2.4. LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

La historia de la izquierda en el Perú se remonta a inicios del siglo XX, cuando se plantearon distintas luchas en torno a las reivindicaciones obreras, la descentralización, la cuestión indígena, la ampliación del voto y la reforma universitaria. En este esquema se inscribe la fundación del APRA en 1924 y la fundación del Partido Socialista por José Carlos Mariátegui; el cual, luego de la muerte de su fundador, adopta en 1931 el nombre de Partido Comunista Peruano (PCP) y se adhiere al campo de influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En adelante el PCP tuvo una existencia más bien marginal en el proceso político peruano, aunque con una influencia importante en el movimiento obrero. Entre 1930 y 1950 las posiciones y reclamos populares fueron más bien liderados por el APRA, que llegó a encabezar la insurrección de Trujillo de 1932, brutalmente reprimida por el régimen de Sánchez Cerro, y que mantuvo una posición de izquierda durante décadas de persecución y clandestinidad, salvo por el breve período del Presidente José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948). Luego, al desplazarse el APRA hacia posiciones de centro, se abrió el espacio para una presencia más activa de la izquierda de inspiación marxista. Durante el régimen de Odría, ésta acrecentó su influencia en ámbitos sindicales de diversas ramas productivas y servicios, y en las universidades, donde disputó el liderazgo al Partido Aprista¹.

En 1962, grupos de militantes del PCP y del APRA se separan de dichos partidos y fundan disidencias inspiradas por el ejemplo de la Revolución Cubana (1959). Algunos de los seguidores de Fidel Castro y el Che Guevara, viajaron a Cuba a iniciar un período de entrenamiento y preparación con miras a organizar movimientos guerrilleros en el Perú. La primera experiencia de este tipo fue llevada a cabo por militantes del Ejército de Liberación Nacional, que fueron prontamente derrotados (1962).

2.4.1. La izquierda en los años 60

Con el fin del Ochenio y la apertura política iniciada por el gobierno civil de Manuel Prado y luego de Fernando Belaunde (1963 -1968), el PCP se incorporó paulatinamente en la legalidad. No obstante, situaciones como la Guerra Fría, la crisis del comunismo -que marcó el surgimiento de China comunista como alternativa radical a una moderada URSS-y especialmente el triunfo de la revolución cubana, promoviendo dentro del PCP una serie de procesos diferenciadores que culminaron en rupturas al interior del partido.

Así, en 1964 se produjo el cisma del PCP, promoviéndose la emergencia de una importante corriente pro-china o maoísta, la que se expandió paulatinamente a través de otras muchas organizaciones nacidas sucesivamente de nuevos fraccionamientos. Ese año los maoístas formaron el Partido Comunista del Perú -Bandera Roja², luego en 1969 surgirá de esta organización el Partido Comunista del Perú -Patria Roja³, y al año siguiente se escindirá de éste el Partido Comunista del Perú – "Por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui"⁴, conocido mucho tiempo después como Sendero Luminoso.

2.4.1.2. La nueva izquierda

Además de la vertiente maoísta, se encontraba la otra vertiente llamada la "nueva izquierda"; caracterizada por su heterodoxia ideológica (que reclama autonomía respecto a los "dos faros de la revolución mundial": China y la URSS), el énfasis nacionalista de sus programas revolucionarios -con un dogmatismo menos aparente y más cercanos al discurso antiimperialista en boga⁵-, y su predisposición exclusiva a promover una guerra revolucionaria al margen de las luchas sociales y políticas.

Los partidos más representativos de la nueva izquierda fueron el MIR y Vanguardia Revolucionaria (VR); éste último fundado en 1965, a partir de la reunión de intelectuales y políticos profesionales provenientes del PCP⁶, de Acción Popular y del trotskismo. En 1965, surgió también la más importante experiencia guerrillera peruana de esa década, organizada por el MIR, bajo el liderazgo de Luis De la Puente Uceda. Su acción fue la que más impacto alcanzó en la escena política nacional, precipitando la intervención del ejército y la aplicación, por vez primera, de las tácticas contrainsurgentes importadas de los Estados Unidos para enfrentar a las guerrillas en América Latina.

Los focos guerrilleros de 1965 fueron rápidamente derrotados y eliminados por las fuerzas del orden, pero ello no significó la desaparición del MIR, el que pasó a una etapa de dispersión y reducción de sus acciones al campo del proselitismo, especialmente en las universidades nacionales. VR apoyó las acciones del MIR en las ciudades, aunque sin comprometerse en una guerra que desbandara a su naciente militancia.

2.4.1.2. La expansión de la Izquierda

Como efecto de la modernización capitalista de los años 50 y 60 del siglo pasado, se produjo un incremento de la población urbana y el deterioro de la sociedad rural, así como una expansión de la oferta educativa, especialmente universitaria. Y, fueron las universidades y en particular las estatales, las que a fines de los sesenta, se convierten en los espacios privilegiados para la captación de militantes y simpatizantes, al interior de una pauta de copamiento que había sido utilizada antes por el APRA. Del mismo modo, las limitaciones para la participación política en periodos de dictadura y las restricciones legales durante los gobiernos civiles, contribuyeron en mucho a que las universidades funcionaran como espacios de socialización política y adoctrinamiento, siendo la principal escuela de politización de los jóvenes. Allí, las organizaciones y partidos políticos mediaron como mecanismos de formación y capacitación política durante muchos años.

A la vez, la izquierda experimentó una creciente expansión y presencia en sectores laborales y sociales. Así, el PCP -Unidad mantuvo una decisiva influencia en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor asociación de gremios laborales del país. Por su parte, el maoísmo del PC del P -Patria Roja -que tuvo sus orígenes en franjas provincianas y universitarias del viejo PCP, con marcada presencia de maestros y estudiantes de universidades públicas, y con una relativa influencia en el campesinado que irá menguando con los años-, tiene un claro liderazgo entre los sindicatos magisteriales. En tanto, VR atrajo importantes contingentes de jóvenes provenientes de universidades privadas de la clase media urbana, a la vez que competía por el liderazgo en gremios de pescadores, de empleados y de la industria. Más adelante, también consiguió una influencia importante y característica en las organizaciones gremiales campesinas.

Sin embargo, la represión de las fuerzas del orden terminó por ahuyentar tanto a la militancia de VR como a la de casi toda la izquierda, al menos hasta 1967, cuando las elecciones para renovar un representante al congreso por el departamento de Lima, movilizó a la izquierda alrededor de la candidatura de Carlos Malpica Silva Santisteban, en la que fue una promisoria experiencia electoral de los nuevos contingentes izquierdistas, frustrada poco después por el golpe militar del General Juan Velasco Alvarado, el 8 de Octubre de 1968.

Con el golpe militar, se instauró el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que propició la ejecución de reformas de corte socialista. Estos hechos promovieron en algunos sectores de la izquierda, la paulatina ruptura con las consignas de reiniciar la lucha armada en el corto plazo. Tal fue el caso de VR, grupo que se había estado preparando para una eventual lucha guerrillera cuando, en 1971, desarmado ideológicamente por el reformismo militar velasquista, se precipitó en una serie de fricciones y cismas que resolvieron también el conflicto de liderazgos irreconciliables entre sus fundadores.

Como telón de fondo, algunos líderes de VR plantearán la revisión de algunos supuestos ideológicos, al percibir que la supuesta "conciencia de clase" era inexistente o débil en los trabajadores movilizados. Por lo que, veían la necesidad de encumbrarse en el movimiento obrero y campesino para desplegar con efectividad su politización y formación ideológica.

De otro lado, los cuadros más jóvenes -y generalmente universitarios-tendían a generar las diversas escisiones que caracterizaron la trayectoria de las organizaciones de la izquierda. Los nuevos integrantes del PCP -Unidad, por ejemplo, presionaron por vías más abiertas al liderazgo y al protagonismo. Frente a ello, las limitaciones internas de organizaciones políticas ideadas en un clima conspirativo, férreamente jerarquizadas y excluyentes, donde los mecanismos de promoción de la militancia estaban cooptados por los líderes más veteranos; contribuyeron y precipitaron el desarrollo de fracciones.

Agobiados por la capacidad de organización y movilización del gobierno militar, mediante el Sistema Nacional de Movilización Social -SINAMOS, compelidos a emular el discurso socialista del régimen y retados por un activo movimiento social, los grupos de izquierda debieron procesar prontamente sus afinidades y diferencias con los cambios percibidos, y buscar formas de adaptarse a los procesos abiertos por los nuevos movimientos sociales de la ciudad y el campo.

2.4.1.3. Los maoístas

El cisma pro-chino de 1964 ofreció inicialmente un discurso alternativo y radical frente al plasmado por el viejo PCP. El maoísmo promovió un distanciamiento de la esfera de influencia soviética, a la vez que denunciaba su estrategia internacional de negociación y distensión frente a la amenaza de una guerra nuclear. Así, los maoístas tomaron distancia del PCP, que remontaba un camino de inclusión y participación en el sistema político, conduciendo las luchas gremiales hacia la negociación y la contención de su radicalidad⁷, en particular, durante el "apoyo crítico" brindado al Gobierno del General Velasco Alvarado (1968-1975).

En tanto, los maoístas continuaron y defendieron su ideología durante años, salvando con el radicalismo verbal y sus estrategias políticas, el reto y la atracción de las sucesivas experiencias de lucha armada en las dos décadas siguientes. Así, cuando en 1965 aparecen las guerrillas del MIR, el primer partido maoísta en el Perú -el PCP Bandera Roja-, reaccionó proponiendo su propia versión de la estrategia revolucionaria y tomando distancia frente al encantamiento guerrillero⁸. Sin embargo, pese a la consigna: 'el poder nace del fusil', ésta no pasó de ser un recurso retórico puesto que, como recuerda Rolando Breña, un dirigente del PCP– Patria Roja de aquellos años, no existía una organización ni una estrategia manifiesta para emprender en lo inmediato una lucha armada en el país⁹. La distancia entre las palabras y los hechos no dejó de ser advertida por los jóvenes cuadros y militantes maoístas, quienes iniciaron una furibunda campaña contra sus dirigentes principales.

La percepción de estas maniobras discursivas, las limitaciones políticas e ideológicas de los dirigentes y, la instauración en 1968 de un régimen militar reformista; alimentó un nuevo proceso de rupturas en el novísimo maoísmo peruano¹⁰.

Entre los grupos maoístas el impacto de las reformas velasquistas también generó fricciones internas. Separada del PCP-Bandera Roja¹¹ y escindida la facción de Abimael Guzmán (PCP-SL), la dirigencia del PCP-Patria Roja optó por una vía de expansión e influencia entre los gremios mineros y magisteriales; en estos últimos su ascendencia tuvo además una línea de continuidad con el espacio universitario, especialmente en las facultades de educación que fueron, por muchos años, las de mayor crecimiento con la expansión de la educación en todo el país.

De otro lado, una característica que fue señalada en sus documentos internos -y que fue común en varias de estas agrupaciones-, fue la composición "pequeño burguesa" del partido, destacando la escasa militancia de obreros y campesinos. Este aspecto fue un reto permanente al buscar constituirse en representantes del proletariado urbano y rural, sea a través de la conquista de las direcciones gremiales y sindicales, o participando decisivamente en las luchas de estas organizaciones sociales. En este terreno los partidos y organizaciones maoístas y de la "nueva izquierda" compitieron arduamente por establecer un excluyente liderazgo a lo largo de la década de 1970, propugnando por un discurso cada cual más condenatorio del gobierno militar.

El desenlace del conflicto de liderazgos y línea política que atravesó a la izquierda -y que se relaciona con una tensa competencia generacional-, implicó la apelación a cierto grado de fundamentalismo ideológico para desconocer al rival político y legitimar, de otro lado, las propias opciones ante los seguidores. En el caso de VR las rupturas dieron lugar a la creación de un partido trotskista y de otro VR "político-militar", fragmentación que dio cuenta de su fragilidad orgánica y de su permanente inestabilidad. El resquebrajamiento de VR no fue el único entre los grupos de la izquierda "ultra"; además de los fraccionamientos del conjunto maoísta, se partió el trotskista Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) entre Hugo Blanco y Raúl Castro Vera; del PCP-Unidad salió el Partido Comunista -Estrella Roja, y del MIR se escindió en 1971 un núcleo de dirigentes y militantes que habían seguido una trayectoria común desde organizaciones católicas juveniles¹².

En tanto, un sector de la juventud de la Democracia Cristiana migró hacia territorios ideológicos más radicales, lo que permitió que se alineara con el reformismo militar velasquista, para más tarde tomar distancia y fundar el Partido Socialista Revolucionario (1976)¹³. En 1978, en el contexto de la convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente, este partido promovió la vía legal, lo que le significó la ruptura de su ala más radical y pro lucha armada, la misma que fundó el PSR Marxista Leninista (PSR ML)¹⁴.

Mientras tanto, en el competitivo contexto de luchas por controlar dirigencias, sustituir liderazgos y presentarse a la vez más revolucionarios que los otros, la lucha armada como finalidad del trabajo revolucionario continuó siendo una apelación permanente, y aunque en los hechos fue eventualmente postergada -pero no abandonada-; en su lugar continuó, como testimonio obligado de los mismos orígenes ideológicos, las llamadas comisiones técnicas o militares, grupos de choque y seguridad, con las que contaban las organizaciones de izquierda.

A fines de la década, el horizonte ideológico, compartido por los principales partidos de la izquierda, estuvo conformado por el marxismo leninismo y el maoísmo. Como apunta Gonzales: "el marxismo – leninismo se constituyó en un cuerpo teórico que tenía un fin determinado y explícito: cómo llevar a cabo la revolución de acuerdo a los procesos peculiares del país, pero siendo a la vez un eslabón más dentro del proceso revolucionario mundial" (1999: 79). A ello, se sumó el maoísmo, como refiere Hinojosa:

[…] el maoísmo o, para algunos más específicos, el 'pensamiento Mao Tse Tung', fue la corriente más amplia de la izquierda radical. En líneas generales, quienes se consideraban seguidores de Mao compartían una similar caracterización de la sociedad peruana (semifeudal) y del gobierno militar velasquista (fascista o fascistizante), una gran desconfianza en la Unión Soviética (el socialimperialismo) y, por último, una enorme esperanza en la vía china (la guerra popular prolongada del campo a la ciudad) como modelo de revolución para el Perú. (1998: 78).

2.4.1.4. Otras influencias

Otros procesos que influyeron en la identidad izquierdista fueron la Revolución Cultural China y el catolicismo de la Teología de la Liberación. La Revolución Cultural China -rápidamente mediatizada y reproducida por los movimientos estudiantiles de Europa-dejó su impronta en las tácticas de inserción en los sectores populares, la presentación pública y en la adopción de una jerga populista que arraigaron rápidamente en los contingentes izquierdistas locales. También actualizó y promovió la idea de que los objetivos revolucionarios, y la vía al comunismo, podían y debían depurarse de sus "lastres capitalistas y burgueses" a través de la inclusión en "el seno de las masas".

Hubo más de una interpretación de lo que ocurría en China y en cierto sentido, hubo más de un maoísmo en el Perú. De una parte el maoísmo se extendió rápidamente gracias a la eficaz campaña propagandística china y sus altavoces intelectuales europeos (Ranque, 1992, p. 73)¹⁵, especialmente después de los movimientos estudiantiles de París, en 1968.

La experiencia europea, motivó a que los estudiantes peruanos -escapando del rígido ejercicio de dogmatismo que suponía el maoísmo chino-, buscaran emular mucho del discurso vanguardista y las maneras de incorporarse en las luchas sociales. Así, los militantes de la nueva izquierda constituidos en número significativo por jóvenes que provenían de las clases medias urbanas, promovidos socialmente por su formación escolar o universitaria, dominaron con sus características sociales la imagen pública de esas organizaciones, haciendo distancia con las otras agrupaciones maoístas nacidas en los años sesenta, aferradas a las universidades públicas, con un universo social de origen provinciano e ideológicamente más dogmáticos. Es decir, que aunque el maoísmo influyó ampliamente en la izquierda, no promovió un discurso homogéneo y menos una identidad única entre las distintas agrupaciones izquierdistas.

Otra influencia importante fue la que provino del desarrollo de un pensamiento católico radical y la promoción de un cristianismo que privilegiaba la participación de los pobres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Esta corriente permitió que el encuentro del radicalismo de muchos militantes católicos en una efervescente escena social, con los grupos marxistas -sobre todo con los de la nueva izquierda-, fuese fructífero en generar consensos y sentidos comunes acerca de los fines y los métodos revolucionarios.

Al acercarse el final del Gobierno del general Juan Velasco en 1975, casi todas las organizaciones de izquierda se encontraban alineadas con la lucha armada como postura discursiva, sea por interés proselitista y vanguardista, o por expresar abiertamente la voluntad de hacer una nueva experiencia guerrillera en el Perú. Más allá de eso, era muy poco probable que existiera, en efecto, una insurgencia en ciernes en la izquierda; entonces, empeñada y presionada en consolidar posiciones en un espacio privilegiado para sus discursos contra el Estado: el de las luchas gremiales y sindicales.

2.4.2. La formación de la izquierda legal

A fines de la década de los setenta, la Junta Militar de Gobierno, en la persona del General Francisco Morales Bermúdez¹⁶, enfrentó una situación extremadamente compleja: una aguda crisis económica y una intensa movilización social protagonizada por un variado conjunto de organizaciones gremiales, sindicales, obreras, campesinas y regionales. Las diversas agrupaciones de la izquierda tomaron parte en aquella movilización a través del rol de agitadores y organizadores. Fue en esa arena de acción política donde la izquierda alcanzó su influencia más significativa en la transición a la democracia entre 1978 y 1980.

Los sucesivos paros nacionales y movilizaciones de los frentes regionales entre 1977 y 1979, así como la persistencia de las huelgas de profesores y organizaciones sindicales, contribuyeron a fortalecer el protagonismo izquierdista. Sin embargo, la izquierda confundió las protestas de los movimientos populares -referidas principalmente a demandas de tipo salarial, sindical y de cambio de la política económica del gobierno-, tomándolas como aspiraciones revolucionarias que trastocarían el orden social vigente. Esta situación límite fue enfrentada resueltamente por los militares, dando como salida política la transferencia del poder a los civiles en 1980, tras doce años de gobierno (1968 - 1980).

El traslado del "poder a la civilidad" contempló dos etapas. La primera, la elección de una Asamblea Constituyente, que redactaría una nueva Constitución; y la segunda, la convocatoria a elecciones generales. Esta inédita situación política tomó por sorpresa al conjunto de partidos y organizaciones de izquierda. Cada uno de los cuales se vio obligado a definir una postura y actuar en consecuencia en el nuevo escenario político.

2.4.2. 1. La transición a la democracia

La apertura política iniciada tras el anuncio del retiro de los militares del gobierno, estimuló dos posturas en la izquierda. La más radical supuso que la crisis del régimen militar correspondía al avance de las luchas populares y a la inmanejable crisis económica, de ello dedujeron que se abriría una "situación revolucionaria", la que debía ser alimentada a través de la agitación y la propaganda en todos los escenarios posibles. Incluso, se avizoró una "tercera fase" del gobierno militar, cruento y mucho más represivo, al estilo de los gobiernos militares de Chile, Argentina y Uruguay. En el otro extremo se hallaba una posición más moderada, que intentó emplear la Asamblea Constituyente para consolidar en la legalidad las reformas velasquistas y otras reivindicaciones y formas de organización popular.

Para la revista Marka, principal órgano de prensa de la izquierda, ambas posiciones compartían un mismo significado del proceso: "la Asamblea Constituyente es un organismo antidemocrático y 'parametrado' por su origen, y reaccionario por su composición mayoritaria y pertenencia al estado burgués. Nada favorable al pueblo, pues, puede esperarse de semejante engendro antipopular"¹⁷. Sin embargo, la casi totalidad de las organizaciones y partidos de izquierda optó por participar en las elecciones presionadas por "las masas" de los movimientos sociales. Así lo hicieron pretextando utilizar la Asamblea Constituyente como tribuna de agitación y propaganda de sus postulados revolucionarios. En un comunicado firmado por el MIR Voz Rebelde, MIR IV Etapa, VR y el PCR Clase Obrera, estas organizaciones precisaron su comportamiento en el nuevo escenario político de la siguiente manera:

En la actual coyuntura debemos: -Denunciar el carácter gran burgués de la Constituyente, -Denunciar el carácter antidemocrático de las elecciones, -Disputar a la reacción y al reformismo la dirección del ascenso popular también en el terreno electoral, desechando las ilusiones liberal constitucionalistas, combatiendo las posiciones revisionistas¹⁸ que pregonan el tránsito pacífico al socialismo y superando el sectarismo dogmático abstencionista¹⁹, -Utilizar las condiciones creadas por la coyuntura electoral para impulsar las tareas de agitación, propaganda y apoyo a la lucha clasista de masas. (MIR et. al. 1977: 1).

La decisión de participar en las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978 fue motivo para nuevas rupturas y agrupamientos electorales en la izquierda²⁰. En el caso de VR -para entonces una de las más connotadas organizaciones de la nueva izquierda-, los dirigentes que habían destacado en la agitación campesina, especialmente durante las tomas de tierras de Andahuaylas en 1974, habían optado por romper y formar una nueva fracción: VR -Proletario Comunista (VR -PC).

En enero de 1978, se fundó la Unidad Democrático Popular (UDP) de la reunión de VR, el MIR, el Partido Comunista Revolucionario (PCR) -Trinchera Roja, el PCR Clase Obrera y otros 14 pequeños grupos (Letts 1981: 87-90)²¹. La UDP convocó a los representantes más significativos de la nueva izquierda, siendo su presidente el abogado Alfonso Barrantes. La UDP contaba con influencia en la Confederación Campesina del Perú, en gremios obreros y mineros, además de una destacable presencia en las organizaciones populares de los barrios y barriadas de las ciudades.

Otro frente político electoral creado expresamente para participar en las elecciones fue el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), integrado por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), el Frente de Izquierda Revolucionaria – Partido Obrero Campesino (FIR -POC), el PCP-Bandera Roja y el Movimiento Comunal del Centro (MCC). Dicho frente tuvo influencia sobre todo en algunos sindicatos mineros de Pasco y en gremios campesinos del departamento de Junín. En tanto, el PCP Unidad, con innegable presencia en el movimiento sindical y obrero a través de la CGTP, participó sin aliados en las elecciones. Una situación similar ocurrió con el PSR quien tenía presencia en la Confederación Nacional Agraria (CNA).

La principal agrupación maoísta de la izquierda peruana, el PCP-Patria Roja, desistió de participar, señalando la necesidad de denunciar el carácter "engañoso" de la Asamblea Constituyente que "desviaba" el trabajo revolucionario²². En un comunicado, aparecido en enero de 1978, invocaba a otras fuerzas de izquierda a rechazar "la farsa electoral para la Constituyente corporativa" y les planteaba: "la concentración de fuerzas en la acción directa de las masas en defensa de sus derechos y reivindicaciones básicas (…) [y] el impulso de su lucha, organización y unidad revolucionaria, por la liberación nacional, la democracia popular y por la conquista de un GPR [Gobierno Popular Revolucionario]" (PCP– Patria Roja 1978: 1). La autoexclusión del PCP -Patria Roja no fue aislada, VR Proletario Comunista, VR Político -Militar y el PCP-SL asumieron la misma actitud.

No obstante estas expresiones de radicalismo y abstencionismo, la Asamblea Constituyente fue el primer escenario democrático que reunió en la legalidad a la mayoría de las organizaciones y partidos políticos de la novel izquierda, inaugurando así un proceso de inclusión que se extendió con tensiones y rupturas hasta fines de los ochenta.

Como resultado de las elecciones, la izquierda obtuvo cerca de un tercio de los escaños²³. Sin embargo, pese a su notable ingreso en la escena oficial, para el más destacado constituyente de la izquierda, Carlos Malpica Silva Santisteban, la perfomance de la bancada izquierdista dejó mucho que desear:

En las elecciones del año 78 se tuvo mucho en consideración la combatividad en el campo sindical, estudiantil o barrial, de los dirigentes y en función de esa combatividad es que se escogió a los candidatos, o también en función de algunos méritos partidarios. (…) A muchos dirigentes lo único que les importaba era el problema del sindicato, y los grandes problemas del país no los entendían, y algo más, no querían aprender ni hacían ningún esfuerzo por aprender.²⁴ De los veinte o más constituyentes de izquierda, sólo un puñado de nosotros tenía una idea de lo que se trataba. El resto no tenía ni idea, y ellos pasaron su tiempo luchando por reivindicaciones laborales, por cosas menores. Por ejemplo, el día en el que la pena de muerte fue debatida, casi no había izquierdistas en la Asamblea, porque ese día dos estudiantes universitarios fueron detenidos y todos estaban fuera tratando de salvarlos (...) la tragedia de la izquierda (...) fue que un 70% de las personas que llegaron a la Asamblea estuvieron allí por casualidad, no tenían idea de qué hacer, completamente perdidos. De haber tenido más coherencia, hubiera habido una Constitución diferente²⁵.

La actuación de la izquierda en la elaboración de la Constitución Política forjó una impronta de confrontación que le acompañó en la década siguiente. No sólo subvaloró los logros democráticos de la Asamblea Constituyente, aún en medio de la prisa y el oportunismo con que fue aprobada, sino también la consideró antidemocrática y reaccionaria (Sanborn 1991: 179-180). De hecho, la bancada izquierdista no suscribió la Constitución Política porque "no incluía las aspiraciones fundamentales del pueblo peruano"²⁶. Al mismo tiempo, el debate constituyente fue el primer momento en que los grupos de izquierda experimentaron las posibilidades del espacio democrático, y lo mostraron con claros aportes al título de derechos fundamentales y de derechos sociales.

Debido a su nula experiencia parlamentaria, el desempeño legislativo de la Izquierda fue pobre y caracterizado muchas veces por la intransigencia al punto de negarse en un inicio a suscribir el nuevo texto constitucional. En su haber debe anotarse, no obstante, su disposición para aceptar las reglas de la legalidad democrática que anteriormente habían sistemáticamente combatido y rechazado y el esfuerzo por proporcionar una representación a nuevos y amplios movimientos sociales. Su participación era ambigua y daba cuenta de las dificultades para asumir en su agenda "el asunto de la democracia como régimen político". "Es decir, la actuación de la izquierda dentro del régimen constitucional no estuvo dirigida a legitimar la democracia y a tratar de capitalizar políticamente su participación en ella. Al contrario, la izquierda pensó que negando legitimidad al régimen democrático aumentaba la propia dentro del mundo popular" (Osmar Gonzales 1999: 147).

2.4.2.1.1. La Izquierda Unida (IU)

Durante los primeros meses de 1980, la izquierda se encontraba dividida en varios grupos y pequeños partidos, casi todos con posturas ideológicas que tenían en la lucha armada un elemento común de identidad y un profundo menosprecio de las formas, reglas y procedimientos democráticos.

Desde tiempo atrás, la apertura política había animado la búsqueda de alianzas electorales y la formación de frentes políticos con miras a participar en las elecciones generales en mayo de 1980. En ese sentido, el PCP– Patria Roja, VR – Proletario Comunista, el MIR Perú y el Frente de Liberación Nacional fundaron la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR). En el UNIR, los dirigentes del PCP-Patria Roja y de VR -Proletario Comunista destacaron en su conducción; así, Jorge Hurtado "Ludovico", dirigente del PCP-Patria Roja, fue elegido primer Secretario General del UNIR. En aquel entonces, Rolando Breña Pantoja, otro destacado dirigente del PCP– Patria Roja, señalaba que el trabajo del nuevo frente "no se agota, ni mucho menos, en el próximo proceso electoral, sino que se proyecta al cumplimiento de tareas superiores que en el futuro demande la revolución peruana" (1980: 4). Así, la participación del UNIR en la contienda electoral fue considerada como una forma más de lucha, la que tenía como objetivos:

[..] acumular fuerzas en conciencia y organización, desenmascarar el fraude urdido entre la dictadura y los partidos reaccionarios APRA-PPC-AP y ampliar el espacio político para las posiciones revolucionarias del pueblo, buscando alcanzar conquistas concretas para el bienestar de las masas. UNIR asume el principio de que será la acción revolucionaria del pueblo la que podrá conquistar y garantizar sus derechos. (UNIR 1980).

Otro frente que se formó fue Unidad de Izquierda (UI). El PCP Unidad y el PSR fueron sus principales animadores, junto a otras fuerzas menores de izquierda.

De otro lado, los principales grupos de la "nueva izquierda" formaron la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI)²⁷. El 17 de enero de 1980, la UDP y el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores suscribieron una Declaración Unitaria. Dos semanas después, apareció el primer comunicado de la ARI en el cual se manifestaba la expresa voluntad unitaria de ambas agrupaciones y se anunciaba la incorporación del UNIR, el trotskista Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), el Frente Revolucionario Antiimperialista y por el Socialismo (FRAS)²⁸, el Partido Obrero Revolucionario (POR) y el Movimiento Revolucionario Socialista (MRS) (ARI: 1).

Desde su constitución, el derrotero de ARI fue complejo y estuvo lleno de contradicciones motivadas principalmente por diferencias ideológicas, políticas y electorales. Aquellas discrepancias se agudizaron y terminaron polarizando a sus integrantes.

En los extremos de ARI, de un lado la propuesta del gobierno de los Frentes de Defensa, con [Hugo] Blanco a la cabeza; de otro, la fundación del Gobierno de Frente Único, y [Alfonso] Barrantes Lingán como candidato. A un lado, VR y los sectores trotskistas, más algunas fuerzas menores; a otro, PCR Clase Obrera y [el PCP-] Patria Roja. En medio de ambos, un conjunto de fuerzas que, con conciencia difusa de lo que se jugaba en esos momentos, se veían incapaces, por eso mismo, de sujetar a los extremos, e impedir su evolución rupturista. Puestos en la escena final de negociaciones, fue imposible componer un rompecabezas en donde, ya no sólo los programas, sino las propias aspiraciones electorales no encontraban correspondencia. ARI estalló. (Nieto 1983: 113).

La ruptura de ARI trajo como consecuencia que la izquierda participara dividida en las elecciones generales del 18 de mayo de 1980. El dogmatismo ideológico, el caudillismo y las aspiraciones electorales partidarias hicieron prácticamente imposible que la izquierda se unificara y participara en una lista unitaria. Cinco agrupaciones con sus respectivas candidaturas compitieron en las elecciones²⁹.

Llegadas las elecciones generales el conjunto de la izquierda alcanzó el 14,4% de los votos, reduciendo drásticamente su desempeño de 1978³⁰. La división de la izquierda facilitó la victoria de Fernando Belaunde Terry, candidato presidencial de Acción Popular (AP), y permitió la ubicación del APRA como segunda fuerza política en el país, con lo cual la izquierda fue relegada a un segundo plano.

La izquierda tomó conciencia de las causas de su derrota y teniendo como norte las elecciones municipales de noviembre, empezó de inmediato con sus esfuerzos unitarios. El resultado de estas negociaciones culminó en la fundación del frente político electoral Izquierda Unida (IU) el 11 de setiembre de 1980, que en la versión de sus integrantes buscaba convertirse en un "frente revolucionario de masas". Al día siguiente de su constitución aparecía un comunicado, firmado por el PCP Unidad, el PSR, PCR Clase Obrera, el FRENATRACA³¹, FOCEP, UNIR, UDP y el PCP-Patria Roja³², en el cual se analizaba la situación política y se trazaban los lineamientos y objetivos políticos de la actuación posterior de IU. El nuevo frente postulaba a Alfonso Barrantes como candidato.

En el clima altamente movilizado e inestable de la época, la constitución de IU permitió colocar, de un lado, en perspectiva y en un escenario más amplio, las ideas de transformación social que se habían atrincherado tras las luchas sindicales y populares en la década de los setenta. Y por otro, permitió que aquel electorado que había votado por la izquierda en las elecciones para la Asamblea Constituyente y las generales de 1980 no se quedara sin representantes en el nuevo escenario político democrático.

En la primera Declaración Política de IU del 12 setiembre de 1980, los lineamientos que planteó el frente fueron "por la destrucción del Estado burgués y la conquista de un Gobierno surgido de la acción revolucionaria de las masas, de la clase obrera, del campesinado y del conjunto del pueblo oprimido". "La destrucción del Estado burgués", pasaba por la intervención de las "organizaciones genuinas del pueblo, como las asambleas populares y los frentes de defensa, las organizaciones sindicales y campesinas, y las organizaciones políticas de los explotados" lo que presuponía "el derecho irrestricto de las masas a las libertades políticas y democráticas que garanticen una auténtica democracia directa, antagónica con la seudo democracia del parlamentarismo liberal burgués" (Herrera 2002: 713). La consecución de una "auténtica democracia directa" tomaría tiempo, pero que "sin apresuramientos de ninguna clase, es a partir de esta experiencia unitaria, (…) que avanzaremos realistamente hacia otras confrontaciones, electorales o no, en camino a lograr en algún momento, en que se produzcan las situaciones concretas, un cambio revolucionario de la sociedad (Barrantes 1985: 33). La declaración de IU se definía dentro de las pautas de una democracia que percibían, al mismo tiempo, como insuficiente y formal. Importante constatar, sin embargo, que el texto -aún cuando radical en su planteamiento -definía una posición de lucha social y política que significaba deslindar con la lucha armada que ella casi unánimente había proclamado en los sesentas y setentas

Para los dirigentes e intelectuales de la izquierda la democracia implicaba un cambio de escenario de las luchas populares en la perspectiva de un cambio revolucionario (Nieto 1983: 79); donde los representantes del "orden burgués" pugnaban por restringir las transformaciones de la década de los setenta, con "macartismos y simplificaciones ideológicas", para crear, en el peor de los casos, un "miedo contra un 'monstruo de siete cabezas'" y encubrir así "un sistema de dominación que reprime, viola derechos humanos fundamentales y torna más inhumanas las condiciones de vida de las grandes mayorías" (Pease 1981: 360). Al considerar así al régimen democrático, la izquierda se sentía poco afecta a contribuir a su consolidación, sin embargo, sus militantes participaron en el parlamento y en los municipios.

La "ocupación de funciones públicas", ya sea en el parlamento o en los municipios, mediante las elecciones se convertía en objetivo central de la IU y de sus organizaciones integrantes. En ese sentido, como lo expresaba Alberto Moreno, dirigente del PCP– Patria Roja: "hacer política era desarrollar una estrategia revolucionaria y era en beneficio de ella que no se descartaba sino que se postulaba la participación en las elecciones y la ocupación de funciones públicas. Una manera en que la participación electoral alimentaría la estrategia revolucionaria era mediante el apoyo a las movilizaciones populares desde el escenario democrático" (Parodi 1993: 135); o como se sustentaba en la Plataforma Municipal de IU, "la lucha democrática del proletariado y las clases populares encontrarán en las municipalidades el espacio para ganar posiciones legales que reviertan en la organización y conciencia popular en la perspectiva de acumulación de fuerzas revolucionarias" (Izquierda Unida 1980: 20). Desde entonces, la participación de IU en la "legalidad burguesa" tuvo como horizonte la "acumulación de fuerzas" para una futura "transformación revolucionaria de la sociedad".

IU mejoró su participación electoral. En las elecciones municipales logró el 23,3% de la votación nacional y el 28,3% en Lima Metropolitana (Tuesta 1995). Por primera vez la izquierda se hizo cargo del gobierno de importantes municipios del país. Ganó la alcaldía de la segunda ciudad del país, Arequipa, y en otras cinco capitales departamentales donde algunos de sus organizaciones eran importantes como el UNIR en Arequipa y Moquegua, el FOCEP en Pasco y Tumbes, la UDP en Ayacucho y Piura. La IU obtuvo el gobierno en 33 concejos provinciales y en 238 distritos del país. En Lima ganó los gobiernos municipales de cinco importantes distritos populares y obtuvo el segundo lugar en otros cuatro. Como resultado, se incorporaron promociones de dirigentes y militantes izquierdistas en los municipios, sin formación previa y sin soportes político-institucionales, expuestos a ligar con pragmatismo los retos del gobierno municipal.

A pesar del positivo impacto que tuvieron los resultados electorales y que propiciaron una inicial valoración de la democracia y sus reglas, el horizonte de una lucha armada como momento revolucionario persistió como referente de identidad para la mayoría de las organizaciones de IU. Sin embargo, más allá de las declaradas intenciones de los militantes izquierdistas, de utilizar al parlamento y a los municipios como "tribunas de agitación y propaganda", ambos se convirtieron en un espacio más de su adaptación a las reglas y procedimientos democráticos durante la década de los ochenta (Parodi 1993: 145).

Aquel proceso de inserción de la izquierda en la recién instalada democracia estuvo aparejada con el "inicio de la lucha armada" del PCP– SL, el 17 de mayo de 1980. En los años siguientes la acción de los subversivos impactó de diversa manera a la izquierda y a la democracia.

El enfrentamiento con Sendero Luminoso

Las primeras reacciones de la izquierda ante el PCP-SL fueron del asombro y menosprecio inicial a una tímida condena de sus acciones. De manera general le criticaron el uso del terrorismo, en tanto no era "un método de lucha revolucionaria" (Bernales 1980: 10), y su "vanguardismo". Es decir, se les objetaba que la ejecución de sus acciones no fueran acompañadas de una masiva y amplia movilización de los sectores populares. Al respecto, el recién elegido Senador de la República, Rolando Breña Pantoja, integrante del UNIR y dirigente del PCP– Patria Roja, señalaba lo siguiente:

No estamos de acuerdo con la utilización de métodos terroristas, porque en este momento solamente contribuirán a incitar a la represión, a aislar a la izquierda del pueblo y a darle argumentos a la derecha y al gobierno para reducir nuestros márgenes de acción. Nosotros no tenemos participación en ninguna maquinación, preparación e implementación de actos terroristas, subversivos o desestabilizadores. Para nosotros lo fundamental no es estabilizar o desestabilizar a un gobierno, lo fundamental es luchar por el programa bajo el cual fuimos elegidos en el proceso electoral. (Breña 1980: 16).

Una opinión similar era compartida por Gustavo Espinoza, dirigente del PCP Unidad:

[…] lo primero que debe quedar bien claro es que la lucha de los comunistas es una lucha de masas; para nosotros los actos aislados, las acciones individuales, los métodos putchistas no solamente no son revolucionarios sino que objetivamente benefician a los grupos contrarrevolucionarios porque facilitan sus planes represivos. En estos actos están involucrados los grupos derechistas empeñados en reprimir al pueblo e imponer en el país una dictadura. Ningún grupo de izquierda por luminoso que sea tiene capacidad organizativa ni poder de fuego suficiente para implementar una campaña de esa magnitud y ninguna organización seria de la izquierda tiene interés en deslizarse ahora por el sendero de las formas armadas de lucha que no empleara tampoco contra la dictadura castrense de Morales Bermudez. Lo de campaña terrorista resulta cortina de humo. (1980: 10).

La condena al PCP-SL se mantuvo en esos términos durante un tiempo más. Aunque la izquierda fue variando su percepción y sus críticas conforme las acciones subversivas tomaban otro cariz y se iban expandiendo en el país durante los ochenta.

En su interpretación del conflicto, la izquierda consideraba que la subversión tenía una causa fundamental en la postración y explotación social de los sectores populares que la "democracia burguesa" era incapaz de enfrentar y acabar. En ese sentido, el uso de la violencia para cambiar aquel "orden injusto" se legitimaba en la medida que la ejercieran "las masas" y no una "vanguardia iluminada" en su nombre y más aún empleando el terrorismo en forma indiscriminada. "El derecho a la violencia es legítimo y lo encontramos cuando Cristo echa a los mercaderes del templo e insurge contra el orden mercantilista, cuando Espartaco se rebela con los esclavos, en el mismo Santo Tomás... lo vamos a encontrar siempre que los elementos fundamentales de la vida humana sean violados por sistemas de opresión y explotación del hombre. El terrorismo nada tiene que ver con esta violencia..." (Bernales 1981).

La ambigüedad de la izquierda se evidenciaba mucho más cuando sus dirigentes trataban de diferenciar la lucha armada real que llevaba a cabo Sendero Luminoso, de un proceso ideal que se imaginaba como de insurgencia democrática y al que no habían renunciado. Así Rolando Breña, senador y dirigente del PCP-Patria Roja afirmaba que la sola acción terrorista no podía desequilibrar una "situación política y económica" desembocando en una situación revolucionaria. Mientras que, Javier Diez Canseco, diputado y dirigente de VR, sostenía que "la transformación social se conquista a través de un proceso de lucha de masas, masas organizadas que ven enfrentados sus derechos contra la violencia de la reacción" (1981: 10). Ante tal situación, no quedaba otra alternativa que la "violencia revolucionaria que es una acción de masas" (Breña 1981: 10). Al ser considerada inevitable, una de las tareas de la izquierda consiste entonces en "decirle al pueblo (…) que no sea ingenuo y que sepa qué clase de enfrentamiento vendrá en el momento en que vaya avanzando en la conquista de sus derechos y quiera hacerlos respetar (Diez Canseco 1981: 10). Lo que se cuestionaba no era, en principio, la posibilidad de la violencia como parte de la acción política; sino la forma y oportunidad con que Sendero Luminoso imponía su particular levantamiento.

En esta situación algunos sectores del gobierno de Acción Popular acusaron a IU de ser "fachada del terrorismo"³³. En ese contexto de acusaciones se promulgó el Decreto Ley 046, conocido como "Ley Antiterrorista". Tal medida desató una cerrada oposición de la IU que la entendió como una maniobra del gobierno para "debilitar y destruir las organizaciones populares y de izquierda y poder aplicar sin mayores obstáculos su política económica sujeta a las directivas del Fondo Monetario Internacional" (Herrera 2002: 305). La oposición izquierdista y aprista en el parlamento la consideró inconstitucional, un "atentado contra la libertad de prensa".

Según Gorriti, por un lado, dicha ley consideraba como acciones terroristas "la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías de comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas motrices", y que "en años siguientes, algunos dirigentes gremiales provincianos, cuyas acciones de protesta habían incluido el bloqueo de carreteras, por ejemplo, fueron detenidos y procesados mediante la aplicación, en forma arbitraria, de aquel artículo" (1990: 146). Muchos de esos dirigentes gremiales militaban en partidos de IU y purgaron prisión durante varios años acusados de "terroristas". En 1984, el número de militantes de IU presos y recluidos en el penal de Lurigancho (departamento de Lima) sumaba 142³⁴. Y por otro, el articulado sobre la prensa y la "apología" del terrorismo, criticado en forma vehemente por la izquierda, nunca se aplicó, "ni siquiera años después, cuando 'El Diario' pasó a encontrarse bajo el control real de Sendero" (Gorriti 1990: 147).

Aquella indefinición frente a la lucha armada y las acciones del PCP-SL se mantuvo, aunque se empezaba a notar ciertos matices en las declaraciones de sus máximos dirigentes. Así con ocasión de una romería a la tumba de José Carlos Mariátegui, en abril de 1982, Alfonso Barrantes, presidente de IU respondió de la siguiente manera a un grupo de exaltados militantes izquierdistas radicales: "deseo un buen viaje a los compañeros que han escogido el camino de las armas, pero este hecho de ninguna manera alterará el camino y el cronograma que nos hemos trazado en IU"³⁵. Y a propósito del asalto al penal de Huamanga (departamento de Ayacucho) en marzo de ese año, un pronunciamiento de IU destacó: "el valor de la entrega de la vida en defensa de sus ideales de los militantes de Sendero Luminoso, señalamos nuestras discrepancias con ellos, ya que en política no valen las buenas intenciones sino las repercusiones y proyecciones concretas de una determinada acción" por lo que no se discutía la opción armada sino su oportunidad. Por entonces, el PCP-SL era para IU un grupo "llevado por su fanatismo dogmático" que daba argumentos a la "derecha reaccionaria" para incrementar los abusos "y la opresión contra el pueblo". En realidad, se percibía el carácter provocador de Sendero Luminoso, pero aún no existía una objeción de fondo a la violencia como parte de la acción política.

El incremento de las acciones del PCP-SL en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, durante los dos primeros años del gobierno de Acción Popular, trató de ser contrarrestada con el ingreso de las Fuerzas Armadas a fines de 1982³⁶, con lo cual se fue configurando uno de los primeros escenarios del conflicto armado interno. Sin embargo, a pesar de que las acciones subversivas disminuyeron, su persistencia le fue restando legitimidad a la democracia recién instalada. Para Gonzales "lo significativo, dentro del problema de la consolidación de la democracia en el Perú, es que ésta fue tempranamente jaqueada por la acción armada senderista (…) la democracia entendida como reglas de juego en torno al poder, no sólo no se había consolidado sino que incluso, desde su origen, encontraba grandes obstáculos para su legitimación en tanto régimen político" (1999: 144).

Al igual que la democracia, la mayoría de los partidos integrantes de IU fueron cuestionados primero por la acción del PCP-SL y tiempo después por la del MRTA. Cada uno a su manera, llevaron a la práctica lo que la izquierda pregonó con vehemencia durante la década de los setenta, es decir, que el poder político se conquista mediante la lucha armada y que la revolución era inevitable. Al compartir una matriz ideológica similar, dichos partidos no pudieron asumir una posición clara frente al tema de la "violencia revolucionaria", ni deslindaron claramente con el pensamiento y la acción del PCP-SL y del MRTA. Esta indefinición junto a la ambigüedad frente a la democracia fueron los gérmenes de futuras tensiones al interior de IU que a la postre los llevó a su ruptura cuando sus partidos integrantes se animaron a encararlas.

Hacia 1983, la izquierda había logrado ganar audiencia entre diversos sectores del país. Esto quedó particularmente demostrando en noviembre de 1983 cuando IU ganó las elecciones municipales para la Alcaldía de Lima. Alfonso Barrantes resultó elegido como alcalde. La izquierda obtuvo el 29% del total de votos emitidos en todo el país. IU triunfó en siete capitales departamentales y 30 capitales provinciales.

Sin embargo, el auspicioso resultado electoral no modificó sustancialmente las arraigadas interpretaciones y valoraciones de la democracia. La mayoría de los integrantes de IU siguió contemplando un horizonte de enfrentamientos en su camino hacia la construcción de un "poder popular" y una auténtica "democracia popular". Aunque, en el corto plazo, IU en tanto tal no dejó de contemplar con mucha expectativa la posibilidad de acceder electoralmente al gobierno en 1985 y llamaba la atención sobre la posible respuestas de la "derecha civil y militar" en caso de ocurrir efectivamente una victoria de IU. Agustín Haya de la Torre, diputado y dirigente de la UDP, señala en ese sentido:

Hay que saber bien que las clases dominantes sólo admiten las libertades democráticas cuando éstas no atentan contra sus privilegios; pienso que hacemos bien al buscar un consenso popular favorable a la izquierda, pero sería suicida creer que la derecha militar y civil va a respetar la Constitución en el caso de un triunfo izquierdista. No podemos caminar sólo sobre el carril electoral, hay que organizarse de manera que el pueblo esté en capacidad de contestar con la violencia revolucionaria a la violencia de los opresores (1983).

En cuanto a Alfonso Barrantes, si bien su deslinde con el PCP-SL fue público y notorio tras su encumbramiento electoral, su liderazgo no tuvo consenso en cuanto a dirimir cuál era la posición de la IU frente a la lucha armada. En lo personal su postura era opuesta a ella, aunque compartía, cada vez menos, con el resto de integrantes del frente izquierdista la ilusión por una insurrección popular donde se combinaran "todas las formas de lucha"; en tanto, su opción por la integración definitiva al régimen democrático fue cobrando mayor fuerza³⁷. Pero con el objetivo de unir al frente, Barrantes, y su entorno, no terminaron de confrontar definitivamente los campos ideológicos en IU, sino hasta varios años después. Eso sí, reforzó la oportunidad de aunar nuevos aliados, especialmente en el caso del PCP Unidad, que había conseguido colocar 129 regidores, 39 alcaldes distritales y 6 alcaldes provinciales en las elecciones municipales de noviembre.

Las expectativas generadas por el éxito electoral de 1983 postergaron la resolución de los problemas que se originaron con la fundación de IU, los que tenían que ver con la autonomía de los partidos y la naturaleza del frente, la relación con las organizaciones gremiales y populares, la aplicación del programa de IU, su posición frente a la política económica y a la contrainsurgente del gobierno de Acción Popular, entre otros (Sanborn 1991: 315). Esta situación motivó la pérdida de iniciativa de IU en la escena política nacional y mantuvo su precaria institucionalización, según Gonzales:

la inestabilidad interior de IU y la ausencia de una propuesta hegemónica dentro de ella coadyuvaron para el agudizamiento de las contradicciones que ya la caracterizaban. De este modo, el frente se convirtió en un ámbito de disputas de todo tipo: tácticas, estratégicas, programáticas y personales. La IU hacía cada vez menos favor a su nombre y las contradicciones la paralizaban. El temor que se repitiera la experiencia chilena³⁸ presionaba fuertemente sobre el ala reformista, que buscaba desprenderse del ala radical para así evitar el veto de los militares (1999: 222).

Sin una propuesta ideológica y política que se convirtiera en hegemónica, la ambigüedad discursiva y de acción política se mantuvo en IU. Esta situación se vio reflejada en las conclusiones del III Comité Directivo Nacional Ampliado del frente izquierdista, realizado el 28 y 29 de abril de 1984. "IU no renuncia por principio a ningún medio de lucha, ni forma de organización. Combina todas y cada una de ellas, sean legales o ilegales, abiertas o secretas, según las circunstancias", empleando para ello "los medios menos dolorosos posibles pues esto coincide con la aspiración de las masas" (IU 1984: 15). En sus Lineamientos Estratégico Generales, la IU se definió:

Como un frente revolucionario de orientación socialista para hacer la revolución, alcanzar la liberación nacional y establecer un estado democrático popular, en lucha por el socialismo; que emerge como factor político aglutinador del conjunto de fuerzas sociales que integran la clase obrera, el campesinado, el semiproletariado, la pequeña burguesía y los sectores medios, entre ellos los medianos productores y comerciantes; y asume que el componente fundamental de su estrategia está relacionado con la cuestión del Poder y con las formas y los medios para conquistarlos y debe basarse en la movilización, organización y lucha revolucionaria de masas.

Más precisamente, sobre la participación en la democracia "formal", el Informe Político del V Congreso Nacional del PCP-Patria Roja, en abril de 1984, declaró que: "Si es indispensable y necesario participar en ellas [en el parlamento y los municipios], lo es también reconocer sus límites y admitir que nuestro propósito no consiste en fortalecerlo, sino más bien socavarlo haciendo evidentes sus subterfugios" (Parodi 1993: 136). Ese mismo año, el primer congreso del Partido Unificado Mariateguista (PUM)³⁹ afirmó que: "la lucha electoral y la que se desarrolla en los espacios parlamentarios o municipales conquistados, por convertirnos en alternativa de gobierno dentro del Estado reaccionario son parte de la lucha política de masas y de la forja del poder popular, preparando fuerzas para la confrontación a que la reacción empuja con la defensa intransigente de sus privilegios" (1984).

En los meses siguientes, el gobierno de AP enfrentó, en su etapa final, una grave crisis económica y un agitado panorama social debido, entre otras razones, a las movilizaciones de los gremios y las organizaciones populares en defensa de sus condiciones de vida; y, por otro, de la agudización del conflicto armado interno con la incorporación a la "lucha armada" del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), desde enero de 1984, y el incremento del número de víctimas como consecuencia de la respuestas contrainsurgente de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en estado de emergencia⁴⁰. En estas circunstancias, los rumores de un probable golpe de estado militar circularon con intensidad en los medios políticos y de la opinión pública.

El balance de IU acerca de esta última etapa consideraba "previsible una creciente agudización de las contradicciones sociales, el resquebrajamiento de los soportes políticos ideológicos y morales de las instituciones en las que se asienta el poder de las clases dominantes y la expoliación y opresión del imperialismo norteamericano; y simultáneamente, una etapa de polarización social, de crisis política, de descomposición moral, imposible de encontrar salida a través de modelos neoliberales o reformistas" (Herrera 2002: 224). Por lo tanto, ante el probable cierre de los espacios democráticos y la cancelación de las libertades democráticas, IU y las organizaciones políticas que la integraban, tenían que asumir una postura clara, o bien en defensa de la democracia y por ende de sus instituciones y reglas; o bien preparar las condiciones organizativas y materiales para enfrentar una ofensiva de un probable gobierno militar o cívico – militar, antesala de un hipotético desenlace revolucionario. La forma en que intentó resolver el PCP-Patria Roja este dilema permite constatar la existencia de posiciones "radicales" y "reformistas" incluso al interior de cada uno de los partidos integrantes de IU. El testimonio de Jorge Hurtado, entonces dirigente del PCP– Patria Roja es revelador al respecto:

En 1984, año en que se lleva a efecto el V Congreso Nacional de nuestro partido culmina al interior de Patria Roja una importantísima discusión en cuanto a dónde debíamos concentrar la atención del trabajo político revolucionario.
El resultado de ese debate fue afirmar el punto de vista de que el trabajo del Partido, por las condiciones concretas que atravesaba el país, debía concentrarse de manera prioritaria en preparar las condiciones materiales y subjetivas [es decir, organizativas] para el desarrollo de la lucha armada, por cierto sin dejar de lado la importancia del trabajo político de masas expresado entre otras cosas en la consolidación de la unión de Izquierda Unida, en el desarrollo y consolidación de la Unión de Izquierda Revolucionaria -UNIR-⁴¹ y en avanzar en el trabajo en las organizaciones de masas, etc.
Sin embargo, esta apreciación de carácter general, de carácter estratégico quedó, hasta cierto punto, congelada por el acuerdo táctico que se da en el V Congreso en donde a la hora de abordar el problema táctico se señala que la tarea principal del partido era el trabajo para organizar la participación en la lucha política electoral [es decir, en las elecciones generales de 1985 y en las municipales de 1986] (Herrera 2002: 208).

Otra organización que vislumbraba una inevitable "agudización de las contradicciones sociales" fue el PUM. Según este partido, las condiciones del nuevo periodo de crisis del "sistema de dominación" se verificaban en "el afianzamiento profesional de las FFAA", en el alcance de la lucha de clases, en las formas de autodefensa popular, la presencia del PCP-SL y el MRTA, la aplicación por vez primera de la "guerra sucia", la violencia generalizada y el clima de inestabilidad. Entonces, ante tal coyuntura, su propuesta de guerra revolucionaria implicaba "la forma de una guerra de todo el pueblo, después de una vasta y prolongada acción política de masas con una dirección centralizada y poderosos movimientos regionales armados, que incluyen guerrillas campesinas, y que se despliegan paralelamente y en unidad con el levantamiento y el proceso de insurgencia democrática y nacional de los obreros y todo el pueblo del país" (PUM :28).

Hasta entonces, un conjunto de organizaciones, integrantes de IU, pudo jugar con los márgenes legales que la democracia proponía, y afirmarse paradójicamente en las libertades liberales para alimentar un proyecto insurreccional contra el sistema que le daba pie. De hecho, el PUM se afirmó en una estrategia de masas organizadas que constituirían, en su proceso de enfrentamiento con el "orden burgués", un "poder popular" alternativo, superando sus marcos, pugnando permanentemente por hacerse del "gobierno y el poder", "defendiendo y ampliando permanentemente los espacios democráticos conquistados por el pueblo", y en perspectiva de construir un partido revolucionario de masas (PUM: 21). A pesar del radicalismo formal de sus integrantes, PUM y UNIR, la IU se preparó para participar en las elecciones generales de abril de 1985 y las municipales de noviembre del mismo año.

Hasta entonces, en el seno de IU, se habían perfilado dos corrientes. De un lado, se fue distinguiendo una tendencia radical constituida principalmente por las organizaciones maoístas y de la nueva izquierda: UNIR, PUM y el FOCEP. Este bloque, ni monolítico, ni exento de contradicciones, continuó con los estilos previos a la democracia. Sus integrantes se empeñaron en la denuncia de los gobiernos de turno, en los que veía la continuación y el reflejo de las clases dominantes. Además compartieron una íntima desconfianza hacia las instituciones de la democracia, pero que no impidió que participaran en ellas para demostrar sus límites y deficiencias, y se apoyaron fervientemente en la movilización social para mantener una identidad y una vigencia política opositora al gobierno de Fernando Belaunde (1980 – 1985) primero y después al de Alan García (1985 – 1990), por lo que fue permanente un rechazo a cualquier posibilidad de acercamiento.

Además presentaron un estilo de oposición que se apoyó en una constante movilización social, centrado en la crítica de la política económica, la denuncia de la corrupción, la denuncia de la estrategia contrasubversiva y una creciente defensa de los derechos humanos. Y por último, tuvo como planteamiento máximo "hacer la revolución".

De otro lado, se hallaban un conjunto de organizaciones -en particular, el PCR y el PSR-que atenuaban el enfrentamiento con el régimen democrático y valoraban positivamente su participación bajo sus reglas, con una manifiesta atracción a un APRA socialdemócrata hacia mediados de los ochenta. A la cabeza de este sector se colocó Alfonso Barrantes, cuya distancia con los sectores radicales del frente izquierdista se consolidó al paso de su éxito como figura pública representativa de IU, y tras ganar la alcaldía de Lima en 1983. Esta tendencia, tanto en el discurso como en su acción política concreta, había deslindado con el PCP– SL; aunque fue un sector minoritario en el frente izquierdista, y fue calificada por el otro grupo como "reformista".

El desarrollo de ambas posiciones fue paulatino y marchó en forma paralela al despliegue de las experiencias municipales y parlamentarias de IU durante de los ochenta. Con el curso de los años un tercer agrupamiento fue conformándose con los partidos y grupos (PCP Unidad, Acción Política Socialista, Movimiento de Afirmación al Socialismo) que se alinearon detrás de un proyecto que incluyera a radicales y reformistas.

Las divergencias de estilo de conducta política de la izquierda fueron el correlato de las ambigüedades frente a la democracia y su indefinición ante la lucha armada. Según Pásara, las izquierdas "efectuaron la mudanza sin haber liquidado cuentas con su herencia ideológica; de allí las ambigüedades y contradicciones con las cuales se mueven en este terreno" (1988: 121).

Para las elecciones generales de 1985 se presentaban con claridad dos tendencias en IU. Una, liderada por Alfonso Barrantes y secundada por el PSR, el PCR y un sector de izquierdistas que no militaba en ninguno de los partidos que formaba parte de IU, que valoraba positivamente el desempeño izquierdista en las instituciones democráticas y no se oponía al manejo político que implicaba concesiones, acercamientos y probables consensos con adversarios como el APRA. Y, otra tendencia radical, representada por el PUM y el UNIR, que concentrada en la cuestión del poder no admitía concesiones a los "enemigos de clase" y pretendía la creación de un poder popular contrapuesto a la "democracia burguesa". Entre ambas tendencias, el PCP Unidad y otras organizaciones menores, trataban de mantener una postura equidistante.

La forma como encararon ambas tendencias la coyuntura electoral de 1985 puso de manifiesto las diferencias existentes en el seno de IU. Alfonso Barrantes, conforme su aceptación en la opinión pública aumentaba, viró hacia posiciones abiertamente contrarias a la opción armada para llegar al poder, lo que para la tendencia radical implicaba un acercamiento a la derecha y por ende un abandono de los principios y postulados revolucionarios que animaron la creación de IU. Cuando Barrantes aceptó su candidatura a la presidencia marcó distancia con los dirigentes izquierdaunidistas que sugerían un diálogo con los senderistas, declarando: "yo no concilio con el terrorismo y el que lo haga dentro de IU tiene las puertas abiertas para irse" (El Comercio 1985).

Asimismo, respecto a las ambigüedades discursivas de los dirigentes izquierdistas señaló que: "si Sendero [Luminoso] se convierte en la raya que obliga a una definición, ya está tomada. No conciliaremos jamás con el terrorismo, cualquiera sea su nombre o naturaleza. Si los otros quieren buscar el diálogo o acercarse a Sendero, tienen todo el derecho a hacerlo, pero esa no es la posición oficial de IU"⁴². En suma, la exacerbación de las contradicciones entre las tendencias existentes en IU impidió encarar la campaña electoral de mejor manera. Así por ejemplo, el PUM privilegió la promoción de sus candidatos al parlamento en desmedro del candidato presidencial (Herrera 2002: 281).

Derrotado en la primera vuelta, Alfonso Barrantes declinó presentarse a una segunda vuelta electoral. Con ello, el Comité Directivo Nacional de IU se dividió. De un lado estaban quienes aprobaban ir a la segunda vuelta para definir una oposición al futuro gobierno aprista; de esta opinión eran el PUM, el PCP Unidad y de manera menos clara el PSR y el PCR. De otro, apoyaban el retiro de la segunda vuelta el UNIR⁴³, Acción Política Socialista (APS)⁴⁴ y el Partido de Integración Nacional (PADIN)⁴⁵. Finalmente Barrantes se abstuvo de participar, pretextando el atentado ejecutado por militantes del PCP-SL contra el Dr. Domingo García Rada, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así, Alan García, candidato del APRA, asumió la presidencia.

La victoria del APRA inauguró un nuevo escenario político. Por primera vez un partido político con arraigo popular accedía al poder, además de contar con una eficiente y eficaz organización partidaria en todo el país. Alan García había prometido durante su campaña una serie de medidas que cambiarían la sociedad y redundarían en beneficio de las grandes mayorías nacionales que, hacia mediados de los ochenta, parecían virar a opciones representadas políticamente por el APRA e IU.

El hecho de que el Partido Aprista accediera al gobierno mediante las elecciones contribuyó a la legitimación del régimen democrático. Sin embargo, esa legitimidad se fue erosionando gradualmente ante la incapacidad de los gobiernos democráticamente elegidos de contrarrestar el crecimiento y expansión del PCP-SL y el MRTA, a lo largo de los ochenta y de los primeros años de la década siguiente. Hasta 1985, la acción del PCP-SL se había circunscrito principalmente a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac⁴⁶, mientras que la del MRTA a la ciudad de Lima y de Huancayo (departamento de Junín)⁴⁷.

Durante los primeros meses de gobierno, la gestión de García consiguió ganar las expectativas de los sectores moderados de IU, aunque no significó un acuerdo o compromiso formal o público con las intenciones reformistas del gobierno aprista, sobre todo en cuanto a estrategia de lucha contrasubversiva. El empeño por diferenciarse del APRA gobernante no alejó del todo la evidente atracción que ejercía el liderazgo de Alan García sobre algunos sectores de IU, reflejado notoriamente por la publicitada amistad de aquel con Barrantes, quien señaló que dicho frente no iba a caer en el antiaprismo pero tampoco en el "seguidismo cortesano".

De ese modo, los aspectos de política económica, donde el discurso del presidente García ponía el énfasis en el desarrollo de las zonas más pauperizadas del país, especialmente en el sur andino, como parte de su estrategia contrainsurgente, ganaron cierta anuencia entre sectores de la dirigencia izquierdista. También causó un gran impacto la decisión del Presidente de investigar a fondo los sucesos de Pucayacu y Accomarca, en agosto de 1985; así como, la destitución de altos mandos de las Fuerzas Armadas que no dieron debida cuenta de esos hechos. Al respecto, Barrantes manifestó: "ahora estamos seguros que se va a sancionar enérgicamente a los oficiales y jefes responsables de la matanza de Accomarca", y que "los excesos⁴⁸ que se han producido por un grupo de malos elementos no pueden manchar a toda la Fuerza Armada"⁴⁹. Esta evaluación positiva de los primeros meses del gobierno aprista contrastaba con la lectura que tenían los sectores radicales de IU acerca de la naturaleza del APRA y las perspectivas de su gobierno.

En el mes de noviembre de 1985 apareció un comunicado de IU en la prensa escrita que sostenía que el APRA es "una alternativa de modernización con propósitos caudillistas y autoritarios, y sin el menor ánimo de modificar la estructura capitalista de nuestra sociedad"⁵⁰. En cuanto a materia contrainsurgente reprochó la ausencia de cambios sustanciales en la estrategia "antiterrorista", evidente en la impunidad con que se trataron los casos de Umaru y Bellavista, y el retroceso del poder civil en las zonas de emergencia. El gobierno aprista fue caracterizado como limitado por su identificación con "el gran capital industrial y la burguesía agraria"; "su estrategia basada en la teoría de la pirámide social (…) encubre y deforma las verdaderas contradicciones que se dan en nuestra patria". Entonces, en esas circunstancias sólo se presentan dos opciones: la del APRA y "la que representa IU como expresión organizada del movimiento social, democrático, popular y antiimperialista"⁵¹.

Con tal declaración, IU intentó colocarse a la izquierda del APRA, tratando de mantener un perfil diferenciado, evitando en lo posible que su identidad se diluyera ante la acción gubernamental aprista. Como plantea Gonzales, cuando el APRA, bajo la conducción de Alan García "asume un lenguaje que entroncaba con el sentimiento popular y, más aún, se apropia de banderas esgrimidas por la izquierda (como revolución, cambio social, antiimperialismo, lucha contra los poderes económicos) y que habían identificado también al APRA auroral", la IU se veía obligada a "redefinir sus conceptos. Entre ellos (…) el de la democracia" (1999: 203)⁵².

Ante el conflicto armado interno, las posiciones divergentes respecto al sentido de la democracia y su participación en ella, imposibilitaron que IU produjera "una propuesta integral para combatir el terrorismo –incluyendo el terrorismo de estado-" (Herrera 2002: 307). De hecho, las ambigüedades declarativas frente a la subversión, en particular la del PCP-SL, contribuyeron, en primer lugar, a que los adversarios políticos de IU colocaran a todos sus partidos integrantes dentro de una misma postura afín al empleo de la violencia, lo que hizo prácticamente difícil alejar de la opinión pública la asociación de sectores de IU con la subversión.

En segundo lugar, paradójicamente, aquella indefinición había alimentado y reforzado en los sectores populares (sindicales, campesinos y estudiantiles en particular), la idea de que el poder se conquista mediante la lucha armada, convertida en sentido común en esos sectores gracias al trabajo político desenvuelto por la izquierda desde la década de los setenta. La existencia de este sentido común facilitó el trabajo de reclutamiento del PCP-SL y el MRTA entre los simpatizantes y militantes radicalizados de los partidos integrantes de IU, sobre todo, en el último tercio de la década de los ochenta cuando la situación del país parecía colapsar. Y, por último, aquella ambigüedad motivó el paulatino retiro del apoyo de la población que iba en busca de opciones políticas más moderadas.

Hasta entonces, IU venía actuando en tres espacios diferenciados: el parlamento, los municipios y las organizaciones populares. En cada uno de ellos, la pugna entre las tendencias existentes era evidente. Así, en el parlamento, el PUM en particular y el UNIR, protagonizaron las investigaciones más importantes sobre violaciones de los derechos humanos, con énfasis en el caso de las denuncias contra las fuerzas del orden. Ello obedeció a consignas partidarias a favor de presionar y forzar una crisis dentro del gobierno aprista. De otro lado, algunos congresistas sin militancia partidaria y parlamentarios del PSR encabezaron comisiones sobre eventos del conflicto armado interno e indagaron sobre sus causas, elaborando y proponiendo propuestas alternativas a la política contrasubversiva en curso. Pero estos esfuerzos no encontraron apoyo ni en IU, ni en el gobierno, a pesar del reconocimiento público de lo trabajado.

En los municipios, la izquierda encontró la oportunidad de impulsar la creación de espacios de participación popular en el nivel local, que prefigurarían instancias de decisión y poder paralelas al municipio, por lo que se fomentó la creación de asambleas vecinales y la organización de la población alrededor de sus demandas inmediatas. Tales experiencias pusieron serios límites a la perspectiva política (espacios de "autogobierno de masas" contrapuestos al municipio en tanto instancia de la democracia formal) que pretendieron atribuirle los dirigentes del PUM y del UNIR. Conflictos entre alcaldes y regidores de IU, entre éstos y sus organizaciones políticas, y la priorización de las necesidades inmediatas de los pobladores frustraron una serie de experiencias de participación comunitaria en curso⁵³.

En cambio, en el ámbito de la organización, movilización y lucha de los sectores populares, la tendencia radical desplegó con cierta eficacia sus planteamientos políticos. De hecho los años del gobierno de Alan García fueron igualmente agitados en cuanto a huelgas y paralizaciones, incluso en mayor medida que en el gobierno de Fernando Belaunde. Sin embargo, el ala radical tuvo que enfrentar las pugnas reiteradas con los otros partidos integrantes de IU por la influencia y el control de las dirigencias de las más representativas organizaciones populares, lo que implicaba el debilitamiento de las mismas. De otro lado, la creciente presencia y acción de los militantes del PCP-SL en esas mismas organizaciones, pugnando por controlarlas y utilizando métodos coercitivos y violentos, que contemplaba incluso el "aniquilamiento selectivo" de sus competidores izquierdistas, paralizaba la acción de las organizaciones políticas de IU. ¿Cómo enfrentar a "los compañeros equivocados", como solía llamárseles en los predios de la tendencia radical, probables compañeros de ruta?. Hasta entonces, no había una respuesta clara al respecto.

El 18 de junio de 1986, presos acusados de pertenecer al PCP-SL se amotinaron y tomaron algunos rehenes en tres cárceles de Lima: Santa Bárbara -penal de mujeres-, Lurigancho y El Frontón tratando de evitar ser trasladados al penal Miguel Castro Castro. El gobierno delegó en las fuerzas del orden la restitución del principio de autoridad. El saldo fue la muerte de 244 personas⁵⁴.

Ocurrido el debelamiento del motín, el Comité Directivo Nacional de IU emitió un comunicado en el que condenó y rechazó la provocación de los militantes del PCP-SL y criticó la acción militar y policial que se realizó "sin que agotaran los recursos disuasivos normales" (Herrera 2002: 314). El 21 de junio, Alfonso Barrantes declaró acerca de la necesidad de restablecer el orden en los penales, pero que debía "hacerse sin violar las normas legales"⁵⁵. Al día siguiente, señaló que "el Perú está de duelo por todas las víctimas sin distinción alguna"⁵⁶. Por último, el 29 de junio, apareció un nuevo comunicado del Comité Directivo Nacional en el cual se demandaba el esclarecimiento de los hechos y la sanción de todo aquel que resultase responsable de los "luctuosos hechos"⁵⁷.

En tal coyuntura, la izquierda se encuentra

enfrentada, como todo el país, ante hechos consumados, corre ahora el riesgo de quedar aislada de importantes segmentos de la ciudadanía y del pueblo en general al no avalar las acciones del Estado y a la vez no tener una estrategia para enfrentar, desde el pueblo y por cuenta propia, el desafío terrorista. Lastrada por ciertas mitologías mal digeridas, confunde la violencia con la revolución, la parte con el todo, el medio con el fin. Una cosa es afirmar que no puede haber revolución sin violencia, y otra es atribuir un carácter revolucionario a cualquier violencia contra el orden establecido" (1986: 9).

Hasta entonces, la disyuntiva, utilizando la terminología izquierdista de la época, entre "reforma" o "revolución" no había encontrado su resolución al interior de IU. Por el contrario, esa indefinida situación, que se agudizaba con la presencia del PCP– SL y el MRTA, repercutía enormemente en su desempeño político. Sin embargo, los dirigentes y los partidos que se adscribían a ambas tendencias eran conscientes de los réditos que les traía la unidad en un mismo frente político electoral. El PUM y el UNIR contaban con una considerable presencia e influencia en el movimiento campesino, barrial, magisterial y estudiantil. En suma, una importante base social organizada con la que no contaban sus oponentes. En tanto, Alfonso Barrantes, que tras su paso por la Alcaldía de Lima se había convertido en una figura central de la política nacional, era el candidato presidencial izquierdista con mayores posibilidades de ganar en las elecciones de 1990. En estas circunstancias ninguna de las tendencias podía prescindir de la otra.

Poco antes de las fiestas patrias de 1986, se supo por declaraciones de un diputado aprista, que el presidente de IU sostenía reuniones con el Secretario General del PAP, Armando Villanueva, con el propósito de ventilar la posibilidad de presentar un candidato común a las elecciones municipales de noviembre de ese año. Tal noticia causó desconcierto en el frente izquierdista, hasta que Barrantes mismo confirmó tales reuniones a través de un mensaje televisado, donde reiteró una vez más su llamado a un "gran acuerdo nacional" para detener el proceso de violencia y hacer viable la democracia. En la misma presentación deslindó duramente con el PCP-SL, aclarando que era objetivo central de IU combatir a la subversión, señalando finalmente que "hay algunas pocas cosas que merecen ser apoyadas de la acción del gobierno y muchas otras que requieren un necesario cuestionamiento. No hemos caído ni caeremos en la mezquindad de negar lo primero, ni mucho menos en la conciliación de callar lo segundo"⁵⁸.

Sin embargo, las "pocas cosas" que debían ser apoyadas no configuraban un consenso en el frente de IU. Las opiniones estaban divididas entre los radicales y su insistencia en instrumentalizar la democracia en una perspectiva de insurrección popular, considerando los logros políticos del gobierno, en cuanto consenso y apoyo popular, como derrotas políticas para la izquierda; y, los sectores moderados, que aunque señalaban la falta de una política contrasubversiva coherente, encontraban en el empeño renovador del presidente, una voluntad con la que era posible establecer algún consenso hacia la pacificación, el freno de la militarización y el cambio hacia políticas que protegieran la economía popular. En éste último sentido la propuesta de un "gran acuerdo nacional" formulada por Alfonso Barrantes retomaba una disposición propicia al diálogo que venía desde tiempo atrás.

En esas circunstancias, IU participó en las elecciones municipales del 9 de noviembre de 1986. Barrantes fue el candidato en busca de la reelección para la Alcaldía de Lima. Confiando en la popularidad que le había deparado su gestión, no se comprometió de lleno en la campaña electoral. En tanto, Jorge del Castillo, candidato del APRA, desplegó una intensa campaña electoral que contando con el evidente apoyo presidencial le facilitó el triunfo en las elecciones por un estrecho margen de votos. A pesar de haber incrementado su caudal electoral con relación al obtenido en la contienda electoral de 1983, IU perdió en numerosas provincias de los departamentos de Cuzco, Puno y Arequipa (Tuesta 2001). A fines de año, IU concluía un periodo de gobierno municipal, con desempeños dispares en las gestiones ediles, con muy poca coordinación con los dirigentes nacionales de IU, y con muy poca o nula estructuración con las organizaciones partidarias. Las sucesivas derrotas electorales de 1985 y de 1986, agudizaron los conflictos dentro del frente izquierdista que, como señalaban voceros del PCP Unidad, poco tenían que ver con horizontes ideológicos, sino con diferencias personales y estilos políticos que oponían especialmente a Javier Diez Canseco, secretario general del PUM, y al mismo Alfonso Barrantes. Tal oposición subordinó la dinámica de IU a la búsqueda de un equilibrio mínimo que no precipitara una ruptura, donde la figura de Barrantes hacia las veces de fiel de la balanza y carta de presentación de la legitimidad izquierdista en la "democracia burguesa".

De ese modo, la percepción pública de una izquierda cada vez más comprometida con la democracia se apoyó en el liderazgo de Barrantes, con el apoyo del PCR y del PSR, entre otros grupos menores. Analistas de la época expresaron que lejos de apreciar en IU a un potencial enemigo de la democracia, había que ubicarlo como un eventual defensor de la misma, y quizás como un combatiente más decidido debido a sus extendidos lazos sociales:

En resumen, el periodo que va desde 1980 a 1986 es, a pesar de los desencantos y frustraciones, una etapa en la que las clases populares y los partidos de izquierda se van adaptando a la democracia, asumiendo actitudes más pragmáticas y ganando confianza en las posibilidades de obtener cambios sociales dentro de las reglas básicas del sistema" (Rospigliosi: 124).

Sin embargo, las críticas al liderazgo de Alfonso Barrantes motivaron su renuncia a la presidencia de IU en 1987. Renuncia, que fue el síntoma de un malestar más profundo en la izquierda legal. La figura de Barrantes, y el tipo de vínculo que se estableció con él, habían compensado la falta de consistencia de los partidos de IU para levantar por sobre sus proyectos particulares, uno común y sostenible en el tiempo. Jorge del Prado presentó en el X Congreso Nacional del PCP, realizado en 1991, una apreciación que ya acumulaba años de un vínculo agobiante:

La renuncia de Barrantes a la presidencia de IU en 1987 cerró un ciclo de la crisis como una válvula de escape para una situación ya insostenible. Pero la crisis continuó al no resolverse su causa fundamental: la ausencia de una auténtica unidad programática, estratégica y táctica y de un proyecto nacional claro" (Herrera 2002: 373).

En ese contexto, los militantes, en particular, los jóvenes, exigieron a sus dirigentes una actitud más consecuente con los postulados revolucionarios enarbolados hasta entonces. La percepción de la distancia entre los acuerdos partidarios y el cumplimiento de los mismos provocó, en el caso del PCP– Patria Roja por ejemplo, la separación de un importante contingente de sus militantes y dirigentes.

En diciembre de 1986, apareció una Carta al Partido, firmado por 11 dirigentes del PCP– Patria Roja, dirigida a Alberto Moreno entonces Secretario General de dicho partido. En ella, bajo un lenguaje partidario, se criticaba a los máximos dirigentes por su alejamiento de la Línea General, es decir de "preparar al partido para la guerra", aprobada en su V Congreso, y las desviaciones reformistas en las que habrían incurrido.

Existe también, a nuestro modo de ver, cierta incomprensión y/ o inconsecuencia con la Línea General del Partido, así como una peligrosa distorsión de algunos aspectos medulares de la doctrina del proletariado y del Partido particularmente en los referidos al Estado, a la democracia burguesa, al problema del poder, a la concepción de la táctica y la estrategia revolucionaria, a la concepción dialéctica del desarrollo objetivo, entre otros, que han conducido a una sobrevaloración de la legalidad, a la subestimación del trabajo de masas; a la renuncia de la agitación y propaganda revolucionarias, a la absolutización de la lucha por las reformas –de acuerdo a una visión evolucionista de la lucha de clases, a la subestimación y hasta negación del papel de clase dirigente del proletariado, a la virtual liquidación del aparato ilegal del partido, y al abandono de los preparativos de la lucha armada por el poder, más concretamente, para afrontar consecuentemente la situación revolucionaria y la guerra civil que el V Congreso y los posteriores plenos del CC [Comité Central] prevén" (1986: 3).

El contingente de militantes y dirigentes que abandonaron el PCP-Patria Roja dio origen al UNIR– Bolchevique, que tiempo después se disolvió. Algunos de sus integrantes se incorporaron a las filas del PCP– SL y el MRTA. Estas rupturas ocurrieron también en el PUM y en el PCP-Unidad, cada una tuvo sus particularidades, pero tuvieron en común la lectura de que el país transitaba aceleradamente a una "situación revolucionaria".

Tras los dos primeros años de gobierno, la gestión aprista comenzó a dar muestras de estar llegando a los límites de su propuesta de reactivación económica. No obstante, el gobierno desplegó una política redistributiva en el campo, especialmente en el llamado Trapecio Andino. Pero los límites de su propuesta motivó finalmente la movilización del campesinado, particularmente en Puno, en medio del incremento de las acciones del PCP-SL⁵⁹. En ese departamento, el PUM estableció la avanzada de su propuesta, cada vez más radicalizada y orientada hacia una acción armada⁶⁰.

A ello se sumó la considerable presencia que el PCP– SL había logrado en el país y el paso del MRTA a una siguiente etapa de su guerra con la apertura del Frente Nororiental en noviembre de 1987⁶¹, aumentando así el nivel de enfrentamiento con las fuerzas del orden.

En este contexto, las posiciones radicales se acrecentaban no sólo en IU, sino también en otros sectores de la izquierda. Un evento donde se percibió claramente este aspecto fue la Asamblea Nacional Popular (ANP) organizada con especial empeño por el PUM, el PCP Unidad y la UDP⁶², en Villa El Salvador, en noviembre de 1987. Este evento resulta ejemplar para ilustrar los empeños izquierdistas por operativizar una estrategia de "poder popular" en la gestación de un nuevo estado. La ANP se proponía "el diseño, aunque fuera inicial, de un régimen democrático alternativo", y a pesar de su gran presencia de "masas" terminó, quizás justamente por eso, proponiendo la convocatoria a un paro nacional, negociando la forma de aquel entre el PUM y el PCP Unidad, cada uno colocando a la ANP y a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) como la llamada a dirigir el paro.

En dicho evento se enfrentaron con particular publicidad las opciones más extremas de la izquierda. A ello contribuyó el desempeño de la UDP, que se acercó al PUM para sostener un punto de vista que contemplaba la inevitabilidad de una confrontación armada como fin del periodo de gobierno aprista. Un informe del Comité Central del PCP Unidad analizaba el rol del PUM en este sentido:

Como sabíamos de antemano, el PUM tiene una concepción subjetiva sobre la situación actual, considera que nuestro país vive ya una situación revolucionaria -a veces la llama prerrevolucionaria-que está a punto de hacer crisis y, por tanto, urge tomar el control total del movimiento obrero para realizar acciones de gran envergadura tendientes a derrocar al gobierno aprista para posibilitar el inmediato acceso del movimiento popular al poder" (Herrera 2002: 426).

Pero el PCP-Unidad dudaba de estas intenciones "en apariencia radicales" del PUM, y las interpretaba mas bien como "electoreras", efectuadas con el afán de ganar hegemonía en el escenario de una ANP con "aproximadamente 1200 organizaciones sindicales, sociales, políticas, etc.", colmada de dirigentes proclives a ese discurso. Una reunión posterior de delegados de la ANP hizo mención a la urgencia de la autodefensa de masas como "cuestión actual, central, vital, que de no ser atendida en concreto como una tarea cotidiana sería el más grave error" (Herrera 2002: 429).

En el difícil proceso seguido por IU para sostener en un sólo frente a las opciones moderadas y radicales, la ANP contribuyó paradójicamente a separar aún más a las tendencias en conflicto. Si bien los moderados no se opusieron ni atacaron el evento, lo dejaron pasar y a la postre, pudieron contemplar su disolución en el curso de su propia y cada vez más exigua dinámica. Para Lynch "lo más significativo de este intento de desarrollo de la representación corporativa fue que se presentaba como radicalmente opuesta al 'parlamento burgués', y no como una propuesta de ampliación o apertura de la democracia representativa existente" (1999: 206).

Pero aquella no fue la única experiencia de expresión práctica del radicalismo beligerante que ya había comenzado a evidenciar sectores mayoritarios de la izquierda, en particular el UNIR, el PUM y el PCP-Unidad, interpelados permanentemente en su naturaleza "revolucionaria" por la acción del PCP– SL y el MRTA, quienes en un clima social convulso como el de fines de los ochenta se convirtieron en importantes focos de atracción de una militancia izquierdista cada vez más radicalizada, para la que era necesario encontrar respuestas frente al crecimiento de Sendero Luminoso y la militarización, que victimaban a numerosos dirigentes y militantes de la izquierda legal. Así, en el segundo congreso del PUM, realizado en octubre en 1988, se diagnóstico que el país se dirigía inexorablemente a una quiebra del régimen democrático y a la militarización, por lo que su "propuesta estratégica y táctica" fue la de establecer un "viraje global" del partido "y del conjunto de la IU y demás fuerzas de izquierda, para enfrentar victoriosamente la confrontación que se vislumbra como desenlace del actual periodo táctico" (PUM 1988).

Tal proposición implicó el desenlace de las propias tensiones dentro del PUM, donde un sector significativo de dirigentes -varios de ellos autoridades políticas locales y parlamentarios-intentó revisar las conclusiones a las que la mayoría del congreso iba llegando respecto a la necesidad de organizar una estrategia insurreccional en perspectiva de un desenlace militar hacia el año 1990. Santiago Pedraglio, dirigente nacional del PUM del sector moderado afirmaba:

¿Qué significa proponer la insurrección, aquí y ahora?. En primer lugar renunciar al objetivo de que el movimiento popular cree un nuevo escenario político en el Perú, derrotando a la estrategia antisubversiva y a Sendero Luminoso, partícipes de la guerra sucia. Significa precisamente someterse a la lógica de los hacedores de la actual violencia, minoritaria y antipopular.
¿Acaso porque hay más caos, más terrorismo, más represión indiscriminada y un mayor deterioro del régimen parlamentario, se generan las condiciones para una situación revolucionaria?. Quienes en el PUM nos oponemos a esta posición, creemos, por el contrario, que esta violencia es un factor de derrota del movimiento popular y de las fuerzas políticas que aspiran a representarlo" (1988).

La aparición de un ala moderada dentro del PUM implicó la emergencia de opciones que, sin renunciar a las propuestas fundacionales acerca del rol decisivo de las masas organizadas en la lucha política, argumentaban que la admisión de la crisis del régimen no conllevaba necesariamente a una crisis del país y el tránsito a una "situación revolucionaria", justamente por la persistencia y dinamismo de las luchas sociales y la organización popular. Los moderados, conocidos como los "zorros", en polémica con los radicales (llamados "libios"), contemplaron la importancia y necesidad de reunir en un acuerdo nacional a los sectores políticos más dispuestos a frenar, dentro de los marcos democráticos, la crisis y la guerra subversiva.

Esta propuesta los aproximaba en cierto modo a las propuestas de los partidos afines a Barrantes en IU (que se habían reunido en la Convergencia Socialista), aunque ese acercamiento no se dio del todo. Sin embargo, las diferencias precipitaron la ruptura con el partido a fines de 1988, surgiendo de ella dos nuevos grupos políticos que señalaron por su parte las germinales intenciones insurreccionales del PUM⁶³.

Los aprestos insurreccionales del PUM, que en la jerga partidaria se expresaban en el "viraje" aprobado en el segundo congreso, tuvieron un escenario privilegiado en Puno, donde la posibilidad de abrir una "tercera vía" entre el camino del senderismo y la arremetida de la militarización (Rénique 2002), se nutrió mucho de las peculiaridades de las redes sociales e institucionales que alcanzó la izquierda en ese departamento. Al final, los esfuerzos de desarrollar formas de autodefensa cada vez más similares a una acción insurreccional fueron abandonados.

Y por otro lado, el UNIR vivió también el conflicto entre radicales y "electoreros" en su VIII y IX Plenos de su Comité Central realizados en 1989 cuando, como recuerda Hurtado, "con el nombre del 'gran viraje', se aprobó la resolución de 'preparar al partido para la guerra' (' preparar al partido y al pueblo para la revolución' fue la consigna pública)", pero ya entonces, según Hurtado, "ni el Partido, ni su dirigencia, ni su militancia estábamos preparados ideológica, política, organizativa y materialmente para llevarla a la práctica" (Herrera 2002: 671). De hecho, hubo diversas situaciones en las que los dirigentes de UNIR intentaron distinguirse de los subversivos, con quienes se les asociaba⁶⁴. Sin embargo no lograron evitar la generación de fracciones que simpatizaban decididamente con la lucha armada, las que promovieron escisiones y nuevas adhesiones a los grupos subversivos.

Por último, en marzo de 1990, algunos sectores de militantes radicalizados del PCP-Unidad, encabezados por Andrés Sosa Chanamé, abandonaron sus filas y se integraron al Bloque Popular Revolucionario, otros, en tanto, se organizaron en el clandestino Frente Patriótico de Liberación (FPL), que luego se incorporaría al MRTA⁶⁵.

Hasta entonces, para algunos analistas políticos, la izquierda había transitado por un importante proceso de adaptación e inserción en la legalidad que se había visto truncado por la emergencia de aquel radicalismo insurreccional descrito. No obstante, la democracia tenía la imperiosa tarea de contraponerse a la paulatina "involución" de sectores de la izquierda, la que devenía "no principalmente por sus 'creencias' o ideología, sino por el deterioro terrible de las condiciones de vida de los peruanos, la ineficacia del sistema político y los evidentes signos de disolución estatal" (Rospigliosi 1986).

Frente a este punto de vista, Luis Pásara sostuvo que la izquierda había tenido un desempeño, por decir lo menos, ambiguo como actor político en el régimen democrático. A partir de su análisis de los documentos de IU y de sus partidos integrantes, Pásara señalaba las limitaciones de lo advertido por Rospigliosi, a saber que "la canalización de 'reivindicaciones dentro del sistema' y de 'mejoras a través de medidas legales o semilegales'", promovidas por IU, habían ocurrido en términos "en los cuales el régimen democrático no resulta favorecido" (1990: 69).

A la luz de la ya mencionada ambigüedad discursiva y del comportamiento político de la izquierda respecto de la lucha armada o el uso de la violencia como un recurso legítimo, este autor sugirió "ahondar en su significación y consecuencias" sobre la base de una realidad política y social atravesada por un conflicto armado interno creciente en 1989; además resaltó la sugestión que promovía la justificación de la lucha armada en el contexto de violencia de esos años, y el estímulo que implicó la propuesta de la "autodefensa de masas" como alternativa o "tercera vía" de las izquierdas frente a la militarización y la acción del PCP-SL.

En síntesis dejaba una seria duda sobre las valoraciones positivas de la izquierda en tanto estas se limitasen a ponderar su participación en las formas institucionales y en la canalización de los conflictos sociales dentro del sistema. Javier Diez Canseco, ex Secretario General del PUM y senador por IU, resumía en 1989, el sentido de esta duda sobre la actuación de la izquierda:

Hoy en la izquierda se plantea revertir la situación pugnando por una alternativa de transformación distinta de la de Sendero, pero que está igualmente confrontada con el sistema. No se plantea enfrentar a Sendero desde la defensa del sistema -un sistema injusto, antidemocrático, marginalizante, racista y que condena a la miseria a la gran mayoría de peruanos-sino desde una opción de cambio profundo y revolucionario. Hay una izquierda que está trabajando en la construcción de una alternativa de poder basado en la organización de masas, combinando todas las formas de lucha, incluyendo la lucha de carácter electoral y legal pero no concentrando su atención en ésta, sino en la acción directa de movimiento de masas y creo que es la única que ha tenido éxito" (Tello 1989: 206).

Nicolás Lynch, otrora militante del PUM, resume esta ambigüedad denotando la voluntad de IU por emplear los espacios democráticos como etapas preparatorias de un momento revolucionario, por lo que el objetivo estratégico de IU no pasaba necesariamente por la defensa y soporte de la democracia (1999: 202). Además señaló la dificultad de la izquierda para escapar de la actividad de "intermediarios" que había tenido a lo largo de la década de los setenta con los movimientos sociales, la que había limitado su efectividad como actor político. Esa relación de intermediario había estado signada por "formas tradicionales de relación clientelista con la población" lo que determinó que la participación de la izquierda en espacios de representación estatal (en el Parlamento y en los municipios en particular) en muchos casos "sirviera para el ascenso social y el enriquecimiento personal de quienes ocuparon estas posiciones" (1999: 203). La necesidad de sostener y controlar el poder político ganado reforzó también el carácter corporativo de la representación, de manera segmentada, confundiendo las demandas de los sectores populares con las intenciones ideológicas y traduciendo la radicalidad de las luchas de las organizaciones populares "con la adhesión a utopías revolucionarias".

El último ensayo por proponer una izquierda legal comprometida con la democracia, con coherencia y orden, se frustró en el único Congreso Nacional de IU, realizado en Lima, en enero de 1989. Fue el momento de encuentro de todas las tendencias reunidas en 1980, y que a lo largo de nueve años habían seguido un desarrollo contrapuesto y a menudo antagónico con las otras posiciones organizadas en IU.

En este evento hubo un aparente triunfo de las opciones que promovían la organización del movimiento popular, del poder popular, en la perspectiva de constituir a IU en un "frente revolucionario de masas", y así darle una nueva organicidad, y colocarse como una opción válida para las elecciones presidenciales de 1990. Así, por ejemplo, de un lado, se aprobó una tesis política que sostenía lo siguiente: "aunque en términos estratégicos generales, IU no renuncia por principio a ningún medio ni forma de organización (…) en el presente período nuestra estrategia de organización y movilización política de masas, opuesta polarmente a la de Sendero Luminoso, no contempla la adopción de la lucha armada, porque, por todo lo antes señalado, ella no es compatible con los objetivos políticos que hemos establecido" (Herrera 2002: 499).

Y por otro, en cuanto al plan de acción política, como recuerda Guillermo Herrera, entonces dirigente del PCP Unidad, se propusieron dos propuestas: una, que "enfatizaba la importancia de ganar el gobierno considerando que eso era lo que estaba en juego en las próximas elecciones generales [de abril de 1990] y para lo cual nos encontrábamos en condiciones"; y otra, que "incidía en que era fundamental también ganar el poder, pues de otro modo podríamos ganar el gobierno pero no estaríamos en condiciones de hacer cambios en el sistema capitalista" (2002: 501). Ambas propuestas fueron sustentadas por el PCP Unidad, el PSR, el PCR, el MAS⁶⁶ y la Convergencia Socialista; y por el PUM, el UNIR y el FOCEP respectivamente. Cuando fueron sometidas a votación la primera ganó por un ajustado margen de 187 votos de diferencia.

No obstante esta aparente aclaración, las ambigüedades continuaron respecto a otros temas como el de la autodefensa, por ejemplo la campesina, frente a la cual competían en el discurso con el empeño gubernamental por organizarlas y armarlas para el combate exclusivo contra el PCP-SL; ó de las propias organizaciones partidarias, como en el caso del PCP Unidad, que veía "la autodefensa armada como una necesidad perentoria frente a la agresión de Sendero Luminoso y de las bandas paramilitares" (Herrera 2002: 500).

A pesar de estos deslindes, a lo largo de 1989, las tensiones, conflictos y rupturas de la izquierda, ventiladas públicamente, tuvieron que ver entre otras razones con la incapacidad de la izquierda, dividida en IU y el Acuerdo Socialista de Izquierda (ASI), de procesar y resolver democráticamente sus diferencias, primando sus intereses personales y de grupo por encima de los del país; la perspectiva electoral que se abrió con las elecciones municipales programadas para el 12 de noviembre; y la agitación de un discurso radical por el PUM y el UNIR. Esto último como resultado de la percepción compartida de que el país se desplomaba, situación que, según ambas organizaciones, sería aprovechada por las fuerzas contrarias a los intereses de los sectores populares; y con el objetivo de contrarrestar la atracción que el PCP-SL y, sobre todo, el MRTA ejercían entre su militancia.

Como se dijo, la apreciación de las organizaciones integrantes de IU fue variando conforme la acción de los grupos subversivos se desarrollaba. Hasta 1989, a los militantes del PCP-SL se les seguía considerando como los "compañeros equivocados" o formando parte del "campo popular"⁶⁷ o se confiaba en que enmendaran rumbos⁶⁸. Sin embargo, ese mismo año, esa percepción empezó a modificarse significativamente cuando los militantes del PCP-SL incrementaron sus ataques y asesinatos de militantes y dirigentes izquierdistas acusados de "revisionistas", "traidores del pueblo" o "soplones"⁶⁹. Así, Fermín Azparrent, alcalde de la provincia de Huamanga (Ayacucho) y antiguo militante del PCP Unidad, fue asesinado el 19 de setiembre. Igual suerte corrió Edilberto Salazar, alcalde del distrito de Morococha (provincia de Yauli, Junín), muerto el 24. El 31 de octubre, Enrique Castilla, dirigente textil y miembro del Comité Central del PUM, fue asesinado en Lima. Estas acciones merecieron la condena unánime de IU y de sus integrantes. Eduardo Cáceres, entonces Secretario General del PUM, declaró ante diversos medios de comunicación que su partido "le declarará la guerra al PCP-SL, tal como lo hizo en otras oportunidades en el departamento de Puno"⁷⁰. Las condenas contra las acciones del PCP-SL se incrementaron y el tono beligerante fue la pauta.

Una situación contraria ocurrió con el MRTA. Si bien, el MRTA criticó permanentemente a los dirigentes nacionales de IU por su "reformismo", no existen indicios de que los amenazara de muerte o asesinara militantes de IU o a dirigentes de organizaciones populares⁷¹. En tal sentido, la principal crítica que le hacía IU, tal y como quedo señalado en sus Tesis políticas para su I Congreso, era porque "privilegia[ ba] acciones militaristas al margen de las organizaciones populares" (Herrera 2002: 306).

El 3 de noviembre, en medio de la campaña para las elecciones municipales, la iniciativa por movilizar a la población frente a la amenaza de un paro armado en Lima fue quizás la reacción más eficaz de IU sobre la ciudadanía, para enfrentar con una acción emblemática, el estado de terror que fomentó el PCP-SL desde 1980. La convocatoria de Henry Pease, candidato de IU, recibió el apoyo de casi toda la clase política, y en la ciudad se organizó una de las más multitudinarias marchas contra el PCP-SL que hubo en todos los años del conflicto armado interno.

Hasta entonces, IU, de un lado, no había experimentado las consecuencias de su ruptura en enero de 1989. Éstas se hicieron evidentes en las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1989. IU obtuvo el 12%, mientras que el Acuerdo Socialista de Izquierda (ASI) logró el 2% de la votación. El novísimo Frente Democrático (FREDEMO), liderado por Mario Vargas Llosa, había obtenido poco más del 32% en todo el territorio nacional. En Lima, en tanto, el independiente Ricardo Belmont fue elegido como Alcalde para el siguiente periodo de gestión municipal. Una vez más, IU no volvió a repetir su desempeño electoral nacional de 1983. Sin embargo, en las elecciones regionales, realizadas el mismo día, un número importante de candidatos del UNIR y del PUM fueron elegidos como diputados regionales en Arequipa, Cuzco y Puno.

Y por otro, la radicalización de su militancia había facilitado la formación del Bloque Popular Revolucionario (BPR) entre fines de 1989 e inicios de 1990. Uno de sus contingentes principales provino de una ruptura del PCP Unidad, encabezada por Andrés Sosa Chanamé. El BPR compartió mucho de los puntos de vista del PUM y del UNIR acerca de la coyuntura que atravesaba el país en aquel momento, su desconfianza en las instituciones de la democracia y su defensa de los derechos humanos. Algunos de esas apreciaciones fueron expuestas por el diputado izquierdista Yehude Simon, dirigente del BPR, en una entrevista concedida al semanario Cambio. Simon preguntado acerca de las propuestas de su programa respondió:

Entre otras cosas, nos hemos propuesto rescatar la necesidad de organizar al pueblo a través de los Fedips [Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo], que enriquezca la tarea de la ANP [Asamblea Nacional Popular], la autodefensa de los sectores populares de la población frente a la agresión de la guerra sucia por parte del Estado, tenemos las rondas campesinas, rondas urbanas, rondas mineras. El Bloque Popular tiende en esta organización la construcción del Poder Popular. El ejemplo más real y ejemplar es la lucha que está asumiendo el heroico pueblo de San Martín, encabezado por su Frente de Defensa Departamental y que desarrolla barricadas en todas las provincias y distritos con sus respectivos Frentes de Defensa, desde Rioja hasta Juanjuí, ese es el mejor ejemplo de construcción de Poder Popular. Estas experiencias tendrán que fortalecer necesariamente a la IU y la construcción del Frente Revolucionario de Masas (1990: 13)⁷².

El 11 de marzo de 1990 se publicó un pronunciamiento del BPR. En él se anunciaba las candidaturas de Yehude Simon al senado y de Lucas Cachay y Moisés Cabrera, a las diputaciones por San Martín y Lambayeque respectivamente. Al formar parte de IU, sus candidatos integraron la lista parlamentaria del frente izquierdista. Sin embargo, pusieron reparos a su participación en las elecciones generales: "las elecciones del 8 de abril son importantes, pero en ellas no se nos va la vida. Nuestro pueblo a lo largo de su historia nos ha mostrado que sabe combinar con sabiduría todas las formas de lucha. Entonces preparémonos para ésta y posteriores batallas"⁷³.

La formación del BPR mostraba una acelerada radicalización de los militantes izquierdistas no sólo de aquellos independientes, sino también de los militantes de los partidos que la integraban. Los primeros días de marzo apareció un comunicado firmado, entre otros, por Andrés Sosa Chanamé (dirigente de la Confederación de Campesinos del Perú), Juan Pecho Arias (dirigente de la Federación Minera), Segundo Centurión (dirigente de la Federación Agraria Selva Maestra – San Martín), todos dirigentes del PCP Unidad, explicando las razones de su renuncia al PCP Unidad. Acusaron a la dirigencia de su partido de no haber puesto en práctica los lineamientos generales aprobados durante su IX Congreso de mayo de 1987, es decir, entro otros, la implementación de su estrategia de gobierno y poder. Según Juan Pecho:

[…] la actual coyuntura está inmersa una situación de grandes definiciones. Una posición donde unos tienen que optar simplemente por el reformismo electorero o por una posición revolucionaria. Nosotros no descartamos ningún método de lucha, todos son válidos (…) siempre y cuando se apliquen correctamente. Pero creemos a su vez que las bases tienen que discutir y maduramente en el seno del partido y definirse claramente por las posiciones correctas y revolucionarias. No sólo en el PC [Unidad] sino también las bases de las otras tiendas políticas de IU (1990: 9)⁷⁴.

El bloque radical (PUM, UNIR, FOCEP y el BPR) compartía la visión de que el país marchaba a un acelerado proceso de polarización entre la izquierda y el FREDEMO, y en el caso de ganar IU las elecciones "la cuestión del poder" estaría a la orden del día. Si, por el contrario, el FREDEMO resultara triunfador en las elecciones, la crisis social y económica se agudizaría como consecuencia de la ejecución de su programa de reformas neoliberales para lo cual es indispensable contener y derrotar la respuesta de IU y de los sectores populares. En tal sentido, era imprescindible prepararse para estar en condiciones de combinar "todas las formas de lucha". Mientras tanto, tenían que afrontar las elecciones generales de 1990.

Con la intención de revertir el fracaso electoral municipal de noviembre, en los meses siguientes, tanto IU como el entorno de Alfonso Barrantes, organizados principalmente en Izquierda Socialista (IS), trataron de llegar a acuerdos que les permitieran participar en una sola lista en las elecciones generales de abril de 1990. Sin embargo, sus intentos fracasaron. La izquierda se presentó dividida en las elecciones.

Su indefinición ante la lucha armada, que provocó que diversos sectores acusaran a IU de estar influenciada por los grupos subversivos⁷⁵, la campaña electoral del FREDEMO que asociaba el fracaso del gobierno aprista como consecuencia directa de la ejecución de un programa de corte izquierdista muy parecido al que pretendía llevar a cabo IU, en caso de llegar al gobierno; y las polémicas con Izquierda Socialista terminaron erosionando el respaldo de la ciudadanía y en particular el de los sectores populares de quienes la izquierda se proclamaba su representante.

IU alcanzó el 8% e IS obtuvo el 5% de la votación. El FREDEMO ocupó el primer lugar con el 33% de la votación seguido de Cambio 90 con el 29%, mientras que el APRA alcanzó el tercer lugar con un 22% de la votación (Tuesta 2001). Mario Vargas Llosa (FREDEMO) y Alberto Fujimori Fujimori (Cambio 90) fueron los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo mandatario. Días después, los partidos que integraban IU evaluaron su derrota. Para el PUM "la derrota electoral expresa el creciente distanciamiento con los movimientos sociales más importantes. En la autocrítica sería erróneo poner el acento de la responsabilidad de la derrota, a los adversarios. La ruptura con el Acuerdo Socialista [en enero de 1989] afectó, pero ese hecho era ya evidente el mismo día que culminó el I Congreso Nacional. Durante meses las actitudes vacilantes con el barrantismo, tuvieron una responsabilidad central en lo que sucede" (Herrera 2002: 663).

Los primeros días de mayo, el Comité Directivo Nacional de IU analizó las causas de la derrota electoral. Entre otras razones se señaló el alejamiento de los movimientos sociales, el mantenimiento de una imagen del país que no correspondía con la realidad y la incapacidad para desarrollar una estrategia de gobierno y poder, y la imposibilidad de contrarrestar el impacto de la crisis del socialismo real en Europa. Por último, "la división de la izquierda" y "la forma como se procesó (...) restó credibilidad como alternativa de gobierno y de poder a los ojos del pueblo" (Herrera 2002: 663). El PCP Unidad coincidía en líneas generales con la evaluación hecha por el Comité Directivo Nacional de IU. Además sostuvo que una de las razones para el fracaso de IU fue que no paso de ser un mero frente electoral. En ese sentido, "no se construyeron organismos sectoriales, tampoco IU trabajó por repotenciar la dinámica popular y se quedó preocupada centralmente en encarar las elecciones municipales y generales" (Herrera 2002: 666).

En la segunda vuelta electoral, la izquierda (IU e IS) pidió a su militancia que votara a favor del candidato Alberto Fujimori. Así, el PCP-Patria Roja afirmó que "se impone derrotar el proyecto neoliberal, derechista, protonorteamericano y visceralmente anticomunista y autoritario del gran capital que representa Vargas Llosa"⁷⁶. Santiago Pedraglio, secretario general del PMR, manifestó su apoyo a la candidatura de Fujimori. Similar pedido fue hecho por Ricardo Letts (PUM) durante una entrevista en la televisión. En tanto, el senador Carlos Malpica (PUM) planteó a la dirigencia de IU dejar a su militancia elegir al candidato presidencial que considere conveniente a los intereses del país. El UNIR también planteó votar por Alberto Fujimori. Opinión compartida por Sinesio López (IS). Finalmente, IU en un comunicado sostuvo que no puede votar por MVLL, y que el voto en blanco o viciado sólo contribuirá a aumentar las posibilidades de triunfo del FREDEMO. Por tal razón, plantearon votar por Cambio 90⁷⁷.

Con el apoyo de la izquierda y el APRA, Alberto Fujimori fue elegido presidente. Poco tiempo después Fujimori nombró a Gloria Helfer (IU), Fernando Sánchez Albavera (IS) y Carlos Amat y León (IS) como Ministros de Educación, Energía y Minas y Agricultura respectivamente. La elección de Helfer como ministra causó nuevas discrepancias entre los partidos integrantes de IU. El PUM afirmó que IU estaba co-gobernando. Días después Helfer renunció a IU "con el fin de no reducir en lo más mínimo la libertad política del Frente respecto al nuevo gobierno"⁷⁸. Aquellas discrepancias ponían en evidencia la grave crisis que afrontaba IU después de la derrota electoral.

En setiembre, el PUM anunció su plena autonomía con relación a IU. Situación que lo llevó a enfrentarse con el PCP Unidad que trataba de mantener la unidad de IU. Y "con relación al anuncio del PUM de transformarse en un partido apto para todas las formas de lucha, se plantea la necesidad de profundizar la aplicación de la línea aprobada en el IX Congreso: desarrollar dentro de la construcción de los factores de poder popular la autodefensa de masas; y evaluar –para reorientarlo-el trabajo de seguridad del Partido" (Herrera 2002: 681). Así embarcados cada uno en su lógica partidaria, a pesar de algunas declaraciones públicas en contra, IU fue debilitándose.

Aún con la derrota electoral de IU e IS en 1990, la izquierda fue incapaz de proponerse una actuación política que contribuyera a fortalecer el régimen democrático. Esto se debió a la persistencia de una lectura ideologizada y populista de la política, y al caudillismo presente en sus liderazgos. Las decisiones de la izquierda no contribuyeron de manera decisiva a mejorar el desempeño de la democracia, aún cuando obtenía logros y protagonismos inusitados dentro de ella. Su estilo opositor continuó unos años más la pauta intransigente e intolerante que mostró al fundarse el régimen democrático.

La guerra subversiva finalmente la puso frente a un dilema ideológico que no resolvió del todo. El radicalismo verbal enarbolado enfáticamente por los dirigentes de un sector de la izquierda se quedó sólo en eso. Sin embargo, muchos de sus militantes, alimentados por tal discurso, trataron de ser consecuentes con la prédica de sus dirigentes y se enrolaron en las filas del MRTA y del PCP-SL desde fines de los ochenta. No es casualidad que el número de acciones subversivas se incrementaran desde entonces. Otros, en tanto, dejaron la militancia decepcionados por el comportamiento de sus dirigentes.

Conclusiones

1. Los partidos de la izquierda legal se vieron durante los años ochenta atrapados en distintos dilemas ideológicos y prácticos, vinculados a su reticencia para aceptar que la política progresista debía renunciar radicalmente a la violencia y abrazar los métodos democráticos. A pesar de la evidencia de apertura del régimen político, que permitía la participación de las más diversas tendencias y al interior del cual se lograron sonadas victorias electorales, un importante sector de la izquierda mantuvo –en balance-su escepticismo ante la democracia constitucional, a la que veían como una limitada versión del orden social justo al que aspiraban.

2. La izquierda proveyó de representación política a amplios sectores populares y movimientos sociales hasta entonces no incluidos en la agenda nacional. Sin embargo, en lugar de verse a sí mismas como un factor de inclusión y perfeccionamiento de la democracia constitucional, algunas izquierdas optaron por pensar y actuar como agentes con un doble juego, dentro y fuera del sistema constitucional; con una lógica de oportunidad y no de principios democráticos.

3. Estas ambigüedades dificultaron a la izquierda reconocer la necesidad de amplios pactos democráticos contra la amenaza de Sendero Luminoso, a pesar de experimentar en carne propia los asesinatos de probados dirigentes populares a manos de los militantes senderistas, para quienes toda la izquierda legal era un enemigo prioritario. El desprestigio de la lucha antisubversiva de los primeros años, caracterizada por masivas violaciones de los derechos humanos, y la oposición a las políticas económicas de los gobiernos hacía muy difícil tender puentes de concertación entre las izquierdas y el resto de la representación política.

4. Las tensiones conllevaron a la ruptura de la izquierda entre, por un lado, quienes decidieron apostar a una lucha fundamentalmente electoral, pero con débiles aparatos partidarios y poca capacidad de representación de sectores populares y –por otro-quienes decidieron hacer política en un espacio fundamentalmente social, despreciando cada vez más decididamente el espacio electoral. La ruptura significó el total debilitamiento de la izquierda en cualquiera de sus versiones, y el abandono de la representación de amplios sectores populares que, en su búsqueda de liderazgo, se convertirían luego en el más sólido baluarte electoral del autoritarismo de Fujimori.

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