2.3. LA DÉCADA DE LOS NOVENTA Y LOS DOS GOBIERNOS DE ALBERTO FUJIMORI

La CVR ha estudiado los gobiernos de Fujimori (1990-1995 y 1995-2000) y lo acontecido durante la década de los noventa desde un plano ético-legal que reconoce la enorme popularidad que él y su discurso alcanzaron. Pero señala clara y enfáticamente las responsabilidades políticas halladas sobre el régimen de Fujimori recaen, teniendo como marco los principios establecidos en la Constitución Política de 1979 -vigente hasta el golpe de 1992-y la de 1993, promulgada durante su primer gobierno.

A diferencia de lo ocurrido con los gobiernos de la década de los ochenta, durante los dos períodos de gobierno de Alberto Fujimori se encuentra una relación funcional entre poder político y conducta criminal. Desde el gobierno, intencional y progresivamente, se organiza una estructura estatal que controla los poderes del Estado, así como otras dependencias clave, y utiliza procedimientos formales/ legales para asegurar impunidad para actos violatorios de los derechos humanos, primero, y de corrupción después.

En sentido estricto, el nuevo gobierno no ideó una nueva estrategia contrasubversiva. Más bien, aceptó proseguir con la estrategia "integral" de las Fuerzas Armadas (FFAA) -aplicada unilateralmente desde 1989-aunque ampliando los márgenes de autonomía y discrecionalidad de las mismas y reduciendo, a la vez, las posibilidades de control democrático de sus actos. Mientras que el gobierno ultimaba los detalles de la estrategia para hacer viables políticamente los cambios legales necesarios (es decir, asegurar un respaldo mayoritario en la población), se dejó a los policías de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) continuar con su trabajo.

Incluso antes de haber iniciado formalmente su gobierno, Alberto Fujimori, persuadido por Montesinos, asumió el Plan Político-Militar elaborado por un sector de las FFAA para la puesta en marcha de un sistema de democracia dirigido. Sin embargo, alteró su diseño original de acuerdo a los intereses inmediatos planteados por el asesor presidencial. El cambio central consistió en incrementar la importancia y poder efectivo que tendría el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dentro de la nueva estructura organizativa del sistema de defensa nacional y del sistema de inteligencia nacional.

En efecto, Fujimori desborda a este sector de las FFAA porque mantuvo como presidente un juego político propio, no considerado en el Plan original (en el que se esperaba una figura de fachada intercambiable). Fujimori logra obtener un respaldo social y político personificado que lo hace imprescindible, como se evidenció después durante los diferentes comicios municipales en los que sus candidatos no lograron capitalizar su popularidad.

Con la dación de los decretos legislativos de noviembre de 1991 y la revisión de los mismos por el Congreso se inició la cuenta regresiva para la justificación pública del autogolpe. En este escenario, los partidos trataron de consensuar una política antisubversiva diferente. Sin embargo, Fujimori solamente los distrajo con la posibilidad de concertación (y engañó a quienes desde el gabinete la dirigieron) pues ya tenía definido, con anterioridad, dar el golpe de Estado que finalmente concretó el 5 de abril de 1992 con respaldo institucional de las FFAA. En realidad, solamente buscaban hacer tiempo mientras concretaban los últimos detalles del plan de golpe y llegaban a buen puerto las negociaciones con organismos financieros internacionales y, especialmente, con los EEUU para asegurar el apoyo militar y económico condicionado a una mejora en el respeto de los derechos humanos y las formas democráticas.

A partir del golpe, el escenario político dará un brusco giro. Sin Congreso, se abrirá una etapa de por lo menos 9 meses en el que el Ejecutivo gobernará y producirá profundas transformaciones en la estructura organizativa y legal del Estado a través de Decretos Ley elaborados desde el SIN, en coordinación con las FFAA. Especial atención merecen los cambios radicales de la legislación antiterrorista y las consecuencias que ello implica: el giro hacia la preeminencia de otros tipos de violaciones de los derechos humanos que no comprometen la vida misma, pero que se practican sistemáticamente. En esos nueve meses, sin ninguna instancia de control, se perpetraron una serie de conocidos casos de violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas del orden y de un grupo de operaciones especiales dirigido desde el SIN (el grupo "Colina"), a consecuencia de los cuales varias personas perdieron la vida.

En medio de un momento especial de la guerra, en el que aparecía como posible el triunfo del PCP-SL y que la población empezaba a ver los primeros resultados de las medidas económicas del gobierno, el golpe contó con respaldo popular y la figura de Fujimori recibió el voto de confianza por un cambio. Para suerte del mismo, éste se produjo unos meses después cuando los policías de la DINCOTE lograron capturar a Guzmán, como producto de un prolongado y paciente trabajo en el que el nuevo gobierno no había influido de manera considerable.

El gobierno se apropió del éxito policial, pasando a ser parte fundamental de su popularidad en los años siguientes. El ciclo de las capturas realizadas por la DIRCOTE/ DINCOTE hasta fines de 1992 significaría también la culminación práctica de las iniciativas contrasubversivas de los ochenta. Especialmente a partir de 1993, cuando se inicia el declive notable de las acciones subversivas, se empezará a consolidar la nueva estructura estatal del régimen, centralizada desde el SIN. Con éste como su principal aparato político, el gobierno continuará con una serie de cambios intencionales de la legislación que supondrán la eliminación práctica de la independencia de poderes, con la finalidad básica de garantizar impunidad para los agentes estatales implicados en violaciones de los derechos humanos a lo largo del conflicto. Este proceso de afirmación intencional de la impunidad tendrá un hito en 1995 con la aprobación de la Ley de Amnistía por la mayoría oficialista del CCD.

Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuará el resto de la década, esta vez con un objetivo único: asegurar la perpetuación del régimen. Para ello, el gobierno utilizará, con fines electorales y de control político, la estructura militar desplegada con pretexto de la contrasubversión, en un contexto en el que la subversión se replegaba. Explotará mediáticamente, con fines de acumulación política, las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna que concluyeron en éxitos, al tiempo que manipulaba los miedos de la población con la amenaza del "terrorismo". Las operaciones antisubversivas dejaron de ser un medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible en gran medida por el progresivo y casi total control de medios de comunicación masivos, comprados con el dinero del Estado.

Preocupado más por asegurar su continuidad, y aun resaltando su imagen de mano dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori terminará descuidando en la práctica la política antisubversiva y no dará una solución final al problema de la subversión, focalizada desde hacía varios años en algunas zonas marginales y poco accesibles del territorio en las que coincidía con el narcotráfico. El descuido se evidenció también en la política penitenciaria, por lo que entre algunos de los legados para el gobierno de transición se encontró una situación descontrolada en las cárceles, que evidenciaba que la severidad del régimen carcelario no era ya tal. El régimen penitenciario drástico establecido provocó, en el mediano plazo, la retoma de los penales por parte de Sendero Luminoso y el MRTA y el colapso del principio de autoridad.

Las contradicciones entre el discurso de mano dura y realidad se mostraron más de una vez. Como colofón, el gobierno que se preciaba de ser duro e infranqueable frente a la subversión terminó apoyando (con una venta de armas) al grupo subversivo de un país hermano, acusado precisamente en ese momento de realizar actos terroristas y de estar vinculado con el narcotráfico.

2.3.1. Las Fuerzas Armadas y el nuevo gobierno

El inicio de la década del noventa encontró al país en una grave crisis económica y social. El año 1988 había terminado, de acuerdo a cifras del INEI, con una inflación anual de 1,722% y el año 1989, con una de 2,775%. Hasta fines de 1989, se había acumulado el 63.6% del total de muertos y desaparecidos a causa del conflicto reportados a la CVR. Por otro lado, hacia mediados de 1990, 65 provincias y un distrito se encontraban bajo estado de emergencia.

A pesar del descrédito que tenía en ese momento el gobierno aprista (representado por Alan García Pérez), el candidato presidencial del PAP, Luis Alva Castro, figuraba, a inicios de año, como fuerte aspirante a ocupar el sillón presidencial en los comicios del 9 de abril de 1990. Por otro lado, pese a la división del bloque izquierdista – en Izquierda Unida (IU) e Izquierda Socialista (IS) –, el propio presidente García consideraba posible "una alianza [con la izquierda] que expresara una tendencia popular para enfrentar el conservadurismo"¹ representado, en su opinión, por el Frente Democrático (FREDEMO), coalición de los partidos Acción Popular (AP), Partido Popular Cristiano (PPC) y el Movimiento Libertad. Contrariamente, dicho frente liderado por Mario Vargas Llosa había conseguido renovar un discurso político de derecha y, a la vez, crear un espejismo de estabilidad al unir a gente disímil y enfrentada hasta hacía poco. Básicamente, el Fredemo proponía un shock económico y un programa económico liberal, visto por muchos como la única salida a la crisis.

Los partidos apostaron entonces a la polarización, enfrentando dos corrientes de opinión pública -el "shock y el "no-shock"-en un contexto político que daba señales de pérdida de confianza en las representaciones políticas para resolver los problemas más sentidos del país², sobre todo después del descrédito que afectara a toda la clase política. Este rechazo a la clase partidaria se manifestó, finalmente, en el apoyo electoral a Alberto Fujimori, personaje prácticamente desconocido, independiente y sin pasado político hasta marzo de 1990; pero también carente de programa de gobierno y de organización partidaria. Su campaña simple, utili zando el slogan "un presidente como tú", logró reunir los votos de quienes preferían una propuesta diferente, o en todo caso de centro, antes que uno de los extremos de la polarización en curso. Luego de un ascenso inesperado y progresivo en el tramo final de la campaña -bautizado como "tsunami o fenómeno Fujimori" por las encuestadoras-en la contienda electoral Cambio 90 obtendría el 29% de los votos, quedando en segundo lugar después del Fredemo (33%). En una conferencia de prensa realizada el mismo día de los comicios, Fujimori expuso por primera vez los lineamientos de su política de gobierno. Expresó, a grandes rasgos, que su gobierno no aplicaría el shock económico preconizado por Vargas Llosa y que su gabinete ministerial estaría conformado, esencialmente, por "técnicos". Frente al problema de la guerra interna, señaló que se trataría fundamentalmente de atacar el hambre y la miseria en tanto constituían, en su opinión, "caldo de cultivo" de la subversión (El Comercio 9.4.90).

2.3.1.1 La estrategia "integral" de lucha contrasubversiva y el Plan Político-Militar³

El replanteamiento de la estrategia de lucha contrasubversiva que las FFAA habían realizado a fines de los ochenta tuvo repercusiones de diferente envergadura. Políticamente, implicó que las FFAA se atribuyeran el derecho a definir las políticas de Estado de acuerdo a las necesidades de la guerra, concibiendo la "contrasubversión" como un proyecto político superior o prioritario al proceso democrático en curso. La nueva estrategia "integral", que enfatizaba las operaciones psicosociales y, sobre todo, las de inteligencia y contemplaba la comisión de violaciones a los derechos humanos menos numerosas pero más premeditadas, requería un acondicionamiento institucional-estatal funcional a sus planes. Ello tuvo como resultante que, durante 1989, a la par de la puesta en funcionamiento de la nueva estrategia contrasubversiva, un grupo de militares y civiles se dedicara a preparar, clandestinamente, un plan de golpe de Estado para introducir un sistema de "democracia dirigida" con el cambio de gobierno de 1990.

Sobre la base de un diagnóstico que sostenía que "Ninguna Organización Política dentro del marco institucional existente está en capacidad de combatir con éxito a Sendero, ni de corregir la dimensión del Capitalismo Burocrático⁴". este plan político-militar -conocido después en los medios de comunicación como el "Plan Verde"-buscaba establecer un gobierno militar secreto, de poder real o "dominio estratégico" no susceptible de desgaste político, que gobernara efectivamente el país oculto tras el gobierno elegido. Contempla para ello la creación de una serie de instancias de gobierno especiales, de fachada y de poder real. Se establecía que éste sería el remedio para los males que los partidos políticos habían traído al país, especialmente la "experiencia APROSUBVERSIVA⁵".

Como la nueva estrategia lo requería, el plan contemplaba reformas estructurales del aparato del Estado, en particular las necesarias para eliminar la hiperinflación –objetivo principal de corto plazo-y restablecer el crédito internacional. Sin nuevos préstamos, la lucha contrasubversiva resultaba difícil de mantener. El plan contenía por ello una versión radical del ajuste estructural liberal de la economía, línea promovida por los Estados Unidos (EEUU), la principal fuente potencial de ayuda militar y económica. También se definieron una serie de reformas para dar las condiciones políticas y legales convenientes para las operaciones militares y de inteligencia.

Dado el objetivo planteado, los autores del Plan Politico-Militar ocuparon los primeros meses del año 1990 en realizar apreciaciones de inteligencia y "Evaluar los escenarios nacionales próximo-futuros para escoger el más adecuado y derrocar al Gobierno Civil, disolver los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que la Fuerza Armada institucionalmente asuma la conducción del Estado, con el fin de revertir la situación política-social-económica, cuyo deterioro amenaza destruir el sistema y las instituciones tutelares de la República" (Plan, Tomo II: 3). Habiendo establecido ya un escenario probable y los pasos operativos a seguir para realizar un golpe de Estado -de acuerdo a lo observado hasta el 20 de febrero-dos procesos relacionados con las elecciones generales obligaron a las FFAA a cambiar sus planes. En primer lugar, el ascenso inesperado del candidato Alberto Fujimori en las encuestas, hasta su ubicación en el segundo lugar. Y, más adelante, la aparente coincidencia programática en política económica de Fujimori con el PAP y las izquierdas en la campaña hacia la segunda vuelta.

Los golpistas se vieron obligados a recomponer su diagnóstico y, con ello, sus planes operativos. Como se ha indicado en el capítulo sobre FFAA, una nota de inteligencia del Plan elaborada un día después de las elecciones -9 de abril– sostenía que los planes de golpe quedaban suspendidos porque "un pronunciamiento después de la segunda vuelta electoral constituye ir en contra de una esperanza de cambio ya configurada de una fuerzas electoral no menor de 50% conformada por los estratos de menores niveles económicos que verían que la irrupción de las Fuerzas Armadas es a favor de los ricos del Perú." En efecto, asumiendo la opción anti shock, Fujimori pronto logró congregar al electorado opositor al Fredemo, fundamentalmente aprista e izquierdista. Por esos días, dio a conocer a los miembros de su equipo económico⁶ que, dirigido por Santiago Roca, elaboró un programa alternativo al liberal. Finalmente, luego de sortear una dura campaña, en que diversos medios de comunicación lo calificaron de senderista, pro aprista y evangelista, que no hizo sino favorecerlo, Alberto Fujimori resultó ganador en la segunda vuelta con 68% de los votos.

2.3.1.2. El ingreso de Montesinos al entorno de Fujimori

En medio de la campaña electoral hacia la segunda vuelta, la emergencia de una acusación pública contra Fujimori será el incidente que determinará la entrada del ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos al entorno del candidato presidencial. En mayo, en el programa televisivo En Persona, el diputado Fernando Olivera y los periodistas César Hildebrandt y Nicolás Lúcar denunciaron al candidato de Cambio 90 de haber incurrido en delito de defraudación y evasión tributaria. Teniendo base la denuncia, Francisco Loayza, colaborador del SIN que trabajó en la campaña de Fujimori y era viejo amigo de Montesinos, presenta a este último a Fujimori, recomendándolo como el abogado perfecto para resolver esos problemas judiciales. Para entonces, Montesinos ya había logrado vincularse con el SIN en calidad de asesor⁷. Además de aparecer como abogado eficaz luego de resolver rápidamente el problema a través de sus influencias en la Fiscalía⁸, Montesinos se presentó ante Fujimori como experto en inteligencia, contrasubversión y asuntos militares. Ganando rápidamente su confianza al convencerlo de su eficiencia, continuó asesorándolo durante el resto de la campaña, proporcionándole información sobre sus adversarios políticos. Presentándose como asesor clave, se convirtió también en el intermediario entre el candidato y el SIN y las Fuerzas Armadas.

Observando lo acontecido desde la primera vuelta, los golpistas encontraron en la indefinición política y aparentes debilidades del presidente electo (falta de partido y de programa de gobierno) un espacio propicio para instalar las líneas políticas contempladas en el Plan Político-Militar. Por ello, algunos altos oficiales, al saber de la cercanía e influencia que Montesinos había adquirido sobre Fujimori, le entregaron el Plan. Más tarde, haciendo creer a Fujimori que se estaba preparando un atentado contra su vida, lo trasladaron a una instalación militar negando la entrada de civiles, excepto a Montesinos. Así, antes de asumir el gobierno, Fujimori pasó alojado varios días en una suite del Círculo Militar. Allí fue iniciado por Vladimiro Montesinos en los planes secretos de las FFAA.

El pronunciamiento militar previsto para el 27 de julio por la última apreciación de inteligencia anexa al Plan Político-Militar se volvió improcedente en el momento en que Fujimori accedió a realizar sus metas. Con ello, una de las consecuencias más inmediatas fue la decisión de aplicar el shock y programa económico liberal que Fujimori había prometido no aplicar durante la campaña. En general, una nueva versión del plan, modificada según los intereses de Montesinos, empezaría a ser aplicada. Desde el inicio del nuevo mandato, el gobierno en la sombra sí existiría, pero su sede sería el SIN y sus funciones pasarían a estar dirigidas, cada vez más, por Vladimiro Montesinos, el ejecutor de la intervención militar en el poder. Esto produjo una situación de tensión en las FFAA, no exenta de alianzas, intrigas y enfrentamientos, que dividió a los militares entre, por un lado, quienes estaban a favor del golpe y en contra de él y, por otro, entre los que rechazaban la intromisión política de las fuerzas armadas, y los "politizados", que se plegaron a Montesinos y Fujimori (Rospigliosi 2000: 86-87).

2.3.2. Crisis extrema: el conflicto armado exacerbado

Durante el año electoral, las acciones subversivas y contrasubversivas continuaron con mucha intensidad. En realidad, la situación de violencia debido al conflicto armado interno, se encontraba exacerbada y seguiría en aumento por un tiempo más. El año 1989 había sido clave para dar un nuevo giro a la guerra. Básicamente, ello se debió a las decisiones y acciones que tomaron dos de los actores principales.

En primer lugar, en 1989, en su I Congreso, el PCP-SL había definido como nuevo objetivo de su plan de guerra popular que el "equilibrio" estratégico remeciera todo el país. Para ello, planteó considerar como nuevo eje principal de acción acentuar su ofensiva en las zonas urbanas, especialmente en Lima. En el marco de su "Gran plan de desarrollar bases en función de la conquista del poder (Agosto 89-agosto92)" incrementó notablemente sus niveles de violencia, forzando su relación con la población en la sierra rural y en la selva, por un lado, y movilizando sus bases urbanas hacia la realización de ataques y atentados más violentos, frecuentes y visibles, por otro. Con esta decisión el inicio de un incremento de muertes a causa de la guerra interna estuvo servido. Paralelamente, como ya se ha explicado, desde 1989 las FFAA empezarán a aplicar su nueva estrategia. Entre otras cosas, la decisión de fomentar y apoyar la conformación de Comités de Autodefensa en las zonas rurales serranas donde la población empezaba a entrar en conflicto con el control de PCP-SL, definió el inicio de la etapa final del conflicto. Por otro lado, habiendo restringido las FFAA a los departamentos de Junín y Pasco como el "centro de gravedad" para sus operaciones contrasubversivas a nivel nacional, la guerra se desplazará notoriamente hacia el Frente Mantaro desde dicho año. En esta zona central se aplicó intensamente la nueva estrategia de eliminación selectiva, especialmente durante 1990, no sólo contra los comités populares sino también contra los organismos alojados en universidades y asentamientos humanos urbanos.

Con el incremento progresivo de la violencia al tiempo que la crisis económica se volvía inmanejable, las FFAA empezaron también a preocuparse por el futuro y gobernabilidad del país. Una vez que Fujimori, elegido presidente, acepta algunas ideas básicas del Plan Político-Militar a través de la mediación de Montesinos, se iniciará un período de incremento del poderío militar sin control democrático en el país. Uno de los puntos de negociación o entendimiento básico con las FFAA que Fujimori acepta es la continuación de la estrategia antisubversiva en curso y dirigida exclusivamente desde las FFAA, asegurando amplios márgenes de discrecionalidad sin control o fiscalización de sus acciones, propiciando la impunidad para violaciones de derechos humanos contempladas en la misma.

Las decisiones de los dos grandes actores del conflicto y la elección del nuevo gobierno obligarán a los otros actores a tomar decisiones. Por un lado, la Policía Nacional del Perú (PNP), subordinada a los Comando Político Militares en las zonas de emergencia, cumplirá las funciones asignadas a partir de la nueva estrategia. Particularmente en el Frente Mantaro, los policías tendrán una participación decisiva en el proceso de desaparición forzada de cientos de personas, destacando por ejemplo el rol asumido desde la Oficina Regional de Inteligencia (ORI)⁹. De otro lado, en marzo de 1990, mientras las elecciones generales estaban en su máximo punto de confrontación, se formó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE). Mientras que los grupos operativos "Delta" de la DIRCOTE continuaban abocados a la tarea legal de investigación de atentados y acciones terroristas en Lima, el GEIN se dedicó a trabajar exclusivamente en el desarrollo de operaciones encubiertas de inteligencia (seguimientos y vigilancia) para la captura de los principales líderes subversivos. Antes del cambio de gobierno, el 1º de junio, dio su primer y gran golpe al allanar una casa donde hasta pocos días antes se alojaba Guzmán y donde encontraron información valiosa. Después de esta operación, el PCP-SL se abre como una "caja de Pandora"; la intervención fue "el principio del fin de Sendero Luminoso." (Jiménez 2000: 721). A pesar de que la asunción del nuevo gobierno significó para la PNP un revés grande en términos de autonomía -el sector Interior volvió a estar dirigido por militares – los policías de la DIRCOTE y del GEIN pudieron continuar tranquilos con su trabajo, avanzando a grandes pasos. El cambio de administración no supuso nuevas directivas ni cambios drásticos para ellos. Sin embargo, el gobierno se apropió de los éxitos del mismo en reiteradas oportunidades.

Finalmente, ante la situación desatada y como respuesta al trato dado por el Ejército durante el enfrentamiento en Molinos-Junín en 1989¹⁰, el MRTA inició su mayor arremetida en términos de violencia desde que se decidiera a tomar las armas en 1984. En enero de 1990, durante el proceso electoral realizó, en revancha, uno de sus actos más osados al asesinar al ex Ministro de Defensa Enrique López Albújar. Asimismo, el 9 de julio, a pocos días del cambio de gobierno, el MRTA logra burlar al gobierno y hace que 47 emerretistas recluidos en el penal de alta seguridad de Castro Castro fugaran, incluyendo a Víctor Polay Campos y Alberto Gálvez Olaechea, dos de sus principales líderes. Una vez libres, a partir de su evaluación del peculiar proceso electoral y la situación del país, dudarán y apostarán por la posibilidad de entrar en negociaciones con el nuevo gobierno para dar por concluida su participación en el conflicto. Para ello, el mes de setiembre secuestraron al diputado oficialista Gerardo López y calificaron el hecho como una "invitación para conversar". A pesar de haber difundido públicamente durante la campaña la posibilidad de dialogar con los subversivos, el presidente Fujimori se negará a ello. Pronto, el MRTA arremetería nuevamente.

No obstante, 1990 no fue solamente un año que recibió una ola de violencia creciente como producto del conflicto armado interno. Casi tan o más importante que la violencia, la crisis económica había llegado a tal punto que realmente amenazaba la subsistencia de miles de peruanos. El problema de la inflación y los sucesivos paquetazos, sufrido desde 1988, parecía incontrolable. La población demandaba una solución urgente a estos problemas vitales y pronto aceptaría que estos se resuelvan casi a cualquier costo.

La conjunción alarmante de violencia exacerbada e inflación rampante configuraron un escenario nacional, con variantes regionales, de crisis extrema y tiempo social acelerado, que se prolongaría hasta 1992.

2.3.3. Las primeras medidas en el gobierno

2.3.3.1. Definiendo posiciones en relación a las FFAA

Las tensiones desatadas por la negociación del plan por un sector de oficiales con el nuevo presidente y su asesor generaron, entre otras cosas, una serie de movilizaciones inusuales en las FFAA durante los días previos a la asunción de mando. Para entonces, Fujimori había entablado ya conversaciones directas con el jefe del SIN, general EP (r) Edwin Díaz, a través de la mediación de Montesinos y Loayza. Observando lo que acontecía, Díaz advirtió la posibilidad de que se estuviese desarrollando un complot contra el nuevo gobierno y sugirió la destitución de los altos mandos de la Marina¹¹. Por ello, la primera decisión del nuevo gobierno fue cambiar, sorpresivamente, a los altos Mandos de la Marina, incluyendo al vicealmirante Alfonso Panizo, comandante general y Presidente del Comando Conjunto. El 28 de julio de 1990, el almirante Luis Montes Lecaros fue nombrado nuevo presidente del Comando Conjunto y, a su vez, comandante general de la Marina de Guerra. En la Fuerza Aérea, el nuevo comandante general fue el general del aire Arnaldo Velarde Ramírez, nombrado en reemplazo del teniente general Germán Vucetich Cevallos. Al frente de la comandancia general del Ejército continuó el general Jorge Zegarra (La República 29.7.90). Como Ministro de Defensa Fujimori nombró al general EP Jorge Torres Aciego y, para Interior, al general EP Adolfo Alvarado Fournier. Anuladas las posibilidades de golpe militar y reconstituidos los altos mandos militares, se presentaba la oportunidad de realizar cambios en las fuerzas del orden y replantear las relaciones de poder. Estos cambios se produjeron pero sin conquistar consenso institucional. Por el contrario, desde el inicio estuvieron signados por la intervención de Montesinos quien influyó –directamente desde el SIN luego del cambio de mando-en la nueva correlación de fuerzas en los institutos castrenses, favoreciendo una relación con el Ejército. Fujimori, guiado por Montesinos, le estaba robando el programa a los militares golpistas y los estaba sometiendo a su liderazgo. Para demostrar la efectividad con que su gobierno podía dar pasos en esta dirección, se organizará, poco después del 28 de julio, una gigantesca purga en la PNP, que dio de baja a todos los oficiales cercanos al ex Ministro del Interior Mantilla¹².

La falta de control de los oficiales de la PNP era un punto débil admitido por las apreciaciones de inteligencia del Plan Político-Militar. Las FFAA consideraban que las fuerzas policiales se habían convertido en un bastión gobiernista, una suerte de contrapeso al militar, durante el gobierno aprista. Por ello, un paso anterior importante había sido promover el retorno de los militares al control del sector Interior, nombrando a un general del Ejército en actividad como ministro. Pronto se empezaría a denunciar la militarización del sector y, consecuentemente, de la policía. Pero no solamente porque la conducción política del sector quedó a cargo, sucesivamente hasta el año 2000, de generales del Ejército¹³. A ello se sumó que varios militares irán asumiendo los altos cargos de dirección en el ministerio que, hasta entonces, estuvieron en manos de policías o civiles. Los militares llegarían así a controlar toda la estructura del ministerio, especialmente los puestos de alta dirección (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03)¹⁴. De otro lado, afirmando su preeminencia ni bien tomado el ministerio del Interior, Montesinos se llevó el personal, los equipos y archivo de informaciones de la DIGIMIN¹⁵ al SIN (General PIP (r) Luque 12.8.02)¹⁶. No obstante, el acto decisivo para la estabilización de Fujimori y Montesinos frente a las FFAA fue el "fujischock".

2.3.3. 2. El giro económico

Después de las conversaciones en el Círculo Militar un objetivo inmediato a cumplir para posicionarse en su decisión de llevar adelante las líneas principales del Plan Político-Militar, fue que Fujimori se deshiciera de los asesores económicos contrarios al ajuste que había enrolado durante la campaña por la segunda vuelta.

En julio de 1990, aprovechando el apoyo proporcionado por el asesor Hernando de Soto, Fujimori viajó a Washington buscando apoyo de la comunidad financiera internacional. En reuniones con Michel Camdessus, director general del FMI, Enrique Iglesias, presidente del BID, y Barber Conable, presidente del Banco Mundial, presentó un programa económico distinto al preparado por el equipo dirigido por Santiago Roca. Al regresar a Lima, Fujimori dio a conocer públicamente que no podía cumplir con sus promesas electorales e hizo hincapié sobre la necesidad de un ajuste económico drástico (DESCO, Resumen Semanal N° 577, 6-12 julio de 1990). Los asesores heterodoxos que todavía quedaban en el equipo de Fujimori renunciaron. Mientras tanto, el ingreso de otros economistas, partidarios del modelo de libre mercado confirmó el giro que se estaba realizando. Jorge Chávez fue nombrado como nuevo miembro del equipo y se anunció a Juan Carlos Hurtado Miller como primer ministro del gabinete, quien aseguró que sí se aplicará un programa de ajuste para cerrar brechas. En su primer mensaje presidencial, Fujimori fue muy impreciso sobre las medidas de ajuste que se tomarían pero quedó claro el abandono al rechazo a la política de ajuste de libre mercado.

En agosto, incumpliendo sus promesas electorales, el gobierno del presidente Fujimori aplicó un duro ajuste económico sin activar previamente programas sociales de emergencia para los sectores económicos menos favorecidos. El ministro de Economía Hurtado Miller concluyó su mensaje a la nación con frase "que Dios nos ayude". Luego de esto, se produjo un cierra puertas en casi todos los mercados y establecimientos comerciales. Algunas ciudades, como Lima, se pusieron bajo severa vigilancia a cargo de las FFAA y la PNP para prevenir desmanes y saqueos. En una encuesta realizada el día siguiente del bautizado "Fujishock", el 49% de los limeños dio a conocer su aprobación al programa económico puesto en marcha.

Durante el resto de 1990 y buena parte de 1991, las principales medidas del nuevo gobierno se concentraron en el plano económico: continuar con el ajuste para lograr la estabilización económica, iniciar la liberalización de la economía y la reforma estructural del aparato estatal y conseguir la reinserción del país en el sistema financiero internacional. A partir de las gestiones efectuadas, durante 1991 el país logró su reinserción con el otorgamiento de nuevos créditos e incluso donaciones no reembolsables.

2.3.3.3 La estructuración real del gobierno

Durante los primeros meses de su gestión, el nuevo gobierno logró que diversos y destacados profesionales, políticos e intelectuales de diferentes tendencias –sabiendo que Fujimori no contaba con organización política ni técnica de respaldo para gobernar-se acercaran a ofrecer su colaboración. Después de la segunda vuelta el primer vicepresidente electo, Máximo San Román, había anunciado un plan de concertación del futuro gobierno en áreas específicas: pacificación, economía, desarrollo agrario y pequeña industria (El Peruano 19.06.90). Pronto, la composición del primer gabinete, políticamente plural, en el que confluyeron personalidades tan divergentes como Juan Carlos Hurtado Miller en la dirección de Economía y Finanzas, Gloria Helfer en Educación, Carlos Vidal Layseca en Salud, Carlos Amat y León en Agricultura y Fernando Sánchez Albavera en Energía y Minas, pareció haber logrado su cometido y confirmar la supuesta voluntad concertadora del nuevo gobierno. Habiendo logrado este respaldo, Fujimori adoptó públicamente una posición concertadora que anunciaba la búsqueda de un gran pacto nacional. En realidad, -siguiendo un razonamiento que se ajuste o respete las normas establecidas dentro de un sistema democrático-para que en una situación tal de crisis un presidente políticamente inexperto y sin mayoría en el Congreso pudiese gobernar adecuadamente, una concertación mínima aparecía como indispensable.

A diferencia de los gobiernos democráticos anteriores (1980-1990), el presidido por Alberto Fujimori no contó con una mayoría parlamentaria. En el Congreso bicameral que se inició en 1990, Cambio 90 solo obtuvo 32 diputados y 14 senadores, es decir, el 23% y 18% del total de miembros de cada cámara, respectivamente. De esta manera, aparecía en el hemiciclo como la tercera fuerza política después del FREDEMO (62 diputados y 21 senadores) y del PAP (53 diputados y 17 senadores). Esta situación inédita en los últimos años, era un desafío para el gobierno y lo obligó a establecer una política de alianzas con los denominados "partidos tradicionales", precisamente aquellos que Fujimori había atacado en la campaña electoral. Durante los primeros años, el gobierno impuso una práctica de alianzas pragmáticas sobre asuntos muy puntuales -en los que encontrase coincidencias con las principales fuerzas políticas-, en oposición a una de alianzas estables o programáticas. De esa manera, el Ejecutivo podía dar viabilidad a algunas de las medidas que finalmente puso en práctica. Por ejemplo, el gobierno se apoyó en la bancada del FREDEMO para dar sanción legislativa a su programa económico¹⁷ e hizo otro tanto con los parlamentarios del PAP para legislar sobre asuntos más políticos¹⁸. Además, cuando en octubre de 1990 se discutió la aprobación de un crédito suplementario solicitado por el Ejecutivo, aplicable al último trimestre del gobierno aprista, las bancadas de Cambio 90 y del PAP coordinaron acciones para lograr su aprobación. En ese mismo mes, se votó también una moción de censura al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Paredes, que fue rechazada con los votos del PAP y de Cambio 90. En otra oportunidad, en noviembre de ese mismo año, los votos de los diputados oficialistas y apristas impidieron la acusación constitucional al ex presidente García por su presunta responsabilidad penal en la matanza de presos en los penales en junio de 1986, logrando que la Cámara de Diputados declare improcedente la acusación. Como sostiene Tanaka, la táctica inicial de Fujimori consistió en evitar la formación de un bloque opositor en el Parlamento Para ello, "en algunos momentos se apoyó en el bloque de derecha, otros en el APRA, y tenía relativamente controlada a la oposición de izquierda, varios de cuyos miembros estaban dentro del gabinete" (Tanaka 1998: 211). Esta práctica política, sin embargo, mostraba limitaciones pues demandaba largas y tediosas negociaciones que el Ejecutivo no estaba en la disposición de realizar.

En efecto, aunque esto sólo se advertiría luego, el pluralismo y vocación concertadora del nuevo gobierno fueron artificiales, o utilitarios, mientras se ganaba tiempo para consolidar las bases y sentar el poder real del nuevo gobierno. Y es que Fujimori nunca tuvo ni mostró una intención de construir un partido o frente democrático con el cual gobernar. Siendo una persona pragmática, desideologizada, prefirió optar por soluciones más rápidas y aparentemente eficaces, aunque fueran ilegales. Pronto, se iría haciendo evidente su opción real de construir un camino paralelo, de gobierno oculto, apoyado en operadores políticos en la sombra y en alianza con sectores militares. La idea que había aceptado gustosamente poco antes de iniciar su mandato. Paralelamente al gabinete formal, existía ya un equipo informal, una suerte de gabinete en la sombra. Como sostuviera Carlos Amat y León, entonces Ministro de Agricultura, se trato de "un sistema secreto personal de líneas de mando basadas en lealtades, supongo que para tener un sistema de reporte personal paralelo a sus ministros (Bowen 2000: 45)." De esta manera, el gobierno alentaba la desinstitucionalización del proceso de toma de decisiones y gestaba, al margen de la estructura pública formal, un núcleo de operadores responsables en la práctica de las políticas de Estado, por lo menos en varios sectores o campos de interés. Vladimiro Montesinos, quien había ingresado al gobierno como especialista en temas de seguridad y defensa, sería una de las cabezas más visibles de este grupo alterno, en el que también participaron otros "asesores" del gobierno, como Santiago Fujimori (hermano del presidente), Augusto Antonioli (introducido al entorno presidencial por el general Edwin Díaz) y Absalón Vásquez (catedrático de la Universidad Nacional Agraria de La Molina). Los dos equipos de gobierno no solían reunirse y rara vez se cruzaban.

2.3.4. Los costos de la estrategia integral

2.3.4.1 Las ambigüedades del discurso oficial sobre la defensa de los derechos humanos

Desde la campaña electoral, Fujimori adoptó un discurso "políticamente correcto" sobre el respeto por los derechos humanos. El 3 de mayo de 1990, tras la visita del secretario general de Amnistía Internacional, Ian Martín, advirtió que "Cualquier inmoralidad dentro de la administración pública en el gobierno de Cambio 90 será sancionada (...) en un eventual gobierno de su agrupación no se permitirán transgresiones a la ley [en materia de derechos humanos]" (El Comercio, 4.05.90). Ya elegido presidente, reiteró su defensa de los derechos fundamentales anunciando en su primer discurso a la Nación que su gobierno "combatirá la subversión implacablemente, pero siempre con la Constitución y la ley y respetando los derechos humanos en toda su expresión"( El Comercio, 29.07.90). En este periodo, Fujimori incluso contemplaba la posibilidad de un diálogo con el PCP-Sendero Luminoso. Esto lo anunció desde Tokio, durante la gira que realizó por países asiáticos antes de asumir la presidencia (El Comercio, 5.07.90). Refrendando esta posición, en su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 1990 propuso el diálogo con estas fuerzas subversivas "no como signo de debilidad, sino con el propósito de encontrar el camino de la pacificación en el país" (El Comercio, 29.07.90). A pesar de ello, a los pocos meses, Fujimori descartó la posibilidad del diálogo. Como hemos mencionado, incluso se negó a hacerlo con el MRTA. Este cambio generó las primeras contradicciones en el gobierno e hizo visible una política paralela a la oficial. Una vez hecha pública la posición de Fujimori de no dialogar con los grupos alzados en armas, el segundo vicepresidente, Carlos García García, expresó que el jefe de Estado había abandonado los planteamientos originales que lo llevaron a la primera magistratura, prescindiendo de la opinión de sus correligionarios. Por ello, añadió, "este gobierno no es de Cambio 90 y quienes gobiernan no son de Cambio 90", enfatizó García (El Comercio, 6.10.90).

Las incoherencias entre el discurso oficial y la práctica antisubversiva real continuaron apareciendo en los primeros meses del gobierno. Cuatro meses después de la asunción de mando, la Fiscalía de la Nación seguió recibiendo denuncias de desaparecidos. A principios de octubre de 1990, se halló una fosa común en Chilcahuaico -paraje ubicado a 50 km al noroeste de la ciudad de Huamanga (Ayacucho)-con 17 cadáveres y otra con 18 en Chumbivilcas (Cusco). Este último caso motivó la creación de una comisión de investigación en el Congreso. En las primeras semanas de noviembre se descubrió en Chonta Punta (Ancash) un cementerio clandestino aparentemente utilizado por grupos de la Policía Nacional, pertenecientes a la Dirección de Operaciones Especiales (DESCO, Resumen Semanal N. 596, 16-22 de noviembre de 1990). El 8 de enero de 1991, el senador Raúl Ferrero, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, reveló que sólo en los primeros 5 meses del gobierno habían desaparecido alrededor de 200 personas en el departamento de Huancavelica. Finalmente, durante 1990 y 1991, varias decenas de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) fueron desapareciendo progresivamente. Sin embargo, en ninguno de los casos se ahondó en investigaciones ni en asunción de responsabilidades.

2.3.4.2 El despliegue de la estrategia contrasubversiva y de la impunidad

Sucedió que la estrategia integral de las FFAA continuó aplicándose tal como había sido concebida desde 1989, aunque con mayores márgenes o libertad de acción, al tener como pacto fundante del nuevo gobierno la garantía de la impunidad y un respaldo político total. A inicios de 1990, las FFAA elaboraron el "Plan de Campaña para la Contrasubversión – Período 1990-1995" que, además de repetir gran parte del contenido de la Directiva Nº 017 del Comando Conjunto de las FFAA¹⁹, especificaba un cronograma de la acción contrasubversiva. En éste se planteaba un segundo momento entre el 1º de agosto de 1990 y 31 de julio de 1992 en el cual se dedicarían a la "Recuperación de las áreas críticas". Así, en 1990 las operaciones contrasubversivas que hasta entonces estuvieran centradas básicamente en el Frente Mantaro, ampliaron su radio de acción: 1. Hacia el oeste, en Lima; en asentamientos humanos, principalmente de la carretera central como Huaycán y Raucana, y universidades nacionales, principalmente La Cantuta y San Marcos. 2. Hacia el oriente de Junín hasta el río Ene, donde se liberaron a cientos de nativos asháninkas recluidos por el PCP-SL en un campo de trabajo forzado. 3. Hacia el nororiente, a las zonas cocaleras de Huanuco, San Martín y Ucayali.

Como estaba contemplado, el despliegue contrasubversivo incluyó procedimientos de eliminación selectiva así como otro tipo de violaciones a los derechos humanos menos premeditadas pero por ello no menos terribles. En este contexto de reiteradas denuncias realizadas por organismos derechos humanos nacionales e internacionales, así como por algunos políticos de oposición, la voluntad de las FFAA –alentada por el propio gobierno-de eliminar casi todo control democrático sobre la política de seguridad y defensa fue lo que puso a Fujimori en el camino del golpe del 5 de abril de 1992. Aproximadamente desde octubre de 1990, Fujimori no perdió ocasión para desacreditar a los poderes Legislativo y Judicial, tildándolos de corruptos e irresponsables²⁰. Asimismo, como se ha referido, empezó a dar muestras de un doble discurso o política de respeto a los derechos humanos. Y es que el gobierno nunca tuvo la intención de desplegar una política contrasubversiva compatible con el sistema democrático.

Aunque incipientemente, un sistema de impunidad estaba en marcha. El 23 de diciembre de 1990, el gobierno expidió el Decreto Supremo 171-90-PCM²¹, firmado por el mismo Fujimori, que precisaba que las acciones de los miembros de las FFAA y de la PNP en las zonas declaradas en estado de excepción estarían comprendidas en el fuero militar. En los considerandos del documento se explicaba que las fuerzas del orden se encontraban al servicio las 24 horas del día en las zonas de emergencia y que, por tanto, las acciones y actividades de sus efectivos se realizaban en acto de servicio o con ocasión de él. Además de esto, miembros de las FFAA de polémica imagen profesional y envueltos en casos de violaciones a los derechos humanos, resultaban beneficiados de distinta manera. El 6 de diciembre de 1990, los generales de brigada del Ejército Peruano Jorge Rabanal Portilla y José Rolando Valdivia Dueñas, vinculados con la matanza de reclusos en centros penitenciarios en 1986 y con el asesinato colectivo de una comunidad andina en Cayara, respectivamente, lograron que el Senado ratifique sus ascensos a la clase inmediata superior (El Comercio, 7.12.90). En ese contexto, Alan García es librado de una acusación constitucional en el Congreso por las masacres de Lurigancho y El Frontón gracias a que los votos de la bancada fujimorista se sumaron a los del PAP, al considerar que no existían indicios suficientes para establecer su responsabilidad.

2.3.4.3 La presión internacional por los derechos humanos

El discurso oficial y público en materia antisubversiva –respeto escrupuloso a los derechos humanos y eliminación de la pobreza por considerarla "caldo de cultivo" de la violencia-buscaba, principalmente, el impacto público, sobre todo a nivel internacional. Como hemos referido, dentro de las consideraciones principales del Plan Político-Militar y, en general, de las FFAA frente al problema subversivo, se encontraba la imperativa necesidad de lograr la reinserción del gobierno peruano para poder obtener ayuda militar y económica para la lucha contrasubversiva²². Para cuando Fujimori asumió el mando del nuevo gobierno, las organizaciones de derechos humanas peruanas, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), habían logrado extender y consolidar sus contactos con organizaciones internacionales y dependencias gubernamentales, alertando sobre la situación que nuestro país vivía en la materia. En este contexto, la victoria de los demócratas al conseguir la mayoría parlamentaria implicó un renovado interés del Congreso de los EEUU en observar y atender las recomendaciones de los informes sobre violaciones a los derechos humanos en el Perú, especialmente de aquéllas perpetradas en los Frente Mantaro y Huallaga. Consciente, aunque no plenamente, de los problemas que esto les podría acarrear, Fujimori continuó avalando la estrategia de las FFAA y manteniendo, al mismo tiempo, un discurso público de aparente respeto a los derechos humanos. Paralelamente, inició un proceso de negociación para un acuerdo bilateral de lucha contra el narcotráfico, tema de especial interés para los EEUU.

Después de haber avanzado en las relaciones con organismos de la comunidad financiera internacional, a inicios de 1991 el gobierno retomó negociaciones con los EEUU para conseguir ayuda económica para luchar contra el narcotráfico y la subversión. En respuesta a las primeras consultas, el gobierno norteamericano hizo notar que la ayuda internacional por este concepto estaba regulada por la norma llamada INCA (International Narcotics Control Act, 1990) y que, desde que se iniciara el nuevo gobierno, encontraban escasos progresos reales en materia de derechos humanos. Al respecto, un cable de la embajada de marzo de 1991 dirigido a la Secretaría de Estado en Washington sostenía:

Although the new government has committed itself to ending human right abuses, there has been little discernible progress in improving human rights observance in Peru". (Documento desclasificado 91LIMA03900 "INCA certification", 26. Mar. 91)

La norma era tan explícita en lo relativo a las violaciones de los derechos humanos, que el gobierno de Fujimori se vio obligado a inventar una agenda de acciones para mejorar el respeto de los mismos durante la lucha contrasubversiva. Esta agenda iba a contracorriente de la actitud que impulsaba su cooperación con las Fuerzas Armadas y su polarización política contra los partidos que tenían la mayoría en el Legislativo. Sin embargo, Fujimori dio una serie de pasos, algunos reales y otros simulados, para acceder a las exigencias norteamericanas, que tuvieron algunos correlatos o implicancias en el escenario político, en especial en sus relaciones con el Legislativo²³. Este proceso duró todo el año 1991 y parte de 1992. Luego de que el Perú recibió las primeras promesas de desembolso, fue interrumpido abruptamente por el golpe.

La gestión peruana incluyó una visita de Fujimori en octubre de 1991 al presidente George Bush para dar testimonio de su buena disposición a cumplir con los criterios de la ayuda norteamericana. Ello no modificó en absoluto la posición del Congreso norteamericano²⁴. No se equivocaban. Ese mismo mes, en discursos pronunciados en ceremonias militares, Fujimori calificó de "tontos útiles" a los defensores de los derechos humanos y señaló la existencia de "terroristas infiltrados en seudo organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos". Pero el doble discurso continuó. En esos días se fundó, con apoyo del gobierno, el Consejo por la Paz²⁵, usado también para apaciguar las críticas internacionales. También llegó a Lima ese mes, por invitación del gobierno peruano, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informarse sobre los casos denunciados. Recién el 17 de enero de 1992, el Departamento de Estado aceptó, "reluctante", las condiciones impuestas por el Congreso, con tal de no omitir ningún esfuerzo por reducir el flujo de narcóticos hacia los EEUU. Comunicaron a las autoridades peruanas las condiciones, haciendo énfasis en la necesidad de llevar un registro de detenidos, y que la ayuda no incluiría los 10 millones para entrenar tres batallones contrasubversivos del Ejército.

2.3.5. Camino hacia el golpe: los decretos legislativos de noviembre de 1991

2.3.5.1 El acuerdo entre partidos y gobierno sobre contrasubversión

Como parte de este proceso de negociación con EEUU, mientras que aseguraban un respaldo financiero internacional mínimo, el gobierno de Fujimori intentó dar algunas muestras de su supuesto comprometimiento con la concertación y el respeto de los derechos humanos en el plano de su relación con el Legislativo. Para ello, en mayo de 1991 dio a conocer una propuesta pública de pacificación en la que sostenía que para instaurar la paz era importante una estricta observancia de las normas constitucionales y el respeto escrupuloso de los derechos humanos. "La violación masiva e inmisericorde de los derechos humanos por parte de los grupos subversivos no justifica la comisión de abusos por parte de agentes estatales", sostenía el documento titulado en que se plasmó la propuesta. Este documento fue presentado por el gobierno en la primera reunión de coordinación de representantes de los partidos políticos, bautizada como "Mesa de Paz", convocada por el premier, Carlos Torres y Torres Lara. Proponía además orientar la acción estatal hacia alternativas que no se basaran exclusiva o prioritariamente en la confrontación militar y en la represión penal (El Peruano, 12.05.91). En el marco de estas negociaciones, a inicios de junio el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para que, en 150 días, legislara sobre pacificación, reorganización del Estado, inversión privada y promoción del empleo (Ley 25327). La ley aprobada, que entregó facultades amplias para un plazo relativamente extenso, mostraba el espíritu de colaboración de los diversos grupos parlamentarios, concientes de que por la gravedad de la crisis se requería medidas urgentes.

Luego de la tercera reunión de las fuerzas políticas realizada a fines de junio, Torres y Torres Lara anunció que se había constituido una comisión especial integrada por cuatro representantes de partidos políticos para la consolidación de los principales acuerdos en la materia – entre estos, Carlos Tapia (IS), Luis Alberto Sánchez (PAP), Enrique Elías (PPC). Enseguida, Raúl Ferrero calificó de provechosa la reunión y señaló que el documento para el Acuerdo Nacional descansaba sobre cuatro ideas fundamentales: vigencia del sistema democrático y defensa de los derechos humanos, responsabilidad conjunta de las fuerzas políticas frente a la subversión, una lucha principalmente política y además militar y conducción a cargo del gobierno. En julio, el gobierno y los principales partidos políticos suscribían un Acuerdo Político Nacional para lograr la pacificación del país, que contemplaba "el diseño de una estrategia contrasubversiva democrática e integral". El documento sentaba las bases sobre las cuales los partidos políticos podrían adoptar acuerdos específicos de colaboración con el Ejecutivo, con el objetivo de acabar con la subversión e instaurar la paz, sin descuidar la vigencia irrestricta de los derechos humanos²⁶.

A la par que las reuniones daban sus primeros frutos, se fueron evidenciando cada vez más una serie de tensiones entre el poder Ejecutivo y Legislativo. Éstas se intensificaron cuando la representación de Cambio 90 perdió la presidencia de ambas cámaras. Ya en mayo de 1991, cinco parlamentarios de la bancada oficialista habían sido expulsados de su agrupación por mantener autonomía con respecto con el Ejecutivo. A partir de julio, cuando la presidencia de las cámaras del Legislativo fue asumida por dos destacadas figuras del PPC, Felipe Osterling y Roberto Ramírez del Villlar, Fujimori acentúa su estrategia de desprestigiar al Parlamento ante la opinión pública, cuestionando sus funciones y sugiriendo su inoperancia. La etapa de cooperación pragmática que hasta entonces había resultado terminó para dar paso a una de confrontación bilateral, que Fujimori aprovechó para acumular políticamente. Mientras políticos de diferentes partidos, incluyendo a representantes del gabinete oficialista, continuaban haciendo esfuerzos por lograr acuerdos mínimos en materia contrasubversiva y las denuncias de violaciones a derechos humanos así como las negociaciones con los EEUU proseguían, el núcleo del poder real del gobierno -con sede en el SIN-preparaba la propuesta de base legal no negociable para una política contrasubversiva sin controles democráticos.

2.3.5.2. Los verdaderos gestores

Dada su imposibilidad de ingresar en la estructura militar de poder²⁷, Montesinos se propuso ampliar su poder desde el SIN, instancia que le ofrecía una serie de ventajas. Además de la ausencia de fiscalización sobre su actuación por el carácter reservado de su trabajo, el SIN constituía una instancia ideal para extender su influencia y poder hacia las FFAA. Si bien legalmente dependía de la Presidencia de la República, era, de hecho, una instancia militar. Montesinos se convirtió muy pronto en el jefe real del SIN y, con el total apoyo de Fujimori, empezó a producir cambios en las FFAA. Como paso fundamental para ello se encargó de sacar del camino a dos personas que podrían obstaculizar sus planes. En primer lugar, a poco tiempo de haber asumido el nuevo gobierno, mediante una treta planificada Montesinos traicionó a su viejo amigo Franciso Loayza y logró alejarlo definitivamente del entorno presidencial. En segundo lugar, se encargó de destituir al jefe del SIN²⁸, general EP Edwin Díaz²⁹ y convenció a Fujimori de poner en su lugar al general Julio Salazar Monroe, militar dispuesto a aceptar sus condiciones. Se deshizo así de las dos personas que podían, eventualmente, disputarle la relación entre Fujimori de un lado, y el SIN y las FFAA del otro. Desde ese momento, Montesinos tuvo el monopolio absoluto de la esfera gubernamental vinculada con las FFAA y los servicios de Inteligencia, incluyendo al sector Interior. Ocupó un lugar clave y se hizo indispensable para Fujimori (Rospigliosi 2000: 25-26). Su posición de representante del presidente electo le permitió abrir puertas y tener un grado de influencia que antes no hubiera tenido: qqq

Para fines de 1990, Montesinos había consolidado su posición. Se sentaba como representante personal de Fujimori en las reuniones con el ministro de Defensa y el Comando Conjunto. Los generales de alto rango descubrieron rápidamente que no tenían acceso directo al Presidente: debían dejar el mensaje con Montesinos, pronto reverentemente llamado "el doctor", quien se los transmitiría. (Bowen 2000: 66)

Además, desde un inicio, Montesinos fungió como el nexo entre las FFAA y la Embajada de EEUU, en calidad de asesor del Presidente en temas de seguridad interna y defensa. Montesinos estuvo presente desde la primera reunión sostenida con representantes de la Embajada el 17 de junio, realizada para tratar detalles del viaje de Fujimori a Washington (Documento desclasificado 1990LIMA09075, 18JUN1990). Dada la importancia que para las FFAA tenían conseguir el apoyo militar y económico, esto incrementó más su poder.

Siendo ya el único asesor del presidente en asuntos militares y de inteligencia, Montesinos pudo hacer cambios decisivos en el Ejército hasta el 5 de abril de 1992. Siempre tuvo argumentos o ideó situaciones para convencer a Fujimori de la necesidad de destituir a algún oficial o promover a otro. Se las agenció así para pasar al retiro o enviar a puestos burocráticos a los oficiales institucionalistas más destacados, llamados a comandar las instituciones, y poner en su lugar a oficiales manejables (Rospigliosi 2000: 201). Paralelamente, empezó a montar una red propia de espionaje en el Ejército que tuvo un efecto disuasivo. En esa primera etapa empezó también a extender su influencia en dos dominios que, por su trayectoria previa, conocía a la perfección: el Poder Judicial y la Fiscalía. Al parecer, también desde el comienzo incursionó en el negocio del narcotráfico, organizando la corrupción militar³⁰. Oficiales corrompidos eran lo ideal para sus planes pues así eran fácilmente chantajeables. (Ibid: 30-33)

Desde junio de 1991 cuando el Congreso aprobó las facultades legislativas al Ejecutivo, Montesinos se encargó de preparar, desde el SIN y en coordinación con un sector de las FFAA, los decretos legislativos sobre pacificación que serían publicados por el gabinete en noviembre. Estos fueron preparados de acuerdo a algunas necesidades de la estrategia contrasubversiva de las FFAA (incremento de poder y discrecionalidad para actuar de las FFAA) pero, sobre todo, de acuerdo a sus intereses personales. Según Rospigliosi, existía un interés específico de Montesinos y su equipo en el SIN de llevar a cabo el golpe pero sin llegar a un gobierno institucional de las FFAA. Por ello, modificaron el plan original (Rospigliosi 2000: 186). Entre otras cosas, Montesinos convenció a Fujimori de que una eficiente estrategia contrasubversiva requería un aparato de Inteligencia que le permitiera llegar a los lugares más remotos. Por ello, parte de su propuesta, no contemplada como tal en el Plan Político-Militar, consistió en elevar la categoría e importancia del SIN dentro de la comunidad de Inteligencia, de tal manera que se le permitiese centralizar y controlar las actividades y presupuesto de los servicios de inteligencia militares y policiales³¹. Y, con ello, como resulta evidente, incrementar su poder. En diciembre de 1991, en medio de la polarización política entre el Ejecutivo y el Legislativo, daría un golpe decisivo al promover a la Comandancia General del Ejército al general EP Nicolás Hermoza, quien aceptó cabalmente sus condiciones, incluyendo el golpe que tenía planificado para el siguiente año.

2.3.5.3. La cuenta regresiva: los decretos legislativos de 1991

A pesar de todo el discurso y la parafernalia pública, Fujimori y los que en realidad gobernaban con él no buscaban lograr consensos sobre cómo alcanzar metas comunes, como la pacificación. Como se comprobó después, lo que sucedió en noviembre de 1991 con la promulgación casi simultánea de más de 120 decretos legislativos, estuvo fina y premeditadamente montado con el propósito de desbordar y desprestigiar al Congreso mientras se resolvían los últimos detalles para el golpe. Los acuerdos multipartidarios previos, alcanzados en el Acuerdo Político Nacional, ni siquiera fueron contemplados o considerados para la elaboración de tales decretos.

La técnica de Fujimori para rebasar al legislativo con iniciativas a favor de una contrasubversión sin control democrático fue producir en serie decretos legislativos cuyo contenido era ilegal, inconstitucional o impropio de una democracia. El Ejecutivo esperó los últimos días del plazo para dar a conocer los mismos, produciéndose el desembalse legislativo hacia mediados de noviembre. Más de 120 decretos se publicaron en pocos días, de los cuales 35 correspondían al rubro de pacificación y suponían transformaciones radicales de las instancias estatales vinculadas de la estructura pública de seguridad. Por un lado, el decreto legislativo 743 – Ley de Sistema de Defensa Nacional – creaba una nueva estructura de defensa. Entre los cambios más importantes, disponía que los comandantes generales y el presidente del Comando Conjunto fueran nombrados directamente por el Presidente de la República y por el tiempo que juzgara conveniente. Asimismo, creaba el Comando Operativo del Frente Interno (COFI) bajo la jefatura del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas e integrado por un Estado Mayor, conformado exclusivamente por miembros de las fuerzas armadas y policiales, sin un responsable político (Artículo 26°). El decreto legislativo 746 – Ley de Sistema de Inteligencia Nacional – otorgaba al SIN amplios poderes y obligaba a organismos públicos y privados a proporcionarle la información que requiriese, bajo responsabilidad penal en caso de incumplimiento. Creaba también órganos de inteligencia en ministerios y organismos públicos que responderían, directa y exclusivamente, al SIN; y confería a su presupuesto el carácter de secreto. En tercer lugar, el decreto legislativo 749 ampliaba las prerrogativas de los Comandos Político Militares en las zonas de emergencia. Establecía que dichos comandos, en su facultad para conducir las acciones de desarrollo en la zona bajo su jurisdicción, contarían con los recursos económicos, financieros, bienes y servicios, y con personal dispuestos por las autoridades políticas, las de los organismos públicos, las de los gobiernos regionales y locales. Reiteraba también la subordinación de la PNP a los CPM, precisando con mayor detalle el alcance de la misma y ampliando su competencia a materia de lucha contra el narcotráfico³². Ello aseguraría, de acuerdo con el decreto, la erradicación del terrorismo y del narcotráfico.

Estos y otros decretos creaban el marco legal adecuado para la estrategia contrasubversiva encaminada desde 1989, ratificándola, y se convertían en el punto culminante de un largo proceso de abdicación de la autoridad democrática a favor de la institución castrense. Se aceptaba, de este modo, la incapacidad de la autoridad civil para asumir la dirección de la lucha contrasubversiva. La maniobra desplegada buscaba que el Congreso no tuviera tiempo de analizar todos los decretos, que entrarían en vigencia automáticamente a mediados de diciembre al vencerse el plazo de 30 días para la revisión. Así, se forzó una polarización política entre, por un lado, la posición fujimorista a favor de una guerra contrasubversiva irrestricta y, por otro, la posición de la mayoría opositora en el Congreso, favorable a profundizar la contrasubversión sin abdicar del control democrático del estado de derecho.

Mientras esto sucedía, la actividad terrorista del PCP-SL acosaba al país, con atentados y asesinatos en las ciudades y masacres en las zonas rurales³³. En julio, la periodista Cecilia Valenzuela había presentado en la televisión un documento de las FFAA que indicaba el uso de la estrategia de eliminación selectiva. El documento fue negado por el Comando Conjunto en un comunicado. Las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden proseguían y eran difundidas por organismos internacionales sin que ello causara efecto alguno sobre la marcha de las operaciones contrasubversivas. Aparecían más denuncias de asesinatos cometidos por supuestos paramilitares, que ahora sabemos fueron oficiales en actividad organizados en pelotones de operaciones especiales. Incluso, cuando la tensión por el recibimiento de los decretos se iniciaba, sería ejecutada la matanza de Barrios Altos por el "Grupo Colina"³⁴. Pero el Congreso no claudicó ante el desafío que le presentaron los decretos legislativos de Fujimori y Montesinos. Prefirió ponerse en curso de colisión con el ejecutivo, aunque ello fuera precisamente lo que buscaban los golpistas para justificar una acción de fuerza contra el orden constitucional.

El Congreso tenía 30 días para revisar los decretos. Las cámaras de diputados y senadores organizaron comisiones integradas por representantes de todos los partidos políticos, y se hicieron asesorar por especialistas. En los pocos días que quedaban hasta el cierre de la legislatura ordinaria el 15 de diciembre, se derogaron 6 decretos: el 731 y 764, que postergaban la entrada en vigencia del código procesal penal; el 736, 747 y 762, que penalizaban el blanqueo de dinero, el encubrimiento del narcotráfico y la revelación o difusión de informaciones que obtiene o procesa el Sistema de Defensa Nacional. Por la imprecisión de sus términos, estos decretos se prestaban a ser mal usados en desmedro de las libertades ciudadanas. Pero fue la derogatoria del 746, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, lo que más escandalizó al Ejecutivo, porque se trataba directamente de un instrumento central de la lucha contrasubversiva y en los planes para incrementar unilateralmente su poder. El problema era que esta ley dejaba al SIN fuera de todo control democrático.

En respuesta, el Presidente observó estas derogatorias y no las promulgó. Adicionalmente, el último día del año, Fujimori realizó numerosas observaciones a la Ley General de Presupuesto para 1992, impidiendo su promulgación ya que el Congreso no podía reunirse para resolver el impasse. Esto paralizó las actividades del sector público en los primeros días de 1992, pues no había marco normativo para la ejecución de gasto alguno. Ante la situación y dado que la próxima legislatura ordinaria se reiniciaba recién en abril, el Congreso convocó a una legislatura extraordinaria para examinar los proyectos de ley observados por el presidente entre el 20 de enero y el 3 de febrero de 1992. Aún así el tiempo resultó corto para seguir revisando los decretos restantes -el proceso se refería a los 120 y no sólo a los referidos a la pacificación-, modificarlos o derogarlos de acuerdo a lo que se estimara más conveniente. Sin embargo, logró modificar el 743, "Ley del Sistema de Defensa Nacional", muy importante para el gobierno. En respuesta a estas acciones, a pocos días de haber sido nombrado Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos expresó públicamente su respaldo a la estrategia de pacificación plasmada en los decretos legislativos del ejecutivo. Finalmente, Fujimori promulgó todos los decretos modificados ese verano salvo éste, reservándose el derecho a insistir en él más adelante. Los decretos sobre los que el Congreso no se pronunció quedaron firmes al cumplirse los 30 días del plazo de revisión.

Ante esta situación de aparente entrampamiento, el Ejecutivo apeló una vez más a estrategias paralelas. Formalmente, propuso un diálogo -de las fuerzas armadas, por un lado, con los partidos políticos representados en el Parlamento y la sociedad civil, por otro-para llegar a acuerdos en materia antisubversiva que permitieran salir del enfrentamiento de poderes. Uno de los gestores del diálogo fue el presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros, quien buscó conciliar con los sectores del Congreso más abiertos al intercambio. Entre los puntos de discrepancia entre oficialismo y oposición se encontraban las inmensas atribuciones asignadas al Presidente y la modificación de los decretos sobre pacificación, sobre todo alrededor de las excesivas facultades militares y la incompleta observancia al respeto de los derechos humanos. Durante los meses restantes del verano de 1992, se trabajó en la redacción de decretos que satisficieran aceptablemente los requerimientos del Ejecutivo y del Legislativo, y que contaran con el consenso de las instituciones castrenses. Se llegó a acuerdos que recibieron incluso la aprobación presidencial. Aparentemente, de acuerdo con De los Heros³⁵, el trabajo había sido exitoso y se preveía promulgar los decretos consensuados al reanudarse la legislatura, alrededor del 7 de abril. Los acuerdos tomados expresaban la vocación de los partidos políticos de oposición por elaborar un nuevo marco legal que reorientara la lucha antisubversiva, pero dentro de los límites constitucionales y con facultades fiscalizadoras viables en la práctica. No había pretexto alguno para el rompimiento del régimen democrático que, a título del conflicto de poderes sobre materia contrasubversiva, se realizó.

En realidad, la propuesta consensual coordinada por De los Heros no hubiese permitido al Ejecutivo desplegar el poder deseado. Por ello, argumentando el rechazo de la clase política -que venía siendo desprestigiada por él mismo-a la "propuesta contrasubversiva del gobierno" y, contando con el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas, el 5 de abril de 1992 Fujimori anunció al país la disolución de los poderes legislativo y judicial y la instalación del gobierno de "emergencia y reconstrucción nacional". Como se demostró entonces, Fujimori y los militares tenían ya otros planes y utilizaron a De Los Heros³⁶, sin su conocimiento, para entretener a los parlamentarios haciéndoles creer que el gobierno estaba dispuesto a llegar a fórmulas de consenso en materia de pacificación (Rospigliosi 2000: 112)³⁷. En realidad, estaban ganando tiempo para planificar los últimos detalles para la operación del golpe. La revisión de decretos debió haber continuado durante la legislatura ordinaria iniciada el 1º de abril, pero el golpe acabó con ese proceso. El Ejecutivo demostraba así que los discursos y las coordinaciones con otras fuerzas políticas no fueron más que un escenario postizo mientras tomaba forma, en el seno del poder paralelo en el gobierno, la opción del protagonismo militar.

2.3.6. El golpe del 5 de abril: medidas e implicancias

El 5 de abril, a las 10: 30 de la noche, el Presidente Constitucional de la República Alberto Fujimori anunció la disolución del Parlamento Nacional, y la reorganización total (intervención) del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Ministerio Público. Simultáneamente, las tropas del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, toman el control de la capital y de las principales ciudades del interior. Ocupan el Congreso, el Palacio de Justicia, medios de comunicación y locales públicos. Minutos después se da a conocer un comunicado de los Jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, expresando su absoluto respaldo a estas medidas. Con un gran despliegue de efectivos militares, se detuvo a políticos, periodistas y algunos jefes policiales vinculados al PAP. Entre ellos, el ex ministro del Interior Agustín Mantilla, el ex ministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez, el senador Abel Salinas, el Teniente General PNP Reyes Roca y el periodista Gustavo Gorriti. El ex presidente Alan García, logra esconderse de la intervención militar que lo buscó en su residencia. El presidente del Senado, Felipe Osterling, y el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, fueron arrestados en sus respectivos domicilios. Se trató, pues, de un amplio operativo militar, de la misma naturaleza y dimensiones que el operativo previsto en el Plan Político-Militar que, entre otras cosas, preveía la posibilidad de resistencia armada de apristas e izquierdistas. Incluyó incluso el uso de instalaciones militares como centros de reclusión. El 6 de abril, juramentó el nuevo gabinete bajo la Presidencia de Oscar de la Puente Raygada. Ese mismo día, De la Puente dio lectura al texto del primer Decreto Ley del régimen, "Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional", que instituyó, entre otras cosas, la elaboración de una nueva constitución.

2.3.6.1. La oposición: debilidad del frente interno y el impacto internacional

El Parlamento destituido, ciñéndose a la legalidad constitucional, declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral el 6 de abril. El pronunciamiento emitido por parlamentarios de distintos sectores políticos –incluido de Cambio 90— invocaba al senador y primer vicepresidente electo Máximo San Román a asumir la Presidencia de la Nación. En breve, San Román rindió juramento como Presidente Constitucional, pero sin contar con el respaldo ciudadano. Perdida en su desprestigio, la oposición se fue difuminando y buscó remediar su desamparo político apelando a la presión internacional. En efecto, el régimen no había calculado que el golpe de Estado pudiera abrir la posibilidad de una sanción internacional. La primera respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) consistió en deplorar la interrupción del sistema constitucional. La Comunidad Europea condenó el golpe de Estado e instó a Fujimori a restablecer las instituciones democráticas "cuanto antes". El gobierno de los EEUU condenó el golpe y demandó la restauración pronta de la democracia. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y de prensa –de acuerdo con la posición del Departamento de Estado de los EEUU— enfatizaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en ese contexto.

Sin embargo, no existió una posición unívoca a nivel internacional en el plano financiero. El apoyo económico y la asistencia militar de EEUU en la lucha contra el narcotráfico y la subversión se interrumpieron a causa del golpe del 5 de abril de 1992. En mayo de ese año, el Secretario de Estado Adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, se entrevistó con Fujimori y respaldó los criterios adoptados por la OEA. A Fujimori no le impresionó mucho con la advertencia, pues los montos de la ayuda en cuestión no eran determinantes para sus planes. En marzo de 1992 viajó en visita oficial al Japón, donde comprometió ayuda por 127 millones de dólares. Por otro lado, el año 1991 estuvo lleno de éxitos en lo referente a la obtención de ayuda no reembolsable y créditos de desarrollo. Ya había acuerdo con el FMI y un amplio plan de privatizaciones. Después del golpe quedó claro que las instituciones financieras internacionales privilegiaban la reforma económica en marcha en detrimento a la institucionalidad democrática. Durante 1992, el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsó préstamos al Perú, el Banco Mundial continuó apoyando al gobierno y el Fondo Monetario Internacional consideró que el gobierno peruano, al estar cumpliendo con la carta de intención de 1991, era merecedor de fondos adicionales. Por otra parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no interrumpió su colaboración con el SIN en materia antiterrorista.

En mayo de 1992 Fujimori viajó a la asamblea de cancilleres de la OEA (Barbados) y anunció elecciones para un nuevo Congreso Constituyente. Los acuerdos tomados en Barbados exigían que se realizaran pronto y que en el calendario se incluyera también a las municipales, pendientes, y un referéndum para aprobar la nueva Constitución. Asimismo, establecieron que estos comicios debían basarse en un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, como señalamos, la oposición se encontraba débil y fragmentada. Apoyado en la opinión pública, Fujimori soslayó el diálogo e impuso sus condiciones y su propio cronograma. El 1º de junio, convocó a elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que se llevarían a cabo el 18 de octubre. Posteriormente, la fecha fue cambiada por el 22 de noviembre. La oposición – carente de espacio político– solicitó un plebiscito para consultar sobre la continuidad del régimen, pero este requerimiento no fue aceptado por el gobierno. Como parte de los acuerdos de Barbados, el gobierno convocó oficialmente a todos los partidos políticos a participar un "diálogo nacional" que se inició el 30 de junio. La oposición se negó a participar, al considerarlo una "farsa para engañar al pueblo". Insistiendo en la inconstitucionalidad del gobierno pero sin capacidad real para negociar con él, la oposición abandonó el escenario político. En casos como el de AP y el PAP, ese abandonó se prolongaría hasta 1995, pues se abstuvieron de participar en el CCD, en el que el oficialismo obtuvo la mayoría absoluta. Sin oposición real al frente, el régimen tuvo un periodo de casi nueve meses –desde abril 1992 hasta diciembre de 1992– para gobernar sólo con sus propias reglas: por decreto y sin contrapeso de poderes.

2.3.6.2 Gobernar por decreto

Todo lo que Fujimori no obtuvo mediante los decretos que elaboró con las facultades especiales que le dio el Congreso, incluso los decretos derogados por éste, lo obtuvo durante el período en que gobernó mediante decretos ley hasta la instalación del CCD en enero de 1993. Desde el mismo 5 de abril de 1992 el gobierno de Fujimori emprendió la promulgación de una serie de decretos ley que modificaron sustancialmente la legislación antiterrorista, violando en varios casos la Constitución de 1979, cuya vigencia quedó suspendida. Se retomó también la promulgación unilateral de los decretos legislativos sobre pacificación de noviembre de 1991 que habían sido modificados o derogados por el Congreso. Así por ejemplo, en julio, el decreto ley 25365 repuso, con algunas modificaciones, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que otorgaba amplias prerrogativas al SIN. En segundo lugar, se promulgaron, entre otros, decretos ley que ampliaban el control policial de los penales, extendían el apoyo a las rondas campesinas, permitían la intervención de las FFAA en las universidades, intensificaban las operaciones de rastrillaje³⁸ y la acción cívica.

En materia de legislación antiterrorista –marco legal para la detención y juzgamiento-se realizaron cambios radicales que no contemplaron una serie de principios fundamentales –y constitucionales-para asegurar las garantías del debido proceso –requisitos indispensables para que un juicio sea considerado mínimamente justo. El decreto ley 25475 (6 de mayo de 1992) establecía la cadena perpetua para algunos casos de terrorismo y ampliaba las penas para otros casos, a la vez que instauraba el procedimiento de jueces sin rostro. El decreto ley 25499 (16 de mayo de 1992) modificaba el decreto legislativo 748, a través del cual se establecía la ley de arrepentimiento de subversivos rendidos. El decreto ley 25564 (20 de junio de 1992) reducía la edad de los exentos de responsabilidad penal de 18 a 15 años para los que cometían delitos de terrorismo. El decreto ley 25659 (13 de agosto de 1992) estableció la figura penal de traición a la patria para delitos antes tipificados como de terrorismo. Permitía además, en un claro acto inconstitucional, a tribunales militares juzgar a civiles acusados de terrorismo. Asimismo, reducía los plazos para el proceso, limitando con ello severamente la capacidad de defensa de los inculpados³⁹. Con este mismo grupo de decretos se confirmaron las altas prerrogativas militares, así como la extensión de su poder en las zonas de emergencia y en la actividad contrasubversiva. El decreto ley 25626 (22 de julio de 1992) establecía que todas las dependencias vinculadas a la lucha contra la subversión y el narcotráfico debían adecuar sus normas y procedimientos a las directivas del Comando Operativo del Frente Interno (COFI), dirigido por el presidente del Comando Conjunto de las FFAA. El decreto ley 25708 (10 de septiembre de 1992) estableció los procedimientos para juzgar los delitos de traición a la patria permitiendo la aplicación del procedimiento sumario del Código de Justicia Militar para los juicios en el teatro de operaciones. Finalmente, el decreto ley 25728 (18 de septiembre de 1992) facultaba a condenar en ausencia a los responsables del delito de terrorismo.

Con estas modificaciones radicales de la legislación antisubversiva el gobierno construyó un drástico aparato legal, adecuado para las operaciones militares, y exento de control fiscal y/ o judicial. Como veremos, las capturas de los principales jefes subversivos, incluido Abimael Guzmán, fueron presentadas como el fruto de tales reformas, distorsionando con ello la realidad para favorecerse políticamente. Si bien es cierto que, dada la situación de violencia en el país y la ineficacia del sistema de administración de justicia, se requerían medidas concretas y una adecuación del sistema al contexto de crisis, esto no justificaba hacerlo a costa de las garantías ciudadanas básicas. Se pasó, innecesariamente, al otro extremo. Los cambios en la legislación antiterrorista facilitaron condenas largas para los subversivos y sospechosos, con procesos de investigación y judiciales sin "obstáculos" legales, un viejo pedido de las fuerzas del orden para agilizar la lucha contrasubversiva. Mientras que algunos tipos de violaciones a los derechos humanos (ejecuciones y desapariciones) se redujeron considerablemente desde 1993⁴⁰, se inauguraría, sobre todo, una nueva etapa en las violaciones al debido proceso. Con ello, el país mejoraba según los estándares requeridos en las negociaciones con los EEUU para apoyo económico y militar (disminuir el número de muertos y desaparecidos, mantener un registro de detenidos y dejar que la Cruz Roja ingrese a los centros de reclusión), pautas destinadas sobre todo

2.3.7. La aprobación del golpe y la imagen de Sendero ganador

Mientras que las Fuerzas Armadas fueron el soporte fáctico del golpe del 5 de abril, la opinión pública convalidó la ruptura democrática y constitucional, asignando al gobierno un respaldo popular que había decrecido considerablemente desde su elección⁴¹. El 71% de la población aprobó la disolución del Congreso y el 89% la reestructuración del poder judicial. Sin embargo, la ciudadanía no interpretaba estas medidas como el inicio de un régimen autoritario. Por el contrario, para la mayoría de la población (51%), el régimen que se iniciaba el 5 de abril era considerado como democrático, y sólo el 21% creía que se debía declarar la vacancia presidencial⁴². En tanto la misma persona elegida en 1990 continuara al frente del gobierno, la ruptura no era interpretada como un golpe. Este respaldo popular confirmaba la tendencia presidencialista en la historia política peruana y adoptaba para el imaginario nacional la asociación entre clase política e ingobernabilidad. En un contexto de crisis creciente, la demanda por eficacia a costa de pasar por alto consideraciones éticas o legales demasiado "elevadas" pegó con el sentir de buena parte de la población, desesperada por no ver solución a sus problemas.

El programa de estabilización había golpeado duramente a varios sectores que, además de ver seriamente mermados sus ingresos, tuvieron que hacer frente a la expansión de la epidemia del cólera, que hacia el mes de agosto de 1991, según lo informado por el Ministro de Salud, ya había cobrado 2,345 muertos. Mientras que estos graves problemas sacudían al país, que se conmocionaba viendo a vírgenes que "derramaban lágrimas", la imagen de los partidos políticos se fue desprestigiando cada vez más. Más allá de que la prédica de Fujimori en contra de los mismos –a partir de la cual aparecían como bloqueando soluciones-los empezó a afectar, después de la polarización tan marcada en la campaña electoral estos siguieron en buena parte del año 1991 con sus disputas y enfrentamientos políticos, que fueron cubiertos por la prensa y televisión⁴³. Los propios errores de los gobiernos anteriores, sobredimensionados y expuestos convenientemente por Fujimori, hizo extensiva la ineficiencia de dichos gobiernos al sistema democrático, haciéndolo aparecer como uno de los factores que determinaron la hiperinflación y la agudización del conflicto. Punto que estaba claramente contemplado en el diagnóstico de los militares que elaboraron el Plan Político-Militar. Su continuidad, por lo tanto, no tenía mayor sentido.

Al tiempo que todo esto sucedía, desde 1989 las ciudades –especialmente Huancayo, Huamanga y Lima-vivían en el peor momento de la guerra⁴⁴. Sumándose a las operaciones contrasubverisvas, el PCP-SL incrementaba su ofensiva de terror sobre las zonas urbanas, especialmente en Lima, centro del poder económico y político del país. Considerando que con la segunda campaña del Plan "Desarrollar bases en función de la conquista del poder" habían llegado a "plasmar" el equilibrio estratégico, empezaron a desarrollar la tercera, "Rematar el plan de impulsar apuntando contra el Gobierno de Fujimori (febrero 1991 – enero 1992)", que, en su evaluación, les permitiría concretar el equilibrio estratégico (Jiménez 2000: 221). En los barrios de conos en expansión de Lima, el PCP-SL incrementa sus acciones de propaganda y ataque de lugares públicos, al tiempo que desarrolla una fuerte presión sobre las dirigencias barriales buscando coparlas. Dentro de esta campaña senderista, el 15 de febrero de 1992 la dirigente de la Federación Popular de Mujeres de Villa el Salvador y teniente alcaldesa del distrito María Elena Moyano, fue asesinada brutalmente. Este hecho conmocionó a la opinión pública, marcando un hito en lo que hasta entonces había sido la resistencia al avance y hostigamiento de SL en el "campo popular"⁴⁵. Fue una situación límite que reveló no sólo la vesania senderista sino también la fragilidad de las organizaciones sociales y políticas al enfrentársele. Por otro lado, en los barrios comerciales y de clases medias y altas, donde SL no pretendía alcanzar ningún objetivo político captando adhesiones, la relación que se mantuvo con la población fue la violencia y, el único objetivo, el terror. En estas zonas de Lima el lenguaje desplegado por SL fue el de los comandos de aniquilamiento, los coches bomba y los paros armados. Al tiempo que este problema se expandía y sentía cada vez más como agobiante, el Estado -en especial algunas de las instituciones "heredadas" -aparecían como débiles e ineficientes. Un Estado colapsado, con un sistema de administración de justicia que brillaba por su ineficiencia. Según datos hechos públicos por la Procuraduría General de la República en setiembre de 1991, en once años de violencia política armada, tan solo 497 terroristas habían sido sentenciados con penas que iban desde los dos hasta los 25 años, mientras que 4395 acusados habían obtenido su libertad por "falta de pruebas" o "fallas en la redacción de los informes policiales".

No obstante, fuera de lo que la repercusión mediática de estos hechos, muchas veces magnificados, hizo suponer, SL se encontraba en un proceso de repliegue debido al cerco que la aplicación de la estrategia de las FFAA desde 1989 que -apoyada en la población rural organizada en Comités de Autodefensa-estaba logrando⁴⁶. Paralelamente, el trabajo policial en Lima del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y de la Brigada Especial de Detectives (BREDET) de la DIRCOTE había dado ya grandes logros en su proceso de acumulación de información y seguimiento de sospechosos, llegando incluso a capturar a diversos dirigentes de importancia de ambos grupos subversivos⁴⁷. Ya en setiembre de 1990, una operación del GEIN finalizó con la captura del 80% de los integrantes del aparato de propaganda, incluyendo a su responsable, Hugo Deodato Juárez Cruzatt, miembro del Comité Central del PCP-SL considerado por Guzmán como su "delfín", encargado de sucederlo si algo le pasaba. En enero de 1991, el GEIN había intervenido una casa ubicada en la calle Buenavista en Chacarilla del Estanque – San Borja, donde había estado funcionado el Departamento Central de SL. Allí recogieron información valiosa⁴⁸, incluyendo el conocido video en que aparecía Guzmán en una reunión social bailando 'Zorba el Griego', acompañado de importantes miembros del partido, y que confirmó que estaba vivo. Fragmentos de este video fueron presentados a la opinión pública por Fujimori en un mensaje a la nación dado en febrero, al tiempo que señalaba que como producto "de la nueva política antisubversiva, los Servicios de Inteligencia Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y Policiales lograrán capturar a cabecillas terroristas". A fines de junio de 1991 el GEIN logró detener a la abogada Yovanka Pardavé Trujillo, "Rebeca", a su conviviente Tito Valle Travesaño, "Eustaquio" y al profesor Víctor Zavala Cataño, "Rolando", miembros del Comité Central de SL y responsables de la dirección de Socorro Popular. Un duro golpe a SL. Por otro lado, pocos días después del golpe, el 14 de abril, la BREDET capturó a Péter Cárdenas Schulte, líder del MRTA. Poco menos de dos meses después, el 9 de junio, volvió a capturar al máximo dirigente del MRTA Víctor Polay Campos.

Sin embargo, la presentación mediática del terror ocasionado por SL impedía observar estos avances. En efecto, como sostiene Peralta, desde fines de la década del ochenta en distintos medios se empezó a concebir y especular sobre las posibilidades de que SL llegase al poder, haciendo que la imagen de su imbatibilidad se generalizara (Peralta 2000: 131). Al incrementar su ofensiva en zonas urbanas, en especial en Lima, esta percepción parecería consolidarse y justificarse cada vez más. Luego del exitoso paro armado del 23 y 24 de julio de 1992, convocado por el PCP-SL, entre otros el diario El Comercio⁴⁹ empezó a plantearse alternativas posibles a un imaginario gobierno de Sendero Luminoso. El temor se expandía entre todos los peruanos, pero también en el extranjero. Entre abril de 1989 y diciembre de 1992 se produjeron en Lima 907 ataques y atentados, el 47% de los ocurridos en el país. 1992 fue un año clave en esto pues es el período en que Lima registra la mayor cantidad de víctimas de la guerra interna.

Perú 1980-2000: Cantidad de muertos y desaparecidos en áreas urbanas reportados a la CVR según año en el que ocurrieron los hecho.

Fuente: Base de datos CVR. Lima, 13 de junio del 2003. Elaboración: SI-CVR

Lima 1980-2000: Número de muertos producto de la guerra interna según año de ocurrencia de los hechos

Fuente: DESCO
Elaboración: CVR

Efectivamente, ya en marzo de 1992 -poco después de que el gobierno norteamericano hubiese decidido levantar la suspensión del desembolso de parte de la ayuda económica al país con la condición de que mejorase su record en materia de respeto a los derechos humanos y, en el contexto de la búsqueda del Perú un mayor financiamiento internacional-, en Washington, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de los EEUU, Bernard Aronson, declaraba que la falta de ayuda internacional para el gobierno peruano podría facilitar a SL la toma del poder. Abonando esta tesis, ese mismo año, el Congreso Norteamericano realizó unas audiencias públicas en las que debatió qué posición debían adoptar los EEUU en caso de que SL llegase a tomar el poder. Especulando sobre una posible intervención militar estadounidense a partir de este tipo de señales, para el análisis maoísta de SL esto configuraba el escenario de confrontación ideal que había estado buscando para liderar una guerra de "liberación nacional", tal como hiciera Mao Tse Tung en China. A partir de ello, en julio de 1992, SL prepara los documentos para la realización de un III Pleno del I Congreso del Comité Central que buscaba delinear los ajustes del VI Plan Militar, "en la perspectiva de que la guerra campesina se convertiría en una guerra nacional y patriótica". Al tiempo, desarrollaría una feroz arremetida de terror sobre la ciudad de Lima, dando más sustento a la posición que creía firmemente en sus posibilidades de triunfo. Así, el 5 de junio hicieron que un "camión bomba" explotara frente al Canal 2, destruyendo sus instalaciones y matando a tres personas. Poco más de un mes después, el 16 de julio, la explosión de un coche bomba en pleno centro de Miraflores, en la calle Tarata, dejó un saldo de 20 muertos y 132 heridos. El impacto del atentado de la calle Tarata en los medios de comunicación contagió en la opinión pública el pánico y la sensación de inseguridad. Y, con ello, el mito de "Sendero ganador" se afianzó, especialmente en la clase media y alta limeña (Peralta 2000: 210), que hasta ese momento había asistido indiferente al desenvolvimiento del conflicto armado interno. El mismo 16, se produjeron una serie de atentados en otros sectores de la ciudad. SL atacó la comisaría de Ventanilla, puso un coche bomba en la de Bellavista y atacó con explosivos un puesto policial en Huachipa-Ate Vitarte; asimismo, detonó explosivos en una agencia bancaria y en un grifo ubicados en La Victoria. En la madrugada del 17, luego de un ataque con armas de fuego, senderistas detonaron un coche bomba junto a los locales –contiguos-de la Municipalidad de Villa El Salvador y la Comisaría del distrito. Durante esta misma semana, se producirían varios atentados más en distintas zonas de Lima, incluyendo una convocatoria a "paro armado" en la capital y la disposición de 9 coches bomba, 4 de los cuales pudieron ser desactivados a tiempo, y de una carretilla-bomba que explotó junto a tres colegios. El "paro armado" de Sendero Luminoso en Lima el 22 y 23 de julio dejaría el trágico saldo de 8 muertos, 38 heridos, 5 coches bomba, 13 vehículos de transporte urbano incendiados y 23 artefactos explosivos (DESCO, Resumen Semanal N° 680 24 julio – 4 agosto 1992).

El respaldo al golpe de Fujimori a la par que el rechazo a las posiciones principistas de las fuerzas políticas de oposición debe leerse dentro de este contexto de crisis extrema, en el que era comprensible que la población estuviese a favor de soluciones drásticas. Este escenario tremendo hizo aceptable en la opinión pública la idea de una "mano dura" eficaz como necesaria, incluso por encima del Estado de derecho y del respeto a los derechos ciudadanos elementales. Fujimori había conseguido banalizar la violencia. La mayoría de la población no estaba dispuesta a arriesgar en defensa de principios éticos y legales el poco bienestar particular que le quedaba en medio de la crisis. A ello hay que añadir la recuperación económica que se empezó a sentir desde fines de 1991 y que, en los primeros meses de 1992 antes del golpe, ya era evidente⁵⁰. La aprobación presidencial, desgastada hasta poco antes, empezaría a aumentar desde setiembre de 1991, dando un gran salto hacia arriba a propósito del golpe. La imagen de eficacia se empezaría a fortalecer y el régimen recogería una importante base social de respaldo.

2.3.8. La apropiación del éxito policial

Jamás van a perdonar [los militares] que hayamos sido policías⁵¹

En medio de esta ola de terror desplegada en Lima, una noticia sorprendería a la opinión pública nacional e internacional. El 12 de setiembre de 1992, tras una exitosa operación policial y en lo que sería calificado por la prensa como "la captura del siglo", el GEIN -ya rebautizado como DIVICOTE-1-logró aprehender a Abimael Guzmán Reinoso, líder máximo del PCP-SL, junto a 3 miembros de la dirección del Comité Central – Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja. Con ello, se marcó un hito en el dedicado y prolongado trabajo policial de la DIRCOTE (por entonces ya llamada DINCOTE). En efecto, en contra de lo afirmado entonces por el gobierno, la captura de Guzmán, así como las capturas de importantes líderes subversivos realizadas previamente por los distintos grupos especiales de inteligencia de la DINCOTE (GEIN, BREDET y, posteriormente, DIVICOTES), fueron resultado de un dedicado trabajo exclusivamente policial y de la experiencia e información acumulada en la materia. Como hemos visto en el capítulo sobre fuerzas policiales, el desempeño –logros-de la labor policial realizada por la DIRCOTE (y después por la DINCOTE), fue consecuencia de las decisiones que, sucesivamente, tomaron los jefes de los distintos grupos operativos y especiales con la que esta unidad ha contado a lo largo de su existencia, más que el resultado de un plan diseñado al detalle previamente⁵². Concentrado en la ampliación del ámbito del poder militar y en el establecimiento de condiciones propicias para el despliegue de la estrategia contrasubversiva de las FFAA a otros escenarios, el nuevo gobierno no modificó el trabajo policial en curso ni antes ni después del golpe. Esto, sin embargo, no le había impedido aprovechar los logros policiales previos para acumular políticamente a su favor, presentándolos como resultado de una supuesta nueva estrategia de su gobierno⁵³.

Por lo menos poco después de la captura, esto era percibido claramente por la opinión pública. En un Informe de Opinión elaborado por APOYO S. A. en el mes de setiembre de 1992 -después de la captura-se consignaba que el 43% de las personas entrevistadas creía que la captura de Guzmán se debió fundamentalmente al desempeño de la DINCOTE, el 38% lo atribuía principalmente a un soplo (una llamada/ dato) o golpe de suerte, y sólo el 9% de los entrevistados la consideraba, fundamentalmente, como resultado de la estrategia contrasubversiva de Fujimori. Por otro lado, dos de cada tres entrevistados (el 66%) consideraba que el golpe de Fujimori no tuvo nada que ver con el éxito obtenido contra la subversión⁵⁴. A estas percepciones se suma lo afirmado, indistintamente, por los diferentes policías entrevistados que trabajaron en la unidad. Todos ellos⁵⁵, concuerdan que la captura de Guzmán fue resultado del trabajo policial y que más bien el gobierno, y el SIN, se apropiaron luego de los réditos de dicho logro.

Efectivamente, como señalaba el semanario Sí el 15 de setiembre de 1992 a propósito de la captura, hasta entonces el jefe de Estado había dado repetidas muestras de que su base principal de poder eran los militares y, en especial, el Ejército (Sí 15.09.92). Asimismo, de la militarización de la estrategia contrasubversiva con la entrega del mando casi absoluto del conflicto al Comando Conjunto y los decretos que traspasaron gran parte de las funciones policiales al Ejército. Por ello, la captura de Guzmán sorprendió a las altas esferas del gobierno, que no se encontraban al tanto de la ejecución de la operación. La puesta en ejecución de la operación "Cap. PNP Carlos Verau Asmat" no fue consultada ni informada al Presidente de la República, al ministro del Interior o coordinada con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Todas estas instancias continuaban sus actividades regulares previstas para dicho día. Incluso, Fujimori⁵⁶ volvió a Lima el día 13 y no ofreció declaraciones a los periodistas hasta las 11: 30 de la noche en que dirigió un mensaje a la nación y presentó las primeras imágenes de Guzmán. No obstante, el día anterior, la DINCOTE se había encargado ya de propalar la noticia del éxito policial sin esperar el aval o autorización del gobierno. A pesar de ello, el sorprendente éxito fue presentado como resultado de una nueva estrategia del gobierno⁵⁷. La certidumbre de que la captura de Guzmán (y otras anteriores como la de Polay) fue un éxito policial no vinculado a una nueva estrategia antisubversiva y aprovechado por el gobierno, fue expresada en esos días en los editoriales de varios medios y en algunas columnas de opinión.

La captura de Guzmán generó envidia y celos, tanto en unidades de la misma policía como en los institutos armados y sus servicios de inteligencia. Especialmente, la osadía de "golpear" sin previa consulta y propalar la noticia por cuenta propia no sería perdonado por el gobierno a estos policías. Por ello, meses después de estos publicitados logros, diversos miembros de la DINCOTE serán reasignados a otras unidades y labores de acuerdo a los nuevos intereses del gobierno. En efecto, en 1993 el gobierno desarticuló varios de los grupos especiales de la DINCOTE, destacando a sus efectivos a otras unidades. En especial "desaparecen"⁵⁸ el GEIN (DIVICOTE-1), que en el momento de la captura de Guzmán contaba con 80 efectivos. A raíz de ésta los empiezan a "dispersar por todos lados"⁵⁹. Pero el ciclo de las capturas realizadas por la DIRCOTE/ DINCOTE hasta fines de 1992, significará también la culminación práctica de las iniciativas contrasubversivas de los ochenta. Dentro de un marco autoritario (aún sin Congreso), el manejo contrasubversivo centralizado en el SIN se consolidó con la dación de un nuevo paquetes de decretos para la "pacificación nacional". A través del Decreto Ley N° 25635, publicada el 23 de julio de 1992, se otorgó plenos poderes al SIN alegando la necesidad de centralizar la inteligencia para combatir a la subversión. Dicho decreto creó, formalmente, el Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) y colocó al SIN como su órgano rector. Esta norma proporcionaba amplias atribuciones al SIN y lo ponía bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República, sin dar lugar a algún tipo de control ministerial, judicial o parlamentario. Asimismo, le otorgaba facultades para establecer su propio presupuesto y sus planes de operaciones, manteniendo todo esto clasificado como secreto. Las nuevas atribuciones del SIN no excluían claramente que, además de coordinar y controlar a los servicios de inteligencia militares, efectuara sus propias operaciones encubiertas de seguridad contra agentes encubiertos del enemigo; es decir, operaciones de contrainteligencia.

En los meses siguientes las correlaciones de poder se inclinarían con más fuerza hacia el SIN. En especial, el poder de Montesinos –y, por tanto, del SIN-se consolidaría luego del intento de golpe militar contra Fujimori encabezado por el general en situación de retiro Salinas Sedó, llevado a cabo el 13 de noviembre -faltando 9 días para los comicios del CCD. Las acciones previstas por los golpistas fueron rápidamente debeladas antes de consumarse y todos los oficiales involucrados fueron detenidos. Montesinos tuvo así una oportunidad ideal para demostrar a Fujimori la eficacia del SIN y de convencerlo la necesidad real ampliar su poder y recursos (en personal y financieros). Montesinos se convirtió en un elemento aparentemente indispensable para evitar la repetición de otro levantamiento militar en contra de Fujimori y/ o reprimir las disidencias (Rospigliosi 2000: 35). Es así como desde fines de 1992, se empezaron a transferir nuevos recursos al SIN. Como hemos relatado, una de las consecuencias prácticas de esto será la decisión de cambiar a algunos de los mejores policías de la DINCOTE para asegurar la centralización del trabajo, información y, por tanto, poder en el SIN⁶⁰. Todo esto, arguyendo que el SIN jugaría un rol esencial en la lucha contrasubversiva. Entre otros, en 1993 Benedicto Jiménez fue destacado al SIN como Director de Pacificación para seguir el tema de los arrepentidos, una de las nuevas responsabilidades del SIN en materia contrasubversiva⁶¹. Jiménez fue acompañado por algunos policías que trabajaban con él en el GEIN⁶². Durante 1993 Montesinos creó también en el SIN un departamento especial de lucha antidrogas. Un punto más a su favor que le permitió apuntalar su primacía en el gobierno y en relación con las FFAA fue la estrecha relación que consolidó con representantes de la CIA. Potenciado, el SIN se encargó también de la construcción y difusión pública de una versión oficial⁶³ sobre la "pacificación", una de las banderas del gobierno para la reelección de Fujimori en 1995. Para ello, un montaje preciso se daría con la publicidad dada al "Acuerdo de Paz"⁶⁴. Efectivamente, Montesinos se encargó también, personalmente, de llevar las conversaciones –y negociaciones-con Guzmán en la Base Naval del Callao.

2.3.9. Casos de violación a los derechos humanos post golpe

Añadiendo a los decretos legislativos de noviembre de 1991 aprobados algunos de los decretos ley promulgados durante la dictadura, el gobierno pronto consigue extender, sin tropiezos, operaciones contrasubversivas -contempladas en la estrategia integral-a algunos espacios en los que aún existían ciertas restricciones con miras a salvaguardar garantías ciudadanas básicas. En este esquema, las cárceles y universidades públicas fueron dos espacios prioritarios, considerados por las FFAA como "reductos" subversivos. En efecto, era cierto que los grupos subversivos consiguieron que estos espacios destinados a la educación o a la reclusión-rehabilitación se convirtieran en reductos de adoctrinamiento ante la mirada pasiva, y prolongada, del Estado y las autoridades de cada sector. En especial las cárceles se transformaron, poco después del inicio del conflicto, en espacios casi liberados donde el control de las autoridades del INPE era nulo. La falta de recursos y la corrupción de funcionarios llevaron a que estos espacios, destinados a la readaptación social, funcionaron como escuelas subversivas donde se reforzaba el discurso violentista. Así, las cárceles cumplieron una misión inversa a la otorgada sin que ninguna autoridad hiciese algo concreto por remediarlo. Hacia inicios de los noventa, esto era más que evidente: el problema arrastrado por años requería una pronta solución. Diversos medios de comunicación advertían sobre la preocupante situación de los penales de máxima seguridad, especialmente del penal Miguel Castro Castro, ubicado en Canto Grande (Lima), en el que fotografías y vídeos documentaban el grado de control que los subversivos desplegaban a su interior.

Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno, el decreto legislativo 734, del paquete de noviembre de 1991, autorizó el ingreso de las FFAA a los penales, otorgándoles poderes discrecionales⁶⁵. Respaldándose en éste, el 7 de abril de 1992 tropas del Ejército y personal de la Policía Nacional tomaron el mando en los dos presidios más grandes del país, Miguel Castro Castro y San Pedro, y comenzaron a ejecutar una serie de reformas radicales para reordenar a la población penal, especialmente a los acusados de terrorismo. El 8 de abril, mediante la publicación del decreto ley 25421, el gobierno declaró en reorganización el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Asimismo, encargó al Ministerio del Interior – a través de la PNP-la seguridad interna y externa así como la administración de los establecimientos penitenciarios de todo el país y dependencias conexas, limitando las funciones del INPE. En este contexto, un mes después del golpe, con instituciones de control como la Fiscalía y el Poder Judicial intervenidas y sin Congreso, una intervención policial al penal de Castro Castro, presentada por el gobierno como un intento por recuperar el régimen de autoridad perdido en el centro de reclusión, terminó convirtiéndose en un medio o pretexto ideal para eliminar a la cúpula del PCP-SL allí recluida.

El 6 de mayo se inició la operación policial denominada "Mudanza Uno" en los pabellones senderistas del penal de Miguel Castro Castro, Canto Grande, con motivo de trasladar a más de 100 mujeres hacia la cárcel de Santa Mónica, Chorrillos. Dada la negativa de los reclusos del PCP-SL a permitir que las mujeres sean trasladadas a otro penal y la resistencia emprendida, la intervención se prolongó por cuatro días concluyendo con un saldo elevado de reclusos fallecidos. Durante la misma, no se permitió la mediación de un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, presente en Lima por esa fecha, ni de la Cruz Roja Internacional, representantes de la Iglesia Católica o de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En un comunicado oficial del 12 de mayo, el Ministerio del Interior informó que 35 reclusos acusados por terrorismo resultaron muertos. En los días siguientes no se permite el ingreso de ningún observador calificado ni de ningún familiar. En total hubo 41 muertos (Evento CVR N° 10151401). Entre estos estuvieron Hugo Deodato Juárez Cruzatt, integrante del Buró Político de Sendero Luminoso y otros miembros del Comité Central, como Yovanka Pardavé Trujillo, Elvia Nila Sanabria Pacheco y Tito Valle Travesaño. Sin embargo, esta matanza no llegó nunca a ser tan conocida o recordada como la producida en 1986 porque ocurrió en medio de la ofensiva de los coches bomba y luego del golpe, sin Parlamento. La matanza de mayo de 1992 presenta un carácter selectivo al golpearse, principalmente, a altos dirigentes senderistas, mediante un uso exagerado de la fuerza que pudo ser evitado. Luego de esto, en una conferencia de prensa, Fujimori cuestionó la democracia "pusilánime" que dejó sin protección a 22 millones de peruanos "para favorecer a los terroristas" y anunció que iban a restablecer el orden, el respeto y el principio de autoridad en los penales (El Comercio, 9.05.92). Anunciaba así el inicio de una nueva política penitenciaria llevada hacia el otro extremo.

Por otro lado, la situación de las universidades se complicó. La ley universitaria vigente a inicios del gobierno de Alberto Fujimori (Ley 23733) permitía el ingreso de la Policía Nacional al campo universitario por mandato judicial y a petición expresa del rector, pero la eximía de esos requisitos en caso "... de flagrante delito o peligro inminente de su perpetración". A través del decreto legislativo 726 del paquete de noviembre de 1991, el gobierno dispuso el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los locales universitarios sólo con la autorización del Ministerio de Defensa, del Interior o de los Comandos Político Militares. Habiéndose modificado el decreto durante la legislatura extraordinaria enero-febrero de 1992, después del golpe Fujimori se encargó de ratificar su contenido original. A través de un nuevo decreto ley, el gobierno extendió la intervención de las fuerzas armadas en las universidades, iniciándose un largo proceso de presencia militar en las mismas y la paulatina pérdida de la autonomía universitaria⁶⁶. Fue en este contexto que el 18 de julio de 1992 se produjo una incursión militar en la residencia estudiantil de la Universidad Enrique Guzmán y Valle que terminó con el secuestro y la desaparición de nueve alumnos y un profesor. Como se conoció luego, esta operación fue diferente de lo que hasta entonces venía ocurriendo en la Universidad del Centro, donde la práctica de eliminación selectiva aplicada por la estrategia integral de las FFAA, dirigida desde el Comando Político Militar, había dado por resultado la desaparición de decenas de estudiantes. La operación de la Universidad de La Cantuta fue realizada en cambio por un grupo de agentes del SIE no destacados en zona y dirigidos desde el SIN. Pero ésta no había sido la primera ni sería la única. Hasta entonces se venían sucediendo una serie de violaciones a derechos humanos -ejecuciones y desapariciones- aparentemente inconexas en Lima Metropolitana y zonas aledañas. No tardaría mucho en conocerse la relación entre ellas: la existencia de un grupo perpetrador común. Si bien éste había dado la primera muestra pública de sus acciones unos meses atrás con la matanza de Barrios Altos, el escenario post golpe, sin Congreso ni ningún otro tipo de control democrático, fue el escenario ideal para la actuación del "Grupo Colina". Además de la masacre de Barrios Altos y la desaparición de los estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta, hoy por lo menos se tiene alta probabilidad de su participación como responsable de las violaciones a los derechos humanos relacionadas con los casos de la desaparición de 9 campesinos, dirigentes de los asentamientos humanos La Dacha, San Carlos y Javier Heraud de El Santa (2 de mayo de 1992), y la desaparición del periodista Pedro Yauri en Huaura, Lima (24 de junio de 1992). Entre los casos atribuidos al mismo grupo pero en los que aún no se ha logrado identificar con claridad al responsable, se encuentra el del asesinato de Pedro Huilca, secretario general de la CGTP, el 18 de diciembre de 1992.⁶⁷

2.3.9. Afirmando la impunidad

2.3.10.1. El malestar dentro de las FFAA

La disidencia de un sector institucionalista de las FFAA, evidenciada en el intento de golpe del 13 de noviembre de 1992, no tardó en tomar otras manifestaciones públicas. El malestar frente al crecimiento de poder de la camarilla integrada por Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, quienes dirigían un claro proceso de politización y desprofesionalización de las FFAA, iba en aumento. Por ello, a inicios de 1993, empezó a filtrarse información desde las filas del Ejército con relación a lo sucedido en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. El 3 de abril, un grupo autodenominado 'León Dormido', compuesto por oficiales de nivel medio en el servicio activo, enviaron un documento al congresista de oposición Henry Pease indicándole que las 10 víctimas habían sido secuestradas, asesinadas y enterradas en forma secreta por un escuadrón de la muerte militar, el grupo "Colina", que operaba con la aprobación y el apoyo de los más altos niveles del ejército y del SIN (Youngers 2003: 257-258). A raíz de la denuncia presentada por Pease, el Congreso nombró una comisión investigadora, aún cuando se cuestionaba la credibilidad de un documento "por no tener ni sello, ni firma". Las reacciones no se harían esperar. Poco después de que el congresista oficialista Siura sostuviera que la denuncia no era más que una forma en que la oposición tenía para desprestigiar al gobierno y destruir el sistema, el Presidente del Comando Conjunto de las FFAA, general Nicolás Hermoza Ríos, acusó públicamente a la oposición del Congreso de montar una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, señalando que incluso algunos de ellos parecían estar "coludidos con el terrorismo". El 21 de abril, en una intimidante demostración de uso de fuerza que incluyó el desplazamiento de tanques por las calles, el alto mando del Ejército se constituyó ante el general Hermoza Ríos para expresar respaldo a sus declaraciones. Este hecho se produjo 24 horas antes de que el jefe del Comando Conjunto asistiera a la sede del Congreso, convocado por la subcomisión de Derechos Humanos que investigaba las desapariciones de La Cantuta. Desde Cusco, Fujimori dio su respaldo al Ejército y a las FFAA en su postura ante los congresistas de la oposición. El 23, el ministro de Defensa Víctor Malca Villanueva concurrió al Congreso y aseguró que no existe fricción alguna entre las FFAA y el Legislativo. Sobre las declaraciones de Hermoza Ríos, explicó que fueron simples "hipótesis de trabajo" pues nunca afirmó que algunos congresistas estaban relacionados con el terrorismo, sino que "al parecer" estaban coludidos. Finalmente, en mayo, el Congreso abdica de su función fiscalizadora al aceptar las cortapisas militares a la investigación en el caso: la mayoría fujimorista del CCD aprobó una moción para impedir la comparecencia ante las comisiones parlamentarias de investigación de oficiales implicados en presuntas violaciones a los derechos humanos una vez que se hubiera iniciado proceso en el fuero militar.

La disidencia alcanzará un punto crucial ese mismo mes cuando el general de división EP Rodolfo Robles, uno de los hombres más destacados del Ejército, denunció la violación sistemática de los derechos humanos por parte de escuadrones de operaciones encubiertas del SIN. Su denuncia involucraba al mismo general Hermoza Ríos, quien era señalado por Robles como gestor y encubridor de prácticas criminales contrarias a la ética militar. El Comando Conjunto emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones y el ministro de Defensa, general Malca Villanueva, asistió al Congreso con el mismo propósito. El propio Fujimori se pronunció rechanzando lo afirmado por Robles y reafirmando su confianza en las Fuerzas Armadas. Enseguida, el general Robles fue dado de baja por medida disciplinaria y fue procesado por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Días después Fujimori firmó el indulto a favor de 11 oficiales implicados en el intento de golpe del 13, buscando apaciguar la tensión en los cuarteles y al movimiento disidente que continuaba agitándose en las filas de las FFAA. Mientras que todo esto sucedía, delegaciones de derechos humanos de la ONU y la OEA visitaban Lima.

2.3.10.2. Las operaciones especiales del SIN⁶⁸

El asunto principal de la denuncia del general Robles no fue que destacamentos de operaciones especiales del Ejército estuvieran violando los derechos humanos, sino que el SIN estaba usando personal militar e impartiéndole órdenes al margen de la cadena de mando oficial, de forma que esas operaciones ya no respondían a los fines de la contrasubversión sino a los de la camarilla presidencial-militar. Estas operaciones encubiertas del SIN contaban con la aprobación del Comando Conjunto, instancia que está en la cadena de mando como Comando Operativo del Frente Interno (COFI) y comanda directamente las operaciones en los frentes contrasubversivos desde inicios de 1990. Con ese respaldo, el SIN formaba sus propios destacamentos para misiones especiales, usando personal del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), y los insertaba en los teatros de operaciones notificando apenas al jefe militar del frente o zona para que diera garantías a la operación, lo que quería decir en buena cuenta que no se inmiscuyera ni hiciera preguntas y que diera paso al destacamento. Así sucedió con la desaparición y asesinato de los estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta⁶⁹.

Las operaciones especiales de inteligencia forman parte de las operaciones militares regulares y no pueden ser planeadas ni ejecutadas a espaldas del jefe operativo ni del jefe de la especial de detención de "delincuentes subversivos" en la residencia de la universidad, para la cual requería que fuera destacado un determinado teniente. A la pregunta del general sobre por qué tenía que ser ese teniente y no otro, Rivas contestó que ese teniente había estado destacado hasta hacía poco en la base militar que controlaba la universidad y podía identificar a los delincuentes subversivos que estaban buscando. El jefe operativo accedió, en el entendido de que se trataba de una operación especial bajo responsabilidad directa del Comando Conjunto y el SIN. Destacó al teniente y dispuso que se diera acceso al grupo especial a la universidad en horas de la noche. El camión de Martin Rivas ingresó al campus llevando al grupo especial y salió horas después sin que el jefe de la base militar examinara su carga ni supiera a dónde se dirigía. región militar o frente contrasubversivo donde tengan lugar. Sin embargo, esto fue precisamente lo que Montesinos hizo desde el SIN. Los jefes operativos fueron inducidos a dejar que se efectúen en sus dependencias operaciones especiales organizadas y dirigidas desde el SIN y el Comando Conjunto (CC). Los objetivos y personal de esas operaciones especiales bajo control directo del SIN o del CC con frecuencia no estaban claros para los jefes operativos locales o les eran simplemente desconocidos. Esta estructura paralela permitió a Montesinos emplear agentes de inteligencia y personal militar de operaciones especiales para trabajos sucios como ajustes de cuentas con narcotraficantes, represalias particulares –como lo sucedido en el Santa-Ancash-, amenazas, chantajes, sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos, o para operaciones psicosociales especiales, destinadas a producir cambios de conducta en el público en general, como la matanza de Barrios Altos. En vez de limitarse a analizar, autorizar y supervisar los planes operativos y los resultados de los distintos servicios de inteligencia del país, el SIN planeaba y ejecutaba operativos por cuenta propia, echando mano de las capacidades operativas de los institutos como si fueran personal a su disposición. Tenía bajo su control directo agentes de inteligencia, redes enteras de informantes y escuadrones de operaciones especiales conjuntas. En otras palabras, una misma oficina era la que ejecutaba los operativos y la que los autorizaba y supervisaba. Mejor dicho, una misma persona. Además de contar a su favor con la ley del SINA, esto fue facilitado por la directiva de enero de 1990 que otorgaba al presidente del Comando Conjunto la función de jefe operativo del Comando Unificado del Frente Interno (COFI). Gracias a ello, el general Hermoza Ríos disponía de todo el personal militar de los institutos en todo momento y para cualquier fin. Martin Rivas y demás comandos del "Grupo Colina" no reconocían en la práctica a los jefes operativos de las unidades de combate como sus superiores. Antes bien, les impartían órdenes que venían directamente de Montesinos. Estas órdenes contaban con el aval de Hermoza Ríos, jefe único de todo el personal militar, y del presidente Fujimori, que era según la ley el único competente para supervisar al SIN.

Por lo menos desde la masacre de Barrios Altos, si no antes, la camarilla presidencial-militar del gobierno desarrolló una serie de actividades de violación premeditada y sistemática de los derechos humanos con el propósito de radicalizar a sus partidarios y obligarlos a defender posturas que implicaran la ausencia total de control democrático sobre la contrasubversión. Aún una vez desactivado el grupo Colina como tal, dadas las prerrogativas y facilidades con que el SIN contaba, las operaciones especiales de inteligencia continuaron. Estas operaciones tenían como meta producir un efecto aterrorizante sobre todos los opositores al régimen. Apoyar a su régimen elegido y garante de ciertas condiciones mínimas de bienestar implicaba entonces para los fujimoristas participar del encubrimiento de formas crueles e inhumanas de combatir a la subversión o convalidarlas abiertamente, con el propósito de descalificar desde los fundamentos a las personas o grupos políticos que no compartieran esta actitud. Eso les daba a los fujimoristas una identidad política excluyente, fundamentalista, que les permitía desacreditar como "tontos útiles" o simplemente traidores a todos los demás grupos políticos. Así fueron usadas las Fuerzas Armadas por Fujimori para hacerse bases de apoyo social compactas. Pero, para asegurar que todo esto funcionara, debían garantizar la impunidad mediante el control de instancias públicas clave para bloquear posibles investigaciones, como el Poder Judicial, la Fiscalía o el Congreso. Como veremos, esto sucedió claramente con el proceso de investigación en torno al caso de La Cantuta.

2.3.10.3. Un primer paso: hacia la "Ley Cantuta"

En junio de 1993, quedaba cerrado el caso de los desaparecidos de La Cantuta en el CCD. La mayoría oficialista rechazó el dictamen de la comisión investigadora, que presumía responsabilidad penal para los oficiales encargados de la base militar y para el propio general Hermoza Ríos, y aprobó un informe en minoría, que se abstuvo de señalar responsabilidades penales alegando que los tribunales militares estaban investigando el caso. Sin embargo, el caso adquirió mayor repercusión pública -y con ello la apuesta por evitar las investigaciones y asegurar la impunidad- cuando el mes siguiente se encontraron 4 fosas con restos humanos calcinados en Cieneguilla (Lima), gracias a una denuncia presentada al semanario Sí. Antes dar a conocer la denuncia, el director de Sí, Ricardo Uceda, se contactó con la Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH. Juntos, aseguraron la presencia de personal judicial, periodistas, familiares y activistas de derechos humanos en el lugar, de forma que no se pudiese destruir las evidencias (Youngers 2003: 283-284). En agosto se logró identificar que las llaves halladas en las fosas de Cieneguilla pertenecían a los estudiantes desaparecidos de La Cantuta. La teoría del "autosecuestro" sugerido por el gobierno, quedó desbaratada y la presión pública obligó a abrir una investigación en torno a los hechos. No obstante, al mismo tiempo, las FFAA anunciaron que estaban iniciando una investigación propia, planteándose una contienda de competencia jurisdiccional. Ésta fue solucionada por el Congreso, dirigido desde el SIN, con una ley con nombre propio. En una medida sin precedentes, el 6 de febrero de 1994 la mayoría oficialista aprobó la Ley 26291, conocida como "Ley Cantuta". Ésta establecía que, de existir problemas de contienda de competencia sobre la jurisdicción civil o militar en casos que no son de narcotráfico, éstos se resolverían en la sala respectiva de la Corte Suprema por mayoría simple, reduciendo el número de votos requeridos. Fue una de las primeras leyes, dirigidas desde el SIN y aprobadas por la mayoría oficialista del Congreso, que violaban la Constitución recientemente aprobada⁷⁰. Gracias a ella, los jueces gobiernistas de la Corte Suprema pudieron aprobar el pase del caso al fuero militar. Pasando unos días el tribunal militar emitió un veredicto que otorgaba diversas penas a algunos de los militares implicados en el caso La Cantuta. Entre los sentenciados se encontraban Santiago Martín Rivas y Carlos Eliseo Pichilingue, ambos condenados a 20 años de prisión.

2.3.10.4. La nueva Constitución

Aunque, como veremos, el capítulo de impunidad aún no había terminado, la actitud encubridora del gobierno con respecto a las investigaciones en torno al caso de La Cantuta mereció una amplia desaprobación ciudadana a lo largo de 1993 y 1994 (Tanaka 2001: 84). Efectivamente, en todo este proceso el gobierno de Fujimori no asumió responsabilidades, optando más bien por la descalificación de la legitimidad de los denunciantes y su permanente hostigamiento, en lo que sería una constante a través del resto de la década. La existencia de una mayoría de representantes oficialistas en el CCD permitió la utilización de diversos voceros para salir al frente a las denuncias defendiendo lo indefendible, legal y éticamente. Pero a los factores que influyeron en la baja de popularidad también se sumó la campaña iniciada por fuerzas plurales de la oposición aglutinadas en el "Comando de Campaña por el No", durante la etapa previa a la realización del referéndum para la aprobación del proyecto de nueva Constitución. En efecto, paralelamente al proceso de investigación del caso La Cantuta por miembros de la minoría opositora del Congreso y organizaciones de derechos humanos, se procedió a la elaboración y debate de la nueva Constitución. El proyecto final no incluyó mayores modificaciones de los capítulos referentes al régimen de excepción y sobre defensa y orden interno, en comparación con la Constitución de 1979. Pero, sí incluyó novedades riesgosas, entre ellas, la reelección presidencial inmediata –una sola vez-y la ampliación de la pena de muerte a los casos de traición a la patria o terrorismo. El tema de la pena muerte, promovido en algún momento por el propio Fujimori y apoyado luego por la mayoría oficialista, despertó la oposición de organizaciones de derechos humanos que, desde la CNDDHH, llevaron adelante la campaña "Por la vida, contra la pena de muerte". La campaña desplegada incluyó la presión en el terreno internacional, en particular a la OEA. La CNDDHH buscó un fallo sobre el punto, consiguiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una opinión consultiva coincidiendo con que la ratificación de la pena de muerte era incompatible con la Convención. Incluyendo la pena de muerte, el proyecto oficialista de ley de Constitución fue ratificado en el referéndum del 31 de octubre de 1993 con un margen muy estrecho -el 52% contra el 48% que votó por el NO⁷¹. A pesar de ello, como hemos referido, no tardaría mucho para que los propios principios consagrados por la nueva Constitución, empezaran a ser violados por el propio gobierno.

Antes de continuar, consideramos necesario recalcar también que la nueva Constitución incluyó dos puntos nuevos interesantes, para las posibilidades de democratización, por un lado, y la defensa de derechos constitucionales y fundamentales, por otro. En primer lugar, aunque constituyó inicialmente parte de la campaña deslegitimadora de Fujimori contra los partidos políticos tradicionales y luego fueran mermadas por otras vías extra legales sus posibilidades de aplicación (en el caso del referéndum), la inclusión de un capítulo sobre mecanismos de participación ciudadana directa. Y, en segundo, lugar, la creación de una Defensoría del Pueblo (DP) como respuesta a una campaña de cabildeo realizada por la Comisión Andina de Juristas y otros grupos de derechos humanos. Pasarían, eso sí, varios años antes de que el Ejecutivo y, por tanto, la mayoría del Congreso aceptasen elaborar una ley orgánica que la implemente y eligieran al Defensor. La negativa a culminar el proceso de instalación de la DP cedería en 1996 debido, en gran medida y una vez más, a la presión internacional.

2.3.10.5. Nuevo cambio de estrategia: el operativo "Aries"

En estos años se empezaron a sentir las consecuencias del ingreso de las FFAA –y del SIN-en la persecución del narcotráfico⁷². Como consecuencia de un proceso progresivo de implicación en el negocio local del narcotráfico –prestación de servicios de seguridad y cobro de cupos sobre todo-, hacia fines de 1993 -luego del cierre de la pista de Campanilla, la caída del precio de la hoja de coca y del predominio de las operaciones planeadas y dirigidas desde Lima por el SIN o desde la base policial apoyada por la DEA en Santa Lucía -las bases militares contrasubversivas del Huallaga estaban hundidas en la inacción y la falta de recursos. Las operaciones especiales, fueran para reprimir a narcotraficantes aliados con el PCP-SL o para favorecer a algunas firmas del narcotráfico, concentraban la acción y el dinero en manos de grupos de comandos aerotransportados que respondían a órdenes directas del SIE, la DINTE, el Comando Conjunto y, en último término, el SIN. Esto determinó un nuevo estancamiento de la contrasubversión, pues las extensas zonas de producción de hoja de coca controladas por el PCP-SL en Huánuco permanecían imbatibles y se consolidaban. Así se crearon las condiciones para una nueva ofensiva del Ejército que dejó de lado la estrategia contrasubversiva de 1989, centrada en la restricción del uso de la fuerza. Las operaciones de esta última campaña implicaron fuego masivo, arrasamiento de bases subversivas que eran caseríos cocaleros, e incluso bombardeo con rockets desde helicópteros.

Como se recordará, la estrategia de 1989 priorizaba la eliminación de la organización político administrativa del PCP-SL en cada localidad. A ello debía seguir la captación del apoyo de una minoría activa, para pasar después a la organización de la autodefensa campesina. Esa estrategia había llegado a un punto muerto en el alto Huallaga a fines de 1993. Presuponía un trabajo de inteligencia hecho de pueblo en pueblo con enlaces directos a las unidades militares contrasubversivas. Montesinos había desalentado y desorganizado esa forma de hacer inteligencia al darle prioridad a una estructura paralela de operaciones especiales dependiente directamente de él y desvinculada de los demás eventos en los teatros de operaciones de los frentes. En la estrategia de 1989 había también elementos de la concepción de la "guerra política" desarrollada en Taiwán, según la cual son los oficiales de un gran ejército quienes dirigen todas las áreas de la actividad estratégica e ideológica. También eso fue desmontado por el gobierno de Fujimori y Montesinos, quienes habían logrado imponer a las Fuerzas Armadas condiciones políticas provenientes de las elecciones y de la opinión de las mayorías. La estrategia provenía ahora de la oficina de un asesor del SIN designado para este cargo por un presidente que usaba a las Fuerzas Armadas para hacer su propio juego. Otra causa importante de que la estrategia de 1989 caducara a fines de 1993 fue, sin duda, el carácter propio de las bases cocaleras del PCP-SL en el alto Huallaga, endurecidas en su activismo económico y militar, ajeno a las líneas políticas y organizativas del PCP-SL histórico.

Así se llegó a la ofensiva frontal de las Fuerzas Armadas, llamada "operación Aries", contra los bolsones "Cuchara" y "Primavera" en la provincia de Leoncio Prado (Huanuco), desde abril hasta julio de 1994. En esta zona las tácticas psicosociales de la estrategia anterior, especialmente el "arrepentimiento", no dieron resultado. La población estaba reducida a la servidumbre por los miembros del PCP-SL, quienes la mantenían aislada, amenazada y bajo control ideológico. Quienes intentaron huir fueron abaleados por los elementos armados del PCP-SL en los embarcaderos y bocas de los ríos, únicos puntos de salida de los bolsones. Para esta operación, el Ejército preparó compañías contrasubversivas con participación de expertos israelíes. El resultado de esta nueva estrategia, en especial de la aplicación de su segunda fase⁷³, fue una mortandad más grande que todas las anteriores. A pesar de que fue difícil documentar expedientes completos debido a lo remoto de la zona, las organizaciones de derechos humanos iniciaron esfuerzos por llamar la atención nacional e internacional hacia la situación de la región, en general, y, específicamente, sobre la Operación Aries. Los primeros informes sobre las violaciones a los derechos humanos a consecuencia de la operación fueron alcanzados por grupos religiosos locales o por la prensa local. Luego de un viaje de miembros de la CNDDHH y un grupo de periodistas, se formó una comisión investigadora del Congreso, a la que cerca de cincuenta personas presentaron su testimonio a pesar de que soldados la escoltaron a lo largo de su visita (Youngers 2003: 286- 288). En dos pueblos donde el ejército permitió el ingreso de la comisión –Moyuna y Moyuna de Anda-se encontraron algunos cuerpos. Ello dio lugar a que incluso el congresista oficialista Gilberto Siura comentara: "esta vez sí se les ha pasado la mano⁷⁴". En respuesta, el Ejército cerró la zona e impidió el acceso a las zonas más remotas donde se había concentrado el operativo. Asimismo, se impidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a la zona por varios meses. La Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, se desplazó hacia allá. Luego de sobrevolar la zona y de escuchar la conferencia de prensa del general Rodríguez, dijo públicamente que las denuncias de violaciones eran falsas. Para dar apariencia de investigación nombró un fiscal ad hoc para el caso, Carlos González, que resultó ser un capitán del Ejército en retiro⁷⁵ (Ibid: 288- 289).

Ante las evidencias, en lugar de iniciar un proceso de investigación, el gobierno lanzaría una campaña contra los denunciantes, especialmente contra la Coordinadora. A través de los medios, oficiales acusaron a los grupos de derechos humanos de impedir la ofensiva final contra la subversión y presionaron a los congresistas para que tomaran medidas en su contra. A consecuencia de ello, el 28 de abril de 1994, la mayoría del CCD aprobaría moción de condena a la CNDDHH por haber divulgado "versiones negativas" -las denuncias de los pobladores de Leoncio Prado-sobre la "actuación de las FFAA en los últimos reductos de Sendero". Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso encarpetó su investigación. Además de la cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas a consecuencia del despliegue militar, la concentración de todas las capacidades militares y de inteligencia en este esfuerzo por tomar el Alto Huallaga a cualquier precio tuvo un alto costo indirecto. A lo largo de 1994 se produjo el grave descuido de la frontera norte, que dio lugar al conflicto del Cenepa⁷⁶.

2.3.10.6. Sellando la impunidad: la ley de amnistía

Este proceso de afirmación de la impunidad, que se respaldaba en la intervención y control de tres pilares fundamentales de toda democracia -el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso-tuvo un hito con la aprobación, en junio de 1995, de una amplia ley de amnistía. Esto sucedió poco más de un mes después de que la fiscal provincial en lo penal, Ana Cecilia Magallanes, denunciara ante el Poder Judicial al Jefe del SIN y a otros 4 militares por el asesinato a 15 personas en el caso Barrios Altos (abril de 1995). Gracias a la denuncia, el Presidente del Comando Conjunto, el jefe del SIN general Julio Salazar Monroe y el asesor Vladimiro Montesinos fueron citados por la titular del 11 juzgado de Instrucción de Lima, Antonia Saquicuray, para rendir testimonio en relación al crimen múltiple en cuestión.

En este contexto de tensión, el proyecto de ley de amnistía fue presentado, sin previo aviso, por congresistas oficialistas la noche del 13 de junio y aprobado en horas de la madrugada del 14 de junio con 47 votos a favor y 11 en contra. La Ley de Amnistía General (26479) beneficiaba a los sentenciados por comisión de violaciones a los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo, y también con el ánimo de encubrir lo anterior, a los involucrados en el intento de golpe del 13 de noviembre de 1992, e incluía también a los que supuestamente habían cometido actos de infidencia y ultraje a la nación y a las FFAA durante el conflicto fronterizo. Ese mismo día el Presidente Fujimori refrendó la ley. Enseguida, el Presidente de la Corte Suprema, Moisés Pantoja, declaró que el Poder Judicial acataría la Ley de Amnistía. En un acto de protesta ante la inconstitucionalidad de esta ley, la jueza Antonia Saquicuray, que investigaba el Caso Barrios Altos, se pronunció en contra. Como respuesta, la Fiscal de la Nación cierra el caso y advierte que si la jueza Saquicuray intentaba reabrirlo estaría incurriendo en "prevaricato". Enseguida, subvirtiendo el equilibrio de poderes, el Congreso aprueba una segunda ley declarando que el Poder Judicial no tenía ningún poder para revisar la ley de amnistía, mandando poner fin a las investigaciones en curso. Cerrando con broche de oro el proceso, en julio el presidente Fujimori promulga esta ley (26492), que establecía como obligatoria la aplicación de la controvertida Ley de Amnistía. Con ello, la resolución de la jueza Saquicuray sobre la inaplicabilidad del beneficio de la amnistía para los involucrados en el caso Barrios Altos quedaba sin sustento. Ese mismo mes, refrendando el sentido de este proceso de amparo legal de la impunidad, la Undécima Sala Penal de la Corte Superior resolvió que la Ley de Amnistía era constitucional y dispuso la anulación inmediata de los antecedentes judiciales contra los militares beneficiados por esa ley. Lo sucedido en relación a la aprobación de la Ley de Amnistía, que permitió la libertad de los asesinos de La Cantuta bajo el pretexto de favorecer una mal concebida "reconciliación", llenó de vergüenza a las mayorías nacionales. Nombres de congresistas como Chu Meris, Francisco Tudela, Martha Chávez, Gilberto Siura, Rafael Rey, entre otros, fueron firmemente criticados por la opinión pública.

A pesar de su victoria electoral en las elecciones presidenciales de 1995, la resistencia frente a la ley de amnistía fue el primer golpe a su popularidad, que bajó en 10 puntos en menos de 20 días (Youngers 2003: 330). A consecuencia de la misma, por primera vez en muchos años, los estudiantes saldrían a protestar a las calles por la medida. Encuestas posteriores mostraron que cerca del 75% de la población se oponía a la ley de amnistía y la mayoría de ellos pensaba que debía ser revocada⁷⁷. Dentro del escenario polarizado de estos días, cediendo una vez más ante la presión internacional, el 13 de julio el pleno del Congreso aprobó -con 43 votos a favor y uno en contra-el proyecto de ley orgánica que creaba la Defensoría del Pueblo. No obstante, previendo la posibilidad de nuevas investigaciones, en el texto se excluyó de las funciones del Defensor la posibilidad de ingresar a los cuarteles y recintos de las Fuerzas Armadas.

2.3.11. Las consecuencias del marco legal post golpe

2.3.11.1. La legislación antiterrorista y los inocentes en prisión

La ineficiencia o inoperancia del sistema judicial en la represión del fenómeno del terrorismo durante los años ochenta fue un problema mayor. Y, sin embargo, se dejó pasar y agravar la situación durante varios años. Entre los indicadores más alarmantes y que más ofuscaban a las fuerzas del orden se encontraba la constatación de una desproporción grande entre el número de detenidos y el número de procesados; y entre éstos y el número de condenados. Sin contar el grave problema del número alto de condenados que eran liberados por beneficios penitenciarios⁷⁸. El "coladero" sería una de las expresiones acuñadas para dar cuenta, gráficamente, de las continuas liberaciones por el Poder Judicial de senderistas y emerretistas que habían logrado ser capturados por las FFPP (De la Jara 2001: 40). Efectivamente, como se comprobaría años después, muchos dirigentes de importancia, tanto de SL como del MRTA, fueron capturados por las fuerzas policiales y posteriormente liberados por el Poder Judicial. Baste señalar, entre otros, los casos de Laura Zambrano, Margie Clavo Peralta, Hugo Deodato Juárez Cruzatt, Edmundo Cox y Víctor Zavala Cataño de SL. Hacia 1992, esta situación era, realmente, insostenible. Cierto era que frente a la alarmante ineficiencia del sistema de administración de justicia resultaba imperativo tomar medidas concretas, considerando la situación de excepcionalidad que la guerra interna planteaba. Se pudo, y era indispensable, adecuar (flexibilizar) las normas y procedimientos legales a la situación excepcional para combatir eficazmente el terrorismo, sin que ello significara ir en contra de las garantías esenciales del debido proceso y el respeto de principios jurídicos generales y penales. Es decir, sí había otra alternativa, una alternativa intermedia a la que finalmente fue adoptada luego del golpe, y fue falsa la polarización entonces exhibida públicamente por el gobierno en la que se presentaban sólo dos vías como posibles en medio de la violencia creciente: por un lado, la aplicación de una perspectiva utilitarista –la adoptada-, que no consideraba ningún tipo de límites jurídicos o de mecanismos de control con la premisa de que el fin justificaba los medios (es decir, todo está permitido) y, por otro, la de una perspectiva que supuestamente sólo defendía los derechos humanos, con total indiferencia jurídica frente a lo que era un situación excepcional y la gravedad de la crisis en la que nos encontrábamos a causa de la acción del conflicto (De la Jara 2001: 78-85).

En la práctica, la radicalidad de los dispositivos legales adoptados después del golpe -que ampliaron el margen de discrecionalidad de las FFAA y la PNP, otorgándoles facultades excesivas en la investigación de casos de terrorismo, sin ofrecer garantías mínimas del debido proceso a los detenidos⁷⁹- estableció condiciones propicias para la repetición y exacerbación de ciertos actos violatorios a los derechos humanos, creando un fenómeno hasta entonces no visto: el de los inocentes en prisión. En unos meses, se pasó de un extremo a otro: de la permanente irregular liberación de senderistas y emerretistas, a la detención y encarcelamiento de cientos de inocentes (De la Jara Op cit: 37). En efecto, la legislación fue tan radical y anticonstitucional en algunos de sus puntos que el mismo CCD, de mayoría oficialista, se vio en la obligación de realizar modificaciones en algunos de los decretos leyes promulgados por el ejecutivo después del golpe. Para ello, en noviembre 1993, publicaron la ley 26248, cuyas principales modificaciones se referían a la restitución del habeas corpus para los encausados por delito de terrorismo, la supresión de la condena en ausencia y la posibilidad de que el Consejo Supremo de Justicia Militar revisase las resoluciones. Sin embargo, ello no solucionaba el problema real que la aplicación de la legislación traería. Solamente el establecimiento de un sistema de arrepentimiento de otorgamiento de beneficios a cambio de información, pero sin ningún tipo de garantía, regla o límite, y debido a que durante más de dos años se aplicó compulsivamente, provocó: que muchos inocentes terminaran acogiéndose a dicha ley engañados y/ o torturados por las fuerzas del orden; que se generaran muchas acusaciones falsas, inexactas o exageradas; y que la sola sindicación bastara para que la persona involucrada fuera detenida, procesada y muchas veces condenada (Ibid: 59). Uno se percataba de la gravedad del problema al constatar, además, la procedencia social y económica de los inocentes: nuevamente, los más pobres –campesinos, pobladores de asentamientos humanos, ambulantes, estudiantes hijos de campesinos u obreros, migrantes y desplazados, entre otros⁸⁰.

El problema de los inocentes en prisión motivaría una campaña especial puesta en marcha por la CNDDHH. Como producto de la misma y de la importante intervención del sacerdote Hubert Lanssiers, se pudo llegar a un proceso de negociación con el Ejecutivo para resolver el problema. Este proceso dio por resultado la conformación, en 1996, de una Comisión Ad Hoc, compuesta por tres miembros – el ministro de justicia, el defensor del pueblo y un delegado personal del presidente, el sacerdote Hubert Lanssiers – encargada de revisar los casos individuales y de hacer recomendaciones al presidente para otorgar el indulto en cualquier caso donde la culpabilidad hubiera estado basada en evidencias fabricadas, coercitivas o insuficientes. Los tres miembros de la Comisión debían recomendar el indulto por consenso quedando, en última instancia, a discreción del Presidente que se otorgara. Para cuando el mandato de la Comisión expiró en 1999, la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia asumió la tarea de revisar los casos pendientes. En total, Fujimori indultó a 513 inocentes –481 a través de la Comisión Ad Hoc y a 32 personas luego de que el mandato de ésta expirara, de enero a octubre del 2000. Varios cientos más de procesados fueron declarados inocentes por los tribunales⁸¹, en la medida que la creación de la Comisión Ad Hoc generó un ambiente más propicio para que los jueces absolvieran a las personas acusadas de terrorismo⁸². Así, sólo entre agosto de 1996 y diciembre de 1999 se produjeron en total 1087 liberaciones de inocentes injustamente encarcelados, ya sea por indulto o por absoluciones⁸³.

2.3.11. 2. El régimen especial penitenciario en casos de terrorismo y traición a la patria

Como consecuencia de la aplicación del nuevo marco legislativo antiterrorista, para 1999 alrededor de 2,700 personas permanecían en establecimientos penitenciarios procesadas o sentenciadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria, cifra bastante menor a la que existía en 1996, cuando se iniciaron las funciones de la Comisión ad – hoc de indultos. La reclusión de tal cantidad de personas planteó diversos dilemas a la política penitenciaria del gobierno. Estos fueron resueltos mediante la construcción de nuevos penales o la remodelación de los ya existentes para albergar una cantidad que llegó a representar al 15% del total de los internos del país, así como la adopción de regímenes penitenciarios especiales para esta población. Numéricamente, el delito de terrorismo se convirtió en el tercero en orden de importancia en el sistema penitenciario, precedido sólo por los delitos contra el patrimonio y el tráfico ilícito de drogas.

Los nuevos establecimientos penitenciarios fueron construidos sin tener en cuenta ningún otro criterio que no fuera la seguridad y el aislamiento más extremo. Los penales de Yanamayo y Challapalca, por ejemplo, fueron diseñados de tal manera que los internos no tenían espacios comunes o áreas de trabajo. Se desdeñó expresamente cualquier otro criterio, como el de la educación y el trabajo. Teniendo en cuenta que a esta población penitenciaria se le había prohibido cualquier beneficio penitenciario, no tenía sentido invertir para otra cosa que no fuera para castigar. Progresivamente otros penales ya existentes (Miguel Castro Castro y Chorrillos en Lima, y Picsi en Chiclayo) fueron remodelados como enormes "celdas de castigo". Las normas especiales dictadas desde 1992, fueron aplicadas en todos sus aspectos, lo que incluía el aislamiento absoluto del interno durante el primer año y luego el acceso a patio sólo durante media hora al día. Las visitas se restringieron a extremos nunca antes vistos y las pocas que se efectuaban eran sometidas muchas veces a tratos inhumanos y degradantes.

Desde su fundación, la Defensoría del Pueblo trabajó intensamente para aliviar esta situación y presionó al gobierno para atenuar ciertas condiciones de reclusión. De acuerdo a algunos testimonios recogidos, Fujimori tenía pensado modificar este régimen pero la decisión fue postergada indefinidamente luego de la toma de rehenes en la Embajada de Japón⁸⁴.

2.3.12. Contrasubversión sin subversión

2.3.12.1. Sobre el Acuerdo de Paz y las negociaciones en la Base Naval del Callao

En octubre de 1993, el manejo público de las cartas que Abimael Guzmán dirigiera a Fujimori proponiendo negociar un acuerdo de paz estuvo sometido a las conveniencias coyunturales del gobierno. Desde su prisión en la base naval del Callao, la alta dirigencia del PCP-SL propuso un Acuerdo Nacional al Estado que no se concretó pero sirvió para efectos propagandísticos al régimen de Fujimori en vísperas del referéndum para aprobar la Constitución de 1993. Con esta finalidad, el gobierno permitió y organizó, desde el SIN, el traslado de dirigentes senderistas de distintos penales del país para permitir la reunión de 17 miembros del Comité Central de Sendero Luminoso en la Base naval del Callao para que Guzmán los persuadiera de la conveniencia de la nueva línea política que él proponía⁸⁵. Las reuniones sostenidas por los mismos desde el 8 de octubre tuvieron éxito. El 28 de octubre, a tres días del referéndum (31), el gobierno dio a conocer una carta suscrita por Osmán Morote, Martha Huatay, Rosa Angélica Salas y María Pantoja, que respaldaba la iniciativa asumida por Guzmán e Iparraguirre, solictándole a Fujimori "conversaciones para llegar a un Acuerdo de Paz, cuya aplicación conduzca a concluir la guerra que por más de trece años vive el país, petición que hacemos nuestra y reiteramos⁸⁶". De ahí en adelante, la nueva posición del jefe senderista fue convirtiéndose en mayoritaria, por encima de las fracciones disidentes que planteaban proseguir la guerra popular, pero el gobierno de Fujimori no buscó una salida definitiva de paz ni respondió a las propuestas de Guzmán. En la práctica se produjo una división de Sendero Luminoso.

Pero, más allá del referéndum mismo, la captura de Guzmán y las cartas que éste y la cúpula senderista enviaran a Fujimori para negociar un acuerdo de paz fueron dos hechos en torno a los cuales se aprovechó para construir la imagen del gobierno y, sobre todo, del Presidente victorioso frente al terrorismo. Asociando estos hechos, el régimen autoritario continuaba legitimándose ante la opinión pública como la única vía para garantizar el orden y la pacificación del país. La versión oficial sobre la pacificación otorgaba, intencionalmente, gran importante a una supuesta labor del SIN, que dirigido de cerca por el Presidente, se presentaba o resaltaba como la base o centro de la eficiencia del régimen, que había privilegiado la Inteligencia para vencer el terror. Al respecto, Benedicto Jiménez (2003) refiere que el SIN llegó a circular una versión en medios policiales y militares en la que se atribuía un rol importante la caída de Guzmán, señalando incluso que desde sus oficinas se planificó la captura. Ninguna de estas cosas es cierta.

Si esto resultaba completamente falso para el caso de la captura, éxito policial apropiado por el gobierno y el SIN, sí tenía sustento en el caso de las negociaciones por el acuerdo, aunque no bajo la ficción que vendieran del "agente 002", Rafael Merino, dirigiendo las conversaciones⁸⁷. En realidad, fue Vladimiro Montesinos quien tuvo a su cargo la conducción personal de las conversaciones y tratos con Guzmán e Iparraguirre y demás dirigentes senderistas, en tanto "interlocutor académico", las cuales estuvieron enmarcadas por intereses políticos coyunturales del gobierno, administrados por el asesor y que se disiparon hacia 1995. En efecto, entre una más de sus múltiples preocupaciones y actividades de "gobierno", Montesinos dedicó parte de su tiempo estas negociaciones, llegando a monopolizar la relación y usufructuarla según sus intereses. En cambio, debe recalcarse que ni Fujimori, ni el General Hermoza Ríos (entonces la figura de mayor poder en las fuerzas armadas) se reunieron con los jefes senderistas. Tampoco se promovió reunión alguna con miembros de la DINCOTE o militares expertos de inteligencia que trabajaban en el SIN, como Eduardo Fournier.

El gobierno no tomaba el tema tan en serio como parecía o pregonaba. No se consideró si quiera que los mejores especialistas en lucha contrasubversiva se reunieran con los reclusos para aprovechar información valiosa, replantear a las nuevas circunstancias la lucha contrasubversiva y acabar con los rezagos. En términos estrictos, la política de pacificación consistió en mantener en prisión a la mayor cantidad posible de subversivos bajo condiciones extremas en penales de máxima seguridad y en reducir al aislamiento a los núcleos armados. La propuesta de acuerdo de paz hecha por Guzmán y la dirigencia senderista brindó réditos políticos a Fujimori y rebajó la tensión en los penales, pero no liquidó a la organización. En definitiva, aunque no lograra la firma de un acuerdo con el gobierno, el PCP-SL sí logró dos objetivos importantes: primero, que no se matara a Guzmán (pena de muerte), su mayor preocupación, y, segundo, reconstruir el "Partido" y difundir la nueva línea política y directivas gracias a las reuniones de cúpula que Montesinos organizó⁸⁸. En efecto, Guzmán salvó una estructura organizativa que tiene como base las prisiones. Adicionalmente, Guzmán e Iparraguirre señalan como resultados de las negociaciones desarrolladas durante esos meses que se introdujeron algunos cambios en el régimen carcelario de los senderistas, "y cierto margen para que se reunieran en los demás penales". A ellos, el "interlocutor", es decir Montesinos, les llevaba periódicos y revistas cuando iba a verlos y los dejaba ver noticieros de la televisión. Asimismo, se les permitió reunirse para "trabajar juntos unas horas durante el día" una historia del PCP-SL, para lo que se les otorgó acceso al archivo de documentos partidarios que les había incautado la DINCOTE y a textos marxistas de su biblioteca. Mientras que esto sucedía, el trato a los reclusos del MRTA, quienes se negaron a montar una farsa pública que favoreciera el gobierno, reciban durísimas condiciones de encarcelamiento en la misma Base Naval⁸⁹. Como refirió el emerretista Peter Cárdenas a la CVR,

Lo grave de esto, lo particular… un elemento importante es el tratamiento de la Marina y del Servicio de Inteligencia, del mismo Montesinos que venía acá a dar órdenes, era el tratamiento diferenciado que se empieza a hacer de Sendero y del MRTA. (…) Nosotros estábamos encerrados completamente, sin hablar con nadie, sin ver a nadie, sin ventanas, sin leer nada, por lo menos al comienzo. Y nos sacaban al patio diez minutos, ocho minutos (…). Era el plan, un hostigamiento. Pero a los otros señores los empiezan a reunir, una cosa totalmente discriminatoria y totalmente odiosa, totalmente odiosa⁹⁰.

El régimen diferenciado proporcionado a Guzmán e Iparraguirre fue suspendido el 94 y retomado el 95. A partir de 1997 dispusieron de un radio y las revistas Le Monde y Newsweek. Posiblemente Montesinos optó por mantener estos privilegios como una manera de evitar que Guzmán rompiera el statu quo, lo cual fue conseguido⁹¹.

2.3.12.3. Contrasubversión sin subversión

Como se esperaba, Fujimori aprovechó la inclusión de la posibilidad de reelección inmediata en la nueva Constitución para presentarse nuevamente a elecciones. En esta nueva campaña dejó entrever ya el objetivo real de la camarilla presidencial-militar que con él gobernaba y que se confirmó en los siguientes años: perpetuarse en el poder, extender lo más posible el régimen -garantía de impunidad⁹². No corresponde al mandato de la CVR analizar el largo proceso político que esto supuso ni intentar una caracterización del tipo de régimen político que se implantó, el origen de su legitimidad y respaldo ni tampoco cuáles fueron los factores que, finalmente, generaron su caída intempestiva en el año 2000. Lo que nos interesa señalar es el aprovechamiento político que el gobierno hiciera en estos años de la estructura contrasubversiva desplegada a nivel nacional.

A pesar del evidente declive en las acciones subversivas, resaltado por la misma propaganda oficial⁹³, el régimen no disminuyó el número de zonas de emergencia sino que mantuvo un esquema de contrasubversión sin subversión. En efecto, hacia mediados de 1995 se contabilizaba un aproximado de 68 provincias y 3 distritos del país que aún se encontraban bajo estado de excepción. La extensión de los estados de emergencia – que en muchos casos se convirtió en garantía de tranquilidad para los pobladores, temerosos de nuevas incursiones senderistas- suponía también la prolongación de la autoridad militar por sobre la civil con los Comandos Político Militares⁹⁴. En varias de las zonas rurales más afectadas por la guerra interna, los militares representaron y "encarnaron", por muchos años, al Estado mismo, en un contexto de repliegue de su aparato civil a causa de la violencia. Conforme las acciones subversivas fueron declinando, aunque no tan rígida como en medio de la guerra, la autoridad militar se mantuvo. Vigente el estado de excepción, los militares debían autorizar la realización de eventos públicos, reuniones y estar al tanto de quién (es) circulaban por la zona. Cuando fue posible que empezaran a trabajar funcionarios públicos de programas económicos y sociales, los militares actuaron con frecuencia como mediadores para los contactos con la población.

Con miras a asegurar su reelección, Fujimori no dudó en utilizar la estructura militar desplegada a lo largo del país a favor de su campaña como Presidente-candidato. Ni tampoco a utilizar los recursos económicos a su disposición, que se habían incrementado notablemente gracias a las privatizaciones y préstamos obtenidos. Por ello, entre 1993 y 1995, Fujimori se concentró en asignar recursos a un gasto social focalizado y en viajar constantemente dentro del país para inaugurar obras y obtener los máximos beneficios políticos personales posibles. Ese gasto fue, además, distribuido directamente por el Ministerio de la Presidencia, sobre el que Fujimori ejercía un control firme 1999 (Crabtree⁹⁵: 63-64). Lograría consolidar, poco a poco, una base social de respaldo. Especial consideración merece, al respecto, el paquete de programas de emergencia social que el gobierno lanza en julio de 1994 a través del Fondo Nacional de Compesación Social y Desarrollo (FONCODES). A propósito, en 1995 Caretas señalaba que la estrategia de Fujimori consistió en realizar obras en todos los departamentos, pero sobre todo en aquellos que había perdido en el referéndum (Caretas 1358, 12.04.95).⁹⁶ Esto sería confirmado más adelante por algunas investigaciones académicas. Por ejemplo, en una investigación dada a conocer en agosto de 1999, el investigador del Banco Mundial Norbert Schady concluía que existió un gran efecto de las elecciones en el cronograma y distribución de los gastos de FONCODES, para lo cual se utilizaron criterios técnicos y políticos. Comprobó que los gastos se incrementaron antes de las elecciones nacionales y que los proyectos comunitarios fueron canalizados a provincias donde se esperaba un gran retorno político⁹⁷.

Sumándose a eso, en 1995 empezó la inauguración de colegios construidos por el INFES. Durante el año electoral, en zonas de emergencia todo esto fue acompañado con el despliegue de una serie acciones de propaganda, conducidas por militares, que favorecían a Fujimori. Como muestra más alarmante de este proceso, en setiembre de 1994, el jefe de la Primera Región Militar, general Howard Rodríguez Málaga, fue sorprendido por un reportaje gráfico de La República repartiendo almanaques con el rostro de Fujimori. Lo acompañaban numerosos oficiales y personal de tropa, en una especie de operativo militar de acción cívica en apoyo a la campaña de Fujimori. Aunque el general logró confiscar la cámara y el rollo fotográfico, el hecho generó un debate sobre la participación de las fuerzas armadas y su posible utilización en el proceso electoral. Ese mismo mes, miembros del SIE fueron sorprendidos y filmados cuando ellos, a su vez, filmaban a los asistentes a una reunión opositora pertenecientes al Movimiento Cívico N-13⁹⁸, liderado por el general Salinas Sedó. La inquietud y temores de otros participantes en la contienda se incrementaron cuando, en noviembre, se hallaron libretas electorales en manos de militares. Todos estos antecedentes llevaron a que, en diciembre, seis candidatos a la presidencia suscribieran el "Pacto de San Marcos" -un conjunto de principios éticos que aceptan para sus respectivas campañas-, promovido por Transparencia. Cambio 90 no aceptó el compromiso.

En estas condiciones, fue innegable el efecto que el conflicto con el Ecuador, desatado en enero de 1995, tuvo sobre los resultados presidenciales. Al ser imperioso mantener unida la voluntad nacional, el candidato opositor, Pérez de Cuellar se abstuvo de polarizar más la elección. Mientras tanto, Fujimori lució sin escrúpulos su prestigio de líder militar e impulsó su campaña final con esa bandera. Finalmente, aunque las dudas sobre la limpieza del proceso electoral continuaron respaldadas por nuevos hechos -como la desaparición de 37 mil actas electorales en la ciudad de Huanuco, hecho reconocido por el Jurado Especial de dicho departamento-Fujimori ganó en primera vuelta con el 67% de respaldo. La campaña por las elecciones generales mostró una serie de elementos que se repetirían en los siguientes años.

2.3.12.3. Sentando las bases

Poco después de la asunción de mando, habiendo aprobado a fines del período anterior la ley de amnistía, el régimen empezó a preparar el camino para poder perpetuarse -incluso después del 2000-y hacerlo sin ninguna traba –cualquier posibilidad de control y fiscalización a sus actos. Para ello, dio varios pasos importantes. En primer lugar, a nivel legislativo, la existencia de una mayoría sumisa les dejó el terreno libre. En repetidas muestras a lo largo de estos años, diversos congresistas de la mayoría evidenciarían su renuncia anticipada a ejercer parte de sus funciones constitucionales: la fiscalización. Se dedicó además, como se comprobó luego, a aprobar una serie de leyes inconstitucionales, varios de cuyos proyectos fueron redactados directamente desde el SIN. Ya la bancada oficialista anterior había dado varios pasos en este sentido, consagrando el proceso de afianzamiento legal de la impunidad en materia de violación a los derechos humanos. La mayoría del nuevo Congreso continuó actuando, o dejando de actuar, sobre una serie de temas que incluyeron restricciones a derechos y libertades básicas de cualquier sociedad moderna, como la libertad de expresión, el derecho al respeto de la intimidad y a la privacidad de las comunicaciones, así como el respeto a la propiedad privada.

En segundo lugar, planteando la "reorganización" del Poder Judicial, el Ejecutivo terminó de someterlo a su control, eliminando de hecho y completamente la autonomía de dicho órgano. La Comisión Ejecutiva que creó⁹⁹, integrada por magistrados supremos favorables al régimen, fue sólo una careta para seguir los designios del Ejecutivo y del SIN, bajo una apariencia democrática. Como lo mostraron luego los videos, los magistrados que las integraban recibían órdenes directamente del SIN. Además, se siguió utilizando la situación de provisionalidad de una gran cantidad de magistrados para afianzar el control del órgano. Con ello, el régimen consiguió no solamente garantizar impunidad a los actos de sus miembros -evitar fiscalización penal y política- sino también utilizar la judicatura como arma política, al someter a control a quienes se opusieran a sus intereses. Se puede afirmar que ya aproximadamente para 1997, la reforma carecía de todo el supuesto elemento modernizador o técnico que en un principio había promovido y había pasado a ser un instrumento más para la manipulación política que permitió controlar una serie de procesos judiciales, incluyendo denuncias de violación a los derechos humamos. Salvando algunas mejoras administrativas, de infraestructura y equipamiento que fueron posibles, la "reforma" puesta en marcha lo que hizo fue potenciar tendencias ya existentes en la administración de justicia, como la subordinación al poder política y el clientelismo como forma de ascenso de los magistrados. La supervisión por parte de Salas de magistrados supremos vinculados a Montesinos de las jurisdicciones especializadas en derecho público (proceso de garantía constitucional), tributario y aduanero, y tráfico ilícito de drogas, permitió un control absoluto de aquellas decisiones fundamentales que pasaban por el Poder Judicial.

La urgencia planteada en el presente año por emprender una reforma radical del Poder Judicial es muestra clara de que no hubo cambios en la administración de justicia a pesar de las millonarias sumas invertidas en el proceso. Lo mismo vale para el caso del Ministerio Público, cuyo control fue planteado desde temprano para asegurar que no se desarrollasen investigaciones en temas o casos en que estuvieran envueltos los intereses del régimen. Un paso clave para ello fue el nombramiento de Blanca Nélida Colán, sumisa a Montesinos, en la Fiscalía de la Nación después del golpe. En 1996, para evitar su salida del órgano y con el pretexto de la creación del Consejo de Coordinación Judicial, se creó una Comisión Ejecutiva del Ministerio Público¹⁰⁰ que Colán presidiría, a la cual se le otorgó más poder real que al Fiscal de la Nación, quedando éste como una figura meramente decorativa.

Es importante recalcar que todas estas normas que permitieron intervenir al Poder Judicial y el Ministerio Público fueron aprobadas por la mayoría oficialista del Congreso, por sumisión, ignorancia y/ o complicidad con el Poder Ejecutivo y el SIN.

2.3.12.4. El aparato político del régimen

Como referimos, desde 1993 el poder de Montesinos y del SIN se fue incrementando notablemente. Entre otras cosas, esto se tradujo en la influencia que llegó a tener y desplegar, sobre todo después de 1995, hasta convertirse a todas luces en el aparato político del régimen. Entre las funciones que, ilegalmente, desempañó de facto, controlado por Montesinos estuvieron: dirigir las campañas electorales, espiar (interceptación telefónica) y sabotear a la oposición política, vigilar y controlar a los medios de comunicación (especialmente a la TV) para que cumplan con su propia agenda, producir leyes para que el Congreso las apruebe y elaborar fallos del Poder Judicial (y después también del Jurado Nacional de Elecciones). Con el SIN como núcleo central del poder real, la colocación de representantes leales o comprados por el régimen y los cambios legales e institucionales introducidos poco a poco, la división de poderes y autonomía de los mismos pasó a ser una ficción en el país. Aunque el régimen trató siempre de mantener las apariencias, especialmente para evitar las posibles presiones internacionales, ello se evidenció cada vez más y se escondería menos. Con el Poder Judicial y el Ministerio Público intervenidos y controlados desde el SIN y un Legislativo dirigido por una mayoría que también atacaba ciegamente sus disposiciones, en los siguientes años se sucedieron una serie de escándalos que significaron graves reveses para el Estado de Derecho. Por no ser parte, directamente, de nuestro mandato, no nos explayaremos al respecto, pero sí cabe señalar que las libertades básicas carecían de garantías en un Estado en el que todos los órganos estaban, de una u otra manera, controlados por el Ejecutivo y su brazo político (el SIN).

Entre otras cosas, el incremento de poder del SIN se tradujo en un crecimiento desmedido del mismo, tanto en términos de los recursos económicos que lograba agenciarse, como del personal que llegó a acumular. Como refiere Rospigliosi, Montesinos transforma al SIN, de un pequeño organismo burocrático que en empleaba sólo a algunas decenas de personas, a una inmensa organización que llegaría a tener entre 1,200 y 1,500 empleados. Asimismo, llegaría a tener un presupuesto 50 o 60 veces más grande que en 1990 y a extender su poder a unos 13,500 agentes de servicios de las fuerzas armadas y policía (Rospigliosi 2000: 197 y 201). El presupuesto aumentaba, con la anuencia del Presidente, con el claro objetivo de incrementar su control político. Solamente el número de efectivos desplegados desempeñando funciones de seguridad del asesor presidencial fue increíble, algo hasta entonces nunca visto y, además, dentro de un contexto en el cual las calles se quedaban sin protección, entre otras cosas, por la insuficiencia de personal policial. Se estima que las Unidades Especiales de Seguridad (UES) Júpiter –destinada a la seguridad de Montesinos-y Alfil – destinada a la de Fujimori-estaban conformados por más de 300 hombres seleccionados de la Policía Nacional y el Ejército¹⁰¹.

Así, aun cuando el "grupo Colina" como tal fuera desactivado¹⁰², dadas las prerrogativas y facilidades con que legalmente el SIN contaba (incluyendo la posibilidad de contar con presupuesto secreto y con un continuo desvío de fondos¹⁰³) las operaciones especiales de inteligencia continuaron. Estas operaciones, algunas de las cuales podrían ser clasificadas como operaciones especiales del tercer tipo –terrorismo¹⁰⁴-, tenían como meta producir un efecto aterrorizante sobre todos los opositores al régimen (no especialmente sobre presuntos subversivos) y un efecto unificador y fijador de las bases y escaños fujimoristas. En efecto, conforme las acciones subversivas fueron en declive, las operaciones especiales empezaron a dirigirse cada vez más hacia blancos políticos: opositores del régimen; llámense políticos, periodistas independientes e incluso miembros de las FFAA contrarios a la politización de las mismas y disidentes que filtraban información. El rango de operaciones desplegado fue desde el espionaje, las amenazas, hostigamiento hasta el uso de fuerza o violencia directa para amedrentar. A todo esto se suma el papel clave que jugó Montesinos en tanto rector, y el SIN también como centro de gestión, de la organización progresiva de un sistema de corrupción a gran escala, aprovechando para ello la ausencia de fiscalización a sus acciones y las amplias prerrogativas otorgadas por ley (presupuesto secreto). Entre algunos de los negociados más grandes en que el SIN y Montesinos estuvieron involucrados y que hoy, entre otros múltiples casos, viene siendo investigado por las autoridades competentes, estuvo el aprovechamiento de la ocasión que les dio el conflicto con el Ecuador para emprender nuevas compras de armamento y, de paso, realizar desfalcos y desvíos de dinero público -a través de las comisiones-hacia actividades ilícitas.

Debido a la disidencia interna (filtración de información) y la labor que algunos programas o periodistas de investigación desarrollaron, las denuncias contra Montesinos y el SIN se fueron acumulando en estos años. A pesar de ello, sus acciones no se detuvieron. Los operativos se disimularon cada vez menos y las amenazas fueron en aumento. Además de la protección de los poderes controlados con que Montesinos gozó, jugó a su favor el papel desempeñado en tanto enlace con la CIA y representante del gobierno ante los Estado Unidos para la política anti drogas. Como sostuvo Karen De Young, a lo largo de la década "en discusiones dentro de la embajada de EEUU en Lima, entre la Embajada y Washington y en por lo menos dos reuniones inter-agencias dedicadas a revisar el tema, la CIA defendió a Montesinos y descartó como no probados e irrelevantes los informes de que él orquestó abusos de derechos humanos como parte de las operaciones contra el terrorismo bajo el régimen de Fujimori durante la primera parte de los 90".¹⁰⁵ Durante el resto de la década, la CIA defendió vigorosamente a Montesinos en las reuniones inter-agencias, llegando al punto de caracterizar como "invalorable" su ayuda en la guerra contra las drogas. Hasta el año 2000, la CIA logró prevalecer. "Hubo diplomáticos a los que la estación de la CIA en Lima presionó para que no se quejaran de Montesinos".¹⁰⁶ Sin embargo, no se trató simplemente de un apoyo tras bambalinas que una agencia hacía a pesar de las múltiples denuncias que en su contra se iban acumulando. A través de su "zar antidrogas", el general Barry Mac Caffrey, los EEUU otorgaron reiteradamente al Perú buenas calificaciones en la lucha antidrogas y le renovaron la ayuda económica por dicho concepto, en medio de denuncias que involucraban al mismo Montesinos en los negocios por el traslado de la droga fuera del país. El caso extremo llegó cuando, en 1999, Mac Caffrey vuelve a saludar en público la política antidrogas peruana y en particular al SIN como uno de sus gestores. Con el camino libre, el despilfarro y la intervención premeditada en la vida política a través de operaciones especiales de inteligencia y montajes psicosociales llegarían a niveles impredecibles.

2.3.12.5. El juego real y la verdadera agenda: la re reelección

Debido entre otras cosas a la presión internacional, el gobierno siguió desarrollando una serie de iniciativas "correctoras" de su imagen, en su intento por aparecer como un gobierno democrático. Entre otras medidas, estos pasos mínimos contemplaron la elección del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, en abril de 1996, y, poco después, en agosto del mismo año, la conformación de la Comisión Ad Hoc para resolver los casos de inocentes en prisión¹⁰⁷.

Sin embargo, 1996 sería también el año en que ya preparados, habiendo ocupado posiciones en instancias clave del aparato estatal, la puesta en juego de la agenda real del gobierno se hizo pública con la aprobación por la mayoría oficialista del Congreso de la Ley 26657, "Ley de interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución Política" (23.08.96). La respuesta a esta interpretación inconstitucional, que obedecía a claros objetivos políticos (preparar anticipadamente el camino para la perpetuación en el poder), no se hizo esperar. Un grupo de congresistas de oposición presentó ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, abriendo otro flanco donde el régimen intervino meses después. Paralelamente, el Foro Democrático convocó a sectores de oposición a iniciar una campaña destinada a exigir la convocatoria de un referéndum sobre la ley.

Al tiempo que la polarización política se desataba, durante el juicio que se le seguía, en agosto el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera (" Vaticano") reveló que operó su negocio en el Huallaga durante 1991 y 1992 con el apoyo del SIN, específicamente con el de Montesinos. A la denuncia siguió una interpelación al gabinete sobre el tema solicitada por la oposición, en la que los ministros se explayan resaltando la labor de Montesinos. Y también algunos casos de interés público. El primer suceso de varios que seguirían imputados a los servicios de inteligencia militares, dirigidos desde el SIN, fue un atentado contra la filial de Red Global en Puno. Ante lo sucedido, el 21 de noviembre el General Rodolfo Robles denunció que el atentado fue llevado a cabo por miembros del ejército vinculados al SIE. Como respuesta, el 26, agentes del SIE emboscaron y arrestaron a Robles, simulando un secuestro. El acto fue denunciado por diversos sectores sociales y políticos. Ante la presión pública, el 7 de diciembre Fujimori amnistía a Robles. Por otro lado, en diciembre, una investigación del periodista Edmundo Cruz¹⁰⁸ reveló que el atentado había sido producto del "Plan Narval 96", ejecutado por el SIE bajo orientación del SIN y refirió la existencia de otro, el "Plan Bermuda", destinado a atentar contra el periodista César Hildebrandt. Pronto, la popularidad presidencial empezó a descender (según APOYO, sólo entre noviembre y diciembre ésta descendió de 52 a 45 %) y la de la oposición a aumentar, entre otras causas, debido a las denuncias que involucraban a Montesinos. Esto configuró un escenario político sumamente desfavorable al régimen, en el que las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna que concluyeron exitosamente fueron notable y políticamente explotadas políticamente por el gobierno.

El despliegue de la Operación "Chavín de Huántar"

Un suceso inesperado, propiciado en parte por negligencia (falta de prevención) del SIN -y no sólo de la policía-, se presentó el mismo mes de diciembre, en medio de la agitada coyuntura política. El 17, un comando del MRTA asaltó la residencia del embajador japonés en Lima, durante la realización de una gran recepción, generando gran alarma y repercusión mundial. Dos horas después de la toma, los emerretistas permiten salir a las mujeres y ancianos pero mantienen a más de 400 personas como rehenes por varios días. Progresivamente, reduce el número de los mismos hasta 72.

Durante los casi cuatro meses que la residencia se encontró bajo control de los emerretistas, los escándalos y la polarización política prosiguieron y también el descenso de la popularidad presidencial. En enero, el Tribunal Constitucional dio un fallo controvertido, estableciendo la inaplicabilidad de la ley de interpretación auténtica para el caso del Presidente Fujimori. En marzo, la congresista oficialista Martha Chávez interpuso una acción de amparo contra la decisión. El 19, presumiblemente en un acto de amedrentamiento atribuido a los servicios de inteligencia, el vehículo del congresista de oposición Javier Diez Canseco fue asaltado e incendiado cuando su chofer se dirigía al aeropuerto. Ese mismo mes, la policía halló el tórax y miembros superiores e inferiores del cuerpo de la ex agente del SIE Mariella Barreto, desparecida desde hacía unos días. Se atribuyó la responsabilidad del crimen al grupo Colina, dado que, al parecer, ella habría entregado información a medios sobre las actividades del mismo. Pero, la opinión pública se remecería más cuando en abril el programa Contrapunto de canal 2 dio a conocer el estado en que la ex agente del SIE, Leonor La Rosa, había quedado luego de que habría sido torturada por sus propios compañeros, que la acusaban de haber filtrado información a sobre los planes publicados por La República y otros medios.

El cuadro de denuncias que apuntaban reiteradamente a la mano del asesor presidencial se completó cuando el 13 de abril el programa periodístico Contrapunto emitió otro reportaje en el que mostraba documentos de la SUNAT que acreditaban que Montesinos tuvo excepcionales ingresos a partir de 1994 y que sólo en 1995 facturó por 1'600'000 nuevos soles, siendo un funcionario público a tiempo completo con un salario menor cinco mil nuevos soles mensuales. En una encuesta de APOYO, publicada el 21 de abril, se dio a conocer que la desaprobación de Fujimori bordeaba el 47%, mientras que la aprobación llegaba a 38%¹⁰⁹. Adicionalmente, el 70% de los encuestados pedía que Montesinos renunciara. Al día siguiente, el 22, el gobierno ejecutó la operación de rescate "Chavín de Huántar". Considerada como una operación militar exitosa luego del revés militar sufrido en el conflicto del Cenepa a inicios de 1995, el gobierno convirtió los festejos por la exitosa liberación de rehenes en una epopeya militar, aprovechando la extensa cobertura mediática. La realización de esta operación supuso un riesgo muy alto. Pero esto no impidió un inmediato aprovechamiento en el alza de popularidad del gobierno, que pasó al 67%, según encuesta de APOYO publicada el 24 de abril. Según la misma, el 84% de los encuestados se declaró a favor de la salida militar.

En ese contexto político tan complejo, el principal uso que el gobierno dio a la exitosa operación fue servir de pantalla para desviar la atención de la población lejos de las denuncias que comprometían a su más cercano colaborador y su entorno. En efecto, el éxito de la operación provocó un ascenso vertiginoso y logró ocultar una serie de denuncias. Sin embargo, solamente pudo postergar la caída en picota que siguió en unos meses. El gobierno no pudo mantener el rédito político obtenido a partir de la operación debido a varios factores. En primer lugar, las denuncias continuaron¹¹⁰.

El gobierno aprovechó el alza de popularidad para sostener algo más su imagen mientras cometía una serie de atropellos contra la Constitución como parte del plan re-reeleccionista. Entre ellos, destacan dos casos inauditos. Por un lado, en la madrugada del 29 de mayo, la mayoría fujimorista del Congreso destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional por haber fallado en contra de la ley de interpretación auténtica, aunque el cargo formal fue haberse excedido en sus funciones al realizar una "aclaración" a su fallo.¹¹¹ Por otro lado, a partir de una inusual interferencia de las FFAA¹¹², el gobierno retiró la nacionalidad peruana al empresario televisivo Baruch Ivcher el 13 de julio y, con ello, consiguió el traspaso de la administración del canal a los accionistas minoritarios Winter, que en adelante le serían plenamente leales¹¹³. Estos hechos, acompañados de denuncias y pedidos de investigación, fueron lapidarios para su popularidad, que sólo se recuperaría en 1999, en medio de la campaña electoral y del control abusivo y descarado de las instituciones estatales y los medios de comunicación.

De otro lado, la repercusión pública de la operación suscitó un enfrentamiento no esperado por el gobierno entre Fujimori y Montesinos, por un lado, y Hermoza, por otro, por la autoría intelectual del plan de rescate. Los primeros buscando aumentar sus réditos políticos y, el segundo, buscando reforzar su imagen de "general victorioso". La historia de este enfrentamiento es muy conocida y excede los límites de esta investigación¹¹⁴.

Finalmente, el recurso a una acción militar para resolver la crisis, fuese o no inevitable, tuvo como consecuencia también que los aspectos discutibles del operativo llevasen a una serie de debates públicos sobre el papel de las FFAA. Aunque esto no mellara necesariamente su legitimidad ante la opinión pública, la oposición fue planteando gradualmente la duda sobre si todos los emerretistas murieron en combate o si algunos fueron ejecutados cuando ya estaban inermes.

Las imágenes de la operación "Chavín de Huántar" serían propaladas en medios de prensa durante la campaña política del 2000 como parte de los logros de la gestión de Fujimori, reforzando su imagen de "pacificador" del Perú y comandante de la estrategia antisubversiva. Desde agosto de 1998, Hermoza dejó, finalmente, de detentar el puesto de Comandante General de las FFAA, en parte por las fricciones ocasionadas a partir de la operación, pero también por discrepancias sobre el problema limítrofe con Ecuador. Desde entonces, las pocas oportunidades que hubo en los años siguientes de aprovechar políticamente las operaciones antisubversivas fueron monopolizadas por la figura presidencial.

El recurso al "terrorismo"

Lo que sí continuó haciendo constantemente el gobierno en los años siguientes fue montar, a través de operaciones psicosociales dirigidas por el SIN y realizadas gracias al creciente control de los medios de comunicación –en especial los "diarios chicha" y los canales de televisión de señal abierta-, escenarios explotando el tema del "terrorismo" y azuzando los miedos de la población. En un contexto signado por una media aprobación de gestión presidencial (baja para su acostumbrados altos estándares) -que se mantuvo así entre 1997 y 1998-, el inicio de la recesión económica por la repercusión de las crisis financieras internacional, la acumulación de denuncias contra el SIN y Montesinos –elevadas a instancias internacionales al no encontrar respuesta en los poderes controlados-, la presión internacional que señalaba, entre otras cosas, la falta de independencia de poderes,¹¹⁵ y las evidencias del surgimiento de un movimiento de oposición con mayor base social, esto sería necesario.

Entre las maniobras desarrolladas, destacó la recurrencia a la acusación o calificación de "terroristas", dada por miembros del gobierno a actividades desarrolladas por la oposición o incluso a algunos de sus propios miembros. Desde 1998, ya con un mayor control de los medios de comunicación masivos, sobre todo de los canales de televisión, se aprovecharon una serie de oportunidades. Será frecuente por ejemplo intentar disuadir a los ciudadanos de participar de marchas de protesta circulando rumores acerca de la presencia de elementos senderistas infiltrados en ellas, organizando reparto supuestos volantes "senderistas" para ello, entre otros. Utilizando los medios de comunicación controlados como su principal arma, el gobierno recreó la imagen de la protesta social como rezago del "terrorismo" y desorden. De esta manera, polarizaba el espectro político entre el terrorismo, el desorden e inseguridad y la posibilidad que el gobierno ofrecía –la eficacia de la mano dura a cambio de orden y seguridad. Las movilizaciones de protesta eran presentadas por la televisión adicta al régimen como hechos "terroristas" y no como lo que eran, muestran de oposición política al régimen, que no dejaba otros canales de expresión. Si bien esto se verá mucho más claramente durante la "Marcha de los 4 suyos", había empezado mucho antes, en un trabajo psicosocial de menor escala o proporciones, que incluyó la puesta en marcha de más operaciones especiales de inteligencia –incluyendo espionaje y sabotaje-contra miembros de la oposición. A diferencia de años anteriores en que las operaciones se centraban sobre todo en personajes públicos, en estos años llegarían a estar destinadas a incluso a dirigentes estudiantiles.

En 1998, Montesinos intentará además jugar una de sus últimas cartas para mejorar su imagen, subir la popularidad del gobierno y refrendar legitimidad del uso de la "mano dura", con la dación de los decretos legislativos de "terrorismo agravado" que copiaban -casi textualmente y a pesar de las diferencias entre uno y otro fenómeno-el modelo penal utilizado para enfrentar la subversión después del golpe. Con ello buscaba hacer frente y resolver rápida y drásticamente – como se supone el gobierno había hecho con la subversión-uno de los problemas más sentidos por la población entonces: la inseguridad ciudadana. En efecto, durante los primeros meses de dicho año, el incremento de la ola delictiva, en especial de una arremetida de secuestros al paso, fue recibido con alarma por la ciudadanía. En mayo, luego de que el presidente Fujimori anunciara la próxima participación del SIN en la lucha contra la delincuencia común y pidiera para ello facultades legislativas, una sucesión de hechos sangrientos en Lima, acompañados de provocativas declaraciones del Presidente, no hicieron sino multiplicar las suspicacias y sospechas sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Varios de los crímenes, como el asesinato a mansalva de cambistas, parecían una trama de hechos montados finamente en una operación dirigida con la finalidad de conmocionar y atemorizar a la opinión pública¹¹⁶. El episodio culminó, una vez más, con la publicación de una serie de decretos legislativos por parte del Ejecutivo que, amparado en la facultad de legislar en materia de "seguridad nacional", concluyó legalizando la participación del SIN en el combate a la delincuencia organizada, un ámbito de acción claramente policial. El DL 904, publicado en junio, creó la Dirección Nacional de Inteligencia para la Protección y Tranquilidad Social como órgano de línea de la estructura del SIN. Además de volver a caer en la sobre penalización, utilizando el concepto de "terrorismo agravado" el resto de decretos permitieron ampliar los márgenes de discrecionalidad de la policía con la finalidad de simplificar el trabajo de captura e investigación¹¹⁷. Hoy no existe evidencia de que el fenómeno haya sido controlado con estas medidas. Al parecer, el impacto público importaba más que el resultado real de las mismas.

Por otro lado, durante la campaña electoral y el mismo día de elecciones municipales (13 de octubre de 1998), siguieron produciéndose una serie de irregularidades, entre ellas la utilización del aparato militar desplegado pretextando la contrasubversión. El aparato estatal –apoyado todavía en gran medida en los militares en las zonas de emergencia-se había consolidado claramente como el principal medio de presencia electoral del gobierno a lo largo del territorio nacional. Esta vez, sin embargo, el trabajo de varios organismos de observación electoral lograría confirmar y documentar pruebas de irregularidades graves en algunas zonas del país. Dado lo que nos compete, es importante señalar por ejemplo que gracias a un informe de observación elaborado por la Defensoría del Pueblo¹¹⁸, se declararon nulas las elecciones municipales en el distrito de Vinchos, Ayacucho¹¹⁹. Entre otras cosas, se comprobó con filmaciones que:

El proceso se inició a las 9: 00 a. m. bajo la conducción de un Oficial del ejercito Peruano que impidió que los personeros ingresaran a las mesas de sufragio hasta dos horas después. Previamente el oficial tomó los datos a todos los personeros, quienes quedaron sorprendidos y atemorizados. (…) Durante el acto electoral no se observaron cámaras secretas (…) en la mayoría de las aulas se encontró soldados comiendo y charlando con los miembros de mesas. (…) Durante el proceso se observó la participación en las funciones de coordinador de la Oficina de Procesos Electorales de algunos miembros del Ejercito Peruano destacados para ese día. (…) Por otro lado, el movimiento Vamos Vecino, distribuía entre la población que concurría al sufragio un carné de identidad con su símbolo que les daba derecho al transporte, alimentación y bebidas, y en caso necesario alojamiento en Vinchos¹²⁰.

Este proceso cuestionado quedó, sin embargo, muy disminuido frente a la cantidad de irregularidades cometidas durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2000. Entre otras cosas, en ésta, abusando del control de los medios, Fujimori y otros representantes del gobierno implementaron grandes y costosas campañas de desprestigio contra los candidatos opositores. Para ello, se recurrió nuevamente a la manipulación de la amenaza del "terrorismo", llegándose por ejemplo a explotar con tal finalidad la imagen de Toledo con una vincha, durante una manifestación espontánea frente al Hotel Sheraton después de la primera vuelta. Pero sería antes, en 1999, cuando observamos cómo una de las últimas operaciones contrasubversivas se convertiría, en sí misma, en parte de una operación psicosocial destinada a levantar nuevamente la imagen del Presidente-candidato como gran pacificador del país.

Los últimos hechos: discurso y realidad

Uno de los ejemplos más claros de manipulación de información por parte del gobierno en el ámbito de la lucha contrasubversiva fue la captura de Óscar Ramírez Durand, "Feliciano", fundador del PCP-SL, miembro de su Comité Central y líder de la facción "Sendero Rojo" desde que Guzmán firmara el acuerdo de paz en 1993.

Si bien Fujimori y su entorno habían asegurado en reiteradas oportunidades entre 1993 y 1998 que el terrorismo en el Perú había sido derrotado, para mediados de 1999 se empezó a difundir información sobre las acciones de las huestes de Feliciano en la zona oriental de la sierra central, otorgándole mayor importancia y grado de peligrosidad de la que realmente tenía Sendero en general para la época. El contexto en el cual se desenvuelven estos hechos nos hace comprender la importancia que tuvo la captura del disminuido Feliciano. En el ámbito interno, fue demasiado evidente la intención propagandística de la realización de la misma, con miras a las elecciones presidenciales del año 2000. La prueba más clara de esto es el incomprensible protagonismo del mismo Alberto Fujimori en Junín, usando ropas tradicionales de la zona, "dirigiendo" el cerco de las tropas del Ejército, actos que se prestaban más para la foto de la prensa que para el real desenvolvimiento de las acciones. Ante la necesidad de una captura grandiosa para mejorar la imagen del gobierno "pacificador", se armó todo un "show", como fue calificado en varios medios de comunicación independientes.

En el ámbito internacional, el gobierno fujimorista pasaba uno de los momentos más tensos de su segundo periodo. En febrero de 1999 el informe del Departamento de Estado de EEUU sobre derechos humanos en el Perú fue muy crítico. Sorprendentemente, el gobierno invirtió más dinero en Cancillería para que abogados y lobbys en EEUU defiendan al Estado peruano en temas de derechos humanos. Esto se debió principalmente al éxito que habían logrado diferentes organizaciones de derechos humanos y miembros de la oposición al recurrir a instancias internacionales para la solución de casos que el gobierno no estaba dispuesto a investigar y, menos aún, sancionar –entre ellos, el caso del la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional y el del retiro de la nacionalidad peruana del empresario Ivcher.

El 31 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió nuevos casos que comprometían al Estado peruano, como el de la matanza de Barrios Altos. Asimismo, anuló la sentencia a los emerretistas chilenos. Paulatinamente, el mismo Fujimori, miembros del gobierno y medios de prensa de dudosa veracidad empezaron a atacar a la CIDH con argumentos de alto impacto en los sentidos comunes de la opinión pública. En ese escenario, la captura de Feliciano fue un engranaje perfecto para demostrar que en Perú la estrategia antisubversiva era exitosa y que no violaba los derechos humanos, como lo aseguró Fujimori: "Que ahora los organismos de derechos humanos no vayan a decir que ['Feliciano'] tiene heridas o rasguños. Y la Corte Interamericana no nos va a enseñar cómo manejar nuestros asuntos de derecho interno."¹²¹ Los ataques a la CIDH no fueron gratuitos, el gobierno había decidido ya separarse del ámbito de la Corte el 5 de julio. Para ello, tomó como pretexto la anulación de la sentencia de los emerretistas chilenos, aduciendo que ello significaría su liberación¹²². Esto ocurrió días antes de la 'Operación Cerco'. Este nuevo "logro" distrajo la atención de la opinión pública y atenuaría el impacto de la decisión del retiro.

Sin embargo, la manipulación de los medios de prensa y de la información sobre la captura de Feliciano no bastó para que no se llegara a saber lo que realmente sucedió el 14 de julio y los días anteriores. Si bien Fujimori gozaba aún de un considerable nivel de popularidad debido a la amplia base social de respaldo con la que aún contaba, el malestar frente al régimen autoritario era ya grande en varios sectores de la población. Aunque hay varias versiones de lo ocurrido -tres a saber, una de la Policía, otra del gobierno-FFAA y otra de testigos presenciales-, es posible reconstruir los hechos basándose en trabajos periodísticos de investigación y testimonios posteriores.

Óscar Ramírez Durand dirigió acciones subversivas desde 1993 teniendo bajo su mando a un reducido contingente senderista. Principalmente se movilizaba dentro de la zona de ceja de selva del departamento de Junín. Recién en junio de 1999, un equipo de policías de la ex PIP empiezó el trabajo de Inteligencia para dar con el paradero de Feliciano¹²³. Cuando se tuvieron datos certeros de su ubicación, el SIN envió al general de Brigada EP Eduardo Fournier Coronado para consumar los hechos, con lo que en la prensa local se llamó la "Operación Cerco"¹²⁴. Luego de algunos días de persecuciones en la zona de ceja de selva y de administración de información a la prensa local y extranjera en Jauja, Fujimori anunció el 13 de julio que Feliciano ya estaba a punto de ser capturado. Sin embargo, Ramírez Durand logró romper el cerco y escapó de sus perseguidores¹²⁵. El 14 de julio, Feliciano, acompañado de dos mujeres, fue capturado en el poblado de Cochas, a 4 kilómetros de Huánuco. Las circunstancias en que se dio efectivamente su captura se convirtieron en la parte más polémica de la disputa pública. El gobierno perdió control sobre la maniobra desplegada para mostrar cuáles eran sus reales intenciones y métodos. Feliciano fue capturado en un ómnibus interprovincial que era manejado por un suboficial de la policía en servicio civil, llamado Juan Alfonso Salazar, el cual alertó a un grupo de policías y militares de la presencia extraña de sus únicos ocupantes. Fue llevado inmediatamente al puesto policial de El Tambo, donde minutos después llegó el General EP Carlos Indacochea, jefe del operativo, para llevar a Ramírez Durand frente a Fujimori.¹²⁶

Las incoherencias del discurso oficial fueron diversas y para todos los gustos. Nos remitiremos sólo a las que rodearon a la captura. El mismo 14 de julio Fujimori declaró que Feliciano fue capturado por una patrulla del Ejército Peruano mientras el subversivo escapaba caminando, disfrazado de campesino. Dicha información fue publicada en el periódico oficial del Estado, El Peruano.¹²⁷ Fujimori no contaba con que el diario Correo de Huancayo ya había realizado una entrevista a Juan Salazar, que fue publicada el día siguiente, con la versión real. Debido al descubrimiento del engaño, el día 16 Fujimori se rectificó y relató en conferencia de prensa acompañado del ministro de Defensa General EP Carlos Bergamino, del presidente del Comando Conjunto General EP César Saucedo, del director general de la PNP Fernando Dianderas y de Vladimiro Montesinos, que Feliciano fue capturado en un ómnibus interprovincial, pero por personal del Ejército en un control de la carretera¹²⁸. El gobierno demostró así que bajo ninguna circunstancia dejaría pasar la oportunidad de que los laureles de la captura caigan en el Ejército y en los servicios de Inteligencia. La capitalización política no sería posible si Feliciano hubiera sido capturado por casualidad, luego de haber roto el cerco, como realmente sucedió. La mayoría de los medios de comunicación, alineados detrás del gobierno, simplemente repitieron la versión oficial tergiversando la historia. Fue sin duda la utilización más clara de la estrategia antisubversiva para los fines políticos del segundo gobierno fujimorista, pues no sólo se infló la presencia de la subversión en la zona para que la captura cobrara la mayor importancia posible, sino que se cambiaron deliberada y sucesivamente los hechos. La sanción por el operativo psicosocial dañado no se hizo esperar. El suboficial Salazar desapareció al día siguiente de la captura. Al aparecer, cambió la versión que dio al diario Correo en un parte de su puño y letra¹²⁹. Son obvias las razones o presiones por las cuales lo hizo.

Finalmente, el día de su presentación a la prensa, Óscar Ramírez Durand no tuvo posibilidad de responder los cuestionamientos de la prensa, pues se encontraba en un ambiente aislado y ensordecido por huaynos y yaravíes. Según Caretas: "El oficial de la DINCOTE que recapituló la historia ató cabos y presentó la versión oficial de la caída de Ramírez Durand, la misma que sostuviera al final el propio jefe de Estado, por un lado, y la conductora de televisión, Laura Bozzo, por el otro. 'Feliciano cayó gracias a un trabajo paciente del Servicio de Inteligencia y a la cooperación combinada de las Fuerzas Armadas y Policiales, cuyo trabajo fue supervisado personalmente por el presidente Fujimori'."^{130 131}

Este es tal vez el mejor ejemplo de cómo la 'nueva' estrategia de manejo de medios de comunicación y de la información que desarrolló el gobierno fujimorista a fines de los noventa también tiñó a las operaciones antisubversivas. Éstas dejaron de ser un medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más frecuencia. La captura de Feliciano nos muestra la realidad de la lucha contrasubversiva a fines de los noventa, llena de carencias y distorsiones al estar siendo manipulada políticamente. Al respecto, en la edición de Caretas del 10 de abril del 2003 se publicó una entrevista realizada a Óscar Ramírez Durand, preso en el penal de máxima seguridad de la Base Naval del Callao. Ante la pregunta "¿ Cómo fue su captura en realidad?", Feliciano responde "Sería largo de explicar. Basta con decir que a mí me capturó la Policía y por casualidad."¹³². Si bien el senderista no entra en detalles, es claro que testimonios de diversos orígenes coinciden y se reafirman en señalar que el gobierno usó una estrategia sucia de la información. Tenía planeado hacer lo mismo meses después, pero la suerte le falló todavía más.

En octubre de 1999 la facción Proseguir de SL, refugiada en el valle del Ene, Satipo (Junín), dio un duro golpe al gobierno al traicionarlo durante el proceso de negociaciones para su rendición que sostenía luego de la caída de Feliciano. El 2 de octubre de 1999, acudió a la zona una comitiva con altos oficiales, liderada por el general EP Fournier en representación del SIN, que fue engañada y emboscada. A consecuencia de esto, murieron por lo menos 5 militares¹³³ y fue derribado un helicóptero MI-17 de fabricación rusa¹³⁴. Producido el inesperado y trágico evento, el gobierno dio información confusa e incompleta en torno a los hechos. Una vez más, fue desmentido por reportajes de periodismo de investigación que dieron a conocer sus planes. Según versiones recogidas en la zona, la visita de la comitiva era parte de esperado montaje publicitario, planificado con antelación (La República, 14.10.99). Fracasada la operación, Fujimori trató de negar, a toda costa, que su gobierno hubiese estado sosteniendo negociaciones con la facción subversiva. Pronto, se encargó de tapar el hecho publicitando la movilización de cientos de militares por la zona.

En realidad, desde hacía años, confiado en el repliegue de los rezagos del PCP-SL a algunas zonas focalizadas, el gobierno había descuidado la iniciativa contrasubversiva. Mientras tanto, Fujimori seguía afirmando públicamente la imagen que vimos por muchos años de un Presidente que se enorgullecía y vanagloriaba de su "mano dura" con el terrorismo. Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno dejó fue una situación penitenciaria descontrolada, gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado nuevamente el control de las cárceles como sus "luminosas trincheras de combate". El estricto régimen carcelario de los mismos en los penales de máxima seguridad, incluyendo a la Base Naval del Callao, no era tal para 1999.

No hay régimen tan rígido que pueda durar, más aún cuando se trataba de una población penal aún más ideologizada y muy organizada. Poco a poco emergieron motines penitenciarios y disturbios que obligaron al gobierno a traslados masivos de internos de un lugar a otro, lo que llevó a alejar a la mayoría de la población de su lugar de origen. Sucedieron los "traqueteos" (golpes contra las paredes y rejas) permanentes que progresivamente hicieron colapsar la infraestructura de aquellos penales que fueron mal construidos.

Ese fue el caso de Yanamayo. En febrero del 2000 los internos allí recluidos iniciaron un motín de proporciones que provocó el colapso de todas las estructuras internas del penal. Algo similar había ocurrido ya en 1999 en Castro Castro. En el primero, luego de unos cuantos días de motín, los reclusos ganaron el control interno del penal e impidieron el paso de persona alguna que no contara con su autorización. En Castro Castro, los internos ganaron los pasadizos y los patios, dejando a la atemorizada policía únicamente con la custodia de la denominada "tierra de nadie". Similar situación ocurrió en otros penales, como en Picsi (Chiclayo), Socabaya (Arequipa) y Potracancha (Huanuco). En marzo del 2000, la propia Policía informaba que la situación penitenciaria era crítica y que había que tomar medidas. Las opciones: aplicar la fuerza para encerrar a los internos o variar el régimen penitenciario para hacerlo viable. Fujimori decidió no hacer nada. Cuando colapsa el régimen de Fujimori y asume funciones el Gobierno de Transición Democrática, encuentra un régimen legal penitenciario inaplicable en todos sus extremos en los penales, salvo el caso del penal de mujeres de Chorrillos. La diferencia entre la ley y la realidad era tan escandalosa que quedó al descubierto el doble discurso de Fujimori y las autoridades penitenciarias respecto a la supuesta aplicación de normas rígidas a estos internos. El régimen penitenciario drástico establecido provocó, en el mediano plazo, la retoma de los penales por parte de Sendero Luminoso y el MRTA y el colapso del principio de autoridad.

Los últimos meses del gobierno estuvieron dedicados, más bien, a proseguir con los intereses primordiales de la cúpula que lo regía, desplegando para ello operaciones especiales de inteligencia, operaciones psicosociales y manipulando información. Sólo exponemos dos ejemplos significativos. Por un lado, con la finalidad de legitimar su irregular re reelección, Fujimori no dudó en montar desde el SIN un gran operativo destinado a hacer fracasar la Marcha 4 suyos y estigmatizar a sus organizadores como terroristas¹³⁵, aunque ello supusiera sacrificar la vida de personas. Por otro lado, la desfachatez de Montesinos, confiado en la ausencia total de control de sus negocios, llegó al punto de involucrarse en una red internacional que traficaba armas hacia las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC)¹³⁶. Una muestra más de las contradicciones endógenas del régimen. Un gobierno que se preciaba de ser duro e infranqueable frente a la subversión terminaba apoyando al grupo subversivo de un país hermano, acusado precisamente en ese momento de realizar actos terroristas y de estar vinculado con el narcotráfico.

Varios de estos hechos, no vinculados directamente con nuestro mandato, vienen siendo investigados por autoridades competentes y sus autores procesados. Está bajo su responsabilidad seguir los procesos correspondientes y dar a conocer al país el resultado de los mismos.

Según el análisis y los testimonios recogidos por la CVR, el autodenominado Grupo Colina no actuó al margen de la institución militar, sino que fue un destacamento orgánico y funcional ubicado en la estructura del Ejército en la medida que utilizaba los recursos humanos y logísticos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Por lo tanto, para su constitución y funcionamiento debía contar con una partida secreta que cubriera los requerimientos de un contingente militar dedicado en exclusividad a una actividad ilícita que implicó graves violaciones a los derechos humanos.

Antecedentes

La estrategia antisubversiva

El concepto de Guerra Interna se introduce en la segunda mitad del siglo XX a partir de la experiencia francesa en Argelia (1955– 1957). La utilización posterior de la Doctrina de la Seguridad Nacional (1965) en los países ubicados en área de influencia de Estados Unidos, se origina en el marco de la Guerra Fría, la cual supone la intervención de la Fuerzas Armadas en la vida política, asumiendo el papel de garantes del orden constitucional y convirtiéndose en árbitros que toman decisiones sobre todo en aspectos de política interna y en la represión de movimientos populares.

La doctrina de la Seguridad Nacional privilegia el concepto de Guerra Interna, diferente de Guerra Civil, que estaría asentado sobre la ideología marxista leninista del enemigo subversivo. En la identificación del perfil del enemigo interno son incluidos subjetivamente no sólo los militantes de izquierda sino también cualquier movimiento con algún componente reivindicativo: universitario, investigador social, periodista. De acuerdo a esta doctrina, el grave peligro que significa la subversión para el Estado justifica cualquier método represivo: actuación de paramilitares o parapoliciales, secuestros, torturas, asesinatos, desaparición de personas, etc. Es decir, violación sistemática de derechos humanos y terrorismo de Estado.

Desde fines de los años 60 los países sudamericanos implementaron esta doctrina y el Perú no fue la excepción, dejando de aplicarse únicamente a la guerra exterior para pasar a ser una política interior de cada país. En ese contexto se firman diversos convenios para potenciar la lucha contrasubversiva y especialmente la eficacia de los órganos de inteligencia a través de su entrenamiento especial, su educación, las estrategias psicológicas por medio de la acción cívica.

Como parte de esta doctrina, los planes y materiales de estudios de los oficiales se nutren del concepto de enemigo interno. En nuestro país, las fuerzas armadas elaboraron guías de procedimientos como el Manual de Guerra No Convencional Contrasubversión¹³⁷ que divide el territorio nacional en zonas de acción todas ellas al mando de un comando militar de operaciones contrasubversivas: "zona roja", donde el enemigo subversivo controla a la población desarrollando guerra de guerrillas; "zona rosada", donde se realizan algunas acciones de guerrillas y presenta cierta organización de la población, y "zona blanca", que presenta cierto riesgo pero todavía no está afectada por la subversión. La actuación militar según estas diferencias en la influencia de los grupos subversivos varía:

la intervención en la zona roja, habla de objetivos inmediatos que son destruir a las unidades armadas, instalación de las fuerzas para el control y la seguridad de la población y destruir a la Organización Política Administrativa (OPA)¹³⁸.

Esta destrucción de la organización política administrativa significaría la eliminación física de la cúpula subversiva considerada como gente "perdida" o irrecuperable para el sistema. El Manual establece la eliminación de mandos y líderes subversivos incluyendo a los ideólogos.

Eliminar es matar. Si usted lo encuentra lo mata... Aun cuando esté desarmado. Pero nadie sabe que lo está"¹³⁹.

Una de las tácticas contrasubversivas es la ejecución de acciones empleando una fuerza de intervención rápida, luego del trabajo de inteligencia en la localización del enemigo, sea éste guerrilla, base de apoyo, líderes, ideólogos, etc. La intervención rápida se orienta a la destrucción del sistema medular subversivo mediante la eliminación de sus dirigentes. Uno de los objetivos tácticos contrasubversivos es, sin atenuantes, eliminar mandos y líderes incluyendo ideólogos. En palabras de un general retirado:

Por eso puede implicar cuando dice eliminación, muerte. Cuando dice cumplir la misión, muerte. En términos militares es así ... nunca sale (la orden): 'Usted va a matar a fulano de tal, Usted me los elimina, Usted los captura'. Entre eliminación y captura hay diferencia, hay que agarrarlos, pero en otro momento; de acuerdo al momento y ... a la situación, el término puede valer igual"¹⁴⁰.

Cuando el escenario de la guerra se trasladó a las ciudades, se pensó que esta misma estrategia con las variaciones necesarias podía seguir utilizándose. Al parecer esta concepción fue la base de la conformación de diversos grupos o destacamentos de operaciones especiales dentro del esquema de las fuerzas de intervención rápida y de eliminación del enemigo interno, lo que degeneró en violaciones de derechos humanos.

Grupo o Destacamento

La existencia y funcionamiento de los destacamentos o grupos de operaciones especiales se encuentran claramente normados¹⁴¹, así como también los métodos y procedimientos que se utilizan en las áreas de inteligencia y contrainteligencia, sea estratégica u operativa.

En el caso específico de Colina, se definiría como una red de inteligencia de control directo que emplea personal, instrumentos y otros recursos para objetivos determinados, estructurada para facilitar el control de las operaciones, con el compartimentaje y seguridad necesarios, con un conjunto de agentes organizados en equipos móviles. Pero en esencia como lo señalara el General EP Rodolfo Robles:

Aquí, el verdadero problema es la existencia de un 'Escuadrón de la Muerte' y que, para ocultar esta realidad, se está utilizando y manipulando al Ejército bajo el pretexto de la lucha contrasubversiva"¹⁴².

En la documentación encontrada por el Juzgado Penal Especial no se habla de un grupo sino de un destacamento ubicado en la estructura del Ejército en la medida que utilizaba los recursos humanos y logísticos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Colina se conformó como un grupo excepcional: se trataba de un destacamento de operaciones especiales del SIE, y por lo tanto para su constitución y funcionamiento debía contar con una partida secreta que cubriera los requerimientos de un contingente militar dedicado en exclusividad al trabajo del grupo.

El jefe del SIE durante 1992, el Coronel EP Alberto Pinto Cárdenas, cuando habló con Agenciaperú. com, al aclarar su participación sostuvo:

Todos los destacamentos son oficiales porque están dentro de estructura y reglamento de nuestro Ejército, como el Destacamento Colina. El nombre Destacamento Colina, así como el Destacamento Leoncio Prado. Aquel que diga que no lo conocía es falso porque todo el mundo lo conocía. Acá están los documentos¹⁴³.

Colina, por lo tanto, no fue un grupo clandestino sino un destacamento que administrativa y funcionalmente dependía del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), pero por la preponderancia que adquirió el SIN terminó como brazo ejecutor de Montesinos o de Hermoza Ríos. Lo secreto o clandestino era la verdadera naturaleza de sus actividades.

Antecedentes legales

Modificaciones normativas

Desde el 5 de abril de 1992 se realizó una serie de modificaciones normativas vinculadas a la estructura y función de los cuerpos de inteligencia, fundamentalmente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que luego facilitaron en gran medida la actuación de estas instituciones al margen de la ley. Así, el Decreto Ley Nº 25635, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, intensificó la utilización de la figura del secreto respecto de los aspectos administrativos y presupuestales del SIN. La citada norma estableció que el nombramiento de los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional debía contar con la aprobación del jefe del SIN con ello se garantizaba su injerencia en el control de los puestos claves de los distintos sectores de inteligencia.

Dentro de este esquema los cargos claves en el SIN fueron desempeñados por el General de División EP Julio Rolando Salazar Monroe, Jefe formal, el Coronel EP Enrique Oswaldo Oliveros Pérez, Jefe de la Dirección Nacional de Informaciones y el Mayor EP Roberto Huamán Azcurra; Jefe de la Dirección de Informaciones Electrónicas.

En el Ejército, se desempeñaron: el General de Brigada EP Juan Nolberto Rivero Lazo como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) del 1 de enero al 13 de noviembre 92, el Coronel EP Víctor Raúl Silva Mendoza como Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) durante el año 1991 y Subdirector Ejecutivo de la DINTE en el año 1992, el Coronel EP Alberto Segundo Pinto Cárdenas como Jefe del SIE en 1992 y el Teniente Coronel EP Luis Alberto Cubas Portal como Jefe del Departamento Administrativo-SIE 5. de quien dependía el área de logística.

A su vez, la mencionada norma otorgó rango de Ministro al jefe del SIN, con dependencia directa del Presidente de la República. Con ello la actuación de este organismo quedó fuera del control político, pues su Jefe estrictamente no era ministro de Estado. Asimismo, este decreto tampoco estableció los mecanismos de control político, funcional y presupuestal que toda institución de inteligencia debe tener en el marco de un Estado democrático.

Grupo Escorpio

Por lo menos desde 1988, el mayor Santiago Martín Rivas venía trabajando en el SIE 1 Departamento Búsqueda de Información Sección Subversión. En esta época estaba ensayando el proyecto de formar un grupo de inteligencia operativa, que se concretó al año siguiente cuando lideró un grupo denominado "Escorpio"

Que operó fundamentalmente en el Alto Huallaga ... igual que el Colina, pero sin tanta publicidad porque los muertos eran provincianos que vivían y morían en la zona del narcotráfico¹⁴⁴.

Son varios los casos que se comentaban dentro de la comunidad de inteligencia, donde el capitán EP Martín Rivas respondiendo a intereses personales y/ o coludido con sus Comandos de turno, a la sombra de la impunidad que le otorgaba su pertenencia al sistema y la guerra contrasubversiva, participó y dirigió una serie de hechos delictivos y crímenes de lesa humanidad¹⁴⁵.

Entre los hechos que se le atribuyen al grupo Escorpio figuran varios secuestros y ejecuciones a cambio de dinero y el cobro de cupos relacionados con narcotraficantes y comerciantes como:

1. Ejecuciones sumarias de narcotraficantes en el Alto Huallaga (rivalidades entre firmas) 1989.
2. Secuestros de narcotraficantes en el Alto Huallaga en 1989.
3. Asesinato de periodista radial en Tingo María, abril 1989.
4. Secuestro y asesinato del narcotraficante Carusso, marzo-abril 1989.
5. Operaciones de aniquilamiento, robos y asaltos de casas comerciales en Ayacucho entre 1984-85, mediados del 90¹⁴⁶.

Varios componentes de este grupo fueron reclutados después por Martín Rivas para conformar el destacamento Colina. Un testigo corrobora esta afirmación sosteniendo que cuando se encontraba detenido en el Fuerte Rímac (1990), conjuntamente con Suppo y Coral, ex integrantes del grupo Escorpio, lo recomendaron ante Martín Rivas, quien fue a buscarlo indicándole que había visto su legajo personal y que lo iba a tener en consideración. En aquella época Suppo y Coral comentaban:

Que habían hecho operaciones en la selva donde habían tumbado gente, el declarante no formó parte de ese grupo, pero sí Sosa, Coral, Sauñi, Caballero Bayón, Ramos Alvarez, Julio, alias Giovanni"¹⁴⁷.

El conocimiento y difusión a la opinión pública de algunas de estas actividades por el periodismo de investigación, durante los primeros meses de 1990, obligó a que Martin Rivas fuera destacado a Colombia a seguir un curso de técnicas de interrogatorio, en mérito a una Resolución Suprema. El Coronel EP (r) Rafael Córdova, Jefe del SIE en 1990, refiere entre otras cosas: Cuando yo era jefe del SIE, Martín Rivas estaba ahí. Se va a Colombia a seguir un curso de interrogatorio con Lanceros. Cuando salgo, él regresa"¹⁴⁸.

Cuando retornó al país fue asignado al SIE 2 (Departamento de Contrainteligencia): "El comando del servicio me asignó con un grupo de oficiales para realizar una labor de coordinación en el Servicio de Inteligencia Nacional"¹⁴⁹.

El "Grupo de análisis"

Dentro de la estrategia de lucha contrasubversiva y para afianzar el poder de Montesinos se planteó la necesidad de la formación de un grupo operativo especial cuya misión sería ubicar a los integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso y eliminarlos. A fines de enero de 1991, el General PNP, Héctor Jhon Caro, Jefe de la DINCOTE, y los jefes del GEIN fueron citados por la nueva administración del SIN. Luego de escuchar e informar sobre sus acciones y la lista de sus grandes necesidades y pocos recursos, Salazar Monroe les ofreció apoyo. Este se concretaría eventualmente en dos autos Volkswagen, cámaras fotográficas y un modesto aporte económico mensual¹⁵⁰. Como contraparte implícita a esa ayuda, Salazar Monroe les pidió permitir "que entre un grupo de analistas , para examinar la información capturada"¹⁵¹.

Los nombres les fueron transmitidos en febrero del 1991: los tenientes coroneles EP Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y Roberto Páucar Carbajal, los capitanes EP Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingüe Guevara y Ronald Robles Córdova, el teniente primero AP Antonio Ríos Rodríguez y el técnico EP Marco Flores Alván. Rodríguez. Martín Rivas, Pichilingüe y Flores Alván provenían del SIE y habían sido designados intencionalmente.

Las relaciones entre policías y militares, siempre tensas, hicieron crisis a los pocos meses, en junio de 1991. Benedicto Jiménez, quien había descubierto un documento en el que el grupo solicitaba felicitaciones presidenciales por sus actividades y reconocía avances en la penetración del GEIN, sostuvo una ruidosa conversación con el coronel Rodríguez Zabalbeascoa, que concluyó cuando les pidió el abandono del local. El grupo tuvo que hacerlo pero poco después Miyashiro y Jiménez, junto con Jhon Caro, fueron perentoriamente convocados al SIN donde fueron recibidos por Salazar Monroe y un silencioso Montesinos. El primero amonestó severamente a Jiménez por no cooperar con el grupo del SIN, pero no insistió en que volvieran al GEIN. En cambio pidió la devolución del equipo prestado.

En las Palmas y la elaboración del Manual

El ahora procesado Salazar Monroe ha precisado ante el Juzgado Especial que el Grupo de Análisis terminó sus funciones cuando, conforme con lo ordenado por su despacho, el Teniente Coronel Rodríguez Zabalbeascoa realizó la exposición del Manual el 18 de noviembre del año 91. Agrega que dicho documento le fue entregado completo después de dicha fecha. Cuando el Juzgado le preguntó si fue la elaboración del Manual lo que ameritó la felicitación presidencial para el grupo en ese año, Salazar Monroe respondió afirmativamente agregando que inclusive se dio antes de su conclusión y que entre los reconocidos se incluyó a todos los que integraban el grupo además de otros oficiales: el Mayor EP Huamán Azcurra y los Tenientes Coroneles EP Pinto Cárdenas y Cubas Portal, porque de acuerdo a la información del jefe de grupo ellos habían prestado su colaboración de una u otra forma.

La versión de Rodríguez Zabalbeascoa al respecto fue:

Por orden del Director de Inteligencia, General Rivero Lazo, tuvo a su cargo una exposición frente al alto mando del Ejército y por decisión del declarante quien tuvo a su cargo la exposición de la situación de Sendero Luminoso en el país; que fue precisamente esa intervención lo que motivó que fueran felicitados por el Presidente de la República; que su equipo de analistas estaba compuesto por cuatro miembros del SIE, el declarante, Martin Rivas, Pichilingue Guevara y su confrontado Flores Albán, así mismo los dos oficiales del SIN, Ronald Robles y Páucar Carvajal y finalmente por el teniente Armada Peruana, Antonio Ríos¹⁵².

Las felicitaciones y ascensos

El 20 de junio de 1991, Julio Salazar Monroe dirigió el oficio 028-SIN-01 a Fujimori, solicitándole que hiciera "llegar su reconocimiento" a un grupo de oficiales que venía trabajando abnegadamente en tareas relacionadas con la lucha contrasubversiva. En la lista de diez personas figuraban los comandantes Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Roberto Páucar Carvajal y Luis Cubas Portal, los capitanes Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingüe Guevara y Ronald Robles Córdova, el teniente primero AP Antonio Ríos Rodríguez y el técnico EP Marco Flores Albán.

La revista Caretas, en su edición del 23 de abril de 1993, publicó uno de los primeros documentos acerca del denominado grupo Colina. Es el memorando que Fujimori le dirigió al Ministro de Defensa, disponiendo que se recompensara a un grupo de jefes y oficiales del ejército peruano. En el memorando, que tiene fecha 25 de junio de 1991, Fujimori pide una recompensa adecuada para dichos militares por haber prestado: "eficientes servicios en materia de Seguridad Nacional y defensa de altos valores de la democracia, trabajos que son de gran utilidad para el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)"¹⁵³

Un segundo documento fue publicado por la revista Oiga cuyo registro en la oficina de trámite documentario del Ministerio de Defensa era el número 7244 (30 de julio de 1991), dirigido por el Presidente de la República Alberto Fujimori al Ministro de Defensa¹⁵⁴; también se refiere al reconocimiento por trabajos especiales. Textualmente:

Con fecha 25 de junio de 1991 le dirigí un Memorando en el que disponía que se consigne el reconocimiento respectivo por trabajos especiales en materia de Seguridad Nacional efectuados durante los años 1990 y lo que va del presente año, a un grupo de señores oficiales Superiores, Subalternos y Técnicos de las FF. AA y cuya relación nominal se detallaba.

A manera de estímulo y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República, en mi condición de Jefe Supremo de la las Fuerzas Armadas, dispongo que de conformidad con el Reglamento del Decreto Ley 21148 (Ley de Asensos para Oficiales) artículo 45 Tabla de Puntaje Nº 4. F.( 2) "por trabajos individuales" se considere dicho Reconocimiento por Trabajos especiales, para el proceso de ascensos del presente año, a los señores Oficiales que se indica; toda vez que dichos miembros de las FFAA han participado en exitosas Operaciones Especiales de Inteligencia, que han posibilitado significativos avances en la lucha contrasubversiva".

A. Oficiales superiores

Ejército Peruano

Tnte. Coronel Cab. RODRÍGUEZ ZABALBEASCOA, Fernando
Tnte. Coronel Ing. PAUCAR CARVAJAL, Alberto
Tnte. Coronel Ing. CUBAS PORTAL, Luis
Tnte. Coronel Art. PINTO CARDENAS, Alberto
May. Com. HUAMAN AZCURRA, Roberto.

B. Oficiales subalternos. Ejército Peruano.

Cap. Ing. MARTÍN RIVAS, Santiago
Cap. Ing. PICHILINGUE GUEVARA, Carlos
Cap. DICYT ROBLES CORDOVA, Ronald

(Fdo.) Sello y firma del Presidente de la República"

En el artículo titulado Matanza Premiada la revista Oiga señalaba:

Cada día que pasa surgen nuevos elementos acerca de las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) que llevan al convencimiento de que efectivamente tiene en su seno un cuerpo especializado en el secuestro y eliminación de presuntos terroristas, que opera principalmente en las universidades del país ... Los medios de prensa independientes han comenzado a recibir documentos oficiales reservados que prueban que esos operativos son del conocimiento de la cúpula del ejército y de su propio Jefe Supremo, el Presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori Fujimori ¹⁵⁵.

La importancia del asunto lo señala el mismo documento al puntualizar en dos ocasiones que por razones de seguridad no se realizará la publicación de la OGE (OGE es Orden General del Ejército). A renglón seguido la revista se preguntaba: "Qué hechos vinculados a las universidades ocurrieron hasta el 21 de junio del 91 fecha en que Fujimori pidió premios para los protagonistas del SIN?"

La revista se respondía que los archivos de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos contenían una escalofriante relación de casos ocurridos tanto en Huancayo como en Lima donde aparecen involucrados siempre como víctimas estudiantes universitarios.

En un Informe Especial sobre los Derechos Humanos en el Perú, del 12 de marzo de 1993, OEA/ Ser. L/ V (II. 83, la Comisión de Derechos Humanos señaló que especialmente durante el primer año del gobierno de ex Presidente Alberto Fujimori se habían denunciado 375 desapariciones forzadas de personas, de las que quedaban 236 sin resolver y que, de ellas, 184 habían ocurrido en el período 1 de enero al 28 de julio de 1991¹⁵⁶.

El plan Cipango

En el mes de agosto de 1991 Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara elaboraron el Plan de operaciones denominado Cipango, cuyo objetivo en el papel era normar la participación de la Inteligencia del Ejército mediante las técnicas operativas: "Busca la identificación, captura y posterior puesta a disposición de las autoridades pertinentes, a los delincuentes subversivos pertenecientes a las bandas terroristas que operan en las diferentes zonas"¹⁵⁷.

Este plan se concibe y aprueba en la época en que los testimonios señalan como el inicio de las actividades del grupo Colina y todo hace pensar que constituye la fachada de sus actividades. Así lo demuestra la coincidencia de los actores y del área de operaciones. El área de acción señalada en el plan Cipango era Lima, Huacho y Huaral y coincide con los escenarios donde se realizaron varios asesinatos perpetrados por Colina (Barrios Altos, La Cantuta, el periodista Pedro Yauri, los campesinos del Santa). Su misión era la sistemática infiltración de agentes de inteligencia en estas ciudades con la finalidad de detectar, ubicar e identificar a los miembros del Comité Central y Dirección Nacional del PCP-SL y MRTA, respectivamente, en apoyo de las operaciones militares y de inteligencia. Este plan tenía tres etapas:

• La primera etapa comprendía la selección y reentrenamiento de veinticinco agentes a quienes había que dotar de equipamiento adecuado: armamento, visores nocturnos, vehículos, cámaras fotográficas, equipos de comunicación, etc. Asimismo, se debía ubicar los locales para centros de operaciones y contacto de los componentes. También se establecerían las cubiertas necesarias.
  
  
• La segunda etapa comprendía la infiltración de 15 agentes en las empresas de cada zona, conformándose una red al mando de un oficial de caso. La central de operaciones se encontraría en la capital y estaría bajo el mando del oficial de control. En forma simultánea en Lima debía instalarse una red principal que tendría como misión la identificación de los miembros más importantes de las cúpulas terroristas. Esta red principal podría desplazarse en apoyo de las redes del Norte Chico.
  
  
• Tercera etapa, para el análisis de la información se debía instalar un local en el SIN donde debía funcionar la central de operaciones que estaría a cargo del Oficial de Control pero bajo el directo comando del Jefe de Operación.

Este análisis de información debía convertirse en inteligencia operativa que serviría para que los comandos tomen "las decisiones más adecuadas en lo que a lucha antisubversiva se refiere".¹⁵⁸ Una vez en marcha el operativo, la central (SIN) debía consolidar la información para su utilización.

En la asignación de responsabilidades, la Dirección de la Operación estaba a cargo de la DINTE y dependía directamente del Comandante General del Ejército mientras que la comunicación con las redes se debía realizar a través del Oficial de Control. La DINTE tenía que coordinar también con el comando del SIN y el SIE se encargaba de proporcionar: personal, armamento, munición y equipo. También debía proporcionar las instalaciones y, en general, todos los recursos tanto humanos como materiales necesarios para la operación.

Distribuido el comando, la DINTE quedó a cargo de la jefatura de la operación y los oficiales tanto de caso como de control pertenecerían al SIE.

Designación de personal

La primera etapa se implementa con la movilización de personal fundamentalmente del SIE que aparentemente debían ser distribuidos en las tres redes:

. Red 1 (Lima)	Diez (10) agentes.
. Red 2 (Huaral)	Ocho( 08) agentes.
. Red 3 (Huacho)	Siete (07) agentes.

Como oficiales de caso fueron nominados:

. Red 1	TC Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa.
. Red 2	Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara.
. Red 3	Cap. Ing. Santiago Martin Rivas.
El oficial de control fue:	TC Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa.
Jefe de Operación:	Gral Brig. EP Juan Rivero Lazo.

Armamento

El armamento que se solicitó para la implementación del plan estaba compuesto por:

• Quince pistolas y treinta cacerinas para pistola HK – P7.
• Diez pistolas y veinte cacerinas para pistola HK –P5.
• Dos pistolas ametralladoras y cuatro cacerinas para pistola UZI.
• Tres FAL y seis cacerinas.

La munición solicitada comprendía:

• Cinco mil cartuchos calibre 9mm parabellum
• Dos mil cartuchos de 7.62 mm.
• Doscientas granadas AP.
• Cincuenta granadas instalaza.
• Doce cohetes RPG.
• Diez cajas de dinamita comercial.
• Un rollo de mecha lenta.
• Un rollo de cordón detonante.
• Mil fulminantes no eléctricos
• Quince chalecos antibalas.

Equipo:

a) Vehículos

-Un automóvil TOYOTA
-Una camioneta JEEP CHEROKEE

b) Material fotográfico

-Dos cámaras fotográficas PENTAX
-Dos teleobjetivos
-Una cámara tipo visor de campaña con teleobjetivos.

c) Material de comunicaciones

-Cinco radios WALKIE TALKIE
-Un cargador de baterías
-Cuatro radios MOTOROLA

d) Material diverso

-Diez bolsas de dormir
-Un detector de metales
-Un visor nocturno
-Un explosor eléctrico
-Seis esposas (marrocas)
-Seis mamelucos de color azul.
-Seis cascos de minero
-Seis pares de botas de jebe
-Seis sombreros de agricultor.

Financiamiento

Sueldos de agentes
En relación con el personal de agentes el plan considera dos posibilidades: Sueldos provenientes del SIE los que deberían ser abonados a los familiares del agente y sueldos cubiertos por los dueños de las empresas en donde se encontraran infiltrados.

Sueldos de oficiales
Estarían cubiertos de acuerdo a la planilla mensual correspondiente a sus haberes reglamentarios.

Gastos de Operación
Estaban a cargo de Tesorería de la DINTE y comprendía: gastos por viajes, llamadas de larga distancia, útiles de escritorio, alquiler de locales, etc.

Gastos administrativos
A cargo de Tesorería de la DINTE, comprendía: Gasolina, repuestos, reparaciones y otros.

Colina

Si se analiza la misión planteada para el plan Cipango es posible determinar que aparentemente corresponde a la tarea normal de inteligencia. Es decir, recoger información que permita ubicar a los cabecillas de las organizaciones subversivas. Pero existe una clara diferencia entre los que analizan la información sistematizándola para su uso en las sedes establecidas (inteligencia estratégica) y quienes salen a las calles y se insertan en las organizaciones en busca de información (inteligencia operativa). Es posible determinar que estos agentes, por los riesgos que acarrea su permanencia en lugares como una fábrica o una universidad, deben pasar desapercibidos. No precisan, por lo tanto, de un equipamiento especial. Por eso, no existe correspondencia entre la finalidad del supuesto plan Cipango y el armamento, municiones, explosivos y otros equipos que se solicitaron, los que sí eran necesarios para los operativos "especiales" del destacamento Colina.

Desde el mes de agosto cuando llegó el primer grupo de agentes del SIE, compuesto por diez de los más antiguos, también trajeron al garaje armamento de guerra consistente en fusiles HK con silenciador¹⁵⁹. El procesado Flores Albán, detalla que al garaje fue llegando material de guerra procedente del SIE: 10 fusiles FAL, 2 FAP, pistolas HK, con silenciador en número de 10 aproximadamente, granadas de guerra, fulminantes para dinamita, 10 pistolas Taurus y fulminante para cordón detonante. Asimismo, sostiene que el material fue llevado por indicación del Capitán Pichilingue; también recibieron cámaras fotográficas, bolsas de dormir, 4 ó 5 pares de zapatos tipo botines, un celular y una cámara filmadora.

La entrega del armamento y otros materiales para el Destacamento Colina, a tenor del Plan Cipango, queda corroborada también por órdenes escritas del comando de la DINTE. Así, el día lunes 25 de agosto de 1991 debía entregarse en el local de las Palmas, armamento y municiones como pistolas HKP-5, HKP-7, cacerinas, cartuchos y granadas, mobiliario y equipo diverso como, por ejemplo, marrocas, apreciándose al final del documento la orden de ejecución inmediata.¹⁶⁰

Ceremonia de inauguración

Existe información acerca de una ceremonia de inauguración que se habría llevado a cabo en agosto de 1991 en el taller de mantenimiento del SIE, al que asistieron los oficiales: Los Oficiales del Ejército Generales Julio SALAZAR MONROE, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Juan RIVERO LAZO, Director de Inteligencia del Ejército, el Tte. Crnl. Fernando RODRÍGUEZ ZABALBEASCOA, los Cap. Santiago MARTÍN RIVAS y Carlos PICHILINGUE GUEVARA y los agentes de inteligencia seleccionados hasta ese momento.

En dicha ceremonia habrían hecho uso de la palabra RIVERO LAZO y MARTÍN RIVAS y fue presentado un escudo que tenía tres divisiones: en la parte superior izquierda, el ATOQ (zorro estilizado), símbolo de inteligencia; en la parte superior derecha, el ESCORPIÓN, símbolo de otro grupo que había funcionado en el SIE al que habían pertenecido algunos integrantes del nuevo grupo; y en la parte inferior una lámpara; fuera del escudo, en la parte inferior había una cinta en la que estaba inscrito el lema VENCER, SIEMPRE VENCER, y a los costados 2 banderas, del Perú y del Ejército, respectivamente¹⁶¹.

La denominación del Destacamento como "Colina" fue adoptada en memoria del Capitán EP Colina Gaige, oficial especializado en inteligencia, fallecido en la lucha contra el terrorismo.¹⁶²

Conformación del destacamento Colina

En un parte diario de designación de oficiales y otro personal de tropa y civil que trabajaba en el SIE¹⁶³ entre mayo y agosto de 1991, se observa que once oficiales estaban asignados a operaciones especiales encabezados por Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, encontrándose entre éstos el Mayor de Artillería, Alfredo Sánchez Ruiz; los Capitanes Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, Victoria Rodríguez Luna, Rafael La Rosa Guevara entre otros. Posteriormente, encontramos al Tte. Crnl. Rodríguez Zabalbeascoa y a los Capitanes Martín Rivas y Pichilingue Guevara como integrantes del "grupo de análisis" conjuntamente con Flores Albán. Ellos elaboraron el Plan Cipango, por lo tanto, una vez aprobado pasan a dirigir el destacamento participando en la selección de los AIO que conformaron los equipos operativos.

Quienes autorizaron los movimientos de personal mediante documentos oficiales fueron el Director de la DINTE, General de Brigada EP Juan Rivero Lazo, y el Sub Director de Inteligencia, Coronel de Infantería Carlos Indacochea Ballón. Las órdenes están dirigidas al Coronel Víctor Silva Mendoza con copia para el Tte. Crl. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa bajo cuya responsabilidad se colocó al personal destacado.

El primer desplazamiento de personal que debía unirse a los integrantes del grupo de análisis se produjo el 22 de agosto de 1991¹⁶⁴, cuando el Director de Inteligencia Juan Rivero Lazo ordenó al coronel jefe del SIE que dispusiera la presencia de un grupo de agentes de inteligencia operativa en el galpón de mantenimiento del SIE para ponerse bajo el comando del Teniente Coronel EP Rodríguez Z, al día siguiente a las 10: 00 horas. Este grupo estuvo conformado por: