1.3. LAS FUERZAS ARMADAS

Las decisiones políticas, estratégicas y operacionales relativas a la participación de las Fuerzas Armadas durante la guerra contrasubversiva en el período 1980 a 2000 son el tema del presente estudio. Se trata de establecer cuáles fueron los efectos e implicancias del empleo de las Fuerzas Armadas a lo largo del conflicto y de evaluar por períodos y casos, de acuerdo con el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, si este empleo fue responsable y acertado o no. Nuestro trabajo aspira a hacer patente hoy la enorme dificultad de las decisiones que tuvieron que tomar los responsables de la defensa. No emplear la fuerza militar cuando el país se encuentra bajo ataque es una responsabilidad muy grave, pero ordenar su empleo lo es también, porque la acción militar implica un estado de excepción en el cual la población pierde la mayor parte de sus derechos y la violencia suele desbordarse.

Las decisiones sobre el empleo de la fuerza militar son especialmente graves cuando se trata de un conflicto interno. Si los insurrectos – como en el caso del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso – tienen por objetivo la supresión de los derechos humanos y por método la violación de los mismos, entonces la inacción del Estado contribuye a que esa violación se cometa sistemática y masivamente. Pero las operaciones militares para vencer a un enemigo difícil de identificar – lo que es también distintivo del PCP-SL – acarrean inevitablemente múltiples actos de violencia contra personas inocentes, quienes, además, son compatriotas de los soldados, son precisamente las personas que ellos vienen a salvar. El problema moral que esto entraña no se resuelve con registrar las víctimas inocentes como contingencias explicables dentro de un cierto margen de error. Sostener que estos hechos tienen que producirse "normalmente" como parte de una rutina de combate implica daños morales para los combatientes, deterioro de su ética institucional y desconfianza entre los militares y las fuerzas armadas¹. Todos estos costos y riesgos morales son ocasionados por la decisión estatal de emplear la fuerza militar en el conflicto interno, aunque el causante y responsable principal sea, sin duda, el grupo subversivo que emprendió una lucha armada injusta contra el Estado democrático.

El PCP-SL inició la ejecución de su plan llamado "Inicio de la Lucha Armada" (ILA) contra el Estado peruano el 17-05-1980, día de elecciones generales, las primeras después de 14 años. Con ello expresó su rechazo al sistema político democrático que estaba por reinstaurarse en el Perú. Durante los últimos años del gobierno militar prepararon cuidadosamente esta guerra como un plan político y militar de largo plazo, cuya aplicación comenzaría el día que el país regresara a la democracia. No se proponían, pues, corregir algunas prácticas, leyes o instituciones, sino abolir por la fuerza todo el horizonte político dentro del cual los peruanos buscaban nuevas perspectivas. No era su propósito principal vencer a las Fuerzas Armadas. Su objetivo era destruir y reemplazar el sistema político democrático que estaba por retornar.

El PCP-SL interpretaba el regreso de la democracia como un incremento de las contradicciones entre los distintos componentes de la sociedad peruana. La conflictividad propia de la sociedad peruana afloraba por la brecha abierta entre, por un lado, las fuerzas corporativas y burocráticas que dirigieron al país durante las dos fases del gobierno militar anterior y, por otro, las fuerzas políticas y movimientos sociales que estaban accediendo a cuotas de poder mediante las elecciones. El PCP-SL se propuso explotar la vulnerabilidad de una sociedad que sacaba sus conflictos a la luz pública. El proceso democrático trae consigo además una complicación de los procedimientos para tomar decisiones políticas, un sistema de controles y balances internos que vuelve más lentas las reacciones del Estado ante las amenazas, pero al mismo tiempo garantiza la estabilidad de largo plazo que sólo puede conseguirse mediante la validación pública de las políticas de Estado, el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos colectivos de las minorías políticas y sociales. El PCP-SL aprovechó de inmediato la falta de conexión entre, por un lado, las concepciones sobre política de seguridad nacional que tenían los sectores democráticos y, por otro, la concepción estratégica que tenían las Fuerzas Armadas sobre el mismo asunto.

De hecho, en esa democracia restaurada no había nexo claro entre política nacional y estrategia militar. Por un lado, las ideas sobre seguridad de los políticos y de la incipiente sociedad civil de ese momento eran principistas, abstractas, inconexas y descontextualizadas. Por el otro, las doctrinas y las capacidades profesionales de los militares no estaban orientadas a contribuir a la superación de este problema. La brecha había sido revelada por el retorno a la democracia y el PCP-SL planeó aprovechar esta oportunidad para destruir al Estado peruano.

Respecto a la forma de combatir, el PCP-SL se mostró decidido a violar todas las leyes de la guerra desde el inicio de sus acciones. Por no hacer identificables a sus combatientes mediante un uniforme, no designar líderes públicos ni personeros para posibles negociaciones ni dejar abierta ninguna perspectiva de negociación de paz, llevó adelante una guerra sin respeto a la población civil ni cuartel para los policías o militares que eventualmente quedasen bajo su poder, una guerra que tenía por único objeto la derrota incondicional, la sumisión total o el exterminio de quienes se les opusieran, según el lema "salvo el poder, todo es ilusión". En efecto, realizó sistemáticamente actos infames como asesinatos, masacres y atentados terroristas. Por estas razones, no es posible reconocer al PCP-SL como "guerrilla" en el sentido de fuerza beligerante que dan a esta palabra las instituciones internacionales.

La razón principal para condenar la acción armada del PCP-SL como un acto criminal contra todos los peruanos está en que usó las armas con el fin de instaurar un régimen totalitario y de potencial genocida, basado no en el respeto a los derechos básicos de las personas sino en la visión de una sociedad supuestamente perfecta que construirían mediante la violencia. Una segunda razón para señalar la "guerra popular" del PCP-SL como acto criminal deriva del tipo de sociedad que el Estado peruano defendía – una sociedad que respetaba de modo significativo las libertades y derechos básicos de los individuos, en especial el principio de autodeterminación política.

Es cierto que el sistema democrático peruano nunca funcionó adecuadamente. Muchas autoridades eran abusivas y corruptas, grandes sectores de la población del país se veían excluidos de la vida política, y las condiciones económicas y sociales impedían que muchos ciudadanos tuviesen acceso a los bienes primarios necesarios para hacer un uso apropiado de sus libertades. Pero a pesar de todas estas imperfecciones, el sistema político peruano permitía que los ciudadanos tuviesen la oportunidad y los medios suficientes para reivindicar sus intereses por medios no-violentos. Prueba de esto fue el éxito político de la izquierda legal durante los años 80, así como los numerosos paros y huelgas organizados por los movimientos sindicales durante el mismo período. Y aunque la legitimidad del Estado peruano se vio seriamente afectada durante los años 90, a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, ello no le dio tampoco entonces derecho alguno al PCP-SL a hacer su guerra contraria a los derechos básicos de la población.

El MRTA emprendió la lucha armada contra el Estado peruano al ver que el PCP-SL había conseguido desencadenar una guerra interna, con lo cual ellos creyeron llegado el momento para emprender su propio proyecto violento. Sus fines políticos fueron algo más abiertos que los del PCP-SL e intentaron demostrarlo respetando inicialmente las leyes de la guerra, vistiendo uniforme y dando repetidas señales de estar dispuestos a negociaciones de paz, pero cayeron pronto en graves contradicciones, pues trataron como enemigos a gobiernos que hacían respetar los derechos básicos y terminaron uniendo fuerzas a las de los criminales. El MRTA se ofreció como el brazo armado de la izquierda legal, pero tal pretensión fue rechazada por la izquierda legal misma, ya que el sistema democrático ofrecía las condiciones básicas para impulsar planes políticos dentro de la legalidad. En cuanto al modo de combatir, el MRTA, a diferencia del PCP-SL, intentó ceñirse inicialmente a los requerimientos de las leyes de la guerra, se abstuvo de atacar a la población inerme y concentró sus ataques en las fuerzas del orden. Sin embargo, en los últimos años del conflicto incurrió también en acciones criminales.

En resumen, la "guerra popular" declarada por el PCP-SL, así como la que emprendió poco después el MRTA, fueron ataques contra la paz, la autodeterminación democrática y los derechos fundamentales de los peruanos. Por ello, el Estado democrático, aunque quedó enfrentado a un enemigo interno, surgido de la propia población, tuvo en todo momento derecho a defenderse con la fuerza de las armas, porque es justo que un Gobierno legítimo se defienda de insurrecciones injustas.

Aquí se abren sin embargo dos cuestiones que serán abordadas a lo largo del presente estudio. Primero, debemos intentar establecer hasta qué punto las violaciones de derechos básicos de la población cometidas durante el conflicto por miembros de las Fuerzas Armadas responden a políticas y estrategias generales que las propiciaran. Segundo, debemos evaluar los daños que les hizo a las instituciones de la seguridad y la defensa del país el régimen de Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, iniciado en el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Este régimen abusó de la circunstancia de que la población se hallaba necesitada de mayor protección frente a los avances del PCP-SL. Procedió a violar sistemáticamente los derechos básicos de la población, aprovechando el hecho de que ésta se encontraba bajo fuego de los subversivos y que, por lo tanto, las fuerzas democráticas no podían llamar a resistir al gobierno golpista, pues éste al menos combatía al enemigo mayor, es decir, al terrorismo del PCP-SL. Los peruanos quedaron entre dos fuegos. Ello explica que hayan aceptado el régimen de Fujimori, pues nadie está obligado a resistir a quien atenta contra sus derechos si es que resistir implica poner en riesgo la existencia misma.

1.3.1. 1983-1985: guerra interna no asumida

Desde que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso inició su guerra revolucionaria contra el Estado peruano, el 17 de mayo de 1980, transcurrieron dos años y 7 meses hasta que el Gobierno de Fernando Belaunde Terry ordenó la respuesta militar. Este plazo parece una dilación si se juzga que se trataba de un enemigo interno que se había declarado en campaña militar contra el Estado y además se propalaba con virulencia en los Andes centrales usando el terror y la propaganda armada. Pero la decisión de ordenar un esfuerzo nacional de defensa militar es por lo general muy complicada, no es una consecuencia automática de cualquier declaración o acción de un oponente, por más agresivo que sea su comportamiento. Especialmente difícil es tomar tal decisión cuando se trata de una guerra interna. El Presidente Belaunde tenía que considerar las posibles consecuencias políticas, sociales y humanitarias. En la decisión sobre cuándo es oportuno emplear la fuerza de las armas para enfrentar una amenaza no sólo pesa el comportamiento del enemigo, sino también otros asuntos como qué sacrificios, esfuerzos, trastornos o cambios en la vida del país están implicados en la estrategia que se adopta, y cuál es el objetivo estratégico al que se dirigen los esfuerzos nacionales. Ninguna de estas preguntas tenía respuesta clara en ese momento.

Cuando tomó la decisión, Belaunde aprobó un plan de campaña para combatir militarmente a las "guerrillas" pero no convocó un esfuerzo integral de todos los sectores del Estado y la sociedad. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio las órdenes correspondientes, pero su estrategia no respondió a la verdadera estrategia del PCP-SL, que consistía en aislar del resto del país a la población local y enfrentarla a las Fuerzas Armadas. El resultado fue que se intentó pelear y ganar una guerra al margen del país, una guerra sólo reconocida a medias, sin el amplio apoyo del Poder Legislativo que corresponde a estos casos, sin adecuada política de imagen, sin plan político alguno para ganar el apoyo de la población de las zonas afectadas y sin medidas ciertas para evitar violaciones a los derechos humanos. La explicación de estos errores está en las contradicciones internas del Estado peruano y en la indiferencia irresponsable de la sociedad peruana ante el sufrimiento de los pobladores de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Éstos, así como soportaron pobreza y abandono por siglos, así tuvieron que soportar que se peleara en sus pueblos y campos una guerra que, según los planes oficiales, debía acabar sin mayores consecuencias para el país.

1.3.1.1. La decisión política de enfrentar a la subversión con una campaña militar

Los primeros dos meses de la declarada "guerra popular prolongada del campo a la ciudad" transcurrieron antes de la transferencia del mando, bajo el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuya Junta Militar había ratificado como Presidente de la República a Francisco Morales Bermúdez. Está claro que el gobierno militar no reconoció la gravedad de la amenaza representada por el PCP-SL. En todo caso, consideró más importante la transferencia del gobierno a los civiles, proceso que se dificultaba si se emprendía al mismo tiempo una campaña militar contra un enemigo interno. Además, en los años 70 eran muchos los grupos políticos de izquierda que se planteaban la posibilidad de la lucha armada. No era fácil distinguir si alguno de ellos, y cuál, había empezado a dar pasos firmes en esa dirección. Según el relato de un alto mando militar de esa época, el gobierno militar puso al tanto de las amenazas internas a los dos principales grupos políticos de la Asamblea Constituyente, el Apra y el PPC, con cuyos líderes -Haya de la Torre y Bedoya Reyes, respectivamente -se acordó por consenso dar prioridad a la transferencia. Según esta misma fuente, a poco de iniciado el gobierno de Belaunde, el alto mando militar propuso una reunión con un grupo de ministros para presentarles las apreciaciones de inteligencia sobre las amenazas internas. Esta reunión tuvo lugar en agosto de 1980, con la participación de los ministros Osterling, de la Jara, Grados y Alarco. Estas apreciaciones, preparadas por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fueron expuestas por el Crnel. Marquesi.

La parsimonia con que se trató el asunto se explica en el contexto de las convicciones ideológicas del momento. Muchos altos oficiales de las Fuerzas Armadas se habían desempeñado como políticos durante la década del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y creían que la reforma agraria que habían hecho bastaba para eliminar, desde sus causas, la aparición de guerrillas. Recuérdese que en esos años la reforma agraria continuaba siendo un objetivo de las guerrillas de América Central. No obstante, Morales Bermúdez no se consideraba un revolucionario, pertenecía a la corriente "institucionalista" que desplazó al Gral. Velasco en 1975 y que planteó el retorno a la democracia. Dos objetivos principales guiaban a su gobierno, entregar el poder a un gobernante elegido y obtener para las Fuerzas Armadas una posición firme e influyente dentro del nuevo orden constitucional. El consenso entre los militares exgobernantes era que el cambio social más importante, la reforma agraria, ya había sido logrado, y que el regreso a la democracia permitiría sobrellevar mejor las oleadas de huelgas y nuevos movimientos populares de izquierda. La única actividad militar dirigida a la hipótesis de subversión fue la formación de una unidad contrasubversiva dentro de cada división de infantería, lo cual se hizo con los manuales y experiencia de los años 60. Durante el cambio de gobierno, los militares se aseguraron conservar un amplio margen de decisión y acción en lo que a la política de defensa se refiere. Fue muy sonada una declaración del Presidente saliente, Francisco Morales Bermúdez, quien dijo que la entrega del gobierno a manos civiles no significaba una entrega completa del poder.² Debe tenerse en cuenta también que Morales Bermúdez negoció con Belaunde la permanencia de los comandantes generales miembros de la Junta de Gobierno al frente de las Fuerzas Armadas. La responsabilidad -y la autoridad -en los asuntos de seguridad quedaba en las mismas manos. Así, los comandantes generales al inicio del Gobierno de Belaunde fueron los mismos del gobierno saliente. La señal más clara de que esta era una transferencia parcial de poder fueron las detalladas leyes secretas sobre el Sistema de Defensa Nacional que el gobierno militar dictó en junio de 1980, poco antes del ascenso de Belaunde. En ellas se establecía, entre otras muchas atribuciones, que eran instituciones militares -el Comando Conjunto, la Secretaría de Defensa, el Servicio de Inteligencia -las encargadas de definir las amenazas y ponerlas a consideración del Presidente y algunos ministros en el Consejo de Defensa Nacional. Las leyes permanecieron ocultas hasta que una consulta del Senado obligó a las Fuerzas Armadas a referirse a ellas. Cuando los senadores interesados exigieron conocer las leyes se les contestó primero que eso era imposible porque eran secretas. Sólo cuando estos amenazaron con hacer de eso una cuestión política, les fueron enviadas copias de las leyes. Las presiones por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas para que estas leyes se dieran por definitivamente establecidas tuvieron éxito. El Ejecutivo y el Legislativo se limitaron a tomar conocimiento de ellas. Como veremos más adelante, esto contribuyó a la inacción política en el campo de la defensa. La democracia de 1980 nació desautorizada por las Fuerzas Armadas en materia de defensa.

La autonomía de los altos mandos militares en política de defensa les permitió también mantener sus afinidades institucionales con sus pares de América Latina, especialmente con los argentinos. En junio, faltando unas semanas para que Belaunde asumiera la Presidencia, cinco ciudadanos argentinos, peronistas de izquierda, fueron secuestrados en Lima por un comando militar argentino y transportados a su país³. En resumen, las Fuerzas Armadas peruanas estaban devolviendo el gobierno a los civiles con la evaluación de que las izquierdas marxistas peruanas se encauzarían por las elecciones o, en caso de aparecer brotes subversivos, serían manejables como lo fueron esos montoneros argentinos en Lima. Pero el PCP-SL escapaba en verdad a este marco.

Repasemos algunos de sus antecedentes. El PCP-SL hacía proselitismo intensamente desde mediados de los años 70 en los centros educativos escolares y superiores de Ayacucho y en otras organizaciones locales con el abierto propósito de iniciar la lucha armada. Ideológica y programáticamente se distanciaba del resto de la izquierda y de las guerrillas centroamericanas y les contraponía un programa extremo inspirado en la revolución agraria y cultural china.⁴ Ni el gobierno, ni la oposición, ni los altos mandos de las Fuerzas Armadas se percataron de lo que esto podía significar.

Prueba de la ignorancia en que se encontraban tanto el Gobierno de Belaunde como las Fuerzas Armadas sobre la verdadera naturaleza del problema es la desproporción entre el presupuesto que pidieron al Legislativo para la defensa exterior y el dinero destinado a la campaña antisubversiva. En la década anterior, bajo la dictadura militar, el Perú había hecho gastos desmesurados en sistemas de armas e instalaciones militares, con el propósito de incrementar su importancia geopolítica regional y mundial. El papel protagónico del Perú en esa época en el movimiento de los países No-Alineados permite apreciar hasta qué punto los militares entendían los problemas políticos en términos internacionales. La hipótesis de guerra externa contra el Ecuador o contra Chile, y en el peor de los casos contra ambos a la vez, en una guerra de dos frentes, era política oficial del Estado. Por ello, los ministerios militares continuaron exigiendo y obtuvieron este tipo de gasto durante el segundo gobierno de Belaunde,⁵ apoyados en los eventos de la Guerra de las Malvinas (que bien puede entenderse como una maniobra de Galtieri y su Junta para coronar su guerra sucia interna con los laureles de una guerra convencional) y los choques por el "falso Paquisha" con el Ecuador. Consiguieron mantener un presupuesto militar equivalente al 26% del presupuesto nacional, recurriendo al concepto de "gastos suplementarios" debidos al conflicto con el Ecuador. En comparación con estos gastos, que simplemente ratifican prioridades estratégicas del gobierno militar, son ínfimas las sumas destinadas a la campaña contrasubversiva 83-85, incluidos los proyectos de desarrollo local y la "acción cívica." Ni siquiera avanzado el conflicto se recapacitó sobre esta desproporción entre gasto y amenaza. El incremento espectacular del gasto militar en 1985 se debió a la adquisición de una escuadra de aviones de combate Mirage, lo cual no tenía nada que ver con el conflicto interno ni tampoco guardaba relación clara con las necesidades de la defensa exterior.

Cuadro 1

El Gasto Militar (GM) en proporción al Producto Bruto Interno (PBI)

Gobierno Militar

Gobierno de AP

1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
3.2	4.1	4.8	7.0	5.2	3.7	5.0	4.2	4.6	4.8	5.6	6.5

Fuente: ACDA World Military Expediture and Arms Transfer 1971- 1980 y 1990

Otra herencia dejada por el Gobierno Militar es el Sistema de Defensa Nacional y sus leyes. El SDN, concebido principalmente para la defensa exterior, determina la concentración de fuerzas en las Regiones Militares I (norte) y III (sur), quedando la II Región, que abarcaba la sierra central donde ocurría el conflicto, con la mayor parte de su efectivo en Lima.

Pero lo peor de este legado es que el SDN establece una neta segmentación del Estado, que otorga a los militares la iniciativa y competencia en política de defensa, con la sola obligación de sustentarla ante el Presidente. Ello se refleja en la Constitución de 1979, que confiere a las Fuerzas Armadas el mandato constitucional de "garantizar" la seguridad y la defensa nacional. En vez de ser un paso hacia un rol más moderno de las Fuerzas Armadas, la Constitución de 1979 elevó al rango de norma suprema del Estado la función "tutelar" de las Fuerzas Armadas. Según esta doctrina, sólo parte del poder nacional surge del voto democrático y fluye a través de las directivas del gobierno y los ministros responsables. Otra parte sustancial reside en las Fuerzas Armadas -es decir, el cuerpo de oficiales militares, marinos y pilotos de guerra peruanos. Los oficiales reciben directamente de la Constitución un mandato que deben cumplir sea o no coincidente con la política de los Poderes elegidos, es decir, la Defensa Nacional es una función del mismo rango que la función del Poder Ejecutivo o el Legislativo, sólo que es "no deliberante", precisión que resultó muy confusa y hasta ahora nadie sabe qué significa. Esta doctrina fue elaborada por las Fuerzas Armadas e insertada en la Constitución por la vía del arreglo político para la transferencia del poder. El efecto de su constitucionalización fue que se bloqueó la posibilidad de una política integral antisubversiva elaborada conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo y los militares, pues los militares siguieron sintiéndose capaces de definir por sí solos la política de defensa y los políticos, tanto en los ministerios como en el Congreso, no asumieron en la práctica esa tarea. Añádase a esto el hecho ya mencionado de que las leyes orgánicas correspondientes a este capítulo de la Constitución, en las cuales se establecía claramente las prerrogativas políticas de las instituciones militares, fueron dictadas en secreto por el gobierno militar poco antes de la transferencia. Cuando los militares empezaron a desarrollar conceptos antisubversivos más abarcadores, que implicaban políticas generales del Estado, éstos chocaron con una profunda incomprensión por parte del gobierno y el parlamento.

Los numerosos atentados cometidos por el PCP-SL en 1980 -la mayoría de ellos petardistas, algunos ya cruentos -desencadenaron al final de ese año un debate dentro del recién instaurado gobierno democrático. El Ministro del Interior, José María de la Jara, se pronunció el 23 de diciembre en contra de que se declarasen en estado de emergencia las zonas afectadas. El gobierno militar había usado en los dos años anteriores reiteradamente la suspensión de garantías constitucionales para enfrentar las huelgas sindicales. De la Jara consideraba que el terrorismo se podía controlar sin suspender las garantías, sino con medios policiales, pues la Guardia Civil y, particularmente, la Policía de Investigaciones venían haciendo significativas capturas.⁶ Sin embargo, desde esos primeros momentos, a inicios de 1981, el gobierno calificaba los actos del PCP-SL como terrorismo, algunos sectores proponían ya el empleo de las Fuerzas Armadas y el mismo Presidente de la República declaró que, a su parecer, quienes pretendieran destruir las riquezas del país y perturbar la paz con actos de terrorismo y sabotaje debían ser considerados traidores a la Patria. En enero de 1981, José María de la Jara presentó al Consejo de Ministros un proyecto de Decreto Legislativo que tipificaba el delito de terrorismo, lo cual ocasionó expresiones públicas de rechazo de diversos sectores de izquierda. La intención del ministro era reforzar los medios legales de la lucha policial contra el terrorismo, la cual, mediante numerosas capturas, había logrado reducir notoriamente el número de atentados en los últimos meses. El Decreto Legislativo 046, que tipificó el delito de terrorismo y estableció las penas, se promulgó el 10 de marzo de 1981. Sin embargo, ante la continuación de los atentados, Javier Alva Orlandini, destacado congresista del partido gobernante, planteó que se declare el estado de emergencia en Ayacucho y se ordene a las Fuerzas Armadas combatir el terrorismo.

El 11 de octubre de 1981, unos 50 subversivos atacaron el puesto policial de Tambo, en la provincia de La Mar, Ayacucho, de donde se llevaron armas de fuego. El gobierno puso al día siguiente en estado de emergencia a cinco de las siete provincias de Ayacucho -Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo -, suspendiendo también allí por 60 días las garantías constitucionales relativas a la libertad individual. Conviene examinar aquí el artículo correspondiente de la Constitución de 1979:

Artículo 231. El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decreta, por plazo determinado, en todo o parte del territorio y dando cuenta la Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este Artículo se contemplan:
a. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.
En esta eventualidad, puede suspender las garantías constitucionales relativas a la libertad de reunión y de inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, que se contemplan en los incisos 7, 9 y 10 del Artículo 2 y en el inciso 20g del mismo Artículo 2.
En ninguna circunstancia se puede imponer la pena de destierro.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días.
La prórroga requiere nuevo decreto.
En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando lo dispone el Presidente de la República.

El estado de emergencia así definido abarca una gama de casos, que van desde la catástrofe natural, pasando por la perturbación de la paz, hasta las más graves circunstancias que puedan afectar el orden interno. Se entiende que según la gravedad del caso, el Presidente puede simplemente declarar el estado de emergencia, o bien puede además suspender las garantías, y llegado el momento, puede disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno.

La decisión presidencial de declarar en emergencia esas cinco provincias de Ayacucho incluyó la suspensión de garantías, pero no el ingreso de las Fuerzas Armadas. De todos modos, poco después renunció José María de la Jara, asumiendo la responsabilidad politica por un incidente asociado a la muerte de un estudiante de oposición en el Cusco. El 30 de octubre juramentó como Ministro del Interior el Gral.( r) Juan Gagliardi Schiaffino. Entró también en ese momento como Ministro de Guerra el Gral. Luis Cisneros Vizquerra. Ninguno de los dos era partidario de emplear la fuerza militar en la zona en emergencia. A lo largo de 1982 se alternaron los llamados a la prudencia con los llamados a la acción militar, y los esfuerzos policiales con los ataques del PCP-SL, en los cuales éste mostraba una capacidad militar cada vez mayor. El más claro portavoz de la posición contraria al empleo de las Fuerzas Armadas fue el propio Ministro de Guerra, Luis Cisneros Vizquerra, quien declaró al periodismo que las Fuerzas Armadas, en caso de asumir el control del orden interno en Ayacucho, "tendrían que comenzar a matar senderistas y no senderistas, porque esa es la única forma como podrían asegurarse el éxito. Matan 60 personas y a lo mejor ahí hay 3 senderistas... y seguramente la policía dirá que los 60 eran senderistas. [...] Creo que sería la peor alternativa y por eso es que me opongo, hasta que no sea estrictamente necesario, a que la Fuerza Armada ingrese a esta lucha".^{7 El} tono drástico de la advertencia corresponde a dos circunstancias completamente reales en ese momento. Por un lado, una parte de la opinión pública, escandalizada por los atentados, exigía usar pronto la fuerza de las armas para erradicar el problema. Por otro, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para otra cosa que para tomar el control militar de la zona reduciendo por la fuerza toda resistencia, al igual que en una guerra convencional, lo cual hacía prever numerosas muertes de inocentes.

El PCP-SL se encargó de proyectar la imagen de que el conflicto estaba entrando a una fase militar. El 2 de marzo se produjo el asalto al Centro de Reclusión de Alta Seguridad (CRAS) de Huamanga, de donde lograron escapar 304 reclusos, de los cuales aproximadamente 70 eran senderistas. Los atacantes se distribuyeron por la ciudad, dispersando y fijando a los policías con tiroteos mientras sometían a los vigilantes de la cárcel. Los efectivos del Ejército no salieron del cuartel "Los Cabitos", pues no había orden de Lima. La fuga de los senderistas presos fue un golpe durísimo para las fuerzas policiales y, en general, para la política del Gobierno. Horas después de la fuga, en la madrugada del 3 marzo, un grupo de guardias republicanos y otros efectivos policiales extraen del hospital central de Huamanga a tres pacientes que eran también presuntos senderistas detenidos y los asesinaron con crueldad. Se supo que el Ministro del Interior Gagliardi Schiaffino se dispuso a renunciar al día siguiente, pero que fue convencido de no hacerlo por otras personalidades del gobierno.

En los meses siguientes los senderistas presos fueron trasladados a la isla penal de El Frontón, cuyas instalaciones carcelarias se reabrieron con este fin. Los atentados y ataques del PCP-SL arreciaron. Sólo en el mes de julio hubo 34 acciones terroristas y 5 incursiones armadas a pequeños poblados. Para reforzar el trabajo policial, Belaunde declaró el 20 de agosto el estado de emergencia en Lima y Callao. Pero las acciones senderistas de tipo militar se sucedieron casi a diario. El 22 de agosto es atacado el puesto policial de Vilcashuamán, donde resultan 7 policías muertos tras 5 horas de combate. El 2 de septiembre, en un enfrentamiento con la Guardia Republicana, muere la dirigente senderista Edith Lagos, quien había fugado de la cárcel de Ayacucho. Su entierro en Huamanga fue una manifestación multitudinaria.

Belaunde y algunos miembros de su Gobierno estaban seriamente preocupados tanto por las implicancias políticas del ingreso de las FFAA a la zona de emergencia, que entonces se veía difícil de evitar, como por los avances de la subversión. El Presidente se resistía a aprobar una campaña militar porque, según su experiencia, había una relación causal entre la intervención militar contra las guerrillas de los años 60 y el golpe de las FFAA que lo derrocó en 1968. No le faltaba razón, porque los mismos militares habían fundamentado aquella vez su decisión institucional de tomar el poder en la necesidad de prevenir mediante reformas los levantamientos campesinos y las guerrillas marxistas. Esa visión de las cosas seguía vigente en las Fuerzas Armadas, como se pudo comprobar poco después, cuando el Gral. Huamán Centeno asumió el comando de la zona de emergencia. Según relato de un senador de la época, Belaunde, confrontado por propios y extraños con la exigencia de que destacara las Fuerzas Armadas a Ayacucho, llegó a temer que se tratara de una conspiración contra la democracia. Entre quienes apoyaban la solución militar destacaba Javier Alva Orlandini, secretario general de Acción Popular. El primer Ministro saliente, Manuel Ulloa Elías, y el entrante, Federico Schwalb, también la apoyaban, mientras el influyente diario El Comercio editorializaba reiteradamente sobre el tema.⁸ Gagliardi, desautorizado en su iniciativa de dialogar con los líderes senderistas, insistió sin embargo en mejorar sustancialmente el rendimiento de los servicios de inteligencia y equipar adecuadamente a la policía. En las declaraciones del Gral. Luis Cisneros Vizquerra se mezclaban las advertencias a los políticos, a la sociedad civil y a los senderistas. "¿ Antes que ingrese la Fuerza Armada, no sería necesario que entre el país para que rechace no sólo de palabra sino de acción esta situación?"⁹ Advertía sobre la necesidad de que todos los grupos políticos se unieran en el rechazo al terrorismo, pero no sólo de palabra, sino que acordasen un plan nacional para resolver los problemas de la zona de emergencia, de forma que conquistasen el liderazgo político al mismo tiempo que se retomaba el control militar. El carácter indiscriminado que tendría la represión militar haría más urgente y difícil conseguir ese liderazgo democrático, y la ausencia de éste empeoraría las consecuencias de la intervención armada. Se produjo entonces una confusión en la opinión pública que fue parte de ese momento de tragedia nacional. Muchos confundieron con amenazas las terribles advertencias de Cisneros. Se le atribuyó malevolencia en vez de considerar la gravedad de lo que decía. En esos días Belaunde había tomado ya su decisión.¹⁰ El 27 de diciembre lanzó un ultimátum a los terroristas para que entregasen las armas. El 31, alrededor de 2000 efectivos del Ejército entraron en acción en la zona de emergencia.

Los hechos del año 1982 dejan ver que la estrategia terrorista del PCP-SL sorprendió completamente al gobierno de Belaunde y reveló las tensiones entre los sectores del Estado peruano. Ni el control militar del orden interno en la zona en emergencia, previsto en la Constitución como la medida adecuada a una perturbación grave, ni las capacidades militares existentes aseguraban una acción exitosa contra el PCP-SL, antes bien ponían las condiciones que el PCP-SL buscaba para pasar a una fase más avanzada de su guerra. Los asaltos a instalaciones policiales, especialmente al CRAS de Huamanga, no tuvieron como objetivo tomar el control de un territorio, ni siquiera por un momento, sino sólo infligir daños a la fuerza local, llevarse armas y eventualmente liberar prisioneros. Lo mismo vale para las incursiones armadas del PCP-SL en poblaciones rurales. Los atentados dinamiteros, ataques a personas y especialmente a policías en el resto del país, sobre todo en Lima, demostraban capacidad de acción puntual. Los subversivos abandonaban sin problemas los lugares donde habían hecho presencia y dejaban a su suerte a los pobladores que, bajo amenaza, en muchos casos los habían apoyado. En otras palabras, no buscaban el dominio militar. Ello se explica porque el PCP-SL no se proponía garantizar ningún conjunto de derechos básicos, su poder consistía únicamente en la acumulación de fuerzas para realizar su proyecto político de larguísimo plazo.

El objetivo militar clásico de establecer el dominio o el absoluto monopolio de la violencia en un determinado territorio es derivado del objetivo político de establecer un estado de derecho, lo cual es una característica esencial de los Estados modernos. Esto no interesó en ningún momento al PCP-SL. Su "justicia revolucionaria" era sumamente autoritaria y arbitraria, respondía a la finalidad de demostrar el poder del partido. Ahora bien, el sistema policial y penal del Estado no tenía suficiente presencia en las zonas donde el PCP-SL empezó sus actividades y no pudo desarticular la organización clandestina, aunque el accionar de ésta sólo producía más inestabilidad, incertidumbre y pobreza para la población. Ello se explica porque la policía y el Poder Judicial sólo pueden actuar allí donde están dadas ciertas condiciones sociales mínimas. Para que la policía pueda actuar, la sociedad tiene que estar estructurada en cierto grado según derechos iguales para todas las personas y éstas tienen que contar con el recurso a la policía y al Poder Judicial para reforzar esos derechos cuando sean desafiados. Éste es un rasgo distintivo de una sociedad civil, el predominio de las relaciones de derecho igualitario. Por eso no hay policía en una sociedad feudal, sólo milicias del gobernante. El PCP-SL logró en 1982 destruir pronto los escasos avances del estado de derecho en los Andes centrales y empezó a prosperar como un poder local pese a no ofrecer ningún estado de derecho alternativo. En esto consistía la situación gravísima que afrontaba el Estado peruano. Bajo los golpes de una agrupación terrorista colapsaron las precarias estructuras jurídicas e institucionales modernas en un amplio territorio del interior del país. No era el caso que una fuerza militar enemiga estuviera imponiendo a la población una jurisdicción distinta, como en las provincias que Chile ocupó en la Guerra del Pacífico. El PCP-SL no establecía ningún orden jurídico igualitario. Quienes estaban con el partido lo podían todo, y quienes estaban contra él, no tenían derecho a nada.

¿Qué puede hacer un ejército para convertir a la población bajo su dominio en una sociedad civil? ¿Cómo luchar contra los enemigos de los derechos civiles que se ocultan en un medio social donde el común de la gente no conoce ni ejerce esos derechos? La decisión de encargar a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en la zona de emergencia se hizo sin claridad ni estudio sobre la especial dificultad de esta misión. Es obvio que no se trataba de ocupar militarmente la zona. Las bases militares existentes en la zona antes de establecido el control militar del orden interno nunca fueron atacadas por el PCP-SL, ni tampoco los transportes ni el personal militar, por más que quedaran eventualmente en situación vulnerable. Tampoco se trataba de proteger o reinstaurar un sistema policial, judicial e institucional desbordado por las acciones de una agrupación criminal pero requerido por la población, porque ese sistema ya no funcionaba como tal, si alguna vez lo hizo. De tener escasa presencia había pasado en un año a no tener ninguna y a limitarse a reprimir y perseguir las acciones del PCP-SL. La misión real de las Fuerzas Armadas era mucho más extraña y difícil, era poner las condiciones para el surgimiento de un estado de derecho allí donde no las había, es decir, posibilitar que se genere en la población la conciencia de tener derechos básicos y de pertenecer a un Estado que los garantiza, y para ello eliminar a la organización empeñada en destruir todo asomo de esa conciencia, el PCP-SL. Como se ve, las responsabilidades encargadas a las Fuerzas Armadas en el momento en que el Presidente dispone que "asuman el control del orden interno" son desmesuradas en comparación con sus prerrogativas.¹¹ Poner las condiciones para el imperio de la ley y para que pueda funcionar un sistema policial y judicial supone una acción integral del Estado, no sólo conquistar por las armas el dominio territorial. Si este gran objetivo se encarga exclusivamente a las Fuerzas Armadas, se entiende que ellas tienen que dirigir y organizar esa acción integral, la cual incluirá desarrollo económico, educativo, institucional, normativo.

Belaunde tenía temores fundados sobre la tendencia a reconstruir el poder político de los militares que esta decisión reanudaba. Que las Fuerzas Armadas fueran a promover el desarrollo económico, a educar y a dar derechos a las personas era en ese momento tan falso como lo fue durante toda la década pasada. Iban a patrullar, encañonar y disparar, iban a matar en nombre de la Patria, tal como lo había advertido Cisneros. Belaunde asumió la responsabilidad de mantener la misión de las Fuerzas Armadas limitada estrictamente al plano bélico, esperando así que no se repitiera la ilusión militarista de la década anterior. De hecho, el retraso de las capacidades civiles, especialmente de los partidos políticos, podía atribuirse en ese momento a la misma dictadura militar, la cual tuvo a Belaunde doce años desterrado. El movimiento Cooperación Popular promovido por su partido y su gobierno en los años 60 había surgido para encarar estas tareas y no había logrado sus objetivos debido tanto a la fragmentación política del país como al golpe militar. También hay que tomar en cuenta que el PCP-SL creció y se organizó durante los últimos años del gobierno militar, alimentado por la pobreza extrema de una región a la cual la Reforma Agraria no le había traído beneficios. No podían presentarse pues las Fuerzas Armadas como autoridades en desarrollo económico y político, ni exigir tener de nuevo las prerrogativas que tuvieron plenamente durante los años 70, por más que ello hiciera terriblemente difícil la nueva campaña antiguerrillas.

Como la orden a las Fuerzas Armadas de asumir el control del orden interno en Ayacucho fue entendida por Belaunde en el sentido restringido de enfrentar militarmente a los enemigos del Estado, quedaba implícito que el Estado asumiría el conjunto de tareas no militares necesarias para restablecer allí efectivamente el estado de derecho. Si había limitación de funciones militares, eso quería decir que debía haber división del trabajo con los civiles. Sólo una audaz combinación de esfuerzo militar y esfuerzo de promoción social y servicios públicos hubiera podido reducir la violencia del enfrentamiento y aislar al PCP-SL antes de que reuniera fuerzas para propagarse por el resto del país. Ello no sucedió por dos razones: por un lado, el nuevo equipo político que rodeaba a Belaunde no se inclinaba a liderar ese tipo de acciones de desarrollo, y por otro, la estrategia del PCP-SL incluía asesinar a los funcionarios públicos y, en general, a los agentes de desarrollo, sean estatales o no. Antes de empezar las acciones ya existía la lógica de enfrentar a la subversión con una estrategia meramente militar y sin involucrar a la autoridad civil en el liderazgo del componente político de la lucha.

Así quedó planteada una campaña militar antisubversiva con un objetivo extremadamente complejo y un apoyo mínimo por parte del resto del Estado y de la sociedad. Belaunde no quiso dar esta guerra, dio la orden lleno de escrúpulos cuando ello se le presentó como absolutamente inevitable. No hubo en las Fuerzas Armadas tampoco nadie que propiciara esta entrada. Sólo el PCP-SL pudo ver el ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho como un paso importante dentro de su plan largamente premeditado¹².

1.3.1.2. Estrategia inadecuada

Las Fuerzas Armadas elaboraron a pedido del Presidente, y sustentaron ante él en sesión del Consejo de Defensa Nacional, un plan de campaña basado en una evaluación de la estrategia del PCP-SL y de su organización militar y política como una guerrilla semejante a las anteriores, inserta en el movimiento comunista internacional y por ello dependiente del apoyo externo. Las operaciones se prepararon y ejecutaron según el manual NE-41-1, el cual había servido diecisiete años antes en la campaña antiguerrillera de 1965. Las experiencias de los años 60 y la instrucción de la Escuela de las Américas de los años 70 en guerra no convencional determinan ampliamente la estrategia antisubversiva de las Fuerzas Armadas peruanas a inicios de los años 80. En el curso de Guerra Revolucionaria de la Escuela de Guerra del Ejército no se estudia el maoísmo como estrategia militar revolucionaria, sólo se lo identifica como tendencia ideológica. La atención se centra sobre las guerrillas guevaristas y la estrategia revolucionaria de focos guerrilleros. Aunque la estrategia de los años 60 ya chocaba con serias dificultades en América Central, y aunque se sabía que el PCP-SL no era una guerrilla del tipo anterior, no se sabía positivamente qué tipo de estrategia estaba usando.

En los primeros años del conflicto, las Fuerzas Armadas carecían de adecuada inteligencia sobre la organización y las formas de operar del PCP-SL. Tanto las Fuerzas Armadas como el Gobierno ignoraban que el PCP-SL no dependía de apoyo ni de directivas foráneas, que no establecía campamentos ni mantenía columnas y que acumulaba poder político y militar mediante una estrategia sin precedentes en América Latina.¹³ El Ejército dedujo el carácter de su misión de la Directiva de Gobierno Nº 02 SDN/ 81. No contaban con un marco estratégico integral y duradero asumido por el gobierno. Sin embargo, en dicha directiva se afirmaba que la tarea era "reducir las motivaciones que condicionan la subversión mediante la aplicación de medidas preventivas destinadas a mantener y/ o establecer el régimen constitucional." En ello estaba implícito que la acción militar debía enmarcarse en un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales. En los hechos debía entenderse también que este conjunto de medidas tendrían que seguir de inmediato a la recuperación del dominio militar de la zona, porque es evidente que ellas no podrían ponerse en práctica donde los elementos armados del PCP-SL estuvieran activos. Pero la rápida aplicación de las medidas políticas, sociales y económicas para consolidar los avances del control militar no fue siquiera planeada por el gobierno. Al parecer, lo ganado militarmente pueblo por pueblo debía consolidarse también militarmente.

La estrategia del PCP-SL apuntaba a involucrar en el conflicto a la población, practicando sistemáticamente el terror y el asesinato, el reclutamiento forzado y el uso de las poblaciones como escudos humanos, violando las más elementales leyes de la guerra con la finalidad de obtener un poder político totalitario. Además, no establecía en general campamentos ni se proponía establecer columnas permanentes. La concepción de larguísimo plazo, de inspiración maoísta, permitía al PCP-SL acumular poder mediante violencia permanente, selectiva y difusa contra la población civil. El PCP-SL dirigía sus acciones primero contra las personas que representaban al Estado o mantenían relaciones con instituciones públicas, pero también contra quienes tenían actividades comerciales o agropecuarias que implicasen integración al mercado nacional, al crédito o a ayuda técnica. O bien conseguían el total sometimiento y colaboración de estas personalidades locales, como el maestro de escuela o el juez de paz, o los asesinaban con crueldad tras infames "juicios populares". "Batir el campo" implicaba también destruir los intereses económicos organizados, es decir, descapitalizar el área, por lo cual mataban el ganado seleccionado, destruían los pocos tractores y bombas de agua, en ocasiones hasta los puentes y carreteras. Más que movilizar a la mayoría de la población, el PCP-SL buscaba paralizarla, y en términos políticos y militares, reducirla a la neutralidad, de forma que se convirtiera en un reservorio de material humano a disposición del PCP-SL.

El núcleo de simpatizantes que el PCP-SL establecía en cada localidad servía de base logística e inteligencia a los militantes del partido, quienes hacían su aparición armada ocasionalmente para ajusticiar a los denunciados por el núcleo y ejecutar las medidas de expropiación, extorsión o leva forzada. Si flameaban banderas rojas no era porque la población fuera mayoritariamente senderista, ni mucho menos, sino porque estaba aleccionada por el PCP-SL de que nadie debía atreverse a retirar las banderas rojas que pusieran sus agentes locales.

Otra peculiaridad del PCP-SL ignorada por la estrategia antisubversiva de inicios de los 80 es que no dependía en absoluto de apoyo externo. Equivocadamente, se creía importante aislar el territorio donde operan los subversivos, para impedir la llegada de directivas y apoyo desde el extranjero. El Gral. Clemente Noel, jefe militar de la zona, habla de "ramificaciones externas" del PCP-SL que "posiblemente lo conducen".¹⁴

La estrategia adoptada por las Fuerzas Armadas suponía que la población se dividía en poblados subversivos y poblados leales al Estado Peruano. El PCP-SL en realidad segmentaba cada colectividad rural y, usando su base de apoyo en un segmento, lograba atraer la respuesta militar contra toda ella. Así se explica el elevado número de víctimas inocentes. La respuesta militar consistía en tomar el control de poblados y zonas rurales, durante lo cual se esperaba destruir los elementos armados o fuerzas enemigas. Pero el PCP-SL, a diferencia de las anteriores guerrillas comunistas, practicaba una guerra irregular en la que sus combatientes no usaban uniformes, se confundían entre la población y no se proponían adquirir el dominio militar de las zonas donde desarrollaban su poder. Al menos durante el primer año, el comando militar de la zona de emergencia creyó incluso que el PCP-SL preparaba ataques masivos y simultáneos a todas las bases contrasubversivas para tomar el control territorial.¹⁵ En ello se equivocaron totalmente.

La misión de la campaña contrasubversiva se definió como recuperación del dominio territorial. Las operaciones militares empezaron el 30 de diciembre de 1982, cuando el gobierno dispuso la intervención de las FFAA en la lucha antisubversiva. Bajo el mando del Gral. Clemente Noel Moral se reorganizó la subzona de seguridad nacional E, que abarca 5 provincias de Ayacucho y todo Huancavelica, extendiendo la subzona a la provincia de Andahuaylas. El planeamiento se realiza en las instancias militares locales, con aprobación del Comando de la Zona de Seguridad Nacional del Centro.

Se determinaron y ocuparon Zonas, Subzonas y Áreas de Seguridad Nacional, en las cuales se desplegaron Fuerzas de Control Territorial y algunas Unidades de Reserva Móviles. Las prioridades estratégicas fueron las siguientes. Primero, proteger a las poblaciones amenzadas por el terrorismo, a las autoridades locales y los servicios públicos esenciales; segundo, controlar la posesión de armas, municiones y explosivos, hacer patrullajes de reconocimiento y búsqueda de información y tomar medias de control de la población, como hacer registro de datos, controlar el tránsito de vehículos y personas, establecer el toque de queda; tercero, establecer redes de colaboradores para obtener información que permitiera identificar a los terroristas. Este último aspecto tomó mucho tiempo y se aplicó muy accidentadamente, de forma que el objetivo final de introducir una separación entre la población y los elementos políticos y armados del PCP-SL sólo fue encarado y trabajado al final de este período, sobre la base de la dura experiencia de un control territorial y unos patrullajes que produjeron numerosas situaciones de violencia y permitieron el accionar del PCP-SL.

Luego de las primeras inspecciones del terreno y una evaluación preliminar de la distribución de la presencia subversiva se resolvió reforzar el dispositivo militar. Se incrementó el contingente de la 2da División de Infantería de Ayacucho y se la reforzó con una unidad aerotransportada. Los tres batallones de esa división no tenían antes de esto su efectivo completo. Se incrementaron con compañías de material de guerra, de comando de operaciones, ingeniería militar y un agrupamiento aerotransportado. Los batallones así reforzados, antes acuartelados en Pampas, Huamanga y Huanta, se desplegaron en bases contrasubversivas distribuidas por toda la zona de emergencia.

La medida más original fue destacar dos compañías de la Infantería de Marina a un área que abarcaba desde Huanta hasta el valle del Apurímac, en la zona selvática de San Francisco. Se trata de un corredor que une zonas muy difíciles de controlar, pues conecta desde altiplanicies frías, "punas", hasta bosque tropical montañoso, "selva alta". Además, el abra controlada por la Marina era usada por avionetas particulares para pasar de Huamanga a San Francisco, a orillas del río Ene, que es una zona cocalera. Como precedente para esta decisión sirvió la operación antinarcóticos "Mar verde" de 1979.

Se establecieron bases contrasubversivas en todas las capitales de provincia y en puntos que permitían el control de los valles, como la hacienda Luisiana en San Francisco. La táctica principal fueron los patrullajes en fuerza a partir de las bases. Pronto fue notorio que no era cuestión de reunir mayor capacidad de fuego en determinados puntos, pues los subversivos no daban batalla, se limitaban a incursionar en las poblaciones inermes, a atacar puestos policiales y, eventualmente, hostigar a alguna patrulla militar. La experiencia obligó entonces a aumentar el número de bases, que llegaron a ser en 1984 más de 60 en los tres departamentos que formaban la zona de emergencia. Mayor densidad de la presencia militar y mayor número de patrullajes fueron la respuesta a las apariciones siempre difusas y repentinas de los subversivos. En los lugares de mayor presencia subversiva, la conservación de condiciones mínimas de seguridad y presencia del Estado pasó a depender crónicamente de la presencia de las bases militares.

La Infantería de Marina debió abandonar los usuales pelotones y escuadras para formar patrullas de combate, las cuales se alternaban también en los servicios de la base. Esta transformación fue resultado de las experiencias de combate, las patrullas pequeñas se generalizaron recién en 1984. En la zona de emergencia operaban alrededor de 250 infantes de marina, el equivalente a dos compañías, los que eran relevados cada dos meses, se preparaban y descansaban en la base naval de Ancón. En total, la Infantería de Marina peruana contaba entonces con unos 2000 efectivos, de manera que sólo 1/ 8 de ellos permanecían desplegados simultáneamente en la zona de emergencia en este período. Sumando Ejército y Marina, el personal de combate desplegado simultáneamente en la zona de emergencia en este período fue de alrededor de 2000 hombres, a lo cual debe sumarse el personal policial. Si estimamos los efectivos militares peruanos totales en esos años, como mínimo, en 90000 hombres, resulta que sólo un 3% participaba simultáneamente en las acciones antisubversivas.

Las patrullas del Ejército y la Marina salían de las bases para realizar incursiones violentas en los pueblos o perseguir columnas senderistas. El PCP-SL irrumpe en los pueblos y se repliega ágilmente para que el esfuerzo militar se pierda en el vacío o repercuta sobre la población. El vacío de autoridad producido por las incursiones del PCP-SL no es subsanado por las incursiones militares. La inteligencia era escasa y el margen de error amplio, de forma que las patrullas militares practicaron frecuentemente la violencia indiscriminada.

Pronto fue evidente que el objetivo de restablecer el orden interno no podía cumplirse sin hallar al enemigo oculto entre la población. Pocos, más bien excepcionales, fueron los combates contra elementos armados o "fortines" del PCP-SL.¹⁶ Más frecuente fue el uso de las armas para tomar control de poblaciones inermes y también se practicaron interrogatorios para obtener inteligencia predictiva en el mismo escenario de las operaciones militares. Operación corriente era cercar un pueblo, sacar a toda la población de sus casas e identificar, por lista negra de "inteligencia", a supuestos terroristas.¹⁷ Observaciones sobre la conducta de los pobladores, como cuántos y quiénes acudían al izamiento de la bandera en la plaza, proveían referencias iniciales.¹⁸ Con frecuencia eran tomados como sospechosos quienes no asistían a las asambleas de pobladores convocadas por la patrulla militar.

No era extraño que una patrulla llegase a un lugar donde en muchos años no había habido ninguna presencia del Estado. Los caseríos que ya habían sido intervenidos por el PCP-SL reaccionaban de muy diversas maneras cuando llegaba una patrulla militar. En el caso más favorable, los pobladores acogían a la patrulla y compartían con ellos sus pocos víveres, relataban la incursión de los subversivos, eventualmente denunciaban a los elementos locales del PCP-SL y asumían un compromiso con las Fuerzas Armadas. Los efectivos militares compartían también sus alimentos y, sobre todo, su botiquín. Entre tanto sucedía a veces que los militares identificaban como elemento subversivo a una o varias personas. En el primer año del conflicto lo usual era llevarse detenidos a los sospechosos. Al atardecer, cuando partía la patrulla, el pueblo quedaba inerme. Luego venían las represalias del PCP-SL. Los pueblos ya visitados por las Fuerzas Armadas recibían el peor trato. Con apoyo de sus informantes locales, los subversivos vejaban, mutilaban o ejecutaban delante de todo el pueblo a quienes colaboraron con la patrulla militar en lo que llamaban un "juicio popular".

Hubo lugares donde la fuerza armada logró un "restablecimiento" de las autoridades locales y recuperó el dominio militar con apoyo de la población, cuando los pobladores eran capaces de romper la segmentación y deshacerse del terror que protegía a los elementos locales del PCP-SL. Pero el PCP-SL atacó de nuevo en muchos sitios hasta lograr el "contrarrestablecimiento" de sus comités populares. Mientras las FFAA buscaban el difícil objetivo de conseguir un apoyo unitario de toda la población al Estado peruano y un rechazo unitario al terrorismo, el PCP-SL concentraba sus esfuerzos en conseguir la división, o sea la existencia de un sector senderista en cada pueblo, capaz de desarrollar paulatinamente poder político y militar en medio de la neutralidad de la amedrentada mayoría de la población. Ello explica los avances del PCP-SL durante 1983.

Los brutales "contrarrestablecimientos" del PCP-SL desencadenaron una escalada. Como ya se ha dicho, los elementos armados del PCP-SL no eran estables, tomaban las armas de lugares donde las mantenían ocultas -cuevas, refugios de pastores, viviendas campesinas -sólo al momento de dirigirse a una acción determinada, para lo cual también movilizaban a su personal de apoyo, que de otro modo permanecía disperso en pueblos y campos. Los jefes de las bases contrasubversivas, al comprobar que no conseguían estabilizar el control militar de las zonas que patrullaban, quedaron conminados de hecho a incrementar con sus propios medios la obtención de inteligencia y a intentar la eliminación selectiva de las bases de apoyo del PCP-SL. El agotamiento físico y los efectos psicológicos de la guerra explican -pero no disculpan -que se haya incurrido en errores y excesos. De esto no sólo son responsables quienes combatieron, sino también quienes debieron haber prestado el apoyo político, económico e institucional para estabilizar los resultados de la presencia militar con medidas en los campos no militares.

1.3.1.3. Repercusiones de la violencia y desunión política

Debido a la magnitud de la contraofensiva militar, el PCP-SL resultó afectado, al modo advertido por Cisneros: los senderistas habían muerto pero, para matarlos, se había victimizado a poblaciones en una forma masiva. Debido a la pérdida de cuadros y simpatizantes, el número de atentados disminuyó notoriamente hacia 1985.^Las Fuerzas Armadas y Policiales, entre tanto, registran un número reducido de bajas en comparación con períodos posteriores.

Cuadro 2

Miembros de las FFPP Fallecidos por años

1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
2	12	9	10	13	30	29	37	48	44	72	111

Fuente: Ministerio del Interior

Cuadro 3

Oficiales EP Fallecidos por años [Cifras Aproximadas]

1983	1984	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1	4	3	5	11	13	15	13	18

Fuente: Doc. "Visita de la CVR al Comando Conjunto del EP (26-2-02)"

Cuadro 4

Técnicos y Suboficiales EP Fallecidos por años [Cifras Aproximadas]

1984	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1	2	2	5	14	3	4	16

Fuente: Doc. "Visita de la CVR al Comando Conjunto del EP (26-2-02)"

Cuadro 5

Tropa SM Fallecida por años [Cifras Aproximadas]

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
3	9	18	21	83	70	60	83	160

Fuente: Doc. "Visita de la CVR al Comando Conjunto del EP (26-2-02)"

El número de ejecuciones extrajudiciales y violaciones diversas a los derechos humanos alcanzó dimensiones catastróficas en proporción al tamaño de la población de la zona y hablan del tipo de estrategia aplicada. Las cifras oficiales arriba mencionadas sobre el número de bajas en comparación con las altísimas cifras de civiles y presuntos subversivos muertos, que llegan a miles, así como el hecho de no reportarse heridos, capturas o incautación de material subversivo, hablan de una enorme desproporción en el campo²⁰. La dificultad para obtener inteligencia sobre el PCP-SL y para estabilizar el control de las áreas rurales provocó no sólo casos muy graves de excesos, sino también la aparición de centros de reclusión y tortura clandestinos en algunas bases militares. Tristemente célebre es el Estadio de Huanta, base principal de la Infantería de Marina en esa provincia, el cual alojó temporalmente un centro de clandestino de reclusión donde se practicó la desaparición y la tortura. Otros lugares de interrogatorio fueron la chanchería situada en las inmediaciones del cuartel "Los Cabitos" de Huamanga y la llamada "casa rosada" en esta misma ciudad.

La situación de los Derechos Humanos se agravó porque el Comando Político-Militar de la zona de emergencia, dentro de su estrategia de aislamiento de la zona, prohibió el ingreso de la Cruz Roja, de las organizaciones humanitarias y del periodismo en general, reservándose el derecho de autorizar determinados reportajes o entrevistas. Las pocas noticias que escapaban eran tomadas luego por ciertos sectores del público nacional e internacional como indicadores de una situación fuera de control y al mismo tiempo desacreditas por las autoridades del país. A los pocos meses de iniciado este bloqueo informativo se produjo la muerte de ocho periodistas a manos de los comuneros de Uchuraccay, quienes los confundieron con subversivos. La prensa y los políticos de oposición dieron al hecho de inmediato las interpretaciones más negativas, pues primaba la idea de que habían sido asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas o por órdenes de éstas. Nada perjudicó tanto la imagen del Jefe del Comando Político Militar, Gral. Clemente Noel Moral, como la ola de rechazo que produjo este hecho. Ante la gravedad de la situación, el gobierno constituyó una comisión investigadora presidida por el novelista Mario Vargas Llosa. El informe no fue creído por ese público de oposición para quien los periodistas habían muerto como mártires de la lucha democrática contra la guerra sucia o, peor aún, como víctimas directas de esos mismos métodos. Pero lo más grave de este episodio es que el informe de la Comisión Uchuraccay no logró aclarar la naturaleza del conflicto ni alertar a la ciudadanía sobre los peligros reales que amenazaban al país. La esfera oficial volvió a cerrar el tema y a apostar por una victoria rápida sin importar los costos, sin mayor alteración de la agenda política y los planes económicos.

El Gral. Clemente Noel fue denunciado públicamente por algunos medios de prensa como responsable de la muerte de los periodistas y más tarde fue denunciado penalmente por parlamentarios de oposición. Él respondió haciendo declaraciones en que se refería a esa prensa, a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y a esos políticos como colaboradores voluntarios o involuntarios del PCP-SL. Semejante fue la reacción del Presidente Beláunde al recibir una serie de cartas de Amnistía Internacional que denunciaban los excesos de la lucha contrasubversiva y las violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo. Su expresión fue que él echaría las cartas "directamente al tacho de basura".²¹

Mientras el oficialismo negaba que hubiera violaciones de los Derechos Humanos o simplemente, en algunos casos, restaba importancia a las denuncias, la oposición le daba al asunto la mayor relevancia política. Esta desunión política del país fue el mayor obstáculo para que el esfuerzo de defensa interior fuera complementado, como era urgente, por esfuerzos económicos, administrativos y políticos para incrementar la presencia del Estado en la zona de emergencia. Los opositores de izquierda veían en la guerra contra el PCP-SL una versión peruana de la "guerra sucia" argentina. Aunque la izquierda parlamentaria marcó distancias con el PCP-SL, en muchas actividades políticas de izquierda se mantenía una posición ambigua con respecto a la lucha armada, dando a entender que no se había renunciado a ella y que se comprendía perfectamente el carácter violento que estaba adquiriendo el conflicto social. El hecho general fue que no hubo un acuerdo nacional activo contra el PCP-SL.

Las posiciones políticas se polarizaron, pues, sobre este tema. Los altos mandos militares - que eran entonces un actor político -interpretaban esta falta de apoyo unitario al esfuerzo de defensa como una debilidad del nuevo sistema. Tanto el oficialismo como la oposición confundían al PCP-SL con un fenómeno más de la Guerra Fría, una guerrilla nacional alentada por el comunismo internacional. Imperaba también la percepción confusa de que todas las organizaciones de izquierda, incluido el PCP-SL, eran vástagos radicales del APRA, de forma que incluso este antiguo partido centrado en la idea de una revolución social no comunista quedó enredado en el intercambio de acusaciones. La confusión aumentó cuando el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) anunció su ingreso a la lucha armada. Como en este caso sí se trataba de una guerrilla regular, vinculada al comunismo internacional y heredera de las ramas radicalizadas del APRA que emprendieron las efímeras guerrillas de 1965, entonces se reforzó la creencia de que detrás del PCP-SL, el MRTA y las izquierdas parlamentarias había un solo actor político, el comunismo internacional. Al menos hasta 1986, las apreciaciones estratégicas sobre la actividad subversiva para el planeamiento de la defensa interior veían a los demás grupos de izquierda marxista, inclusive la parlamentaria, como aliados del PCP-SL y potenciales subversivos.²² Este engaño colectivo -originado en la confusión que tenían las izquierdas sobre sí mismas -impidió en los primeros años del conflicto reconocer las fuertes diferencias entre las agrupaciones de izquierda, el MRTA y el PCP-SL. Ello no sólo frustró la necesaria unidad política para enfrentar al PCP-SL, sino que permitió que amplios sectores subestimaran su peligrosidad y se contentaran con interpretar al PCP-SL como una explosión del comprensible descontento de los campesinos pobres.

La interpretación de las causas sociales de la violencia política manejada en los años 80 tanto por los militares como por los políticos estaba concentrada en el problema de la pobreza. No se percibían los problemas políticos, como el comportamiento autoritario de los partidos y de los líderes y organizaciones del "movimiento popular", ni la falta de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales, reflejados en la corrupción, la exclusión, el burocratismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Belaunde mismo se limita a devolver los diarios expropiados a sus antiguos dueños, a celebrar elecciones municipales, construir viviendas y fomentar el crecimiento económico. Sus recursos para reformar el sistema político son tan escasos que no tiene elementos para hacer un aporte civil significativo a la pacificación de la zona de emergencia.

En resumen, el carácter marginal de la guerra 1983-85 estuvo determinado por la decisión política implícita y (ésta sí) unánime, de buscar que el esfuerzo de defensa, protagonizado por los militares, no tuviera consecuencias para otros campos de la vida nacional. Ello ocurrió en dos direcciones. Desde el oficialismo, porque veían en eso un retorno de los militares al poder y por una lógica de delegación de funciones a las fuerzas armadas en lo que se suponía debía ser una campaña estrictamente limitada al campo militar. Y desde la oposición, para evitar una ampliación del concepto de lucha contrasubversiva que pudiera volverse contra ellos mismos. La posición política del gobierno, que oficialmente no reconocía la existencia de un conflicto interno con carácter de guerra subversiva, sino sólo brotes terroristas, coincidió con la estrategia de incomunicación de la zona de conflicto establecida por las FFAA. El resultado fue que se estaba peleando una guerra oficialmente inexistente, la cual debía acabarse rápido, a cualquier precio y sin dejar huellas de lo ocurrido.

1.3.1.4. Primeros intentos de corregir la estrategia

Al comenzar el año 1984, el Gral. Clemente Noel Moral fue relevado de su cargo por el Gral. Adrián Huamán Centeno. Natural de la zona y hablante de la lengua quechua, el Gral. Huamán parecía mostrar disposición para tomar en sus propias manos las medidas políticas y económicas necesarias para conquistar el apoyo de la población. Aunque dio pasos para este fin, el número de testimonios de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones producidas por las fuerzas del orden durante su período es el más elevado de toda la historia del conflicto. También lo es el número de crímenes perpetrados ese año por el PCP-SL. En este período se descubren las primeras fosas comunes, Huamanguilla y Pucayacu. También está claro que el ambivalente apoyo que Huamán dio a la organización de autodefensas campesinas, propiciando el levantamiento de pueblos enteros contra las amenazas del PCP-SL, pero sin darles ningún armamento ni entrenamiento adecuado, hicieron que aumentara la violencia por parte del PCP-SL y también por parte de las mismas autodefensas.

Convencido de que tenía que vincular las acciones de desarrollo con las acciones militares, Huamán, en su calidad de Jefe del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia, interpretó que este cargo le confería la atribución de dirigir el presupuesto de inversión pública de la Corporación Departamental de Desarrollo de Ayacucho. Emitió entonces la Directiva Nº 001- SAS/ SZSN "E", el 27 de abril de 1984, con la finalidad de "reorientar cualitativa, cuantitativa y estratégicamente la inversión pública 1984 del Departamento de Ayacucho al desarrollo de las actividades productivas agropecuarias que beneficien prioritariamente a la población campesina afectada por los actos de terrorismo, generando el máximo de ocupación y autoabastecimiento de alimentos en la zona de emergencia". Con esto se anticipó a los planes de inversión pública y fomento que ya estaban en trámite por el largo camino de los ministerios y corrigió todo lo que le pareció necesario, desautorizando a los funcionarios y parlamentarios que hasta ese momento habían intervenido en los planes de desarrollo. Sin embargo, su idea de aprobar los planes de gasto público en reuniones con participación popular, y en respuesta a petitorios presentados por los vecinos de cada distrito, sólo se materializó en el distrito de Sacsamarca, donde él tenía un liderazgo personal por razones de historia familiar. Optimistamente, él percibió que la noticia de su forma de actuar en Sacsamarca "corrió como un reguero de pólvora"²³.

Es notorio que sus acciones en el campo del desarrollo agropecuario apenas si tenían asesoría especializada y estaban lejos de ser un modelo de desarrollo sustentable, pero también es evidente que eso no era lo que le interesaba, sino el efecto psicosocial de estas medidas en el curso de la lucha contra el PCP-SL. En realidad, muchas de sus acciones, más que responder a un auténtico plan parecían reproducir esquemas paternalistas conocidos en el campo ayacuchano mucho antes de la Reforma Agraria: a donde llegaba con su helicóptero repartía pan, porque en esa región el pan es un regalo tradicional que llevan los viajeros a los pueblos alejados en el campo. No perdía ocasión de demostrar a los campesinos que entendía y apreciaba su trabajo y su cultura. De todos modos, su plan tampoco estaba bien hecho desde el punto de vista psicosocial, porque no iba acompañado de la emisión de mensajes que aseguraran que la población, dispersa por ese enorme territorio, recibiría esas señales y les daría el significado que él esperaba. Llegó a aplicar su plan de inversiones en 27 pueblos, es decir, en menos del 1% de los centros poblados de la zona de emergencia. Además, Huamán subestimó la capacidad política del PCP-SL para hacer aparecer ese gasto social como conquista de la "guerra popular".²⁴ Como los pueblos de la zona de emergencia habían sido visitados por el PCP-SL desde tiempos de la Reforma Agraria y no habían visto aparecer inversión publica alguna hasta la llegada del Gral. Huamán, no era difícil para el PCP-SL hacer creer a la gente que, si no fuera por la guerra popular, jamás habrían llegado esas inversiones.

Si las medidas económicas de Huamán ya habían puesto muy tirantes sus relaciones con el gobierno, éstas terminaron por romperse cuando declaró a la prensa que el mando militar de la zona debería tener atribuciones políticas, particularmente nombrar y remover autoridades locales, para hacer frente al PCP-SL. El gobierno vio así confirmadas sus sospechas de que las Fuerzas Armadas querían usar la campaña militar como un medio para recuperar el poder político y que Huamán quería ser un dictador en Ayacucho. Al día siguiente de esas declaraciones fue removido de su cargo, el 28 de agosto de 1984.

El informe sobre las experiencias adquiridas en ese cargo que Huamán elevó a sus superiores después de ser destituido contiene pasajes reveladores de su posición ideológica reformista y desarrollista, seguramente compartida por muchos altos mandos del Ejército, pero al mismo tiempo incompatible con la política económica del gobierno y con las recomendaciones de la administración Reagan.²⁷ Según Huamán:

a. Ayacucho fue escogido por los mentores intelectuales de la subversión no por casualidad [...] sino por la extrema corrupción de los funcionarios del Estado que empujó al pueblo a una desesperación intolerable, situación que fue aprovechada para convencer a las masas de que la única solución era DESTRUIR a los causantes y crear un nuevo sistema más soportable.
b. Aplicando el simple principio de causa y efecto, o también de que la REACCIÓN es producido por la ACCIÓN, AYACUCHO constituye la RESPUESTA a la violencia estructural, es reacción del pueblo, es la máquina social que se alza en rebelión contra la administración político-burocrática tan peligrosamente anacrónica, y que puede degenerar en la destrucción del sistema de vida y orden actual, si no se adopta como estrategia, la reducción de los agravios, de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, el descenso de moralidad, la violencia política, pérdida de autoridad de las instituciones democráticas, el ciego intento de defender estructuras que han devenido en obsoletos por haber quedado al margen de la realidad social que se vive, y la situación de despojo en que se halla la población de las comunidades indígenas.
c. En AYACUCHO el pueblo conoce muy bien a los petardistas, ayuda a esconderlos y coopera con su alimentación, sea por el terror a ser eliminados o por simpatía. Mientras el pueblo no cambie de actitud, subsistirá la subversión y la única forma de reconquistar su apoyo es cambiando la situación cuyas condiciones objetivas se van agravando aún más día a día, debido al incremento en el precio de los artículos de primera necesidad.
Jamás, los especialistas en Contrasubversión han atribuido como causa de la subversión a la miseria, a la pobreza de los pueblos; pero no debe olvidarse que es el entorno que lo favorece, y que sus Directores intelectuales los requieren como detonante para utilizar a las masas ignorantes como su Fuerza de Combate.²⁸

A partir del año 1984 la Infantería de Marina organizó los primeros comités de autodefensa. Pero esas autodefensas campesinas (valle del Apurímac)²⁹ y los reagrupamientos de población (" aldeas estratégicas" alrededor de Huanta)³⁰ no contribuyeron en este período a reducir el carácter indiscriminado de las acciones de armas, aunque proveyeron experiencias que resultarían útiles más adelante. Estas estrategias experimentales se ejecutaron al margen de la política oficial, la cual estaba en contra de movilizar a los campesinos y de dar autoridad política a los militares. La estrategia de seguridad nacional del partido del gobierno era, al parecer, ejercer presión militar sobre el campo y trabajar para la captura policial de los mandos subversivos.³¹ En las áreas a cargo de la Marina, se formó un Comité de Defensa Civil que empezó a controlar y agrupar las autodefensas de los pagos de ambas márgenes del río Apurímac. La sede central del Comité se estableció en Pichiwillca. Una patrulla militar recorre el valle acompañada de más de 200 hombres de apoyo, requisando los pueblos casa por casa. "Esta gente, con gran operatividad y autonomía, fue alentada por los respectivos comandos militares".³²

El Gobierno urge a los mandos militares y policiales a eliminar los brotes subversivos y al mismo tiempo mantiene el tema sin mayores consecuencias políticas. En 1983, la sección de la Policía de Investigaciones dedicada a investigar las actividades terroristas fue elevada al rango de Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) por el Ministro del Interior Luis Pércovich Roca. Encargada a personal formado en investigaciones policiales -Javier Palacios, entre otros -esta Dirección debía subsanar la grave carencia de inteligencia antiterrorista, a fin de complementar el esfuerzo militar en el campo. Éste fue empero el inicio de otro problema mayor que se agigantó con el paso de los años: las capacidades de investigación policial se pusieron al servicio de la inteligencia de guerra, abandonando su razón de ser, que es permitir capturas legales sobre la base de pruebas objetivas. En vez de realizar las investigaciones con todas las exigencias de ley con la finalidad de llevar ante tribunales al delincuente terrorista con un expediente sustentado en medios probatorios, las habilidades de los policías de investigaciones, entrenados para la observación y la escucha clandestina, la infiltración de las organizaciones criminales y la captación de colaboradores, se convirtieron paulatinamente en medios auxiliares de la acción militar contrasubversiva.

En la zona de Huanta se realizó un experimento de otro tipo en 1984 con resultados desastrosos para la población involucrada. Se trata de las llamadas "Aldeas estratégicas". Consistía en concentrar la población de varios pueblos en un solo centro poblado bajo control militar. Se instalaba entonces un Comité de Defensa Civil con brevísimo entrenamiento -en el caso de Pampacancha fue de sólo una semana -y se obligaba a habitar el lugar a gentes que tenían sus tierras de trabajo en lugares muy alejados, sin tomar en cuenta tampoco los ciclos de labores agropecuarias ni las tensiones o rivalidades entre pobladores de distinta proveniencia. El resultado fue que Sendero Luminoso infiltró, dividió y derrotó en poco tiempo estas autodefensas, tras lo cual castigó duramente a las poblaciones.

Independientemente de su éxito o fracaso, lo cierto es que estas iniciativas de las Fuerzas Armadas para organizar la autodefensa de la población estaban completamente al margen de la estrategia oficial. El gobierno, la oposición, muchos altos mandos militares y la opinión pública predominante estaban en contra de armar a la población. Esto, sumado a las iniciativas del Gral. Huamán Centeno, muestra que desde los primeros años del conflicto las Fuerzas Armadas adoptaron estrategias que se apartaron del mandato dado por la política de seguridad y defensa del gobierno elegido.

1.3.2. 1985-1988: intento de control civil y generalización de la guerra interna

La violencia disminuye en el Perú engañosamente en los años 1985 y 1986. El PCP-SL, golpeado por la contraofensiva militar, se recompone y desplaza, activando células en otros departamentos. Las fuerzas del orden, criticadas por el nuevo Presidente, reducen sus operaciones mientras el gobierno mantiene la pretensión de ejercer sobre ellas control democrático. El sangriento desenlace del motín de los presos del PCP-SL en las cárceles de Lima terminó con esas pretensiones y dio comienzo a un lento proceso de recuperación de la iniciativa por parte de las Fuerzas Armadas, mientras se desvanecía el control del gobierno sobre sus planes y operaciones. Así las cosas, la creación del Ministerio de Defensa no tiene mayor efecto para mejorar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. La expansión del PCP-SL llega a su apogeo en 1988.

1.3.2.1. Intento de establecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas

En los primeros meses de su gobierno, el Presidente de Alan García no desperdició una sola oportunidad de incrementar su legitimidad y su popularidad. Con discursos y medidas radicales intentaba disipar la atmósfera opresiva de la guerra interna y la recesión económica. Pero desde el primer momento tuvo que asimilar condiciones muy duras que lo obligaron a claudicar en la práctica al mismo tiempo que proclamaba sus programas de cambios.

El 5 de junio de 1985, el saliente gobierno de Belaunde dio la ley 24150 que regula las atribuciones del Comando Político Militar en una zona declarada en estado de emergencia, otorgándole la "potestad de solicitar el cese, nombramiento o traslado de las autoridades..." La misma ley -vigente a la fecha -establece la sujeción exclusiva de "los miembros de las FFAA o Fuerzas Policiales... a la aplicación del Código de Justicia Militar". Este legado del gobierno saliente, introducido por presión de las Fuerzas Armadas y sectores afines, no fue rechazado por Alan García, quien aprovechó su luna de miel electoral para desviar la atención del tema y no derogar dicha ley, aunque tenía mayoría absoluta en el Parlamento. La táctica política de los militares es en este caso análoga a la que usaron para introducir las leyes del Sistema de Defensa Nacional, las que Belaunde encontró recién promulgadas cuando asumió el poder en 1980. Con esta ley sobre los Comandos Político-Militares se satisfacían en parte los reclamos de las Fuerzas Armadas, pero por la vía de la claudicación del gobierno a sus competencias y la entrega de competencias políticas y judiciales a las mismas. La ley 24150 no hace más que conceder en parte lo que pedía el Gral. Adrián Huamán o, más precisamente, oficializar como política del Estado los cambios que implicaban las estrategias adoptadas de hecho en la zona de emergencia.

En su discurso ante las Naciones Unidas, el Presidente Alan García expresó un rotundo rechazo a la "barbarie" militar como forma de enfrentar a la subversión. Las Fuerzas Armadas detuvieron inmediatamente la ofensiva, para darle a entender al Presidente que no estaban dispuestas a luchar sin el amplio respaldo y las prerrogativas que les corresponden. Parte del descontento en las filas de los militares provenía de la suspensión parcial de la multimillonaria compra de aviones de guerra que se venía negociando con Francia desde el gobierno anterior, cosa que no tenía nada que ver con la guerra contrasubversiva, sino directamente con los planes y prioridades de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, García daba señales de disposición a apoyar soluciones políticas y sociales a la violencia, como recibir en el Palacio de Gobierno a una delegación de la guerrilla salvadoreña Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Centroamérica se encontraba en un momento de equilibrio estratégico. La política de Estados Unidos para América Central, en vista del desastre producido por la aplicación de estrategias todavía muy parecidas a la de Vietnam, había empezado a girar hacia un nuevo concepto llamado "conflicto de baja intensidad". Ello suponía restringir el uso de la fuerza a fin de no afectar a la mayoría de la población y preparar una salida política. En Nicaragua, el gobierno sandinista combatía a una organización militar de derecha conformada por antiguos miembros del sistema de seguridad de Somoza, los llamados "Contras". En El Salvador, el gobierno enfrentaba una insurgencia revolucionaria liderada por el frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). En Colombia, las guerrillas habían entrado en negociaciones con el presidente Belisario Betancur y sus brazos legales se habían unido, conformando una sola fuerza política que adquirió de inmediato importancia nacional. Eran, pues, momentos en que las salidas políticas a los conflictos violentos internos se hacían creíbles en América Latina. Pero creer que eso podía aplicarse al conflicto peruano fue un grave error.

En lo referente al MRTA la posición de Alan García no quedó sólo en palabras. Al comienzo de su gobierno nombró una Comisión de Paz, uno de cuyos objetivos era entablar diálogo con los subversivos. Ese mismo año, el II Comité Central del MRTA otorgó unilateralmente una tregua de un año al gobierno de Alan García, a fin de iniciar negociaciones.

La idea que respaldaba esta actitud de García era que la llegada del APRA al poder representaría una revolución social que permitiría una distribución más justa de la riqueza, la reducción del número de pobres y con ello, la derrota política del PCP-SL. La crueldad del enfrentamiento entre el PCP-SL y las fuerzas del orden en la sierra central era atribuida erróneamente por el nuevo gobierno a la polarización del país producida en los años anteriores por la política económica liberal de Belaunde. Como en el primer año del gobierno de Alan García disminuyó el número de huelgas al paso que las medidas proteccionistas y subsidiarias creaban una aparente bonanza económica, se esperaba que también el PCP-SL perdería apoyo social. Para apoyar políticamente la llegada de la esperada recuperación, Alan García organizó los Rimanacuy, grandes eventos de concertación con los campesinos, y lanzó un programa de crédito rural sin intereses que resultó una entrega de dinero a fondo perdido. Como es sabido, los efectos de las medidas populistas de García aparecieron masivamente un año después, cuando se desató una hiperinflación y se interrumpió el crédito internacional en respuesta a la decisión unilateral peruana de reducir el pago de la deuda externa. Estos efectos hundieron al país en la incertidumbre y la recesión, aumentando dramáticamente los índices de pobreza y desempleo.

Quienes no se dieron tregua ni cuartel en ningún momento fueron los actores principales del conflicto, el PCP-SL y las Fuerzas Armadas. En agosto de 1985, apenas asumido el poder por Alan García, fueron perpetradas por personal de las Fuerzas Armadas las matanzas de Pucayacu, Accomarca, Umaro y Bellavista, las cuales se intercalaron con feroces acciones del PCP-SL. En setiembre una comisión del Congreso descubrió las fosas comunes en que fueron ocultadas las víctimas de las mencionadas matanzas. Alan García apoyó la investigación y destituyó de inmediato a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, responsabilizándolos del hecho. Esta fue la única investigación sobre violaciones a los Derechos Humanos en el período de Alan García que contó con su apoyo y tuvo consecuencias. El escenario se complicó cuando, en los meses siguientes, el PCP-SL realizó una serie de atentados contra personal de la Marina de Guerra en Lima. El 16 de Agosto de 1985, "varias decenas de miembros de la" La Marina "uniformados y civiles" que "esperaban el ómnibus que los transportaría a sus centros de trabajo" fueron "atacados en el distrito de Villa María del Triunfo". El 14 de Marzo de 1986, SL asesinó "al Capitán de Corbeta Jorge Alzamora Bustamante, quien había servido en la Fuerza de Tarea 90 en Ayacucho."³³ Asimismo, el 4 de Mayo de 1986, senderistas asesinaron al Contralmirante Carlos Ponce Canessa, miembro del Estado Mayor de la Marina de Guerra. Frente a este último hecho, el ministro de Marina, vicealmirante Julio Pacheco Concha, advertiría los subversivos que "han herido profundamente a la institución y al país entero" y "despertado al león."³⁴ La serie de asesinatos selectivos, sin embargo, no terminaría ahí. El día 14 de Octubre cobraría una nueva víctima: el Almirante Gerónimo Cafferatta Marazzi, que hasta hace poco había sido Comandante General de la Marina.³⁵

Obligado por el embate de los crímenes y atentados del PCP-SL, Alan García impuso el estado de emergencia en Lima, suspendiendo las garantías constitucionales en su propio centro de gobierno. A ello sumó el establecimiento del toque de queda en la capital, medida que impactó fuertemente en el ánimo de la población. A inicios de 1986 renunciaron la mayoría de los integrantes de la Comisión de Paz, porque no hallaron en el gobierno ni en los militares el apoyo imprescindible para cumplir su misión.

En medio de esta notoria indefinición, el gobierno de Alan García empezó a desarrollar desde los primeros meses una política de seguridad interior. Consistió, por un lado, en adquirir el control civil sobre las Fuerzas Armadas y Policiales y, por otro, en hacer esfuerzos de mediación del conflicto e impulsar el desarrollo agrario de las regiones andinas más pobres. Ya hemos mencionado las dificultades que enfrentaron la mediación, encargada a la Comisión de Paz, y la política agraria, apoyada en los Rimanacuy y el crédito agrario. El control civil debía alcanzarse mediante tres recursos: 1. la unificación de los institutos policiales en la Policía Nacional del Perú y su fortalecimiento; 2. la unificación de los ministerios militares en un Ministerio de Defensa; y 3. el aseguramiento de la lealtad de los militares al gobierno mediante una política de ascensos y de comunicación del Presidente con las Fuerzas Armadas. Nos detendremos un poco en estos puntos.

La conciencia de los problemas nacionales contenidos en las relaciones cívico-militares surgió, como ya lo hemos visto, durante el debate interno del gobierno de Belaunde sobre si emplear o no a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el PCP-SL. Ahora encontramos en el primer gabinete de Alan García un claro propósito de incrementar el control civil sobre la seguridad y la defensa. Dentro de ese común propósito se distinguen, sin embargo dos tendencias, una más programática y política, liderada por el Ministro del Interior, Abel Salinas, y otra más pragmática, personificada en el Viceministro del Interior, Agustín Mantilla, dirigida a hacer de la policía una fuerza leal al Presidente para contrabalancear el peso de las Fuerzas Armadas. En general se tenía el diagnóstico de que una mejor coordinación de todas las acciones antisubversivas, sumada al esperado crecimiento económico, dejarían sin espacio de acción a los subversivos. Los constantes conflictos entre las tres instituciones policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones) y el aumento de los delitos comunes hacían urgentes los cambios en la policía. Estos objetivos inmediatos, más el objetivo político de dificultar un posible golpe militar mediante el liderazgo del gobierno sobre la policía, opacaron a la tarea de fondo que debió haber sido reencauzar la lucha contra el terrorismo dentro del sistema policial y penal.

Alan García multiplicó las zonas del país bajo control de Comandos Político-Militares. Eso implicaba que la policía quedara en esas zonas bajo la autoridad militar, como fuerza auxiliar, y que la supresión de las garantías constitucionales hiciera perder sentido al trabajo policial propiamente dicho. La política declarada de García y de Salinas era elevar la exigencia de respeto a los Derechos Humanos en la lucha contra la subversión. Pero ante el motín de los penales organizado por el PCP-SL, Alan García ordenó emplear la fuerza armada para recuperar el control de los penales en el más breve tiempo posible y a cualquier precio. E ese tiempo también se trabajó para crear el Ministerio de Defensa. Pero Alan García y su mayoría parlamentaria mantuvieron acalladas las consecuencias constitucionales que debía tener este cambio. Al crear el nuevo ministerio, el Presidente no admitió recorte alguno de la autoridad directa que le reconocían las Fuerzas Armadas como Jefe de Estado ni redujo en nada el poder efectivo del Comando Conjunto. Antes bien se entregó a la ilusión -o a la farsa -de estar captando las voluntades de los altos mandos mediante el trato personal. De todo esto resultó un Ministro de Defensa cuya función se limita a facilitar las relaciones entre el Comando Conjunto y el Consejo de Ministros. Aunque la ley del Sistema de Defensa Nacional fue modificada para dar al Consejo de Ministros la autoridad directa en estas materias, ello no alcanzó para cambiar el modelo de relaciones civil-militares establecido por el gobierno militar en 1979.

El impulso inicial de Alan García duró 8 meses, hasta su final abrupto en la matanza de los penales. En 1987, cuando se aprobó la ley del Ministerio de Defensa, este proyecto ya no tenía el significado inicial. Nació por inercia y el primer ministro fue un militar en retiro. Durante los cuatro años restantes de su gobierno, García se dedicó a convalidar lo que hicieran las Fuerzas Armadas, aceptando incluso papeles confusos y menores con tal de aparentar iniciativa. La hiperinflación, el apogeo del terrorismo del PCP-SL en 1988 y la total fragmentación política del país provocada por el intento de privatizar la banca, dejaron a García sin liderazgo.

1.3.2.2. El motín del PCP-SL en las cárceles³⁶

El 18 de junio de 1986, estando reunida en Lima la Internacional Socialista, los reclusos del PCP-SL protagonizan en las cárceles un motín armado. Las Fuerzas Armadas reciben del Presidente de la República, y con acuerdo del Consejo de Ministros, la orden de tomar el control de los penales. En Lurigancho, el Ejército rodea las instalaciones amotinadas, abre boquetes y pone las condiciones para el asalto. Pero es la Guardia Republicana, formalmente bajo las órdenes del Ministerio del Interior, pero en el marco de una operación comandada por un general del Ejército, la que ingresa, se enfrenta a los elementos armados de SL y ejecuta extrajudicialmente a los internos que no habían muerto en el combate. El 19, en la isla penal de El Frontón, un fuerte destacamento de Guardias Republicanos se preparaba desde primera hora a intervenir, luego llegó el Viceministro del Interior Agustín mantilla con miembros, luego se retiraron tanto la Guardia Republicana como Mantilla y se dio órdenes a la Marina de Guerra para que rodeara la isla y abriera los boquetes. Toda la operación quedó a cargo de la Marina hasta las últimas consecuencias.

Está claro que, en ambos casos, no se dio a conocer inteligencia previa ni análisis militar alguno que fundamentara la necesidad de acabar con el motín en unas pocas horas y con tales costos en vidas humanas. Como antecedentes debe considerarse que los pabellones ocupados por los senderistas en las cárceles estaban bajo control de ellos desde mucho tiempo antes, es decir, desde el gobierno anterior, y existía además la fundada sospecha de que los atentados en Lima, en particular los dirigidos contra personal de la Marina, fueron planeados y dirigidos desde el interior de las cárceles.

En el caso de Lurigancho no se puede hablar de un combate, pues la resistencia armada fue vencida en muy poco tiempo y lo demás fueron ejecuciones extrajudiciales a sangre fría. En el caso de El Frontón, en cambio, el retiro de los Guardias Republicanos se debió a que no tenían los medios de combate para asaltar el pabellón fortificado y se temía, por lo visto en lo primeros intentos, que en caso de un asalto fallido los amotinados se apoderaran de los fusiles automáticos de los guardias. Los Infantes de Marina asediaron durante horas las instalaciones, recibiendo disparos de armas de fuego y de ballestas de metal confeccionadas por los internos. Murieron tres infantes y doce resultaron heridos. A media tarde fue relevado el primer destacamento y el oficial que quedó a cargo fue el capitán de navío Juan Vega Llona.³⁷ Bajo su mando se produjo la explosión que demolió el edificio y probablemente la ejecución extrajudicial de un grupo de sobrevivientes. Al día siguiente los cadáveres fueron enterrados sin identificación personal en diversos cementerios.

Las causas de la decisión política de enfrentar el motín de esta manera se encuentran en: 1. el plan de motín armado de Abimael Guzmán, dirigido a quebrar la política inicial de García y demostrar que en este enfrentamiento primaba una lógica de exterminio; 2. la disposición de las Fuerzas Armadas a poner en marcha la solución más violenta posible, aún mediante la improvisación de operaciones confusas y problemáticas para su profesionalismo; 3. la iniciativa del Presidente de la República, secundado por su Consejo de Ministros, sin cuyas órdenes directas, dadas al calor de los hechos, no habrían ocurrido las dos matanzas sucesivas.

El 21, el gobierno ordenó al Comando Conjunto instruir al fuero militar para que investigue la matanza. El 24, García dio un mensaje al país en apoyo a las FFAA y condena al terrorismo. El 27 pronunció el famoso ultimátum "o se van ellos o me voy yo", refiriéndose a los autores de la matanza. Pero ya en setiembre, el premier Alva Castro, en un informe de investigación oficial, justifica el accionar militar en los penales, limita al mismo tiempo la responsabilidad del gobierno y habla de una nueva estrategia antisubversiva con "acciones integrales en los campos político-institucionales, socioeconómicos, psicosociales y militares". El gobierno de Alan García había abandonado la consigna del "no a la barbarie" y la matanza de los penales tomaba el camino de la impunidad.

Meses después, en octubre, Alan García propone, con apoyo público del Ministro de Marina, un proyecto de ley de tribunales especiales para acusados de terrorismo. La tendencia continuó, hasta culminar en el informe exculpatorio sobre la matanza de Cayara (1988)³⁸ y la indiferencia de Alan García frente a la cuestión de si hubo sobrevivientes del MRTA o cuántos fueron los civiles muertos en el enfrentamiento de Molinos.³⁹

1.3.2.3. La Policía Nacional del Perú

La unificación de las policías en la Policía Nacional del Perú respondió a la demanda pública de reorganizarlas, pues tenían rivalidades entre sí. Se trata de la profundización del mismo proceso que llevó antes a la unificación operativa de los Sinchis, cuerpo antisubversivo de la Guardia Civil, y los Llapan Atic, cuerpo antisubversivo de la Guardia Republicana, bajo una sola jefatura, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES.) El personaje central del proceso de unificación de las instituciones policiales fue Agustín Mantilla, líder aprista con larga experiencia en la seguridad del partido, quien asumió el cargo de Viceministro del Interior, siendo Ministro Abel Salinas. En esta gestión se mejoró los sueldos, se adquirió uniformes, armas de combate, y se amplió la independencia de la nueva PNP frente a las Fuerzas Armadas. Mantilla consiguió sin duda liderar a la policía. Su objetivo era convertirla en una fuerza intermedia capaz de hacer contrapeso a la fuerte tendencia a que las Fuerzas Armadas tomasen el control total de la seguridad interior.

Aunque la PNP fue fortalecida con el propósito de que retomara la responsabilidad en la lucha antisubversiva bajo liderazgo del Gobierno, la expansión de las zonas bajo Comando Político Militar en los años siguientes anuló estos esfuerzos.⁴⁰ La policía no recuperó autonomía frente a las FFAA ni logró reencauzar la lucha dentro del sistema penal y judicial.

Cuadro 6

Fuente: CCFFAA 1.3.3.4. El Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa fue creado el 31 de marzo de 1987 mediante la ley 24654. Su funcionamiento y articulación con los institutos armados fueron determinados en cambio por decretos-leyes dados por el poder ejecutivo. Estos decretos establecieron las leyes orgánicas del Ministerio de Defensa (DL 434), el Ejército (DL 437), la Marina (DL 438), la Fuerza Aérea (DL 439) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (DL 440.) En otras palabras, la idea abstracta de crear un Ministerio de Defensa fue aprobada por ley en el Parlamento, pero su contenido concreto fue establecido por el Ejecutivo. El hecho es que este MINDEF resultó en dichos decretos un organismo con atribuciones mínimas, estructura y competencias ínfimas al lado de los Comandantes Generales y el Comando Conjunto. El nuevo Ministro de Defensa no controlaba los procedimientos de ascensos ni de adquisiciones, no supervisaba ni autorizaba el gasto, no tenía ingerencia en el planeamiento ni en la ejecución de operaciones militares. Todas estas atribuciones quedaban en manos de los tres Comandantes Generales, cada uno en su respectivo instituto armado, los cuales presentan sus planes y operaciones, para su aprobación política, al Comando Conjunto y a continuación al Ministro. Además, el Ministro de Defensa de Alan García no fue ningún político de carrera, sino el Gral. Enrique López Albújar, quien asumió el cargo el 14 de octubre de 1987. El sistema de relaciones cívico-militares resultante fue aproximadamente el siguiente: el Ministro sólo conocía planes y acciones aprobadas por las Fuerzas Armadas en su conjunto, y el Presidente de la República sólo recibía para su aprobación aquellos planes y operaciones que contaban con el apoyo tanto del Comando Conjunto como del Ministro. Dentro de tal sistema, el Ministro de Defensa puede hacer poco o nada sin el apoyo de los altos mandos. De hecho y de derecho es un mediador o un facilitador, no un director de la política militar. Los militares mantenían el derecho de determinarla ampliamente por sí solos y luego emplazar al Ministro, al Gabinete y al Presidente a tomarla o dejarla. El Gobierno, por su parte, contaba con influir en la conducta de los mandos militares. Los años siguientes se encargarían de demostrar que este medio de control era insuficiente e ilusorio.

La ilusión de control civil de la política militar se completaba con un elemento sacado de una concepción democrática avanzada de las relaciones cívico-militares. A partir de los decretos de García, el Consejo de Ministros es el nuevo órgano rector del Sistema de Defensa Nacional, ya no el Consejo de Defensa Nacional, órgano creado por Morales Bermúdez a finales del gobierno militar y mantenido luego por Belaunde. La característica de ese Consejo es que tiene al Presidente del Comando Conjunto como miembro nato, sentado al mismo nivel y con los mismos derechos que el Ministro de Defensa. Eliminado el Consejo (concretamente, convertido en un órgano asesor dentro del Ministerio de Defensa), parecía que los militares no podrían imponer ya más al gobierno elegido una política de defensa. Vana ilusión, pues el nuevo Ministro de Defensa no estaba en condiciones de dirigir ni supervisar la preparación de planes ni operaciones y se limitaba a aceptar o demorar los que le presentaran las Fuerzas Armadas en conjunto. Bajo condiciones de guerra interna, este poder de veto ejercido como único medio de control ponía al gobierno en el papel de un obstaculizador de la acción contrasubversiva.

El nuevo MINDEF no significó ningún avance sustantivo en el control político civil sobre las FFAA, porque el Presidente de la República y los Comandantes Generales conservaron sus amplias competencias y el Ministro de Defensa, en los hechos, fue siempre un militar en retiro, es decir, un miembro de la corporación de oficiales.⁴¹ Cuando nació, en 1987, el MINDEF ya no tenía apoyo político ni siquiera de parte de sus creadores. Según testimonio de un senador de la época, los senadores apristas presentaron el proyecto de ley con indiferencia y hasta con extrañeza.

El gobierno de Alan García intentó realizar una política de seguridad y defensa orientada a incrementar el control civil sobre las Fuerzas Armadas sin asumir la responsabilidad de una conducción unificada de la guerra. El control civil se establecería indirectamente, mediante un sistema de controles administrativos, no compartiendo la responsabilidad ejecutiva con los altos oficiales, es decir, sin que un ministro civil ni el Presidente mismo iniciasen la cadena de mando operativo. La unidad de conducción, la coherencia de los distintos esfuerzos para contribuir a la seguridad interior desde los campos militar, policial-judicial, económico y político, se esperaba más bien como un fruto del incremento del control civil administrativo. Los objetivos de la política de seguridad de Alan García, centrada en el control civil, no están muy claros en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo. Al parecer, el gobierno de Alan García, igual que el de Belaunde, asumió que tenía que enfrentar un doble desafío de seguridad interior: por un lado la subversión y por otro el golpe militar.

La precaria política de control civil sobre las Fuerzas Armadas contaba con la influencia personal del Presidente sobre los altos mandos militares. Se apoyaba para esto en dos procedimientos: 1. control de ascensos por el Presidente y el Parlamento y 2. reuniones del Presidente con altos mandos y con el personal para influir en su comportamiento político. El control de ascensos partía del hecho de que el partido de gobierno tenía mayoría absoluta en el Senado. Pero en el contexto de la guerra contrasubversiva este método de control – limitado al veto o "balotaje" – no surtió efecto alguno, pues el margen de elección del Presidente y los congresistas era prácticamente nulo. Los militares presentaban regularmente su escalafón y las posibles afinidades de algunos de ellos con el Presidente o los senadores servían de anzuelo para que los políticos creyesen estar determinando la política militar del país. No es cierto que Alan García influyese en promover a los más mediocres pero leales al régimen. Ascendió casi automáticamente a los que tenían los puestos más altos en el escalafón y aceptó como señal de lealtad el comportamiento aparentemente obsecuente de los candidatos. Las reuniones políticas del Presidente con los mandos y el personal en general tuvieron con frecuencia carácter ceremonial y festivo, donde éstos se dejaron decir discursos por el Presidente y lo agasajaron de formas a veces originales y vistosas. En los hechos, Alan García no hizo más que convalidar la autonomía cada vez mayor que las Fuerzas Armadas adquirieron frente al gobierno elegido.

1.3.2.5. La oposición y la situación de conflicto interno

En materia de seguridad, la oposición parlamentaria de izquierda, se dedicó a criticar la política seguridad aprista, con la idea de evitar la "apristización" de la Policía y las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, marcar distancias con Sendero Luminoso y hacerse reconocer como alternativa nacional. En marzo de 1987, Alfonso Barrantes, líder de Izquierda Unida, negoció con Alan García una amnistía para los militantes de ese frente detenidos por participar en luchas sindicales y por estar acusados sin pruebas de apoyar a la subversión.⁴² Si bien este tipo de preocupaciones tienen, tomadas de por sí, muy buen sentido, el problema era que en verdad acaparaban la atención de los grupos de izquierda. Excepciones importantes en este panorama fueron las Comisiones Parlamentarias presididas por senadores de izquierda. El Senador Rolando Ames presentó en marzo de 1988 un extenso informe sobre lo ocurrido en los penales. Enrique Bernales presidió la Comisión del Senado que presentó en setiembre de 1988 un informe sobre la situación de violencia que atravesaba el país con propuestas para una política integral de pacificación. Este informe llegó sin embargo fuera de momento y con muy poca influencia política como para relanzar la iniciativa democrática en seguridad y defensa. Otra excepción que marcó el inicio de un cambio en la conciencia pública fue la Jornada por la Paz convocada por la Municipalidad de Lima el 29 de diciembre de 1988. En este contexto deben recordarse también las iniciativas de la sociedad civil. Entre otras, la Asociación Peruana de Estudios para la Paz (APEP), fundada por Felipe Mac Gregor, elabora un conjunto de análisis y propuestas.

La oposición liberal y conservadora dio prioridad a la crítica de la política económica del gobierno y organizó la resistencia al intento de privatización de la banca.⁴³ En cuanto a política militar y concepciones estratégicas para vencer al PCP-SL, Mario Vargas Llosa no logró poner en la conciencia pública los aportes innovadores surgidos del grupo de trabajo que lo respaldaba en estos temas. Tampoco aceptó ser objeto de influencia política por parte de los militares, bloqueando de este modo una gama de escenarios políticos de cooperación que los militares sí estaban dispuestos a considerar, bajo la condición de que se estableciera la primacía de las políticas de defensa interior elaboradas y dirigidas por ellos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas compartieron pronto con esta oposición la exigencia de que el Perú retome el pago de la deuda externa y regrese a la comunidad financiera internacional, pues no era posible financiar la lucha contrasubversiva sin nuevos créditos externos. Esta exigencia fue satisfecha por el gobierno de García en setiembre de 1988, cuando, tras difíciles negociaciones, se logró un complicado rescate financiero de la economía peruana por más de mil millones de dólares.

1.3.2.6. La primera directiva del Comando Conjunto para la Defensa Interior

La expansión de las acciones del PCP-SL y el cambio de las relaciones civil-militares favorable a las Fuerzas Armadas ocurrido a raíz del motín carcelario pusieron las condiciones para que el Comando Conjunto formulara la Directiva N° 01-PE-DI – JUN 86 JUL 90: Para la Defensa Interior del Territorio: Contrasubversión. Contiene avances importantes hacia la concepción de una estrategia integral, pero también repite algunos errores que se arrastran desde el inicio de las acciones militares contra la subversión. Se subrayan la necesidad de ejercer presión permanente sobre los subversivos, mediante "acciones disuasivas, represivas y/ o de pacificación destinadas a neutralizar, desorganizar y/ o destruir todo foco subversivo, para reestablecer el orden interno".⁴⁴ Todavía se cree, pues, que se trata de focos fijos, con componentes políticos y militares, que pueden ser asfixiados mediante represión y asedio permanente de los lugares donde se instalan, como las anteriores guerrillas marxistas. Sin embargo, se afirma ya también, por otro lado, que la finalidad de las operaciones antisubversivas es "Destruir y/ o neutralizar la Organización Político-Administrativa (OPA)" de los subversivos, lo que se revelará más adelante como la prioridad estratégica absoluta. En esta directiva tal finalidad aparece todavía confundida con la de destruir y/ o neutralizar "a todo transgresor de la Ley y del Orden Constitucional que contribuya a la subversión".⁴⁵ Esto último implica todavía mucha dispersión de esfuerzos si tomamos en cuenta que la misma Directiva evalúa que toda las agrupaciones de la izquierda legal, los sindicatos (salvo los apristas) e incluso los sectores "progresistas" del clero tienden a apoyar a la subversión conforme se agudizan las contradicciones.⁴⁶ También se insiste en vigilar las fronteras para que no ingresen armamentos para la subversión⁴⁷ -cosa que sólo era de esperarse en verdad en el caso del MRTA, pues no estaba en la estrategia del PCP-SL. El equilibrio estratégico que alcanzaban en esos años las guerrillas centroamericanas es señalado por la Directiva como un factor exterior que puede influir muy negativamente sobre el proceso peruano.⁴⁸

En lo relativo a la organización del esfuerzo nacional de defensa interna, esta Directiva prescribe una división de tareas entre Policía y Fuerzas Armadas muy cercana a la división acostumbrada. Las fuerzas policiales se encargarían de los registros casa por casa, las requisas, los interrogatorios, detenciones y capturas, mientras las Fuerzas Armadas se limitarían a disuadir, perseguir y enfrentar a los elementos armados de la subversión.⁴⁹ No obstante, precisa en otra parte que la persona detenida por las Fuerzas Armadas deberá ser entregada a la policía o a la instancia judicial pertinente después de haber sido interrogada por la unidad militar.⁵⁰ Esta directiva reconoce también grandes tareas pendientes en materia de inteligencia y contrainteligencia y, aunque no puede presentar aún resultados en lo referente al conocimiento de la estructura y el accionar del PCP-SL, pone énfasis en la necesidad de obtener esos conocimientos, lo que ya es un paso importante. Incluye también un claro mandato de organizar a la población para su autodefensa, aprovechando las organizaciones ya existentes y creándolas, por iniciativa de las Fuerzas Armadas, donde no las hubiere.⁵¹ Indica la importancia de prestar garantías de seguridad para los agentes civiles de los otros sectores del Estado que se encargarán de actuar en los campos de acción no militares, pues la estrategia antisubversiva incluye cuatro campos de acción: el militar, el económico, el político y el psicosocial.⁵² De todos modos, la acción militar seguía concibiéndose como la más importante.

1.3.2.7. El apogeo de la subversión

En 1987 el terror alcanza a la ciudad de Lima con el largo apagón de la noche del 16 de julio, en la cual hubo muchos atentados dinamiteros y un coche bomba en la populosa zona de la Plaza de Acho. Los asesinatos de apristas perpetrados por el PCP-SL llegan también a la capital. El militante y funcionario público Rodrigo Franco es asesinado, presuntamente por el PCP-SL, delante de sus familiares en agosto y en octubre el subsecretario nacional del Partido Aprista Nelson Pozo. Los coches bomba se repiten en los meses siguientes, confirmando en la ciudad la gravedad de las noticias que llegaban del interior sobre los avances del PCP-SL y del MRTA. En noviembre, sesenta miembros del MRTA toman temporalmente los pequeñas ciudades de Juanjui y San José de Sisa en el departamento de San Martín. Interesados por hacer de eso un evento mediático, los subversivos del MRTA propiciaron la presencia de periodistas de la televisión que grabaron escenas de la incursión y entrevistaron a la jefe de la columna subversiva, Víctor Polay Campos.

El gobierno entrega a las Fuerzas Armadas el control del departamento de San Martín, con lo cual el área del país bajo control militar aumenta considerablemente. Ello no detuvo el accionar del MRTA, que realizó en esa zona de selva y en la sierra central una serie de asaltos y ejecuciones. Mientra tanto, el PCP-SL ataca en Ayacucho a comunidades campesinas enteras que intentaban zafarse de su control.

De febrero a marzo de 1988 se realizó en la clandestinidad la primera sesión del primer Congreso del PCP-SL. Como una señal del desarrollo cualitativo de la guerra popular, columnas del PCP-SL empiezan a atacar reiterada y temerariamente a las patrullas militares. En mayo ocurrió una emboscada a un convoy militar que ocasionó una feroz represalia de las Fuerzas del Ejército contra la población de la lo calidad de Cayara. Cundió la noticia de la masacre de más de 50 campesinos a manos de efectivos militares. Viajaron al lugar el Ministro de Justicia Camilo Carrillo, el Ministro de Defensa General López Albújar, el decano del Colegio de Abogados de Lima Raúl Ferrero y el obispo auxiliar de Lima Augusto Beuzeville, quienes manifestaron no haber encontrado "muestras de bombardeos, incendios o combates producidos en la localidad". Pero los testimonios de los habitantes llevaron el asunto hasta la Fiscalía de la Nación. El Jefe del Comando Político Militar de la zona, Gral. José Valdivia Dueñas, dijo que no hubo una sola víctima inocentes en Cayara y que se trata de un montaje de los terroristas para desprestigiar a las Fuerzas Armadas.

En julio de 1988 tuvo lugar la segunda sesión del primer Congreso Nacional del PCP-SL. Ante una convocatoria a paro de la Central de Trabajadores del Perú, el PCP-SL convoca paro armado para los días de huelga y logra superponer a la acción sindical sus prioridades de guerra. La máxima presencia del PCP-SL en el escenario nacional se alcanzó cuando fue difundida la llamada "entrevista del siglo", realizada a Abimael Guzmán Reinoso por El Diario, órgano de prensa vinculado al PCP-SL. Pese a que la gran mayoría de los ejemplares fueron incautados, este texto tuvo un impacto profundo en la opinión pública, por su contenido fanático, totalitario, lleno de desprecio por la dignidad humana y al mismo tiempo estratégicamente lúcido.

El año 1988 estuvo señalado también por la aparición de un agente colectivo violento de adscripción política incierta, el "Comando Rodrigo Franco", del cual se conjetura, por quiénes fueron sus víctimas, que tendría su origen en ciertos sectores del partido gobernante o de las Fuerzas Armadas. Sus primeras acciones fueron asesinatos de personalidades vinculadas al PCP-SL, como Osmán Morote, y la destrucción con explosivos de la tumba de la lideresa senderista Edith Lagos. Sus amenazas y atentados se extienden luego a políticos opositores y periodistas, por lo cual su carácter se hace cada vez más extraño y difuso hasta que dejó de operar sin que se supiera por qué en 1990. Otro factor de inseguridad general en 1988 fueron los rumores de golpe militar, seguidos pronto por el correspondiente desmentido público por parte del Ministro de Defensa, Gral. López Albújar. La irregularidad o el colapso de los servicios públicos esenciales, como el agua potable en las ciudades, la energía eléctrica, la seguridad en las carreteras y, en general, los servicios policiales, sumada a la incertidumbre sobre el valor del dinero dejada por la hiperinflación, el empobrecimiento de las clases medias, los rumores sobre casos de corrupción de gran magnitud, contribuyeron a crear una sensación de zozobra que no cesó hasta el final del gobierno de Alan García.

1.3.3. 1989-1992: la estrategia contrasubversiva integral y la nueva incursión de las Fuerzas Armadas en política

A partir de 1989 las Fuerzas Armadas replantean la lucha contrasubversiva sobre la base de una estrategia más eficaz que las anteriores. Las operaciones psicosociales y, sobre todo, las de inteligencia, son el centro de la nueva estrategia. En estos dominios no propiamente militares de la guerra se hacen los avances más significativos, tanto para ganar el apoyo de la población como para neutralizar la capacidad de acción de los subversivos. Como las acciones de eliminación o captura son ahora mucho más selectivas que antes, se reduce el número de violaciones de los Derechos Humanos; y como los avances militares van acompañados de acciones psicosociales y organización sistemática de autodefensas civiles, las zonas en las que se restablece el control militar quedan mejor protegidas de "contrarrestablecimientos", lo cual también contribuye a reducir la violencia. Pero los beneficios de la nueva estrategia fueron pagados muy caro por el país. Como en todos los grandes errores, la cuenta apareció donde y cuando menos se la esperaba. La nueva estrategia deterioró la ética profesional militar y socavó el incipiente sistema democrático. Las violaciones de los Derechos Humanos, aunque menos numerosas, se volvieron más premeditadas y sistemáticas. Las Fuerzas Armadas se entregaron a la fatalidad de un conflicto cuya única ley era la victoria, bajo el lema: "en la guerra irregular, las reglas las pone el enemigo." En consecuencia, pronto volvieron a atribuirse el derecho a definir las políticas del Estado de acuerdo a las necesidades de la guerra. Ampliaron el concepto de "contrasubversión" mientras encogían los de "democracia" y "estado de derecho". La contrasubversión llegó a entenderse como un proceso integral, político, social y militar que permitiría superar los problemas que había generado el proceso democrático. Así tomaron el camino del apoyo institucional al golpe de Estado de Fujimori.

1.3.3.1. La estrategia contrasubversiva integral

El documento que marca el inicio de estos cambios es el Manual de Ejército Guerra no Convencional Contrasubversión ME 41-7, editado en Lima por el Ministerio de Defensa en junio de 1989.⁵³ Contiene, para empezar, una presentación muy completa y acertada de las características del PCP-SL. Enuncia las ideas centrales del "Pensamiento Guía", revela la estructura del Partido y del Ejército Guerrillero Popular, su modo de actuar y organización para el ataque, los objetivos finales del PCP-SL, las ideas directrices de la Línea Militar y la Línea de Masas, los tipos de Comités Populares y sus funciones, Bases de Apoyo, Zonas Guerrilleras, Organismos Generados. Luego formula la naturaleza del accionar subversivo del PCP-SL, caracteriza las fases de la lucha armada y su estructuración progresiva, las tácticas de lucha político-militar y sus campañas, que incluyen la Guerra de Guerrillas, la República Popular de Nueva Democracia y los Congresos del PCP-SL. El MRTA es analizado en seguida de la misma manera.

Sobre esta base, el ME 41-7 define la contrasubversión como: "un conjunto ordenado de acciones en todos los campos de la actividad humana, llevados (sic) a cabo por el país entero, con la finalidad de impedir la conquista del poder, la destrucción de las estructuras del país y la creación de las bases sobre las que los elementos subversivos piensan edificar las nuevas estructuras."( p. 58)

La ampliación del concepto se produce en las primeras líneas, pues ya no se entiende la subversión sólo ni principalmente como acción militar. Pero la segunda parte de la definición modera su alcance, porque la limita a impedir que la subversión tome el poder o ponga las bases para ello. En este sentido, reconoce líneas más abajo que "al nivel nacional corresponde al Ejecutivo la dirección general de todas las acciones de la guerra contrasubversiva en los diferentes campos", cono lo cual permanece vinculada la contrasubversión al orden constitucional. Sin embargo, estas precisiones no alcanzan a detener las consecuencias de las primeras líneas.

Las ideas centrales de la nueva estrategia aparecen ya bajo el título "Normas de la contrasubversión". La primera norma dice que el apoyo de la población es necesario para la contrasubversión, pues "si bien es relativamente fácil dispersar y expulsar de una zona determinada a las fuerzas subversivas con una acción militar así como es posible destruir sus organismos políticos por medio de una intensa acción policial, resulta del todo imposible impedir el retorno de las unidades de guerrilla y la reorganización de las células políticas, sin obtener la cooperación de la población". Aquí está formulado el problema fundamental de esta guerra. El PCP-SL está preparado para regresar a los pueblos y convertir las intervenciones policiales y militares en momentos de su acumulación de poder, ejecutando a quienes colaboraron directamente con las fuerzas del orden e implantando un nuevo comité popular que controle a la población mermada y aterrorizada por la guerra.

La forma de conseguir dicha cooperación de la población aparece en las normas siguientes. La segunda norma es que el apoyo de la población se obtiene mediante una minoría activa. Su fundamentación refiere a una teoría del poder político:

Esto se obtiene mediante la aplicación del principio básico del ejercicio del poder político, que dice: «En cualquier situación, sea cual fuere la causa, ha de haber una "minoría activa favorable a la causa, una mayoría neutral, y la minoría contraria a la causa". La técnica del poder consiste en "contar con la minoría favorable. El problema estratégico de la Contrasubversión es entonces "encontrar esa minoría favorable y organizarla para movilizar a la mayoría neutral contra la minoría contraria"». (p. 60)

La semejanza con la estrategia del PCP-SL se advierte de inmediato. La mayoría neutral es lo que el PCP-SL llama "la masa". Las minorías enfrentadas son, por un lado, el núcleo de representantes locales del Estado peruano y de los intereses de una sociedad libre, y por otro, el núcleo de apoyo de la subversión. Ambos operan primero como informantes, luego como árbitros y líderes locales, después como organizadores del apoyo a la fuerza militar respectiva. La cuestión es entonces cuál de las dos minorías prevalece y cuál desaparece. "La minoría hostil a las guerrillas no querrá ni podrá participar mientras no desaparezca la amenaza". (p. 61) Por ello, la acción militar y policial contra las unidades de guerrilla y la Organización Político Administrativa (OPA) de la subversión debe preceder a la acción sobre la población. No se puede movilizar el apoyo sin haber tenido primero un triunfo convincente que destruya el dominio subversivo. Para lograr esto, hace falta concentrar los recursos militares y económicos todo el tiempo que sea necesario en cada lugar disputado, hasta conseguir la eliminación de la minoría contraria, activar a la minoría favorable y obtener así el apoyo de la mayoría que es imprescindible para consolidar el dominio militar.

La obtención del apoyo de la población no surge directamente del restablecimiento de la normalidad, es decir, del retorno al estado de derecho o la celebración de elecciones. Estos son pasos finales que resultan de un largo proceso de recuperación del orden, proceso que acontece todavía bajo el estado de emergencia. Lo primero que hay que buscar es "crear en la población una imagen positiva de las fuerzas del orden" (pp. 69-70). El contenido de este objetivo se expresa en una serie de reglas, las cuales se asemejan sorprendentemente a las que impuso Mao a su ejército revolucionario:⁵⁴

ME 41-7	Mao
1. Instruir a los miembros de las fuerzas del orden sobre la conducta a observar con la población, así como en el conocimiento profundo de la misma (costumbres, tradiciones, idiosincrasia, creencias, etc.) 2. Mantener una actitud de acercamiento de los miembros de las fuerzas del orden hacia la población mediante el trato cortés y respetuoso. 3. Respetar los usos, costumbres y tradiciones de los pobladores.	1. Habla educadamente
4. Realizar el pago justo de los artículos que se adquieran o consuman en la zona de operaciones.	2. Paga de manera justa lo que compres.
5. Erradicar los decomisos y el cobro de cupos a los pobladores de la zona.	3. Devuelve todo lo que tomes prestado. 4. Paga todo lo que estropees.
6. Respetar los derechos fundamentales de las personas, con excepción de lo contenido en el Art. 231 de la Constitución.	5. No golpees ni insultes a la gente. 6. No dañes los cultivos.
7. Evitar que el personal de las FFOO cometan abusos de autoridad con los pobladores.	7. No te tomes libertades con las mujeres. 8. No maltrates a los cautivos.

En el caso de Mao esto no expresa ningún reconocimiento de derechos básicos de las personas, es sólo parte de una estrategia psicosocial, expresada en la forma de una ética corporativa de los miembros del ejército popular. Es de suponer que los miembros del PCP-SL hayan adoptado normas semejantes también por semejantes razones. Como es notorio, en la práctica esto servía para mantener el monopolio de la violencia en manos del partido y conseguir el apoyo de la población. Si luego el partido vejaba, torturaba y asesinaba a supuestos colaboradores de las Fuerzas Armadas en la plaza del pueblo, obligando a todos a contemplar el cruel espectáculo, ello no se contradecía con las citadas reglas, porque éstas son sólo medios para controlar y dirigir la violencia revolucionaria. En la nueva estrategia contrasubversiva peruana las reglas citadas tienen ese mismo sentido, por ello se combinan sin contradicción con la suspensión de los derechos básicos constitucionales y la eliminación selectiva de la minoría subversiva.

Las implicancias concretas de la nueva estrategia aparecen en el manual cuando se habla de cómo desorganizar a los grupos armados subversivos y cómo intervenir en una "zona roja". La primera aclaración es que "la GCS es una guerra de inteligencia en un 80% y de operaciones en un 20%".( p. 73) Sus prioridades son, entonces, identificar a los miembros y la organización del partido, sus capacidades y vulnerabilidades; identificar así también a las bases de apoyo y la fuerza local; "ejecutar operaciones de contrainteligencia", "optimizar la infiltración", "disponer de interrogadores entrenados", "establecer un banco de datos", "formar redes de colaboradores e informantes", etc. (p. 74) Al hablar del componente de acción armada, se dice "Combatir con iniciativa, sorpresa, engaño, movilidad, creatividad y empleando procedimientos similares a los de los subversivos" y "realizar operaciones psicológicas, agresivas y eficientes, explotando oportunamente los hechos o acciones favorables en todos los niveles, con el fin de destruir o quebrar la voluntad de lucha y moral de las fuerzas subversivas" (p. 77) Queda claro que las acciones armadas mismas están compenetradas con la actitud de las operaciones psicosociales y de contrainteligencia.

La "intervención en una zona roja" es la acción decisiva y la que mejor refleja el conjunto de esta concepción estratégica. El primer paso, en realidad sólo preparatorio, es la destrucción o expulsión de los elementos armados subversivos. Si no se logra la destrucción total, se debe conseguir al menos la expulsión, lo que ya vale como resultado, porque este paso es para preparar el terreno para los siguientes. (p. 91) El segundo paso es instalar las fuerzas de control territorial y control de la población. Con el objetivo de restablecer la autoridad legal, dificultar el contacto de la subversión con la población y obtener informaciones sobre la OPA, se insertan en la zona unidades armadas que acosan a la subversión, entablan contacto con la población y apoyan a la autoridad legal. El contacto con la población consiste "primero en pedir y luego en ordenar que la población lleve a cabo cierta cantidad de tareas individuales y colectivas, todas remuneradas", llevando gradualmente a la población a participar en la lucha contrasubversiva.( p. 94) Pero el paso decisivo es el tercero:

Tercer paso: Destrucción de la Organización Político-Administrativa Local.
Es una operación policial dirigida, para eliminar a los miembros de la Organización Político-Administrativa.
La que se llevará a cabo, en base de (sic) las dos condiciones siguientes:
(a) Que se haya recibido informaciones suficientes para garantizar el éxito de la eliminación.
(b) Que la eliminación planeada, pueda llevarse a cabo totalmente.
En esta operación se tendrá en cuenta que el Jefe y los miembros más destacados de la Organización Político-Administrativa local se hallan demasiado comprometidos en la subversión para que pueda esperarse de ellos un cambio.

Esta última frase pone énfasis en que estas personas son irrecuperables, para explicar a qué se refieren las dos condiciones anteriores: la eliminación tiene que ser total y, por ello, la identificación previa tiene que ser acertada. Aún si por "eliminación" de la OPA se entiende "desactivación", está claro que esta acción contrasubversiva tiene que conseguir este objetivo procediendo de la manera más efectiva y segura, a fin de garantizar que la eliminación "se lleve a cabo totalmente"⁵⁵. El objetivo es claro, lo dice la definición de la operación: "eliminar a los miembros de la Organización Político-Administrativa". Queda así marcada la diferencia con el primer paso de la intervención en la zona roja, que, como vimos, es la "destrucción o expulsión" de los elementos armados subversivos. Como ese era un paso preparatorio, no era imprescindible conseguir la "destrucción total". Eso quiere decir que si escapaban algunos subversivos, no era necesario ni conveniente perseguirlos fuera de la zona, sino al contrario, concentrar las acciones en la zona intervenida. Pero eso no vale en el caso de la OPA, ninguno de sus miembros puede escapar, tienen que ser muertos o capturados todos. La explicación de esta necesidad estratégica está en que cualquier elemento subsistente de la OPA puede proveer información al PCP-SL sobre las fuerzas del orden y sus colaboradores, lo cual posibilitaría nuevas incursiones subversivas y que se recomponga la OPA.

Un detalle llamativo de este pasaje central del Manual de Ejército 41-7 en que se define la "Destrucción de la Organización Político-Administrativa Local" como último paso de la intervención en una zona roja, es que en la definición de la operación se dice: "es una operación policial dirigida". Es policial, se entiende, porque no es una operación de combate. Por definición, los miembros de la OPA no son elementos armados. Como informantes forman parte, sí, de la organización militar que aparece en el pueblo en el momento que ellos eligen y comete acciones cruentas contra la minoría que resiste al PCP-SL. Esta ambivalencia de la OPA se contagia a la operación contrasubversiva destinada a eliminarla, pues es una operación "policial dirigida". ¿Dirigida por quién? No por las autoridades policiales y judiciales, sino por la autoridad militar responsable de la operación. En todo caso debe primar el objetivo de la eliminación total, la mención o el uso de la policía en este contexto es lo accidental y adjetivo. Lo mismo vale para el Poder Judicial cuando se trata de definir el conjunto de operaciones contra la Organización Político-Administrativa. Allí se reitera: "La destrucción del sistema medular subversivo se logra mediante la eliminación de sus dirigentes. Esta acción es necesaria para detener el desarrollo de la subversión" (p. 104). Una de las acciones para planear y ejecutar la destrucción de la OPA es conseguir "disposiciones judiciales que visen una represión rápida, oportuna, ejemplar y que ampare la acción integral de las Fuerzas del orden".( p. 105) Esta estrategia prevé entonces la adecuación de la administración de justicia a las prioridades de la contrasubversión. La exigencia al Poder Judicial es clara: ningún miembro de una OPA capturado debe escapar.

Una vez alcanzado el punto de no retorno que es la destrucción total de la OPA, pueden iniciarse los procesos de consolidación y pacificación, mientras el combate se desplaza a otras zonas rojas. Son elementos importantes de esta posguerra local el establecimiento de Comités de Autodefensa (CADs), la elección de gobiernos municipales y la reanudación o implementación de los servicios públicos esenciales. Aunque este manual no borra por completo el carácter democrático y constitucional del tipo de poder que defiende, lo menciona siempre al margen, como un material de la lucha psicosocial (adoctrinamiento del personal militar y de la población para asegurar su lealtad) o como una condición dada que hay que saber manejar (trámites y normas de procedimiento que hay que hacer bien para evitar posteriores problemas judiciales). Este manual exige tal compenetración con la guerra que ella deja de aparecer como una situación transitoria o accidental del país, antes bien se convierte en una nueva forma de crear poder, de hacer política, de organizar el Estado y la sociedad. La guerra no convencional resulta siendo guerra política, guerra ideológica, guerra psicológica, guerra integral que sólo puede librarse con una estrategia integral.

Esta nueva estrategia orienta a la Directiva Nº 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior (DVA Nº 017 CCFFAA -PE -DI), firmada en diciembre de 1989 por el Gral. Artemio Palomino Toledo.⁵⁶ Las misiones de las distintas unidades de maniobra en las zonas de emergencia tienen como denominador común "destruir el aparato militar de los grupos subversivos y desorganizar su estructura político-social, así como destruir y/ o neutralizar a los elementos aliados que los apoyan".( p. 10 ss.) En esta directiva se toman dos grandes decisiones estratégicas que enmarcan y condicionan el accionar militar durante todo el resto de la guerra. Primero, la organización de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior en Zonas y Subzonas de Seguridad Nacional se cambia por una organización en Frentes contrasubversivos, los cuales no se derivan de las Regiones Militares sino de una zonificación especial obtenida mediante el análisis del despliegue y el accionar del PCP-SL. Segundo, en los Frentes donde hay narcotráfico se establece como misión separar a la subversión del narcotráfico y combatir a los narcotraficantes que apoyen a la subversión o reciban protección de ella.

1.3.3.1.1. Los frentes contrasubversivos

El análisis del despliegue del PCP-SL que sirve de premisa a la determinación de los Frentes contrasubversivos es el siguiente. La zona de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac es el núcleo ideológico-militar del PCP-SL. Allí dispone de bases sociales y de población fácil de ganar para su causa. Esta apreciación es plausible porque allí se concentran el mayor número de "escuelas populares" y de experiencias de combate del PCP-SL. La zona que conforman los departamentos de Junín y Pasco es el "núcleo de erosión económico-social" y el "nudo de articulación" entre la región sur y la región nororiental del país. Si el PCP-SL se establece en estos departamentos, controla el corredor natural formado por los valles del Mantaro, el Apurímac y el Ene, por donde pueden transferirse las capacidades militares y económicas de sus nuevas y pujantes bases de la región nororiental a sus antiguas y pobres pero firmes bases del sur. Al mismo tiempo, la zona es muy erosionable porque contiene importantes centros mineros y vías de comunicación -la carretera Central y el Ferrocarril Central -que unen a la sierra y sus recursos con la zona medular de la costa Lima -Ica -Callao. Esta última es el objetivo final porque es el centro de poder político y económico del país. La zona nororiental, finalmente, compuesta por los departamentos de San Martín, Huanuco y Ucayali, es "la principal fuente de financiamiento de la subversión a través del narcotráfico" y también el medio geográfico aparente para el desarrollo del Ejército Guerrillero Popular. En efecto, las bases del PCP-SL del Huallaga eran ya entonces las de mayor capacidad militar y las que contaban con la mayor cantidad de dinero negro resultante del narcotráfico. Así las cosas, era imperioso bloquear el traspaso de recursos de una zona subversiva a la otra. El PCP-SL estaba en verdad escindido por las condiciones de su rápida expansión entre el 86 y el 89. Las bases del sur y la cúpula que ya residía en Lima no incrementaban su capacidad de acción con el dinero de las bases nororientales, ni éstas se organizaban sólidamente, por carecer de las capacidades políticas e ideológicas de las bases del sur. Por ello, la Directiva 017 pone en un orden de prioridad las zonas para el empleo de medios y el otorgamiento de apoyo:

1º JUNÍN-PASCO , por su gran importancia estratégica definido como Centro de Gravedad de las Operaciones Contrasubversivas a nivel nacional.
2º SAN MARTÍN -HUÁNUCO -UCAYALI.
3º AYACUCHO -HUANCAVELICA -APURÍMAC.
4º LIMA -ICA -CALLAO.
5º Áreas en proceso de formación.

Con estas prioridades se formaron también los Frentes y se asignaron las fuerzas.⁵⁷ En enero de 1990 se añade una anexo a la Directiva Nº 17 (DVA Nº 017 CCFFAA -PE -DI), con un contenido muy peculiar. Este anexo, firmado por el nuevo Presidente del Comando Conjunto, modifica la Directiva en un punto central. El anexo especifica que "( 2) Los Frentes Contrasubversivos dependerán directamente del CCFFAA para efectos operacionales, manteniendo su dependencia administrativa de sus respectivas RRMM". Firma la disposición el Almirante Alfonso Panizo Zariquey. Con este paso, imperceptible en ese momento para el público, el Presidente del Comando Conjunto se convertía en Jefe Operativo de los Frente Contrasubversivos. Esto determina un incremento de poder del Comando Conjunto. Antes formaba parte de la estructura administrativa, al igual que cada uno de los Comandantes Generales. Ello implica autoridad sobre decisiones como ascensos, destinos y preparación de fuerzas, no autoridad directa sobre operaciones de combate. Los Jefes operativos eran los de las Regiones Militares, las que para fines de la Defensa Interior se convertían en Zonas de Seguridad Nacional. Con este cambio, el Comando Conjunto se hace de la autoridad sobre las operaciones en las zonas denominadas Frentes en la Directiva Nº 17.

La intensidad de las operaciones en Junín y Pasco en los años 1989-1991 se refleja directamente en el número de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales conocidos mediante testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación del Perú.

Estos cuadros grafican el número total de víctimas mortales producidas por las fuerzas del orden o por la subversión a lo largo de los 20 años de este estudio en tres zonas distintas. La victimización coincide con la intensidad de las operaciones determinada por decisiones estratégicas. En Ayacucho el pico está entre 1983 y 1984, cuando resultan más de 1000 personas muertas por año. La guerra se desplaza notoriamente al Frente Mantaro entre 1988 y 1989, años en que se alcanza allí, en los departamentos de Junín y Pasco, el pico de casi 200 personas muertas por año. Finalmente, en Huánuco, departamento del Frente Huallaga, la cifra se eleva drásticamente a partir de 1989 y tiene su pico entre 1991 y 1992, cuando suma casi 100 muertos. Se nota que en Ayacucho los índices de victimización continuaron siendo altos, pero descienden gradualmente, mientras que en los otros departamentos los nuevos incrementos del número de víctimas, debidos a las operaciones basadas en la nueva estrategia, alcanzan magnitudes menores.

A inicios de 1990 se elaboró el documento "Plan de Campaña para la Contrasubversión - Período 1990-1995" que repite en gran parte el contenido de la Directiva Nº 17 y sus apéndices, pero especifica además un cronograma de la acción contrasubversiva.⁵⁸

1.3.3.1.2. La misión de combatir contra el narcotráfico

La otra decisión estratégica determinante para el proceso militar y político del país fue la concerniente al narcotráfico. La misión establecida en la Directiva Nº 017 del Comando Conjunto dice textualmente: "Romper el nexo existente entre la subversión y el narcotráfico mediante la acción directa contra los subversivos narcotraficantes, comercializadores y colaboradores, que por conveniencia apoyen y/ o reciban protección de la subversión." (p. 10)

La misión contiene una ambigüedad que dio cabida a una cierta convivencia de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico y se convirtió en el punto de partida de la influencia de Vladimiro Montesinos sobre los institutos armados. Se dice "romper el nexo", es decir, separar, impedir que cooperen, no combatir ambos por igual. Luego se especifica que se actuará directamente con los narcotraficantes que apoyen al PCP-SL, no contra todos los narcotraficantes.

El año 1989, en el que se producen estos cambios de estrategia, estuvo signado por el desastre de Uchiza, ocurrido el 27 de marzo. La base policial antinarcóticos más grande del Perú, situada (extrañamente) en la población que era en ese momento la capital peruana del narcotráfico, fue atacada por cientos de narcoterroristas munidos de armamento de guerra. Durante las horas que duró la resistencia, los policías estuvieron en contacto radial permanente con Lima y con las bases militares aledañas, pero no recibieron ninguna ayuda. En la madrugada, con diez muertos y docenas de heridos, los policías se rindieron en medio de las ruinas de su base literalmente demolida por los explosivos de sus atacantes. Los oficiales sobrevivientes fueron asesinados a machetazos por los vencedores. Este desastre sólo se explica en el amplio contexto de los cambios políticos que ocurrían en ese momento. La zona estaba en estado de emergencia, pero, excepcionalmente, no bajo Comando Político-Militar, probablemente porque cerca de allí, en Santa Lucía, estaba la base antinarcóticos de la Drug Enforcement Agency (DEA). Esta organización policial norteamericana no puede operar en territorios que se encuentran en guerra o bajo control militar. La base de la PNP en Uchiza estaba sobredimensionada, tenía más de cincuenta efectivos con armamento militar, y al mismo tiempo mal preparada para enfrentar un ataque porque sus oficiales se encontraban muy expuestos a la corrupción por parte del narcotráfico. También estaban expuestos a ella los personajes del partido gobernante que controlaban directamente a la policía. Independientemente de cuáles hayan sido las causas de la falta de apoyo militar y de alerta temprana que determinó la caída de Uchiza, está claro cuáles fueron sus consecuencias. El Presidente Alan García nombró un mes después, el 2 de mayo, al Gral. Alberto Arciniegas como Jefe Político Militar del Huallaga, quien fue instalado en su cargo en ceremonia pública en Uchiza, con la asistencia del Presidente de la República, el Ministro de Defensa Gral. Enrique López Albújar y el Jefe del Comando Conjunto Gral. Artemio Palomino Toledo. Mientras en el Congreso la escasa explicación de los hechos dada por el primer Ministro Armando Villanueva desencadena fuertes enfrentamientos con la oposición, las Fuerzas Armadas asumían de hecho la misión de luchar contra el narcotráfico. Luego esta misión militar fue establecida tan formal como ambiguamente en la Directiva que acabamos de analizar.

La puerta por la que Vladimiro Montesinos, un excapitán del Ejército expulsado de la Fuerzas Armadas muchos años antes por conducta inapropiada, volvió a entrar a una instalación militar en algún momento en 1989, fueron las operaciones de inteligencia en el Frente Huallaga. La nueva estrategia contrasubversiva indicaba como prioridad identificar a los dirigentes subversivos locales y también, para este fin, conseguir el apoyo de la población. En la zona cocalera más importante del país, esto fue interpretado por el Jefe del Comando Político-Militar como una indicación clara de que debía evitar enfrentarse a los campesinos cocaleros, es decir, no combatir al mismo tiempo al terrorismo y al narcotráfico. Eso era consistente también con la Directiva del Comando Conjunto. En la práctica, pactar con el campesino cocalero implica pactar con algunas pozas de maceración, algunos traqueteros o proveedores del ácido y el kerosene necesarios para elaborar la pasta básica, y algunas pistas de aterrizaje y avionetas, porque la hoja de coca no tiene ningún valor sin la cadena de procesamiento y comercialización, no es un simple producto agrícola, es un producto agroindustrial. Se trataba, pues, de pactar con una que otra firma de narcotraficantes que no apoyaran al PCP-SL, a fin de mantener la economía campesina. ¿Fue imprescindible hacer esto en esa coyuntura? Al parecer, en la margen oriental del Huallaga y en el Ucayali, donde estaba la Marina, no hizo falta, pues allí se combatió con buenos resultados al PCP-SL reprimiendo al mismo tiempo el narcotráfico. Otra razón para cuestionar la necesidad de una operación tan arriesgada para la ética profesional militar es que en ese momento ya se estaba enfrentando exitosamente al PCP-SL en la zona de Cerro de Pasco y Junín, el corredor por donde podía producirse la transferencia de recursos del PCP-SL Huallaga a sus comités de Lima y Huamanga. Lo cierto es que se desplegó un intenso trabajo de inteligencia en la zona cocalera para identificar posibles aliados y neutralizar las bases logísticas del PCP-SL. El excapitán Vladimiro Montesinos, convertido en abogado de narcotraficantes y residente en la zona, organizó en ese momento la densa red de informantes que fue el origen de su poder.

1.3.3.2. La violación de los derechos humanos en operaciones encubiertas

Las ventajas de la nueva estrategia se dejaron sentir pronto para las Fuerzas Armadas. El enemigo que antes parecía abrumador comenzó a desmoronarse y ahuecarse en el valle del Mantaro, donde primero se efectuaron las operaciones contrasubversivas con toda intensidad, desde el primer semestre de 1990. La Universidad Nacional del Centro fue objeto primero de incursiones militares breves para borrar pintas y retirar banderas subversivas. A los estudiantes que estorbaban en algo la intervención o mostraban disconformidad con la operación se les respondía de inmediato con rudeza, para hacer sentir de qué lado estaba la fuerza. En una segunda fase, las incursiones estuvieron a cargo de unidades especializadas de la PNP y del Ejército que efectuaban capturas. Testimonios refieren al equipo G2 de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI) del Frente Mantaro. Dirigentes estudiantiles, estudiantes que se alojaban en habitaciones alquiladas y comensales del comedor estudiantil controlado por el PCP-SL fueron detenidos uno a uno. La universidad fue infiltrada por agentes y fueron empleados algunos alumnos como informantes, con cuyos datos se hicieron capturas también fuera de la universidad. Llegó el momento en que participaban estudiantes encapuchados con la función de identificar a los que debían ser detenidos. La nueva estrategia dio lugar a un nuevo fenómeno. Muchos de los detenidos eran liberados después de pasar día en celdas de cuarteles o de la DINCOTE. Los que ya tenían una detención eran seguidos y en algunos casos detenidos de nuevo, tras lo cual desaparecían o aparecían muertos, los cadáveres tirados en diversas partes del valle. Por la regularidad del procedimiento, era posible reconocer en las huellas de los cadáveres si habían sido ejecutados por las fuerzas del orden. Llevaban huellas de haber sido esposados, torturados y baleados, casi siempre además con un tiro de gracia entre los ojos.⁵⁹ (También hubo casos de asesinatos cometidos por el PCP-SL en represalia por colaborar con las fuerzas del orden, pero la forma de ultimarlos era otra.) La mayoría de las operaciones contrasubversivas no se dirigían a eliminar militantes del PCP-SL, sino simpatizantes. Los miembros de una OPA suelen ser simpatizantes, pues el PCP-SL es un partido de cuadros muy cerrado, con un número reducido de militantes, equivalente a la oficialidad de una fuerza armada. Los ejecutados o desaparecidos eran miembros de organizaciones de base o de fachada del PCP-SL.

En diciembre de 1990, el Comandante General de la Trigésimo Primera División de Infantería, entonces Jefe del Frente Mantaro, dio respuesta a un pedido del Comando Conjunto dirigiéndole un informe sobre experiencias de la lucha contrasubversiva.⁶⁰ Las experiencias a que se refiere son sobre todo de inteligencia y contrainteligencia. Los aspectos más destacados del informe son, primero, la necesidad de mejorar el personal y los medios materiales de las operaciones de inteligencia, y segundo, la necesidad de evitar los tratos crueles y los plazos de detención largos durante los interrogatorios.

Para mejorar las capacidades de inteligencia, propone que se establezca como norma que los G-2 (oficiales de inteligencia) de las grandes unidades contrasubversivas estén autorizados a planear y ejecutar "operaciones especiales de inteligencia".( p. 3) Esto quiere decir que cada gran unidad contrasubversiva desarrolle sus propias investigaciones y operaciones de contrainteligencia, para no depender en este importante aspecto de unidades de inteligencia escasas y remotas. Para que se pueda cumplir la norma propuesta, deberá proveerse a cada gran unidad de personal de inteligencia con experiencia en técnicas especiales (" Interrogadores, Penetradores, Fotógrafos, etc."). (p. 4) Ya que en este nuevo tipo de guerra las operaciones de inteligencia son prácticamente las únicas batallas, desarrollar estas capacidades en los batallones contrasubversivos equivale a adquirir armamento moderno. La situación de estas operaciones debía ser muy rudimentaria a la hora que se escribió este informe, porque en él se plantea la necesidad de algunas reglas bastante elementales de las operaciones de inteligencia. Se dice, por ejemplo, que las operaciones de represión a cargo de personal inteligencia no deben hacerse en forma abierta. La represión abierta debe quedar a cargo de tropas regulares o patrullas de la PNP. "El procedimiento de represión más adecuado para el personal de inteligencia debe ser en forma ENCUBIERTA, mediante las operaciones especiales". (p. 5)

El informe pide reiteradamente medios materiales y económicos para las operaciones de inteligencia, vehículos comerciales y dinero, a fin de que la "BÚSQUEDA DE INFORMACIONES se realice en forma agresiva y permanente". Refiere que una experiencia que ha dado muy buenos resultados ha sido el desplazamiento de tropas en vehículos civiles. La mejor forma de sorprender a los subversivos que cobran cupos a los transportistas es "empleando ómnibus o camiones transportando tropa vestidos de civil, como simples pasajeros transitando por los lugares donde frecuentemente los interceptan". (p. 10)

Sobre los detenidos y los interrogatorios, enfatiza la importancia de no retenerlos más de 24 horas hasta ponerlos en libertad o entregarlos a la policía. Precisa que siempre que se determine en el interrogatorio militar que el presunto delincuente subversivo (DS) no está implicado en actividades terroristas, debe ser puesto en libertad. Además: "El capturado y/ o detenido no debe ser maltratado por ningún motivo. En los INTERROGATORIOS se empleará la persuasión, mas no la coacción ilícita, amenaza o violencia en cualquiera de sus formas. No podrán ser sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes." (p. 9)

De la presencia en este informe de tales aclaraciones sobre lo permisible en un interrogatorio se deduce que hasta el momento en que se escribía no estaba nada claro que eso tuviera que ser así. Esto coincide con lo que sabemos por numerosos testimonios, que en los interrogatorios se aplicaba violencia extrema, con prácticas como la golpiza, el ahogamiento, colgar al interrogado de ganchos en el techo, aplicarle descargas eléctricas, producirle quemaduras, heridas y mutilaciones, tras lo cual muchas veces sobrevenía la muerte o, por estar ya desfigurado, o porque había visto a sus captores e interrogadores, se lo mataba y sus restos se hacían desaparecer o se hacían irreconocibles, para que la víctima no los denunciara o para que su cuerpo no se convirtiera en prueba acusadora de las torturas que se le había infligido. El informe que ahora reseñamos contiene una recomendación del procedimiento para manejar al presunto DS detenido: (1) Dar cuenta al Escalón Superior -al Jefe del Frente; (2) Aislarlos en un local adecuado y en seguridad; (3) Someterlos a interrogación básica; (4) En todo momento deben permanecer esposados y vendados; (5) Evitar el contacto con personal de tropa no autorizado; etc. Es notorio que el oficial que escribió el informe estaba seriamente preocupado por cómo impedir que se repitan las situaciones que propician los tratos crueles e inhumanos.

Los hechos posteriores muestran que los informes autocríticos como el que acabamos de reseñar tuvieron poca influencia en el desarrollo de las operaciones. El mecanismo que la nueva estrategia había puesto en marcha generó prácticas cada vez más selectivas y más sórdidas. Si en el concepto de guerra total de Luddendorf las leyes de la guerra ceden el lugar a una única máxima: "la mayor cortesía en la guerra es terminarla pronto", se pude decir que, análogamente, en el concepto de guerra contrasubversiva integral que se aplicó en el Perú las leyes de la guerra son reemplazadas por la máxima: "la mayor cortesía en la contrasubversión es que el infierno de la eliminación selectiva pase inadvertido". Circunstancias que contribuyeron a la intensificación de las operaciones encubiertas y la degradación de la ética profesional de las fuerzas del orden fueron, primero, los exiguos medios económicos estatales al final del gobierno de García y los primeros años del de Fujimori, segundo, los efectos psicológicos y morales de la guerra prolongada en el personal militar, y tercero, las dificultades especiales que presentaban los Frentes Huallaga y Ucayali a causa del narcotráfico.

Las operaciones contrasubversivas amplían su radio en los años 1990 y 1991. Alcanzan, hacia el oeste, en Lima, asentamientos humanos -principalmente en la carretera central, como Huaycán, Raucana -y universidades nacionales -principalmente La Cantuta y San Marcos. Hacia el oriente de Junín, los comandos del Frente Mantaro avanzaron hasta el río Ene, donde liberaron a cientos de nativos asháninkas recluidos por el PCP-SL en un campo de trabajo forzado. Y en dirección nororiental, las operaciones alcanzan las "zonas rojas" y cocaleras de Huánuco, San Martín y Ucayali. Nos detendremos en lo sucedido en estos últimos departamentos porque son muy reveladores de las implicancias de la guerra contrasubversiva.

En los Frentes Huallaga y Ucayali la contrasubversión enfrenta también al MRTA y le inflige numerosas bajas y defecciones que implican su derrota estratégica. Aunque sus combatientes, a diferencia de los del PCP-SL, tenían buena preparación militar y los principios de una guerrilla clásica latinoamericana, y aunque, como partido, contaban con el apoyo de antiguas y amplias bases campesinas en San Martín, su estrategia militar era muy endeble para combatir en el mismo terreno donde ya estaban el PCP-SL y las Fuerzas Armadas. Durante 1989, el MRTA vio frustrado su intento de expandirse hacia Junín⁶¹ y su presencia fue tolerada por el Ejército en ciertos valles de San Martín, con la finalidad de que se enfrentara por su cuenta con el PCP-SL y fuera un obstáculo para el avance de éste hacia el norte. Diezmado por el PCP-SL, el MRTA fue reducido aún más en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, tras lo cual sucedió en enero de 1992 la defección de uno de sus líderes, Sístero García, quien colaboró con las Fuerzas Armadas para desactivar al resto del MRTA.

En el Ucayali, patrullas de la Marina venían reprimiendo duramente desde 1986 los "comités populares" paralelos o clandestinos que el PCP-SL organizó en la quebrada del Caco y otros lugares de la provincia de Coronel Portillo. Pese a ello, el PCP-SL estableció entre 1989 y 1991 caseríos de colonos serranos. A semejanza del singular caso de Raucana en Lima, el PCP-SL dirigió la migración y las tomas de terrenos, distribuyó las parcelas y asumió la autoridad local. Los campesinos provenían mayormente del valle del Apurímac, la zona de selva entre Ayacucho y Cusco, de forma que tenían ya experiencia con la producción de coca y la ocupación militar por los Infantes de Marina. La prosperidad cocalera de esos años en el Ucayali los atrajo y el PCP-SL tomó bajo su control parte importante de la migración. Símbolo de esa prosperidad fue el cambio de nombre del pueblo llamado 23 de Diciembre, que pasó a llamarse Rivera en honor al célebre narcotraficante y benefactor de esa región Cachique Rivera.

Un Batallón Contrasubversivo del Ejército operaba en Padre Abad, sobre la margen oriental del Huallaga, en 1989, mientras dos Batallones Ligeros de Combate (BALICOS) de la Marina se hacían cargo de todo el resto de Coronel Portillo. La iniciativa la tuvo el Ejército, pero la Marina compartió las tácticas. Parte de su personal, sobre todo pilotos, participó en las operaciones. Pelotones contrasubversivos del Ejército llegaban en helicópteros a los poblados, ahuyentaban a los elementos armados locales y tomaban transitoriamente el control militar, tras lo cual sus grupos especiales de operativos de inteligencia realizaban numerosas capturas de sospechosos. Transportados por aire, los detenidos eran interrogados con tortura y en la mayoría de los casos finalmente ejecutados. La Iglesia católica de Pucallpa advirtió públicamente que se estaban encontrando cadáveres lanzados desde helicópteros, metidos en costales, los que quedaban colgados de las copas de los árboles. Se les llamó los "caídos del cielo". También hubo ataques indiscriminados contra poblaciones bajo control del PCP-SL, se les disparaba desde helicópteros artillados a lo largo del río. En unos pocos segundos, decenas de personas ocultas tras la vegetación ribereña eran acribilladas sin que artilleros ni pilotos pudieran ver exactamente de quién se trataba. En el asalto a la localidad de Bellavista, los helicóperos llegaron a lanzar cohetes a las viviendas.

La situación en el Ucayali cambia a partir de 1990 cuando el Ejército deja la base Alexander von Humboldt para concentrar su actividad en la zona de Tingo María, y la Marina se hace cargo de la margen oriental del Huallaga. Los BALICOS de la Marina lanzan una campaña de acciones cívicas y organización de colaboradores que les permite instalar en los pueblos de la carretera Federico Basadre una serie de Comités de Autodefensa. Lo mismo resulta en el Caco y en la importante zona del lago Imiría, donde los colonos del PCP-SL, dedicados al narcotráfico, siempre tuvieron relaciones tirantes con los nativos shipibos y los colonos anteriores. Con la colaboración de guías nativos y la acción cotidiana del Comité de Autodefensa de Puerto Alegre, ubicado en la boca del lago Imiría, el PCP-SL es desalojado del lago y de la zona entre el Ucayali y el Huallaga. Durante todo este período, la Marina combatió por igual toda la actividad cocalera, remitiéndose al éxito de la operación Verde Mar (1979) y a la experiencia general que indica que el tamaño de la actividad subversiva crece y decrece en proporción al tamaño de la economía del narcotráfico. Resultado indirecto de estas actividades fue el declive de la economía de los pueblos del Imiría y el Caco.

Los dos indicadores positivos de esta campaña de la Marina en Ucayali a partir de 1990, disminución de la violencia y del narcotráfico, están ausentes en Huánuco y San Martín en ese mismo período hasta 1994. Lo casos que se van a mencionar en seguida no son inauditos en esta guerra, porque seguramente han tenido precedentes en Ayacucho, ni representan práctica exclusiva de las fuerzas del orden, porque el PCP-SL usó también la tortura y todas las formas y grados de la vejación y el asesinato, el chantaje y el terror a lo largo de cada fase de la guerra. El MRTA empezó a hacerlo en 1989 y no cesó hasta su final.⁶² Sin embargo, es importante citar aquí casos de violaciones de los Derechos Humanos producidas en campañas guiadas por la estrategia integral. Estamos hablando de una nueva estrategia centrada supuestamente en la obtención del apoyo de la población y en la selectividad de sus acciones, permitida por el trabajo de inteligencia. Esa era sin duda la intención de la nueva estrategia, pero tenemos que evaluar si se aplicó realmente, si la derrota estratégica del MRTA y el PCP-SL se obtuvo como estaba previsto. Más bien parece que las campañas de los Frentes nororientales dejaron efectos secundarios que influyeron en las actitudes políticas de los altos mandos militares en los años siguientes.

A inicios de 1990, en Tingo María, Huánuco, Juan Ayala Almeida fue detenido por miembros del Ejército, por haber sido denunciado como militante del PCP-SL. Fue torturado y estuvo 4 días sin alimentos, cuando agonizaba fue lanzado de un helicóptero en la selva.⁶³ El 6 de enero, en Angashyacu, Leoncio Prado, El PCP-SL había decretado un paro armado, bloqueado las pistas e instalado trampas explosivas para cuando llegara el Ejército. Dejaron una de esas enterrada en la puerta de la casa de Anatolio, Rumo y Shana Trujillo, de la cual colgaba una bandera roja. Al retirar la bandera, la bomba explotó y dejó herido a un efectivo militar. Los militares entraron disparando a la casa de Anatolio y lo mataron de un disparo en la cabeza, también a Rumo, y la hija de Anatolio fue arrastrada de los cabellos, golpeada y violada.⁶⁴ El 5 de febrero, Julio Alvarado Bardales, campesino cocalero en San José de Pucate, Aucayacu, fue detenido por efectivos del Ejército en una fiesta. Estaba sindicado como terrorista porque en ocasiones llegaron a su casa miembros del PCP-SL. Sus familiares lo fueron a buscar a la base y les dijeron que estaba incomunicado. Días después fue llevado a casa de su padre para que lo reconozca. Cuando le quitaron la capucha el padre vio que le habían cortado las orejas. Luego se lo llevaron. Tres días después, tras larga búsqueda, el padre de Julio encontró una parte del cadáver, sólo el torso con una pierna, atascado entre piedras en el río Huallaga.⁶⁵ El 7 de febrero ingresaron 11 miembros del Ejército al caserío de Tambillo Grande, Leoncio Prado, y detuvieron a 12 personas, de las cuales se tienen los nombres de 6, incluido un adolescente de 14 años. 4 de ellos fueron liberados. Uno de los identificados fue encontrado muerto a orillas del Huallaga, otros quedaron desaparecidos.⁶⁶ En marzo, en Supte San Jorge, Rupa Rupa, miembros del Ejército detuvieron a José dela Cruz Rosales en el camino a su chacra. Lo llevaron al cuartel y lo metieron a un cuarto en el que había 25 personas, todas desnudas. Los detenidos eran sacados uno a uno para el interrogatorio. José fue golpeado y sumergido en un cilindro con agua y detergente. Después del interrogatorio recibió heridas de cuchillo en la cintura, le rompieron la clavícula y dos costillas a golpes, pero fue liberado luego de tres días.⁶⁷ El 24 de junio en el distrito de Colpas, miembros del Ejército sacaron de sus viviendas a Flaviano Presentación Córdova y Greogorio Tolentino Carvajal, les ataron las manos y les vendaron los ojos, los subieron a un vehículo donde los pisotearon. Así los trasladaron a la base militar de Yanac. Allí Flaviano fue golpeado, colgado de los pies y sumergido en un cilindro con agua para que confiese que era subversivo. Luego de aproximadamente diez días de detención, Flaviano salió libre porque fue nombrado Gobernador; Gregorio Tolentino también fue liberado.⁶⁸ El 15 de agosto, en La Morada, Leonardo Jara fue interceptado por efectivos del Ejército. Lo sujetaron y le hicieron cortes en la cara y en la oreja. Luego se lo llevaron en dirección a la base militar de Madremía en Nuevo progreso y hasta hoy está desaparecido.⁶⁹ El 25 de setiembre Leywer Ruiz Trigoso fue detenido en el caserío de Huanganapampa por efectivos militares venidos de Rupa Rupa. Luego fue encontrado muerto con el cuerpo ametrallado y la cabeza mutilada por un explosivo.⁷⁰ El 24 de noviembre, efectivos del Ejército ingresaron a la localidad de Primavera, cerca de Aucayacu, señalada como base subversiva. La incursión se convirtió en una masacre donde resultaron 24 personas muertas, algunas de ellas mutiladas, con las orejas, la lengua y los testículos cercenados.⁷¹

A inicios de 1991, efectivos de la base militar de Aucayacu detuvieron y luego dieron muerte a 18 pobladores del caserío Primavera, en José Crespo y Castillo. Algunos cuerpos mutilados, entre ellos el de una joven que también fue violada, fueron encontrados en el río Pucayacu.⁷² El 19 de junio, en Aucayacu, efectivos del Ejército detuvieron a Leovigildo Decio Hernández Celis en su domicilio a las 2 am y lo llevaron a la base militar. El cadáver fue encontrado por los familiares, quemado y sin intestinos, en las riberas de un río cercano.⁷³ El 9 de agosto de 1991, efectivos de la base contrasubversiva de Aucayacu detienen a Sara Luz Mozombite Quiñónez en Sangapilla. La acusaron de "tuca" y la llevaron a la base. Cuando los familiares acudieron, el Teniente Gringo y el Capitán Lobo negaron que estuviera allí. Una semana después se les informó que ya había sido desaparecida. El cuerpo de Sara fue encontrado días después, mutilado y con la cabeza cercenada, a orillas del Río Negro. Junto a ella se hallaron las ropas de Camilo Alarcón Espinoza, que permanece desaparecido.⁷⁴ El 16 de agosto, en el distrito de Hermilio Valdizán, efectivos de la base de Los Laureles detuvieron a César Beltrán Igúsquiza Caldas. Fue trasladado a la escuela del lugar, donde lo golpearon. Esa noche fue llevado detrás del local del Consejo municipal, donde le cortaron los dedos y las orejas y lo golpearon hasta matarlo. Sus padres lo encontraron con algodón en la boca, sólo pudieron reconocerlo por la ropa que llevaba puesta.⁷⁵ El 15 de agosto, 4 efectivos militares abrieron a patadas la casa de Jaime Gustavo Rodríguez Credo, en Tingo María, y se lo llevaron a la base militar 313 "Los Laureles". Allí Jaime Gustavo fue golpeado con armas, pateado y puñeteado en los testículos, luego lo amarraron a una silla, le descargaron electricidad en la cabeza y la espalda y trataron de sacarle los dientes con un alicate. El teniente llamado Aquiles era el que ordenaba y también, por momentos, ejecutaba las torturas. Lo trasladaron a una celda donde estuvo detenido 7 días, allí se encontró a un primo suyo que había desaparecido 20 días antes. Durante su encierro escuchó los quejidos de otros detenidos mientras los torturaban. En una ocasión, 25 detenidos fueron escondidos en el monte para que no fueran vistos por el fiscal de Huánuco que visitaba la base. Todas las noches soldados armados y con machetes sacaban 2 o 3 detenidos diciéndoles "ya te vas a tu casa, vas a ir con avión para que se vayan al cielo". Uno de ellos fue el primo de Jaime Gustavo, del que no se supo más. Entre tanto, la madre de Jaime Gustavo pagó 4000 dólares al suboficial Pantera y al técnico Romeo a cambio de la libertad de su hijo. Al sétimo día de reclusión, Jaime Gustavo fue llevado junto con otros dos detenidos a la orilla de un río, los arrodillaron y a estos últimos les dispararon en la cabeza. Luego uno de los efectivos se desnudó, para no manchar el uniforme con sangre, cortó las extremidades y sacó las vísceras de los cadáveres para llenarlos de piedras y después tiró todos los pedazos al río. Finalmente le dieron 2 soles a Jaime Gustavo, le dijeron "no quiero que estés ni un minuto más en Tingo María" y lo dejaron en libertad.⁷⁶ El 23 de setiembre de 1991, miembros del Ejército entraron al domicilio de Eladio Avendaño Medrano, sanitario del centro de salud de Cachicoto. Vestido sólo en ropa interior fue obligado a arrodillarse, esposado y torturado. Con la radio prendida a todo volumen, le cortaron una oreja y le pegaron con una escopeta. Finalmente fue metido en un costal y amarrado con una soga. Así lo subieron a un helicóptero. Desde entonces está desaparecido.⁷⁷ En día indeterminado del mes de setiembre, fue capturado en el caserío de Honolulu el pastor evangélico Orlando Mendoza junto con otras 20 personas por efectivos militares. Los llevaron al caserío de San Miguel, a dos horas de camino, donde los mataron. Los cadáveres fueron arrojados de un puente al río. Uno de ellos, el de Willy Lozores, había sido quemado.⁷⁸ El 27 de noviembre, Cayo Silvestre Carhuancho fue detenido en Nuevo Copal por militares de la base de Aucayacu. Cuando los familiares llegaron a preguntar por él se les negó la detención y se les amenazó de muerte, finalmente se les "sugirió" que buscaran en los botaderos de cadáveres cercanos al Huallaga. A los 7 días el cuerpo fue encontrado cerca de Aucayacu, sin cabeza ni manos y con signos de tortura. Fue reconocido por una cicatriz en el pie.

La mención de estos eventos aquí obedece a la intención de dar una idea de lo que significó en la práctica la estrategia de eliminación selectiva. Sólo se ha mencionado una pequeña parte de los eventos ocurridos únicamente en Huánuco en 1990 y 1991. Si se examina los eventos de 1989, anteriores a la difusión de la nueva estrategia y directiva, no se encuentra una situación distinta a la de 1990 y 1991. Y si examinamos las listas de eventos del departamento de San Martín en esos mismos años, la regularidad y el número de las prácticas inhumanas es por lo menos tan grave como en Huánuco. Así es notorio que las principales decisiones de esta guerra han sido desplegar los batallones contrasubversivos en ciertas zonas y organizar la actividad de inteligencia y los pelotones de eliminación selectiva. La nueva estrategia influyó sin duda en el incremento continuo de las actividades de este último tipo, pero sus aspectos dirigidos a dar a la población seguridad y confianza en sus Fuerzas Armadas no fueron aplicados por igual en todas partes. En Huánuco y San Martín, por lo menos, el terror vino tanto por parte de las Fuerzas Armadas como por parte de los subversivos durante largos años.

1.3.3.3. Influencias internacionales en la estrategia contrasubversiva

Para luchar contra la subversión, el Estado peruano regresó en los años 80 al cauce de la ayuda militar norteamericana y de otros países como Taiwán e Israel. La adquisición de armamento hecha a la URSS durante los años 70 había traído consigo la presencia en esos años de numerosos instructores y técnicos soviéticos en el Perú. Pero a inicios de los 80 la cooperación soviética se redujo y no llegó a contribuir a la contrasubversión. En esos momentos empezó un giro de regreso, lento y dificultoso, hacia la ayuda militar de los Estados Unidos. En comparación con lo que gastaron los Estados Unidos en América Central durante los años 80, la ayuda económica al Perú para luchar contra la subversión fue muy reducida. Cuando se habla de ayuda militar, se trata principalmente de instrucción y entrenamiento; en casos especiales se trata incluso de asesores militares que combaten en el terreno junto a las fuerzas locales y transfieren tecnología. Cuando se habla de ayuda económica para la contrainsurgencia, se trata más bien de fuertes sumas de dinero - en calidad de créditos, por supuesto -que permiten al país receptor comprar armamento y vehículos de combate o atender tareas urgentes de reconstrucción.

La ayuda que proveyeron los Estados Unidos en los años 80 estuvo limitada casi exclusivamente a instrucción y entrenamiento. No obstante, las ideas y habilidades que los Estados Unidos transmitieron a los oficiales peruanos durante los años 80 fueron muy influyentes, pues respondían a una concepción estratégica que implicaba grandes transformaciones en los países donde se libraran los combates contra la subversión comunista. En vista de los resultados en el Perú, hay buenas razones para dudar que esas ideas estratégicas, útiles sin duda para derrotar a la subversión, sirvieran para fortalecer a la democracia.

Otra influencia internacional importante para el Perú provino de Taiwán, la República de China, país con el cual el Estado peruano no tiene relaciones diplomáticas. Desde 1981, algunos oficiales peruanos recibieron instrucción en la Escuela de Guerra de Taiwán, cuya doctrina de la "Guerra Política" alcanzó a fines de los años 80 notoria influencia en la estrategia contrasubversiva peruana. Que la política y con ella todos los campos de la vida pública se conviertan en atributos, recursos o funciones de la acción militar contrasubversiva es una idea que, como mostraremos, trajo graves consecuencias para la democracia peruana durante los años 90.

Busquemos una explicación para lo reducido de la ayuda económica norteamericana. De 1980 a 1985 el Perú confiaba en resolver el asunto con sus propios medios, sin necesidad siquiera de una movilización total de sus propias Fuerzas Armadas. Los Estados Unidos, por su parte, tenían a la vista las dictaduras del cono sur, en especial el triste desenlace de la Argentina, como advertencia de que el apoyo a la contrasubversión militar podía resultar contraproducente. El hecho de que los oficiales peruanos hubiesen mantenido en los años 70 muy buenas relaciones con la URSS empeoraba la situación. Más adelante, de 1986 a 1988, el Perú quedó aislado de la comunidad financiera internacional por la política del gobierno con respecto al pago de la deuda externa, por lo cual la ayuda económica para la contrasubversión quedó bloqueada. Sólo se mantuvo la línea de apoyo a la lucha policial antinarcóticos, por medio de la DEA (Drug Enforcement Agency). Luego de la reinserción en el sistema financiero mundial, a inicios de los 90, la idea de prestar ayuda económica al Perú volvió a los Estados Unidos, impulsada sobre todo por el hecho de que el PCP-SL y el MRTA se estaban financiando en la región nororiental al prestar servicios de protección al narcotráfico. Sin embargo, pronto surgió un nuevo obstáculo. A inicios del gobierno de Fujimori, el Congreso de los Estados Unidos prestó atención a los informes sobre violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del orden en los Frentes Mantaro y Huallaga. Las condiciones puestas por el Congreso norteamericano fueron cumplidas superficialmente y recién entonces pudo materializarse una ayuda económica importante. Con este espaldarazo, Fujimori y su camarilla presidencial-militar vieron llegado el momento de realizar su plan máximo y dieron el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Así se hicieron realidad las advertencias de algunas voces del Congreso de los Estados Unidos sobre los costos políticos de la ayuda militar a la contrainsurgencia.

Lo más significativo de este revés de la democracia es que fue producido por la nueva estrategia de conflicto de baja intensidad. De esta estrategia se esperaba que permitiera vencer al terrorismo sin producir numerosas violaciones de los Derechos Humanos ni retrocesos en la difusión de la democracia en el mundo. Lo primero se consiguió en el Perú parcialmente, pero al costo de crear grupos de operaciones especiales que no sólo cometieron excesos sino que, siendo efectivos regulares de las Fuerzas Armadas peruanas, se convirtieron en el principal instrumento del Servicio de Inteligencia Nacional, la agencia central de los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato y la autoridad directa del Presidente Alberto Fujimori. En vista de que las amenazas de origen interno, reforzadas por las conexiones internacionales del narcotráfico, siguen siendo actuales en el Perú y América Latina, es muy importante revisar críticamente la formulación y aplicación de las ideas estratégicas de conflicto de baja intensidad, las cuales indican aún hoy el camino viable de la cooperación internacional para la seguridad y el nivel de fuerza adecuado de la lucha contra el terrorismo.

Ahora se puede mostrar, como lo intentaremos en las páginas siguientes, que, a diferencia de América Central, no fue el tamaño de la ayuda económica a la contrasubversión peruana lo que resultó dañino para la democracia, sino una cierta interpretación local de las implicancias políticas de la nueva doctrina contrasubversiva inspirada en el concepto norteamericano de "conflicto de baja intensidad".

1.3.3.3.1. El conflicto de baja intensidad como estrategia contrasubversiva

La lentitud del Estado peruano para responder adecuadamente al terrorismo no se explica sólo por la situación del país en los años 80. Una mirada a la situación internacional permite entender mejor los hechos. A fines de los años 70, las actividades y capacidades militares de los Estados Unidos para la guerra de baja intensidad habían disminuido como resultado de la política del Presidente Jimmy Carter (1977-1981). A partir de la retirada de Vietnam, se evaluó que las guerras en territorios distantes que se habían librado durante la Guerra Fría habían dado malos resultados en el terreno político, aún cuando Estados Unidos hubiera alcanzado amplia superioridad militar en ellas. Eso venía sucediendo desde la guerra de Francia contra la independencia de Argelia, donde se desarrollaron y aplicaron con rotundo efecto las técnicas básicas de la lucha contrasubversiva. Pese a ello, el Presidente De Gaulle evaluó que no podía cargar la agenda política de Francia con los problemas de Argelia y prefirió descolonizarla, aunque eso causara indignación en la fuerza armada francesa. Así también fue muy duro para los Estados Unidos reconocer que en Corea, Vietnam y Cuba estaban consiguiendo sólo un rígido statu quo. Y en América del Sur, las "victorias" antiguerrilleras habían dado lugar en los años 70 a gobiernos militares que a fines de la década entraban a callejones sin salida. Mientras las dictaduras de Chile y Perú encontraban salidas políticas mediante delicados procesos constitucionales, la de Argentina no lo logró, porque estaba lastrada por los miles de desaparecidos de la guerra sucia y terminó derrotada militarmente en el conflicto de las Malvinas. En este contexto surgió en tiempos de Carter la iniciativa norteamericana de incrementar el componente político y reducir el componente militar en el apoyo a las transiciones democráticas latinoamericanas. Ello implicó un retraimiento de los trabajos para desarrollar estrategias contrasubversivas y entrenar a los agentes represores locales. En 1980, cuando el PCP-SL emprendió su guerra subversiva contra el Estado peruano, la preparación militar norteamericana y la cooperación hemisférica en lucha contrasubversiva se encontraban en su punto más bajo.

Esta situación empezó a revertirse bajo nuevos conceptos en la administración Reagan (1981-1989).⁷⁹ Se adoptó el nombre "conflicto de baja intensidad" para referirse a la combinación de contrainsurgencia, operaciones especiales y guerra no convencional que se emplearía para obtener objetivos políticos en los países afectados por guerrillas y terrorismo. Según esta concepción, el conflicto de baja intensidad demanda una participación mínima de personal y recursos norteamericanos, a diferencia del de alta intensidad, en el que se despliega simultáneamente todo el poderío militar, incluidas armas atómicas, para defender la existencia de los Estados Unidos. Esta idea contiene una crítica de los conflictos de mediana intensidad, como Corea y Vietnam, a los que Estados Unidos destinó numerosas tropas y recursos, pese a que no amenazaron la existencia del país.

La idea de conflicto de baja intensidad fue desarrollada por un panel de expertos en guerras no convencionales y operaciones encubiertas.⁸⁰ El panel recomendó que en las guerras de baja intensidad se restringiera la potencia de fuego, para evitar los efectos contraproducentes de una enorme destrucción como la causada en Vietnam. Los agentes principales de estas guerras serían fuerzas de operaciones especiales que actuarían en pequeñas unidades de comandos. Los niveles de violencia serían bajos en términos cuantitativos, pero se usarían altos niveles de violencia en dosis concentradas durante operaciones selectivas especiales. Las recomendaciones incluían un énfasis en el respeto a los Derechos Humanos para reforzar la tesis de la selectividad. Golpes cortos, abruptos y precisos producen mayor efecto para desarticular la operatividad de los subversivos o de los gobiernos contra los que se dirigen guerras de baja intensidad. El entrenamiento en el respeto a los Derechos Humanos refuerza la tendencia a aplicar la violencia de una forma selectiva y psicológicamente condicionante. En este sentido, el entrenamiento en Derechos Humanos está previsto en este enfoque como un elemento esencial de la guerra de baja intensidad. De ello resulta, paradójicamente, que los golpes selectivos y psicológicamente condicionantes son lo más parecido que existe al terror. La guerra de baja intensidad encara como una tarea central practicar el contraterror a fin de afectar lo más selectivamente posible a la organización enemiga y reducir lo más posible el número de personas afectadas por violaciones a los Derechos Humanos.

De hecho, los mayores empeños militares de la era Reagan fueron operaciones encubiertas de apoyo a insurgencias anticomunistas, entre las que destacan los Mujahidin en Afganistán y los "Contras" en Nicaragua. Tanto el régimen sandinista de Nicaragua como el afghano prosoviético fueron acusados de violar los Derechos Humanos. En 1984, la ONU envió a Afganistán observadores de Derechos Humanos y en 1985 Ronald Reagan aclamó a los "contras" como "luchadores de la libertad". En los conflictos de baja intensidad, las operaciones de apoyo a los esfuerzos contrainsurgentes de gobiernos amigos se alternan con operaciones de apoyo a la insurgencia contra gobiernos enemigos. En ambos casos, el conflicto de baja intensidad implica una activa política pública de Derechos Humanos.

Además de instrumentalizar de este modo los Derechos Humanos, este resurgimiento de las capacidades militares "especiales" en los Estados Unidos dejó atrás la noción de desarrollo socioeconómico propia de la estrategia antiguerrillera de los años 60. En esa estrategia, enormes despliegues de tropas convencionales, con efectos destructivos igual de grandes, se combinaban con ambiciosos programas de desarrollo nacional (" nation building") que abarcaban desde irrigaciones hasta sistemas educativos. Estos programas integrales en los campos no militares eran demasiado caros, lentos y políticamente costosos. La administración Reagan no creía ya más en estas inversiones estratégicas de larguísimo plazo y apostaba por el libre mercado. Pasando por alto el valor de las reformas sociales y las inversiones estratégicas realizadas en esos años en muchos países del llamado "Tercer Mundo", la administración Reagan eliminó de su política antisubversiva los planes de desarrollo nacional. Esto fue determinante para el concepto de conflicto de baja intensidad. Se esperaba entonces que este nuevo concepto permitiría desactivar a los agentes perturbadores de la paz y el desarrollo sin efectuar mayores intervenciones en las economías ni en los procesos políticos nacionales.

Sobre este trasfondo internacional puede entenderse mejor la situación del Estado peruano frente a la subversión terrorista a inicios de los años 80. Cuando estalló la violencia terrorista, la política económica del gobierno elegido (marcada por las personalidades liberales de Manuel Ulloa, Pedro Pablo Kuczinski y Luis Pércovich, entre otros) estaba inscrita en la coyuntura política internacional y por lo tanto era contraria a la concepción desarrollista y estatizadora de la década anterior. Sin embargo, la estrategia antisubversiva seguía siendo la misma, porque las Fuerzas Aramadas no habían cambiado. El concepto de guerra de baja intensidad -y bajísimo presupuesto - era todavía demasiado nuevo. Las Fuerzas Armadas peruanas carecían de él por completo y percibían además con recelo que las nuevas tendencias implicaban el descrédito de su ideología institucional, que era entonces todavía el militarismo reformista y desarrollista de izquierda del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Cuando en 1984 el Gral. Adrián Huamán Centeno, jefe de las operaciones en Ayacucho, remite al gobierno de Belaunde una imperiosa demanda de inversión pública masiva y reforma política y social en la zona de emergencia, estaba nadando contra la corriente. La ausencia de apoyo internacional a grandes proyectos de desarrollo no varió en los años siguientes, arrastró también los intentos desarrollistas y estatizadores de Alan García. Sólo después de ello, en 1988, las Fuerzas Armadas peruanas adoptaron sistemáticamente la estrategia recomendada por los Estados Unidos y se prepararon para librar una guerra de operaciones especiales, orientada a respetar los Derechos Humanos de la mayoría de la población y a aislar socialmente a los subversivos a pesar de no hacer inversión pública ni reformas sociales.

Es necesario precisar un poco más la original combinación de política estatal y estrategia militar contenida en el concepto de conflicto de baja intensidad. La administración Reagan llegó a convencerse de que sólo podía apoyar a un gobierno que asumiera metas de justicia social y pudiera subsanar con auténtico liderazgo los graves problemas de legitimidad que afectan a los Estados pobres. Este gobierno tendría que adoptar un riguroso control del uso de la fuerza y al mismo tiempo enfrentar políticamente a los subversivos, movilizando contra ellos la acción de todos los sectores del Estado. Las reformas que estarían más a su alcance serían las reformas administrativas, para hacer más eficiente y barata la administración pública. Este gobierno no contaría con más ayuda norteamericana que la imprescindible para la acción cívica, además de la preparación militar de sus grupos de operaciones especiales. La acción cívica es una operación militar para ganar el favor de la población en medio de las operaciones de combate. Las tropas ingresan a un poblado con buenas maneras y ofrecen servicios básicos al momento, como atención médica o alimentación para los más necesitados, o hacen obras rápidas de infraestructura local, como reparación de calles o caminos, eliminación de basurales o pantanos, eventualmente construcción de una escuela o local comunal. La acción cívica es a fin de cuentas un tipo de operativo psicosocial, está destinada a producir un efecto momentáneo de paz y progreso en medio de la inseguridad y el desamparo de la guerra interna. Su efecto es tan limitado que sólo tiene sentido si se intercala con los avances de combate. La doctrina del conflicto de baja intensidad deja bien claro que no se trata de desarrollo económico, niega que la pobreza sea la causa principal de la subversión y que el desarrollo económico acabe con los conflictos internos violentos. En palabras del Coronel Rod Paschall: "la historia indica claramente que tales esfuerzos [de desarrollo económico] no son esenciales para el éxito. Las insurgencias han sido debeladas muchas veces con la fuerza bruta represiva. Paradójicamente, un programa de desarrollo llevado muy lejos puede afectar los frágiles hilos de la estabilidad social -como bien lo vio el Sha de Irán... Además, el desarrollo económico, siendo ya bastante difícil de lograr en tiempos de paz, es extremadamente difícil de conseguir en medio de una guerra de guerrillas."⁸¹ Por estas razones, los Estados Unidos se negaron durante los años 80 a prestar al Perú otra ayuda que no fuera la ayuda militar - instrucción y entrenamiento -necesaria para adaptar la estrategia contrasubversiva peruana al concepto de guerra de baja intensidad. Esa política norteamericana condicionó finalmente el proceso político peruano. Hacia 1988, cuando el Perú estaba tocando fondo en la crisis social y económica del gobierno de Alan García y la subversión estaba en su apogeo, se produjo el golpe de timón que enrumbó a la contrasubversión peruana hacia una avanzada estrategia de operaciones especiales.

Sin embargo, hay que admitir que la estrategia contrasubversiva contenida en la idea de conflicto de baja intensidad era sólo un conjunto de recomendaciones cuya aplicación dependía de que se desarrollara una versión local. El difícil camino de esta aplicación se ve en el conflicto interno de El Salvador durante esos mismos años. A inicios de los 80, el Ejército salvadoreño enfrentaba a las guerrillas del frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) con ataques frontales masivos contra las posiciones guerrilleras, usando para ello los batallones previstos para una guerra convencional. La movilidad de los subversivos y su inserción en la población dejaron sin efecto estas ofensivas frontales. En 1982 se organizaron con ayuda norteamericana batallones ligeros de "cazadores", grupos de alta movilidad con capacidad de patrullaje nocturno. Algunas de estas patrullas fueron sorprendidas por grandes unidades de guerrilla, tras lo cual se regresó a formaciones mayores, batallones contrasubversivos de 580 y 390 hombres, con la consecuente pérdida de movilidad. Los subversivos evadían los cercos, retomaban contacto con la población y daban combate sólo cuando tenían gran ventaja. En ello se puede reconocer la influencia de la noción maoísta de "guerra popular", convertida en los 80 en un capital compartido por todas las guerrillas latinoamericanas. A partir de 1983 se incrementa la asistencia militar norteamericana y se adoptan tácticas más adecuadas, al mismo tiempo que se incrementa el número de efectivos del Ejército y se lanzan los primeros programas intensivos de desarrollo local a cargo del gobierno, combinados con la organización de autodefensas campesinas, con el propósito de aislar a las guerrillas y evitar que tengan influencia sobre zonas densamente pobladas. El FMLN resistió en otras zonas, en las cuales los operativos militares no consiguieron el apoyo de la población. La frustración de años de lucha contra la guerrilla sin conseguir mayores éxitos dio lugar entonces a operativos drásticos, como el desplazamiento forzoso de miles de pobladores de zonas favorables a la guerrilla. En 1986 hubo una nueva gran ofensiva contrasubversiva que incluyó programas de repoblación y reconstrucción en todo el país, además de campañas públicas y operativos psicosociales con el propósito de conseguir apoyo popular para el Ejército, pero esta ofensiva también se disolvió sin mayor efecto, debido a la escasez de recursos y la falta de cooperación de

la población. Sobrecargado de tareas de protección de bienes públicos, el Ejército salvadoreño se encontraba en una situación crítica en 1988. En ese momento -casi al mismo tiempo que en el Perú -se produce un cambio de dirección que devolvió la iniciativa al Ejército. Bajo el comando del Coronel René Emilio Ponce, se prepararon grupos de comandos entrenados en operaciones especiales -patrullas de tan sólo 15 hombres -que fueron introducidos en territorios controlados por la guerrilla a fin de asestar golpes precisos durante patrullajes nocturnos. La acción cívica también adquirió un carácter más funcional. La nueva campaña, llamada "Unidos para trabajar", presuponía la erradicación previa de los núcleos sociales de izquierda que presumiblemente apoyaban a la subversión. En lugar de esos núcleos se instalaban nuevas organizaciones y, con la condición de que se formara una milicia local de defensa civil, el Ejército entregaba donaciones de alimentos y medicinas.⁸²

Las semejanzas entre la estrategia que detuvo el avance guerrillero en El Salvador y la que derrotó al PCP-SL en el Perú no son meras coincidencias. Los Estados Unidos de América se encontraban concernidos por ambos conflictos y estaban decididos a influir en su curso difundiendo los principios estratégicos del conflicto de baja intensidad.⁸³

1.3.3.3.2. La Escuela de las Américas y el entrenamiento contrasubversivo en los años 80

Según nuestros cálculos, alrededor de 898 oficiales peruanos llevaron cursos en la Escuela de las Américas entre 1980 y 1996.⁸⁴ Si añadimos a esto el trabajo de instructores militares norteamericanos en el Perú, está claro que esta instrucción contrasubversiva tuvo una recepción amplia. Además, tenemos noticia de al menos un ejercicio conjunto en tácticas contrasubversivas realizado por las Fuerzas Armadas peruanas y las de los Estados Unidos.⁸⁵

Los contenidos básicos de los cursos de contrasubversión de la Escuela de las Américas se conocen mediante los siete manuales que fueron desclasificados por el Pentágono el 20 de setiembre de 1996, más los manuales de la CIA desclasificados en enero de 1997.⁸⁶ Estos manuales están en español y fueron usados como materiales de instrucción en la Escuela de las Américas al menos en 1989. Los alumnos de estas clases de inteligencia militar provinieron de Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Venezuela y Perú. Además, equipos móviles de entrenamiento distribuyeron los manuales en las escuelas de inteligencia de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.⁸⁷

Estos manuales salieron a la luz pública como consecuencia de la presión que hicieron el Congreso y la sociedad civil de los Estados Unidos.⁸⁸ Sus contenidos provienen en gran parte del material de instrucción del llamado "Proyecto X", que era el Programa de Asistencia a la Inteligencia Extranjera del Ejército norteamericano (Foreign Intelligence Assistance Program, US Army Intelligence School), dirigido a entrenar en inteligencia a los aliados de Estados Unidos en todo el mundo. El Proyecto X fue el medio en que se conservaron experiencias y recursos elaborados durante la guerra de Vietnam. Sus papeles fueron conservados en los archivos de la escuela de inteligencia en el Fuerte Huachuca, Arizona. La reanudación de las clases sobre contrainsurgencia en la Escuela de las Américas en 1982 anticipó el resurgimiento de los trabajos sobre este tema en todas las organizaciones y servicios de seguridad de los Estados Unidos, el cual tuvo lugar hacia 1985 sobre la base del nuevo concepto "guerra de baja intensidad" elaborado por el comité Singlaub. Los manuales de contrasubversión que conocemos fueron elaborados en la Escuela de las Américas, Panamá, en 1987 por oficiales de inteligencia del Ejército norteamericano.⁸⁹ El contenido de los manuales, los conceptos y ejemplos, proviene en gran parte de materiales de los años 60, sólo parcialmente refundidos. Lo mismo puede decirse de los manuales de la CIA usados para la instrucción de agentes extranjeros. Human Ressources Exploitation, fechado en 1983, pone muchos de los procedimientos anteriores en el nuevo contexto.

En Terrorismo y Guerrilla Urbana, capítulo IX, "Apoyo de contrainteligencia en operaciones de contrainsurgencia" se enseña a "recomendar blancos de CI [contrainteligencia] para neutralización." Se trata de identificar objetivos civiles, asumiendo que la guerrilla tiene bases de apoyo civil y personal estratégico camuflado entre la población.

Los blancos de CI pueden incluir personalidades, instalaciones, organizaciones, y documentos y materiales. Un blanco de CI es alguien o algo que cabe en una de las categorías descritas anteriormente, puede o no ser hostil. a. Los blancos de personalidad muchas veces prueban ser fuentes valiosas de inteligencia. Algunos ejemplos de estos blancos son oficiales de gobierno, líderes políticos y miembros de la infraestructura. Los blancos de instalación son una amenaza seria a la seguridad de las fuerzas armadas. [...] Algunos ejemplos son las bases operacionales, los centros de comunicaciones, y los albergues. Las organizaciones o grupos que podrían ser una amenaza potencial al gobierno también tiene que ser identificados como blancos. A pesar de que la amenaza puede que no sea aparente, los insurgentes frecuentemente ocultan su actividad subversiva detrás de las organizaciones de fachada. (p. 112)

Este tipo de actividades de contrainteligencia está rodeado por el problema moral y político de no distinguir entre agentes opositores legales al gobierno y agentes subversivos. La operación se realiza precisamente para empezar a distinguir entre unos y otros, por lo cual en principio se programa contra todos los opositores, sean bases de apoyo de la subversión o no.

Nótese que los llamados "blancos" (traducción del inglés "targets") incluyen "oficiales de gobierno, líderes políticos y miembros de la infraestructura". Es plausible que el trabajo de identificación de colaboradores de la subversión abarque a funcionarios públicos, alcaldes y regidores, médicos y maestros, así como a periodistas, activistas y empleados de organizaciones sociales que pueden estar prestando apoyo a la subversión. Al mismo tiempo, está claro el altísimo riesgo de violación de derechos fundamentales que se corre al hacer estas operaciones. En el caso peruano, la ausencia de control democrático de las mismas dio lugar a la transformación de estas operaciones en la base de un poder político y militar antidemocrático.

Según el manual, la contrainteligencia no se limita a identificar blancos, interviene además directamente para provocar cambios de actitud en la población y controlar sus actividades. En esta función, que se llama "control de población y recursos", el resto del personal militar se convierte en fuerza de apoyo para las actividades diseñadas y dirigidas por la contrainteligencia.

Son medidas diseñadas para:
1. Mobilizar (sic) recursos materiales y humanos para el gobierno.
2. Detectar y neutralizar las actividades y organizaciones insurgentes.
3. Proveer un ambiente físico y fisiológico seguro para la población
4. Romper la relación de apoyo entre la población y el insurgente. (p. 114).

El equipo de CI tiene que recomendar entonces acciones de intervención en el curso de las actividades de la población para ser ejecutadas por personal militar. Su papel adquiere pues aspectos de gobierno. Se entiende que el territorio en que operan, por hallarse en estado de excepción, confiere a la fuerza armada la responsabilidad de controlar y reorganizar las actividades civiles. Registro de personas, control del uso de viviendas y lugares públicos, producción, comercialización, transporte de alimentos y de insumos que pudieran ser aprovechados por la subversión, tránsito de personas, uso de medios de comunicación, en suma, todas las condiciones básicas en que se desenvuelve la vida cotidiana de la población son campos de acción de contrainteligencia.

En el Anexo A de Guerra Revolucionaria Guerrillera e Ideología Comunista, se amplía aún más el conjunto de factores que la inteligencia contrasubversiva debe analizar, bajo la premisa visionaria de que "El reto [...] en el futuro inmediato probablemente no será una guerra convencional en Europa Central, pero será una guerra limitada mundial." (p. 76) Como el nuevo tipo de agresor no se orienta a conquistar territorios sino a subvertir el orden político mundial, el análisis básico de inteligencia, orientado por los principios "conocer al enemigo" y "conocerse a sí mismo" implica ahora estudiar la realidad política, económica, sociológica, geográfica/ climática y militar del propio Estado, así como la realidad del guerrillero. El temario detallado empieza pues así:

1. El gobierno
a. ¿Reconoce el gobierno que tiene un problema de insurgencia? Esto es crítico porque si el gobierno no reconoze (sic) el problema, será muy difícil implementar OCI [Operaciones de Contra-Inteligencia].
b. ¿Cómo es que la estructura política, las leyes y reglas del gobierno apoyan o impiden a OCI?
2. Política Nacional (internacional y doméstica)

a. Política y programas.
b. Grupos políticos.
c. Estabilidad política.
3. Seguridad interna.

a. Orden público y programas de seguridad.

b. Establecimiento de seguridad interna.

c. Establecimientos de inteligencia y contrainteligencia. (p. 77)

La inteligencia militar se ha convertido de este modo en una fuente de líneas políticas para el gobierno que enfrenta una amenaza subversiva. Está implícito en estas páginas que esta guerra no se libra principalmente con balas, sino con políticas integrales y medidas de control de las actividades y expectativas de la población. "Las capacidades del gobierno o falta de capacidades afecta la estrategia insurgente y su actividad es analizada para determinar contramedidas. Un entendimiento de las capacidades del gobierno y de su deseo de hacer lo que sea necesario para derrotar la insurgencia es crítico para el planeamiento de una estrategia de contrainsurgencia" (p. 71) La imprecisión (no sólo gramatical) de este pasaje es elocuente. Se asume que el gobierno puede estar subestimando la amenaza subversiva y que hay que tomar "contramedidas". Suponiendo que no son medidas contra el gobierno, sino contra la subversión, esto quiere decir que la naturaleza de las medidas militares adecuadas contra la subversión depende de cuáles sean las capacidades del gobierno. Entendemos que si el gobierno no tuviera el "deseo de hacer lo que sea necesario para derrotar a la insurgencia", entonces la inteligencia militar tendría que diseñar las medidas militares que subsanaran esta deficiencia.

Las actividades de la inteligencia militar amplían su rango y alcance en estos manuales, con motivo de la contrasubversión, hasta ser prácticamente irrestrictas. Ello entraña riesgos graves para el futuro de la democracia en los países afectados por conflictos de baja intensidad. Por un lado, las fuerzas armadas contrasubversivas tienden a convertirse en un gobierno paralelo y alternativo al gobierno elegido. Las apreciaciones de inteligencia militar definen como misiones militares medidas que en una democracia sólo pueden ser políticas del gobierno elegido. En el caso del Perú, esta tendencia a usurpar las funciones de gobierno se combina con la norma constitucional de que en el estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. Cuando esa usurpación está en marcha, desaparece el control democrático y se vuelve común que las operaciones de contrainteligencia transgredan impunemente los derechos básicos de las personas a quienes se aplican.

Las recomendaciones de los manuales norteamericanos en el campo de una política contrasubersiva o una estrategia integral son vagas porque se plantean escenarios sociales y militares demasiado diversos. Continúan refiriéndose a estrategias subversivas como las de los años 60, al mismo tiempo que admiten la posibilidad de tener que enfrentar en ciertos momentos y lugares a guerrillas que "no conducen batallas posicionales y no defienden terreno ni sus bases permanentes" (Guerra revolucionaria, p. 26). Tampoco prestan especial atención a una subversión cuya principal estrategia sea el terrorismo, como es el caso peruano. Los aspectos psicosociales de la guerra no son desarrollados mayormente, no se convierten en una estrategia integral, como sí en la concepción de "guerra política" de Taiwán que veremos más adelante. Las recomendaciones norteamericanas se concentran en las operaciones especiales. De todos modos, en el contexto peruano, el predominio de las operaciones especiales dio lugar a que surgiera durante el conflicto un cierto tipo de poder político-militar que conspiró contra la democracia y finalmente la sometió.

El manual titulado Contrainteligencia señala como posibles blancos de operaciones de contrainteligencia a los grupos políticos locales o nacionales y especialmente a los que tienen metas, creencias o ideologías contrarias u opuestas al gobierno nacional. El concepto es muy amplio, así como lo son las atribuciones de la contrainteligencia.

LISTAS NEGRAS CONTIENEN LAS IDENTIDADES Y LOCALIZACIONES DE PERSONAS CUYA CAPTURA Y DETENCIÓN SON DE IMPORTANCIA PRIMORDIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS:

EJEMPLOS

a. Agentes enemigos conocidos o sospechosos, personas envueltas en espionaje, sabotaje, política, y personas subversivas.
b. Líderes de grupos paramilitares hostiles, de guerrilla, conocidos o sospechosos.
c. Líderes Políticos conocidos o sospechosos como hostil hacia las Fuerzas Armadas o los intereses políticos del Gobierno Nacional.
d. Líderes conocidos o sospechosos de gobiernos enemigos, cuya presencia en el área de operaciones representa una amenaza para la Seguridad Nacional.
e. Colaboradores y Simpatizantes enemigos, conocidos o sospechosos, cuya presencia en el área de operaciones representa una amenaza para la Seguridad Nacional.
f. Colaboradores y Simpatizantes enemigos, conocidos o sospechosos de haber participado en actividades de Inteligencia, Contrainteligencia, Seguridad, Policía o Indoctrinación política en las tropas o los civiles.
g. Otras personalidades identificadas por el G2 como de detención inmediata. Esto puede incluir personalidades políticas locales, Jefes de Policía, y líderes municipales o de departamentos del gobierno enemigo. (Contrainteligencia. p. 237.)

Estos son los grupos o tipos de personas que una lista negra debe señalar. Se trata de colaboradores directos del enemigo que deben ser detenidos de inmediato, es decir, ser objeto de una operación de CI. Las listas grises contienen blancos de colaboradores potenciales o eventuales del enemigo, las listas blancas, personas de lealtad comprobada a la contrasubversión. Es un principio general de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que los "blancos" no están para ser eliminados, sino para ser "explotados". Explotar significa aquí obtener información. La lista blanca es en este sentido tan importante como la gris y la negra. Sin embargo, la actividad enemiga de los que figuran en la lista negra obliga a intervenirlos para evitar daños inminentes a la propia fuerza de combate. Éste es el sentido de la contrainteligencia, interceptar a los informantes del enemigo, neutralizar a sus saboteadores o a los agentes que pudieran haber infiltrado o captado dentro de las propias filas. En estos casos, cuando se detiene o se amedrenta a una persona que se viene siguiendo, se pierde información a cambio de proteger la capacidad operativa actual. El peor de los casos es que esta persona resulte muerta durante el operativo, porque entonces se pierde totalmente la información. El principio fundamental de la contrainteligencia es pues hacer el uso de la fuerza mínimo imprescindible para desactivar la amenaza a nuestra capacidad operativa sin hacer mayor daño a nuestra red de obtención de información.

El empleo de la inteligencia militar en la contrasubversión introduce pues un criterio de restricción de la violencia alternativo al criterio legal. El criterio legal es, en las acciones policiales y de persecución penal, el estado de derecho, y en las acciones militares, las leyes de la guerra establecidas por el Derecho Internacional Humanitario. No es por estas razones que la inteligencia operativa, estratégica o táctica, impone un control estricto del uso de la fuerza. Lo hace para situar a la fuerza militar en una posición definitivamente ventajosa con respecto al accionar del enemigo mediante la obtención de información sobre el comportamiento de este último. Este principio utilitarista introduce en el accionar militar un proceso de complejización y especialización funcional que compite con el proceso del estado de derecho. Mientras el estado de derecho y el orden jurídico internacional autorizan el empleo de la fuerza según normas de derecho, de forma que todos sepan a qué atenerse, las acciones de contrainteligencia dosifican la violencia según planes operativos, de forma que sólo las fuerzas propias sepan a qué atenerse y el enemigo no sepa a qué atenerse.

Sabiendo esta diferencia, se puede demostrar que las menciones de los Derechos Humanos en el contexto de estos manuales contrasubversivos -y de la instrucción norteamericana a oficiales latinoamericanos en los años 80 -los distorsionan profundamente.⁹⁰ Es un caso paradigmático de desinformación. La evitación de las violaciones masivas a los Derechos Humanos es un producto colateral y secundario de la restricción estratégica del uso de la fuerza impuesta por el predominio de las operaciones de contrainteligencia en el conflicto de baja intensidad. Por esto, al mismo tiempo que se habla de Derechos Humanos, se actúa de manera que los miembros de las organizaciones subversivas o quienes estén inclinados a apoyarlas pierdan todos los derechos y no encuentren respaldo en ninguna estructura jurídica ni social.

Para los fines de la contrainteligencia, el "insurrecto" detenido debe ser desnudado de toda protección jurídica. Esta expoliación total se consigue mediante la siguiente estrategia. Primero, se establece que el detenido no tiene la condición de un prisionero de guerra bajo las convenciones de Ginebra. Ello se justifica como consecuencia de que el detenido no forma parte de una fuerza beligerante, no lleva uniforme que lo distinga como combatiente, sus líderes no son accesibles ni están reconocidos como posibles negociadores de una paz y las hostilidades que su grupo practica son guerra irregular que viola todas las leyes de la guerra. Segundo, se establece que es un delincuente común de alta peligrosidad, cuya acción criminal extraordinaria ha obligado al gobierno a emplear la fuerza armada para detenerlo. Y como ha sido detenido por la fuerza armada, tiene que ser interrogado preliminarmente por ésta antes de ser puesto a disposición de policías y magistrados. El interrogatorio militar no forma parte de la acción penal, no tiene jurisdicción en ella, pero el detenido no es tampoco un prisionero de guerra que el Derecho Internacional Humanitario proteja. El interrogatorio de contrainteligencia se convierte pues en un espacio de indefensión total del detenido. En esto reside la "vulnerabilidad sicológica" del insurrecto detenido que es la condición básica para que el interrogatorio de inteligencia tenga éxito.

Las instrucciones para los interrogatorios en los manuales militares que ahora analizamos siguen las enseñanzas de los manuales de la CIA de los años 60, especialmente el KUBARK Counterintelligence Interrogation de 1963. En los manuales del Ejército, la regla básica es someter al detenido al más estricto aislamiento, privándolo de toda referencia clara sobre lo que ocurre alrededor. Si el individuo consiguiera de alguna forma la seguridad de que su reclusión va a terminar en cierto plazo, eso bastaría para elevar sus defensas psicológicas e impediría obtener información a través de él. No debe saber ni dónde está, ni adónde lo llevan, ni por qué lo han detenido, ni la identidad personal de sus captores. Las instalaciones de reclusión descritas en los manuales son claramente prisiones clandestinas. En estos manuales no se hace diferencia para este fin entre personas que han cometido actos ilegales y otras personas que son interrogadas porque han sido identificadas como fuentes de información aunque no hayan cometido ninguna acción ilegal. Los manuales de la CIA son mucho más precisos y explícitos que estos manuales del Ejército. Human Resource Exploitation Training Manual -1983 es una versión actualizada del KUBARK. Lo conocemos en una copia que contiene modificaciones escritas a mano con el propósito de corregir las frases que van contra la política oficial de Derechos Humanos. Según Human Resource Exploitation, las detenciones deben hacerse al amanecer, por ser la hora en que el individuo es psicológicamente más pasivo. Se lo debe vendar y amordazar de inmediato, desnudarlo por completo, transportarlo y confinarlo incomunicado, a fin de que pierda el sentido del tiempo transcurrido. La sala de interrogación tiene una pesada puerta de hierro, porque ello impresiona al interrogado, no tiene ventanas y no permite el ingreso de sonido alguno, de forma que puedan manejarse los estímulos luminosos y sonoros que llegan al interno para poder desorientarlo. La celda de reclusión y los pasillos hacia ella tienen semejantes características. Los ritmos de alimentación y sueño deben ser alterados, incluso el acceso a letrinas debe estar supeditado a la autorización del interrogador. Aunque ambos manuales de la CIA incluyen capítulos sobre técnicas coercitivas, precisan que las técnicas de tortura suelen ser contraproducentes para la obtención de información y que la amenaza de dolor es más efectiva que el dolor mismo. No se descarta que se emplee la fuerza para desmontar las defensas psicológicas del interrogado y convencerlo de que las amenazas van a realizarse. Pero el dolor por sí mismo, provocado fuera de este proceso psicológico de inseguridad creciente, no es conveniente para el interrogatorio. Los interrogadores deben turnarse y repartirse roles, a fin de prolongar la presión sobre el interrogado, llevarlo a extremos de agotamiento físico, extremos de calor, de frío, privarlo del sueño (" La cama debe ser mínima, catre y manta, no colchón. La idea es impedirle al sujeto relajarse y recuperarse del shock" E-3), y, en los casos en que sea conveniente, recurrir a la hipnosis, a drogas y placebos.

El uso de los manuales del Ejército y de la CIA en el entrenamiento fue interrumpido a fines de 1991 por la administración Bush. El Departamento de Defensa abrió una investigación sobre los siete manuales del ejército y presentó los resultados en un informe a la comisión de inteligencia del Congreso. Se identificaron numerosos pasajes violatorios de la política de Derechos Humanos del Departamento de Defensa. En un pasaje central del informe, se formula una explicación aparentemente ingenua, pero en verdad reveladora, de las causas de la falta de control democrático sobre esta actividad.

IMPLICANCIAS PARA LA SUPERVISIÓN DE INTELIGENCIA (U)

(U) Una mala interpretación de las regulaciones de supervisión de inteligencia (IO) puede haber contribuido también indirectamente a la falla del sistema. El personal de inteligencia del Ejército involucrado en la preparación y presentación de los cursos de inteligencia no supo reconocer que los materiales en los planes y manuales de las lecciones contravenían las políticas del Departamento de Defensa. Nuestras entrevistas revelaron que estos individuos asumieron erróneamente que las regulaciones de supervisión de inteligencia del Departamento de Defensa y del Ejército que implementan el E. O. 12333 eran aplicables sólo a personas estadounidenses y que no se aplicaban al entrenamiento de personal extranjero. Su preparación en supervisión de inteligencia se enfocó básicamente en asegurar que no hubiera colección de información sobre personas estadounidenses e ignoraba el hecho de que las actividades de inteligencia tienen que ser también legales y adecuadas.⁹¹

En efecto, la doctrina fundacional de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) no establece control judicial ni parlamentario de sus operaciones ya que éstas se limitan a territorios extranjeros. Si no resultan afectadas personas estadounidenses por sus operaciones en el extranjero, la CIA no tiene limitación normativa alguna. Los controles y restricciones han sido creados para evitar la violación de derechos por las actividades de contrainteligencia al interior de los Estados Unidos, las cuales están a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que es un órgano policial dependiente del Secretario de Justicia.⁹² En el escenario de una guerra de baja intensidad contrasubversiva, el estado de excepción impuesto por el Estado anfitrión en su propio territorio para que sus fuerzas armadas puedan operar sin atascarse en problemas judiciales se convierte también en el espacio de acción carente de controles legales en que pueden aplicarse las viejas técnicas de la CIA. Este espacio, donde los entrenadores estadounidenses pueden quedar involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, fue eliminado recién en 1991 por la administración Bush. En ese momento, a raíz del escándalo, se tomaron de inmediato medidas correctivas. Se dispuso recuperar todas las copias de los manuales del Ejército y de la CIA en cuestión y destruirlas, así como comunicar a los gobiernos afectados que esos manuales no son consistentes con la política estadounidense. Se dispuso también que en adelante el comando conjunto establecería una política permanente de supervisión de inteligencia que garantizaría que el entrenamiento a agentes extranjeros sería consistente con las políticas de los Estados Unidos.

Este cambio de política contribuyó a una marcada disminución del número de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones por parte de las Fuerzas Armadas peruanas a partir de 1991, pero no alcanzó a proteger a la frágil democracia peruana de los planes de Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos. El predominio en la estrategia contrasubversiva peruana de las operaciones especiales sin control democrático tuvo grandes costos políticos e institucionales.

1.3.3.3.3. La teoría de la guerra política de la Escuela de Guerra de Taiwán

Fundado en y para la lucha contra el comunismo chino, el Estado chino nacionalista situado en la isla de Taiwán desde 1949 ha desarrollado la doctrina militar más radical para enfrentar a Mao y sus sucesores. Oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas han estudiado profundamente esta concepción desde inicios de los años 80, para lo cual viajaron a Taiwán y residieron allí por períodos de hasta un año continuo. El centro de estudios de la "Guerra Política" es el colegio Fu Hsing Kang en Taipei. A su regreso, estos oficiales han hecho aportes a la instrucción y la elaboración de estrategia contrasubversiva en el Perú. El primer curso de Operaciones Psicológicas basado en la concepción de "Guerra Política" se ofreció en la Escuela Superior de Guerra del Perú en fecha tan temprana como 1984. Corresponde examinar aquí esta doctrina por dos razones. Primera, porque contribuyó a definir elementos centrales de la estrategia contrasubversiva que se empleó para derrotar al PCP-SL. Segunda, porque, junto con la instrucción de la Escuela de las Américas, preparó el terreno ideológico para el régimen de Fujimori.

Está bien claro en la expresión "Guerra Política" que aquí la política se entiende como un atributo de la guerra. La palabra "política" se ha rebajado aquí al nivel de un adjetivo que modifica al sustantivo "guerra" y determina un tipo especial de guerra. La política de que aquí se trata no es la que consiste en establecer prioridades y elegir las mejores opciones para mejorar la vida diaria del pueblo. Es, más bien, la política concentrada en salvar la realización de la idea de existir como pueblo cuando "ocurren síntomas [de grave riesgo] en la administración de los asuntos del pueblo y cuando el pueblo es perseguido."⁹³ Así entendida, la política es el ejercicio del derecho del Estado a la existencia, no el ejercicio de derechos políticos por parte de los ciudadanos. Se pone en práctica "pensando en las responsabilidades políticas en lugar de los derechos políticos. Podríamos aún decir que "política", en la guerra política, es política revolucionaria, pero no política ordinaria." Se pone énfasis en que el Estado, en tanto hace guerra política, usa "la ideología para luchar contra la ideología, y la organización contra la organización."⁹⁴ A diferencia de la política ordinaria, en la cual no hay guerra entre ideologías ni entre organizaciones, sino competencia franca y leal entre ellas, aquí el predominio político se alcanza mediante el uso de todos los medios disponibles del Estado a fin de someter o eliminar las actividades enemigas, porque esto es precisamente una guerra política. Ello es así porque se percibe que la amenaza exterior se materializa al mismo tiempo como amenaza interior: "En su intento por destruir nuestra nación y nuestro pueblo, los imperialistas hacen uso de tales recursos como anestesia ideológica, infiltración en las organizaciones e instigación de las masas además del empleo del poder y la diplomacia para crear traidores y el caos político interno".⁹⁵ Ante tales amenazas es necesario, según esta doctrina, desplegar una compleja actividad que emplea todos los medios políticos pero en verdad es guerra.

En consecuencia, el uso de la violencia está restringido en este tipo de guerra.⁹⁶ Esta restricción responde a las mismas razones que restringen el uso de la violencia en las operaciones de contrainteligencia. No se trata, pues, de limitar el despliegue de fuerza destructiva para no vulnerar derechos de las personas, sean los derechos de los ciudadanos, los derechos que protegen las leyes internacionales de la guerra o los Derechos Humanos en general. El uso de la violencia está restringido en la guerra política porque en ésta las ventajas estratégicas no se consiguen en el campo de batalla, sino en medio de los delicados tejidos de una sociedad.

El poderío militar permanece en el "centro" de la guerra política. Ésta, que es llamada también, más expresivamente, "guerra ideológica total", consigue las ventajas estratégicas que permiten obtener simultáneamente la victoria política y la militar. En el momento de estas victorias simultáneas se habría alcanzado el antiguo ideal chino de vencer al enemigo sin hacer uso de la violencia. La toma de posesión militar acontecería sin necesidad de dar batalla. Lo decisivo habría acontecido en el ámbito de lo intangible, donde acontece el cambio psicológico-ideológico del enemigo y de la población, donde la inteligencia consigue que el enemigo se comporte tal como le induce a hacerlo nuestra estrategia, donde el peso de las masas se hace sentir según la voluntad de nuestras organizaciones. En ese glorioso momento, cuando la guerra política estuviese en su "cenit", la guerra militar estaría ganada de antemano. La guerra política está en condiciones de asegurar el buen éxito de la acción militar porque tiene lugar más allá de los límites de ésta. La guerra política modifica las condiciones sociales que son trasfondo y contexto del esfuerzo militar. Lo que los combatientes militares no pueden hacer para que el enemigo quede debilitado y quebrantado antes de la batalla, lo hacen los combatientes de la guerra política:

Primero. -En términos del espacio, la guerra militar tiene campos de batalla determinados, su vanguardia y su retaguardia, mientras que la guerra política no está restringida por el espacio, no existiendo por ende ni una vanguardia ni una retaguardia. Segundo. -En términos de tiempo, existe [en la guerra militar] una demarcación evidente durante la movilización, la beligerancia y la desmovilización. Sin embargo, en la guerra política, tanto la movilización, la beligerancia como la desmovilización pueden empezar y terminar en cualquier momento. Tercero. -En términos de combatientes, se impone [en la guerra militar] condiciones de edad, sexo y condiciones físicas a los combatientes de vanguardia y a los trabajadores encargados de la producción en retaguardia. Además, los combatientes de primera línea deben de llevar uniformes y equipos establecidos. Sin embargo, en el campo de la guerra política no existe esto. Cuarto. -En términos de tipos de combate la guerra militar debe pasar por las necesarias matanzas y derramamientos de sangre. Pero la guerra política es en su mayor parte intangible, aunque a veces pudiera envolver muertes y derramamientos de sangre.⁹⁷

Todas las acciones de la guerra política, a saber, las acciones coordinadas de guerra psicológica e ideológica, de obtención de información sobre el enemigo y desvío estratégico de sus propósitos a favor de los nuestros, y de conquista de la conducta de la población mediante la superioridad de las propias organizaciones sobre las del enemigo, todas se llevan a cabo más allá de los límites del accionar militar. Sobrepasar estos límites no significa aquí dejar atrás la actitud bélica. En la guerra política hay derecho a matar, así como hay derecho a desinformar, desacreditar, dividir y debilitar al enemigo. Pero, por razones estratégicas, no se recurre a la lucha abierta, la violencia se mantiene restringida para evitar un enfrentamiento militar que sería desventajoso si se produjera antes de haber avanzado en la guerra política. Visto a la luz de la tradición occidental, el patriotismo de la guerra política es semejante al de Bruto y Casio, que entran al senado con la espada bajo la toga para acabar con el que entró a Roma con un ejército leal a su persona y usurpó los poderes del senado. Esa figura trágica, que en la tradición occidental se recuerda como el despropósito de remediar un mal causando otro peor, es glorificada ingenuamente en los textos de la guerra política. Según éstos, ya que los comunistas amenazan a la República de China no sólo militarmente, desde el exterior, sino también políticamente, buscando influir sobre la población de Taiwán, entonces hay que enfrentarlos haciendo una política nacional e internacional que es en verdad una guerra sin cuartel, una guerra irregular que no se detiene ante los derechos de los ciudadanos ni ante el derecho internacional. Desde el punto de vista de un Estado que se legitima porque garantiza los derechos de los ciudadanos y honra los tratados internacionales, la "guerra política" es una transgresión sistemática de todos los límites legales, tanto de los que sustentan la paz interna como de los que sustentan el orden internacional. Según la doctrina de la guerra política, en cambio, el Estado tiene derecho a conseguir ventajas sobre otras organizaciones, tanto dentro de su propio territorio como en el territorio enemigo, mediante operaciones encubiertas, campañas de descrédito y prácticas económicas y sociales que perjudiquen a esas otras organizaciones, al margen de cualquier derecho que pudiese proteger a éstas últimas.^{98 Un} concepto central de toda concepción racional de la justicia está ausente de los textos de la guerra política, el concepto de derecho personal. Hasta su sombra ha sido borrada, porque el único derecho que la guerra política conoce es el derecho del Estado a asegurar su existencia.

Sin embargo, el diagnóstico de la estrategia maoísta en estos manuales es muy penetrante y ha tenido influencia decisiva en el desarrollo de la estrategia contrasubversiva peruana a fines de los años 80. Una cita del libro La Rusia Soviética en China, del Presidente Chiang Kaishek, da a entender que los maestros en la guerra política son precisamente los comunistas: "no puede dejarse de lado el punto más importante que tienen los comunistas cuando hacen la guerra, y es la coordinación de los ataques de fuera magistralmente combinados con los actos subversivos de dentro. Y a fin de posibilitar esto, hacen uso de armas militares y no-militares". Las armas no-militares son "los instrumentos en la guerra política. Y nuestra derrota en el continente no se debió al poder militar de los comunistas chinos sino a las intrigas que ellos maquinaron en la guerra política". (p. 15)

El manual El Estudio de Seis Tipos de la Guerra Política,⁹⁹ tiene como método el análisis de las estrategias y tácticas de los comunistas chinos. Por ejemplo, el capítulo I, "La Guerra Ideológica", fundamenta sus recomendaciones sobre "Cómo llevar a cabo la guerra ideológica en contra del partido comunista" (p. 33-42) en "Un estudio de la guerra ideológica de los comunistas" (p. 18-33). El mismo procedimiento se aplica en los siguientes cinco capítulos, "La Guerra de Organizaciones", "La Guerra de Información", "La Guerra Estratégica", "La Guerra Psicológica" y "La Guerra de las Masas". Un rasgo central de la estrategia maoísta que este libro describe detalladamente es la paulatina neutralización política de la mayoría de la población. "Las masas son guiadas al concepto errado del neutralismo autoconcebido, considerándose a sí mismos como absolutamente neutrales y apartándose del gobierno. Al perder la confianza y apoyo de las masas, el gobierno queda completamente aislado. En el evento de una inestabilidad política, los autodesignados neutrales ideológicamente naturalmente se inclinarán con los comunistas." (p. 25)

Otro aspecto que aparece también en la estrategia del PCP-SL es la creación de organizaciones de fachada que en apariencia defienden derechos pero en la práctica sólo buscan estorbar la acción represiva: "So pretexto de proteger los derechos humanos por el individualismo, los comunistas piden por la terminación de la política del gobierno, que de hecho es la cancelación de las organizaciones policíacas que salvaguardan la seguridad social y mantienen las leyes de la nación." (p. 31)

Quizás la idea estratégica que más claramente ha transitado de la "guerra del pueblo" de los comunistas chinos a la "guerra política" de Taiwán, y así mismo, de la "guerra popular prolongada del campo a la ciudad -pensamiento Gonzalo" del PCP-SL a la estrategia contrasubversiva peruana de 1989, es que no se trata de controlar territorios, sino de conseguir el apoyo de la población. "La cosa importante en la guerra militar es capturar ciudades y terrenos. La situación combativa algunas veces puede ser decidida por la obtención o pérdida de una ciudad. La cosa importante de la guerra política es ganarse la lealtad del pueblo y no la obtención o pérdida de una ciudad. La situación es alterada con la tendencia del pueblo." (p. 11) "Un 30% de la fuerza total se debe emplear en la línea de vanguardia, y un 70% en la retaguardia del enemigo, que es el campo primordial de batalla de toda guerra organizacional. De acuerdo con el fallecido presidente Chiang Kaishek, no se debe dar demasiada importancia a la toma de tierra enemiga, pero sí a la fuerza de nuestra actividad en la retaguardia del enemigo, de tal modo que ahí se gane la batalla. Por lo mismo en la guerra organizacional hay puesto y trabajo para todo el mundo". (p. 54) De esto último se colige que nadie tiene derecho a negarse a cubrir un puesto en esta guerra donde la indiferencia equivale a la deserción. En todo caso, la estrategia misma indica que primero hay que conseguir el escepticismo de la población frente a las promesas y la organización del enemigo, luego la neutralidad y sólo finalmente la participación activa en la guerra política.

La batalla decisiva se da pues en el terreno de la ideología. El cambio ideológico se prepara con operaciones psicológicas. Uno de los puntos centrales de la guerra psicológica es la adecuada distribución del sentimiento de hostilidad. Al igual que en la guerra de inteligencia, lo más importante aquí es afectar sólo "a un grupo reducido de elementos dirigentes del bando enemigo, no a un número considerable". Si se procede hábilmente, la población se convencerá de que la guerra no es contra ellos. "Por eso no podemos considerar como enemigas a las masas populares; tampoco podemos mirar como enemigos a los oficiales soldados del enemigo, ni a los innumerables cuadros del régimen comunista. Mientras más reducido sea el radio de nuestro ataque, mayores serán las posibilidades de éxito. Al fin y al cabo, si asestamos golpes es para ganarnos la voluntad del enemigo." (p. 232) No hay que confundir esta actitud con una benevolencia gratuita. Es sólo un medio para aislar a la cúpula enemiga y quitarle el apoyo de las masas. El criterio estratégico de restricción del uso de la fuerza que hemos encontrado páginas arriba dentro del concepto de "conflicto de baja intensidad", está aquí aplicado no sólo a las operaciones de contrainteligencia, sino también a las operaciones psicológicas.

La diferencia radical entre el criterio estratégico de restricción de la violencia y el criterio jurídico salta a la vista en una de las operaciones más agresivas, la captación de colaboradores mediante la promesa de que no se investigará su pasado. "Serán bien recibidos todos aquellos que no son comunistas y que, aprovechando las circunstancias, se incorporen en nuestras filas... No se investigará su pasado y recibirán un trato político favorable todos los cuadros del partido comunista chino que tomen parte en los trabajos revolucionarios contra el comunismo... Los cuadros que trabajen en empresas o actividades de la industria... no serán objeto de investigación respecto a su pasado, recibirán fuertes recompensas y se les colocará en puestos de importancia". (p. 253) Una política semejante se aplicó bajo Fujimori con la ley de arrepentimiento, aunque estuvo limitada por los elementos de estado de derecho que la oposición y la presión internacional consiguieron mantener.

Finalmente, cabe destacar que, como parte de la guerra psicológica, es necesario "recalcar el hecho de que la lucha anticomunista es una lucha entre la libertad y la esclavitud, entre la democracia y el totalitarismo. Por eso, la implantación del régimen constitucional, la consolidación del imperio de la ley y la salvaguarda de los derechos humanos son los objetivos fundamentales que persigue nuestra empresa anticomunista y de salvación nacional." (p. 255) Igual que en los manuales de Defensa Nacional¹⁰⁰ peruanos de las últimas tres décadas del siglo XX, la plena vigencia de los derechos personales se menciona como un objetivo remoto, para conseguir el cual es necesario garantizar hoy día la plena operatividad de las Fuerzas Armadas y la ejecución de las tareas de la Defensa Nacional en sus dos ámbitos, externo e interno, con el concurso de toda la población. En otras palabras, la plenitud del estado de derecho, la seguridad, es una situación ideal que algún día se alcanzará mediante las acciones de la Defensa Nacional. En esta concepción, así como en la "guerra política", el orden de los valores democráticos está invertido. En vez de afirmar que la dignidad de cada ser humano existe, ya plenamente real, en él mismo, y que respetarla es la condición de legitimidad de las acciones de gobierno y, entre ellas, de la política de defensa, se afirma que la garantía de los derechos es un "objetivo", y que la acción del Estado se justifica porque tiene esa finalidad. Así resulta que quienes contribuyen a realizar los fines de la política de defensa del Estado son los verdaderos defensores de los derechos humanos, aunque dicha política de defensa se ejecute mediante la suspensión de garantías y la extinción de la luz pública, a través de operaciones encubiertas de servicios secretos militares sin control democrático.

En el caso de Taiwán podríamos recurrir a una explicación cultural de esta contradicción, a saber, que las sociedades orientales no son humanistas ni tienen la marcada noción de derechos individuales que es característica de las sociedades occidentales. En muchos detalles de estos textos salta a la vista esa diferencia cultural. Por ejemplo, cuando denuncian con facilidad el "individualismo" de los activistas y políticos democráticos que primero son usados por los comunistas para alejar a las masas del gobierno y luego, cuando los comunistas toman el poder, son traicionados y desaparecidos por los mismos comunistas. La actitud de esos demócratas no es valorada en absoluto y se les considera simplemente tontos útiles. O cuando definen a cierto tipo de espías, los "espías condenados", como aquellos que "enviamos al territorio enemigo y no esperamos que vuelvan vivios a nuestro medio", pues se emplean en operaciones como la siguiente: "enviamos un emisario de paz, así el enemigo se convertirá en arrogante y negligente, así podemos atacar al enemigo sorpresivamente cuando está sin preparación, pero entonces nuestro emisario de paz será eliminado por el enemigo". (p. 202)

1.3.3.4. El Plan Político-Militar y el ascenso de Alberto Fujimori Fujimori

Durante 1989, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas elaboraban y ponían en funcionamiento la nueva estrategia contrasubversiva, un grupo de militares y civiles preparó clandestinamente un plan de golpe de Estado para introducir un sistema de "democracia dirigida" a partir del cambio de gobierno en julio de 1990. La línea política neoliberal y autoritaria de este extenso documento, conocido en medios periodísticos como el "Plan Verde", fue asumida después por la camarilla político-militar que Vladimiro Montesinos organizó alrededor de Fujimori. En adelante llamaremos Plan Político-Militar a este documento, a falta de otro nombre más preciso. La idea del Plan Político-Militar era hacer un pronunciamiento militar poco antes del cambio de gobierno, derrocar en el acto a Alan García, detenerlo, procesarlo por traición a la Patria y presionar al nuevo Presidente para que aceptara cogobernar con las Fuerzas Armadas. Esta acción no se puso en marcha porque el ascenso de Fujimori complicó las cosas. El Plan Político-Militar contaba con una polarización extrema entre el Fredemo y el Apra que impediría una salida pacífica dentro del proceso democrático y daría lugar a un pronunciamiento militar del que nacería un nuevo régimen civil sustentado por las Fuerzas Armadas, el cual realizaría los dos grandes cambios inminentes e inevitables, la reforma económica y la derrota del terrorismo. Pero el acercamiento político de Fujimori con el Apra y las izquierdas a inicios de su gobierno abrió un compás de espera. Éste se alargó a causa de las negociaciones con los Estados Unidos sobre la ayuda militar y económica para luchar contra la subversión y el narcotráfico. En todo este proceso, Vladimiro Montesinos, aunque no había formado parte del grupo creador del Plan Político-Militar, se hizo cargo de mantener vivo el plan a través de estas complicaciones, actualizándolo y adecuándolo a los intereses de su camarilla presidencial-militar. En otras palabras, llevó la conspiración más allá de lo que se habían imaginado los conspiradores. Finalmente, el operativo previsto en el Plan Político-Militar y su programa de gobierno, actualizados para la nueva coyuntura, fueron puestos en práctica en el golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril de 1992.

1.3.3.. 4.1. El Plan Político-Militar

El objetivo principal del Plan Político-Militar es establecer un gobierno militar secreto que sea el que efectivamente gobierne mientras se mantiene la apariencia de que los responsables políticos son los ministros del gobierno elegido. El poder real y determinante se encontraría en el ámbito de acción llamado "DOMINIO ESTRATÉGICO" y sería ejercido por el Jefe de Estado, la Junta de Gobierno, el Consejo Estratégico del Estado (CEE) y la Secretaría Ejecutiva Nacional (SEN). Según el plan, este nivel superior de acción del Estado no debe estar expuesto al desgaste político ni debe estar dentro del campo visual del enemigo, por ello "su existencia debe ser un secreto". El Jefe de Gobierno y demás "encargados de los portafolios", en cambio, "podrán sufrir el desgaste que fuera preciso y ser removidos o reemplazados sin que la conducción estratégica de la Patria sufra alteración alguna". Ellos actúan en el "DOMINIO POLÍTICO", el cual "cumple la función de camuflaje" (p. 9) y es responsabilizado de los defectos y errores de la gestión real. Una metáfora ayuda a explicar de qué se trata: "quien decide por dónde debe ir el vehículo (Estado) para llegar a los objetivos nacionales de largo plazo es las FFAA que emplea los mejores choferes (Civiles) para manejar dicho vehículo".( p. 8) La diferencia entre el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno no da lugar aquí a un primer ministro fuerte y un auténtico gobierno de gabinete, como es lo propio de las democracias constitucionales europeas. Los ministros obedecen a un gabinete secreto, el Consejo Estratégico del Estado, el cual ejecuta sus decisiones mediante la Secretaría Ejecutiva Nacional. Ésta es el "núcleo operativo principal, es el vaso comunicante y el motor de los nuevos destinos de la Patria, es el ESTADO MAYOR, el celoso guardián de la aplicación de acciones destinadas a resolver los problemas estratégicos del Estado." (p. 9) En la composición del Consejo Estratégico del Estado llama la atención que no figure el Jefe de Estado (el Presidente de la República elegido) y en cambio sí el Jefe de Gobierno (que viene a ser el Presidente del Consejo de Ministros). Los demás miembros son la Junta de Gobierno (presumiblemente los tres Comandantes Generales), el Jefe de la Guerra Contrasubversiva (presumiblemente el Presidente del Comando Conjunto), el Jefe del Sistema Nacional de Control, Seguridad y Propaganda (una especie de GESTAPO), el Secretario Ejecutivo Nacional (Jefe de la SEN), cinco miembros designados por la SEN y "el Presidente del Directorio Estratégico cuyo sector esté en análisis y discusión". (p. 10) Hay tantos Directorios Estratégicos como ministerios. Las funciones de un DE son "completar, reformular y verificar el planeamiento estratégico del sector [...] Establecer las prioridades [...] Preveer (sic) y proveer la legislación pertinente [...] Delimitar la simplificación administrativa [...]. DESBUROCRATIZAR EL SECTOR. Ilustrar al responsable del dominio político". etc. (p. 13) Así queda claro que el Consejo Estratégico del Estado es el medio por el cual las Fuerzas Armadas definen, dirigen y supervisan las políticas que aplica el gobierno. El Jefe de Estado tiene una función decorativa y el poder legislativo no se menciona, está simplemente omitido.

Esta intrépida arquitectura política se ofrece como remedio para los males que los partidos políticos habrían traído al país. Se atribuye estos males a una combinación de burocratismo con irresponsable lenidad frente al avance de la subversión, a todo lo cual se le llama "la experiencia APROSUBVERSIVA". (p. 15) El poder encubierto del "DOMINIO ESTRATÉGICO" permitiría mantener líneas de acción para alcanzar objetivos de largo plazo, superando los vicios de la política partidaria, señalada por el "inmediatismo" y la demagogia de "gente acostumbrada a los acuerdos bajo la mesa". (p. 4) Para el corto y el mediano plazo, se establecería una política de "Democracia Dirigida", a cargo de la Secretaría Ejecutiva Nacional. Dentro de ese marco no se impedirían "las distintas formas de expresión de la población", pero sí "las posiciones extremistas o irresponsables", adecuando las actividades públicas a las necesidades de la guerra contrasubversiva. (p. 12) El derecho de las Fuerzas Armadas a desempeñar un papel determinante en la política se expresa reiteradamente en las páginas introductorias: "Se propone un gobierno CIVIL-MILITAR, en el cual las Fuerzas Armadas conscientes con (sic) su responsabilidad patriótica asumen el compromiso de dirigir los destinos de la Patria". (p. 8) "La Junta de Gobierno representa a las Fuerzas Armadas que como Reserva de la Patria han asumido la responsabilidad de la conducción de la Patria en una hora sombría. Esta responsabilidad no puede ser delegada." (p. 6) El supuesto derecho de las Fuerzas Armadas a gobernar es llevado en este plan más lejos que nunca antes, pues ahora se convierte en el derecho a gobernar ocultamente, sin que la población lo sepa ni pueda controlar en lo más mínimo los actos de gobierno, mientras permanece en la creencia de que gobierna el gobierno elegido.

Además de este proyecto militarista extremo, el plan contiene una versión radical del ajuste estructural de la economía. Con esto no hace más que apropiarse del programa antiinflacionario, racionalizador del gasto público y promotor de la inversión extranjera que venía propugnando el líder de la oposición, Mario Vargas Llosa, mediante el Frente Democrático (Fredemo), en el cual participaban Acción Popular y el PPC. Ésta era también la línea promovida por la principal fuente potencial de ayuda militar y económica, los Estados Unidos. Reducción del Estado, eliminación de privilegios burocráticos y reorientación de los dineros públicos hacia la promoción del crecimiento económico son, como vimos, las políticas de justicia social que quedan en el contexto de la interpretación de la guerra antisubversiva como "conflicto de baja intensidad".

¿Cómo hacer compatibles la libertad de empresa y la transparencia en la gestión pública con la tiranía política y la absoluta intransparencia de los actos del Estado? Esta pregunta no preocupaba en lo más mínimo a los autores del plan. Su confianza se apoyaba en la desesperación de una población agobiada al mismo tiempo por la incertidumbre económica y por el terrorismo. Sin embargo, los autores del plan encaraban una cuestión más inmediata ¿cómo obtener el apoyo de los Estados Unidos para el planeado régimen? Había que ofrecerles algo importante para que pasaran por alto la quiebra de la democracia constitucional. La reforma estructural no bastaba para esto, porque no había más remedio que hacerla e igual se haría dentro del proceso democrático. La respuesta se prepara en el Anexo III "Cooperación Perú -USA: una necesidad sustancial".

El tema central de este plan de entendimiento con la administración Bush es el narcotráfico. Se asocian confusamente a este problema el populismo del gobierno de García, del cual se dice que incrementa el riesgo de que el Perú recaiga en la esfera de influencia del comunismo internacional, como ya sucedió en los años 70 (bajo el gobierno militar). Todo esto se magnifica con la mención del creciente nexo entre la subversión y el narcotráfico. El objetivo sería que el comunismo, aliado con el narcotráfico y el terrorismo, no encuentre un nuevo refugio en los valles cocaleros peruanos en el momento en que se desploma la Unión Soviética. "Es necesaria la actuación del Perú dentro del Plan Baker". (p. 92) Aunque la mayor parte de este Anexo es una desordenada enumeración de factores negativos para la seguridad de los Estados Unidos, al final las premisas parecen encadenarse en el siguiente razonamiento: El narcotráfico es una amenaza a la salud y la seguridad de la población de los Estados Unidos; Sendero Luminoso y el MRTA compiten en el Alto Huallaga para "apoderarse del principal producto de exportación peruana y que está fuera de control del Estado: la producción de cocaína" (p. 92); los subversivos empiezan a transformar el "oro blanco" en medios militares modernos; "el orden legal del Estado coadyuva a la subversión permitiendo hasta publicaciones diarias que le favorecen, colusión de jueces y enjuiciamiento de aquellos encargados de combatir al enemigo. Ninguna Organización Política dentro del marco institucional existente está en capacidad de combatir con éxito a Sendero, ni de corregir la dimensión del Capitalismo Burocrático" (p. 94); en consecuencia, a menos que apoye al Plan Político-Militar de las Fuerzas Armadas, "la Sociedad Norteamericana seguirá recibiendo grandes dosis de narcóticos minando su estructura social y destruyendo miles de personas todos los años." (p. 94) El acuerdo propuesto por el Plan Político-Militar a los Estados Unidos está bien claro. Se trata de evitar que el PCP-SL o el MRTA controlen el Alto Huallaga, a fin de cortar una conexión narcoterrorista. El único medio que tendrían los Estados Unidos en ese momento para tal fin sería apoyar el Plan Político-Militar. "La participación de la ADMINISTRACIÓN BUSH en este esfuerzo está supeditada a la acción común en esta zona de producción de coca, no existiendo otro elemento de negociación que tenga este valor". (p. 98)

En efecto, el valor que tenía para el Plan Político-Militar ofrecer a los Estados Unidos el control del narcotráfico del Huallaga residía en el poderoso efecto confusionista de este tema. La extraña conclusión lógica de este razonamiento, a saber, que a los Estados Unidos les conviene apoyar la liquidación de la débil democracia peruana para que en su lugar se instale un gobierno militar encubierto, deriva de una serie de premisas inciertas. No era cierto que no se pudiera combatir con éxito al PCP-SL dentro del proceso democrático, pues la nueva estrategia contrasubversiva estaba en marcha y tenía avances decisivos desde 1989. No era cierto que la reforma estructural fuera imposible dentro de la democracia, pues era propugnada por la principal fuerza electoral e incluso el gobierno aprista había emprendido ya discretamente la reinserción en la comunidad financiera internacional. No era cierto que el Perú pudiera recaer bajo la influencia de la Unión Soviética como su principal proveedor de armamento y acreedor extranjero, pues ésta se hallaba en disolución. No era cierto, finalmente, que las Fuerzas Armadas no pudieran emprender la batalla por el alto Huallaga sin detentar el poder político, esto era más bien un chantaje.

Las políticas sectoriales presentadas en el resto del Plan Político-Militar revelan que sus autores estaban ejercitados en el desprecio a las libertades democráticas e incluso en el desprecio a la vida y en la destrucción de la dignidad humana. En el sector comunicaciones, por ejemplo, se proponen replantear el uso de los medios de comunicación para "la conducción sicológica de la población". Precisan que "la libertad de empresa es perfectamente compatible con estos objetivos, la libertad de opinión es incompatible con la coyuntura". En consecuencia, sus medidas no se limitan a "silenciar los medios de prensa abiertos o encubiertos de los grupos subversivos. [...], sino que se extienden a "coordinar con los responsables empresarios y promotores de los medios de comunicación la autocensura y el marco de accionar que les es permitido en la coyuntura. [...]" e incluyen el "cierre temporal o definitivo de aquellos medios que no sigan escrupulosamente las normas". Este sería uno de los principales campos de acción de la institución encubierta llamada Sistema Nacional de Control, Seguridad y Propaganda. (p. 21)

En cuanto al derecho a la educación, el Plan Político-Militar hace la siguiente restricción: "El ingreso de niños a la educación primaria a cargo del Estado deberá estar condicionado a la adopción por parte delos Padres de la política poblacional que el Estado elija. De no considerar los Padres necesario restringir sus impulsos reproductivos, esto presupone el hecho de que cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a mayores responsabilidades." (p. 20) Lo mismo se aplica consecuentemente en el Sector Construcción: "Debe priorizarse el acceso de (sic) crédito a la vivienda a (sic) aquellas familias que se ajustan a la política poblacional del Estado." El tema de la explosión demográfica reaparece obsesivamente a lo largo de todo el documento.

En el acápite sobre "Política Delincuencial" se ve claro en qué están pensando los autores: "La explosión demográfica [...] se traduce, en un marco de miseria y depresión económica, en comportamientos delincuenciales avanzados. Estos elementos humanos no son posibles de ser readaptados a una estructura económica productiva que se encuentra colapsada y la única solución en el corto y mediano plazo para el cuerpo social es su eliminación. [...] Si complementamos dicha política con una completa despenalización de aquellos elementos que no hayan sido declarados excedente poblacional-indeseable, podríamos desactivar recursos que hoy consume el sistema carcelario sin ninguna ventaja evidente. Aquellos elementos despenalizados que no modifiquen su conducta deben ser eliminados del cuerpo social." Para hacer creíbles sus convicciones sobre la necesidad natural de controlar los nacimientos y eliminar vidas humanas según criterios de utilidad social, añaden un Anexo 01 titulado "Historia demográfica", cuyos temas son las "sacas de población", "la guerra", "la hambruna" y "la peste". Con ejemplos macabros como los criaderos de esclavos en Virginia en el siglo XIX y la política del Estado nazi (" es notable el impulso al crecimiento poblacional de la Alemania de Hitler, contrasta con el exterminio científico de 6 millones de población judía en Europa del Este comandados por la misma Alemania. Hablamos de este siglo y del país económica y culturalmente más pujante de ese momento"), fundamentan la siguiente conclusión: "En resumen, el control demográfico como aumento y disminución, como origen y calidad, como interés económico, es una constante imprescindible en la estrategia de poder y desarrollo del Estado".

En el plano internacional, después de la negociación con los Estados Unidos sobre el problema del narcotráfico, sigue en prioridad el establecimiento de relaciones con Taiwán, de quien se espera gran ayuda militar, debido a su larga experiencia de lucha contra el maoísmo, y también apoyo financiero. La mención repetida de Taiwán como modelo de estrategia anticomunista y desarrollo capitalista basado en una estrategia nacional da a entender que en este documento está activa la influencia de la doctrina taiwanesa de la "guerra política", cuya recepción peruana documentamos en páginas anteriores.

El análisis del Plan Político-Militar nos permite identificar el tipo de politización que avanzaba en ese momento en las Fuerzas Armadas. Queda claro, primero, que la afirmación del derecho de los oficiales de las Fuerzas Armadas a tomar el poder inconstitucionalmente, usando para ello las mismas armas que la Nación puso en sus manos, era en ese momento ya una doctrina indecente e inconfesable, meramente conspirativa, hecha para cohesionar a las Fuerzas Armadas en el odio hacia el orden democrático. En segundo lugar, es notorio que el énfasis puesto en la "eliminación de excedente poblacional indeseable" responde al mismo propósito, poner a las Fuerzas Armadas en una postura ideológica contraria a la cultura de los Derechos Humanos que ya en ese momento era patrimonio común de los partidos que participaban en la contienda democrática. Estas forzadas posturas ideológicas respondían, en tercer lugar, a la pretensión de adueñarse de los dos grandes logros que estaban abriéndose paso en ese momento en el país, la victoria estratégica sobre el terrorismo y la reforma estructural de la economía. Los altos oficiales golpistas no estaban dispuestos a permitir que la democracia superase los mayores problemas del país, tras lo cual muchos de ellos, además, quedarían en el banquillo de los acusados por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas a lo largo del conflicto. En esta voluntad usurpadora se combinaban el falso orgullo institucional de una tradición de militares-gobernantes, la codicia de la cúpula militar de ese momento y el deseo de impunidad de los implicados en violaciones a los Derechos Humanos. Una cuarta conclusión sale de las referencias a los Estados Unidos: la ambición de triunfo personal de los oficiales conspiradores buscaba una actitud semejante en los protagonistas del Plan Baker, quienes, con tal de expandir su exitosa persecución mundial contra el comunismo en retirada, parecían dispuestos a arriesgar la existencia de la débil democracia peruana.

Acompañan al Plan Político-Militar una serie de textos anexos. Un primer grupo, al que ya hemos recurrido en parte, son los de contenido ideológico y programático (1. Historia demográfica. 2. Nueva deuda externa. 3. Cooperación Perú-USA. 4. Campañas sicológicas.) Un segundo grupo son las tres sucesivas apreciaciones de inteligencia sobre las condiciones de implementación del planeado golpe según los cambios de coyuntura política (20 de Febrero de 1990, 9 de abril de 1990, 13 de junio de 1991). Nos interesa comparar estas apreciaciones de inteligencia con los eventos de 1991. Al final siguen 17 anexos que contienen listas de locales a ser controlados por las FFAA o usados como centros de reclusión, listas de documentos y comunicados a difundir y listas de personas, líderes sindicales, líderes políticos y presuntos delincuentes subversivos a ser detenidos el día del golpe. Un operativo semejante se ejecutó el 5 de abril de 1992.

1.3.3.4.2. El fenómeno Fujimori

Dos procesos interfirieron y transformaron los planes golpistas que se urdían dentro de las Fuerzas Armadas, la victoria electoral de Fujimori y las condiciones que pusieron los Estados Unidos para prestar ayuda económica a la lucha antisubversiva y antinarcóticos. Ciertamente, el Plan Político-Militar había subestimado ambos factores. Aunque sabían que ya no podrían gobernar de nuevo abiertamente como en los años 70, los golpistas no calcularon que esto significaba estar sometidos a la voluntad de un líder popular que sacaba su poder de la misma dinámica política que ellos se proponían neutralizar. Sobre los Estados Unidos su confusión era también profunda, pues habían perdido de vista qué significa ser parte del mundo libre.

Las elecciones presidenciales del 8 de abril de 1990 le dieron a Alberto Fujimori un sorprendente 29% que lo situó muy cerca del candidato favorito, Mario Vargas Llosa, quien sólo obtuvo un 33%, y le permitió entrar junto a éste a la segunda vuelta electoral, dejando atrás al candidato del APRA, Luis Alva Castro, quien obtuvo, sin embargo, un también sorprendente 22%, seguido por Henry Pease, de Izquierda Unida, con 8% y Alfonso Barrantes, de Izquierda Socialista, con 5%. Como el 35% de votos que sumaban el Apra y las Izquierdas eran, ante todo, votos antiliberales y contrarios al ajuste estructural anunciado por Vargas Llosa, éste dio la contienda por perdida y a Fujimori le bastó, para ganar ampliamente la segunda vuelta, decir durante el debate electoral que él no aplicaría la política económica de shock. El proceso electoral había producido un nuevo liderazgo de altísima popularidad en el cual confluían confusamente, por un lado, el rechazo ideológico a la política de ajuste, marcado por el apoyo del APRA y las Izquierdas, y por otro, el rechazo a todos los partidos políticos, encarnado en Cambio 90, el improvisado y variopinto movimiento de apoyo a la candidatura de Fujimori.

Los golpistas quedaron obligados a recomponer su diagnóstico de la coyuntura y, en consecuencia, sus planes operativos. Apenas siete semanas antes, en su apreciación de inteligencia al 20 de febrero de 1990, habían concluido que "las previsiones sobre un proceso electoral, transferencia de gobierno y los próximos meses de la nueva administración del país dentro de un marco ordenado carecen de realismo y podrían conducir a la República al desencadenamiento de una convulsión social generalizada. En estas condiciones sólo las fuerzas del orden en la conducción política del Estado pueden garantizar la unidad de la mayoría de la población y la iniciación de un proceso de construcción nacional, al margen del sistema democrático establecido en la Carta Magna." Pero al día siguiente de las elecciones, en una nueva apreciación de inteligencia fechada el 9 de abril, se explican lo sucedido así: "Existe una natural tendencia de la Ciudadanía en los períodos de inestabilidad social, política y económica, de orientarse a posiciones moderadas y no confrontacionales." Afirman al mismo tiempo que el resultado expresa "las condiciones anormales por las que atraviesa el Estado peruano", pues "CAMBIO 90 no es más en la actual coyuntura que una corriente de opinión adicional" que "no fue capaz de inscribir siquiera candidatos a diputados en diez departamentos del país". Se dan cuenta así mismo de que este giro protege a Alan García y, junto con él, a todos los demás políticos, de la persecución que el planeado golpe militar iba a lanzar. Los planes de golpe quedan, pues, suspendidos, porque "un pronunciamiento después de la segunda vuelta electoral constituye ir en contra de una esperanza de cambio ya configurada de una fuerza electoral no menor de 50% conformada por los estratos de menores niveles económicos que verían que la irrupción de las Fuerzas Armadas es a favor de los ricos del Perú."

Durante todo este año electoral las acciones subversivas y contrasubversivas continuaron con mucha intensidad. En enero fue asesinado por el MRTA el ex ministro de defensa Enrique López Albújar. El MRTA tenía secuestrado al empresario Héctor Delgado Parker desde octubre de 1989. La DIRCOTE allana un local del PCP-SL donde se encuentra importante información sobre su comité central que sirve de base para las decisivas capturas que vendrían. Los paros armados convocados por el PCP-SL fracasan, pero al mismo tiempo perpetra masacres contra los pueblos nativos en la selva de Junín, 150 asháninkas fueron muertos en marzo, en la zona de San Martín de Pangoa, y 35 en abril, en Mazamari, Satipo. El Ejército persigue a columnas senderistas en todos los frentes, pero también se producen numerosos excesos contra inocentes pobladores. El mayor éxito de los subversivos en este período es la fuga de 47 presos del MRTA del penal de alta seguridad Castro Castro por un túnel. Ello ocurre el 9 julio, faltando días para el cambio de gobierno. Los hechos de violencia continuaban golpeando casi a diario la conciencia de la población y, pese al inminente cambio de gobierno, la sensación de inseguridad no cesaba. Sobre ello, la indefinición política de Fujimori crea un vacío en el que van a instalarse muchas de las líneas políticas preparadas por los golpistas.

Entre el 10 de junio, día de la segunda vuelta electoral, y el 28 de julio, día en que asumió el gobierno, Fujimori pasó varias semanas alojado en una suite del Círculo Militar, con el pretexto de velar por la seguridad del nuevo presidente electo. Allí fue iniciado por Vladimiro Montesinos en los planes secretos de las Fuerzas Armadas. El pronunciamiento militar previsto para el 27 de julio por la última apreciación de inteligencia anexa al Plan Político-Militar se volvía improcedente en el momento en que Fujimori accedía a realizar las metas de dicho plan. Es más, si la idea era que el control de las Fuerzas Armadas sobre el gobierno elegido fuera secreto, entonces la instalación misma del nuevo sistema debía ocurrir también en secreto. Esta versión perfeccionada y, al mismo tiempo, mediatizada del Plan Político-Militar fue puesta en vigor por Montesinos y Fujimori en las conspiraciones de junio. Así quedaron fuera de lugar las fantásticas instituciones secretas de que hablaba el Plan (el Consejo Estratégico del Estado, la Secretaría Ejecutiva Nacional, el Sistema Nacional de Control, Seguridad y Propaganda, los Directorios Estratégicos, etc.) y también la Junta de Gobierno, añorante recuerdo de los años 70. Pero el gobierno en la sombra sí existiría. Su sede sería el Servicio de Inteligencia Nacional y todas sus funciones serían dirigidas por Vladimiro Montesinos.

El objetivo inmediato era que Fujimori se desprendiera de los asesores económicos contrarios al ajuste que había enrolado durante la campaña, Óscar Ugarteche y Santiago Roca. En efecto, fueron defenestrados a mediados de julio, aún antes de la asunción del mando. Luego se anuncia como primer ministro a Juan Carlos Hurtado Miller, quien es el primero en revelar que, inevitablemente, se tendrá que aplicar un programa de ajuste para cerrar brechas fiscales. El mensaje presidencial del 28 de julio fue muy impreciso sobre las medidas de ajuste que se tomarían, pero su vaguedad fue significativa. Estaba abandonando el rechazo a la política de ajuste económico. Recuérdese que el único contenido político de la mayoría electoral conseguida por Fujimori consistió en dos rechazos: uno a la política de ajuste económico y otro a los partidos. Eliminado el primero, quedaba sólo el segundo como la única fuente de identidad política del mandatario. Esto era lo que buscaba el Plan Político-Militar, el aniquilamiento de los partidos y la instauración de una "democracia dirigida" con metas de larguísimo plazo fijadas por las Fuerzas Armadas. Fujimori, guiado por Montesinos, les estaba robando el programa a los militares golpistas y los estaba sometiendo a su liderazgo.

Para demostrar la efectividad con que el nuevo gobierno podía dar pasos en esta dirección, se realiza en los mismos días del ascenso de Fujimori al poder una purga en la Policía que da de baja a todos los oficiales allegados al ex ministro del interior del APRA, Agustín Mantilla. Más de 300 oficiales son apartados del servicio. Éste era un punto débil admitido por las apreciaciones de inteligencia del Plan Político-Militar, la falta de control de los oficiales conjurados sobre la Policía, pues esta se había convertido durante el gobierno de García en una especie de bastión gobiernista. Pero el acto decisivo para la estabilización de Fujimori y Montesinos frente a las Fuerzas Armadas fue el "fujishock". En agosto, a pocos días de haber asumido Fujimori el gobierno, fue aplicado un programa radical de ajuste económico sin la menor previsión de programas sociales de emergencia para los más pobres. Las Fuerzas Armadas y Policiales fueron desplegadas para prevenir desmanes o saqueos, pero ello fue casi innecesario, pues la población asumió pacíficamente los hechos sin actos de desobediencia. Al día sigiente del fujishock, cuando el dinero ya no alcanzaba para adquirir ni la décima parte de los bienes que el día anterior, una encuesta estimó que el 49% de la población de Lima estaba de acuerdo con las medidas económicas.

No fue, pues, la política económica lo que puso a Fujimori en el camino del golpe de Estado del 5 de abril, sino la voluntad de las Fuerzas Armadas -alentada por el gobierno mismo - de eliminar todo control democrático sobre la política de seguridad y defensa. En octubre se realizó la primera prueba de fuerza en este terreno. Fue el Decreto Supremo 017-90-JUS, por el cual el Ejecutivo otorgaba amnistía a los procesados por excesos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la lucha contrasubversiva. Como era previsible, el Senado dejó sin efecto el DS, por encontrarlo inconstitucional e ilegal. A partir de ese momento Fujimori no pierde una ocasión para desacreditar a los poderes Legislativo y Judicial, tildándolos de corruptos e irresponsables con términos extremadamente agresivos: "canallas", "chacales". Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y Policiales proceden con redoblada dureza en la lucha contra la subversión y las denuncias sobre ejecuciones ilegales, masacres, torturas y desapariciones perpetradas por ellos aumentan velozmente. Fujimori anuncia, con pleno respaldo de las Fuerzas Armadas, una nueva estrategia contrasubversiva que implica la acción coordinada de todos los sectores del Estado. La polarización política se da entre, por un lado, la posición fujimorista a favor de una guerra contrasubversiva irrestricta y, por otro, la posición de la mayoría opositora en el Congreso, favorable a profundizar la contrasubversión sin abdicar del control democrático ni del estado de derecho. Fujimori impulsa esta polarización no sólo para desarrollar su liderazgo sobre las Fuerzas Armadas, sino también para intentar mantener la cohesión de su grupo parlamentario por oposición a los partidos políticos. En ese contexto, Alan García es librado de una acusación constitucional en el Congreso por las masacres de Lurigancho y El Frontón gracias a que los votos de la bancada fujimorista se sumaron a los del Apra.

1.3.3.4.3. La negociación con los Estados Unidos

Siguiendo una prioridad del Plan Político-Militar, el gobierno de Fujimori emprendió a inicios de 1991 gestiones para conseguir ayuda económica de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y la subversión. Ahora conocemos los pasos de esas negociaciones gracias a que han sido desclasificados los mensajes que intercambiaron entonces la Embajada en Lima, el Secretario de Estado James Baker y el Congreso de los Estados Unidos.

En respuesta a las primeras consultas, el gobierno norteamericano hace notar que la ayuda internacional por este concepto está regulada por la norma llamada INCA (International Narcotics Control Act, 1990). Esta norma es tan explícita en lo relativo a las violaciones de los Derechos Humanos, que el gobierno de Fujimori se vio obligado a inventar una agenda de acciones para mejorar el respeto de los Derechos Humanos durante la lucha contrasubversiva. Esta agenda iba a contracorriente de la actitud que impulsaba su cooperación con las Fuerzas Armadas y su polarización política contra los partidos que tenían la mayoría en el Legislativo. Sin embargo, Fujimori dio una serie de pasos, algunos reales y otros simulados, para acceder a las exigencias norteamericanas. Este proceso duró todo el año 1991 y en 1992, luego de haber recibido el Perú las primeras promesas de desembolso, fue interrumpido abruptamente por el golpe de Estado de 1992.

La INCA ponía las siguientes condiciones para prestar ayuda económica:

(1) El país tiene que implementar programas para reducir el flujo de cocaína a los Estados Unidos de acuerdo con acuerdos bilaterales o multilaterales [...]
(2) Las fuerzas armadas y policiales de ese país no pueden estar comprometidas en patrones consistentes de violaciones mayores de los Derechos Humanos internacionalmente
reconocidos, y el gobierno de ese país tiene que haber hecho progresos significativos en la protección de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, particularmente en:
(A) Asegurar que la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes o el castigo, la detención como incomunicado o la detención sin cargos ni juicio, las desapariciones y otras
violaciones flagrantes del derecho a la vida, la libertad o la seguridad de la persona no son practicadas y
(B) Permitir una investigación sin obstáculos de las violaciones denunciadas de Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, lo que implica proveer a las organizaciones internacionales pertinentes (incluidas las organizaciones no gubernamentales como el Comité Internacional de la Cruz Roja) o a los grupos que actúan bajo la autoridad de la Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos el acceso a los centros de detención; y
(C) que el gobierno de ese país tenga control efectivo sobre las operaciones policiales y militares relacionadas con las actividades antinarcóticos y contrainsurgentes. ¹⁰¹

En el primer informe de la Embajada al Secretario de Estado sobre la situación de los Derecho Humanos en el Perú en el marco de estas consultas, enviado el 26 de marzo, se reporta que los tres mayores actores del conflicto, "los terroristas, el Ejército y la Policía" son culpables de violaciones significativas de los Derechos Humanos, las cuales aumentaron en 1990, aunque hay esfuerzos aislados considerables, como la liberación de prisioneros que no van a juicio y la mejora del acceso de la Cruz Roja a los detenidos por la Policía. En mayo la consulta había profundizado en los aspectos organizativos y de control de las agencias estatales, con los siguientes resultados:

La corrupción por narcóticos en las áreas productoras de coca está ampliamente difundida. Se considera que sus efectos hacia arriba en la cadena de explotación del negocio son significativos pero de baja magnitud. Aunque hay cooperación organizada de la policía con los traficantes, los policías son más ampliamente conocidos como individuos que se involucran por su cuenta (" free lancers"), pagan para ser transferidos a una unidad antinarcóticos y entonces extorsionan a los agricultores cocaleros locales y a los traficantes para obtener ganancias personales. Un reporte reciente [texto eliminado] afirma que la corrupción del narcotráfico afecta al Ejército en todos los niveles en el Huallaga. La corrupción del Ejército está más organizada. Los comandantes de unidades ofrecen protección a los aeropuertos y paso libre a los traficantes. En algunos casos las ganancias del desnatado del narcotráfico se usan para alimentar a la tropa. Hay menos evidencia disponible sobre corrupción por narcotráfico en la policía y el Ejército en el nivel nacional, pero es casi seguro que existe.

Casi al mismo tiempo, el informe de inteligencia militar del Comando Conjunto en Washington del 24 de mayo destaca que el comandante del Ejército en el Frente Mantaro está decidido a detener el narcotráfico y reestablecer el control del gobierno en Satipo, donde ha instalado su cuartel general. En medio de grandes dificultades y afrontando grave escasez de recursos, este oficial ha concentrado en Satipo un número importante de tropas con el que está derrotando al terrorismo y al narcotráfico.

Como un paso preparatorio para obtener la ayuda económica, el gobierno del Perú firmó con los Estados Unidos en el mismo mes de mayo un convenio antidrogas. El borrador de este convenio había sido revisado a la luz de los resultados de la Conferencia Internacional "Narcotráfico, a un año de Cartagena" que tuvo lugar en abril. De todos modos, la firma del convenio se realizó sin consulta al Congreso peruano, por lo cual el Congreso interpeló al Primer Ministro Carlos Torres y Torres Lara, quien tuvo que contestar las 92 preguntas del pliego interpelatorio. Sobre la base del convenio, el Departamento de Estado proveería 34.9 millones de dólares en el año fiscal 1991 y una cantidad igual o mayor en 1992.

Por parte de los Estados Unidos hay una expectativa llena de dudas y debate entre el Congreso y el Ejecutivo. Mientras este último estima que son posibles avances básicos en respeto a los Derechos Humanos e importantes avances en lucha antinarcóticos, el Congreso pone énfasis exclusivamente en la cuestión de los Derechos Humanos, convencido de que la situación es sumamente grave. Nuevos informes de la Embajada en Lima llaman la atención sobre el mérito especial de la lucha del gobierno de Fujimori contra el PCP-SL y el MRTA, y atribuyen parte de la responsabilidad de la corrupción a la debilidad del poder judicial y la administración pública. Estos factores atenuantes de un juicio crítico severo sobre el gobierno de Fujimori en materia de Derechos Humanos no tuvieron mayor efecto en la posición del Congreso norteamericano. En una extensa carta del Congreso al presidente George Bush, fechada el 23 de julio, se expresa, entre otros argumentos, que las fuerzas armadas y policiales peruanas han impedido al gobierno de Fujimori cumplir con las condiciones puestas por la INCA, y que por cuarto año consecutivo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recibido más reportes de desapariciones y otras violaciones que de ningún otro país en el mundo. A los datos sobre la magnitud de estas violaciones se añade el hecho de que en el Perú se impide sistemáticamente la investigación de los casos por agencias internacionales pertinentes. En su tercera página, la carta concluye que "incrementar la ayuda a la policía y fuerza armada peruanas emitiría una señal de que los Estados Unidos están dispuestos a tolerar sus tristes resultados en derechos humanos". Ello debilitaría también la posibilidad de mejorar el control del gobierno civil sobre las Fuerzas Armadas.

La reacción del Ejecutivo a este ataque frontal a sus negociaciones con el Perú fue un contraataque frontal. Sobre la base de la resolución presidencial N º 91-20, el Secretario de Estado procedió a constatar por su cuenta que el Perú sí satisfacía los criterios puestos por la INCA y así lo expresó en carta del 30 de julio dirigida al Congreso, donde se da fe de ello, repitiendo punto por punto los criterios de la INCA como ya satisfechos por el Perú, y expresando su confianza en el compromiso asumido por Fujimori tanto en la lucha contra el narcotráfico como en el respeto a los Derechos Humanos. El 31, un memorándum del Ejército norteamericano afirma que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el Perú, al juicio del personal militar de la Embajada, no son una política del alto mando militar. "Puede haber casos de falta de acción para impedir abusos y puede haber casos de decisiones afirmativas para emprender tales actividades en el nivel de coronel o menor, pero no al nivel de Jefe del Comando Político-Militar".

El 9 de setiembre, Americas Watch remitió al Secretario de Estado una carta de rechazo a la resolución tomada y al informe en que ésta se basa. Ambos "revelan la disposición de la administración Bush a pasar por alto las condiciones de Derechos Humanos contenidas en la INCA". El día 12 tuvo lugar en el Congreso una audiencia en la que habló el Asistente del Secretario de Estado para asuntos internacionales de narcotráfico, Melvin Levitsky. Su informe resaltó los esfuerzos y progresos hechos por el gobierno del Perú en este sentido, con énfasis en la situación de guerra interna que se vive en el país y la importancia que tiene para la política antidrogas norteamericana. La respuesta del Congreso fue establecer una serie de condiciones precisas para otorgar la ayuda gradualmente, conforme las condiciones se cumplan. Una primera parte se pagaría cuando el personal de la cruz Roja y de la Fiscalía obtuviese libre acceso a todas las instalaciones de detención. Esta primera parte estaría destinada a los repuestos urgentemente requeridos por la Fuerza Aérea para los patrullajes aéreos antidrogas. La segunda quedó condicionada a que el Perú demuestre eficiente control de aeropuertos para prevenir el paso de drogas por ellos y cuando haya hecho progresos para cumplir con los acuerdos de la Cumbre de Cartagena sobre estos temas. La tercera parte sería entregada cuando (a) esté operativo un registro nacional de detenidos, (b) cuando las fuerzas armadas y policiales estén en condiciones de operar conjuntamente en operaciones antinarcóticos y (c) cuando se hayan hecho progresos avanzados en el cumplimiento de los acuerdos de Cartagena. Exigen que el Ejecutivo acepte por escrito estas condiciones y que se haga después de cada desembolso un informe al Congreso sobre cómo se han constatado los avances respectivos. Por último, se exige que el personal militar peruano sea entrenado en los Estados Unidos en vez de enviar instructores norteamericanos al Perú.

La disposición final del Senado se concentró en el registro de detenidos: "el incumplimiento de la publicación del registro central de detenidos dentro de tres meses será tomado en cuenta cuando recibamos notificaciones para dar paso a toda ayuda militar adicional para el Perú en el año 1992". Además, se dejó bloqueada la ayuda de 10.5 millones para el Ejército, "el más notorio violador de los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad". Sin embargo, a instancias del presidente Fujimori, se dispuso que se comprometiesen 3.7 millones para el Ejército, pero sólo para la construcción de carreteras y otros programas de acción cívica.

La gestión peruana incluyó una visita de Fujimori en octubre a su colega George Bush para dar testimonio de su buena disposición a cumplir con los criterios de la ayuda norteamericana. Ello no modificó en absoluto la posición del Congreso. No se equivocaban. Ese mismo mes, en discursos pronunciados en ceremonias militares, Fujimori califica de "tontos útiles" a los defensores de los Derechos Humanos y señala la existencia de "terroristas infiltrados en seudo organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos". Pero la doble moral continúa, pues en esos días se funda, con apoyo del gobierno, el Consejo por la paz, obviamente usado también para apaciguar las críticas internacionales. Siguiendo la misma lógica, llega a Lima ese mes, invitada por el gobierno peruano, una de legación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informarse sobre los casos denunciados.

El 17 de enero de 1992, el Departamento de Estado aceptó "reluctante" las condiciones impuestas por el Congreso, con tal de no omitir ningún esfuerzo por reducir el flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos. Comunicaron a las autoridades peruanas las condiciones, con énfasis en el registro de detenidos, y que la ayuda no incluiría los 10 .05 millones para entrenar tres batallones contrasubversivos del Ejército.

El apoyo económico y la asistencia militar en la lucha contra el narcotráfico y la subversión se interrumpieron a causa del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. En mayo de ese año, el Secretario de Estado Adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, se entrevistó con Fujimori y respaldó los criterios adoptados por la OEA. A Fujimori no le imprersionaba mucho el asunto, pues los montos de la ayuda en cuestión no eran determinantes para sus planes. En marzo de 1992 viajó en visita oficial al Japón, donde comprometió ayuda por 127 millones de dólares. El año 1991 estuvo lleno de éxitos en lo que se refiere a obtención de ayuda no reembolsable y créditos de desarrollo. El Fondo Latinoamericano de Reserva había otorgado 403 millones de dólares para obras de desarrollo, el Grupo de Río 100 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo 1100 millones. El Perú tenía ya un acuerdo con el FMI sobre un Programa de Referencia para lograr su reinserción en el sistema financiero internacional. Además, Fujimori tenía por delante un amplio programa de privatizaciones. En este contexto se entiende que en setiembre, en plena incertidumbre sobre el apoyo norteamericano, Fujimori destinara una partida especial del tesoro público de 200 millones de dólares a la renovación de material militar y armamento.

Con el golpe de Estado de 1992 se confirmaron brutalmente las advertencias del Congreso norteamericano sobre la poca confiabilidad de Fujimori. La negociación de ayuda con los Estados Unidos -así como otras gestiones internacionales, incluida una visita oficial a Alemania que se había programado en detalle y se canceló -resultó ser parte de las maniobras de distracción de un régimen que simulaba hacer progresos en el respeto a los Derechos Humanos sólo para ganar tiempo mientras preparaba un golpe contra todas las leyes y valores democráticos.

De lo visto podemos concluir que no sólo la naturaleza más selectiva de la estrategia adoptada a partir de 1989 influyó en la reducción de la cantidad de violaciones de los Derechos Humanos a partir de 1990. Un factor poderoso fue el padrón de prisioneros actualizado diariamente y supervisado por el Comité de la Cruz Roja Internacional y los fiscales peruanos. Este padrón fue introducido para cumplir con una condición puesta por el Congreso de los Estados Unidos para autorizar la ayuda económica al Perú. Eso contribuyó a que los líderes senderistas que fuesen detenidos no fuesen luego desaparecidos, ni torturados ni muertos. Los interrogatorios de inteligencia dejaron de tener consecuencias letales.

1.3.3.4.4. Del enfrentamiento con el Legislativo al golpe de Estado de 1992

Otro factor influyente en esta evolución fue la necesidad del gobierno de Fujimori de mantener algunas formas políticas democráticas, las cuales dieron espacio a quienes insistían en controlar con criterios básicos de moral y justicia las acciones de las Fuerzas Armadas. Esta necesidad se creó porque Fujimori pretendió y consiguió paulatinamente un liderazgo personal sobre la Fuerzas Armadas, en vez de desempeñar el papel decorativo que ellas habían previsto pare el presidente en el Plan Político-Militar.

La fuente de iniciativa política de Fujimori era la contrasubversión entendida como un proceso de transformación de la sociedad y del Estado superior al proceso democrático. Para cohesionar a sus seguidores, empezando por las Fuerzas Armadas, forzaba el enfrentamiento con las posiciones de los demás grupos políticos reclamando para la acción contrasubversiva cada vez más autonomía frente a los poderes legislativo y judicial. Ésta era una manera eficaz de acumular poder y prestigio para él solo en un país asolado por el terrorismo, pues sus exigencias eran de tal tipo que ningún partido democrático podía suscribirlas. En otras palabras, la vehemencia en dejar atrás los controles éticos y legales de la acción armada no respondía a necesidades intrínsecas de ésta, sino a la propia y particular necesidad de Fujimori de hacerse un capital político. Esta ayuda exageradamente solícita a las Fuerzas Armadas no era, pues, gratuita ni generosa, por lo cual muchos altos oficiales empezaron pronto a desconfiar del nuevo presidente y de su camarilla. Lo mismo ocurrió con sus asesores económicos motivados por la oportunidad histórica de ejecutar la reforma estructural, como Hernando de Soto, quien se distanció en febrero de 1991.

El doble juego del nuevo régimen se refleja en la Directiva del Ministerio de Defensa (003- 91-MD/ SDN) sobre política de pacificación, elaborada ese año en la Secretaría de Defensa Nacional. La directiva contiene un amplio programa político que abarca los campos militares y no militares de la Defensa. Estos últimos son el campo político, el económico y el psicosocial. Sus prioridades en lo político son conseguir el apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico y, en el ámbito nacional, "propiciar un Acuerdo Nacional de todos los Partidos y Organizaciones Políticas, a fin de lograr su participación en la erradicación de la subversión y del tráfico ilícito de drogas". (p. 4) En el campo militar, su prioridad es "reestructurar el Sistema de Defensa Nacional" para adecuarlo a las necesidades de la contrasubversión. Orientada por un concepto muy amplio de contrasubversión, se propone acciones psicosociales como "lograr la adhesión de la población [...] ejerciendo a través de sus autoridades liderazgo en el área de su responsabilidad", "establecer normas que permitan el nombramiento de autoridades políticas idóneas", "desarrollar programas de capacitación permanente para autoridades políticas", "propiciar el apoyo de los medios de comunicación social a las acciones de pacificación". (p. 22) Contiene también un amplio programa de fortalecimiento de las actividades de inteligencia, que empieza por "integrar las actividades de inteligencia de todos los órganos componentes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) (p. 35). Plantea actualizar los conocimientos e informes sobre los grupos subversivos y sus organismos de fachada y, sorprendentemente, plantea "actualizar el conocimiento de los grupos PARAMILITARES, del ámbito interno". Pero lo más interesante está en el Objetivo 2 de esta sección, que es implementar un "Sistema de Contrainteligencia." (p. 36) En el Anexo 01 esta necesidad se expresa así:

(5) Los órganos del Sistema de Inteligencia no funcionan [añadido a mano: todavía] eficientemente debido, entre otros aspectos, a una falta de coordinación entre ellos, así como a la falta de equipamiento adecuado. Sin embargo se hacen esfuerzos para infiltrar el aparato subversivo, con la finalidad de identificar y ubicar oportunamente a la OPA y OPM de los elementos subversivos, a fin de destruirlos y/ o neutralizarlos. También se viene ejecutando operativos especiales, principalmente en las zonas urbanas, en lugares donde se detecte o se tenga indicios de la presencia de estos elementos. (p. 9)

En todos estos puntos, y en muchos otros que un lector avisado descubriría con facilidad, la Directiva de Pacificación 003-91-MD/ SDN contiene un programa político ambicioso que no se detiene ante los riesgos que dicho programa implica para la democracia y el estado de derecho. Se trata de un programa político y psicosocial deducido de las necesidades de la guerra contrasubversiva, al estilo de la "guerra política" de la escuela de Taiwán. Por su carácter expansivo e invasor de los fueros de los otros poderes del Estado, este documento era en manos de Fujimori un arma contra el Legislativo.

Sin embargo, la misma directiva, en su Anexo 01, hace en un pasaje una extraordinaria crítica a la "militarización" del proceso contrasubversivo:

(f) La no aplicación de la estrategia global antisubversiva y, las tendencias en curso a una militarización que angosta los recursos de la democracia, expone a la población a situaciones violatorias de los Derechos Humanos. Esta situación debe defenderse (sic) con la Constitución y la Ley en la mano; el Estado no puede incurrir en actos que lo deslegitimen. El crimen, la emboscada artera, el arrasamiento de poblaciones, es algo inherente a la violencia terrorista. La democracia no puede responder con los mismos instrumentos y es por lo tanto necesario, políticamente, que quede siempre a salvo, que es el Estado y sus Fuerzas del Orden, las (sic) que protegen y respetan las vidas de los ciudadanos. (p. 2)

Fujimori mantenía vivos, por un lado, al estado de derecho y la política parlamentaria, a fin de ponerse por encima de la autoridad militar, pero por otro lado los rebajaba y debilitaba al extremo, en nombre de la contrasubversión, a fin de acumular poder para él solo y no compartirlo realmente con los demás poderes del Estado. Era una estructura de poder contradictoria, pero real y funcional para Fujimori en ese momento. Mientras mantenía cierta dinámica política, a fin de ganarles la iniciativa a los altos mandos militares, usaba contra el Congreso y contra los partidos políticos las demandas de libertad de acción prácticamente irrestricta que planteaban las Fuerzas Armadas. Los decretos supremos y legislativos para apoyar la contrasubversión y la pacificación fueron la principal arma para arrinconar al Congreso.

La técnica de Fujimori para desbordar al legislativo con iniciativas a favor de una contrasubversión sin control democrático fue producir en serie Decretos Supremos y luego, con las facultades extraordinarias que obtuvo del Congreso, Decretos Legislativos cuyo contenido era ilegal, inconstitucional o impropio de una democracia. El primer decreto de este tipo rechazado por el legislativo fue el DS 171-90, el cual dispone que los policías y miembros de la fuerza armada destacados en las zonas de emergencia prestan servicio las 24 horas del día, de forma que no importa la naturaleza de sus actos, éstos están siempre sometidos al fuero privativo, con el añadido de que no se podrá revelar la identidad de dicho personal. El congreso anuló este decreto un mes después. La revancha de Fujimori fue no aprobar la ley que reglamenta el recurso de amparo y el habeas corpus, la cual fue devuelta al congreso el 28 de febrero. El gran error del Congreso fue otorgar las facultades legislativas al ejecutivo (Ley 25327, junio de 1991). En abril, el gabinete en pleno se presentó ante el Congreso con excelentes modales, largas argumentaciones y discursos patrióticos para solicitar dichas facultades. Lo que el Congreso no previó fue que en los meses siguientes Vladimiro Montesinos sería el orquestador de la producción de 126 decretos leyes, entre los cuales había muchos, especialmente entre los 35 referidos a la pacificación, que abandonaban la base constitucional y democrática del Estado y ponían al Congreso en la alternativa entre permitir tal desfiguración del régimen político o enfrentarse al ejecutivo en un debate en el que muy difícilmente recibiría apoyo popular.

La actividad terrorista del PCP-SL mantenía acosado al país mediante atentados y asesinatos en las ciudades y masacres en las zonas rurales. Las Fuerzas Armadas aplicaban intensamente la estrategia de eliminación selectiva, perpetrando ejecuciones extrajudiciales, matanzas, torturas y desapariciones. En julio fue presentado en televisión por la periodista Cecilia Valenzuela un documento de las Fuerzas Armadas que indicaba el uso de la estrategia de eliminación selectiva. El documento fue negado por el Comando Conjunto en un comunicado. Hay entonces también denuncias de asesinatos cometidos por paramilitares. Ahora sabemos que no fueron paramilitares, sino oficiales en actividad organizados en pelotones de operaciones especiales.¹⁰² Las denuncias de violaciones de derechos humanos se acumulaban y eran difundidas por organismos internacionales sin que ello causara efecto alguno sobre la marcha de las operaciones contrasubversivas. La mayoría de la población no estaba dispuesta a arriesgar en defensa de principios éticos y legales el poco bienestar particular que le quedaba. Pero el Congreso no claudicó ante el desafío que le presentaron los decretos legislativos de Fujimori y Montesinos. Prefirió ponerse en curso de colisión con el ejecutivo, aunque ello fuera precisamente lo que buscaban los golpistas para justificar una acción de fuerza contra el orden constitucional.

El Congreso tenía 30 días para revisar los decretos. En los pocos días que quedaban hasta el cierre de la legislatura ordinaria el 15 de diciembre, derogó 6 decretos, el 731 y 764, que postergaban la entrada en vigencia del código procesal penal; el 736, 747 y 762, que penalizaban el blanqueo de dinero, el encubrimiento del narcotráfico y la revelación o difusión de informaciones que obtiene o procesa el Sistema de Defensa Nacional. Por la imprecisión de sus términos, estos decretos se prestaban a ser mal usados en desmedro de las libertades democráticas. Pero fue la derogatoria del 746, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, lo que más escandalizó al Ejecutivo, porque se trataba directamente de un instrumento central de la lucha contrasubversiva. El problema señalado por el Legislativo era que esta ley dejaba al Servicio de Inteligencia fuera de todo control democrático. En respuesta, el Presidente observó estas derogatorias y no las promulgó. Entonces el 7 de febrero la Mesa Directiva del Congreso promulgó la ley 25399 que contenía las normas que derogaban esos decretos.

La respuesta inmediata de Fujimori fue hacer el último día del año numerosas observaciones a la Ley General de Presupuesto para 1992, impidiendo así su promulgación en un momento en que el Congreso no podía reunirse para resolver el impasse. Ello paralizó las actividades del sector público en los primeros días de 1992, pues no había marco normativo para la ejecución de gasto alguno. Entonces Fujimori convocó una legislatura extraordinaria, con lo cual mantuvo emplazados a los congresistas. Sin embargo, el Congreso usó la legislatura extraordinaria para hacer sólo modificaciones en una serie de decretos de pacificación que no resultaban muy polémicos. Entre ellos estuvo empero el 743, Ley del Sistema de Defensa Nacional, que era muy importante para las Fuerzas Armadas. Por ello, Fujimori promulgó todos los decretos modificados ese verano salvo éste, reservándose el derecho a insistir en él más adelante. Los decretos sobre los que el Congreso no se pronunció quedaron firmes al cumplirse los 30 días del plazo de revisión.

La Comisión de Pacificación del Senado presentó un informe muy duro sobre el "costo social" de la violencia en el país durante 1991. Entró a tallar entonces, como va a ser lo común de aquí en adelante, el presidente del Comando Conjunto, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien declaró públicamente su respaldo a la estrategia de pacificación a la que obedecen los decretos legislativos que el ejecutivo promulgó en virtud de las facultades que le delegó el Congreso. Esta declaración fue el preludio de la larga serie de comunicados del Comando Conjunto que en los años siguientes van a apuntalar al régimen.

1.3.4. 1992-2000: el papel de las Fuerzas Armadas desde el golpe de Estado de 1992 hasta la salida de Alberto Fujimori Fujimori

No corresponde referir aquí los acontecimientos del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, pero sí destacar que se trató de un amplio operativo militar, de la misma naturaleza y dimensiones que el operativo previsto en el Plan Político-Militar. Incluyó toma de control de locales públicos, detenciones de congresistas, magistrados, periodistas y líderes sindicales, y uso de instalaciones militares -bases, cuarteles y naves de guerra -como centros de reclusión. Inmediatamente después del mensaje televisivo de Fujimori, se difundió un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que expresaba su total respaldo a las medidas tomadas por el presidente. Efectivos militares y vehículos blindados salieron a las calles, tomaron posesión del Congreso de la República y otros locales públicos, y detuvieron a numerosas personalidades con la finalidad, sobre todo, de impedir que se reuniera el Congreso. Este apoyo de las Fuerzas Armadas al autodenominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional fue tan "institucional" como los golpes militares de Lindley (1962), de Velasco (1968) y de Morales Bermúdez contra Velasco (1975). Cuando se trata de un golpe institucional, el despliegue de tropas, las detenciones y allanamientos y todas las violaciones a los derechos fundamentales cometidas con este fin por personal militar son parte de un operativo conjunto del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, bajo la jefatura del Comando Conjunto. Cuando el golpe se da contra un gobierno legítimo, es un delito contra las normas constitucionales básicas cometido solidariamente por los altos mandos y por todos los oficiales que impartieron órdenes específicas en cumplimiento de esas directivas superiores.

El domingo 5 de abril de 1992 las operaciones golpistas se concentraron en Lima, porque en el Perú el poder político está centralizado (mientras que el poderío militar no). Las fuerzas de Lima ejecutaron pues las operaciones, las de las regiones y frentes se limitaron a prestar su respaldo. Ese día, en horas de la tarde, fueron llamados por teléfono todos los comandantes de unidades operativas, para indicarles que debían ver por televisión el mensaje presidencial que se propalaría esa noche y luego llamar por teléfono a su comandancia general. Los jefes regionales llamaron esa misma noche para expresar su respaldo al golpe de Estado. Sólo sabemos de una honrosa excepción, pero no podemos descartar que haya habido más de una.

En las circunstancias que el país atravesaba, era explicable que la gran mayoría de la población no ofreciera resistencia al golpe de Estado y que esa conformidad fuera interpretada como apoyo al régimen por sus partidarios civiles y militares. La razón que explica este comportamiento no está en la crisis económica ni en la crisis política, por graves que estas fueran. El Perú se batía contra un enemigo interno, la subversión terrorista. Como el golpe de Estado fue una acción armada, ofrecerle resistencia implicaba necesariamente desencadenar un segundo conflicto interno, lo cual equivaldría a arriesgar la existencia del país. Los golpistas sabían esto y abusaron de esta situación de indefensión en que se encontraba la ciudadanía para proclamarse salvadores, así como lo hicieron los distintos bandos político-militares durante la Guerra del Pacífico. La desobediencia civil protagonizada en los días siguientes al golpe de Estado por muchos congresistas y líderes de la sociedad civil en verdad no tenía objeto, pues le hacía frente a una fuerza resuelta a emplear las armas y a violar todas las libertades fundamentales para consumar sus propósitos. Por ello fue breve y simbólica. Pero lo más característico de ese operativo militar, y del régimen que así nacía y que las Fuerzas Armadas apoyaron institucionalmente durante ocho años, fue el uso insidioso de operaciones encubiertas y psicosociales para controlar el proceso político.

La técnica fundamental de este control está bien explicada en la doctrina de la "guerra política" de la escuela de Taiwán. Las masas son controladas mediante información y desinformación propagandística. Los emisores de estas informaciones -comunicadores sociales, líderes sociales y políticos -son controlados mediante una organización secreta que les administra presiones y estímulos, incluyendo operativos de persuasión individual. La ideología (identificación de valores y metas, defensores y enemigos nacionales) que subyace a los mensajes propalados está elaborada para que corresponda a la estrategia, que es un amplio sistema de estratagemas y engaños que condicionan la conducta de los adversarios. El sistema de estratagemas se implementa mediante obtención de inteligencia sobre el enemigo, el cual se paraliza al verse descubierto y anticipado, y mediante contrainteligencia que lo ciega y lo aísla, provocándole incertidumbre y división interna. Este amplio programa de manipulación de medios sociales y políticos es funcional para poner a la fuerza armada en la posición más ventajosa contra un enemigo interno, de modo que sus armas disuadan sin tener que hacer mayor uso de ellas.

En efecto, en los años siguientes el Estado peruano fue trastornado y desfigurado para que sirviera a los fines de esta instrumentalización generalizada de tipo bélico llamada en Taiwán "guerra ideológica total". Las Fuerzas Armadas ocuparon dentro de este proceso la posición de "centro" que les corresponde en la "guerra ideológica total", es decir, la de respaldar el proceso psicosocial y convertirlo en una ventaja militar con la simple amenaza de usar las armas. Pero como este proceso no logró dominar por completo al proceso democrático ni completar siquiera la pacificación, las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir o ser usadas constantemente. Un desafío directo a las Fuerzas Armadas fueron sus disidentes, oficiales generales que conspiraron contra Fujimori, se apartaron de la línea oficial o se insubordinaron abiertamente. Otra implicación directa de las Fuerzas Armadas fue el uso de personal militar por Montesinos en sus operaciones encubiertas. La contraparte pública de esto fue el uso de la justicia militar para procesar a los detenidos por terrorismo. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas fueron empleadas para "luchar" contra el narcotráfico en el Alto Huallaga, donde ya casi no había poder político del PCP-SL y se trataba más bien de que Montesinos tomara el control total de la producción cocalera. Este esfuerzo bélico, el más grande en todo el conflicto interno, ocasionó el grave descuido de la seguridad fronteriza que dio lugar al conflicto con el Ecuador. Otra falla de inteligencia dio lugar a la toma de la casa del embajador japonés por el MRTA. Las Fuerzas Armadas, después de la exitosa liberación de los rehenes, intervinieron en el escenario político de forma cada vez más frecuente. Ello hizo que se perdiera poco a poco la fe en Montesinos y su guerra de operaciones encubiertas y psicosociales. Si las Fuerzas Armadas tenían que valerse por sí mismas o ser usadas directamente en el terreno político ¿cuál era entonces el rendimiento de Montesinos? Esta fue, al parecer, la contradicción interna que disolvió al régimen de Fujimori, un régimen que no creía en la legitimación democrática sino únicamente en las operaciones encubiertas y psicosociales pero al final no pudo continuar apoyándose en éstas.

1.3.4.1. El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional y el Congreso Constituyente Democrático (CCD)

El poder Ejecutivo encabezado por Fujimori gobernó por sí y ante sí, como los monarcas absolutos, durante 9 meses, de abril de 1992 a enero de 1993. Habiendo disuelto al Poder Legislativo y destruido la autonomía del Poder Judicial, dejó sin vigencia la Constitución y produjo por "decretos-leyes" nueva legislación. Esto es lo que se llama en sentido estricto una dictadura soberana o constituyente. En nombre del derecho del Estado a asegurar su existencia y soberanía, se gobierna en un estado de excepción permanente que anula al estado de derecho, o sea el conjunto de condiciones legales bajo las que se ejerce legítimamente el poder del Estado. La presión internacional obligó a Fujimori a terminar este período dictatorial mucho más pronto de lo que él planeaba, pero el desenlace, la convocatoria a elecciones para una nueva asamblea constituyente, cabía dentro de sus planes, porque es característico de las dictaduras soberanas exigir que sus actos sean refrendados tarde o temprano en una nueva constitución.

Desde el golpe de Estado hasta que se instaló el Congreso Constituyente Democrático, Fujimori legisló profusamente usurpando la función del Poder Legislativo. Luego el CCD se encargó de convalidar esa legislación y adecuar a ella la Constitución, de lo cual resultó la Constitución de 1993. Así consiguió Fujimori todos los cambios legislativos que había planteado en noviembre de 1991 y que el Congreso no ratificó. Estableció de este modo la cadena perpetua para los delitos de terrorismo y el procedimiento especial de los "jueces sin rostro" para juzgarlos; también la "ley de arrepentimiento", que refuerza el contenido del decreto legislativo 748 de noviembre de 1991; la reducción a 15 años de la edad en que se incurre en responsabilidad penal por terrorismo; la subordinación de todo el sistema penal y antinarcóticos a las disposiciones y directivas del Comando del Frente Interno (COFI); las atribuciones ampliadas para el Servicio de Inteligencia Nacional; la aplicación del concepto de delito de traición a la patria a delitos de terrorismo, lo cual permite juzgar a civiles en los tribunales militares; la aplicación, además, del procedimiento sumario a los delitos de traición a la patria perpetrados en el teatro de operaciones; la facultad de condenar en ausencia a los inculpados por terrorismo; prolongó a 14 días el plazo de detención por investigación policial y sin acusación judicial en el caso de los delitos de terrorismo; y restringió el derecho de defensa y el endurecimiento de las condiciones carcelarias para estos detenidos.¹⁰³ Como se ve, la breve dictadura de Fujimori puso en vigor normas altamente problemáticas y muchas de ellas totalmente inaceptables para cualquier orden constitucional democrático. De hecho, la mayoría fujimorista del CCD ratificó gran parte de estos decretos-leyes, pero no se atrevió a hacerlo con la supresión del hábeas corpus en casos de terrorismo, ni con el proceso sumario en el teatro de operaciones ni con la condena en ausencia, los que fueron corregidos por la ley 26248 (nov. 2003). En todo caso, los decretos leyes de Fujimori que el CCD legalizó llevaban la doble marca de haber sido rechazados por el Congreso disuelto inconstitucionalmente y haber sido promulgados primero por una dictadura, el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

Junto al "arrepentimiento", el dispositivo que más influencia tuvo en el avance de la contrasubversión fue el del reconocimiento y organización de las rondas y autodefensas campesinas bajo la autoridad militar. Según el Comando Conjunto, desde 1992 hasta 1994 se habían formado 4 628 comités de autodefensa, integrados por 232668 ronderos. Más favorable al predominio político de Fujimori que a la contrasubversión fue la ampliación de las atribuciones de los Jefes de los Comandos Político-Militares, quienes pasaron a ser los gobernantes locales efectivos, pues podían remover de sus cargos y nombrar a todos los funcionarios. El jefe político militar designaba un comité de notables que le recomendaban el personal. En Ayacucho destacó como cabeza de dicho comité el Obispo Juan Luis Cipriani -severo crítico de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos -cuya venia fue imprescindible durante años para acceder a cualquier cargo público en Ayacucho.

Llama la atención, en este contexto, que la Constitución de 1993 haya conservado idénticos, salvo en un punto, los capítulos sobre el régimen de excepción y sobre la defensa y el orden interno de la Constitución de 1979. El punto que cambia es el de los ascensos de los generales y almirantes. En la de 1979, requieren ratificación del Senado y en la de 1993 son otorgados por el Presidente de la República a propuesta del instituto correspondiente. No es éste un cambio importante, porque el balotaje senatorial de los ascensos no se había ejercido significativamente, fue siempre un trámite insulso y apenas simbólico. En muchos sistemas democráticos, donde está garantizada la estricta fidelidad de los oficiales a la democracia y su estricta neutralidad en política partidaria, el poder ejecutivo ratifica los ascensos. Descontado, pues, este único punto que se modificó, la constitución fujimorista repitió punto por punto el capítulo de seguridad y defensa de la constitución de 1993. Esto indica, por un lado, que para luchar exitosamente contra la subversión terrorista no hacía falta romper el orden constitucional ni convocar una asamblea constituyente, porque las normas constitucionales de seguridad y defensa de 1979 eran suficientes. Por otro, significa que el contenido de estos capítulos de la Constitución de 1979 -el cual, como hemos visto, fue propuesto por las instituciones militares mientras estaban todavía en el poder -es compatible con el papel que desempeñaron la Fuerzas Armadas durante todo el régimen de Fujimori y con las leyes de los órganos del Sistema de Defensa Nacional que dieron lugar, entre otras cosas, al SIN de Montesinos. Ambas cosas son ciertas y se complementan. Fujimori no dio el golpe de Estado porque necesitara cambiar la constitución para los fines de la contrasubversión. Este cambio no le era necesario, pues la Constitución de 1979, en lo referente al control democrático sobre las Fuerzas Armadas y, en general, al control del Sistema de Defensa, incluido el SIN, es un texto muy indefinido que no presentó obstáculos a esa forma de gobernar. Por ello este capítulo no fue modificado en 1993.

Los cambios que siguieron en las leyes revelan las graves consecuencias de esa indefinición. Cambios legislativos con consecuencias graves fueron el que permitió al presidente mantener en el cargo indefinidamente a los altos mandos militares, gracias a lo cual Hermoza Ríos presidió el Comando Conjunto durante 7 años, y el que otorgó al SIN la atribución de realizar operaciones encubiertas al margen de todo control.

1.3.4.2. Los militares disidentes

El 13 de noviembre de 1992, faltando 9 días para los comicios de elección del Congreso Constituyente democrático, se realiza un intento de golpe militar contra Fujimori, organizado por los generales en situación de retiro Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Ernesto Obando, el mayor en retiro Salvador Carmona, los comandantes en actividad Raúl Montero y Marcos Zárate y el mayor Hugo Ormeño. Fujimori llegó a abandonar el palacio de gobierno, pero las acciones previstas por los golpistas fueron debeladas antes de consumarse y todos los oficiales involucrados fueron rápidamente detenidos.

Semanas después, en enero de 1993, 19 generales en retiro, encabezados por el Gral.( r) Luis Cisneros Vizquerra, protestan por los maltratos que reciben los militares implicados en el fallido intento de golpe en carta dirigida al Gral. Nicolás Hermoza Ríos. Cisneros es reprimido entonces mediante un proceso en el fuero privativo de Justicia Militar, por presunto delito de "ultraje a la Nación e insulto al superior".

La disidencia militar alcanza un momento crucial en mayo, cuando el Gral. de división Rodolfo Robles, unos de los hombres más destacados del Ejército, denuncia la violación sistemática de lo derechos Humanos por parte de escuadrones de operaciones encubiertas del Servicio de Inteligencia Nacional. Su denuncia involucra a Hermoza Ríos, quien es señalado por Robles como gestor y encubridor de prácticas criminales contrarias a la ética militar. El Comando Conjunto emite un comunicado en que desmiente estas acusaciones y el ministro de defensa, Gral. Malca Villanueva, asiste al CCD con el mismo propósito. El propio Fujimori se pronuncia rechazando lo dicho por Robles y reafirmando su confianza en las Fuerzas Armadas. Robles es expulsado del servicio activo y es procesado por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Sin embargo, días después Fujimori firma un indulto a favor de 11 de los oficiales implicados en el intento de golpe de noviembre, con el obvio propósito de apaciguar al movimiento disidente que continuaba agitándose en las filas de las Fuerzas Armadas.

A lo largo de los 10 años que gobernó Fujimori, Vladimiro Montesinos se encargó de presionar, chantajear, enjuiciar, sobornar cuando pudo y, sobre todo, alejar del país a todos los oficiales que no se amoldasen al papel que el régimen establecía para las Fuerzas Armadas. Uno de los primeros fue el Gral. Alberto Arciniega, Jefe del Comando Político Militar del Frente Huallaga desde mediados de 1989 hasta enero de 1990. Montesinos hizo ingresar personal de operaciones especiales a su domicilio en horas en que él y su familia no estaban allí, causando destrozos y dejándole mensajes insultantes con el propósito de amedrentarlo. Al repetirse las amenazas y, en vista de que no conseguía garantías contra esto dentro de su institución, Arciniega y sus familiares más cercanos emigraron a Argentina, donde vivieron sin apoyo alguno del Estado peruano. Otros, entre ellos muchos de los más distinguidos por sus méritos personales, fueron destacados a puestos burocráticos o diplomáticos donde se estancaba su carrera, como el puesto de agregado militar en Ucrania, o el de Cuba. El Gral. de brigada Walter Ledesma, siendo jefe de una unidad militar de frontera, no expresó aprobación ni respaldo al golpe de Estado, debido a lo cual fue destacado a un puesto burocrático en la Secretaría de Defensa Nacional y relegado en su carrera hasta que finalmente fue dado de baja. A poco de estar en retiro, se integró al movimiento opositor Unión por el Perú (UPP). En 1995 fue condenado por el Consejo Supremo de justicia Militar por ultraje a la Nación y las Fuerzas Armadas y cumplió 40 días de prisión efectiva. El Gral. de división en situación de retiro Carlos Mauricio se había integrado también a la UPP, fue candidato al congreso y asesor de Javier Pérez de Cuéllar en la campaña electoral de 1994. Al expresar en varios programas de radio y televisión, durante el conflicto con el Ecuador, juicios críticos sobre la conducción de las Fuerzas Armadas, se le acusó de una presunta violación de secretos militares. Mauricio fue enjuiciado por "ultraje a la Nación y a la Fuerza Armada" y condenado en 1995 a un año de prisión efectiva y al pago de una reparación al Estado. La represión estaba dirigida también pues a los oficiales en retiro, a fin de que no empleasen su autoridad sobre los oficiales más jóvenes para alentar actitudes críticas hacia el régimen. La historia de resistencia de Rodolfo Robles tuvo un segundo capítulo. Se refugió en la Argentina durante 1994 y en 1996, de regreso en el Perú, denunció que fueron agentes del SIN los autores de un atentado ocurrido en Puno. A raíz de eso fue detenido y procesado de nuevo por el Consejo Supremo de Justicia Militar. A causa de las circunstancias ominosas en que Robles había sido detenido, la popularidad de Fujimori sufrió una caída inmediata, tras lo cual Fujimori promulgó una ley de amnistía obviamente destinada sólo al caso Robles.

La postergación o alejamiento de los oficiales mejor preparados, quienes se distinguían también naturalmente por su independencia de criterio y liderazgo militar, ha sido uno de los daños que han sufrido las Fuerzas Armadas, y con ellas el Estado peruano, como consecuencia del respaldo institucional militar al golpe de Estado del 5 de abril. Con cambios legales como los que permitieron la permanencia indefinida en los cargos de los miembros del Comando Conjunto a voluntad del Presidente de la República y el ascenso a comandante general de oficiales de los servicios de inteligencia militares (como Antonio Ibárcena en la Marina), Fujimori y Montesinos consiguieron colocar a las Fuerzas Armadas bajo el poder de oficiales autoritarios, antidemocráticos, obsecuentes con el abuso de poder y corruptos.

1.3.4.3. Las operaciones especiales del Servicio de Inteligencia Nacional

Uno de los decretos legislativos de noviembre de 1991 que el Congreso no ratificó fue el 746 sobre el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Esa norma daba amplias atribuciones al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y lo ponía bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República, sin dar lugar a ningún control ministerial, judicial ni parlamentario. El SIN establecería su propio presupuesto y sus planes de operaciones, manteniendo todo esto clasificado como secreto. Las nuevas atribuciones del SIN no excluían claramente que, además de coordinar y controlar a los servicios de inteligencia militares, efectuara sus propias operaciones de obtención de inteligencia y también operaciones encubiertas de seguridad contra agentes encubiertos del enemigo, o sea operaciones de contrainteligencia. Organizado y liderado desde el primer momento por Montesinos, el nuevo SIN estuvo integrado casi exclusivamente por militares, con la excepción de algún analista profesional de inteligencia estratégica.

El asunto principal de la ya mencionada denuncia del Gral. Rodolfo Robles no era que destacamentos de operaciones especiales del Ejército estuvieran violando los Derechos Humanos, sino que el Servicio de Inteligencia Nacional estaba usando personal militar e impartiéndole órdenes al margen de la cadena de mando oficial, de forma que esas operaciones ya no respondían a los fines de la contrasubversión sino a los de la camarilla presidencial-militar. Estas operaciones encubiertas del SIN contaban con la aprobación del Comando Conjunto, instancia que está en la cadena de mando como Comando Operativo del Frente Interno (COFI) y comanda directamente las operaciones en los frentes contrasubversivos desde inicios de 1990. Con ese respaldo, el Servicio de Inteligencia Nacional formaba sus propios destacamentos para misiones especiales, usando personal del Servicio de Inteligencia del Ejército, y los insertaba en los teatros de operaciones notificando apenas al jefe militar del frente o zona para que diera garantías a la operación, lo que quería decir en buena cuenta que no se inmiscuyera ni hiciera preguntas y que diera paso al destacamento.

Así sucedió el asesinato de los estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta. Lo primero fue una llamada telefónica del Gral. Nicolás Hermoza Ríos, jefe operativo del frente interno, al Gral. Luis Pérez Documet, jefe de los comandos del Ejército. Poco después el mayor Santiago Martin Rivas se presentó ante Pérez Documet y se refirió a lo adelantado por teléfono por el Gral. Hermoza sobre una operación especial de detención de delincuentes subversivos en la residencia de la universidad, para la cual requería que fuera destacado un determinado teniente. A la pregunta de Pérez Documet sobre por qué tenía que ser ese teniente y no podía ser otro, Rivas contestó que ese teniente había estado destacado hasta hace poco en la base militar que controlaba la universidad y podía identificar a los DDSS que estaban buscando. El jefe operativo accedió entonces, en el entendido de que se trataba de una operación especial bajo responsabilidad directa del Comando Conjunto y el SIN. Destacó al teniente y dispuso que se diera acceso al grupo especial a la universidad en horas de la noche. El camión de Martin Rivas ingresó al campus llevando al grupo especial y salió horas después sin que el jefe de la base militar examinara su carga ni supiera a dónde se dirigía.

Dejemos de lado por un momento la naturaleza moral o jurídica de las acciones así cometidas para concentrarnos en su organización. El procedimiento regular para organizar operaciones especiales de inteligencia está establecido en el manual de inteligencia militar Operaciones Especiales de Inteligencia (ME-38-20). Allí se dice que primero determinan las grandes unidades (batallón de inteligencia G-2 o compañía de inteligencia de una región militar o frente contrasubversivo) sus objetivos y luego los remiten al jefe del teatro de operaciones, quien los aprueba "y determina quién los tomará a su cargo, si son las UU de FFEE (unidades de fuerzas especiales) que tiene a su disposición o el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército) o las Unidades de Inteligencia asignados para esa dependencia." (p. 9) El plan así elaborado es sometido entonces a la aprobación del más alto escalón de inteligencia, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE). Además, si el jefe del teatro de operaciones selecciona objetivos cuya ejecución no está a su alcance, debe comunicarlos al Comando Conjunto, quien los aprueba y determina si los asigna a unidades de fuerzas especiales o a uno de los servicios de inteligencia militares.

Esto rige también cuando se trata de un operativo conjunto de fuerzas especiales con agentes de inteligencia. Cuando los elementos de inteligencia, que son agentes encubiertos integrados a una red, son requeridos para participar en una operación especial, ello implica riesgos especiales para la red, porque la expone a perder durante la acción su carácter secreto, y también para los efectivos de fuerzas especiales, porque su seguridad durante el operativo pasa a depender de la acción coordinada con los agentes secretos, con quienes la comunicación suele ser difícil. Por ello está establecido que en caso de operaciones conjuntas debe estar bien clara la información compartida sobre el objetivo, su ubicación, la finalidad de la operación, la autoridad que ordena la ejecución, y la "relación de la Operación Especial de Inteligencia con las operaciones regulares y/ o con las Operaciones que se prevé ejecuten las UU de FFEE". (p. 10)

De todo esto se sigue que las operaciones especiales de inteligencia forman parte de las operaciones militares regulares y no pueden ser planeadas ni ejecutadas a espaldas del jefe operativo ni del jefe de la región militar o frente contrasubversivo donde tengan lugar. Pero esto fue precisamente lo que hizo Montesinos desde el SIN. Los jefes operativos eran inducidos a dejar que se efectúen en sus dependencias operaciones especiales organizadas y dirigidas desde el SIN y el Comando Conjunto. Los objetivos y personal de esas operaciones especiales bajo control directo del SIN o del CC con frecuencia no estaban claros para los jefes operativos locales o les eran simplemente desconocidos. Esta estructura paralela permitió a Montesinos emplear agentes de inteligencia y personal militar de operaciones especiales para trabajos sucios como ajustes de cuentas con narcotraficantes, amenazas, chantajes, sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos, o para operaciones psicosociales especiales, destinadas a producir cambios de conducta en el público en general, como la matanza de Barrios Altos.

En un servicio de inteligencia de un país democrático es importante que el escalón más alto, encargado de autorizar o denegar las operaciones y evaluarlas, no tenga capacidades operativas y que las operaciones, la iniciativa de hacerlas, su definición, su planeamiento y ejecución, sean responsabilidad de unidades operativas especializadas. Los distintos servicios de inteligencia, independientes unos de otros (los principales en el Perú son el del Ministerio del Interior, el del Ejército y el de la Marina), son reunidos, coordinados, supervisados y controlados (desde sus planes operativos hasta sus presupuestos, operaciones y resultados) por una oficina central, la cual además procesa información obtenida en fuentes públicas (que es la información más abundante), produce análisis de inteligencia estratégica y centraliza la emisión de informes de inteligencia hacia los distintos receptores de inteligencia que hay en el Estado. A esto se le llama una comunidad de inteligencia.

La razón de esto es un principio básico de organización administrativa. Quien autoriza y supervisa no ejecuta, porque de lo contrario, estaría autorizándose y supervisándose a sí mismo; y quien ejecuta, tiene que ser autorizado y supervisado por otro. Esta división elemental de funciones es necesaria para que las normas tengan vigencia. Al encargado de la ejecución le interesa que las normas estén claras y que esté bien claro quién es el responsable de autorizar su acción, porque sólo así queda delimitada su responsabilidad. De otro modo puede aparecer él de pronto como el único responsable de la acción. Al agente autorizador y supervisor también le interesa especializarse en hacer cumplir normas, porque sólo así puede dedicarse a conseguir que los agentes ejecutores se comporten de determinada manera. Si no se especializa en autorizar y supervisar, si emprende él mismo la ejecución de las tareas, muestra que esas mismas tareas pueden ejecutarse sin control superior y destruye su propia autoridad legal, reemplazándola por un prestigio de otro tipo, el de la fuerza, la ventaja y la impunidad.

En el mencionado manual ME-38-20, cuando se habla de las redes de control, se describe como normal una forma de organizar los operativos que es fronteriza con la forma que ahora criticamos. En una "Red de Control Directo y Agente Individual [...] el Órgano Central [la DINTE] toma a cargo en forma directa el control de uno o más agentes; normalmente este tipo de red se establece cuando por la categoría, importancia y nivel del Agente, requiere gran compartimentaje, lo que le dará máxima seguridad. El Agente que se emplea en este tipo de red normalmente proporcionará informaciones sobre los factores Sicosocial, político, económico y/ o tecnológico y en menor escala militar. El Órgano Ejecutivo [unidad de inteligencia G-2 de la Gran Unidad o Región Militar] mantiene el comando de la red de control directo." (p. 26) Las diferencias con las operaciones de Montesinos son notorias. Primero, no se trata aquí básicamente de operaciones especiales de inteligencia, sino de obtención de información especializada. De todos modos, el riesgo de que una cosa devenga en la otra es alto, porque en las operaciones de largo alcance (de larga duración y con penetración profunda en el campo enemigo, como el espionaje, el sabotaje, etc.) es frecuente que los papeles de agente de obtención de inteligencia y de agente de contrainteligencia (capaz de ejecutar operaciones especiales) sean intercambiables. Segundo, el control directo al que se refiere el manual del Ejército es ejercido por la DINTE, el escalón superior de un servicio operativo de inteligencia, cuyas acciones deben ser autorizadas y supervisadas por una instancia no operativa más alta, a saber, el SIN (hoy el Consejo Nacional de Inteligencia). Cosa muy distinta era lo que sucedía bajo el poder del SIN. En vez de limitarse a analizar, autorizar y supervisar los planes operativos y los resultados de los distintos servicios de inteligencia del país, planeaba y ejecutaba operativos por su cuenta, echando mano de las capacidades operativas de los institutos como si fueran personal a su disposición. Tenía bajo su control directo agentes de inteligencia, y no sólo ello, redes enteras de informantes y escuadrones de operaciones especiales conjuntas. En otras palabras, una misma oficina era la que ejecutaba los operativos y la que los autorizaba y supervisaba, o mejor dicho, una misma persona.

El problema subsistente en el manual mencionado es que no está clara la relación de la Dirección de Inteligencia del Ejército con una oficina más alta encargada de autorizar y supervisar sus acciones. La función de autorización y supervisión de planes, presupuestos y evaluación de resultados de operaciones, sólo podía corresponderle al SIN. En el manual, sin embargo, la función del SIN no se entiende claramente así, sino como una función de planeamiento de operaciones especiales de inteligencia al más alto nivel, "resultante de las necesidades que pudiera tener el gobierno para alcanzar sus objetivos; asimismo se considera del más alto nivel las que pudieran ser producto de las necesidades del TG (CCFFAA) [Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas]". (p. 35) Lo común y corriente es, como hemos visto, que el planeamiento suceda al nivel del órgano central, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, o al nivel del órgano ejecutivo, una jefatura de frente contrasubversivo, por ejemplo. Pero el SIN, según el manual, tiene como función planear las operaciones especiales que encuentre necesarias el gobierno, el Comando Conjunto planea las que encuentran necesarias las Fuerzas Armadas en conjunto, la DINTE planea las que encuentre necesarias el Ejército y cada órgano ejecutivo (batallón de inteligencia de gran unidad o frente contrasubversivo) planea las que resultan necesarias en el contexto de las operaciones militares en los teatros de operaciones. Dicho brevemente, todos los niveles tienen la atribución de planear sus propias OEI, pero los niveles inferiores tienen que pedir autorización a los superiores para hacerlo, mientras que los superiores no la piden a nadie ni tienen que rendir cuentas ante nadie, al parecer según el dicho "el que puede lo más, puede lo menos".

Planear una operación especial de inteligencia o contrainteligencia implica definir una misión y analizarla, hacer una apreciación de la situación propia y del enemigo, reunir o consultar a los miembros de la red o "infraestructura" presente en el objetivo, elegir los elementos a emplear y precisar el apoyo requerido y, finalmente, ensayar la operación, es decir, entrenar al personal para esta acción específica. Si esto es planear una operación, entonces, según el manual ME-38-20, el SIN y el Comando Conjunto pueden hacer todo esto, en vez de especializarse en dirigir y supervisar los operativos planeados por la DINTE. Eso fue lo que sucedió en gran escala bajo Montesinos y Hermoza Ríos. Estuvo facilitado por la directiva de enero de 1990 que otorga al presidente del Comando Conjunto la función de jefe operativo del Comando Unificado del Frente Interno (COFI). Una sola persona disponía de todo el personal militar de los tres institutos en todo momento y para cualquier fin, el Gral. Hermoza Ríos.

Pero las OEI de Montesinos fueron aún más lejos de lo que prevé este manual. El SIN no se limitó a planearlas y a disponer que las ejecuten determinadas unidades, en muchos casos se encargó también de ejecutarlas, estableciendo un sistema de secreto o "compartimentaje" que, al parecer, impedía a la unidad operativa regional enterarse de la operación del SIN que tenía lugar en su zona hasta que era un hecho consumado. Martin Rivas y demás comandos del "Grupo Colina" no reconocían en la práctica a los jefes operativos de las unidades de combate como sus superiores, antes bien les impartían órdenes que venían directamente de Montesinos. Estas órdenes contaban con el aval del jefe de Comando unificado del Frente Interno (COFI), Nicolás Hermoza Ríos, jefe único de todo el personal militar, y del presidente Fujimori, que era según la ley el único competente para supervisar al SIN.

El manual mencionado contiene además una concepción de la inteligencia militar sumamente peligrosa para la democracia. Cuando enumera los tipos de operaciones especiales de inteligencia, este manual presupone, al parecer, que se está operando en el territorio de una potencia extranjera hostil. Aún peor, estas operaciones no están sujetas a ningunas limitaciones legales, incluso las leyes de la guerra han sido silenciadas en este manual. Las principales operaciones especiales de inteligencia estudiadas en el manual son el espionaje, el sabotaje, el terrorismo y la subversión; y las de contrainteligencia, el contraespionaje, el contrasabotaje, el contraterrorismo y la contrasubversión. El espionaje obtiene información clasificada "en violación de las leyes que rigen en la zona o país donde se va a realizar". El sabotaje "tiende por cualquier medio a impedir, anular o debilitar el potencial de Guerra de un adversario en los aspectos Político, Militar y Sicosocial en provecho de nuestro esfuerzo de Guerra". (p. 10) El contraespionaje y el contrasabotaje consisten en identificar y destruir las redes de espías y saboteadores enemigos. Estos dos primeros tipos de operaciones especiales son ya bastante preocupantes si se ejercen al interior del país a iniciativa y bajo responsabilidad exclusiva del Presidente de la República y los institutos armados, es decir, sin control por parte del gabinete ni del congreso.

Si esto es ya preocupante, los dos tipos siguientes de operación especial son inadmisibles e indignantes. Según el manual, una operación especial de terrorismo es "el uso calculado de la violencia o amenaza de violencia para obtener objetivos, frecuentemente de naturaleza política o ideológica a través de la implementación del terror o coacción. Es un acto criminal, algunas veces de naturaleza simbólica, dirigido a influenciar en cierta cantidad de personas por medio de víctimas inmediatas". Ésta es una definición de terrorismo bastante precisa y completa, semejante a la adoptada por las Naciones Unidas, pero con la enorme diferencia de que aquí no se usa para definir un crimen abominable, sino un tipo de operación especial de inteligencia militar. Así también sorprende que se hable de subversión en este contexto, aunque ya hemos encontrado en los manuales norteamericanos de la época Reagan la iniciación o el refuerzo de movimientos de insurgencia armada como un recurso de la guerra de baja intensidad. (Por "contraterrorismo" se entiende en este manual la detección, identificación y neutralización de redes terroristas por medios subrepticios. La contrasubversión se define de manera análoga.) En todo el texto se menciona sólo una vez, y de pasada, que las OEI de espionaje, sabotaje y terrorismo no suelen ejecutarse dentro del propio país, bajo el título "14. Empleo de las OEI y OECI": "f. Cuando se tenga que realizar en otro país, espionaje, sabotaje, terrorismo, etc." (p. 16) Esta frase indica las circunstancias en que se tienen que realizar OEI violatorias de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Significa que el Perú se reserva el derecho a cometer tales actos en otros países y mantener personal entrenado para ello. Que se asuma que las OEI del Ejército peruano pueden incluir actos de terrorismo, sea en otro país o en el propio, es moralmente inadmisible y políticamente contrario a la democracia y a la paz mundial. Habiendo visto, sin embargo, el escaso y en ocasiones nulo respeto a los Derechos Humanos en las operaciones contrasubversivas, y además el régimen de terror que establecieron Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos al interior de las Fuerzas Armadas, no podemos negar que es altamente probable que durante este régimen se hayan planeado y consumado al interior del país operaciones especiales de inteligencia del tercer tipo, es decir, de terrorismo. Las amenazas contra los generales disidentes y sus familias, el asesinato y descuartizamiento de la agente del SIN Barreto y la tortura a la agente Leonor La Rosa hacen ver de lo que eran capaces los comandos de operaciones especiales del Ejército que actuaban a las órdenes de Montesinos.

A esta esfera de acción podemos atribuir también la operación Mudanza Uno, un traslado de presos en los pabellones senderistas del penal de Canto Grande iniciado el 9 de marzo de 1992, durante el cual murieron 35 reclusos acusados de terrorismo. Siendo una operación policial, incluyó fuerzas especiales encubiertas que eliminaron selectivamente a mandos senderistas a lo largo del operativo. El secreto mantenido y el manejo de prensa, característicos de la nueva manera de operar, permitieron que esta matanza de reclusos no fuese identificada como tal por el público peruano ni por los observadores internacionales. El asesinato de reclusos y de agentes del servicio de inteligencia del Ejército, así como las operaciones para aterrorizar a los oficiales disidentes, fueron mantenidos en secreto. Otras acciones violentas, en cambio, como la matanza de Barrios Altos, fueron dejadas adrede a la luz pública.

Por lo menos desde la masacre de Barrios Altos, si no antes, es evidente que la camarilla presidencial-militar del gobierno desarrolló una serie de actividades de violación premeditada y sistemática de los Derechos Humanos con el propósito de radicalizar a sus partidarios y obligarlos a defender posturas que implicaran la ausencia total de control democrático sobre la contrasubversión. Estas OEI tenían como meta producir un efecto aterrorizante sobre todos los opositores al régimen (no especialmente sobre los terroristas) y un efecto unificador y fijador de las bases y escaños fujimoristas. Apoyar a su régimen elegido y garante de ciertas condiciones mínimas de bienestar implicaba entonces para los fujimoristas participar del encubrimiento de formas crueles e inhumanas de combatir a la subversión o convalidarlas abiertamente, con el propósito de descalificar desde los fundamentos a las personas o grupos políticos que no compartieran esta actitud. Eso les daba a los fujimoristas una identidad política excluyente, fundamentalista, que les permitía desacreditar como "tontos útiles" o simplemente traidores a todos los demás grupos políticos. Así fueron usadas las Fuerzas Armadas por Fujimori para hacerse bases de apoyo social compactas. El fujimorismo practicó política de odio, amenazó y denigró constantemente a quienes no compartieran la defensa del poder absoluto de Fujimori y su cúpula, con el pretexto de que la guerra contrasubversiva debía ser apoyada sin importar qué camino tomase, con tal de que llegase a eliminar a los terroristas. Las acciones violatorias de los Derechos Humanos que los altos mandos estaban dispuestos a permitir y tolerar porque sus doctrinas contrasubversivas eran muy ambiguas en este punto, se convertían en manos de Fujimori en objeto de una defensa política airada, concentrada en desacreditar a los defensores de los Derechos Humanos y a los políticos de los demás partidos.

Esta estrategia dio lugar a discursos ideológicos que algunos políticos del oficialismo aprendieron a repetir y adornar. Típica figura retórica del fujimorismo era la pregunta que solía hacer (años después) el congresista Trelles Montero a sus contendores políticos: ¿piensa usted liberar presos por terrorismo o no? Si su interlocutor evitaba decir un no rotundo, Trelles señalaba con ironía que su interlocutor probablemente guardaba alguna simpatía con los terroristas. Era importante pues, para el fujimorismo, tener presos mal procesados y matanzas y desapariciones no esclarecidas, porque así podían polarizar contra quienes pidiesen balance de poderes y control democrático de los servicios de inteligencia. Por esto, aunque por muchas razones propias de la guerra contrasubversiva y de la defensa de la democracia en el contexto hemisférico era imprescindible mejorar la observancia de los Derechos Humanos, el gobierno de Fujimori, desarrolló artificialmente líneas de acción militar que implicaban violación sistemática de los Derechos Humanos, y esto en función de consolidar lealtades políticas, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en todos los demás sectores.

1.3.4.4. El empleo de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y la batalla por el control del alto Huallaga

Tan drástico e inmediato como el shock económico, pero menos perceptible, fue el ingreso de personal de las Fuerzas Armadas en 1990 a dirigir la Policía Nacional del Perú.¹⁰⁴ Ése fue el primer paso hacia el empeño arriesgado y comprometedor de las Fuerzas Armadas en la persecución del narcotráfico. Durante el gobierno aprista, las nubes de la corrupción se habían acumulado sobre el Ministerio del Interior y la policía, quienes se encargaban de la lucha antinarcóticos. Mientras tanto las Fuerzas Armadas se concentraban en el esfuerzo contrasubversivo sobre la base de la nueva estrategia de 1989, y algunos sectores de ellas se entregaban a la conspiración contra la democracia, pergeñando el Plan Político Militar. Agustín Mantilla, viceministro primero y luego Ministro del Interior durante el gobierno aprista, había organizado a la PNP como una fuerza a disposición del gobierno que le servía de contrapeso al creciente poder de las Fuerzas Armadas y le permitía al gobierno mantener frente a ellas cierta esfera propia de acción en materia de seguridad. (Existen indicios de que en este espacio de relativa autonomía surgió el grupo paramilitar llamado "Comando Rodrigo Franco", pero está claro que al final del período los crímenes cometidos bajo este membrete perjudicaron seriamente la imagen de Mantilla, quien terminó aceptando la existencia de ese grupo.) Agencias destacadas de la PNP que sustentaban la precaria independencia del gobierno frente a las Fuerzas Armadas eran las direcciones de investigaciones antiterroristas, anticriminales y antidrogas, y sobre todo la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), encargada de apoyar las investigaciones con análisis, acopio de inteligencia y operaciones de contrainteligencia.

Cuando el gral. EP (r) Cáceres fue nombrado Director de la DIGIMIN, todo el personal, los equipos y la información de inteligencia acopiada por el Interior pasaron al SIN. La subordinación de la PNP a los Jefes de los Comandos Políticos Militares en las zonas de emergencia quedó completada de este modo, cuando las mejores capacidades de acopio de información a partir de fuentes no públicas quedaron bajo el control de las Fuerzas Armadas. En ese mismo acto, las investigaciones policiales terminaron de claudicar ante los operativos de inteligencia y contrainteligencia. Desde entonces, el perfil profesional de los investigadores policiales peruanos se desdibujó y muchos de ellos aceptaron con entusiasmo su nuevo papel de analistas o agentes de inteligencia (incluso interrogadores) al servicio de operaciones especiales dirigidas por militares y, en algunos casos, por el SIN.

En el frente Huallaga, este proceso había empezado 16 meses antes con la rendición de la base policial de Uchiza ante columnas narcoterroristas y el ingreso del Gral. EP Alberto Arciniega como jefe político-militar del frente. Las bases policiales fueron desactivadas y se instalaron numerosas bases militares. Quedaron policías sólo en algunos puntos y en calidad de fuerzas auxiliares de las Fuerzas Armadas. Llegado Fujimori al poder y alejado Arciniega de la zona, la red de informantes que había desarrollado antes la DIGIMIN fue integrada al Servicio de Inteligencia del Ejército bajo control del SIN. Esto implicó que los oficiales G2 y G3 del frente Huallaga (operaciones especiales e inteligencia) de pronto se convirtieron en enlaces entre el SIN y una red de agentes encubiertos muy familiarizados con el narcotráfico. En esas circunstancias, era casi inevitable para ellos verse implicados en operaciones de apoyo al narcotráfico.

Así se produjo en 1991 una situación paradójica. Mientras Fujimori negociaba intensamente con los Estados Unidos para recibir ayuda militar y el Departamento de Estado insistía ante el Congreso norteamericano en la necesidad de ayudar militarmente al Perú para "reducir el flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos", Montesinos y Hermoza Ríos monopolizaban la presencia del Estado en el alto Huallaga, propiciando la corrupción total del alto mando militar peruano y de los efectivos destacados a dicha zona. Ese doble juego fue eclipsado por otro peor, el golpe de Estado del 5 de abril. Así como los criminales avezados obligan a las personas a colaborar con ellos en ciertos crímenes bajo la amenaza de hacerlas víctimas de crímenes aún peores, así también obligó Fujimori a la comunidad internacional a sobrellevar el control directo del narcotráfico por el SIN, bajo la amenaza de aniquilar irreversiblemente las débiles instituciones democráticas peruanas. Cuando Fujimori entró en negociaciones sobre el retorno a un régimen constitucional, los observadores internacionales se sintieron aliviados y muchos opositores políticos se aprestaron a aprovechar con entusiasmo el pequeño espacio democrático recuperado. Así quedó establecido sin discusión pública nacional ni internacional el control monopólico del SIN y las Fuerzas Armadas sobre la lucha contra el narcotráfico.

A más tardar en enero de 1992 se había reanudado en Uchiza el pago de cupos a las bases contrasubversivas. Cada jefe de BCS recibía 2000 dólares por cada vuelo que despegaba de la pista controlada por la base. Otro tanto recibían el alcalde, el gobernador y el frente cocalero. Simultáneamente se pagaba también al PCP-SL y a la base policial de Santa Lucía. En otras palabras, todos los actores de la zona que tenían capacidad para afectar el narcotráfico recibían cupos regularmente. En la base militar, el cupo se repartía en forma proporcional, cantidades mayores a los oficiales y menores a los subalternos. Una parte se reservaba para alimentación, otra eventualmente para combustible y mejoras de las instalaciones.¹⁰⁵

Esta "financiación" se quiso justificar torpemente con el concepto de contrainteligencia, que permite usar recursos y personal del enemigo para combatirlo. Es usual que esto lo practiquen los agentes infiltrados y los agentes dobles para cumplir con su misión de espionaje, sabotaje o contrainteligencia, cuando están aislados por haber penetrado profundamente en el campo enemigo. Entonces tiene que utilizar los medios del enemigo contra el enemigo mismo. Pero en el caso de la financiación de las BCSs del Huallaga, el efecto concreto es que ellas resultaron instrumentalizadas por el narcotráfico.

De todas formas, hay que precisar que las bases sólo recibían cantidades menores de dinero. Los oficiales pagaban para ser destacados allí y su mayor expectativa era recibir una parte proporcional del cupo que cada vuelo pagaba a la base. La excepción fue un oficial que llegó a mercar directamente con la droga e hizo sus propios embarques a Colombia. En resumen, en 1992, las Fuerzas Armadas y el SIN, únicos agentes del Estado responsables de combatir el narcotráfico, permitieron que las mismas bases militares le prestaran servicios y facilidades, en vez de combatirlo, a cambio de módicas sumas que permitían incrementar la presencia militar en la zona. Así estuvieron dadas las condiciones para que el narcotráfico acumulara ganancias, invirtiera y se expandiera. Jefe del frente Huallaga era en ese tiempo el Gral. EP Ríos Araico, quien llegó a admitir, cuando fue procesado por narcotráfico junto con la mayoría de sus oficiales, que el rancho y otros gastos semejantes se mejoraban con esos dineros. Las pistas asociadas a bases llegaron a ser 18 y la más importante, la de Campanilla, fue usada por unos 280 vuelos. Durante 1992, cuando el narcotráfico medraba, el Comando Conjunto y el SIN dejaron hacer y pasar esas actividades, mientras su red de inteligencia los mantenía al tanto de esa expansión. (Véase el importante informe de inteligencia del agente SIE "Chanamé" en el estudio sobre narcotráfico).

El dinero del narcotráfico empezó a fluir más alto en la cadena de mando y en mayores cantidades cuando el Comando Conjunto y el SIN, en cooperación con la Drug Enforcemente Agency (DEA) -que nunca dejó de operar en la base de policía aerotransportada en Santa Lucía - emprendieron operaciones represivas. En agosto de 1992 un avión Tucano de la FAP, en vuelo de interdicción, detectó a una avioneta cargando droga en la pista de Saposoa y le disparó. El personal militar que estaba cargando la avioneta huyó y, pasado el peligro, una patrulla de la misma base que operaba la pista capturó la misma avioneta. Hermoza Ríos envió a la base un telegrama de felicitación por la captura de la avioneta, el cual le fue devuelto por el comando del frente Huallaga, sin completar la transmisión a la base, con un informe de inspectoría que indicaba la necesidad de investigar más el asunto. A fines de ese mismo año, la DEA grabó en video un pase de droga de la base militar al aeródromo de Saposoa y lo presentó a Hermoza Ríos. Sólo hubo consecuencias para el personal de la base, a quienes se abrió instrucción por narcotráfico.

Las formas de apropiarse del dinero del narcotráfico se vuelven más arriesgadas y audaces a inicios de 1993, cuando los vuelos de interdicción de la FAP, la destrucción de pistas ordenada desde Lima y la inteligencia obtenida por el personal de la DEA comienzan a hacer estragos. Hay casos de asalto a narcoterroristas con el propósito de apropiarse de la droga, casos de arreglo posterior con los familiares de los narcotraficantes incautados o detenidos, declaración de sólo una pequeña parte de la droga incautada, incluso un caso de liberación de un mando del PCP-SL, "Chatín", que administraba la logística de la zona de Tocache.

El cierre de la pista de Campanilla obligó a los narcotraficantes a dar el salto hasta una negociación en Lima. El precio de la arroba de hoja de coca cayó en setiembre de 1993 de 50 dólares a 5 dólares, porque las cadenas de procesamiento y extracción estaban muy deterioradas. También influyeron el hongo fusarium oxysporum y el herbicida "spìke". Según testimonio del exinformante de la DEA Óscar Benítez Limares, algunas firmas que operaban en Campanilla le encargaron a él arreglar la salida, en helicópteros del Ejército, de 20 toneladas de droga que habían quedado enterradas. A través de oficiales del Ejército, Benítez consiguió reunirse en Lima con Vladimiro Montesinos, quien autorizó los vuelos en helicóptero hacia el centro de procesamiento en Palmapampa, Ayacucho, y de allí hacia Colombia, a cambio de alrededor de un millón de dólares. También el narcotraficante Manuel López Paredes usó los helicópteros del Ejército para trastear la droga. Esto último fue comprobado mediante un operativo encubierto de la policía antidrogas, organizado con cobertura de la DEA. Un helicóptero de la FAP fue pintado como los del Ejército y, portando policías antidrogas, voló a un aeródromo donde esperaban los narcotraficantes con su carga para embarcarla en él. Al ver desembarcar del helicóptero a los policías, los sorprendidos narcotraficantes huyeron y dejaron atrás una camioneta con 1800 kilos de droga.

A fines de 1993 las bases militares contrasubversivas están hundidas en la inacción y la falta de recursos como consecuencia del predominio de las operaciones planeadas y dirigidas desde Lima o desde la base policial apoyada por la DEA en Santa Lucía. Las operaciones especiales, fueran para reprimir a narcotraficantes aliados con el PCP-SL o para favorecer a algunas firmas del narcotráfico, concentraban la acción y el dinero en manos de grupos de comandos aerotransportados que respondían a órdenes directas del SIE, la DINTE, el Comando Conjunto y, en último término, el SIN. Esto determinó un nuevo estancamiento de la contrasubversión, pues las extensas zonas de producción de hoja de coca controladas por el PCP-SL en Huánuco permanecían imbatibles y se consolidaban. Así se crearon las condiciones para una nueva ofensiva del Ejército que dejó de lado la estrategia contrasubversiva de 1989, centrada en la restricción del uso de la fuerza. Las operaciones de esta última campaña, que culminaron en la operación Aries, implicaron fuego masivo, arrasamiento de bases subversivas que eran caseríos cocaleros, e incluso bombardeo con rockets desde helicópteros.

Como se recordará, la estrategia de 1989 priorizaba la eliminación de la organización político administrativa del PCP-SL en cada localidad. A ello debía seguir la captación del apoyo de una minoría activa, para pasar después a la organización de la autodefensa campesina. Esa estrategia había llegado a un punto muerto en el alto Huallaga a fines de 1993. Presuponía un trabajo de inteligencia hecho de pueblo en pueblo mediante enlaces directos a las unidades militares contrasubversivas, lo que a fines de los 80 se denominaba "inteligencia popular". Montesinos había desalentado y desorganizado esa forma de hacer inteligencia al darle prioridad a una estructura paralela de operaciones especiales dependiente directamente de él y desvinculada de los demás eventos en los teatros de operaciones de los frentes. En la estrategia de 1989 había también elementos de la concepción de la "guerra política" desarrollada en Taiwán, según la cual son los oficiales de un gran ejército quienes dirigen todas las áreas de la actividad estratégica e ideológica. También eso había sido desmontado por el gobierno de Fujimori y Montesinos, quienes habían logrado imponerles a las Fuerzas Armadas condiciones políticas provenientes de las elecciones y de la opinión de las mayorías. La estrategia provenía ahora de la oficina de un asesor del SIN designado para este cargo por un presidente que usaba a las Fuerzas Armadas para hacer su propio juego.

Otra causa importante de que la estrategia de 1989 caducara a fines de 1993 fue sin duda el carácter propio de las bases cocaleras del PCP-SL en el alto Huallaga. Habían dejado de ser bases revolucionarias, si alguna vez lo fueron. Se desarrollaban como colonizaciones cocaleras de población migrante que había quedado enganchada y sometida al dominio de unas firmas de esa actividad agroindustrial que es la producción de hoja de coca. Los agricultores cocaleros están social y económicamente amarrados con las firmas que se encargan del procesamiento a pasta básica y su trasteo aéreo o fluvial hacia laboratorios. Estas bases del PCP-SL, endurecidas en su activismo económico y militar ajeno a las líneas políticas y organizativas del PCP-SL histórico, recibieron la noticia de la captura de Abimael Guzmán en parte con escepticismo y en parte con indiferencia. Lo peculiar de estos jefes cocaleros, los senderistas del Huallaga, es que su control del negocio estaba firmemente apoyado en su control militar del territorio. En dos rasgos principales reconocemos su alejamiento de la "guerra popular" maoísta, inclusive del "pensamiento Gonzalo". Primero, adquirían armas y pertrechos mediante el dinero del narcotráfico, en vez de arrebatarlas al enemigo conforme avanzara el poder popular de nueva democracia; segundo, su dominio no reposaba tanto en el control de la población mediante los comités populares como en el control del territorio -los puntos de embarque, las áreas cultivadas, las trochas, los caseríos, las "bocas" de los ríos -mediante trampas explosivas, turnos de guardia, deslizadores y lanchas veloces, francotiradores y fusiles de gran poder.

Debemos tomar en cuenta además que estos jefes senderistas habían visto colapsar en 1990 la organización del partido en los valles del Mantaro, el Ene y el Rímac bajo los embates de la estrategia militar de 1989. El operar clandestino de los comités populares y los organismos generados ya no podía considerarse una estrategia infalible para el desarrollo de la guerra popular, porque la estrategia de las Fuerzas Armadas tenía como prioridad absoluta destruirlos y venía lográndolo. El aislamiento económico y militar en que cayó el comité central en Lima en 1992, debido a la pérdida de sus cadenas de mando y logística, contribuyó indirectamente a que Abimael Guzmán fuera detenido. En otras palabras, el éxito de la estrategia contrasubversiva de 1989 implicaba el fracaso de la estrategia de Abimael Guzmán. En 1994, la guerra de Abimael estaba perdida para los senderistas del Huallaga. Ellos estaban peleando otra guerra distinta, con objetivos y estrategia diferentes.

El cambio de la estrategia militar está registrado en el manual del Ejército Contrasubversión -Doctrina y procedimientos -Aplicación contra los movimientos subversivos en el Perú (ME 41-7-B), aprobado por Nicolás Hermoza Ríos, que conocemos en una edición del Comando de Instrucción de enero de 1996. No es difícil reconocer que este manual expresa la estrategia aplicada en la operación Aries y otras de la última etapa del conflicto. El estudio de la ideología revolucionaria es prácticamente nulo y la parte sobre desarticulación de su organización político administrativa dice generalidades en unas treinta líneas. En la parte sobre inteligencia se introduce la idea de que hay medios operativos reservados a los escalones superiores del sistema de inteligencia, por lo cual se entiende que los escalones superiores implementan operaciones de una naturaleza tal que los inferiores no pueden implementar. "Consideraciones de rendimiento traen consigo una distribución de los diferentes medios entre los distintos escalones, teniendo en cuenta las características propias de cada uno de ellos." (p. 77) En la parte sobre operaciones regulares, se pone énfasis en la movilidad, la oportunidad y la presión constante que dispersa y paraliza al enemigo, así como en los patrullajes y controles que dificultan su aprovisionamiento. Aparece un factor antes impensable, la interceptación radiogonométrica de las comunicaciones del enemigo. El conjunto se asemeja mucho más a la guerra convencional que a la experiencia contrasubversiva de los años 80. Hay un evidente retorno a los principios de la estrategia contrasubversiva tradicional y una recuperación del vocabulario de la Escuela de las Américas.

La figura 9 del manual usa como ejemplos los toponímicos de la provincia de Leoncio Prado, Huánuco, donde se libraron los encarnizados combates de 1993 y 1994. Anque la figura sirve sólo de ejemplo de esquema de planeamiento basado en áreas-objetivo determinadas por inteligencia, el uso de los nombres de los lugares del alto Huallaga indica a qué experiencia se remite este manual:

El manual pone énfasis en los aspectos psicosociales de la contrasubversión, el arrepentimiento, la acción cívica y también, como es usual desde 1991, en la observancia de los Derechos Humanos.

Así se llegó a la ofensiva frontal de las Fuerzas Armadas llamada "operación Aries" contra los bolsones "Cuchara" y "Primavera" en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco, desde abril hasta julio de 1994. Era lógico que no tuvieran efecto sobre esos bolsones las tácticas psicosociales practicadas antes con cierto éxito, especialmente el "arrepentimiento". Millares de volantes llamando a los pobladores a abandonar la zona fueron lanzados desde helicópteros sin producir ningún efecto. La población estaba reducida a la servidumbre por los miembros del PCP-SL, quienes la mantenían aislada, amenazada y bajo control ideológico. Quienes intentaron huir fueron abaleados por los elementos armados del PCP-SL en los embarcaderos y bocas de los ríos, únicos puntos de salida de los bolsones.

Para este fin, el Ejército preparó compañías contrasubversivas que operarían en patrullas. Testimonios de participantes permiten colegir que se trató de alrededor de alrededor de 2000 hombres, incluido su personal de apoyo. De ellos, por lo menos dos compañías, unos 300 hombres, eran comandos de operaciones especiales. El entrenamiento especial para esta misión se realizó en distintos lugares del país y con la participación de expertos israelíes en tácticas especiales. Se trataba de destruir objetivos inmersos en zonas pobladas, donde el enemigo permanece oculto entre la población civil y sin embargo presenta combate y disputa el terreno palmo a palmo. Una de las dificultades que enmarcó esta operación y la diferenció de toda las anteriores es que no había forma de explorar el terreno antes de ingresar y esto representaba una enorme ventaja para el enemigo, que aprovechaba al máximo las características del terreno. La preparación fue dirigida personalmente por Hermoza Ríos y se hizo presente también el Presidente Fujimori.

La primera fase, en abril y mayo de 1994, empezó con ataques de la Fuerza Aérea y luego vino el ingreso de los comandos que cercaron la zona y fueron avanzando a tomar puestos de control senderista. Los senderistas respondieron emboscándose en pequeños grupos que hostigaban a los comandos hora tras hora, causándoles bajas desde la espesura de la selva sin presentar combate. Al no encontrar con quién luchar y seguir aumentando sus bajas, las patrullas que ingresaban tuvieron que ser reemplazadas por nuevas, las cuales sin embargo quedaron pronto en la misma situación. A mediados de mayo el operativo se detuvo y las fuerzas se retiraron sin haber alcanzado su propósito, pero habiendo estrechado el cerco alrededor del bolsón Cuchara y preparado el camino de ingreso al bolsón Primavera. Además, se había logrado detener a algunos senderistas que, interrogados durante las semanas siguientes, proveyeron información sobre la ubicación de centros vitales del enemigo.

La característica de la segunda fase, de mediados de junio hasta fines de julio, fue incrementar la violencia y la presencia militar, a fin de hacer sentir a los senderistas que estaban frente a una fuerza a la que ellos no podían resistir. La información facilitada por los detenidos "arrepentidos" permitió desactivar la organización del PCP-SL en algunos pueblos a la entrada de la zona, pero la operación principal consistió en eliminar a todos los grupos de pobladores que fueran sospechosos de prestarse a reorganizar la resistencia. Disparos de francotiradores, alimentos envenenados, incluso en las chacras, causaron muchas bajas y padecimientos a los efectivos militares, quienes incurrieron entonces en represalias indiscriminadas contra la población de los caseríos. Estas circunstancias hicieron de esta operación la más violenta y encarnizada de todo el conflicto. Se insistía en el ultimátum a los pobladores, con volantes arrojados desde helicópteros, para que salieran del lugar y se entregasen en calidad de "arrepentidos" a las Fuerzas Armadas. Muy pocos lograron hacerlo, en parte por el aislamiento en que vivían y en parte porque los senderistas disparaban a los que lo intentaban. El resultado fue una mortandad más grande que todas las anteriores. Hay testimonios de que los cadáveres quedaban varados por docenas a las orillas del río y que tuvieron que hacerse vuelos de helicóptero para traer combustible para quemarlos.

Así consiguió Fujimori un resultado que le permitió anunciar que había destruido los últimos bastiones del PCP-SL en el Huallaga y que estaba abierto el camino para la pacificación total del país. Ello levantó su popularidad, amenazada inicialmente por las revelaciones sobre el grupo Colina y la reorganización de la oposición alrededor de la candidatura presidencial de Javier Pérez de Cuéllar. Montesinos consiguió el control sobre las actividades cocaleras y se instaló en el papel que hasta cuatro años atrás había desempeñado el gral. Noriega en Panamá: perseguidor exclusivo y padrino selectivo del narcotráfico. Como perseguidor exclusivo para el Perú fue reconocido y elogiado públicamente en los años siguientes por los Estados Unidos a través del zar antidrogas Barry MacCaffrey. Hermoza Ríos consiguió también algo, una participación en el botín económico de Montesinos -más un derecho de precedencia para participar en los futuros botines - y un cierto liderazgo militar que le permitió asimilar la situación frustrante de apoyar a una tiranía que no era propiamente un gobierno militar pero arrancaba día a día a las Fuerzas Armadas su apoyo institucional.

La concentración de todas las capacidades militares y de inteligencia en este esfuerzo por tomar el alto Huallaga a cualquier precio tuvo un alto costo indirecto. A lo largo de 1994 se produjo el grave descuido de la frontera norte que dio lugar al conflicto del Cenepa.

1.3.4.5. Triunfalismo, corrupción y rivalidades internas en los últimos años del régimen El lamentable conflicto entre Perú y Ecuador estalló en enero de 1995 y produjo acciones de armas hasta marzo de ese año. Las difíciles condiciones en que combatieron los peruanos contrastaron con la bien preparada campaña ecuatoriana. La movilización del Ejército demoró cerca de dos semanas hasta que estuvieron en condiciones de asaltar las posiciones ecuatorianas. La Fuerza Aérea peruana sufrió muchas bajas a causa de sus limitaciones tecnológicas con respecto al nuevo sistema antiaéreo al que se enfrentaban, pero principalmente porque se había dado orden de no invadir el espacio aéreo ecuatoriano, lo cual obligaba a los pilotos peruanos a dar media vuelta dentro de la zona de combate cada vez que ingresaban a ella. Las fuerzas terrestres pasaron innumerables penurias debido a la escasez de alimentos, agua y asistencia médica. Digno de resaltarse es que los asaltos decisivos estuvieron a cargo de personal veterano de la guerra contrasubversiva, habiendo entre ellos algunos que, después de haber arriesgado su vida durante años en el conflicto interno, tuvieron que arriesgarla de nuevo y perderla o quedar inválidos en este conflicto fronterizo.

El Perú respetó el espacio aéreo del Ecuador y así también renunció a vulnerar territorio ecuatoriano, por más que esta directiva política implicase graves consecuencias para los soldados y oficiales que estaban en el Cenepa. Hubo esfuerzos notables también para tratar a los pocos prisioneros de guerra con el más estricto apego al Derecho Internacional Humanitario, se atendió heridos y fueron devueltos prontamente por la vía diplomática. Hasta los restos mortales de un ecuatoriano caído en el combate fueron transportados y devueltos. El gobierno y los altos mandos militares se habían propuesto demostrar con ocasión de este conflicto que las Fuerzas Armadas peruanas querían y sabían combatir con estricto respeto al DIH. Ello no respondió a un súbito cambio de actitud moral. Intentaban evitar un nuevo proceso de descalificación que estaba en marcha en el Congreso de los Estados Unidos para dejar al Perú otra vez sin ayuda militar, esta vez a causa de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el alto Huallaga. Pese a todos los esfuerzos, la ayuda militar norteamericana fue suspendida en julio. La imagen de respeto a los Derechos Humanos para exportación no surtía efecto. Aunque el gobierno impuso un control férreo sobre el acceso de los medios de comunicación a la zona, trascendieron las noticias de soldados niños de 17 años, uno de los cuales murió por sus heridas, y las de muertes y enfermedades de los soldados provocadas por la falta de condiciones de sanidad y alimentación mínimas.

Fujimori se hizo presente en el teatro de operaciones más para sacar provecho político que para apoyar el esfuerzo de guerra. Señaló el puesto de Tiwinza como un objetivo militar decisivo y declaró sorpresivamente, en medio de los combates, que las fuerzas peruanas habían desalojado de allí a las fuerza ecuatorianas y que, en vista de esta victoria, él había decidido un cese unilateral del fuego a partir del mediodía del martes 14 de febrero. En los hechos, Tiwinza no había quedado bajo control militar peruano. A la hora de la orden del cese de fuego, fuerzas de avanzada peruanas quedaron en posiciones desventajosas y con las líneas de aprovisionamiento cortadas. El Gral. Luis Pérez Documet, jefe de los comandos que soportaron lo peor del conflicto, fue promovido después a Jefe de la Sexta Región Militar, una nueva región creada expresamente para esa zona. Los pasos diplomáticos del mes de marzo, bastante favorables a la paz, más las elecciones presidenciales de abril, terminaron de distraer la atención de lo que había pasado realmente en Tiwinza. La mentira de Fujimori se convirtió en una firme convicción de quienes habían arriesgado sus vidas en ese conflicto, tan firme como su decisión de volver a arriesgarla contra quienes dijeran lo contrario. Así, mezclando el honor de las Fuerzas Armadas con una falsedad inaceptable para la ciudadanía consciente, Fujimori mantenía a las Fuerzas Armadas sometidas a su voluntad y fomentaba en ellas, y en los fujimoristas, un odio falsamente patriótico contra los críticos democráticos del régimen.

Esta aclaración no implica negar en ningún punto el alto valor que tiene para ambos países el tratado de paz que ahora los une. El kilómetro cuadrado que el tratado otorga en propiedad sin soberanía al Ecuador en la zona de Tiwinza es un justo memorial a los ecuatorianos que allí lucharon y murieron, y es al mismo tiempo una prueba de que los combates se dieron en suelo peruano y que el Perú actuó en legítima defensa.

Es innegable el efecto del conflicto sobre los resultados de las elecciones presidenciales. El candidato opositor, Javier Pérez de Cuéllar, se abstuvo de atacar al Presidente, pues el Perú atravesaba un conflicto armado y era imperioso mantener unida la voluntad nacional. Los temas de violación de los Derechos Humanos, aquellos que producían directamente una descalificación de Fujimori en el ámbito internacional, no podían ser usados por el candidato opositor. Fujimori, en cambio, lució sin escrúpulos su prestigio de líder militar e hizo su campaña con eso, no con planteamientos políticos. Fue una situación semejante a la del golpe de Estado. En vista de que el país se estaba enfrentando a un grave peligro, el de una guerra generalizada con el Ecuador, la mayoría de la población optó por apoyar al régimen que estaba dirigiendo el esfuerzo de defensa, a fin de no debilitar al país. Como es sabido, en situaciones de emergencia la población se inclina a apoyar propuestas continuistas y no polarizadoras.

Meses antes del conflicto, en setiembre de 1994, el gral . Howard Rodíguez, jefe de la Primer Región Militar, había sido sorprendido por periodistas repartiendo manualmente propaganda electoral impresa de Fujimori. Lo acompañaban numerosos oficiales y personal de tropa, en una especie de operativo militar de acción cívica en apoyo a la campaña electoral de Fujimori. Tales acciones de proselitismo oficialista a cargo de las Fuerzas Armadas habían sido detectadas en muchas partes antes de que esta acción particular fuese revelada. Ésta sí causó escándalo, pero la justicia militar sólo halló responsabilidad en oficiales de baja gradación.

Fujimori abusó grotescamente de su popularidad renovada por su reelección y por el desenlace pacífico del conflicto del Cenepa. El Congreso aprobó en junio una Ley de Amnistía General que eliminaba las sentencias condenatorias y procesos por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo y al mismo tiempo anulaba las condenas por el intento de golpe militar contra Fujimori del 13 de noviembre de 1992 y las más recientes por ultraje a la Nación y a las Fuerzas Armadas. Esta amnistía echaba por los suelos la justicia y era especialmente confusionista y ofensiva. Dejaba impunes y libres, con pleno derecho a continuar en la carrera militar, a los más avezados violadores de los Derechos Humanos, como los autores de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Pero además igualaba con ellos a los militares disidentes, los que habían sido calumniados e injustamente perseguidos por los tribunales militares manejados por el régimen.

El conflicto con el Ecuador dio a la camarilla presidencial-militar liderada por Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos la ocasión para emprender nuevas adquisiciones de armamento y, de paso, cometer desfalcos y desvíos de dineros públicos hacia actividades ilícitas. Estos robos al Estado, perpetrados mediante la recepción de sobornos para aceptar contratos desventajosos y la sobrevaloración de material bélico, son de una magnitud nunca antes vista en la historia del Perú. Cabe destacar que los desfalcos fueron realizados usando parte importante de la infraestructura de inteligencia desarrollada para tomar el control del narcotráfico en los años anteriores. El dinero negro, antes proveniente sólo del narcotráfico y ahora también de los desfalcos al Estado, se convirtió en el elemento unificador y animador del régimen. La oposición, empeñada en aprovechar los pocos espacios de acción política existentes, no pudo evitar convalidar aspectos fundamentales del régimen a lo largo de los años siguientes. Por defender la posibilidad de un referéndum por iniciativa popular, la oposición defiende en todos sus alcances la Constitución de 1993 y así, sin más remedio, se convierte en el mejor abogado del poder político-militar que se reproducía dentro de ese marco. Unión por el Perú (UPP), el movimiento opositor liderado por Pérez de Cuellar, pide en junio de 1996 el pronunciamiento institucional de las Fuerzas Armadas sobre la privatización de Petroperú, con lo cual convalida la práctica del Comando Conjunto de intervenir en política mediante comunicados que son, por tratarse de una fuerza armada, posiciones de fuerza. En abril de 1998, el expresidente Fernando Belaunde propone públicamente un pacto civil-militar para impedir la inconstitucional segunda reelección de Fujimori. Con este fin se celebran reuniones en que participan líderes políticos y oficiales en retiro que fungen de líderes de la opinión política disidente dentro de las Fuerzas Armadas.

El cuestionamiento político internacional al gobierno de Fujimori arrecia conforme éste acelera sus medidas para perpetuare en el poder, pero al mismo tiempo los Estados Unidos otorgan reiteradamente al Perú buenas calificaciones en la lucha antidrogas y renuevan la ayuda por este concepto. Un "zar antidrogas", el Gral. Barry Mac Caffrey, fue el encargado de desarrollar esta relación. Una primera buena calificación fue concedida en marzo de 1996. Ese año fueron reinstaladas en el valle del Huallaga algunas bases militares que habían sido desmovilizadas. En octubre, el "zar" visita Lima y, preguntado por la prensa, elude responder sobre Montesinos, con quien trata en privado los asuntos relativos a la interdicción del narcotráfico. La visita oficial se reitera en abril de 1998 para alentar los programas de cooperación antidrogas. En esa ocasión fue difundido un video en que él y Montesinos aparecen dialogando. Mac Caffrey se ve obligado a tomar distancia de Montesinos y declara que le parece una persona de prestigio discutible que suele recurrir a la manipulación. Ello no fue obstáculo para que continuara la cooperación con el régimen. En agosto de 1999 vuelve a felicitar en público la política antidrogas del Perú y en particular al SIN como uno de sus gestores.

La exitosa operación "Chavín de Huántar" que liberó el 22 de abril de 1997 a los rehenes que retenía el MRTA en la residencia del embajador japonés desde el 17 de diciembre de 1996 fue la última operación militar que contribuyó al prestigio del gobierno, con la particularidad de que estos laureles fueron amargamente disputados en los años siguientes por Fujimori y Hermoza Ríos, causando una desunión que hizo recrudecer el viejo problema del sometimiento de las Fuerzas Armadas a Fujimori. El recurso a una acción militar para resolver la crisis de la embajada, fuese o no inevitable, tuvo como consecuencia que los aspectos discutibles y cuestionables del operativo llevasen a una serie de debates públicos sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Al interior del oficialismo se abrió un debate sobre si el artífice de la victoria fue Fujimori, en estrecha cooperación con el SIN, es decir, con Montesinos, o si lo fue el jefe operativo militar, es decir, Hermoza Ríos. La oposición, por su lado, fue planteando gradualmente la duda sobre si todos los emerretistas murieron en combate o si algunos fueron ejecutados cuando ya estaban inermes. En el medio, y a media luz, quedaba la cuestión del proceso abierto a los oficiales superiores de la policía, a quienes se señalaba como los únicos responsables de que la residencia fuese tomada por el MRTA. Esta última consecuencia no pudo ser sostenida políticamente por el régimen. Los oficiales de la policía fueron amnistiados en julio de 1998. En octubre de 1987 Hermoza Ríos reclamó la autoría de la operación en un libro que fue presentado en la Universidad del Pacífico, con la asistencia del "doctor" Vladimiro Montesinos. En diciembre, Fujimori declaró a los medios que estaba evaluando la permanencia en el cargo del presidente del Comando Conjunto, Gral. Nicolás Hermoza Ríos. La respuesta de las Fuerzas Armadas fue una inaudita reunión de los jefes de las seis regiones militares, quienes abandonaron simultáneamente sus bases y se reunieron en Lima con el presidente del Comando Conjunto bajo el buen pretexto de que era su cumpleaños. En realidad se trató de una manifestación de apoyo y desagravio a Hermoza Ríos, semejante a la que recibió años antes, en la forma de un paseo de tanques, cuando fue denunciado en el Congreso el crimen de La Cantuta. Esta vez, sin embargo, el agravio venía de Fujimori.

Paralelamente a este proceso de desunión corrió otro aún más amargo y destructivo, el que empezó el 23 de mayo de 1997 con un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contra el ciudadano Baruch Ivcher:

Desde hace tiempo, el ciudadano nacionalizado peruano Baruch Ivcher Bronstein viene realizando una campaña destinada a dañar el prestigio y la imagen de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Perú son instituciones que cumplen un papel de primordial importancia en preservar la defensa de la pacífica convivencia social, la pacificación nacional y el desarrollo del país. A lo largo de estos años, el país ha sido testigo del sacrificio y patriotismo con que las Fuerzas Armadas han enfrentado a enemigos tanto en el frente interno como en el externo. Las Fuerzas Armadas (respetuosas de la libertad de prensa) expresan su más enérgico rechazo a la tendenciosa y malintencionada campaña implementada por el ciudadano Baruch Ivcher Bronstein ya que ésta desnaturaliza el respeto a las libertades de expresión al pretender distanciar a las instituciones tutelares del pueblo peruano que es en última instancia, nuestra razón de ser.