entre las FF.AA. y SL. Asimismo, pide el cese de las matanzas de pobladores inocentes «porque detrás de esta cortina de sangre vienen las lágrimas de los problemas y los traumas de toda una población». Sostuvo que «con la fuerza y la violencia nada se va a lograr, la única vía es el diálogo alentador y constructivo» (IC 4.3.83, EDM 24.2.83).

En 1984 Monseñor Ritcher declara: «Esos muchachos que están en Sendero Luminoso no son muchachos de campo. Son muchachos de acá, de los barrios... Lo que falta aquí es dar trabajo a la gente. Este es un pueblo de artesanos, artistas. Queremos pequeñas industrias y para esto ya estamos cansados de pedirle al gobierno el agua del Mantaro. ¿Qué industrias pueden disponer con esta luz que la dan dos motores?» (LR 23.4.84). Poco después precisó que hay que construir un nuevo Perú, porque «no sólo con las armas se combate la violencia terrorista, sino con el desarrollo». Sobre la situación de la zona de emergencia, informó que «Los actos terroristas suceden en el campo. En la ciudad hay tranquilidad» (LMD 22.8.84).

Era cierto. La primera etapa de la lucha antisubversiva se dio en la zona rural, no en la ciudad; el arrasamiento del campo ayacuchano entre 1982 y 1985 produce siete mil muertos, más de mil desaparecidos, cientos de desplazados. Luego vendría, a mediados de los 80, la etapa del terror en las ciudades, las desapariciones y asesinatos por las noches. Por un lado monseñor Richter manifiesta su esperanza de que el periodista Jaime Ayala aparezca con vida, a la vez que repudia el asesinato del dirigente Jesús Oropeza, en Puquio. Por otro lado insiste en que las agencias de noticias exageran los atentados subversivos, cuando aparentemente existe tranquilidad en la zona (H 12.9.84). También rechaza el informe de Amnistía Internacional, calificándolo de «exagerado» y carente de autenticidad. «No entiendo por qué dicen que en Ayacucho hay más de mil casos de desaparecidos, dice. Es necesario que este organismo recurra a otros canales antes de emitir sus informes» (Ex 29.1.85).

La Iglesia peruana sentía una responsabilidad ante la situación; varios obispos manifestaron a CEAS su preocupación y voluntad de hacer algo al respecto. Es entonces que la oficina diocesana de Caritas comenzó a coordinar con CEAS para atender las necesidades más apremiantes, como era la alimentación de los campesinos refugiados de las zonas altas, obligados por el Ejército a dejar sus caseríos, y amontonados en un campo alambrado en Tambo, y la atención a los clubes de madres.

Cuando ocurre la visita del Papa Juan Pablo II en febrero de 1985, la preocupación de la Iglesia peruana se intensifica. Monseñor Bambarén declara que «nos toca a los obispos del Perú enfrentar esta realidad de desaparecidos y otras formas de violencia, para buscar una respuesta mediante cauces justos y eficaces, porque mientras no impere la justicia, mediante una administración de poder Judicial, eficaz y rápida, la angustia de los familiares puede arrastrar a nuevas formas de violencia. El Papa nos ha dejado un desafío a los obispos y a todos los hombres de buena voluntad en nuestra patria» (IC 19.7.85). También la Iglesia del Sur Andino celebró ese año el Día del Campesino como un día de oración y solidaridad con Ayacucho.

Recién en 1988 Monseñor Richter consideró necesario un replanteamiento de la política antisubversiva «porque no sólo con balas se puede superar al terrorismo». Demandó también un diálogo con todos los sectores y la dación de leyes que realmente velen por las necesidades de los campesinos. Dijo que la violencia en el convulsionado departamento aparece y desaparece, pero seguirá subsistiendo mientras no se adopten medidas eficaces que acaben con este problema (Ex, LR 16.1.88). Es el momento en que se da también un cierto cambio en la estrategia contrasubversiva, buscando el apoyo de la población.

Mons. Juan Luis Cipriani es nombrado en mayo de 1988 y ordenado en julio como nuevo obispo auxiliar de Ayacucho, siendo en ese entonces Vicario Regional para el Perú de la Prelatura Personal Opus Dei. En mayo de 1991 sería designado administrador apostólico de la arquidiócesis de Ayacucho, en reemplazo de Mons. Richter, y en 1995, arzobispo.

Desde el inicio expresó reticencias frente a las observaciones de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos, calificándolas de «imperialismo» (EC, EX 1.3.93), y comenzó una larga serie de cuestionamientos a los organismos de defensa de los derechos humanos. Cuando tuvo poder para hacerlo, les impidió trabajar en Ayacucho, como fue el caso de CEAS, que como organismo de la Conferencia Episcopal necesitaba la autorización del obispo local para trabajar en esa arquidiócesis. En abril de 1993, en una larga entrevista en El Peruano, le preguntan: «P. ¿Qué opina sobre aquellas denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos? R. Yo creo que estos organismos abusan y manipulan el concepto de derechos humanos. En segundo lugar, quien hace una denuncia debe firmarla e identificarse. Normalmente estas instituciones utilizan documentos que no tienen ni firma ni identificación de nadie... Lo que yo sostengo es que la proporción de errores o de abusos de los derechos humanos no es tal como anuncian estos organismos. Actualmente hay directivas claras que velan por el respeto a los derechos humanos, y por parte de la Iglesia hay un apoyo total para tratar de ayudar a aquellas personas que ni tienen medios para aclarar su reclamo. P. ¿Ha recibido denuncias sobre desaparecidos? R. Si, pero en muchos casos se ha comprobado que se trata de gente que ha huido o que se ha enrolado en la subversión, e incluso, es posible que en algún enfrentamiento haya caído. No los hemos identificado. No es ese mi papel. No es común en mi arquidiócesis recibir denuncias sobre abusos, sin embargo, es curioso, me llegan de Austria, de Alemania, Bélgica, Inglaterra; cuatro o cinco cartas con una fecha muy similar de denuncias. Uno ve que existe claramente una campaña, un montaje. Esto no es honrado, no es transparente» (EP 28.4.93).

A diario desaparecían personas en Ayacucho en esos años, era un problema muy grave, así como las torturas y los asesinatos, pero Mons. Cipriani nunca cuestionó las violaciones de los derechos humanos que cometían las fuerzas del orden, por el contrario, sostuvo constante y tajantemente que: «No se puede decir que el Perú es un lugar donde no se respetan los derechos humanos». Sin embargo, reconoció «la existencia de dos o tres situaciones aisladas de las que se está haciendo escarnio» (EC 20.1.94). Por eso criticaba permanentemente los informes de organismos internacionales como una intromisión en el país. En la puerta del arzobispado, una pizarra decía: «No se aceptan reclamos sobre Derechos Humanos» (Anexo 7). Tampoco protestó contra las crueles masacres que cometía SL, ni acudió en auxilio de las víctimas.

Monseñor Cipriani aparecía muy cercano a los militares en Ayacucho, se desplazaba por el departamento junto con ellos en sus helicópteros, o acompañando al presidente Fujimori, el cual, en sus frecuentes visitas a Huamanga, a quien primero visitaba era a monseñor Cipriani, en cuya compañía realizó recorridos en helicóptero a diversos lugares del interior del departamento, en algunas ocasiones acompañados de representantes de la Cooperación Internacional y de organismos oficiales de diversos países, en explícito aval del Arzobispado de Huamanga al gobierno de Alberto Fujimori (Anexo 7). Las tomas de posición de Mons. Cipriani se fueron acercando al gobierno de Fujimori. Monseñor Cipriani manifestaba su apoyo a diversas decisiones del Gobierno en sus declaraciones y acompañaba a Fujimori en sus viajes por Ayacucho; lo invitó a encabezar con él la procesión de Semana Santa (LR. 11.4.93). Estas acciones aumentaron cuando fue nombrado arzobispo, en mayo de 1995. En otra oportunidad se vistió con un poncho igual al del presidente y lo acompañó a inspeccionar obras, ocasión en que Fujimori afirmó que él lucha por los derechos humanos de los campesinos y no de los terroristas, en presencia del representante de la Cruz Roja Internacional (EM 20.10.95). El 19 de noviembre de 1997 bendijo las armas entregadas a dos mil quinientos ronderos de Ayacucho por el alto mando militar, así como la Casa del Rondero construida dentro del Cuartel EP Domingo Ayarza (EC 20.11.97).

Mons. Cipriani también participaba en las decisiones de gobierno de la localidad, en el Consejo de Coordinación para del Desarrollo de Ayacucho, que se crea en los años 90, conformado por el general jefe del Comando Político Militar del Departamento, el prefecto, el alcalde y el rector de la Universidad, donde tenía mucho peso, por ejemplo en el nombramiento de personas. Una testigo afirma que «fue una persona que hizo notar su poder juntándose con los otros grupos de poder, y el Ejercito era un grupo de poder en ese momento, porque estábamos en una etapa de violencia, donde había que temerlos... casi todos los funcionarios de la administración pública fueron recomendados por él, y eso todo el mundo lo sabía... Era la persona de temer». A pesar de su influencia, no hizo nada por mejorar las condiciones de los derechos humanos en el departamento.

Otros sectores eclesiales, en cambio, hicieron grandes esfuerzos por responder a la dramática realidad ayacuchana a lo largo de estos veinte años. Pero fue una Iglesia silenciosa, entre otras razones porque era muy peligroso hablar y denunciar los abusos, y porque los arzobispos desalentaban actitudes más comprometidas. En efecto, una religiosa fue impedida de ingresar a la ciudad en el aeropuerto en tiempos de Mons. Richter. Los franciscanos fueron retirados de la Parroquia San Juan Bautista para darla a sacerdotes del Opus Dei. Mons. Cipriani se molestó cuando uno de los jesuitas le llevó al padre de dos jóvenes desaparecidos, los Mansilla, poniendo en duda lo que le contaron que había sucedido, y no ofreciendo ningún aliento ni consuelo. A otro jesuita lo acusó de terrorista por el mero hecho de enseñar en la universidad.

Las Misioneras Dominicas, establecidas muchos años en Ayacucho, habiendo llevado durante años un colegio nacional y con prestigio y buen conocimiento del medio, atendían varios campos necesitados: mujeres, cárceles, esto último con la ayuda del obispo Richter en alimentos y también con medicinas a través de OAASA, y de un grupo de señoras esforzadas que apoyaban este trabajo. Cabe destacar la labor de la madre Covadonga religiosa dominica que prestó y presta ayuda incasablemente a la población ayacuchana. la situación de los presos era dramática. Los PP. Franciscanos recogían también ayudas para los presos para que comieran algo. Las Hermanas de los Ancianos Desamparados atendían el Hogar cada vez más poblado. Las congregaciones religiosas no se retiraron, por el contrario, llegaron nuevas. Las Hijas de Santa Ana llegaron en esos años de violencia para atender el puericultorio, donde cada día aumentaba el número de niños huérfanos a causa de la guerra. Llegaron las franciscanas para asumir la Casa Hogar de Tambo, las Mercedarias, para asumir la Casa Hogar de Huancapi, las Canonesas de la Cruz para el hogar de Huanta. Las salesianas mantenían su colegio y cada congregación desde su particular carisma y desde una gran sencillez, trató de dar un testimonio de coherencia y compasión. Entre las que llegaron estuvo una comunidad de hermanas franciscanas que no dejaron de estar en las zonas más difíciles y peligrosas. En 1989 fueron visitadas de madrugada por las FF.AA. que tiraron la puerta. Ellas protestaron y se quejaron ante el obispo, que habló al general Jefe Político Militar de la zona, quien se disculpó y dijo «que los militares se habían equivocado». Cuentan otras religiosas que han sufrido con el pueblo infinidad de veces, que se cansaban de rezar y de cantar. Muchas veces solo podían llorar con los que lloraban, ir a buscar con ellos los cadáveres a. la morgue, a las quebradas. Sentían que la muerte estaba cercana para todos. En este contexto, las misiones de la CONFER, como vimos, fueron muy importantes.

En 1987 el P. Carlos Schmidt, S.J. asumió la dirección de una nueva oficina: OAASA-Oficina Arquidiocesana de Acción Social de Ayacucho, que reemplazó Cáritas. El P. Schmidt contaba con un equipo de enfermeras, médicos y asistentes sociales. También formó parte del equipo una dominica ayacuchana quechua-parlante, la hermana Victoria Leaño. OAASA marcó un hito importante en la labor de la Iglesia; realizaba algunas de las funciones de Cáritas -asistencia humanitaria, que incluía atención con alimentos y medicinas a la población pobre, a los presos en las cuatro cárceles de Ayacucho a través de las Hermanas Dominicas, a los asilos y orfanatos - pero además asistía a las víctimas de la violencia y sus familiares, que acudían a OAASA en busca de protección y ayuda. En los años 88 y 89 se realiza una acción social que lleva a la Iglesia a retomar el contacto con las mujeres de los asentamientos humanos en toda la provincia de Huamanga e incluso a nivel del departamento, desde la óptica de la dignidad de la persona humana. Como dice uno de sus integrantes, en frase que expresa la posición de gran parte de la iglesia peruana: «el enfoque que dábamos a nuestro trabajo, en una etapa de violencia, era que los Derechos Humanos tenían que ser respetados; y cuestionamos igualmente la brutalidad de Sendero, como también los excesos del Ejercito y del Estado a través de sus instituciones... íbamos con el aliento a la población, frente a la agresión de ambos bandos nos ubicamos junto a la población que estaba desprotegida» (Anexo 4). Daban aliento y fomentaban la solidaridad y el espíritu crítico. OAASA era un apoyo efectivo a las víctimas de la violencia de ambas partes. Brindaba también atención médica y legal e implementó algunos proyectos de desarrollo. En la sequía del año 89 fue una de las instituciones que ayudó a la formación de CIDRA, el Comité Institucional de Desarrollo Rural, y canalizó el apoyo de emergencia con semillas a todo Ayacucho. OAASA trabajó estrechamente con otras entidades que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas de la violencia, especialmente CEAS, que ayudaba en una pastoral de la denuncia haciendo públicos los hechos a nivel nacional, apoyaba el trabajo de defensa legal y el campo social, así como la pastoral carcelaria, y le daba una dimensión nacional; iniciaron también un trabajo de prevención de la violencia, de difusión de la no-violencia activa y de educación para la paz.

La salida al campo no era fácil, pues se debía informar al Ejército y sacar el salvoconducto para transitar por algunas zonas denominadas peligrosas, como Huancapi o Tambo. Además, había que ser muy cautos, tener el salvoconducto bien escondido por si se encontraban con Sendero. Pero el equipo de OAASA salía al campo. En la distribución de alimentos el trabajo de OAASA llegaba a casi todas las parroquias del departamento; el trabajo de promoción técnica y de salud llegaba a Huanta, Tambo, Huancapi, y Cangallo. La labor de OAASA era muy reconocida por la población. Sin embargo, el proyecto pastoral del nuevo obispo auxiliar Mons. Cipriani no encajaba con el trabajo de pastoral social de OAASA, pues según él esta no era labor de sacerdotes sino de laicos; él quería una Iglesia centrada en el culto y la oración, no consideraba que la promoción humana era parte de la tarea de la Iglesia; «la iglesia según él, debe ser simplemente de rezo y reflexión personal, pero no de promoción social», dice una testigo. Tampoco aprobaba que los jesuitas enseñaran en la universidad, porque afirmaba que esa no era una función sacerdotal, ni les permitía trabajar en el campo, dos espacios que ellos consideraban prioritarios precisamente para contrarrestar a SL. En julio de 1990 se declara OAASA en reorganizaron y pidieron la renuncia del equipo. Tras muchas dificultades, el P. Schmidt tuvo que renunciar a OAASA, y finalmente dejar Ayacucho; murió dos años después. Con su salida se paralizaron proyectos de desarrollo sumamente importantes para aquel tiempo de profunda crisis. La Hermana Victoria Leaño también tuvo que salir de Ayacucho. OAASA finalmente fue cerrada. Los archivos fueron quemados. En adelante ya no habría otra oficina similar en la arquidiócesis de Ayacucho, a diferencia de la mayor parte de las arquidiócesis y diócesis en las zonas afectadas por la violencia.

Apurímac

El obispo, Mons. Pélach, era asociado al Opus Dei, y tuvo después como auxiliar a Mons. Sala, miembro del Opus Dei, quien lo sucedió a su retiro. Cabe señalar Ante las desapariciones cada vez más frecuentes, Mons. Pélach autorizó que un abogado enviado por CEAS tuviera una oficina de asesoría legal para las víctimas, pero sin ninguna conexión con la iglesia. Posteriormente esta oficina fue cerrada, y el nuevo obispo Mons. Sala desconfiaba de los defensores de derechos humanos como comunistas, incluso los de CEAS.

Huancavelica

En marzo de 1982 se produce la renuncia de Mons. Coronado, faltándole aún tres años para cumplir los 75 que establece el canon, y asume el obispado Mons. Demetrio Molloy, del Opus Dei.

Al desencadenarse la violencia política, se empiezan a producir atentados como por ejemplo el derribamiento de torres eléctricas que atravesaban las pampas. La violencia también afecta a la iglesia. En julio de 1984 dinamitan una iglesia en Castrovirreyna (Desco 1988). El 7 de febrero de 1990, el párroco del distrito de Iscuchaca, Reynaldo Sáenz Tascano, de la orden de los Vicentinos, 55 años, fue asesinado por cuatro sujetos no identificados, cuando se dirigía a Huancayo (S 28.2.90). Luego vienen las masacres y la respuesta represiva |6|. En enero de 1991, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, senador Raúl Ferrero, reveló que sólo en los primeros 5 meses de gobierno de Fujimori desaparecieron alrededor de 200 personas en el departamento de Huancavelica. El pueblo indefenso se encuentra entre dos fuegos, víctima de ambos bandos. El obispado permanece literalmente cerrado, y la población se encuentra abandonada.

3.3.1.3.2. Región Sur Andino: Puno y Cuzco

La llamada Iglesia del Sur Andino integraba en 1980 la Arquidiócesis del Cusco, la Diócesis de Puno y las Prelaturas de Juli, Ayaviri y Sicuani. Creadas estas últimas en 1957, fueron confiadas respectivamente a los Misioneros de Maryknoll, a la Congregación de los Sagrados Corazones y a la Orden de Carmelitas. Este hecho explica la presencia de misioneros y misioneras extranjeros en ellas, que juntamente con el clero diocesano nacional constituían las fuerzas vivas de esta Iglesia Regional. Al comienzo formaron parte de la región la diócesis de Abancay y la prelatura de Chuquibambilla, pero se retiraron antes de los 80

La peculiaridad de la Iglesia Católica en el Sur Andino viene dada por un conjunto de circunstancias que fueron haciendo de ella una presencia significativa, renovadora y profética, desde mucho antes de que empezara a actuar SL en la región.

La ubicación de equipos pastorales inspirados en una teología avanzada en el Concilio Vaticano II, en las parroquias del campo hasta los lugares más apartados, era acompañada y reforzada por estas instituciones que, desde distintas entradas, permitían coordinar un trabajo planificado en conjunto.

Fue a partir de 1981, cuando SL se hizo presente en la región, que las amenazas se convirtieron en ataques y atentados, unas veces del mismo SL y otras muchas de grupos paramilitares o de las fuerzas militares.

No es de extrañar que las obras institucionales de la Iglesia que promovían desarrollo y organización del campesinado fueran reiteradamente atacadas por SL, dada su estrategia. En 1981, en los mismos comienzos de la guerra, SL atacó el Instituto de Educación Rural (IER) de Palermo, cerca de Juli, dirigido por los Padres de Maryknoll. Después de destruir la obra educativa, un mes más tarde, lanzaron una bomba contra la sede de la Prelatura de Juli. Estos dos asaltos provocaron una ola de indignación en la región y varios miles de campesinos del Surandino acompañados de sus agentes pastorales, participaron en una marcha de desagravio en noviembre de 1981.

Fue en medio de las luchas campesinas por recuperar tierras de las SAIS por vía pacífica y por mejorar la producción a través de las empresas comunales, que se hizo abiertamente presente la violencia de SL, que venía rondando la zona silenciosamente, sobre todo a través de algunos estudiantes y de algunos profesores en el campo. En los años 80 era común escuchar que Puno iba a ser un segundo Ayacucho, por su pobreza y su gran población indígena, pero Puno se distinguía de Ayacucho en dos aspectos importante. No sólo porque desde los años 70 distintos grupos de izquierda habían organizado a los campesinos, creando en ellos un nivel de conciencia política, sino también por el trabajo evangelizador de esta Iglesia solidaria, dinámica y progresista de la región, que había logrado crear un nuevo sentido de pertenecer a la Iglesia entre miles de pobladores. Los campesinos del sur, que ya se habían organizado, supieron reaccionar ante la propuesta senderista que se dedicaba a destruir, no a apoyar sus organizaciones. A esta actitud contribuyó con su presencia una Iglesia renovada que supo estar a la altura del momento social.

Con todo, esta Iglesia tuvo que soportar un clima de hostigamiento y sospecha permanente por parte de los grupos de poder, de sectores del ejército y fuerzas policiales que la acusaban de apoyar a los terroristas. Como decía Mons Albano Quinn: «Esta tarea de ayudar a construir Iglesia, según el Espíritu y según el Magisterio del Vaticano II, Medellín y Puebla, es a veces mal vista y mal interpretada. Ha sido motivo de calumnia, de falsas y gratuitas denuncias de que la Iglesia está apoyando al terrorismo, que la Iglesia está infiltrada» (Obispos del Sur Andino 1994: 186).

Los principales hechos de violencia contra la Iglesia son los siguientes:

En julio de 1984 se produce un intento de asesinato al P. Francisco Gmür, párroco de Putina. En mayo de 1985 hay un atentado a Iglesia de Azángaro. En agosto de 1986 desconocidos vuelan la antena de Radio Onda Azul en Puno, ese mismo mes colocan una carga explosiva en Departamento de solidaridad en Ayaviri. En octubre de 1986 hay un atentado terrorista en el local parroquial de Asillo (Azángaro). En mayo de 1989 SL destruye Instituto de Educación Rural (IER) de Waqrani (Ayaviri) en su totalidad. En ese mismo mes y año amenazan a Mons. Francisco d'Alteroche, Prelado de Ayaviri, y le obligan a dialogar. El 24 de junio de 1990 es asesinado por SL el catequista campesino Florentino Soncco, en el distrito de San Antón (Azángaro). En febrero de 1991 el local de Cáritas en Azángaro es atacado con explosivos.

Pero siempre cada acción de SL contra la Iglesia fue seguida por respuestas de repulsa en toda la región. La Iglesia impulsó la creación casi simultánea de las Vicarías de Solidaridad: en julio de 1986 en la Prelatura de Ayaviri, en octubre en la Diócesis de Puno, en 1988 en Juli y en Sicuani. Estas Vicarías hacían un trabajo legal, pero sobre todo impidieron que el miedo paralizara a la gente en una época de gran desconfianza. Lograron instalar radios en todas las parroquias del campo que vivían en un contexto de violencia terrorista, con el fin de mantener con ellas una comunicación diaria. Por este medio se conocía de inmediato todo lo que ocurría en los lugares más apartados, lo que contribuyó a evitar desapariciones de dirigentes campesinos. Se pudo poner a salvo en varios casos a los que corrían un peligro real. Gracias a los servicios de las Vicarías también se pudo acompañar de cerca a las víctimas de la violencia, fueran campesinos, autoridades o policías, y a sus familiares. Las Vicarías de Solidaridad permitieron un trabajo en equipo y este espíritu de equipo fortalecía a los agentes pastorales, ayudándoles a permanecer acompañando al pueblo en los lugares apartados y peligrosos en los que se encontraban. Otro aspecto importante del trabajo de las Vicarías fue el servicio internacional que pudieron prestar los agentes pastorales extranjeros, informando en sus países de origen sobre la fisonomía del grupo terrorista SL y sus diferencias con otros movimientos revolucionarios que en esos años despertaban solidaridad internacional.

Durante todos los años de la violencia, la Iglesia Surandina siguió convocando a los campesinos y pobladores para congresos, simposios, etc. con el fin de animarles y fortalecer los lazos de solidaridad, ayudándoles así a responder a la violencia constructivamente. En 1987 se realizó en Puno un Congreso teológico con el lema: «Evangelizar: sembrar la vida, cosechar la paz»; participaron 5.000 delegados de todo el Sur Andino. En 1992 los Obispos de Puno, Ayaviri y Sicuani organizaron una peregrinación al santuario del Señor de Huanca en el Cusco; los mismos prelados participaron junto con el pueblo; algunas de las pancartas anunciaban el lema de la procesión: «Por la vida y la paz». Con este tipo de manifestaciones religiosas la Iglesia desafió abiertamente a SL, subrayando a la vez su propia capacidad de convocatoria. Frente a los que la acusaban de fomentar el terrorismo, el Obispo de Puno, Jesús Calderón, respondió que al contrario, el terrorismo no había crecido más en la región precisamente porque encontró una Iglesia viva.

En 1981 Mons Alberto Koenigsknecht, Obispo de Juli, a raíz de los atentados sufridos por esa Iglesia en 1981, emite un mensaje titulado Somos Iglesia, una «Iglesia en marcha.

En 1986 la Iglesia del Sur Andino firma un pronunciamiento: Urgidos por nuestra fidelidad.

Ese mismo año publican otro documento titulado: Siguiendo a Cristo, donde expresan:

nosotros pastores de la Iglesia en el Sur Andino, nos sentimos obligados a acompañar a nuestro pueblo en la dura y sufrida situación actual... Últimamente se van intensificando hechos que nos golpean fuertemente:

- Un clima generalizado de violencia en contra de las comunidades campesinas, por parte de aquellos que se oponen a una repartición equitativa de las tierras. Esta violencia ha tenido como resultado: campesinos heridos, animales robados o degollados y múltiples amenazas contra la vida de los pobres.

- Ataques a agentes pastorales por su compromiso evangélico con los marginados y desposeídos, ataques expresados en calumnias y difamaciones que pretenden descalificar el trabajo pastoral de la Iglesia en esta parte del Perú.

- Presencia en nuestra zona de grupos que, en su afán de buscar una sociedad más justa, utilizan, equivocadamente, métodos violentos que siembran muerte, terror, inseguridad y miedo en una población que ya ha sufrido y sufre demasiado.

- Corrupción e incapacidad de parte de algunas autoridades y funcionarios que provocan exasperación y violencia de parte de un pueblo que no tiene quien acoja sus justos reclamos

Un hito muy importante es el Encuentro Puno quiere la paz, en agosto de 1986, convocado por la Iglesia del Sur Andino, junto con el Coddeh-Puno y la Comisión Episcopal de Acción Social. En la Declaración final de este evento, se dice:

Nos anima la preocupación de enfrentar la violencia mediante el diálogo alturado, el debate democrático y la afirmación de los derechos humanos. La presencia de la Iglesia y cristianos, así como de hombres y mujeres de buena voluntad, se explica claramente por el compromiso vital de ella con la vida... Queremos afirmar la vida y cerrarle el paso a quienes desde las múltiples violencias, acosan a las organizaciones democráticas y en general a todos los ciudadanos del departamento. Queremos cerrarles el camino a quienes, desde la violencia política, o desde un errado ejercicio de responsabilidades estatales, pueden convertir Puno en otro Ayacucho... Hemos considerado indispensable que en Puno, todos los ciudadanos, la Iglesia, los municipios, la universidad, los colegios profesionales, las organizaciones representativas del campesinado y los trabajadores, los Coddehs, las autoridades, los partidos políticos nos debamos comprometer con:

A/ La afirmación de que la vida es un derecho fundamental y que no existe razón alguna, ni política, ni de estado, ni militar u otra que justifique el asesinato de un ser humano.

B/ La preservación y profundización de la democracia y el estado de derecho, el desarrollo de la vida de todos y sobre todo de los más pobres, que garantice la vigencia y preservación de los derechos humanos.

C/ La promoción del diálogo y el debate alturado, pacífico y respetuoso entre los partidos políticos.

D/ El cambio sustancial de la estrategia antisubversiva, que gire hacia un irrestricto respeto de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, el respeto a la libertad de organización.

E/ El llamado a los grupos alzados en armas, instándolos a dejar la lucha violenta, a deponer las armas y a respetar los derechos humanos y la voluntad democrática de las organizaciones populares.

F/ Exigir la justicia y la sanción efectiva a todas aquellas personas, miembros o no de las fuerzas del orden, responsables de la violación de los derechos humanos. G/ Impedir la militarización y la declaración de estado de emergencia en nuestro departamento, cerrándole así el paso a salidas violentistas a nuestros problemas»

En enero de 1987 aparece el importante documento Evangelizar: sembrar la Vida, cosechar la Paz, que afirma:

Al comenzar el año 1987, en el Día Mundial de la Paz, queremos renovar nuestra misión de anunciar el Reino de Dios. Reino de la verdad y de la vida, de la justicia y la paz, de la gracia y la libertad. Reino del amor. Estamos profundamente convencidos que dentro de este anuncio está la respuesta a la situación de violencia y de muerte que hoy sufre nuestro pueblo. Violencia y muerte que destruyen, hacen sufrir y nos sumen a todos en una realidad dolorosamente trágica... convocamos a todas nuestras comunidades de Iglesia y a cada uno de nuestros agentes pastorales. Los urgimos a trabajar por una opción radical por la vida y la paz, en lo cual puede resumirse lo más importante del testimonio y mensaje de Jesús

En mayo de 1991, en el documento Unámonos por la Vida y la Paz, del Consejo Regional por la Paz, presidido por Mons. Jesús Calderón, se dice que:

Frente a la situación de violencia... consideramos también necesario: ...seguir llamando a los grupos alzados en armas para que recapaciten sobre el costo social del camino elegido por ellos, pues aunque son gente nacida en nuestro país, no representan a las mayorías ni escuchan el clamor de este pueblo por la vida, paz, justicia social y organización. Y piensen si es posible construir un Perú nuevo, con tanta destrucción, tanta muerte, llanto y sufrimiento como ellos están sembrando

La Iglesia del Sur Andino, con su compromiso al lado del pueblo y con su palabra oportuna y pertinente, fue sin duda uno de los factores más importantes para que en la región no solamente no se expandiera SL, sino para que no se produjeran masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de los subversivos y de las fuerzas del orden, como sucedió en otros lugares donde no hubo este tipo de presencia eclesial.

3.3.1.3.3. Región Centro: Junín

En la Arquidiócesis de Huancayo, el obispo era Mons. Eduardo Picher Peña, quien fue trasladado al Ordinariato Castrense en junio de 1984. En octubre de 1985, Mons. Emilio Vallebuona Merea, salesiano, se hizo cargo de esta Arquidiócesis; murió el 28 de noviembre de 1991. En diciembre de ese mismo año fue designado como Administrador Apostólico el P. José Ríos Reynoso, quien fue nombrado Arzobispo en diciembre de 1995.

Como otros departamentos, fuertemente castigados por la violencia, la población del Valle del Mantaro se encontró entre dos fuegos, pues tanto la subversión como la respuesta represiva fueron muy fuertes, crueles y prolongadas; además, las pugnas entre SL y el MRTA también ocasionaron víctimas.

Hubo comunidades parroquiales donde algunos sacerdotes, religiosas y laicos se comprometieron seriamente, aún con riesgo de sus vidas, para denunciar los crímenes y las graves violaciones a los derechos humanos, defender a las víctimas, acompañar solidariamente a su pueblo y clamar por la paz con justicia.

En 1987 el área de Pastoral Social del Arzobispado firma un convenio con CEAS y organiza la Comisión Arquidiocesana de Acción Social (CAAS), la misma que se llamará después Vicaría de Solidaridad del Arzobispado de Huancayo (VISAH) y, actualmente, Oficina de Pastoral Social y Dignidad Humana (PASDIH). Esta Oficina, contando con el apoyo de CEAS, denuncia violaciones a los derechos humanos, tiene presencia casi cotidiana en las bases militares, dependencias policiales y comisarías de Huancayo, Concepción y Jauja, para evitar que los detenidos fueran torturados o desaparecidos. También acompaña a los familiares para ir a la morgue, compartiendo con ellos su dolor. Lamentablemente, a medida que pasa el tiempo, las denuncias de desaparecidos van siendo muy numerosas.

El 28 de junio se realizó una marcha por la paz y la no violencia organizada por el Concejo provincial de Huancayo, con la participación de cerca de 50 mil estudiantes, trabajadores, delegados de instituciones, ciudadanos de pueblos jóvenes y autoridades. Mons. Vallebuona dirigió un mensaje a la ciudadanía: «Juntos venimos a proclamar que queremos la paz. En esta ciudad huanca se siente, se oye el clamor angustiado de nuestra gente que implora la paz. Hay ya mucho sufrimiento a causa de la espiral de violencia, que ha puesto su centro también entre nosotros», indicó. (EC 29.6.89).

El 10 de noviembre de 1989, se realizó una gran marcha por la paz convocada por Izquierda Unida, con el lema «Huancayo escoge la vida». Mons. Vallebuona tuvo a su cargo una breve alocución: «Basta ya de derramamiento de sangre; basta ya del crimen de Caín. Queremos que reine la paz y que haya una vida digna y justa para todos los peruanos», señaló. El acto fue respaldado por todas las fuerzas políticas, que participaron sin ningún tipo de identificación partidaria (S 15.12.89)

El 30 de septiembre de 1991 fue asesinado por SL el joven laico Jorge Luis Cerrón Acosta, de 22 años, estudiante de ultimo año de agronomía en la UNCP y miembro del Equipo de Pastoral Universitaria (EPU) y de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX); también apoyaba desde su especialidad a grupos de campesinos pobres; era muy reconocido como líder en la universidad, por lo que tanto SL como el MRTA intentaron, sin éxito, captarlo. Al bajar las gradas de su facultad, le dispararon un tiro en la nuca, desde atrás, y fue rematado por un segundo tiro en el suelo. Sobre su cadáver dejaron un cartón con «la justificación» de su condena: «por engañar a los pobres del campo», con alusión a su apoyo técnico, su identidad católica y su relación con EPU (Anexo 8). A poco más de una semana del asesinato, comenzaron a aparecer en la cartelera de SL los nombres de otros integrantes de EPU, fichados para ser asesinados, lo cual les obligó a tomar medidas de extrema cautela y no concurrir a la universidad.

El 5 de marzo de 1992, un comando de SL asesinó a 8 maestros del Colegio «Ramiro Villaverde» de Huancayo. Para el entierro hubo una Misa concelebrada en la Catedral presidida por Mons. José Ríos. Dos días después, los sacerdotes y religiosas de Huancayo manifestaron su condena, expresaron su enfático rechazo a la ola de violencia que vive el país y declararon que en el Perú de nuestros días «no hay muertos ajenos, porque la muerte de un hermano nos afecta a todos» (LMD 7.3.92).

Las Parroquias de Chongos Alto y de Colca, ubicadas en el extremo sur del departamento de Junín, colindando con los departamentos de Huancavelica y Lima, cuentan con unas 30 comunidades campesinas. En 1983 un grupo de SL, proveniente de Huancavelica, quema algunas oficinas y destruyen maquinarias de las haciendas de Laive, Antapongo y Túcle, pertenecientes a la ex SAIS «Cahuide». En los años siguientes, SL empieza sus charlas de adoctrinamiento en varias comunidades campesinas, destruyen locales y documentos de los concejos municipales, se enfrentan con los miembros de la Policía, originando el cierre de los Puestos Policiales de Colca y Chongos Alto. En noviembre de 1987 es asesinado por SL el Ing. Luis Capcha, administrador de la Hacienda Laive; seguirán después más de 30 asesinatos selectivos de asesores, profesores, líderes y autoridades comunales; también la total destrucción de la infraestructura, ovinos y vacunos de raza, de la SAIS «Cahuide», quedando en la calle unos 850 trabajadores. La peor tragedia fue la madrugada del 12 de abril de 1989, en que SL asesinó en la plaza de Chongos Alto a 12 autoridades comunales de Chongos Alto, Chicche y Llamapsillon; quemando y destruyendo totalmente el local municipal. No contaron con el apoyo del arzobispado, incluso cuando días después los 12 cadáveres fueron llevados a la morgue de Huancayo; sin embargo, el párroco acompañó a las familias en todo ese doloroso proceso.

Con relación a la Iglesia local, SL intentó, sin lograrlo, prohibir: la enseñanza del curso de religión, la asistencia a Misa o la celebración de las fiestas patronales. En una oportunidad, durante la semana santa, SL realizó un concurso de bailes típicos, sin mayor concurrencia. En otras ocasiones metían miedo a los feligreses con los apagones o explosiones de dinamita cerca del templo. También pesaban sobre los agentes pastorales insultos y amenazas (Cf. Archivo parroquial de Chongos Alto).

En la Parroquia San Juan de Jarpa (Provincia de Chupaca, Junín), con más de 25 comunidades campesinas, en 1977 los jesuitas crean el centro Promoción y Capacitación de Adultos (PROCAD). Desde 1986 SL realiza incursiones cada vez más frecuentes en las comunidades campesinas de la zona y exige la renuncia de las autoridades, deshacer las pequeñas empresas productivas comunitarias y no enseñar religión en las escuelas; además dejan afiches en las paredes de las casas y, lo que es más grave, asesina a varios ingenieros que trabajaban en proyectos de desarrollo. El 17 de agosto de 1988 un grupo de SL secuestró en San Pedro de Julcán a dos profesores de PROCAD, se apoderó de dos camionetas y se desplazó hacia San Juan de Jarpa, en donde asesinaron al gobernador, quemaron el municipio, la casa del alcalde y las oficinas de PROCAD. Luego siguieron hacia el vecino distrito de Yanacancha, soltaron a los profesores pero incendiaron otros locales y la camioneta. El día 20 los subversivos asesinaron a otros dos ingenieros en San José de Quero. En la noche de Navidad de 1988, como a la 1 a.m., un grupo de al menos doce miembros de SL incursionó nuevamente en Jarpa, convocaron al pueblo en la plaza, entraron en la casa parroquial y tras pintar con lemas el interior de la casa y la camioneta, obligaron a los dos sacerdotes a ir a la plaza con las manos en la cabeza. Por espacio de dos horas los senderistas les dirigieron una arenga explicándoles cómo tenían que organizarse y cómo esa zona iba a ser un territorio liberado. Cuando terminó la arenga, uno de los sacerdotes anunció que al día siguiente iban a celebrar la misa de Navidad en una de las comunidades cercanas, a lo que el que parecía comandar el grupo les respondió que podían quedarse en el pueblo pero no salir de él. Los jesuitas permanecieron en Jarpa al menos hasta dos años después, no aceptaron salir mientras duró el peligro para la gente a la que acompañaban en esa situación difícil, aunque mientras tanto no pudieron continuar con su labor social. Cuando tuvieron que retirarse de la zona, siguieron durante un tiempo atendiendo a la comunidad de Jarpa, viajando desde Huancayo.

En Huaripampa (Provincia de Jauja), el 16 de junio de 1989 fue asesinado el párroco Teodoro Santos Mejía, de 29 años, baleado durante un ataque al puesto policial por elementos de SL; junto con él fallecieron dos policías en servicio (S 23-6-89, LR 17.6.89).

En la Parroquia de Morococha (Provincia de Yauli-La Oroya), el 30 de noviembre de 1988, el sacerdote francés Carlos de Laguiche de Broglie, fue detenido por la Guardia Civil de Morococha y, días después, trasladado a Lima al Departamento de Seguridad del Estado, acusado falsamente de estar involucrado en acciones subversivas. Pocos días después fue liberado, gracias a CEAS, a Mons. Germán Schmitz y a los padres de los Sagrados Corazones de la Recoleta, que alertaron al Ministro de Justicia, Dr. César Delgado. Por su parte Mons. Vallebuona dijo lo siguiente: «junto con el clero, religiosos, religiosas y Pueblo de Dios en general, no permitiremos abusos de esta naturaleza en base a simples sospechas y levantaremos enérgicamente nuestra voz de protesta a favor de nuestros sacerdotes, religiosas, agentes de Pastoral o cualquier ciudadano, invocando el imperio de la justicia y de la verdad».

En la vecina Diócesis de Tarma, el 21 de mayo de 1991, la religiosa Irene Mc Cormack, natural de Australia, 52 años, fue asesinada por SL en la localidad de Huasa-Huasi. La religiosa trabajó en el país por 4 años y había recibido amenazas anteriormente para que abandonara su trabajo, que incluía la repartición de alimentos a los pobres. Un grupo de unos 80 senderistas incursionó en el distrito, y la mataron tras un juicio popular, «por distribuir alimentos contaminados que tienen por finalidad embrutecer al pueblo, y por ser yanqui imperialista». También asesinaron a 4 dirigentes comunales, a los que acusaron de soplones, y dinamitaron varios locales (S 15.6.91).

3.3.1.3.4. Región Oriente: San Martín, Ucayali y Huanuco

En los años 80 la Amazonía se dividía en nueve jurisdicciones eclesiásticas: Iquitos, Moyobamba, Pucallpa, Puerto Maldonado, Requena, San Francisco Javier (Jaen), San José de Amazonas, San Ramón y Yurimaguas. Todas eran «vicariatos apostólicos», menos Moyobamba, que era una prelatura. En general estas jurisdicciones se repartían entre distintas órdenes y congregaciones misioneras: Iquitos fue confiada a la provincia española de los agustinos del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas; Moyobamba fue administrada por claretianos españoles, aunque también había muchos pasionistas; Pucallpa, por la Sociedad para las Misiones Extranjeras de Québec; Puerto Maldonado, dominicos españoles; Requena, la Provincia Misionera Franciscana San Francisco Solano (frecuentemente llamada la provincia española de franciscanos); San Francisco Javier (Jaen), los jesuitas; San José del Amazonas, franciscanos canadienses; San Ramón, la Provincia Misionera de San Francisco Solano, y Yurimaguas, pasionistas españoles.

En la Amazonía la mayor parte del personal es extranjera: de órdenes y congregaciones religiosas, masculinas y femeninas. También existe el clero secular o diocesano, pero generalmente menor en número que el clero religioso. En toda la región amazónica al comienzo de los años 80 había aproximadamente 200 sacerdotes, 27 hermanos, 394 religiosas y 100 misioneros laicos. Además, había 70,000 alumnos en 1,250 centros educativos de la Iglesia, 10 escuelas normales con 1,060 alumnos, 55 centros sanitarios, 23 cooperativas, 85 centros de alfabetización para adultos, 31 escuelas profesionales y 5 escuelas radiofónicas.

Igual que en el Sur Andino surgió una Iglesia amazónica con bastante coordinación entre las distintas regiones, a pesar de la gran dispersión geográfica. En 1972 el sacerdote agustino Joaquín García fundó el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA), para la formación de catequistas, y en 1974 los prelados del área crearon el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica con el fin de promover la investigación sobre las culturas y las religiones amazónicas y apoyar a los nativos en sus esfuerzos para proteger sus derechos y su identidad cultural. El CAAAP tiene oficinas en Iquitos, Lima y en varios otros lugares de la Amazonía.

En la región estaban presentes SL y el MRTA. En todas partes de la selva central la Iglesia, sus centros educativos, misiones y organismos para la defensa de las culturas indígenas, como CAAAP, sufrieron amenazas y ataques directos de parte de los terroristas, así como de las fuerzas del orden. Efectivamente, la Iglesia se encontraba en medio de dos fuegos, además de los traficantes de drogas. El 13 de agosto de 1983 en Iquitos, en comunicado dirigido a la opinión pública y a los fieles, los obispos de Iquitos y San José del Amazonas, pertenecientes a la Orden de San Agustín y Franciscanos Misioneros, respectivamente, esclarecen y rechazan versiones sobre el brutal allanamiento de los locales del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP, vinculado a la Iglesia) por miembros de la Guardia Civil, cumpliendo órdenes superiores, a altas horas de la noche del 28 de julio, arrancando a golpes las puertas de estas instalaciones con el objeto de encontrar en su interior material subversivo. Ante este hecho los obispos manifiestan que «como responsables máximos de la mencionada institución rechazamos, venga de donde viniere, cualquier acusación de subversión y otros» (EO 14.8.83).

El Vicariato Apostólico de Jaén, junto con Moyobamba y Chachapoyas, conducidos por Mons. Venancio Orbe C.P., Antonio Hornedo S.J. y José María Izuquiza S.J., trabajaron cerca de las rondas campesinas alimentadas por laicos catequistas comprometidos, y así previnieron la violencia. El obispo de Jaen, Mons. Izuzquiza, se distinguió por su apoyo a los campesinos en la defensa de los bosques de San Ignacio frente a intereses depredadores, y frente a las acusaciones de terrorismo que los encarcelaron injustamente.

La Prelatura de Moyobamba se destacó por sus reacciones positivas frente a la amenaza subversiva. En están presentes las congregaciones religiosas de los y las Pasionistas, Vicentinos, Diocesanos, las hermanas Vicentinas, las Compasionistas, Las Misioneras de la Virgen del Pilar, Mercedarias y Dominicas.

También, como en Cajamarca, surgieron en San Martín rondas campesinas que fueron asesoradas por OPASM (Oficina Prelatural de Acción Social), que tuvo su sede en Tarapoto. Se fundaron rondas campesinas autónomas, por ejemplo Shapaja y Juan Guerra, pero después el ejército creó los comités de autodefensa y obligaron a las rondas a adecuarse a ese nuevo formato. En toda la prelatura, OPASM organizaba talleres y cursos para campesinos, estudiantes, profesores y catequistas, sobre derechos humanos y la violencia. En reconocimiento a su iniciativa, en abril de 1991 OPASM fue elegida para presidir la Comisión de Pacificación de la Región San Martín (Taller 1993:27-29).

El P. Antonio García Pezo, párroco de la catedral de Moyobamba, dice:

La Iglesia ha hecho sentir su presencia a través de las marchas por la Paz, con los distintos grupos parroquiales, y también con peregrinaciones a la Virgen de Tabalosos, a la Virgen de la Natividad, y a nivel del Alto Mayo, actividades interparroquiales, y a nivel de comunidades, también se han hecho marchas con pancartas, con polos, con altoparlantes, en marchas por las ciudades. Nosotros designamos, tal mes en la Parroquia tal, tal mes toca aquí, así de distintas parroquias, para hacer sentir a la gente que la Iglesia quiere Paz, el Pueblo quiere paz, la Iglesia está pidiendo a todos los hombres que amemos la vida y la paz (Anexo 14:15)

La Iglesia también medió para la solución de algunos secuestros, como el de los nueve policías de Juanjui, y para la entrega de los arrepentidos de SL y del MRTA, entre ellos varios mandos de la zona.

En el Vicariato Apostólico de San Ramón, el 27 de septiembre de 1990, en la Misión de la Florida-Chanchamayo, en Junín, una banda de jóvenes de entre 15 a 18 años, incitados por senderistas endurecidos, realizó un juicio popular que terminó con la ejecución sumaria de ocho personas. Una de las víctimas, escogida intencionalmente, fue la Hermana María Agustina Rivas, de 70 años de edad, quien era de la congregación del Buen Pastor y ejercía el cargo de cocinera. Los cargos que le hicieron fueron por «hablar de paz y no hacer nada, por estar trabajando con los asháninkas, por estar organizando, por distribuir alimentos» (S 30.10.90).

Uno de los casos más dramáticos fue el de los asháninkas que vivían por las riberas del río Ene en el Oriente central. Los misioneros franciscanos que trabajaban con los asháninkas no tenían una estrategia definida para enfrentar la amenaza. En mayo de 1984 la Misión de Cutivireni sufrió un violento ataque por un grupo senderista; los equipos de radio fueron destruidos, así como la escuela, la posta, la tienda comercial, los talleres, la vivienda de los religiosos y la capilla, y los atacantes preguntaban «¿Dónde está ese cura explotador? Queremos degollarlo» (DESCO 1989). El encargado de la misión, el P. Mariano Gagnon, de origen norteamericano, intentó armar a los nativos con armas del ejército e, inclusive, pidió ayuda a los asesores militares norteamericanos que operaban en una base en Mazamari, cerca de Satipo. Frente a los ataques constantes de Sendero, el franciscano norteamericano, en 20 distintos vuelos, envió por avioneta a un reducido número de asháninkas a la jurisdicción eclesiásticas de los dominicos, 240 kilómetros al este. Luego, él mismo se retiró de la zona (Gorriti 1990:40-45 ,65-72). Miles de asháninkas fueron capturados por SL y reducidos a la esclavitud o asesinados. En 1993, en venganza por apoyar a las rondas de autodefensa, SL atacó a los asháninkas en el pueblo de Mazamari, masacrando cerca de 59 hombres, mujeres y niños. El Vicariato Apostólico de San Ramón, que abarca una parte importante del territorio de los asháninkas, en coordinación con CAAAP y Cáritas, ofreció ayuda asistencial a los sobrevivientes de este ataque, así como a todos los asháninkas refugiados (Ex 14.8.94 y 25.9.94).

La Iglesia del Vicariato Apostólico de Pucallpa, bajo los dos obispos, Mons. Gustavo Prévost y Mons. Juan Luis Martin, desarrolló una pastoral de los nativos y ribereños basada en la participación de ellos mismos, a través de animadores de las comunidades, que son líderes religiosos y sociales. Un legendario boletín, que existe hasta hoy, el Ninacuro, hacía llegar la información y la reflexión a los más apartados lugares.

La Iglesia estaba desde hacía mucho tiempo comprometida con la población. Había acompañado de cerca las luchas regionales que llevaron a la creación del departamento en 1980. También atendía las cárceles; el 16 de julio de 1981, con motivo de la celebración del día del preso, los sacerdotes del Vicariato emitieron un comunicado titulado «La Palabra de Dios no está encadenada», manifestando su preocupación por el estado de las cárceles de la zona, denunciando el aumento del tráfico de droga y apoyando a CEAS por su denuncia de torturas por parte de la policía. (IC 8-8-81). El 12 de agosto de 1982 la iglesia de Pucallpa emite un pronunciamiento firmado por el obispo Mons. Prévost y los agentes pastorales, en solidaridad con las comunidades nativas del Alto Ucayali, afectadas por una invasión de sus tierras por parte del maderero Marcial Picón. Rechaza también «cualquier interpretación pasada y presente que pueda alterar la dignidad de las tres comunidades mencionadas y calificar malamente la actitud y postura de los misioneros que viven con los nativos en comunión de destino». Añaden que siguen las orientaciones del Departamento de Misiones del CELAM para apoyar a los pueblos indígenas, y que la defensa de la tierra forma parte de la propia evangelización como Buena Nueva ante las amenazas a la vida de esos pueblos en toda América Latina (IC 21-8-82).

La violencia comienza a llegar a la zona a mediados de los 80. SL y el MRTA realizan acciones en la zona. SL asesina delincuentes, prostitutas y homosexuales, dejando letreros sobre los cadáveres, colgados de la lupuna --gran árbol en las afueras de la ciudad-- con el resultado, según los pobladores, de que muchos migraron a Iquitos. Los senderistas no eran de la zona, y no comprendían la mentalidad del selvático, amante de la libertad y poco proclive a las rígidas reglas que ellos imponían. No lograron implantarse, aunque causaron muchas muertes y miedo. También la represión, a cargo de la marina, cometió violaciones de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, violaciones de mujeres, desapariciones. En la base de la marina en Pucallpa negaban a los detenidos y los torturaban. Frecuentemente la Iglesia intervino para que los liberaran.

La Iglesia estuvo en medio de dos fuegos en la época de la violencia política, siendo objeto de constantes amenazas anónimas y directas. En 1985 se formó el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Ucayali, que luego cambió de nombre a Comité Vicarial de Derechos Humanos, bajo la conducción del Padre Gerald Veilleux, y abogados como Lisandro León Leveau y Solio Ramírez Garay. Los trabajadores del Comité Vicarial sufrieron durante su trabajo diversos hostigamientos, maltratos y peripecias en las diversas gestiones ante las bases militares y la policía. El Comité recibió un Reconocimiento Internacional de Derechos Humanos de una entidad de Bruselas - Bélgica, y era tomado como ejemplo para otras oficinas de derechos humanos a nivel nacional.

El Comité trabajó en dos líneas de acción: Defensa Legal de los Derechos Humanos y Educación en Derechos Humanos. En el trabajo de Defensa Legal de los Derechos Humanos se reportan aproximadamente 1,200 denuncias legales realizadas por diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellas destacan por ejemplo la denuncia de contubernio de militares con el narcotráfico, la denuncia respecto a «los caídos del cielo» (LR 18.11.90) o los desaparecidos que eran llevados en helicóptero y arrojados en la zona cenagosa e impenetrable de los pantanos entre las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad. El Comité Vicarial de Derechos cuenta con fotografías de las evidencias de esta denuncia. Otras denuncias fueron respecto a «los aparecidos desaparecidos», modalidad de desaparición forzada consistente en dar libertad a los detenidos a quienes sus familiares consideraban desaparecidos y eran reclamados por el Comité Vicarial, y luego del firmado de actas de libertad hasta «con constatación fiscal», eran nuevamente detenidos y desaparecidos definitivamente; el Comité Vicarial ha registrado aproximadamente 70 casos de este tipo. El Comité Vicarial también tuvo un rol en el recojo de aproximadamente 250 cadáveres que aparecían por diversos lugares. En otra oportunidad se logró la liberación de 22 detenidos, varios de los cuales habían sido considerados desaparecidos, cuando un sacerdote acudió a la DECOTE por un detenido y halló que allí se encontraban otros 'desaparecidos', por los que habían reclamado antes (Anexo 14: 11). Como estrategia de intervención y negociación en defensa de los Derechos Humanos, en primer lugar actuaban los abogados, luego actuaba el P. Gerald y cuando se requería hacer presión de mayor magnitud ante altos mandos militares o a nivel nacional, intervenía Monseñor Juan Luis Martín.

Dentro de las actividades del Área de Educación en Derechos Humanos del Comité Vicarial, destacan las jornadas educativas, los talleres de Formación de Promotores, la constitución de Comités de Derechos Humanos a nivel distrital y de Centros Poblados, formando una red de aproximadamente 500 comités de base. También convocó a todas las organizaciones populares para plantear una plataforma de defensa de la vida. La Iglesia realizó marchas por la paz, pronunciamientos públicos constantes y la publicación de Cartas Pastorales del obispo en diversas circunstancias. Un ejemplo fue la marcha por la paz, con otras iglesias, del domingo 2 de marzo de 1987.

El 16 de noviembre 1987, un documento titulado «Reflexiones de la Iglesia de Pucallpa sobre la violencia», uno de los más interesantes de la Iglesia peruana, suscrito por Mons. Martín, se opone a la declaratoria del Estado de Emergencia en el departamento, para que «no se produzca mayores males que los ya existentes». «Nadie puede decir que desconoce los abusos que se han cometido bajo la suspensión de garantías» destaca. Señala su preocupación por los hechos que han enlutado el departamento y condena el terrorismo, pero precisa que no es la única expresión de violencia. Recuerda que existe la «violencia institucionalizada» de «las estructuras económicas, jurídicas y sociales injustas, de los grupos de poder o de presión, atentando contra los derechos más elementales de la persona humana». También denuncia la violencia represiva «de los abusos de poder, de represión sistemática o selectiva, violación de la privacidad, torturas, violaciones, acusaciones y encarcelamiento sin pruebas...».

El 9 de febrero de 1989 se produjo una matanza de 8 campesinos y un estudiante cuando celebraban con una marcha el final de una huelga por los precios de refugio para el maíz y el arroz; la policía disparó; creían que SL estaba involucrado, pero no era cierto; los heridos se refugiaron en el Vicariato, pues temían ir al hospital; una semana después, en la Plaza de Armas, Mons. Prévost hizo una oración por los caídos. Meses después declaró que la sociedad peruana se encuentra en una creciente espiral de violencia, agregando que tal situación «no va a detenerse enfrentando la violencia con métodos violentistas», y que la «única manera de lograr la pacificación del país, es un diálogo entre los diversos sectores en conflicto» (LR 4.10.89).

Entre 1989 y 1990 la violencia se agudiza. En noviembre de 1990, el Obispo Juan Luis Martín revela que el clima de violencia que azota Pucallpa ha provocado una serie de violaciones de los Derechos Humanos así como el asesinato y la desaparición de cientos de campesinos. Según las estadísticas en los últimos 21 meses, de enero del 89 a setiembre de 1990, 326 pucallpinos perdieron la vida debido a la ola terrorista desatada en la región, cerca de 305 resultaron gravemente heridos y 51 campesinos desaparecieron (LR 3.11.90). Al acercarse la Navidad de 1995, Mons. Martín habló con lucidez acerca de las causas del terrorismo: «Fue el signo de una sociedad enferma y producto de la pobreza, de las tensiones de la sociedad civil, de la falta de oportunidades y de excesivas desigualdades para acceder a la salud. Por eso debemos trabajar en las causas que produjeron esos problemas, si no queremos que vuelvan a aparecer», advirtió (EC 25.12.95).

La Diócesis de Huánuco, durante las dos décadas de violencia política, ha sido conducida de 1980 a febrero de 1990 por Mons. Antonio Künner y Künner, comboniano de procedencia alemana, de la congregación comboniana, pero ligado al Opus Dei. Al fallecer este obispo, fue elegido Vicario Apostólico el Sacerdote Bernabé Mato Cori. En 1991 Mons. Emilio Vallebuona, arzobispo de Huancayo, es designado Administrador Apostólico de la Diócesis y nombra tres representantes (P. Oswaldo Rodríguez Martínez, P. Demetrio Tello Aguilar y P. Bernabé Mato Cori), en vista de que no podía permanecer en la ciudad de Huánuco. En 1992 Mons. Hermanno Artale Ciancio, salesiano, es designado Administrador Apostólico provisional, siendo nombrado obispo el 6 de agosto de 1994; la sede regional de la CVR señala que Mons. Artale ha tenido posturas de rechazo a iniciativas de defensa de los derechos humanos; a nivel de la diócesis se dejaron de hacer muchas acciones importantes, entre ellas la conformación de un equipo pastoral de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, muchos sacerdotes, religiosas y laicos sí se comprometieron con las víctimas de la violencia, sufriendo muchas veces hostigamientos y amenazas de ambos bandos violentos (Anexo 14:2).

La violencia limitó la actividad pastoral, dificultando la visita a las comunidades. Además, hubo agresiones por parte de SL. En el distrito de Huarín, en 1989, senderistas que buscaban asesinar al P. Víctor Fabián, quien había realizado prédicas en contra del marxismo, encontraron a un seminarista cerrando la puerta del templo y lo mataron junto a dos catequistas (Anexo 14:2). En el Alto Huallaga cabe mencionar el secuestro sufrido por el sacerdote Ernesto Zanga, párroco de Monzón, a quien los senderistas habían condenando a muerte por realizar obras de desarrollo (testimonio N° 403777). En el Distrito de Churubamba se produjo agresión física y violaciones sexuales en contra de la familia del catequista Rafael Encarnación Cuellar, por ser catequista e impulsar la construcción del templo del Pueblo de Marcapuyán (Testimonio N° 499954). Se calcula que a causa de la violencia murieron en la zona de Aucayacu y Tingo María más de 50 catequistas católicos y miembros de otras iglesias, que eran también dirigentes de las comunidades o caseríos; la función de los catequistas era la de sostener o animar a las comunidades; SL no quería una organización paralela en la zona y los líderes estaban su merced.

En la zona de Aucayacu hacían labor pastoral los Oblatos de María Inmaculada, las Dominicas y trece iglesias de distintas denominaciones evangélicas incluidos los Mormones. En la zona de Tingo María se encontraban los Franciscanos canadienses. Las iglesias atendían a comunidades dispersas por la geografía muy particular de la zona. Confluían en la zona grupos de SL, grupos de narcotraficantes y diversas agrupaciones de las fuerzas armadas y la policía (como la UMOPAR), atraídos sobre todo por la posibilidad real de extraer ganancias para sustentar los objetivos de sus organizaciones. «Estaban uno en contra del otro y todos estaban metidos en el asunto... en el fondo lo que manejaba era la coca», dice un agente pastoral (Anexo 5).

Los misioneros Oblatos de María Inmaculada fueron hostigados en diversas oportunidades por los militares, debido al apoyo que brindaban a las víctimas de la violencia política, entre ellos los familiares de los desaparecidos, asesinados, torturados, detenidos y desplazados. En la época de mayores detenciones-desapariciones (1990 a 1992) colocaban fotografías y los nombres de los desaparecidos en la fachada del templo con el interrogante ¿Dónde están? Este gesto y otras acciones de solidaridad por parte de la parroquia ocasionaron el hostigamiento a su párroco (P. Víctor Atuncar), quien al poco tiempo tuvo que abandonar la zona. Los sacerdotes de dicha parroquia y las religiosas de la congregación acompañaron a los familiares de las víctimas del Operativo Aries, y fueron los principales contactos para las denuncias periodísticas y posteriormente las denuncias formales de dicho operativo (Anexo 14).

Frente a los hechos de violencia en la zona se creó una Comisión de Derechos Humanos de las iglesias, entre Aucayacu y Tingo María. Además, los miembros de las iglesias se desempeñaban en tareas de capacitación o educación a los campesinos pobres y analfabetos, que fácilmente eran engañados por los comerciantes de la zona. Los problemas provenían sobretodo de los comerciantes. En momentos muy fuertes de la violencia, sólo podían recoger los cadáveres que dejaban las acciones de los grupos alzados en armas, de las fuerzas armadas y de las vendettas generadas por el narcotráfico. Entre los años de 1984 y 1985 se calcula que se levantaron alrededor de 500 cadáveres. Durantes las homilías los sacerdotes solían resumir los resultados de las acciones violentas. Cuando había asesinatos masivos se coordinaba con otras instituciones para las acciones de atención a las víctimas y sus familiares (Anexo 5).

En la ciudad de Huánuco existen 6 parroquias, dos de las cuales son conducidas por congregaciones religiosas: Parroquia de San Pedro (combonianos) y la Parroquia Santa María de Fátima (Paucarbamba) (con sacerdotes monfortianos). Estas dos congregaciones han tenido una postura más activa frente a las acciones de violencia, realizando marchas por la Paz, Seminarios, Jornadas de Reflexión, etc. Una experiencia importante fue la radio parroquial «Radio Pachitea», impulsada en convenio entre la Parroquia Fátima y el «Movimiento de Comunión y Participación»; a través de ella se difundían microprogramas y spots de derechos humanos producidos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social.

El Movimiento de Comunión y Participación de Huánuco fue impulsado en 1983 por iniciativa de líderes de diversas parroquias de la ciudad de Huánuco, bajo el acompañamiento del sacerdote monfortiano P. Ivo Libralato y la religiosa salesiana Sor Rosa Julia. Marcado por las opciones preferenciales por los pobres y jóvenes planteadas por el la Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana (Documento de Puebla), su perfil fue el uso de los medios de comunicación social y la solidaridad con los pobres del campo y la ciudad, adoptando la práctica cristiana liberadora. Produjo varios programas de radio y un boletín mensual.

En 1992 algunos de los miembros decidieron conformar un organismo autónomo de Derechos Humanos, la «Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana» AJUPRODH, que participó en las constataciones y denuncias de los crímenes del Operativo Aries en abril de 1994, que dio la vuelta al mundo y logró paralizar uno de los operativos más sangrientos ocurridos en el Alto Huallaga y en el Perú en el período del fujimorato. Desde 1994, aunque con escaso financiamiento, AJUPRODH inició la atención humanitaria a los desplazados, la defensa legal de los derechos humanos, así como acciones de educación y organización en derechos humanos, impulsando la conformación de Comités de Derechos Humanos, organizaciones de afectados por violencia, así como redes institucionales para la defensa, promoción y difusión de los derechos Humanos: CODEH Pachitea, CODEH Monzón, CODHA - Aucayacu, COPRODET - Tocache, CODEH -Chinchao, filial en Tingo María, «Comunidad de Familias Desplazadas - San José - Huánuco» COFADES, Comité de Familias Desplazadas Niño Jesús de Aucayacu, asociaciones de familias afectadas en Padre Abad, Pachitea, Chanchán - Tocache, Uchiza, entre otras, así como el Comité Centro Oriental de Afectados por Violencia Política; ha impulsado la «Mesa Centro Oriental Sobre Desplazamiento» luego convertida en «Mesa Centro Oriental Por la Promoción y Restitución de los Derechos Humanos Para el Desarrollo Integral»; así mismo se ha constituido la Coordinadora Centro Oriental Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, La Red Regional de Educación en Derechos Humanos, llamado ahora Red de Derechos Humanos de la Región Centro Nor Oriental (Huánuco, Ucayali y San Martín), y la Coordinadora Regional de ONGs - Huánuco.

3.3.1.3.5. Cajamarca, PIURA Y ANCASH

Cajamarca

Bajo el liderazgo del obispo, José Dammert Bellido (1962-1992) diocesano natural de Lima y una de las figuras más importantes de la Iglesia peruana, la diócesis de Cajamarca experimentó cambios notables al calor del Concilio Vaticano I. Al mismo tiempo, Mons. Dammert mantuvo un fuerte liderazgo nacional y presidió la Conferencia Episcopal a comienzos de los 90. Al renunciar por límite de edad en 1992, fue nombrado administrador apostólico Mons. Francisco Simón Piorno, entonces obispo de Chachapoyas, quien en 1995 es nombrado obispo de Cajamarca.

Mons. Dammert logró identificarse fuertemente con el campesinado, promoviendo su participación en la sociedad y en la Iglesia

En 1984 SL empezó a actuar en la parte sur de Cajamarca; estaba conformado por personas que no eran del lugar, y trató de amedrentar y controlar a los campesinos productores de la zona, pero encontró oposición y rechazo por parte de las organizaciones. El control de la zona estuvo en disputa entre SL y el MRTA, lo que generó una ofensiva policial indiscriminada en contra de personas o grupos de la iglesia que realizaban actividades sociales.

En 1987, Mons. Dammert manifestó que los ronderos campesinos de su jurisdicción recibieron la visita de los propagandistas del terrorismo pero que no los aceptaron, ya que los ronderos rechazan al terrorismo como forma de solución a sus ancestrales problemas (Ex, LC 19.11.87). Sobre el papel de las rondas campesinas en la derrota de los grupos terroristas, algunos autores han subrayado cuatro aspectos que las distinguieron de los grupos de autodefensa, formados apresuradamente en Ayacucho para combatir el terrorismo: (1) las rondas del norte eran muy eficaces contra el crimen, en especial el abigeato; (2) constituyeron una barrera significante contra el avance del terrorismo, ya que existían desde 1976, mucho tiempo antes de la presencia de los terroristas en la región; (3) ayudaron a consolidar los lazos de solidaridad dentro de cada comunidad y entre las comunidades; (4) muchos ronderos, formados por la Iglesia, consideraron su participación en las rondas como un actividad cívica y hasta religiosa, de servicio al pueblo (Taller 993:53; Castillo:21; Klaiber 1997:259-261). Por eso, SL y el MRTA, no tuvieron éxito ni para infiltrar estas organizaciones ni para establecer una presencia seria en el norte. Mons. Dammert, obispo de Cajamarca, pidió en 1988 la inmediata derogatoria del reglamento de rondas campesinas emitido por el gobierno, por considerar que se trata de un documento anticonstitucional y que atenta contra la autonomía de las organizaciones campesinas. El mencionado dispositivo discrimina a la mujer al impedirle participar en las rondas. Mons. Dammert y calificó este hecho como un «burocratismo capitalino que no tiene la más mínima noción de lo que ocurre aquí». Agregó que parecía que habría mala fe o una intención de terminar con los ronderos (S 29.4.88).

El mensaje senderista hacia los miembros de la Iglesia se puede resumir en tratar de prohibir la formación y la organización de las rondas campesinas y a la postre también la formación religiosa. Un catequista y su hijo mayor fueron asesinados en Otuto (Condebamba, Cajabamba) en 1991, por miembros de SL, acusados de pretender formar una ronda campesina para defenderse de los abigeos. En Shirac, San Marcos, un catequista que fue sometido a «juicio popular» por una columna senderista, pero salvó de morir por la presión de los campesinos del lugar. SL amenazó de muerte a un sacerdote para que no siguiera organizando las rondas en la zona de San Marcos.

Los sacerdotes, por su compromiso con estos sectores más empobrecidos de la zona, fueron tildados de comunistas por miembros de las fuerzas del orden, por un lado y amenazados por los senderistas y prohibidos de seguir organizando a los campesinos por otro. la acción de grupos cristianos en diversos ámbitos de la sociedad era vista como sospechosa por muchas autoridades. En agosto de 1982 la parroquia de Bambamarca, se pronuncia reclamando que están siendo afectados por una serie de sospechas y calumnias. Denuncian que «algunos catequistas han sido arbitrariamente llamados al Puesto de la Guardia Civil, y se les acusa directamente de comunistas y terroristas» y que algunas autoridades critican a la Iglesia o a la Parroquia o exigen explicaciones sobre los asuntos religiosos. «La misión de la Iglesia Católica, dicen, nos ha comprometido a luchar por la justicia, a defender al pobre, a la viuda y al huérfano para construir el Reino de Dios. Pero como esto fastidia a las autoridades, quieren hacernos callar acusándonos de terroristas» (IC 1.10.82). El 19 de octubre a las 6:20 am un desconocido arroja un balde de gasolina contra el local del obispado de Cajamarca, y estaba a punto de prenderle fuego cuando los seminaristas que allí residen salieron a la puerta. El sujeto huyó en un auto.

En 1984 la Guardia Civil detiene a la misionera francesa Anne Marie Gavarret Sanson por el asalto a una cooperativa, aunque ella había llegado cuatro días después del hecho. El 1 de febrero Monseñor Dammert desmintió la acusación y aclaró el trabajo que la misionera laica realiza en el Perú, las comunidades cristianas también la defendieron (IC 03.02.84). El 5 de abril, Anne Marie Gavarret quedó libre de todo cargo de participación en supuestas actividades terroristas, al ser declarada Inocente por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que ordenó su inmediata libertad.

En 1996, Ramón Pajares, párroco de San Marcos fue detenido por la policía junto a nueve profesionales. Todos fueron encarcelados y acusados de «terroristas» por encontrarse en una reunión de planificación con promotores agrícolas. Más tarde fueron liberados paulatinamente, gracias a la presión de miembros de la Iglesia de la zona.

Mons. Dammert tomó posiciones muy claras y lúcidas sobre los hechos de violencia. Citamos dos ejemplos: en enero de 1982, casi al inicio del periodo de la violencia política Mons. Dammert declaró que: «terrorismo, represión y esas cosas no son temas estrictamente políticos, son temas sociales y todo lo que le interesa a la sociedad le interesa a la Iglesia. El terrorismo hace gran daño a la sociedad... estamos contra todo acto violento» (Punto 5.2.82); en febrero de 1991, Mons. Dammert señala «que es necesaria una propuesta integral para afrontar al terror» y opina que «no ha habido continuidad en la labor del Estado». En segundo lugar, se opuso permanentemente a la pena de muerte, posición que fue seguida por su sucesor; en efecto, en 1993, en una carta dirigida a los obispos que se reúnen a partir del 18 de agosto en asamblea, sacerdotes, religiosas y laicos acompañados por el administrador apostólico de Cajamarca, Mons. Ángel Francisco Simón Piorno, expresaron su rechazo a la pena de muerte; a esta reflexión se sumaron diversas organizaciones y movimientos de jóvenes, religiosos y obispos (S 20.8.93).

Otras diócesis que previnieron la violencia terrorista y la de malos agentes estatales, gracias a equipos de laicos y religiosas, sacerdotes diocesanos y obispos cercanos a las poblaciones urbanas y rurales, fueron el Arzobispado de Piura y Tumbes y la Diócesis de Chulucanas , lideradas por Mons. Oscar Cantuarias S.J. y Mons. Juan McNabb O.S.A.; en este empeño se comprometieron Francisco Muguiro, Vicente Santuc, Amparo de la Calle, Elsa Fung, y congregaciones como las Dominicas, Carmelitas, San José de Tarbes, entre otras.

En marzo de 1987 Mons. Cantuarias convocó a sus hermanos sacerdotes, religiosos y fieles del departamento, a una jornada de reflexión con el lema «Piura no quiere la violencia, por eso busca la justicia para alcanzar la paz» (IC 20.3.87).

En octubre un grupo de profesores, dirigentes sindicales, campesinos, profesionales y agentes pastorales de Piura, conforman la Comisión para la Promoción de la Justicia y la Paz. Su finalidad es «convocar a toda la ciudadanía a tomar conciencia de que vivimos una violación permanente de los derechos humanos y que, por lo tanto, es necesario organizarnos para defender la vida» (S 20.11.87).

A raíz del asesinato de quien fuera presidente del Comité Aprista de Piura, ingeniero Ricardo Ramos Plata, cometido por elementos terroristas el 14 de diciembre de 1988, el arzobispo y el clero de Piura emitieron un pronunciamiento en el cual manifiestan su pesar por lo ocurrido y el rechazo de la violencia que empieza a hacerse presente en el departamento. Sin embargo, existieron tensiones con miembros del gobierno aprista (S 15.1.88)

Mons. Cantuarias también promovió rondas campesinas y defendió su autonomía respecto del reglamento emitido por el gobierno en 1988, porque al poner a las rondas bajo la dirección del ministerio del Interior se corre el riesgo de que éstas sean manipuladas. Mons. Cantuarias, Arzobispo de Piura y Tumbes, expresó que «si las rondas campesinas nacen a iniciativa del pueblo, hay que oír y atender las intenciones de ese mismo pueblo». De la misma manera, recordó que las rondas fueron creadas por la necesidad y urgencia de los campesinos de protegerse bajo su propio estilo organizativo, debiéndose, por lo tanto respetar y atender la iniciativa de los mismos. También señaló su desacuerdo con la exclusión que se hace de la mujer y que al poner a las rondas bajo la dirección del ministerio del Interior se corre el riesgo de que éstas sean manipuladas (S 20.5.88).

En 1996 hubo una manifestación por la paz en Piura, presidida por Mons.Cantuarias, quien calificó como lamentable y una prueba de que la paz en el país no era total, los graves hechos ocurridos en la residencia del embajador de Japón (EC 22.12.96)

Ancash

En este departamento existen tres circunscripciones eclesiásticas: la Diócesis de Huaraz en el Callejón de Huaylas, la Diócesis de Chimbote en la costa y la Prelatura de Huari.

La diócesis de Huaraz, fue conducida por los Mons. Emilio Vallebuona hasta el 85 y por Mons. José Ramón Gurruchaga hasta el 97, ambos salesianos; Mons. José Eduardo Velásquez, diocesano, como administrador apostólico hasta el 2000, y Mons. Ivo Baldi hasta la actualidad.

En esta zona la violencia llegó a fines de los años 80; estuvieron presentes SL y el MRTA, cuyos conflictos por un relativo dominio o control de sectores de la sociedad ancashina trascendían a la opinión pública. Los subversivos presionaron a los miembros de la iglesia a salir del lugar. Pero Mons. Gurruchaga contestó: «nos iremos cuando se vaya el Huascarán». Sin embargo, la Iglesia determinó que los agentes pastorales, sobre todo de origen extranjero, opten por quedarse o retirarse. De hecho un grupo de agentes pastorales extranjeros tuvo que dejar la diócesis para no poner en riesgo la vida, pero muchos se quedaron.

Frente a los hechos de violencia y las constantes de violaciones a los derechos humanos el Obispado de Huaraz creó CODISPAS (Comisión diocesana de pastoral social) que tenía como finalidad brindar apoyo social a los más necesitados a través de talleres de educación en torno a los derechos humanos, así como la defensa legal de personas inocentes acusadas por terrorismo, la defensa de los ronderos acusados de ir contra la administración de justicia, y ver casos de maltrato a menores, entre otros.

Mons. Gurruchaga, que estuvo a cargo de la diócesis en los momentos de mayor violencia, llamó insistentemente al diálogo. En 1989, en los funerales del sargento Leonardo Macedo León, quien fue victimado durante una incursión sediciosa en la localidad de Huaytuna, que dejó un saldo de cuatro policías muertos, planteó la necesidad de un diálogo con todos los grupos alzados en armas y con aquellos que utilizan la violencia como una forma de conseguir sus fines (LMD 31.5.89). En octubre de 1990 Mons. Gurruchaga se ofreció como intermediario para dialogar con SL, el MRTA o cualquier otro grupo que se haya levantado en armas a fin de devolver la paz al país.

En su acción pastoral Mons. Gurruchaga, llamado «padre obispo» por los campesinos, llegaba con cierta frecuencia a las comunidades campesinas; también se manifestaba en espacios públicos, como la Universidad de Huaraz, la catedral y a través de una radio local. Apoyó públicamente a las «rondas pacíficas», porque se basaban en el derecho consuetudinario de defensa de la comunidad, y en cierto sentido eran una alternativa, si no una oposición, a los Comités de Autodefensa creados por el ejército y que tenían como finalidad armar a los campesinos para enfrentar a la subversión. El propósito de la Iglesia era mantener una educación fundamentalmente cristiana. En una ceremonia el Obispo bendijo las primeras rondas, entregó a cada uno una huaraca como símbolo de su nuevo compromiso, y exhortó a los ronderos a mantener la unión y la paz entre los pueblos del Callejón de Huaylas. Este vínculo entre ronderos y la Iglesia en Cajamarca, Huaraz y otras diócesis otorgó una legitimidad a las rondas.

En 1994 también el obispo auxiliar, Mons. Eduardo Velásquez Tarazona, cuestionó la entrega, por parte del ejército, de miles de carabinas y municiones a 32 comités de autodefensa de la región. Expresó su esperanza que las armas sean manejadas con criterio y bajo un principio básico de respeto a las leyes y la sociedad. «De lo contrario --dijo--, existe el peligro de que el mal uso de ellas, genere mayores problemas y que esto haga retroceder el proceso de pacificación en nuestra patria» (LR 31.7.94).

Como consecuencia de su apoyo a las rondas autónomas, Mons. Gurruchaga apareció en la lista negra de SL en El Diario Internacional. En las pizarras de la universidad de Huaraz habían inscripciones como: «Iglesia puerca; fuera el Obispo». A pesar de esto el obispo tuvo palabras claras frente a la violencia y dijo, por ejemplo, ante la muerte de una autoridad en Huaraz que «no lo mató el que disparó, lo mató el que dio la idea». Las acciones de SL, además de considerar la religión como opio del pueblo y retardataria de la revolución, consistían en asaltar algunas parroquias o comunidades de religiosas, para llevarse víveres y dinero, cosa que también hacía el grupo del MRTA en el Callejón de Huaylas. En la zona de Yungay las religiosas franciscanas recibían amenazas. En diciembre de 1989 arrojaron dinamita contra el convento «Nuestra Señora de la Sabiduría» en Carhuaz.

En febrero de 1993, en su propósito de paralizar la labor pastoral y social que realiza la Iglesia, un comando de aniquilamiento de SL amenazó, en afiches, con matar a varios sacerdotes nacionales y extranjeros, si no abandonaban esta región y el país. Las víctimas de estas amenazas eran sacerdotes que desempeñaban su tarea de evangelización y una labor social entre los pueblos más asolados por el hambre y la pobreza. En esta «lista negra» de los extremistas -según los afiches requisados por la policía-, figuraban el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Belén, de nacionalidad italiana, el párroco del templo del populoso barrio de Nicrupampa, en Huaraz, el párroco principal del convento San Antonio, de nacionalidad española, el sacerdote de la parroquia de Marcará, en la provincia de Carhuaz, y el párroco de Asunción-Chacas (Huari), ambos también de procedencia italiana (LR 9.2.93). Ante estas amenazas la Iglesia de Huaraz recibió diversas muestras de solidaridad de diócesis, parroquias y comunidades cristianas del país. Mons. Gurruchaga declaró que una vez más las acciones a favor del campesinado encuentran serias dificultades frente a ideologías fundamentalistas (S 26.2.93). Los sacerdotes de Huaraz acordaron continuar trabajando junto al pueblo en su labor evangelizadora y de bien social, pese a estas amenazas de muerte.

En 1997 empezaron a hallarse fosas comunes en diversos puntos de la región, y la Iglesia denunció lo que ocurría; 28 cadáveres fueron encontrados en la quebrada Hullta, ruta Carhuaz-Chacas, y otros en una mina abandonada de Llipa, en la provincia de Bolognesi (LMD 28.9.97). El P. Idelfonso Espinoza, encargado de la Diaconía de Comunicación Social del Obispado de Huaraz, insistió en la denuncia. (LR 30.9.97). En octubre, en Huaraz, Mons. Velásquez denunció ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que los dos cráneos con perforaciones de bala descubiertos en Punta Chonta corresponderían a un profesor y a una mujer joven, supuestamente integrantes de SL, que desaparecieron ocho años antes en la localidad de Llacila (LR 25.10.97).

La Prelatura de Huari, dirigida por Mons. Dante Frasnelli, y luego por Mons. Ivo Baldi, fue afectada intermitentemente por SL desde 1988; entre los años de 1990 y 1992 las incursiones de los grupos subversivos se hicieron cada vez más constantes en las localidades de Tomanga, Pomayucay, San Luis y Chacas, donde misioneros laicos de origen italiano atendían a la población a través de programas de salud y de desarrollo productivo. Las incursiones senderistas tenían como objetivo asaltar las obras de los misioneros, llevarse los bienes y amenazarlos de muerte si denunciaban los hechos a la policía. Los misioneros italianos atendían a las familias y sobre todo a los niños, a través de programas escolares y de asistencia alimentaria, así como en la capacitación y formación laboral a los pobladores de la zona. En los momentos más difíciles los voluntarios creían que el trabajo misionero no debería cesar, y la presencia de SL les generó un dilema: dejar el lugar abandonando a la población o quedarse, acompañar y seguir pagando un precio por permanecer. Muchos misioneros religiosos de la zona tuvieron que dejar el lugar para que las amenazas de muerte no se cumplieran; sin embargo, un grupo importante decidió quedarse. En julio de 1989 la prelatura realizó una procesión presidida por Mons. Frasnelli, y que tuvo como lema: «Bienaventurados los que trabajan por la Paz porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Comunicado, CENDOC).

SL buscaba plegar a la población a la lucha mediante charlas y atentados como en Llama, Huari y Piscobamba, y al mismo tiempo empujar a los misioneros extranjeros a dejar la zona y el país. En julio de 1989 dinamitan la torre de la catedral en Huari, no hubo desgracias personales pero las pérdidas materiales fueron cuantiosas. En noviembre atentan contra la casa parroquial de Chavín. Ese mismo mes el P. Pompilio Muñoz y dos religiosas estuvieron once horas en poder de un grupo de senderistas al sur de Huaraz. En enero de 1990, senderistas atentaron contra el P. Franz Windischoffer, párroco de Huantar, incendiando su casa y sometiéndolo a torturas, destruyendo además dos camionetas. Para los senderistas «la caridad adormecía las mentes y era contraria a la revolución». Un joven seminarista, Giulio Rocca, quien trabajaba como voluntario de la operación Matogrosso, trató de discutir estas ideas con los miembros de SL, y fue asesinado en Jangas, cerca de Huaraz, el 1 de octubre de 1999.

La presencia de SL en estos lugares no tenía un plan de organización, la zona habría sido considerada como un espacio de suministro de bienes de consumo y recursos económicos. Los constantes asaltos a las casas de los religiosos y el silencio de éstos antes las amenazas se habían convertido en una forma de coexistencia. Con la llegada del Ejército a San Luis se empezó a perseguir a los senderistas y hacer importantes detenciones. Sin embargo, la presencia senderista no desapareció de la zona, aunque las amenazas a los misioneros religiosos extranjeros menguaron considerablemente. Si bien el ejército fue eficaz en la captura de importante mandos en la zona, muchas de sus acciones no estuvieron exentas de abusos y excesos para con la sociedad civil.

Chimbote, considerada por muchos como una de las ciudades más populosas, proletarias y conflictivas del Perú, contó desde sus inicios con la presencia y acompañamiento de la Iglesia Católica. La Diócesis de Chimbote, creada en 1983, y conducida por Mons. Bambarén desde 1978 cuando era prelatura, fiel a las disposiciones del Concilio Vaticano II, optó por una evangelización liberadora, fue pionera en la Pastoral Social con trabajos urbanos y rurales importantes en comunicación, justicia social, cárceles, así como en la formación en la fe y del espíritu comunitario. Mons. Bambarén es, además, una de las figuras más importantes de la Iglesia peruana; fue presidente de CEAS, secretario general y luego presidente de la Conferencia Episcopal Peruana de 1999 al 2003.

Los sacerdotes, en conjunto, se pronunciaban sobre diferentes acontecimientos y acompañaban al pueblo en su búsqueda por organizarse como comunidad de fe y para afrontar la situación de hambre y desempleo. El quehacer de una evangelización liberadora abarca todos los aspectos de la vida y de la misión de la Iglesia. Se creó la Comisión de Justicia Social, organismo diocesano que trabaja en la promoción, educación y defensa de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Desde 1980 la Comisión «denuncia enérgicamente la situación injusta» de los trabajadores despedidos, en huelga de hambre» (IC 1.11.80).

Hasta 1990, en diez años de terrorismo, en Chimbote no habían existido hechos de crueldad por parte de los grupos subversivos, nunca hubo atentados personales, excepto algunas bombas en oficinas o empresas del Estado. Por parte de las fuerzas policiales, sucedían detenciones arbitrarias y generalmente, actos de tortura para con los detenidos. Pero durante 1990, a una campaña de difamación contra la Iglesia, siguieron 3 bombas, una el 16 de junio en la Comisión de Justicia Social, y dos en la casa del obispo: una el 21 de junio, que no explotó, otra el 1° de octubre. Las explosiones causaron graves daños materiales, pero no desgracias personales. El 25 de noviembre, se produce una emboscada al Obispo y al P. Alessandro Dordi (párroco de Santa, de nacionalidad italiana) por 4 terroristas cerca de Tambo Real, cuando regresaban de las Confirmaciones de Vinzos y Rinconada.

En 1991, cuando las amenazas a la Iglesia se volvían más intensas los agentes pastorales (sacerdotes, religiosas y laicos), se reafirman públicamente en continuar con su labor pastoral. El 27 de julio a las 9 de la noche cuando el P. Miguel Company volvía, después de la Misa, a su Casa Parroquial, dos jóvenes y armados con revólveres le sorprendieron, uno le disparó, a corta distancia, con una bala calibre 38, a la nuca. La trayectoria de la bala fue de abajo hacia arriba y se alojó en la mandíbula. No murió. Fue trasladado de emergencia al día siguiente a Lima y posteriormente a España, su país de origen.

El hecho más grave ocurrió el 9 de agosto de 1991, cuando, después de la Misa, los sacerdotes franciscanos Zbigniew Strazalkowski (32) y Michel Tomasek (34) fueron sacados por una columna de SL de la casa Parroquial de Pariacoto y conducidos frente al Municipio, introducidos a una camioneta, donde tuvieron un diálogo con los senderistas durante 45 minutos, en presencia de la Hna. Bertha. Luego los senderistas expulsaron a la religiosa y condujeron a los sacerdotes junto al Pueblo Viejo, al costado del cementerio. Allí asesinaron al P. Miguel de un tiro en la nuca y al P. Zbigniew de 2 tiros, uno en la espalda y otro en la cabeza, con balas de alto calibre. También asesinaron a los alcaldes de Pariacoto y Cochabamba. Ambos sacerdotes habían llegado al país hacía un año y medio para trabajar con las comunidades cristianas de base, casi todas de origen campesino. Desde el año anterior recibieron amenazas de SL. La Fraternidad Franciscana del Perú emitió un mensaje de rechazo ante el asesinato de los jóvenes sacerdotes polacos. Asimismo, hacen una enfática afirmación del respeto a la vida, porque «sólo amando y respetándola es que nos lanzamos a construir la libertad». Del mismo modo, la Conferencia Episcopal Peruana rechazó este cruel asesinato (S 23.8.91).

El 25 de agosto a las 5 p.m. cuando el P. Alessandro Dordi volvía de celebrar la Misa y Bautismos en Vinzos (Valle del Santa), sufrió una emboscada en compañía de 2 catequistas. Los terroristas le obligaron a bajar y lo asesinaron de 2 tiros, uno en el pecho y otro en la cabeza.

En todos los casos el Obispado de Chimbote condenó de la manera más enérgica los atentados criminales y, de inmediato, se expresaron muestras de solidaridad como la de Juan Pablo II, del P. General de los Franciscanos Conventuales, de la Diócesis de Bérgamo y diversas Conferencias Episcopales, congregaciones, gremios y movimientos apostólicos. La Conferencia Episcopal Peruana publicó el documento «Padre, Perdónales porque no saben lo que hacen». El Concejo Provincial del Santa, por Acuerdo de Concejo No. 093-91-MPS, señaló su «repudio a los autores de estos actos de violencia».

Otros hechos que merecen señalarse son el proceso por terrorismo contra un promotor de la Comisión de Justicia Social, Miguel Risco Franco. En 1994 fue acusado por una terrorista arrepentida y tuvo que buscar refugio fuera del país; el 24 de mayo del 2000 fue absuelto. El 25 de febrero de 1996, en el programa Contrapunto del canal 2 de TV, se emite un reportaje que vincula al sacerdote Lino Dolan O.P., en ese entonces director de la Comisión de Justicia Social de la diócesis, con el MRTA. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó esta información, y señaló que conoce de cerca el trabajo del padre Dolan. Este sacerdote, fue, por el contrario, víctima de amenazas del terrorismo que le llegaron en forma de cartas intimidatorias en 1991 para que abandone su lucha por la paz (EM 27.2.96). El obispo de Chimbote, Mons. Bambarén, en una entrevista con las autoridades militares, también rechazó la acusación al P. Lino Dolan (EC, LR 28.2.96, S 7.3.96). También se hicieron presentes las muestras de solidaridad de parte de los agentes de pastoral de la diócesis y organismos defensores de derechos humanos del país y del extranjero. Algunos medios de comunicación confundían la ayuda humanitaria brindada por la Iglesia a favor de las víctimas de la violencia política, con apoyo a la subversión.

El trabajo realizado por los agentes de pastoral de la diócesis de Chimbote en los tiempos de violencia política fue una respuesta evangélica a los acontecimientos vividos y al imperativo humano y cristiano de construir la paz, sobre la base de la justicia y la verdad.

COSTA CENTRO: HUACHO Y LIMA

La diócesis de Huacho comprende las provincias de Barranca, Huaura, Huaral, Canta, Cajatambo y Oyón, en el departamento de Lima. Durante los años de la violencia y hasta este año ha estado a cargo de Mons. Lorenzo León Alvarado, diocesano, quien trabajó de manera muy cercana con los agentes pastorales, pronunciándose con ellos ante los diversos acontecimientos en la localidad y en el país.

La violencia política estuvo presente en la zona por más de diez años, desde 1983 hasta 1995; los más álgidos fueron los años 91 y 92. Durante este último año se registraron 118 muertes, lo que equivale al 38% del total de muertes que la Comisión de Derechos Humanos de la Diócesis de Huacho logró registrar; según su base de datos, SL ha sido el mayor perpetrador y responsable de los muertos. Durante el mismo periodo se registraron al menos 185 atentados dinamiteros. Ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos en varios pueblos; también los grupos subversivos tomaron temporalmente los pueblos de Ambar, Naván, Aynaca y Copa. Se registraron desapariciones en Huacho, Ambar y Barranca. Diversas zonas de la diócesis fueron declaradas como «zona roja» o como «zona liberada». Estuvieron presentes tanto SL como el MRTA, y una facción disidente de éste denominada Fuerzas Guerrilleras Populares. Desde 1989 hasta 1992 el ejército implantó alrededor de 27 destacamentos en 6 provincias, y trató de organizar a los campesinos de las zonas altas en rondas, al mando de un jefe nombrado por el mismo ejército; actuaron de manera abierta y también clandestina, a través de grupos paramilitares. Una consecuencia de la violencia política ha sido el desplazamiento forzado de los pobladores de las zonas altas hacia la costa, estableciéndose precariamente en Huacho, Huaura y Barranca.

La Iglesia se vio tempranamente afectada por la violencia. En febrero de 1981, el diario La Prensa afirma que «Acusan a extremistas en Huaral de provocar tomas de tierras». Entre ellos señalan a sacerdotes extranjeros. La acusación provendría de propietarios de tierras. En respuesta, el Mons. Lorenzo León expresó su apoyo a la labor pastoral de los Padres Neptalí Liceta, Vicente Hondarza y Eugenio Bourdon, garantizando su corrección e integridad. «Se trata de una campaña de difamación que viene del año pasado», dijo el obispo (IC 28-2-81). El 14 de junio de 1983 es asesinado el sacerdote español Vicente Hondarza, párroco de la Iglesia Matriz de Chancay. El cadáver del P. Vicente fue entregado por la policía al hospital de Chancay a las 8 de la noche. La misma policía avisó a la parroquia. El sacerdote pertenecía al Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME). Tenía 48 años y trabajaba en el Perú desde 1974. Era un ferviente impulsor de las comunidades campesinas. Había viajado dos días antes al pueblo de Lampián, para la fiesta patronal. Sacerdotes de Huacho y Chancay manifestaron que el sacerdote asesinado había recibido algunas amenazas de parte de terratenientes de la zona, con los que había tenido algunas disputas como producto de su trabajo social. Vicente Hondarza, junto con otros sacerdotes de la región Chancay-Acos-Pacaraos, en diversas oportunidades había sido calumniado, amenazado y acusado por elementos contrarios a su actividad evangelizadora, pero siempre contó con el respaldo de su obispo. Como se vio en la noticia dada por los diarios, los indicios apuntaban a un asesinato; sin embargo después las autoridades dijeron que había sido un accidente, que había caído a un precipicio. Su muerte aún no ha sido jurídicamente esclarecida. Ninguna de sus pertenencias fue robada y los objetos de valor se encontraban intactos. Aunque las autoridades sostenían la versión de un accidente, sus ropas se encontraban limpias, pero el cuerpo presentaba numerosas escoriaciones y fracturas y una herida de 15 cms. en la cabeza que había sangrado bastante. Presentaba fracturas en ambas muñecas, que estaban amoratadas. Según el P. Pinedo, en lugar del supuesto accidente no había sangre. Al obispo y sacerdotes que subieron al pueblo al día siguiente no se les permitió ver la habitación donde durmió el P. Hondarza, negativa que se repitió una semana después. La policía se opuso a toda investigación. Un informe extraoficial del equipo de profesores de la Escuela de Medicina Legal de Madrid dice: «No ha muerto en el lugar. Se sospecha que le han dado y se han pasado. Juicio: no accidente, Parece que estruvo sujeto, que le golpearon y se pasaron». Los funerales se realizaron en Chancay el 16 de junio, presididos por Mons. Lorenzo León, obispo de Huacho, y estuvieron presentes los obispos de Puno, Juli, Sicuani y el Vicario de Ayaviri, con numerosos sacerdotes multitud de pobladores, el embajador de España, y representantes de CEAS y de otras organizaciones. El Responsable del IEME, dijo al final de los funerales: «Pido que se hagan las investigaciones oportunas y necesarias para que esto se aclare. No acusamos a nadie pero sí pedimos claridad sobre este asunto, por el bien de todos, por la paz de nuestra nación, por el bien de nuestra Iglesia» (LMD 16 y 17.06.83, P Agosto 83, CEP 84:53, IC 17.06.83).

Una de las formas de respuesta de la Iglesia de Huacho ante la violencia fue la Comisión de Derechos Humanos de la diócesis. Fue una iniciativa de un grupo de agentes pastorales para atender los problemas sociales de diversos asentamientos humanos de la ciudad de Huacho. La violencia política en la zona hizo que en 1986 sea reconocida por decreto episcopal como entidad autónoma, el CODEH. Frente a los hechos de violencia, la Comisión buscó un clima de paz y democracia, denunciando cualquier forma de violencia; se articuló a distintas instituciones que defendían los derechos humanos como la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, e integró el Consejo Directivo desde 1991.

La Comisión atendía a los presos de los centros penitenciarios de la región; en coordinación con agentes pastorales, se buscaba formas de recuperación de los internos, contribuyendo a la adaptación de terrenos para pequeños sembríos y montaje de talleres de zapatería. Prestó asesoría legal, haciendo de intermediario en gestiones y apoyo a familiares de los internos que carecen de recursos. El área de Educación ha creado Defensorías Parroquiales para ver diferentes aspectos de violaciones de derechos humanos. La Comisión ha intervenido como mediadora, por ejemplo, para reponer a los profesores injustamente despedidos de la Universidad, en la defensa de los trabajadores de la zona industrial de Paramonga, o para resolver los conflictos en los casos de invasiones. Cada año realizaba eventos sobre la paz y la lucha por la democracia. También se valió de los medios de comunicación, como la radio, difundiendo los derechos humanos.

La Iglesia y el CODEH emitieron muchos pronunciamientos durante esos años (Anexo 18). En enero de 1987, los participantes de la II Semana de Teología realizada en la diócesis expresan en un comunicado que, en la situación en la que vive el país, es fácil encontrar signos de muerte y destrucción: la violencia indiscriminada, el desempleo, la marginación, el hambre y la violación de los derechos humanos de las personas, y afirman que «anunciar la Buena Nueva es construir paz y justicia, ser signos de alegría y esperanza, defender la vida de pobre, del que sufre, del marginado y trabajar por la vida que el Señor nos da» (IC 06.02.87). En julio de 1987 los sacerdotes religiosos y agentes de pastoral de Huacho, ante el atentado realizado contra la garita de control de Huaura, que ocasionó la muerte de un guardia, emitieron un comunicado titulado «Nuestra Palabra», en el que se repudia y rechaza con «energía» estos hechos violentos, mostrando una «profunda convicción cristiana de que nunca se llegará a una sociedad de vida a través de la violencia y la muerte«. Asimismo, afirmaron que «el miedo, la pasividad, el silencio o la insensibilidad son pecados sociales que no tienen cabida con el compromiso cristiano» (S 14.08.87). Días más tarde el obispo, parroquias, comunidades y movimientos cristianos expresan su rechazo de los hechos de violencia, pero también denuncian con claridad y firmeza las estructuras injustas que causan violencia contra los sectores más necesitados e indefensos. En agosto del mismo año, la diócesis y el CODEH reclaman el esclarecimiento de la muerte del estudiante Robinson Silva Mori. En septiembre del mismo año, en un comunicado, deplora y condena el asesinato de Rodrigo Franco en Lima. En abril de 1988, el CODEH de Huacho protesta ante el asesinato de un ingeniero y un vigilante en Andahuasi y Manco Cápac, respectivamente.

En marzo de 1989 los sacerdotes de Lima Jorge Álvarez Calderón, y Luis Hernot son detenidos, sin motivo alguno, por miembros de la policía nacional, cuando se hallaban descansando en la casa de retiros de Huaura. El obispado de Huacho, mediante comunicado rechazó y condenó tal hecho donde se pretendió vincular a los sacerdotes con posibles acciones terroristas (S 31-3-89). En julio, el obispo, sacerdotes, religiosos y religiosas de la Diócesis de Huacho, preocupados por la extensión de la violencia», emitieron un comunicado en el que rechazan los actos de violencia subversiva ocurridos en la diócesis, principalmente los que produjeron la muerte de campesinos, autoridades, presuntos subversivos y miembros de las fuerzas policiales.

En enero de 1991, el CODEH «condena sin paliativos y repudia» los atentados subversivos contra miembros de la Policía Nacional en la localidad de Rajanya. En abril de 1991, declara su rechazo contra el atentado donde perdieron la vida dos miembros del ejército y un subversivo. En mayo del mismo año solicita a las autoridades la investigación de los asesinatos en las localidades de Humaya y Chambara. En junio, con motivo de la Semana de Educación en los Derechos Humanos en Huacho, los profesores, estudiantes, universitarios, miembros de comunidades, de comedores, promotores de salud y dirigentes de organizaciones populares rechazan toda forma de violencia y dicen que «La paz empieza donde termina tu violencia». En agosto el obispo, sacerdotes, religiosas y religiosos, comunidades cristianas y el CODEH emitieron un comunicado en el que rechazan y condenan los alevosos asesinatos de Jesús Morales Bermúdez, alcalde de Huacho; Roger Huertas Paulino, empleado del mismo municipio; Justino Meza, alcalde distrital de Cochabamba y de los sacerdotes polacos en Pariacoto (S 23.8.91). En enero de 1992, el CODEH emite una nota de prensa ¡No a la violencia! ¡No a la muerte!, por el asesinato de soldados y civiles en Huaura y Barranca. Un mes más tarde el Mons. León denuncia el asesinato del alcalde de Yhuarí por manos de los subversivos. En junio denuncian las desapariciones y asesinatos de la familia Ventocilla y de Pedro Yauri. En noviembre el obispo y los agentes pastorales rechazan públicamente los asesinatos en Humaya.

En junio de 1993 los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Diócesis de Huacho, reunidos en Chancay para celebrar el décimo aniversario de la muerte violenta del P. Vicente Hondarza, manifestaron en un comunicado que «recordando la vida de Vicente y su muerte, aún no esclarecida, (...) rechazamos la instauración de la pena de muerte, que consideramos contraria al espíritu del Evangelio». Añadieron que la pena de muerte no es disuasoria en las circunstancias actuales y no se encamina a la redención de la persona, sino que, al contrario, la elimina definitivamente y, además, pone al Perú en una situación difícil internacionalmente (S 18.06.93). En agosto la diócesis y el CODEH dicen «No al terror de Sendero» y repudian los asesinatos de la comunidad ashaninka. En marzo de 1994, repudian el asesinato de una persona en Cruz Blanca por disparos de un miembro de la PNP, también reclaman por la muerte del niño Cesar Castillejo por miembros del ejército en la localidad de Alcantarlla y la emboscada criminal de SL en la zona de Tingo María. En noviembre de 1996, el CODEH se manifiesta ante la arbitraria detención del general (r) Rodolfo Robles, y ante la ocupación por asalto de la residencia del embajador del Japón por elementos del MRTA; en abril de 1997 manifiesta su satisfacción por la liberación de los rehenes y su profundo sentimiento por la pérdida de vida humanas.

En mayo del 2000, el obispo, sacerdotes, religiosos y religiosas de la diócesis de Huacho hacen un llamado y piden que en la segunda vuelta haya respeto a la dignidad y privacidad de las personas en los medios informativos, que se favorezca la presentación de las propuestas de gobierno y que se respete a los sectores populares, rechazando todo ofrecimiento de dádivas interesadas. Demandan la pronta clarificación del asunto de la falsificación de firmas y se informe sobre el monto de los gastos de la campaña electoral y sus fuentes. Finalmente reafirman el valor y la importancia de la participación social y política (S 4.5.00).

En la diócesis de Huacho hubo una respuesta del conjunto de la Iglesia, encabezada por el obispo Mons. León, con una activa participación de sacerdotes, religiosas y laicos; estuvieron atentos a los acontecimientos, sabiendo pronunciarse y actuar frente a la violencia, que en esa zona fue también bastante intensa.

Lima

En Lima, al igual que en provincias, la misma regla se aplicaba: en aquellos lugares donde la Iglesia se había identificado con los problemas del pueblo y lo acompañaba en el proceso de organizarse, ella se convertía en un contrapeso moral a la subversión. Por ejemplo, en abril de 1982 queda constituida la Comisión Vicarial de Pastoral de Dignidad Humana del cono sur de Lima, integrada por 11 personas elegidas por delegados de 25 comunidades y encabezada por Mons. Schmitz, y que tuvo una fuerte actividad (IC 17.4.82).

La Coordinación de Pastoral de Dignidad Humana (CPDH) es una experiencia inédita que jugó un papel importante en la etapa de violencia política, no sólo en la Iglesia de Lima y Callao sino también a nivel nacional a través de CEAS. Un grupo de agentes pastorales -sacerdotes, religiosas y laicos- comenzó a reunirse en CEAS en el año 1979. Sentían la necesidad de una coordinación estable entre quienes trabajaban en zonas marginales en una línea de compromiso con el pueblo pobre y preocupados por la defensa de los derechos humanos. Sus objetivos fueron claros: crear un espacio de información y comunicación, articular iniciativas en la línea de dignidad humana, promover una cultura de vida y de paz y alentar algunas iniciativas a nivel nacional a través de las Jornadas de Ayuno y Oración y de los Encuentros Nacionales de Pastoral de Dignidad Humana. Participaban en ella agentes pastorales de alrededor de veinte parroquias de Lima y Callao, que llegaron a hacer de la defensa de la vida el eje vertebrador de su trabajo pastoral y que, a través de sus bases, desarrollaron una gran creatividad, tanto en el campo de la solidaridad como en la renovación de las celebraciones, revitalizando lo tradicional, y en las expresiones artísticas, a la par que informaban y cultivaban la sensibilidad y creaban conciencia frente a la problemática de los derechos humanos: desapariciones, matanzas, atentados. Las acciones fueron múltiples, variadas y persistentes tratando de responder a las necesidades: atención y acogida a los familiares de los detenidos-desaparecidos, a los desplazados por la violencia, a los presos, colectas de solidaridad etc. La Coordinación de Pastoral de Dignidad Humana fue también un soporte para los participantes que en los años más duros de la violencia encontraron un espacio privilegiado de información confiable y de comunicación, de reflexión y de posibilidad de compartir temores y esperanzas. Los temas de la vida, la paz y la no violencia activa fueron cuidadosamente trabajados a lo largo de los años. Las Jornadas de Ayuno y Oración nacieron por iniciativa de ese grupo que tuvo un papel importante en su organización y desarrollo, lo mismo que los Encuentros Nacionales de Pastoral de Dignidad Humana, pues pronto se vio la conveniencia de coordinar con quienes trabajaban en otras zonas en esa misma línea. También se lanzó en 1993, con ocasión del debate constitucional una campaña contra la pena de muerte, junto al movimiento cívico Perú, Vida y Paz, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Bartolomé de Las Casas, para sensibilizar la opinión pública debatiendo los argumentos sobre esta pena (S 18.6.93).

Villa El Salvador y otros pueblos jóvenes, como por ejemplo los de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Comas, San Martín de Porres y el Callao. Tomaron múltiples iniciativas Al mismo tiempo las parroquias en barrios populares organizaron sus propias marchas por la paz. Tomaremos los casos de Villa El Salvador, y sobre todo del cono Este de Lima, donde se dio la mayor presencia de la violencia.

Las parroquias en Villa El Salvador son centros muy activos y que convocan a muchos jóvenes. Como símbolos de esta identificación cabe mencionar al alcalde Michel Azcueta, profesor en un colegio de Fe y Alegría y conocido como cristiano practicante en la línea de la teología de la liberación, y a Maria Elena Moyano, dos veces presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador y también Teniente Alcaldesa de Villa; en su juventud había sido catequista y posteriormente como dirigente popular fue conocida como cristiana practicante. En general, la Iglesia, presente en Villa El Salvador desde su fundación, animó moralmente a los pobladores en sus esfuerzos para transformar Villa El Salvador en un pueblo organizado y bien construido. Al mismo tiempo legitimó las organizaciones populares y todas las acciones cívicas conducentes a mejorar la vida de los pobladores. En este contexto, el mensaje violento y destructivo de los terroristas no tuvo resonancia entre la mayoría de los habitantes; sin embargo, realizaron atentados y asesinatos.

Uno de los lugares más azotados por la violencia fue el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, donde la Iglesia realizó múltiples actividades de respuesta y compromiso con los derechos humanos y la paz. El P. Matías Siebenaller, párroco de Caja de Agua y activo impulsor de la respuesta eclesial, señala siete hitos o aspectos de ella (Anexo 11):

En primer lugar, se dio una activa defensa de los derechos humanos. Cuando se acumulan noticias de la desaparición de personas, de asesinatos selectivos, de fosas comunes y de atentados de toda índole contra la vida, la pastoral de derechos humanos se institucionaliza en el decanato de San Juan de Lurigancho. Desde una comisión central se promueve la vigilancia por los derechos humanos en todas las comunidades cristianas, se coordina con otras instancias de DDHH en Lima y en el país, se convoca a participar en campañas de solidaridad con detenidos y desaparecidos; se adquirió, se divulgó y se defendió la convicción de que los Estados y sus constituciones no conceden los derechos humanos, que más bien tienen la obligación de protegerlos y desarrollarlos ya que pertenecen a todo ser humano por naturaleza. En 1987 se emprendió una campaña de firmas contra los delitos de función y por los detenidos desaparecidos.

En segundo lugar, surgieron conjunto musicales que despertaban la conciencia frente al dolor y atropello a la vida, como «Siembra», «Rocas vivas», «Amanecer» etc. Son numerosos los encuentros de festivales del canto a la vida y de cantatas de los mártires que convocan a resistir, a desentrañar de la fe energías para amar y defender la vida, y los actos culturales de solidaridad. Un tercer aspecto fueron las marchas por la vida y la paz. Los participantes llevaban banderolas y pancartas que denunciaban el terror y exaltaban el valor de la vida. Subiendo el cerro San Cristóbal, una procesión bulliciosa y multitudinaria hacía palidecer las muchas pintas a favor del terrorismo. La gran marcha por la paz y el desarrollo, desde Caja de Agua a Canto Grande, el 27 de Octubre de 1991, tiene lugar cuando ya muchos dirigentes populares en San Juan de Lurigancho habían sido asesinados y otros eran continuamente amenazados. El lema: Si es contra mi vecino, también es contra mí, recoge las palabras de Alfredo Aguirre, asesinado con el dirigente Fortunato Collazos en el asentamiento humano Juan Pablo II. Asistieron delegaciones de El Agustino, Comas, Vitarte y Villa El Salvador (S 1.11.91). Esa marcha, organizada por un recién nacido «Frente Único» y las comunidades cristianas de San Juan de Lurigancho, fue parte de las iniciativas populares que finalmente doblegaron la acción del terror en el país.

En cuarto lugar, realizaron gestos simbólicos. En protesta por la matanza de la Hna. Juanita Sawyer y varios presos de Lurigancho en 1983, plantaron la cruz con el letrero: «No matarás», en medio de la avenida Próceres de la Independencia. Para expresar la esperanza en las energías de paz, plantaron muchos árboles de la paz, sembraron en muchos lugares semillas de paz, llevaron a cabo muchas colectas de solidaridad. Para no olvidar desaparecidos y asesinados, llenaron las paredes con sus nombres y los corearon en letanías. Hubo gestos de consuelo a enlutados, de acogida a desplazados, de visita a detenidos, de comida con hambrientos, de hospedaje de perseguidos, de velorio con todos los muertos. Igualmente importante es recordar, en quinto lugar, que el conjunto de la actividad pastoral recobraba vigor. Las fiestas en honor de la Cruz durante el mes de mayo, la celebración de la Virgen del Carmen y de Santa Rosa recogían los dramas que asolaban el país y la familia peruana y se realizaron numerosas jornadas de ayuno y oración. En sexto lugar, muchos encuentros y muchas marchas por la vida y por la paz terminaban en una celebración eucarística donde se denunciaba y reflexionaba sobre los hechos de violencia.

Finalmente, fue importante la reflexión para entender lo que sucedía. La Escuela de Formación Cristiana de San Juan de Lurigancho tuvo un papel importante. Las clases de ciencias sociales llevaban a un análisis vivencial de la coyuntura. La reflexión psicológica tenía que abarcar las realidades desconcertantes y mortíferas que golpeaban a personas y a instituciones. La reflexión bíblica iluminaba un camino difícil, convocaba en Iglesia y enviaba a una misión de paz. Se realizaron también desde 1988 hasta 1992 sesiones de actualidad. Los años oscuros y angustiosos del terror, tanto el local como el que acontecía en otras regiones, fueron fecundos para el aprendizaje de una cultura de vida, la Iglesia fomentó.

Conclusiones

La respuesta a la violencia y el compromiso con la paz y los derechos humanos fue una tarea de todos los estamentos eclesiales. La Conferencia Episcopal tuvo muchos pronunciamientos importantes tomando posturas muy claras frente a los actos subversivos y a las violaciones de los derechos humanos, y apoyando las acciones de las diferentes diócesis, comisiones y movimientos; ellos fueron los que dieron carne a esas tomas de posición, comprometiéndose cotidianamente con la población atrapada entre los dos fuegos de la violencia subversiva y de la represión, en los más diversos rincones del país. Como dice Klaiber:

La Conferencia se limitó a la labor de consolar u orientar moralmente a la Nación, y a condenar la violencia y los abusos de parte de las autoridades legalmente constituidas. En general, la lucha contra el terrorismo en el Perú fue obra de las bases: de ciertos obispos progresistas, sacerdotes y religiosas de la sierra y los pueblos jóvenes, ronderos-catequistas, activistas cristianos a favor de los derechos humanos y la paz y cristianos comprometidos como María Elena Moyano y Michel Azcueta. Los evangélicos también lucharon y murieron por su idealismo cristiano. Sobre todo con lemas como «La Solidaridad es el nuevo rostro de la Paz», los cristianos inspirados por la teología de la liberación y los ideales de Medellín ofrecieron una mística religiosa a los esfuerzos de miles de peruanos de toda clase social por organizarse para salir de la larga y oscura noche en que el Perú se encontraba sumergido por más de doce años (Klaiber 1997:278)

Por eso es necesario, para terminar, recordar a los que testimoniaron con su vida este caminar. María Elena Moyano, Pascuala Rosado, y tantas otras mujeres del pueblo. El joven laico Jorge Cerrón, asesinado en Huancayo, y el catequista Florentino Soncco asesinado en Puno, como tantos otros catequistas no mencionados de pueblos lejanos. Dirigentes campesinos que no abandonaron su gremio en servicio a otros; dirigentes sindicales, fuertes en la reivindicación y sólidos en la organización. A los anónimos, víctimas de una circunstancia que no les consultaron. Maestros y maestras que no dejaron espacio al terrorismo, y sufrieron la represión. Sacerdotes y religiosas mártires como Vicente Hondarza, Agustina Rivas, Irene Mac Cormack; Zbigniew Strazalkowski y Michel Tomasek, Sandro Dordi; innumerables agentes pastorales hombres y mujeres que arriesgaron su vida para seguir fielmente ejerciendo su labor pastoral justo a los mas pobres y en los lugares mas lejanos y olvidados. Para ellos la lucha por la vida no fue ajena, los muertos tampoco. Ellos simbolizan el valor de la esperanza activa, la presencia tenaz junto a las personas de diversas culturas y lenguas, contra todas las corrientes oscuras que desdeñan la dignidad de la persona y los valores de la justicia y la paz, piedras miliares sin las cuales es imposible una civilización con rostro humano.

Abreviaturas y siglas

C	Caretas
Ca	Cambio
CEAS	Comisión Episcopal de Acción Social
CENDOC	Centro de Documentación del Instituto Bartolomé de Las Casas
CEP	Conferencia Episcopal Peruana
Co	Correo
CONFER	Conferencia de religiosos del Perú
D	Diariouno
DEP 1984	Directorio eclesiástico del Perú 1984
DEP 1987	Directorio eclesiástico del Perú 1987
DEP 2002	Directorio eclesiástico 2002
EC:	El Comercio
ED	El Diario
EDM	El Diario de Marka
EDI	El Diario Internacional
EM	El Mundo
EO:	El Observador
EP	El Peruano
ES	El Sol
Ex:	Expreso
G	Gestión
H	Hoy
IC	Informativo CEP del Centro de Estudios y Publicaciones
IER	Instituto de Educación Rural
IPA	Instituto de Pastoral Andina
LC	La Crónica
LMD	La mayoría de los diarios
LP:	La Prensa
LV	La Voz
N	Nacional
O:	Ojo
P	Revista Páginas del Centro de Estudios y Publicaciones
Si	Revista Sí
S	Quincenario Signos del Centro de Esti\udios y Publicaciones y el Instituto Bartolomé de Las Casas
SL	Sendero Luminoso
MRTA	Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
UH:	Ultima Hora
X	Revista Equis X

Anexos

Anexo 1	Informe para la Comisión de la Verdad sobre la Iglesia Católica durante la época a la violencia: 1980-1992, por Jeffrey Klaiber, S.J.
Anexo 2	La Iglesia chimbotana y la violencia política, por Víctor Mendoza Barrantes, Comisión de Justicia Social - Chimbote
Anexo 3	Informe de la participación y apoyo de la Arquidiócesis de Huancayo en la Comisión de la verdad y reconciliación, por Miguel Zamudio Santibáñez, PASDIH
Anexo 4	Entrevista a Elizabeth León
Anexo 5	Informe resumen de la entrevista con Daniel Leblanc O.M.I., por Luis Mujica B.
Anexo 6	Resumen de la entrevista al «Padre Obispo» Gurruchaga, por Por Luis Mujica B.
Anexo 7	Iglesia Católica en Ayacucho durante el proceso de violencia, Ayuda memoria Sede Sur Central (Ayacucho)
Anexo 8	Jorge Luis Cerrón Acosta, por Roberto Dolan Behler, SJ
Anexo 9	Reunión Iglesia Sur Andina
Anexo 10	Reunión de agentes pastorales de la Iglesia surandina con comisionados de la CVR, Juliaca, 24 y 25 de Octubre 2002
Anexo 11	Memoria resumida de la respuesta eclesial en San Juan de Lurigancho 1983 - 1993, «Hagan esto en memoria mía», por Matías Siebenaller, y listado de acciones (impreso)
Anexo 12	Clero nacional frente a la violencia política, DESCO 1989
Anexo 13	Toma de rehenes por el MRTA en 1997 y participación de Mons. Cipriani
Anexo 14	Rol de las Iglesias en el Nor Oriente. Informe de la CVR regional.
Anexo 15	Resumen Ejecutivo del Informe Preliminar elaborado por CEAS
Anexo 16	CEAS y la búsqueda de paz y justicia (1980- 1991), por Ernesto Alayza Mujica
Anexo 17	Algunas informaciones complementarias respecto a la Iglesia en Ayacucho. Recogidas por Pilar Coll
Anexo 18	Situación de Violencia en la Diócesis de Huacho 1980-2000, por Jorge Guerra, Comité de Defensa de los Derechos Humanos Huacho (impreso)
Anexo 19	Aportes de la Iglesia Católica del Perú en el tiempo de la violencia política 1975 - 2000, Conferencia Episcopal Peruana (fotocopias)
Anexo 20	Documentos de diócesis, equipos pastorales y laicos y recortes de prensa sobre Iglesia (fotocopias)

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3.3.2. Las iglesias evangélicas

La llegada de las primeras misiones evangélicas o protestante |7| al Perú se remonta a fines del siglo XIX. Desde entonces el crecimiento de las comunidades evangélicas ha sido cada vez más notorio. De hecho, hacia 1916 existían en el Perú 1326 practicantes. Hoy se conoce que los evangélicos constituyen el 12% de la población peruana, es decir, más de dos millones de personas |8|.

Los evangélicos se organizan al interior de entidades mayores de gobierno eclesiástico llamadas denominaciones, las cuales agrupan a las iglesias o congregaciones locales bajo criterios de afinidad histórica, tradición teológica, creencias o formas de gobierno. Por otro lado, existen organismos de servicio a las iglesias que cumplen funciones específicas, denominadas instituciones para-eclesiásticas. La articulación de las diferentes denominaciones y entidades para-eclesiásticas constituyen lo que en la actualidad se llama el CONEP, fundado en 1940. Esta organización fue constituida entre otros objetivos para representar a la comunidad evangélica frente al Estado. Su lucha histórica fue la obtención de la libertad religiosa.

La presencia social evangélica en sus inicios se hizo notar en la creación de colegios y clínicas privadas, albergues para huérfanos, niños desamparados o ancianos, programas de ayuda humanitaria a los mas necesitados, entre otros. Sin embargo, consideran que es su ímpetu evangelístico, de proclamación y llamado a la conversión, que los evangélicos lo que los hace más conocidos.

El desarrollo de los acontecimientos del conflicto armado interno afectó directamente a la comunidad evangélica. Las iglesias evangélicas fueron víctimas de la violencia tanto de parte de los grupos subversivos como de miembros de las propias Fuerzas Armadas. El PCP-SL encontró en la iglesia un enemigo al que no pudo vencer y el MRTA no pudo cooptarlo como pretendió. El accionar de las fuerzas del orden, aunque probablemente sin seguir un patrón político especial contra las iglesias, no provoco una huida masiva de pastores. La comunidad evangélica denuncio no solo los actos de terror de los grupos subversivos, sino también de otros actores como miembros de las Fuerzas Armadas y en su momento algunos Comités de Defensa Civil, que mimetizaron discursos y prácticas de terror y muerte. Denunciar a estos actores que tenían el control total de la zona, significaba exponerse a posibles desapariciones o muertes, como efectivamente sucedió con miembros de la comunidad. Expresan, sin embargo, que ello significó recuperar un sentido de ciudadanía, de sujetos de derechos.

Ese proceso propició el desarrollo de una respuesta creativa al problema de la violencia de parte de las comunidades evangélicas en sectores rurales de nuestro país. Esta respuesta se tradujo en la formulación de un discurso religioso de resistencia y de pastoral de consolación frente a las amenazas de muerte, así como en la valoración y utilización de las formas de organización y representación simbólica de la cultura andina. Surgió así la formación de comités de defensa ciudadanos y la oportunidad de poner en práctica los mecanismos de solidaridad entre las víctimas de la violencia, de manera concreta.

En este mismo sentido, la distribución geográfica del proceso de intensidad de la violencia del campo a la ciudad evidenció las tensiones al interior del campo evangélico, entre el campo evangélico urbano que intentó mantenerse al margen de esta problemática y un sector rural que presionado por la fuerza de la realidad aprendió a articular respuestas al límite de las posibilidades de supervivencia en la zona, promoviendo esperanza en medio de la desesperanza.

Las acciones de resistencia se dieron, particularmente, por parte de pequeñas comunidades cristianas pobres ubicadas en la serranía y la selva peruana. Las iglesias fueron en muchas comunidades rurales las únicas organizaciones sociales que no se disolvieron, sino que resistieron y quedaron en pie. Frente al mensaje totalitario y violentista de los grupos subversivos y la realidad de horror, la fe que los animaba, les llevó a elaborar diversas respuestas: desde no acatar el llamado de tomar las armas hasta la articulación de su reflexión teológica CON lo que vivían a diario, pasando por decidir luchar contra sendero a través de las rondas campesinas, mostrándose así la diversidad de respuestas que los evangélicos pudieron elaborar frente al terror. En todo caso fueron respuestas del liderazgo nativo, pues la mayoría de misioneros extranjeros tuvo que salir de esos lugares, dejando en manos de pastores o lideres laicos locales la dirección de las iglesias.

El desarrollo de una pastoral de consolación, desde comunidades de fe en zonas rurales, constituyó una respuesta a miles de personas desesperanzadas que vivían entre dos fuegos. La consolación se convirtió en solidaridad concreta con las viudas, huérfanos, desplazados, los presos, abriendo sus templos como casas temporales de refugio, proveyendo alimentos y ropa, conectándolos con organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y organismos de derechos humanos. Ante el temor y la desesperanza, estas iglesias rurales y de las prisiones desarrollaron la esperanza en un Dios que protege y que se tradujo en comunidades eclesiales solidarias, albergando no solo a los suyos sino a todo aquel que buscaba consejo y asistencia. Surgieron nuevas formas de prácticas comunitarias de fe: en las casas, en el campo solitario, usando las horas de madrugada, en el camino, en las cuevas de las montañas. También en las prisiones hubo experiencias ecuménicas entre ambos sectores cristianos. Estas comunidades fueron realmente un sustento emocional y espiritual en general, y particularmente en medio de las condiciones infrahumanas de las prisiones.

Sin embargo también hubo indiferencia y silencio, de una parte significativa del liderazgo evangélico nacional, de las iglesias urbanas de Lima y ciudades de provincia, particularmente las iglesias más grandes numéricamente hablando. Algunos apoyaron tímidamente la labor del Concilio Nacional evangélico del Perú (CONEP), entidad que estableció en agosto de 1984 un Departamento de Servicio Social (Paz y Esperanza) con el propósito de atender a evangélicos afectados por la violencia. Otras simplemente fueron indiferentes e incluso contrarias al trabajo que realizaba el CONEP. Si bien la indiferencia prevaleció mayoritariamente en las iglesias urbanas, es necesario señalar que hubo sectores que consideraban como parte del corazón de su misión el rechazo a la violencia y denuncia a los actores que violan la dignidad humana.

En resumen, en este proceso de confrontación con la violencia, diversos sectores del mundo evangélico descubren su propio rostro ciudadano y las propias contradicciones de una sociedad centralista y otras debilidades del sistema y de la cultura peruana, junto con las enormes posibilidades de re-construir, con el resto de actores de la sociedad civil, los fundamentos de una sociedad alternativa y distinta. hay dentro de la comunidad evangélica quienes consideran que la violencia política marcó una nueva etapa en la actuación social de los evangélicos. Las respuestas que se generaron a partir de la violencia ejercidas contra miembros de las iglesias evangélicas produjeron nuevas formas de entender la misión cristiana.

3.3.2.1. Las iglesias evangélicas en la mira de la violencia política

3.3.2.1.1. Cronología de los acontecimientos más saltante de la afectación de la violencia sobre las iglesias

El conflicto armado interno afecto a las iglesias en distintos momentos y lugares. Aquí se hace una cronología que da cuenta de las principales

1982		El CONEP recibe los primeros reportes de amenazas contra evangélicos en áreas rurales de Ayacucho
1984	27 de julio	el PCP-SL ataca una iglesia pentecostal en Santa Rosa-La Mar Ayacucho. Asesinaron a seis creyentes y otros 14 fueron heridos.
	1 de agosto	Infantes de Marina ingresan a la iglesia presbiteriana de Callqui-Ayacucho, durante un culto de Oración, sacan fuera a seis jóvenes y los asesinan.
	3 de agosto	Líderes de la iglesia presbiteriana denuncian el hecho ante el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP). Ellos demandan protección del gobierno. Vicente Sayco denuncia los hechos ante las autoridades.
	20 de agosto	La revista Caretas publica un reporte dando a conocer la matanza de Callqui.
	23 de agosto	El CONEP publica un comunicado denunciando y condenando «la indiscriminada violencia perpetrada por las fuerzas de la ley y del orden» y también la de el PCP-SL a quien demanda deponer las armas.
	24 de agosto	El CONEP organiza un comité de emergencia, el cual se llamara luego COMPAZES, Comisión Paz y Esperanza. El mandato que se le da es el de «planificar, organizar, coordinar y ejecutar» acciones para ayudar a las iglesias evangélicas y las familias que sufren la violencia política. El Pastor presbiteriano, Pedro Arana Quiroz es encargado de dirigir esta comisión.
	11 de setiembre	Javier Ariz, obispo auxiliar de Lima envía una carta de solidaridad al CONEP por los sucesos de Callqui.
	27 de octubre	20 familias evangélicas ayacuchanas, unas 50 personas en total, viajan como colonos al Alto Mayo. El 7 de diciembre del mismo año, viajaran otras 30 familias a Madre de Dios.
1985	23 de mayo	COMPAZES establece una oficina en Huamanga, a cargo de Zenaida Góngora.
	14 de julio	Agripino Quispe, pastor presbiteriano de la comunidad de Santa Bárbara, Huancavelica es detenido injustamente por la policía. Es el primer caso significativo de un preso inocente evangélico que recibe la atención pública. Amnistía Internacional lo adopta como preso se conciencia.
1986	1 de marzo	El CONEP decide incorporar formalmente a COMPAZES dentro de su departamento de Promoción y Servicio Social DIPAS. Se forman Rondas campesinas del Valle del Río Apurímac
1988		La Comisión Bernales convoca al CONEP para que envíe sus propuestas sobre el tema de violencia y pacificación. CONEP convoca a un grupo de trabajo compuesto por pastores y reconocidos líderes; elabora el documento «Una reflexión evangélica sobre las causas de la violencia y la pacificación del país».
1989	Febrero	el PCP-SL asesina a 25 miembros de la Asamblea de Dios de Canayre-Huanta, durante un Ayuno.
1990	Febrero	el PCP-SL ingresa al templo de la Iglesia Pentecostal en Ccano-La Mar-Ayacucho, durante un Culto de Oración, asesina a 31 feligreses y los quema con gasolina.
1991	20 de mayo	*Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga, jóvenes de la Iglesia evangélica Peruana son detenidos y luego desaparecidos por la policía en Huancayo. CONEP junto con Ceapaz y el Arzobispado de Huancayo denuncian el hecho en el ámbito nacional e internacional. *Norm Tattersal y José Chuquin, funcionarios de la ONG evangélica World Vision de Canadá y Colombia, respectivamente, son asesinados presuntamente por integrantes de el PCP-SL cuando salían de la oficina de Lima de esa entidad. Ese mismo año, cuatro trabajadores de World Visión fueron detenidos y luego desaparecidos en las afueras de Andahuaylas. Se sospecha que fueron senderistas.
1992	Julio	El CONEP hace un recuento de las víctimas evangélicas, registrándose 529 pastores, miembros de iglesias asesinados.
	noviembre	Se crea en Ayacucho la Asociación de Comunidades Desplazadas de la Provincia de Huanta (ACODEPH) con una alta presencia de evangélicos. Se inicia proceso de retorno de los desplazados a sus comunidades de origen, con una fuerte presencia de evangélicos.
	5 noviembre	Rómulo Sauñe, reconocido pastor quechua, uno de los traductores de la Biblia al quechua ayacuchano, es asesinado por miembros de el PCP-SL cuando retornaba a Huamanga.
1993	10 de julio	Juan Mallea, miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Comas, en Lima, es detenido acusado de ser integrante de el PCP-SL y de estar involucrado en el Caso La Cantuta. El CONEP asume su defensa y hace una denuncia pública a través de la Revista Dominical del Canal 4 y del semanario «Revista SI». Otras organizaciones nacionales e internacionales se unen a la Campaña por su libertad. Fujimori lo señala públicamente como terrorista. Juan Mallea. Sale en libertad el de 1994.
1995	Julio	Inicio de «Campañas de Solidaridad por los injustamente detenidos por delito de terrorismo», promovidas por el CONEP-Paz y Esperanza y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). A partir esa fecha la campaña se realizara cada año.
	diciembre	Crisis de liderazgo del CONEP y malos manejos administrativos provocan el cierre de su departamento de servicio social y derechos humanos- DIPAS.
1996	19 de enero	Se funda la Asociación Paz y Esperanza, con el propósito de dar continuidad al trabajo en derechos humanos desde la comunidad protestante. El CONEP continúa apoyando la campaña por la liberación de los presos inocentes.
	15 de agosto	Es creada por Ley N° 26655 la Comisión Ad Hoc para revisar casos de los presos injustamente encarcelados por terrorismo. Se hace un explícito reconocimiento al rol de las iglesias católica y evangélica en la creación de este mecanismo. La Asociación Paz y Esperanza, con el respaldo del CONEP presentan 40 casos de evangélicos ante la Comisión y se inicia una campaña nacional e internacional para la liberación de los mismos que dura hasta la fecha.

3.3.2.1.2. Actores de la violencia e iglesias evangélicas: significados y afectaciones

El PCP-SL

Desde sus fundamentos marxista-leninista-maoísta el PCP-SL concebía la religión era entendida como el «opio del pueblo», como una forma de engaño a la población para «hacer dormir las conciencias», la conciencia de clase oprimida principalmente, de modo que la religión se constituía en un obstáculo para sus proyectos revolucionarios.

El uso del terror fue una de sus principales herramientas contra toda organización social que se opusiera a la línea del partido. En esta mira estuvieron las iglesias evangélicas porque en ciertas comunidades ayacuchanas constituían una de las únicas formas de organización social |9| y porque en estas u otras comunidades, los enfrentaron abiertamente.

La iglesia evangélica pasa a ser uno de los principales enemigos del PCP-SL, los «yana umas» (cabezas negras), que se oponen a la «revolución»; vocablo que emplearon para referirse a los ronderos de los Comités de Autodefensa, algunos de los cuales, sobretodo los del Sur del Valle del Río Apurímac en Ayacucho, surgieron por iniciativa de evangélicos.

Podríamos decir que la iglesia evangélica representaba para el PCP-SL una forma de alienación a la que había que combatir en todos los espacios posibles, lo fue así principalmente en las iglesias rurales de nuestro país, que fueron un serio escollo en sus proyectos totalitarios.

Otro FUE SU discurso en el Alto Huallaga. En esta zona, el PCP-SL permitió, bajo un severo control, la continuidad de las actividades religiosas de las iglesias evangélicas, como parte de un recurso táctico militar y político. Adoptaron esta estrategia porque los grupos subversivos percibieron que la iglesia jugaba un rol de soporte emocional y de esperanza, constituyéndose en una especie de muro de contención para posibles migraciones, que se comenzaron a generar como consecuencia de los enfrentamientos armados entre el Ejército y ellos mismos. Implícitamente este hecho les daba seguridad de seguir contando con «zonas liberadas», aunque en ellas la población se sintiese cautiva.

Inicialmente la estrategia de los subversivos se orientó a ganarse a la población presentándose con propuestas reivindicativas, logrando éxito. Sin embargo, cuando el PCP-SL comienza a desarrollar sus estrategias de terror, los campesinos van quitándole su apoyo y los evangélicos comienzan a entender que la ideología senderista va en contra de sus principios cristianos. Esto motiva una reacción violenta contra las iglesias, que comienza con amenazas, para luego pasar directamente a acciones violentas ejecutando a pastores de las iglesias y en ocasiones, atacando a los feligreses reunidos en templos evangélicos, incluidos ancianos y niños. Este cambio ocurrido en la estrategia del grupo subversivo hacia las congregaciones evangélicas, acontece cuando éstas deciden organizarse para defenderse en lo que inicialmente se llamó montoneras y luego Comités de Autodefensa (desde 1982- 1983). Es el caso de una comunidad del Distrito de Chungui en Ayacucho «...la asamblea comunal llegó a la conclusión de que: "teníamos que organizamos de esos extraños, si no, nos iban a exterminar" » (del Pino 1996: 137).

Esta respuesta que se dio en el valle del Río Apurímac en la ceja de selva ayacuchana, hizo que el PCP-SL ingresara a estos lugares a sangre y fuego, bajo la consigna de batir el campo, siendo uno de sus blancos las iglesias evangélicas, como es el caso de las comunidades de Ccano y Santa Rosa. En Ccano, cuya población era mayoritariamente evangélica, el PCP-SL incursionó en 1991 en la Iglesia Pentecostal, descargando ráfagas de metralleta al interior del templo; «luego ingresaron y remataron a golpes a los agonizantes. No contentos con ello rociaron los cuerpos y el local con gasolina y les prendieron fuego. Entre las víctimas se encontraban niños, mujeres, ancianos y jóvenes» (Del Pino: 163). Los ronderos de Ccano eran los más odiados por el PCP-SL por su alto grado de organización.

En la comunidad de Santa Rosa el 27 del mismo mes (julio de 1984) unos 60 senderistas... portando metralletas, pistolas y escopetas se dirigieron a la iglesia, la rodearon y desde la puerta lanzaron petardos de dinamita y dispararon ráfagas contra los evangélicos que oraban en su interior. Antes de retirarse dejaron un cartel que rezaba: así mueren las mesnadas traidoras del pueblo. El ataque dejó seis evangélicos y un católico muerto, además de siete heridos, entre ellos Alfredo Vásquez, pastor de la iglesia, quien habría respondido en voz alta a los lemas senderistas: Nosotros servimos a Dios, no queremos dos patrones. (Del Pino1996: 163)

Entre el año 1983 y 1984 fueron asesinados en Ayacucho 12 pastores evangélicos de zonas rurales, principalmente de la Iglesia Presbiteriana y de la Iglesia Pentecostal del Perú, que eran las congregaciones evangélicas más extendidas en la zona. Se presume que fueron victimados por el PCP-SL porque muchos de ellos eran autoridades locales y se opusieron a la prédica terrorista en forma rotunda. En esta región las congregaciones evangélicas se constituyeron en un enemigo principal de la revolución.

Cuadro 1: Incursiones del PCP-SL a las iglesias en el período 1983-1991

Fecha	Denominación	Ubicación	Actividad	Víctimas	Responsables
Agosto 1984	Pentecostal	Sta Rosa La Mar	Culto oración	6	PCP-SL
Agosto 1984	Presbiteriana	Callqui Huanta	Culto oración	6	Infantes de M.
Oct. 1986	Presbiteriana	Toronto Huanta	Culto adoración	6	PCP-SL
Febr. 1989	Asambleas de Dios	Canayre Huanta	Ayuno	25	PCP-SL
Febr. 1990	Pentecostal	Ccano La Mar	Vigilia	31	PCP-SL

(Hinojosa Norma 1995: 46)

Los evangélicos eran asesinados no solo en sus templos sino también en sus comunidades, como lo apreciamos en el cuadro 2:

Cuadro 2: Lugar de asesinatos

Fecha	Comunidad	Ubicación	Asesinados		Responsables
			Total Evangélicos
Octubre 89	Sallalli	Vinchos-Ayacucho	9	7 (Presbiteriano)	S L
Enero 90	Acos-Vinchos	Huamanga-Ayacucho	13	13 (Pentecostal)	S L
Enero 91	Ccarhuahuarán	Huanta-Ayacucho	22	9 (Asambleas de Dios)	S L

(Hinojosa Norma 1995: 47)

En el Alto Huallaga el PCP-SL adoptó como se ha señalado una estrategia algo diferente, que combinaba la tolerancia, con el hostigamiento, la amenaza y el control férreo. Las iglesias asentadas en zonas rurales del sur del departamento de San Martín, pertenecientes a la Alianza Cristiana y Misionera, fueron objeto de constantes amenazas de muerte por parte del PCP-SL, conminándolos a unirse a sus filas y a estar presentes en sus asambleas populares de adoctrinamiento, conjuntamente con el resto de la población. En la zona, el PCP-SL sometió bajo estricto control la vida de los dirigentes de las iglesias. Toleró las actividades religiosas, pero impuso horarios y exigió la asistencia a las actividades deportivas y «culturales» que organizaban para captar fondos para la revolución, en las cuales solía permitir a los pastores predicar la Palabra de Dios. Ordenó en muchas oportunidades el cierre de las iglesias |10| (lo consiguieron en 7 iglesias alrededor de Aucayacu, por ejemplo) y propaló discursos de temor entre la población para evitar que asista a las iglesias. En contadas ocasiones, asesinaron a miembros de la comunidad evangélica que dieron alojamiento a militares o por el solo hecho de ser evangélicos.

Esta estrategia de «tolerancia», hostigamiento y control parece estar asociada al desplazamiento de las poblaciones a causa de la violencia.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

El MRTA también asumió la comprensión marxista de la religión como el «opio del pueblo», entendiéndola como un tranquilizante al que recurre el pueblo como mecanismo de defensa para revertir su situación de pobreza. Sin embargo, como lo señala Alfonso Wieland, quien fuera Coordinador del Departamento Social del CONEP,

...hubo también un mensaje implícito de querer usar la imagen de Cristo como el de un revolucionario, por lo cual, concluían que los cristianos deberían estar al frente de la lucha por el cambio social y del orden político. Esto se asemeja mas al modelo tradicional de las guerrillas de los años sesenta en adelante e incluso, por ejemplo, en el proceso nicaragüense donde es sabido que cristianos se plegaron a la revolución sandinista.

De otro lado, testimonios de líderes y pastores evangélicos entrevistados en centros poblados menores de Rioja, Moyobamba y Lamas, coinciden en señalar que muchas veces los miembros de MRTA ingresaban a los servicios religiosos de las iglesias y solicitaban que oren por ellos y que también intercedan por sus vidas. Este comportamiento fue más común entre los que podríamos llamar «subalternos» y excepcional entre los comandos o mandos político-militares. Otros, líderes, admitían la continuidad de las actividades religiosas evangélicas por razones estratégicas: en unos casos, con el propósito de captar adeptos entre los evangélicos; y, en otros casos, esperando que la prédica evangélica actuara como tranquilizante y contuviera el desplazamiento de las familias campesinas, presionadas entre los militares y los subversivos.

En el centro del país fueron más directos en su estrategia de amedrentamiento a las congregaciones evangélicas. Acusaron a los pastores evangélicos de pro-imperialistas y los conminaron a cerrar los templos evangélicos, argumentando que tales actividades solo servían para engañar a la población. Ya sea por objetivos estratégicos o por razones religiosas, las comunidades evangélicas no fueron sus principales objetivos militares.

Tanto en el centro del país como en la zona del Alto Mayo, el MRTA vigiló constantemente a las iglesias. Estaban al tanto de las prédicas de los pastores, les imponía -al igual que al conjunto de la población- «toques de queda», les impedían trasladarse a otros pueblos y se oponían a que recibieran visitas de predicadores foráneos. También presionaban a los pastores para que asistieran a sus asambleas de adoctrinamiento y los cuestionaban para que guardaran una coherencia entre los valores cristianos que predicaban y sus comportamientos. De esta forma, el MRTA se convertían en una suerte de gendarme.

Las Fuerzas Armadas

Las fuerzas del orden no desplegaron un discurso específico sobre la comunidad evangélica que sirviera de base para actuar sobre ellas; tampoco intentaron comprender la dinámica y las características de las iglesias evangélicas. Los templos evangélicos generalmente son una casa sencilla, sin ningún símbolo o cruz que, a la manera de los templos católicos, ponga de manifiesto su calidad religiosa. Debido a esta razón las fuerzas del orden ingresaban sin respeto alguno a las reuniones bíblicas, considerándolas meras congregaciones de población eventualmente subversiva. Miembros de las fuerzas armadas, sobre todo los de la Marina, menospreciaban las credenciales del pastor Evangélico o de los líderes de las iglesias, cuando ellos trataban de mostrar su inocencia en operativos de rastrillaje, respondiéndoles con mofas y con el calificativo de «terruco evangelista». Los evangélicos, al igual que el resto de la población rural, sintieron ser tratados con desprecio, «en esta vida nos tratan como a basura, a nosotros nadie nos defiende, nuestra esperanza está puesta en Dios y no en los hombres que piensan ser poderosos».

Durante los primeros años de iniciada la violencia, se reportaron incursiones armadas a poblaciones, incluidos los templos evangélicos, los que supuestamente albergaban o daban apoyo a los subversivos. Posteriormente, las incursiones fueron reemplazadas con detenciones y desapariciones |11|, al mismo tiempo que, la estrategia contrainsurgente cambió de giro, el Ejército (que reemplazó a la Marina en Ayacucho), buscó acercarse a la población.

En Callqui, poblado cercano a la ciudad de Huanta, los marinos irrumpieron abruptamente en el servicio religioso y asesinaron con pasmosa frialdad a 6 miembros de la Iglesia Presbiteriana el 1 de agosto de 1984. En una carta emitida por la Iglesia Presbiteriana Nacional de Huanta dirigida al CONEP se menciona que:

...sacaron a viva fuerza a 6 varones fuera de la iglesias, quedando 2 militares quienes obligaron a entonar himnos a los demás hermanos con palabras soeces y mientras cantaban escucharon una ráfaga de metralleta.Finalmente, para retirarse arrojaron una granada.Esa misma noche los hermanos al salir del templo, aproximadamente a 8 metros de distancia, encontraron los cadáveres de 6 varones hermanos.al día siguiente comunicaron a los miembros y dirigentes de la iglesia de esta localidad, quienes pusimos en conocimiento de las autoridades judiciales para proceder con el levantamiento de los cadáveres.En estos procedimientos se ha verificado de los que presenciaron este horrendo crimen, que ha ocurrido de parte de las fuerzas del orden, concretamente de los marinos o navales... (López1998: 230-231) |12|

La matanza de Callqui marcó un punto de quiebre PARA la comunidad evangélica y significó la participación mas decidida del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) en el proceso de pacificación del país. Callqui interpeló a un sector más amplio de la comunidad evangélica y promovió pronunciamientos y acciones en pro de la justicia y la paz, como parte de la misión impostergable de la iglesia.

Frente a los sucesos de Callqui, mandos de la Marina intentaron justificar la matanza diciendo que fueron muertos en un enfrentamiento entre ellos y los supuestos subversivos, López citando a Manrique señala: «...el abismo étnico que separa a los indios de los no indios va acompañado de un profundo racismo, al cual obviamente no eran ajenos los soldados destacados a cumplir misiones de combate» (López 1988:58). Creemos que estos factores: el racismo y las «estrategias antisubversivas», se encuentran en la base de la lógica del terror que explicaría sucesos como los de Callqui en Huanta Ayacucho.

A pesar de las represalias que podían provocar la denuncia de las detenciones y desapariciones, mostrando una vocación de justicia y responsabilidad, el gerente de Radio Cultural Amauta y MIEMBRO de la Iglesia Presbiteriana de Huanta, Vicente Saico Tinco, se armó de valor y denunció los hechos ante las autoridades pertinentes, acusando a los infantes de marina de ser los autores de esta matanza viéndose obligado luego a sacar a su familia de Huanta para darles mayor seguridad.

Los evangélicos también fueron víctimas de detenciones y desapariciones, arbitrarias e injustificadas. Manuel Meneses y Félix Inga, miembros de la Iglesia Evangélica Peruana de un poblado rural de Huancavelica y de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en la periferia de Huancayo respectivamente, fueron detenidos y desaparecidos por el ejército en mayo del 91, en la ciudad de Huancayo. Sobre el particular la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó:

...El 20 de Mayo a las 8.00 a.m. Manuel salió del domicilio donde se alojaba con dirección al local de las estación de radio «Audiciones Radiales del Centro». Allí también funciona una librería. El objetivo era llegar a la librería. Mientras esperaba que abrieran el local, llegó Félix Inga quien iba a cambiar algunos cursos bíblicos que la radio ofrece en forma gratuita.Se sabe que mientras Manuel y Félix esperaban llegó una camioneta de propiedad de la Empresa Nacional de telecomunicaciones.Del vehículo salieron dos miembros de la Policía de Seguridad, quienes en forma sorpresiva y violenta introdujeron a Manuel y Félix a la camioneta llevándolos al puesto policial de Millotingo. Ese mismo día en la tarde seis hombres uniformados.condujeron a Manuel.al domicilio donde se hospedaba.tenía huellas de haber sido sometido a maltratos físicos. Los sujetos registraron toda su habitación y luego, sin haber encontrado ninguna prueba en su contra, volvieron a llevárselo. Los testigos de estos hechos así lo han declarado ante la Fiscalía especial.Cuando la Fiscal se dirigió al puesto policial para verificar la detención, los oficiales negaron haberla realizado...El paradero de Manuel Meneses y Félix Inga sigue siendo desconocido (CNDDHH 1991:2)» (López 1998: 254)

En zonas como las del Alto Huallaga, la población evangélica recuerda aun con mayor temor la presencia de los militares antes que la del PCP-SL. Miembros de la comunidad evangélica que han prestado testimonio señalan que «abusaban, robaban, comían gratis, obligaban alojamiento, violaban a sexualmente a las mujeres e inclusive desaparecían a las personas detenidas |13| y, en «Maronilla, un templo muy humilde de bambú y paja, fueron masacrados por el ejército...fueron acribillados...por que según ellos los hermanos están coludidos, ellos argumentaban que también eran senderistas».

De otra parte los evangélicos percibieron que hubo por parte de los sucesivos gobiernos una búsqueda de utilizar y manipular las formaciones espontáneas de los Comités de Autodefensa, que se empezaron a gestar desde 1982 |14|. Estos Comités de Defensa comenzaron a adoptar los discursos y las formas de acción de los militares y, si bien no articularon discursos en contra de las iglesias evangélicas, algunos de ellos, fueron denunciados y repudiados por los pastores debido a los atropellos que cometían. Tal fue el caso del Pastor Aurelio Mozombite en Quimbiri, centro poblado cuzqueño limítrofe con San Francisco en el valle del río Apurimac. Ante sus constantes prédicas en contra de este nuevo tipo de violencia, los ronderos optaron por amenazar abiertamente de muerte al Pastor y su familia, amenaza que finalmente se cumplió.

Especialmente en Ayacucho, los Comités de Autodefensa formados por el Ejército, obstruían las actividades religiosas de las iglesias, sobre todo en el norte del valle del Río Apurímac «incursionaban frecuentemente en poblados desorganizados, acusándolos de apoyar y colaborar con la subversión, llegaban y maltrataban, como sucedió mas de una vez en Quimbiri» (Del Pino 1996: 148). El Pastor de esta localidad, Aurelio Mozombite, denunció frecuentemente los abusos cometidos, los asesinatos, los secuestros y las violaciones, siendo posteriormente asesinado presumiblemente por un integrante del CDC.

Para finalizar este punto quisiéramos señalar que las iglesias de las ciudades no fueron objeto de intervenciones violentas por parte de los subversivos o de las fuerzas del orden, aun cuando muchas de ellas sufrieron amenazas especialmente por parte de los grupos subversivos y otras, sintieron la vigilancia de las fuerzas del orden. Entre los pastores de las zonas urbanas que sufrieron amenazas por parte del MRTA se encuentran los de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera.

Un hecho que marcó a la comunidad evangélica urbana FUE la detención de Juan Abelardo Mallea Tomailla, miembro de la iglesia evangélica Alianza Cristiana y Misionera. Juan Mallea, taxista de profesión, fue detenido el 10 de julio de 1993, en el distrito de Comas, ubicado en el cono norte de Lima. Doce días después de su detención, Juan Mallea fue presentado ante la prensa junto con otros detenidos acusados de terroristas, bajo el cargo de ser el autor de los planos que permitieron la ubicación de los restos de los estudiantes y el profesor desaparecidos de la Universidad Nacional de Educación «Enrique Guzmán y Valle», La Cantuta. Como se señalará más adelante, cuando se exponga la labor del CONEP en relación a la defensa de los derechos humanos, la detención arbitraria de Juan Mallea, marcó un hito importante en la vida de las congregaciones evangélicas urbanas.

3.3.2.2. Iglesias evangélicas: resistencia, consolación e indiferencia

3.3.2.2.1. Las iglesias rurales

En este acápite nos referiremos en primer lugar a las iglesias localizadas en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica que jugaron un papel muy importante en la lucha contra el PCP-SL, en segundo lugar a las congregaciones de Junín y Cerro de Pasco y finalmente a las del Alto Huallaga y San Martín.

Las iglesias en las zonas de Ayacucho y Huancavelica, están activamente comprometidas con sus comunidades. Ellas rechazaron el proyecto político del PCP-SL, oponiendo al desprecio por la vida y al credo totalitario senderista el respeto a la vida y el seguimiento a Dios.

Cuando la violencia se tornó más sangrienta, en el período que el PCP-SL denomina del equilibrio estratégico, los pastores de estas zonas consideran que en orden a su misión religiosa deben asumir una postura de defensa de la dignidad del ser humano. Esta convicción les permite enfrentar abiertamente a el PCP-SL. Su discurso religioso señalando que al ser la vida creación de Dios, ésta no debía ser eliminada, marca un hito importante en el procesamiento y respuesta de las congregaciones evangélicas rurales frente a la violencia política frenando la prédica del PCP-SL.

Como sostiene del Pino (1996: 160) muchos de los Comités de Defensa Civil formados en el valle del Río Apurímac, fueron liderados por pastores evangélicos. En unos casos organizaron y lideraron los Comités de Autodefensa y en otros, fueron miembros activos de la organización; los pastores arengaban a los suyos con la seguridad que tendrían el triunfo en orden a su convicción religiosa. Debido al liderazgo que asumieron, los fieles evangélicos fueron tildados por los senderistas de ser «traidores del pueblo», «yana umas».

Paralelamente al enfrentamiento al PCP-SL las iglesias desarrollaron una pastoral de la consolación, para acompañar a su comunidad religiosa y a sus vecinos en el dolor de la vida diaria, para promover la esperanza en medio de la desesperanza y, para mostrar una moral superior. Uno de los campesinos lo ilustra así:

En los momentos difíciles se han comprometido los hermanos que se han metido al evangelio, nos han apoyado, han enviado a un pastor a rezar por nosotros, ayunaban tres días pidiendo protección para todos y para vencer estas dificultades, la religión Asamblea de Dios. En Chaca (Ayacucho), había un pastor nos reunía a todos para conversar y nos decía que no nos obligaba a meternos a su religión sino a escuchar la palabra que nos salvará, así sea católico, todos juntos oraremos estamos en manos de Dios.

Federico Anguila, sacerdote católico, citado por López, evaluando la presencia de estas iglesias declara:

Durante 10 años de expansión de el PCP-SL.dejaron al campesinado quechua desprotegido y a la intemperie.es en esta coyuntura cuando empezaron a caminar las llamadas Asambleas de Dios (evangélicos). La pregunta ronda inevitable ¿Quién -sino el Dios único- les daba valor a las Asambleas de Dios para infiltrarse en territorio cruelmente disputado por el PCP-SL y el Ejército? ¿Dónde estaba el pastor católico cuando el lobo dispersaba el rebaño? (López 1998:135).

Estas iglesias evangélicas rurales contribuyeron significativamente con la pacificación del país, enseñaron la convicción y congruencia entre sus principios y valores con sus conducta. el PCP-SL no pudo conquistar la mente ni los «corazones» de la población, las iglesias sí lo hicieron, crecieron en forma notable en la década de los '80.

Argumentos similares a los desarrollados por las iglesias evangélicas de Ayacucho y Huancavelica, fueron desplegados por las congregaciones de los departamentos de Junín y Cerro de Pasco. Ellos también participaron activamente y en forma voluntaria en la formación de los Comités de Defensa Civil, ante las amenazas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El MRTA incursionó en diversos poblados de esta zona, tratando de inducir mediante amenazas a las congregaciones evangélicas para que abandonasen sus convicciones religiosas. Ante el amedrentamiento y los asesinatos que cometía el MRTA, los líderes de estas iglesias evangélicas reaccionan denunciando estos hechos y confrontando a los propios subversivos con sus convicciones. Adquirieron el valor necesario para enfrentar a los subversivos, no solo como congregación, sino también transmitiendo estos significados a la población en su conjunto, como lo revela un campesino evangélico en una entrevista a profundidad realizada por la CVR en la zona de los Molinos en Jauja:

...Claro que si, sí le hablábamos a la gente, nosotros no podemos cerrar ante las amenazas, porque la religión Evangélica, yo creo que es poder de Dios pues no, y si uno tiene poder no tiene avergonzarse ante nadies, respetamos las ideas, pero también, no, ellos también venían y escuchaban y se iban, y también le hemos hablado también...inclusive yo le dije ustedes están mal, ¿cómo van a matar?, que yo no permito esto; y ellos no creían en Dios, es por eso que actuaban de esa manera.

En las zonas rurales del Alto Huallaga los discursos de los pastores y dirigentes de las iglesias también partieron de convicciones religiosas acerca de la esperanza en un futuro mejor. de la importancia de ser fieles a su vocación de ser un «Hijo de Dios».

Los pastores de estas zonas, continuaron con su misión cristiana, sus certezas de fe les exigieron asumir como parte de su responsabilidad pastoral, inclusive visitar las iglesias alejadas de los centros poblados, siendo por ello objeto de amenazas y atropellos por parte del PCP-SL o del Ejército. Sin embargo debemos señalar que a diferencia de lo sucedido en Ayacucho, en estas zonas el PCP-SL fue algo tolerante con la iglesia y permitía los servicios religiosos, servicios en los que los pastores en más de una oportunidad increparon sutilmente la actitud violenta del PCP-SL. Pastores del lugar refieren que en oportunidades muchos de los subversivos, quienes de niños habían participado en las iglesias evangélicas de sus padres, abrazaban la fe y dejaban las armas, debiendo huir en salvaguarda de sus vidas, porque pasaban a ser «traidores de la revolución».

Estas iglesias aprendieron a convivir con la violencia, en una especie de adaptación activa, no se dejaron apabullar por los discursos ni por las practicas del PCP-SL, el terror no los paralizó y con la cautela del caso continuaron con sus práctica de fe, en medio de acciones terroristas del PCP-SL y los abusos que miembros del Ejército cometían, tales como ejecuciones y desapariciones de ciudadanos acusados de «soplones» o «colaboradores». Para continuar con sus prácticas religiosas contaban con dos «permisos», uno expedido por el Comandante del Ejército y otro por el mando del PCP-SL. Cuando estos últimos solicitaban colaboración de la iglesia, las autoridades les mostraban los «libros contables», los gastos que efectuaban, y las ofrendas (salarios mínimos), para los pastores. Cuando se podía sostener diálogos, los pastores manifestaban su opción por la vida y el amor de Dios para con todos, incluidos los miembros del PCP-SL a quienes decían que estaban en la otra vereda del camino, expresión usada como una sutil forma de manifestar sus desacuerdos con la ideología senderista,

Cuando se sentían coaccionados, aceptaron pragmáticamente el rol de autoridad que tanto el Ejército como el PCP-SL, representaban: «en estos momentos son autoridad acá, esto es zona roja y yo tengo que sujetarme a las autoridades.». Eran momentos en los que la vida de ellos peligraba porque eran detenidos por patrullas senderistas, sujeción que se quebraba si eran obligados a realizar actos de pillaje o de muerte.

En las zonas rurales del nororiente la presencia del MRTA fue mayoritaria, con poblados enteros a los que consideraba como zonas liberadas, especialmente en el departamento de San Martín. Para un sector de las iglesias las situaciones de injusticia social explicaban el alzamiento en armas pero no lo justificaban: «en nuestro país, pero tampoco era el camino, un camino equivocado. nosotros predicamos una vida recta, justa, también asumimos asuntos de salud, charlas, inclusive trabajos comunales». Esto lo refiere un pastor que vivió en esos años en centros poblados menores controlados por el MRTA.

Otras iglesias evangélicas de la zona, interpretaron la violencia como tiempos apocalípticos «cumplimiento de los tiempos», «es el pecado del hombre» el que explica la violencia, la «degradación del hombre», detrás del cual está Satanás, de modo que los subversivos fueron percibidos como expresión de las fuerzas de la oscuridad contra la que se sentían llamados a luchar. En otro momento Hay un intento de articular razones teológicas con condicionantes sociales y políticas en la explicación de la injusticia social.

Las iglesias en el Alto Mayo, situadas en territorios bajo control del MRTA, respondieron desde sus convicciones adaptándose creativa y sutilmente en función de los actores sociales de estos lugares territoriales. Para los suyos demandaron una vida de rectitud; los ayunos, vigilias y oraciones se multiplicaron, eran tiempos en los que se intensificó la búsqueda de la voluntad de Dios, que en algunas iglesias se articuló con predicas acerca de la injusticia social y de la necesidad de ser una iglesia solidaria con sus comunidades. En otras iglesias se incentivaron estudios bíblicos, sobre la justicia, la conversión, el pecado y el significado de la violencia para los cristianos. Podría decirse que de un modo u otro la violencia trajo a la agenda del pastor la enseñanza desde el púlpito de la responsabilidad social del creyente. Siendo estos centros poblados menores, territorios bajo control del MRTA, sucedían en ocasiones diálogos entre ellos y los pastores evangélicos. Estos eran espacios en los que había cierta libertad para rechazar sus «políticas», que no prosperarían, de señalar que la muerte no es el camino para alcanzar la justicia, Los pastores reforzaron con celo estas ideas acerca de la importancia de la vida para Dios, Y predicaron en sus iglesias aun sabiendo que eran vigilados constantemente.

El ayuno, la oración, la vigilia, las teologías de la vida y del Reino de Dios, fueron los instrumentos de la comunidad evangélica para «enfrentar» cognitiva y actitudinalmente al MRTA. Libró una lucha en el mundo de las ideas, en el mundo de proyectos para la humanidad. El común denominador en las iglesias rurales fue el darle un sentido de comunidad de referencia que brindó espacios para la esperanza, para el consuelo, para la apropiación de fortaleza y valentía con los cuales enfrentar a los que consideraron «enemigos» de Dios. Este sentido de comunidad fortaleció esta identidad total, que hizo de ellos ronderos dispuestos a todo, la muerte como instrumento de un terror paralizante, no funcionó con ellos.

Frente al Ejército, cuando intentó formar Comités de Defensa Civil en la región, que a decir de pastores entrevistados en la zona no llegaron a prosperar, las respuestas fueron de «obediencia a la autoridad», con la convicción de que no querían vidas: «no con armas, yo voy a agarrar, pero se que no voy a usar, sabrá que el espíritu cristiano no es de matar, no de violencia».

Con la población jugaron un rol de contención emocional, eran referentes en las comunidades de consuelo, de esperanza, de protección, inclusive para familiares de jóvenes que se habían enrolado en el MRTA, que no profesando la fe evangélica, pedían a los pastores que intercedan ante Dios por sus hijos o hijas, que «andaban por los montes», expuestos a «mil peligros».

3.3.2.2.2. Las iglesias urbanas

Podríamos distinguir entre aquellas ubicadas en sectores periurbanos de ciudades grandes e intermedias y aquellas de carácter más metropolitano. Las primeras, por lo general albergan a población migrante y fueron espacios de referencia y recepción para las familias desplazadas por la violencia. Estas iglesias articularon los preceptos de su fe evangélica en muchos casos CON acciones concretas de asistencia y acogida a las familias desplazadas. Es probable que muchas de estas iglesias interpretaran la violencia política como una manifestación meramente humana contraria a la voluntad de Dios, planteando consecuentemente el retorno al Creador para frenar la violencia. Ello implicaba para esta perspectiva evangélica predicar y evangelizar al «inconverso», para que Dios tenga piedad de nuestra patria y opere el milagro de la paz

Para las iglesias metropolitanas que cuentan con una mayor estructura organizacional y de recursos; la violencia era interpretada como la ausencia de Dios en el corazón de los hombres, primando como praxis la proclamación verbal del evangelio para alcanzar la misericordia de Dios para nuestro país. Los condicionantes sociales y políticos no formaron parte de su lectura para entender la violencia política, ésta fue interpretada desde una espiritualidad divorciada de su contexto social.

Fueron estas, lecturas y actitudes diferentes y casi contrapuestas a las que desarrollaron las iglesias rurales.

3.3.2.2.3. Respuestas institucionales y paraeclesiales

3.3.2.2.3.1. Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP)

El Concilio Nacional Evangélico del Perú es la entidad que representa a un vasto sector de la comunidad evangélica en nuestro país. Durante el período de la violencia política esta entidad transitaba en la tensión entre dos comprensiones de la misión de la iglesia: de un lado, aquellos que priorizaban la predicación del evangelio como tarea esencial de la iglesia, relegando a un segundo término los asuntos sociales y políticos del país. Por otro lado, aquellos que proponía la misión integral de la iglesia, en la que se articula la predicación del evangelio y la responsabilidad social y política.

En 1983, un año después que las FFAA recibieran el encargo de enfrentar a los movimientos subversivos, ante las violaciones a los derechos humanos, el CONEP publicó una serie de comunicados de prensa en los que manifestaba su posición desde una perspectiva más bien religiosa antes que política. En ellos señalaban que la exigencia de respeto a la dignidad del ser humano, de reconocimiento del valor de la vida se fundamentaban en que el hombre es creación divina.

En un segundo momento los comunicados apelan a la conducta cristiana en la sociedad: De esta forma se produce un ligero cambio, que apela al comportamiento y en cierto sentido a la responsabilidad del evangélico en estas circunstancias.

Un tercer momento se inicia con la formación de la Comisión Paz y Esperanza (COMPAZES), como consecuencia de los sucesos de Callqui y Santa Rosa. Respondiendo a las congregaciones rurales, el CONEP comenzó a involucrarse en la defensa de los derechos humanos, lo que a su vez significó realizar una lectura política de la situación y un aprendizaje institucional; dado que era la primera vez que se actuaba en la defensa y promoción de los derechos humanos. Se aprecia el cambio ocurrido en los pronunciamientos públicos, donde el CONEP expresó: «Nosotros creemos que los Derechos Humanos son inherentes a todos los peruanos por encima de sus ideología, de su uniforme o de su religión. Por tanto, quienes lo transgreden deben ser sancionados por sus delitos. No debe haber impunidad para el crimen...» (López 1998:133).

En términos organizacionales el CONEP comienza a desarrollar una atención integral: Jurídica, social, emocional y pastoral.

Defensa jurídica

En este período violento se asumió la defensa de casos de miembros de la comunidad evangélica víctimas de violaciones de sus derechos civiles y políticos. Por la trascendencia histórica del caso de Callqui que conllevó a una participación política de la comunidad evangélica, ilustraremos brevemente el procedimiento jurídico. El proceso judicial desarrollado en el Fuero Militar estuvo cargado de vicios procesales, se desestimaron pruebas contundentes como la declaración de testigos importantes, no se tuvo en cuenta la inspección ocular por el Fiscal Provincial de Huanta, quien manifestó ante el juez que los infantes de marina actuaron con ferocidad, premeditación alevosía y ventaja, como consta en la diligencia de autopsia. Consecuentemente se libró de responsabilidad al capitán Alvaro Artaza Andrianzen y a los miembros de patrulla de infantes de marina señalados como responsables directos de esta matanza. El CONEP manifestó públicamente en sendos comunicados de prensa su protesta y rechazo ante estos acontecimientos, señalando que «lo ocurrido en esa comunidad campesina era la consumación final de la violencia indiscriminada de parte de las fuerzas del orden» (López: 1998). En términos institucionales este caso marcó el inicio de un aprendizaje en la defensa de los derechos humanos. Esteban Cuya, encargado del área de Derechos Humanos del CONEP, citado por López, señala en forma crítica: «nos ha faltado una percepción y un conocimiento de toda la maquinaria judicial, de tal modo que indefensos nos hemos dejado aplastar por las decisiones parcializantes de las autoridades» (López 1998: 236).

La defensa jurídica también implicó asumir casos de líderes y ciudadanos evangélicos injustamente acusados y encarcelados por delitos de terrorismo en prisiones de Lima, Chiclayo, Cajamarca, Huancayo, Huancavelica, Puno y Cuzco principalmente. Esta tarea se potenció desde 1996 con la Asociación Evangélica Paz y Esperanza, formada luego de que el CONEP decide cerrar su Departamento de Acción Social a fines de 1995. Paz y Esperanza promovió no solo la defensa jurídica, sino también apoyó y participó en campañas de incidencia política en pro de la libertad de presos inocentes, conjuntamente con otros organismos agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Una de las campañas públicas mas significativas de defensa de inocentes liderada por el CONEP ocurre a raíz de la injusta detención y encarcelamiento de Juan Mallea Tomaylla el 10 de julio de 1993, acusado de ser el autor de los planos que permitieron la ubicación de los restos de los estudiantes y el profesor desaparecidos de la Universidad Nacional de Educación «Enrique Guzmán y Valle» La Cantuta.

Vigilias de oración, movilizaciones hacia el Palacio de Justicia, cartas al Presidente de la República, lobby a nivel del Congreso de la República, las embajadas e instancias internacionales de derechos humanos, entrevistas y reportajes en los medios de comunicación, fueron algunos de las acciones que incluyo esta campaña.

Una experiencia ecuménica

Parte del trabajo de Paz y Esperanza ha sido brindar una pastoral carcelaria y soporte psicosocial a muchos prisioneros, la acción pastoral se articuló con la conquista de los derechos políticos y sociales, motivados por el acceso a la justicia y por el pleno respeto al estado de derecho, entendiendo que ellas son parte de la misión de la iglesia. Aquí también cabe destacar que cada año desde 1995, Paz y Esperanza juntamente con CEAS, de la iglesia católica organizaron Campañas Publicas de Solidaridad y Oración por los presos inocentes. Estas campañas con seguridad han sido una de las pocas expresiones de trabajo ecuménico entre sectores evangélicos y católicos en el Perú.

En las propias prisiones de máxima seguridad, crecieron comunidades cristianas evangélicas y católicas. En varias ocasiones estas comunidades fueron ecuménicas o en todo caso, buscaron mantener un trabajo religioso coordinado entre católicos y evangélicos. Este soporte espiritual de la fe se inicio incluso antes de que tuvieran oportunidad de ser visitados por agentes pastorales. Como se recordara, bajo las duras leyes antiterroristas promulgadas por el gobierno de Fujimori, se recortaron el derecho a la visita regular a los prisioneros. Solo un familiar directo podía hacerlo. Las comunidades cristianas en la prisión ciertamente se enfrentaron a la ideología de los grupos terroristas que se agrupaban en Pabellones distintos dentro de una determinada cárcel y que buscaban controlar a los demás presos.

Fue además a raíz de los casos de inocentes en prisión que se promovió la solidaridad de las iglesias y organizaciones protestantes de Europa y los Estados Unidos. La violencia política que venia afectando a los cristianos del Perú motivó a grupos evangélicos en el Reino Unido, Holanda, Alemania, etc. a emprender jornadas de oración y campañas de presión ante sus propias autoridades estatales para que éstas solicitaran información al gobierno peruano acerca de lo que estaba ocurriendo con los inocentes. Instituciones protestantes como Tearfund de Gran Bretaña, Christian Solidarity (Gran Bretaña y Suiza), Open Doors y Solidaridad de Holanda fueron entre otras muy activas.

Detenidos desaparecidos.

Son varios los ciudadanos evangélicos desaparecidos por la Fuerzas Armadas. En respuesta a esta violación del derecho a la vida se realizaron acciones legales en coordinación con otras organizaciones de DDHH. Paradigmático en este sentido es el caso del Pastor evangélico Jorge Párraga, desaparecido por el Ejército, a raíz de una incursión en la alturas de Yauyos, comunidad a más de 4 mil metros de altura, en la cual la única fuerza social existente era la Iglesia Evangélica. El Pastor fue acosado constantemente por el PCP-SL en su comunidad y obligado, con 4 directivos de su congregación, a recibir un adoctrinamiento ideológico e inclusive militar. No fueron persuadidos de unirse a las filas senderistas, por el contrario, mantuvieron su fidelidad al evangelio y la congregación comenzó a crecer. Caleb Meza, director de Paz y Esperanza hasta 1993, evalúa el proceder institucional del siguiente modo:

Los hermanos se las arreglaban de tal manera que sendero les permitía mantener sus cultos, la prédica... llegó el momento en que el ejército barrió esa zona ...y se lo llevaron a él y a otros hermanos acusándolos de terroristas...nosotros le seguimos el rastro...denunciamos al comando militar con nombres propios...hicimos...un recurso que empezó en la Corte de Lima, pasó a la Corte Suprema, perdimos todo y no nos declaramos derrotados, sino que apelamos al Tribunal de Garantías Constitucionales..., ganamos el caso desde el punto de vista jurídico...Estábamos totalmente conscientes de que sirve ganar jurídicamente el caso si el cuerpo no está, pero nos animamos a hacerlo por que queríamos mostrar de que en algún momento, cuando hay una democracia auténtica en nuestro país, de que las causas del derecho también son múltiples para la defensa de la libertad y la justicia (Vinces José 2001: 151)

Este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que demandó una exhaustiva investigación al estado peruano.

Desplazamiento

El trabajo social con familias desplazadas por el conflicto armado interno, fue una tarea compleja, debido a la situación social deplorable en la que se encontraban y a que fueron marginados y hostilizados en las ciudades en las que buscaban refugio. El CONEP respondió a esta necesidad desplegando una estrategia preventiva y humanitaria, con respuestas muy rápidas de asistencia social a las situaciones de emergencia social, especialmente en los casos de incursiones armadas a iglesias rurales y en los casos de comunidades campesinas con altos índices de población evangélica. En ciertas ocasiones, en Ayacucho, solo la Cruz Roja y el CONEP estaban presentes para auxiliar a las víctimas. En los lugares de refugio se atendió en forma integral a las familias, procurando facilitarles el proceso de adaptación social, mediante intervenciones terapéuticas que les permitiera procesar los traumas del desplazamiento y de la violencia política (muchos fueron testigos oculares de hechos de barbarie criminal); facilitando la inserción de las familias a través de micro créditos y capacitación laboral; apoyando a niños y adolescentes en el proceso de inserción a nuevas lógica de aprendizaje escolar; acompañando a las organizaciones de las familias desplazadas, para enfrentar problemas de salud, alimentación y vivienda; y, por último, brindando asesoría legal para el saneamiento jurídico de muchos de ellos. Todo este trabajo se llevó a cabo desde una orientación de promoción social especialmente en lugares como Lima, Ica, Huancayo, Ayacucho, Satipo (selva central), Cobriza (Huancavelica) y Apurímac.

Como parte de la estrategia de trabajo con población desplazada, se desarrollaron dos experiencias de «colonización dirigida» con campesinos desplazados de Ayacucho. La primera en San Martín, en las inmediaciones del río Mayo, fue apoyada por la Iglesia Presbiteriana de Moyobamba que contribuyó con la formación del caserío Paz y Esperanza. Como lo refiere uno de los líderes que apoyó y participó en este proceso, se buscó «vivir en un Ayacucho con paz y esperanza». El caserío era una isla ayacuchana que funcionaba solo allí, mas no lograron tejer redes con las ciudades del entorno, que tenían cosmovisiones diferentes. El paisanaje y las redes sociales no encontraron eco en el valle del Alto Mayo.

La experiencia en Madre de Dios fue un tanto más satisfactoria, las familias lograron insertarse en la dinámica del lugar, probablemente porque entrelazaron relaciones con migrantes de Cuzco y Puno, con quienes los unía lazos lingüísticos que facilitaba el camino para tejer nuevas redes sociales.

Encuentros pastorales

Se llamo así a espacios de entrenamiento bíblico y compañerismo cristiano dirigido a pastores y lideres laicos de las iglesias evangélicas de las zonas de emergencia. Estos encuentros tuvieron como objetivo central la consolación y cumplieron un rol terapéutico entre personas, hermanos en la fe que presentaban similares problemas. También se convirtieron en espacios de reencuentro de personas que no sabían si seguían o no con vida. Jugó así un rol importante en el reforzamiento del sentido de pertenencia a una comunidad nacional, dado el rol de representatividad del CONEP ante la sociedad civil y ante las autoridades gubernamentales. En estos encuentros realizados mayormente en Ayacucho, se afianzaba la identidad evangélica, dimensión clave en los Comités de defensa civil, que se enfrentaron con el PCP-SL.

Estos encuentros sirvieron también como espacios de capacitación no solo en temas doctrinales sino en materias de derechos humanos. Uno de los participantes manifiesta «a través del estudio de los derechos humanos hemos aprendido que podemos lograr alguna ayuda dando aviso a las autoridades para que nos puedan defender mediante las leyes, pero esta justicia pasa, mas la justicia de Dios permanece para siempre».

Los encuentros pastorales, fueron también las ocasiones en las cuales aquellos que iban de Lima o de ciudades capitales, aprendían de la reflexión teológica y bíblica elaborada por los pastores y hermanos evangélicos provenientes de iglesias rurales.

Repoblamiento

El proceso repoblamiento en las provincias altas de Ayacucho |15| se inicia con la formación de la Asociación de Comunidades Desplazadas de la Provincia de Huanta (ACODEPH), en Noviembre de 1992. Aproximadamente el 50% de los miembros de esta asociación eran evangélicos |16|, su Presidente Elías Ccente era cercano a la comunidad evangélica y el Vicepresidente J. Heredia, era Pastor de la Iglesia Evangélica Peruana. En Junio de 1993 se inicia una primera experiencia de retorno sin apoyo de ninguna institución. Las siguientes comunidades de retornantes contaron con el apoyo social y pastoral del CONEP, así acompañaron los retornos de Uchuraccay en Noviembre de 1993, retorno simbólico por la connotación social de esta comunidad, las de Purus, Ccarhuas, Iquicha y Cunya, entre enero y junio de 1994.

El acompañamiento a este proceso fue significativo para los comuneros retornantes, que valoraron la presencia de «hermanos mistis» en sus comunidades, compartiendo el hambre o el frío en las gélidas punas de Ayacucho. Sentirse valorado y respetado fue una experiencia gratificante para ellos y así lo hicieron saber en muchas oportunidades.

Todo este proceso de reconstrucción fue liderado en no pocas comunidades por evangélicos, quienes eran elegidos por su perfil de liderazgo, por sus habilidades para interactuar socialmente, por la exigencia de saber leer y escribir y de saber enseñar; características con las que cumplen los pastores evangélicos en sus congregaciones locales.

Este proceso de repoblamiento fue sustancialmente fortalecido por la acción de Visión Mundial, ONG de inspiración cristiana que trabaja en la zona. Particularmente en la zona de Ayacucho, esta institución desarrolló programas de desarrollo territorial, orientados a la asistencia alimentaria y de vivienda, al apoyo a la producción agrícola y al fortalecimiento de la institucionalidad rural, esto es, acompañamiento en la reconstrucción del tejido social, así como en la conciliación de conflictos entre los retornantes y los resistentes (aquellos que no migraron y que resistieron heroicamente al PCP-SL).

3.3.2.2.3.2. Las denominaciones

Nos referimos a las iglesias que forman parte del CONEP y que cuentan con una estructura organizacional para el ejercicio de sus funciones, siendo la instancia de mayor rango sus Comités Directivos Nacionales o Juntas Directivas Nacionales, cuyo liderazgo radica mayormente en la costa y en ella, en Lima. Como se ha señalado en el acápite anterior, ante la realidad de los hechos de violencia política, los liderazgos denominacionales toleraron el trabajo social llevado a cabo desde el CONEP, sin embargo intentaron reorientar, en más de una oportunidad, el horizonte teológico de esta institución hacia una perspectiva que no tuviera en cuenta los temas sociales y políticos.

La mayoría de las denominaciones tendieron a dar respuestas de corte asistencialista únicamente. Caleb Meza, en una entrevista concedida para estos propósitos señala que:

...con temor y vergüenza.cuando presentaba los problemas de las iglesias rurales a los líderes denominacionales, la respuesta de ellos era: 'Si les pasa algo, por algo será', 'El Señor sabe por que hace las cosas'. No estaban muy convencidos que el sufrimiento del campo era injusto. De otro lado los hermanos del campo tampoco estaban para quejarse, debían resolver sus problemas. Es posible también que el CONEP no haya jugado un rol de interlocutor válido, no tener la autoridad de no vivir en la zona, de ser muy jóvenes para afrontar a los líderes mayores de las denominaciones. No nos tomaron muy en serio por ser jóvenes o por que nos tildaban de rosados o comunistas.

Diversas entrevistas sostenidas con pastores que vivían en las zonas de violencia indican que en la mayor parte de los casos su líderes denominacionales les escribían con orientaciones y alentándolos en sus tareas y responsabilidades, en otros casos les brindaron formación teológica, en casos excepcionales las autoridades denominacionales se comprometieron con acciones directamente relacionadas con las condiciones de vida o la defensa de los derechos humanos

3.3.2.2.3.3. Medios de comunicación evangélicos

Nos referiremos en primer lugar a dos casos paradigmáticos. Por un lado Radio Amauta en Huanta, Ayacucho y por otro a Radio del Pacífico en Lima, ambas emisoras desde sus particulares puntos de vista abordaron la violencia política en nuestro país, y se constituyeron en mediadores importantes para la configuración de las diversas formas de abordar la pastoral evangélica en los tiempos de la violencia.

Radio Amauta construyó discursos funcionales, estratégicos, para enfrentar la violencia, los cuales articularon con los discursos de las iglesias rurales. Se situaron en el espacio público EN una forma diferente de enfrentar a los subversivos, CON una lucha no solo militar sino también ideológica.

Desde el lado estratégico comunicacional, Amauta combinó el canto y la narración en sus programaciones: por un lado, el canto de la tristeza, de las vicisitudes de los campesinos, pero también de su esperanza. «La música radializada...se convirtió...en un código de comunicación que...recuperó...la riqueza del canto ayacuchano, de aquellos géneros y ritmos musicales que hablan de la historia, de la vida, de la esperanza del pueblo...pero también de sus modos de imaginar y soñar la vida» (Pérez: 5).

Por otro lado, la narración de los acontecimientos desde la mirada y la voz de las víctimas fue un elemento restaurador en esta circunstancia, permitiendo la participación de ciudadanos no necesariamente evangélicos para que se comuniquen y dialoguen con la población, combinando estos espacios con programaciones de música y mensajes evangélicos.

Es importante anotar que en los años de violencia, Radio Amauta, organizó festivales musicales que eran transmitidos en directo. Al lado de este espacio abrieron otro, una especie de participación popular, cada fin de semana llegaban hasta el local de la emisora grupos de pobladores que querían no solo enviar sus mensajes de saludo, sino también entonar sus canciones para decir lo que sentían. En ese sentido, cumplió un rol terapéutico, de soporte emocional al brindar un espacio público de expresión de dolor, de tristeza, pero también de esperanzas. De esta forma Amauta contribuyó a reconstruir las redes sociales rotas por el accionar del PCP-SL en una de las zonas mas golpeadas por la violencia.

En los últimos años, Amauta continuó acompañando a las víctimas de la violencia, ofreciendo su espacio a sus demandas y colocando permanentemente la defensa de los derechos humanos en su agenda periodística.

Radio el Pacífico, generó discursos en dos espacios históricos de la violencia política. En los tiempos iniciales de las acciones terroristas en el país nació desde la radio el denominado Movimiento Nacional de Oración, que tenia como propósito convocar a los evangélicos a orar por la paz en el país.

Sin embargo, a nivel periodístico el tema de la paz, en tanto búsqueda de la justicia y defensa de los derechos humanos era un asunto ajeno a la agenda de la radio.

En un segundo momento, movidos por el testimonio de presos evangélicos injustamente encarcelados por delitos de terrorismo, empezaron a abrir sus puertas, difundiendo esta problemática en la comunidad evangélica y comenzaron a trabajar el tema de la justicia y pusieron «al aire» un problema que no siempre había estado en la agenda pastoral de las iglesias urbanas.

Para finalizar, es importante destacar la labor de prensa, de sensibilización y de incidencia social que desarrollaron los sectores vinculados al sector ecuménico histórico, como las iglesias luterana, metodista y anglicana que tuvieron una destacada participación en esfuerzos y campañas en favor de los derechos humanos. Una mención especial merece el Centro Cristiano de Promoción y Servicios (CEPS), dado que esta institución se convirtió en una animador de muchos de estos procesos eclesiásticos y en un referente protestante para muchos sectores de la sociedad civil en los años duros de la violencia. El CEPS desarrolló un esfuerzo de sensibilización y de información a través de la revista Caminos y el Boletín Contexto, abordando permanentemente los casos de violación de derechos humanos y los esfuerzos pastorales por la dignidad humana. El Boletín CONTEXTO permitió que muchos de los hechos vinculados a la comunidad evangélica se dieran a conocer a través de los medios masivos de comunicación del país.

3.3.2.3. Conclusiones

En varias zonas del país, las iglesias evangélicas pobres fueron víctimas de la violencia tanto de parte de los grupos subversivos como de las propias Fuerzas Armadas. La iglesia sufrió incursiones a sus templos; asesinatos, detenciones, desapariciones de pastores y líderes de las congregaciones, acciones perpetradas por el PCP-SL (que en Ayacucho la declaró como uno de sus enemigos principales), por el MRTA y también por las miembros de las Fuerzas Armadas

Esas iglesias con sus aciertos y errores contribuyeron. A la derrota moral e ideológica de los grupos subversivos y con ello contribuyeron con el proceso de pacificación nacional. En este caminar muchos pastores, líderes evangélicos y miembros de iglesias pagaron con sus vidas este proceder, fueron 529 los evangélicos asesinados por los subversivos y por las FF AA en los periodos 83-84 y 88-91 en Ayacucho y Huancavelica solamente, sin contar con las víctimas de otros lugares del país.

Los evangélicos tuvieron respuestas diferenciadas frente a la violencia: de resistencia ante la práctica e ideología de los grupos subversivos, de consolación con las personas que se encontraban viviendo entre dos fuegos. También hubo actitudes de indiferencia frente al problema.

La violencia política marcó una nueva etapa en la actuación social de los evangélicos. Generándose, a partir de la violencia ejercida contra miembros de las iglesias evangélicas, nuevas formas de entender la misión cristiana.

Fueron principalmente las iglesias evangélicas rurales pobres las que frente a la realidad de inseguridad, terror y desesperanza construyeron desde su fe, acciones y discursos de resistencia logrando ser actores sociales relevantes. En algunos casos esta actoría social se reflejó en la promoción de rondas campesinas enfocadas a luchar contra los terroristas oponiéndose frontalmente a sus proyectos «revolucionarios». La mayoría de las iglesias urbanas se mantuvieron alejadas de este proceso, en sus agendas no figuró como tarea prioritaria la atención a las consecuencias de la violencia política. Las iglesias peri urbanas, sobretodo las de aquellas ciudades que recibieron familias desplazadas, se sintieron retadas por la realidad de la violencia y, desde su convicción de solidaridad para con el prójimo, desarrollaron labores de asistencia pastoral y humanitaria.

En las iglesias rurales el ayuno, la oración y la vigilia, como parte de sus prácticas religiosas constantes, les permitió darle sentido al sinsentido que vivían, reforzar su identidad evangélica y percibir con claridad que su obediencia a Dios significaba no «servir a dos patrones». Estas prácticas, unida al desarrollo de una pastoral de consolación, dirigida a todo aquel que sufría, independientemente de su filiación religiosa, les otorgó la fuerza y el sustento necesarios para vencer el temor, creer en la esperanza y defender su derecho a la vida.

Algunas iglesias urbanas y organizaciones paraeclesiales, desde una compresión de la misión de la iglesia centrada en la proclamación verbal del evangelio, soslayaron su participación en la vida pública, sea en espacios locales, regionales o nacionales. Propiciaron la oración y la conversión al cristianismo como la única respuesta para salir de la crisis ocasionada por la violencia política

Sin embargo, también hubo sectores de la iglesia que con el soporte institucional de organizaciones para eclesiales, incursionaron en los espacios públicos. Aprendieron que el Reino de Dios tiene que hacer con la justicia social, la preocupación y defensa de la dignidad humana y los derechos humanos, la atención integral de los desplazados, los presos, los desaparecidos, etc. Entendieron como parte de la misión de la iglesia una participación con las organizaciones de la sociedad civil para buscar la paz y la justicia. Aquí se inscribe la práctica del Concilio Nacional Evangélico, que pese a la fragilidad de su liderazgo supo articular una respuesta organizada de los evangélicos ante la violencia, tomando partido por la defensa de la vida y la dignidad de los pobres. En este transcurso es que construyen una nueva manera de relacionarse con la sociedad, con el poder político, perfilando un discurso y practica de cooperación con otros sectores sociales. Mas tarde la Asociación Paz y Esperanza, continuara como referente de los evangélicos en la promoción y defensa de los derechos humanos.

3.3.2.4. Bibliografía

Degregori Carlos Iván, Coronel José, del Pino Ponciano, Starn Orin.
1996 Las rondas campesinas y la derrota del PCP-SL. Lima: IEP Ediciones.

López Darío.
1998 Los evangélicos y los Derechos Humanos. La experiencia social del Concilio Nacional Evangélico del Perú 1980 - 1992 1ra edición. Lima: Ediciones Puma

Centro Evangélico de Misiología Andino Amazónica (CEMAA) y Fraternidad Teológica Latinoamericana
1995 Violencia y desplazamiento en los andes del Perú, Hacia una teología andina. Capítulo Violencia y desplazamiento en los andes del Perú, elaborado por Norma Hinojosa. Lima. Ediciones Puma.

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1998 Memoria del Encuentro latinoamericano de evangélicos y Derechos Humanos. América latina celebra la justicia de Dios. Ponencias de Luis Segreda, Darío López y otros. Lima: P&Z Comunicación Gráfica

Maust John.
1987 Peace and Hope in the corner of the dead, Miami, Florida: Latin American Mission.

Concilio Nacional Evangélico del Perú.
1989 Entre el dolor y la esperanza. Testimonios de evangélicos desde la zona de emergencia, 1984 - 1989. 1ra. Edición. Lima: Nueva Imagen Publicitaria.

Vinces José.
2001 Derechos Humanos y religión. Tesis para optar grado de maestría con mención en Derechos Humanos. Lima.

Regalado José.
1998 Los derechos humanos en las iglesias de Latinoamérica. Tesis para optar grado de licenciatura en teología. San José de Costa Rica

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1998 Sociología, 3ra edición revisada, Capítulo 16: Religión. Madrid: Alianza Editorial.

Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza.
1999 Probados por fuego. Testimonios de coraje y esperanza tras las rejas, Lima: Ediciones Paz y Esperanza.

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1996 Radio Amauta, comunicando la buena noticia en medio de la guerra. Artículo no publicado, Lima.

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1988 Una reflexión social evangélica sobre las causas de la violencia y la pacificación del país. Mimeo Lima.

Gutiérrez Tomas
2002 Desafíos a la fe cristiana-una perspectiva evangélica. Lima: Ediciones AHP

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Notas:

1. Nos basamos en los datos de la cronología de DESCO 1988, así como en la prensa local, en el Informativo Signos, y en documentos que figuran como anexos. Al final se puede encontrar una lista de las abreviaturas usadas para citar los medios de prensa, así como los anexos. En el acápite sobre la Iglesia en las diferentes regiones damos más detalles sobre los hechos mencionados. [Volver]

2. Señalamos también algunos hechos cuyos responsables no se conocieron, pero que muestran acusaciones similares. En los Anexos 14 y 19 se puede encontrar más información sobre estos hechos [Volver]

3. Mas información sobre este caso en el Anexo 19, donde se encuentran los recortes de prensa sobre el hecho, y el testimonio n° 6 de la audiencia pública de Lima [Volver]

4. Recogemos aquí las tomas de posición de alcance nacional de Mons. Cipriani, dejando para la parte de Ayacucho las que se refieren a esa localidad específicamente. [Volver]

5. A pesar de que el 23 de octubre de 1981, las organizaciones de Ayacucho, con la más alta representatividad lograda desde 1969, emiten un comunicado repudiando el terrorismo, y pidiendo la suspensión del estado de emergencia y la visita de la Comisión de derechos humanos del Parlamento (Informativo CEP, año II, N.12, 14-11-81, p.2-3) [Volver]

6. En febrero de 1982 en Pampas, 200 subversivos fuertemente armados incursionaron en cinco poblados de Tayacaja y masacraron a 15 campesinos entre ellos dos agentes municipales y un teniente gobernador. En octubre de 1984. los comuneros de Santa Rosa de Tara, Pachamarca, fueron sacados de su localidad y ejecutados e inhumados en un paraje cercano a Churcampa. El 23 de diciembre, una columna senderista sorprendió a los comuneros de Pampaccoris, provincia Pampa en Huancavelica, mientras dormían, asesinaron a sus principales autoridades tras someterlos a juicios populares. En julio de 1991 una patrulla militar acompañada de ronderos ingresa a la comunidad de SANTA BÁRBARA, Huancavelica, secuestran y asesinan a varios comuneros. Sus cuerpos son hallados en el pozo de una mina. En noviembre masacran a 37 campesinos, entre mujeres, ancianos y niños en el distrito de Santo Tomás de Pata, provincia de Angaraes. [Volver]

7. Protestante es un término usado a raíz de la Reforma Protestante europea del siglo XVI que marco finalmente una ruptura de la iglesia católica. Martín Lutero, Calvino entre otros fueron los que llevaron adelante esta Reforma religiosa. [Volver]

8. Para el caso de Ayacucho por ejemplo: «.. .En 1981 LOS EVANGÉLICOS CONSTITUÍAN el 3.7% de la población, hoy son el 10.15%. En las provincias mas afectadas por la violencia, el crecimiento ha sido significativamente mayor. En Huanta pasaron del 4.1% en 19.81 al 14.95% en 1993...No hay datos precisos pero en las zonas rurales la población evangélica es todavía mas numerosa, bordea el 40% en un censo de cinco comunidades en Huanta, hechos por Visión Mundial...» (López 1998:88). [Volver]

9. Debido a que buena parte de la organización social comunitaria fue quebrada por el uso sistemático del terror, de las amenazas de muerte contra toda autoridad gubernamental. La presencia de sacerdotes católicos era muy escasa, incluso antes del inicio de la violencia política [Volver]

10. Esto no impidió que las personas se reunieran en el «monte» por grupos de familias. Se cerró el templo como estructura, mas la iglesia continuó en la «clandestinidad». [Volver]

11. [0]Entre 1988 y 1991 el Perú pasó a ocupar el primer lugar en el mundo en detenidos desparecidos (Idéele 1992:34) [Volver]

12. La copia de esta carta con fecha 3 de agosto de 1984, se encuentra en el archivo del caso Callqui en el CONEP [Volver]

13. Se presume que muchos de los desaparecidos fueron arrojados al Río Huallaga, conocido en el lugar como «la más grande fosa común». [Volver]

14. En las altura de Huanta en la zona de Iquicha en «asambleas de coordinación de comunidades» rechazaron «la pretensión senderista de desconocer las autoridades tradicionales e imponer las suyas» (Coronel José: 51) [Volver]

15. Paralelamente retornaron pueblos Huancavelicanos de Pampas, Churcampa, Cobriza y Coris (José Coronel:1996) [Volver]

16. Datos proporcionados por el Ingeniero Víctor Belleza, que participó activamente en el proceso de repoblamiento y reconstrucción en las zonas rurales de Ayacucho. [Volver]