1.2. FUERZAS POLICIALES

Las fuerzas policiales fueron las primeras organizaciones del Estado en ser atacadas sistemáticamente por el terrorismo del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL). Para apropiarse de la autoridad local, la estrategia subversiva empezó por destruir la escasa presencia del Estado en los pueblos andinos y la débil conexión de los servicios estatales, en especial de la policía, con esa sociedad. Los campesinos de la sierra central no estaban acostumbrados a hacer valer sus derechos individuales mediante el sistema legal, ni mucho menos mediante el recurso a la policía. Los ataques del PCP-SL a la policía no provocaron, pues, rechazo masivo por parte de los pobladores de las zonas de emergencia. El Estado respondió cambiando a los policías preventivos y de vigilancia por patrullas policiales contrasubversivas, entrenadas para destruir a un enemigo y amedrentar a sus colaboradores y no para proteger a la población y sus derechos. A poco de iniciada la ofensiva del PCP-SL, el rostro de la policía cambió rápidamente en la zona de emergencia y se limitó a la represión, la persecución, la captura y el interrogatorio. Asimismo, a lo largo de veinte años y conforme se expandían los Comandos Político-Militares, la policía fue sometida por el Estado a la autoridad de las Fuerzas Armadas (FFAA) y reducida a la función de fuerza auxiliar. Los investigadores policiales tuvieron que ingeniarse nuevos métodos para seguir practicando su oficio con muy pocos recursos, mientras las FFAA y sus servicios de inteligencia recibían el reconocimiento. Pese a todo, el trabajo de los investigadores produjo avances centrales en la lucha contrasubversiva, los cuales —como se mostrará en este estudio— no se derivaron de la estrategia elaborada por las Fuerzas Armadas, ni mucho menos del SIN.

1.2.1. El inicio del conflicto armado interno (17 de mayo de 1980 -29 de diciembre de 1982)

1.2.1.1. El impacto de la declaración del Inicio de la Lucha Armada (ILA) en las fuerzas policiales (FFPP)

Primeramente que la subversión de Sendero [ Luminoso ] cogió de sorpresa a todo el mundo; no estuvieron preparados para acometer, enfrentarse a este problema ni los mandos militares ni los mandos policiales ni los dirigentes políticos (teniente general (r) PNP, Entrevista CVR 12.12.02).

La declaración del Inicio de la Lucha Armada (ILA) ¹ por parte del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) sorprendió a gran parte de la sociedad. Si bien incluso en años anteriores no se descartaba el alzamiento en armas de algunos grupos radicales de izquierda, ² fenómeno particular iniciado por el PCP-SL desconcierta a las fuerzas policiales (FFPP). En general, las FFPP hubieran esperado más bien la repetición de un proceso guerrillero similar al ocurrido en 1965. La escasa formación contrasubversiva que habían recibido distintas unidades los preparaba únicamente para fenómenos de este tipo: movimientos guerrilleros de tipo castrista. Su intervención inicial, que significó una mera reacción, tenía como referente dicho episodio guerrillero, a pesar de que en realidad existían diferencias sustantivas en los aspectos ideológico, político, militar y estratégico (EQ. EC-PNP/ CVR 2002: 16):

Yo recuerdo [ que fue ] en los años ochenta cuando precisamente se inició en Chuschi, [ ... ] la acción terrorista de Sendero Luminoso [ ... ] Esa acción de Chuschi [ y ] más lo que vino después -el atentado en la Municipalidad de San Martín de Porres, la tumba de Velasco, la aparición de cuatro perros colgados en La Colmena-fueron los primeros datos que recogimos. Y lo cierto es que, en ese momento, no se le dio —pienso— la importancia debida [ ... ] Luego ya percibimos informaciones de Ayacucho de algunas incursiones donde el problema iba tomando una dimensión mayor. Entonces, [ ... ] era una incógnita: ¿quién estaba detrás de estos atentados? Habían varias hipótesis. Pensábamos, pensaba que los montoneros argentinos, en coordinación con elementos radicales de la izquierda, estarían realizando estas acciones. Era pues la época en la Argentina del terrorismo ¿no? Un poco por allí iba [ n ] apuntando hipótesis. Se pensaba también que podría [ n ] estar detrás de estas acciones algunos elementos recalcitrantes del velasquismo. Se pensaba que era algún movimiento, algún grupo político de la izquierda radical. El espectro de izquierda estaba fracturado, pro soviet, pro chino. Bueno, eran hipótesis de trabajo y no, no, todavía no pudimos identificar quiénes eran verdaderamente los autores. Estábamos detrás de esto (teniente general (r) PNP Vidal, Entrevista CVR 30.09.02).

Los efectivos de las FFPP no se encontraban debidamente preparados doctrinariamente ni implementados logística y operativamente para afrontar una amenaza de este tipo. En general, como se desprende de la cita anterior, tuvieron muchas dificultades para definir con claridad a qué tipo de adversario se enfrentaban.

Entre 1980 y 1982, las FFPP tuvieron a su cargo la responsabilidad de desarrollar las acciones de la lucha contrasubversiva, bajo la dirección del Ministerio del Interior, sin recibir un apoyo adecuado del gobierno para la conducción y financiamiento de éstas (EQ. EC-PNP op. cit.). Cabe destacar la subestimación inicial del fenómeno subversivo y la falta de claridad sobre cómo hacerle frente. La ausencia de una posición coherente y unívoca en la percepción de los miembros del gobierno sobre el fenómeno subversivo mostraba señales diversas y confusas a quienes, en la práctica, tenían que enfrentar dicho fenómeno.³

Sin embargo, más allá de todas estas limitaciones y dificultades, es importante precisar que las prioridades de la agenda de trabajo de las distintas unidades policiales iban más allá del proceso subversivo. Por lo menos, hasta entrado el año 1982, las acciones y atentados realizados por el PCP-SL no fueron tan impactantes y sangrientas como serían después. Las limitaciones del funcionamiento de los servicios de inteligencia, policiales ⁴ y militares no permitían tener una visión total de lo que acontecía. Esto, sumado al desconocimiento de la naturaleza del PCP-SL, provocó que se menospreciara la magnitud del fenómeno en curso. Se pensaba aun que era posible contrarrestar rápidamente este fenómeno.

Mientas tanto, estos años fueron agitados para las instituciones policiales por diversas razones. Sus preocupaciones principales no se hallaban en el control de la subversión. Es necesario recordar que las FFPP cumplieron también, a lo largo del proceso de guerra interna, sus labores normales. Los primeros años de transferencia coincidieron con una intensa movilización y agitación social de la izquierda —al mismo tiempo que el PCP-SL se desarrollaba y expandía—. Esto ofrecía señales confusas a los policías, algunos de los cuales pensaban aún que el PCP-SL no era más que el brazo armado de la izquierda, lo que los obligó a ocuparse en dar una respuesta a esta interrogante. Además, debían ocuparse de los problemas normales, tales como el control de la delincuencia. Por otro lado, una serie de factores relacionados con el funcionamiento interno de las instituciones policiales incidió también en el desempeño que mostrarían en la lucha contrasubversiva. En primer lugar, los celos y rivalidades entre institutos llegaron a una situación límite con confrontaciones públicas. En lugar de favorecer a una sinergia de esfuerzos y coordinación para la lucha contrasubversiva, esto profundizó la brecha existente entre las mismas y favoreció la competencia. En segundo lugar, las pugnas dentro de cada institución por asegurar carreras policiales y el camino hacia los comandos fueron, y seguirían siendo, objeto de especial preocupación de varios sectores de oficiales. Esto les consumía mucho tiempo y provocaba que unidades de la misma institución policial —dirigidas por oficiales rivales— no coordinaran esfuerzos, sino más bien trataran de socavarse mutuamente. Finalmente, la corrupción extendida afectó el desempeño de varias unidades —especialmente dentro de la PIP— y contaminó lo que desde otras era posible hacer.

1.2.1.2. Las confrontaciones y la corrupción

Iniciada su gestión, el principal problema que tuvo el ministro del Interior De la Jara no fue el del PCP-SL, sino el de imponer su autoridad sobre los comandos policiales, en especial sobre el general Balaguer, director general de la Guardia Civil (GC). ⁵ Desde un primer momento, el general mostró animadversión contra el Ministro y el Viceministro de su sector. Balaguer tampoco hizo nada por armonizar las relaciones de su institución con las de los otros institutos policiales (Gorriti 1991: 117). Por el contrario, en todo momento trató de dejar en claro que la GC estaba sobre la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y la Guardia Republicana (GR).

En las ceremonias del aniversario institucional, el 30 de agosto, Balaguer pronunció un discurso que fue, según el viceministro del Interior López Martínez, ⁶ «insolente en el fondo y en la forma». Poco después, sin autorización, dio declaraciones públicas en las que sostenía que existía «un plan premeditado de la ultraizquierda para conmocionar al país y alterar la paz social con paros, huelgas y actos subversivos» (El Comercio, 6 de Septiembre de 1980). No se refería al PCP-SL, sino a la izquierda legal. Pronto, la izquierda parlamentaria expresaría una protesta enérgica al gobierno por las declaraciones del general Balaguer. Por todo esto, el ministro De la Jara retiró su confianza al director de la GC alegando que estaba impedido de hacer declaraciones políticas. Este hecho generó un hondo malestar entre la GC y estuvo a punto de producirse una rebelión policial.

Los miembros de la GC se agruparon en el patio del tercer piso del Ministerio del Interior, donde se encontraba el despacho del director de la GC. Los guardias civiles de todas las comisarías del país dejaron de trabajar. Este conato de sublevación fue aprovechado por la PIP y la GR. Los directores de estas instituciones reafirmaron inmediatamente sus lealtades con el Ministro del Interior y movilizaron personal para custodiarlo. La situación de tensión prosiguió por varios días. En las calles, los policías intercambiaron insultos, golpes y se mostraron mutuamente las armas. A raíz del conflicto, en las comisarías, los GC expulsaron a los investigadores (PIP) de todas las dependencias de manera definitiva. En la Prefectura de Lima, compartida por las jefaturas de región de ambas policías, hubo un intercambio de granadas lacrimógenas y disparos al aire. Las tensiones entre los institutos policiales se agravarían en los próximos años; esto sería evidente luego en la misma labor contrasubversiva. ⁷

Por otro lado, estos gestos permitieron al director general de la PIP, general Eduardo Ipinze, generar confianza en el gobierno. Sin ninguna posibilidad de contrapeso interno y luego de haber dejado fuera de carrera a oficiales rivales no vinculados a la red de corrupción, Ipinze lograría colocar a un círculo de oficiales allegados en puestos clave. Varios de ellos serían implicados en las investigaciones que al respecto se realizarían años después a la organización de Reynaldo Rodríguez López, El Padrino. ⁸ Una situación incubada por lo menos desde fines de la década del setenta ⁹ propició que en la PIP se llegase

[ ... ] a niveles tales de corrupción que no sólo distorsionaron su función, sino que la desnaturalizaron por completo. En ese proceso, lo primero que sufrió fue la eficacia policial; lo cual, en la etapa más vulnerable de Sendero, cuando su inexperiencia les hacía

aún cometer gruesos errores, y cuando una acción policial tenaz y diligente hubiera contribuido por lo menos a sofrenar su crecimiento, significó un daño mucho mayor para el país que el que la simple negligencia hubiera podido acarrear. Al desmantelar las pocas y menguadas defensas de la sociedad, la corrupción policial funcionó en los hechos en forma complementaria a la de Sendero, y facilitó tremendamente un crecimiento que de otra forma hubiera sido mucho más azaroso. (Gorriti op. cit.: 181)

Una dirección estratégica para esta mafia fue la Dirección de Inteligencia de la PIP (DIRIN). El agravamiento de la situación de violencia en el país, «creaba condiciones ideales para camuflar las operaciones de la banda dentro de toda la gama de acciones encubiertas e investigaciones secretas que se supone forman parte de la inteligencia contrainsurgente. Contando con el apoyo del comando institucional, la jefatura de inteligencia era un puesto estratégico para controlar a los jefes policiales [ ... ] que estuvieran tentados [ ... ] de lanzar una investigación por cuenta propia (ibid: 306)». Cuando en 1982, el general Teófilo Aliaga —ajeno al círculo de oficiales de Ipinze— ocupó la dirección de la DIRIN, la corrupción había paralizado ya funcionalmente a segmentos vitales de la institución. Luego de ver sus funciones completamente distorsionadas, la DIRIN no tenía casi posibilidades de una solución inmediata. No fue mucho lo que se pudo hacer para un trabajo eficaz de inteligencia contrasubversiva. Por ello, una de las unidades operativas se vería obligada a trabajar también en la recolección y análisis de información sobre la subversión.

1.2.1.3. Los Ataques a puestos policiales en Ayacucho

Hasta antes del estallido de la violencia, la Policía Nacional —especialmente la GC— era una de las caras más visibles del Estado en las zonas rurales del Perú. En varias de éstas, los policías conformaban uno de los vértices del poder local y las relaciones que establecían con la población estaban mediadas por el abuso y el autoritarismo. Por ello, cuando el PCP-SL dio inicio a su lucha armada, escogió a la policía como uno de sus blancos principales pues constituía la imagen más clara de su enemigo, el Estado, al cual deseaban destruir. El PCP-SL incluyó a los puestos policiales en su plan para «conquistar armas y medios» (ibid: 173). Al mismo tiempo, estas incursiones permitieron al partido entrenar a sus cuadros más jóvenes en situaciones de combate y aniquilamiento de personas.

El desalojo del personal policial de algunos puestos rurales de Ayacucho había empezado antes del ILA. ¹⁰ Desde entonces, algunos grupos de la inteligencia alertaban sobre la posibilidad de que se produjeran actos de sabotaje, enfrentamientos con fuerzas del orden y atentados a locales de la GC (ibid: 83). A pesar de que se había tomado conocimiento sobre ello, no se tomaron las medidas de seguridad necesarias. De esta manera, en 1981 se produjeron, entre otros, ataques a los puestos policiales de Quinua (15 agosto), Luricocha (17 septiembre) y Tambo (11 octubre). En el ataque al puesto de Quinua, fue asesinado el sargento Ramiro Flores Sulca, el primer policía que murió debido el accionar del partido.

Por otro lado, en el accionar cotidiano del puesto policial rural, los delitos con los que los policías tenían que lidiar eran casos menores relacionados con abigeato, violencia doméstica y robos de poca trascendencia. En la rutina de estos policías, no existían planes de contingencia para defender sus puestos ante la eventualidad de un ataque. Adicionalmente, otros factores contribuyeron a que los puestos policiales rurales se convirtieran en blancos fáciles del PCP-SL en estos primeros años: ¹¹ entre otros, la precariedad y aislamiento de los puestos, generalmente ubicados a varias horas de las ciudades principales y con rutas poco accesibles; el reducido número de policías, ¹² que eran guardias de formación básica, sin mayor experiencia en enfrentamientos; y, finalmente, el exceso de confianza y la subestimación del fenómeno subversivo. Por otro lado, la estrategia misma del PCP-SL desconcertaba a los policías. La inferioridad numérica a nivel estratégico y la superioridad numérica a nivel táctico ¹³ eran las pautas militares maoístas que el PCP-SL acataba rigurosamente en dichos ataques (ibid: 213). Por ello, el factor numérico estuvo siempre a favor de sus combatientes, que se confundían entre la población. A ello se añadía que el PCP-SL normalmente aprovechaba el factor sorpresa: los ataques se realizaban durante la noche o la madrugada, un día de fiesta o feria, cuando los policías se encontraban especialmente desprevenidos.

Estos factores fueron aprovechados en el ataque al puesto policial de Tambo. Esta pequeña ciudad de la provincia de La Mar, fue testigo de un feroz ataque contra las FFPP la noche del domingo 11 de octubre de 1981, día de feria durante el cual la ciudad se disponía a descansar de la agitación diaria. En el momento del ataque, tres policías estaban de guardia en el puesto policial, los otros dos se encontraban de franco. Veinte subversivos armados atacaron el puesto por 15 minutos e hirieron letalmente al guardia Jorge Vivanco Vizcarra, natural de Tambo. Dos policías con heridas de menor gravedad fueron arrastrados hasta el centro de la plaza. Pero no fueron las únicas víctimas. Elena Vivanco, comerciante que circunstancialmente se encontraba en el puesto policial en el momento del ataque, perdió a su esposo, Jesús Torres, y a su hijo de un año de edad (Caretas 699 19.10.81).

1.2.1.4. La contraofensiva policial

La magnitud del ataque al puesto policial de Tambo conmocionó a la opinión pública y determinó que, el 12 de octubre, ¹⁴ el presidente Fernando Belaunde Terry declarara por primera vez el estado de emergencia en Ayacucho comandado por las FFPP. El responsable de asumir la jefatura de la zona fue el general GC Carlos Barreto Bretoneche, quien hasta ese momento se había desempeñado como Jefe de la subregión Huancayo. El general Barreto recibió del ministro del Interior un pliego de instrucciones donde se especificaba el objetivo que se debía conseguir y el tipo de apoyo que, para tal propósito, las FFPP recibirían de las FFAA. Era responsabilidad del Ejército proveer, entonces, a la Policía Nacional de fusiles FAL y camiones de tipo Unimog para el transporte de tropa. A su vez, La Marina de Guerra del Perú tenía que proveerla de equipos de radio y la Fuerza Aérea Peruana (FAP) de helicópteros (Gorriti op. cit.). Junto con Barreto, viajó un contingente de 193 policías,¹⁵ incluyendo entre ellos a cuarenta sinchis.¹⁶

Con el arribo de Barreto se estableció en Ayacucho un estado mayor (Comando Operativo de la Zona de Emergencia) que agrupó a los tres coroneles (GC, PIP y GR) que se encontraban en el departamento. Gracias al establecimiento de este estado mayor se logró la unión operativa de los tres cuerpos de policía y se levantó la moral de sus efectivos (ibid: 222). El comando puso en práctica el Plan de Operaciones Conjunto Vivanco, que establecía la toma de la iniciativa policial en la lucha contra la subversión. Las acciones planificadas estaban a cargo de 6 grupos operativos, respaldados por uno de reserva e informados por otro de inteligencia. Cada grupo se subdividía en patrullas delimitadas territorialmente. La provincia de Huamanga tenía seis; Huanta, diez; La Mar, siete; Vilcashuamán seis; Cangallo-Víctor Fajardo, cinco (ibid: 223). El plan supuso también el establecimiento del toque de queda entre las diez de la noche y las cinco de la mañana. Por otro lado, evidenciando el desconocimiento del adversario —se pensaba aún que los subversivos eran guerrilleros apoyados por el comunismo internacional— y poniendo en práctica lo establecido por la doctrina, se propuso también la captura de ciudadanos extranjeros vinculados con PCP-SL.

A pesar de las limitaciones de las ideas subyacentes al diseño del plan, su ejecución permitió a la policía alcanzar sus mayores niveles de efectividad en la lucha contra la subversión en esta zona, sobre todo en Huamanga. Hacia el 23 de octubre, 400 policías habían llevado a cabo 113 incursiones en las que se incautaron cerca de 200 cartuchos de dinamita, fulminante y mecha. Durante los sesenta días del estado de emergencia, se logró la captura de importantes cuadros de PCP-SL; asimismo, no se produjo ningún atentado ni tampoco hubo víctimas mortales en Huamanga. Sin embargo, encontraron dificultades para mantener un control más efectivo de las zonas rurales por la insuficiencia de miembros de las FFPP (EQ. EC. PNP/ CVR op. cit.: 11). Por otro lado, desde entonces empezaron a conocerse procedimientos policiales bastante violentos, detenciones indebidas y casos de tortura. Un temprano reportaje da cuenta de esto:

El hecho de no haberse producido, hasta la fecha, ninguna muerte durante el estado de emergencia en un ambiente tan cargado de tensión constituía, sin duda, un mérito incuestionable. Está empañado, sin embargo, por los alegatos de torturas [...] la emergencia y las operaciones subsecuentes han significado una retracción casi completa de la organización terrorista [...] [Pero] La amplitud de casos por resolver y la presión para obtener resultados a la brevedad tiene secuelas: la detención de personas casi seguramente inocentes de vinculaciones con el terror, el trato rudo, los alegados apremios [...] de 183 detenidos el día 21, la mayoría había sido liberada dos días después (Caretas 670 26.10.81).

Asimismo, empezaron a cometerse también actos de violencia sexual. Por ejemplo, la declarante del testimonio 100255 tenía sólo 14 años cuando fue violada por un grupo de sinchis armados y encapuchados el 28 de octubre de 1981. Ellos ingresaron violentamente a su casa rompiendo puertas y ventanas. La vendaron, la subieron a un carro y la violaron entre siete. Al amanecer, la subieron a un helicóptero. En pleno vuelo, le amarraron los pies con una soga y la balancearon en el aire por algunos minutos para que confesara. La víctima era acusada de haber sido partícipe en el asalto al puesto policial de Tambo.

En diciembre de 1981, el general Barreto solicitó que el estado de emergencia se extendiera por treinta días más, pero el presidente Fernando Belaunde Terry, en vista de los resultados obtenidos, ordenó que éste se levantara. El 12 de diciembre el general abandonó Ayacucho y dejó en la zona a la mayor parte de los miembros de la FFPP que habían viajado con él.

1.2.1.5. El repliegue policial

Gracias al establecimiento del Plan Vivanco, las FFPP habían logrado capturar a cuadros bastante importantes de PCP-SL como Hildebrando Pérez Huarancca, Edith Lagos, Carlos Alcántara, Eucario Najarro Jáuregui y Vicente Amilcar Urbay Ovalle, entre otros. Todos ellos estaban en el Centro de Reclusión y Adaptación Social (CRAS) de Huamanga bajo la acusación de terrorismo. Sin embargo, estos logros iniciales en Ayacucho se vieron opacados ante las condiciones en las que los miembros policiales debían realizar su trabajo:

La represión no se acompañó con medidas económicas y sociales a favor de la población de una de las regiones más atrasadas del país. El hecho de que las fuerzas del orden no tengan prácticamente nada que ofrecer a una población que carecía a menudo de los más elementales servicios incrementó las dificultades de su misión. (EQ. EC. PNP/ CVR op. cit.: 12)

La instauración del estado de emergencia suspendía las garantías constitucionales y autorizaba a las fuerzas del orden a efectuar pesquisas y detenciones sin mandato judicial. Esto indispuso a la población de Ayacucho, sin por ello favorecer el retorno a la calma. A lo más, facilitó la detención de algunos cientos de senderistas. Pero esto no impidió que desapareciera la presencia del Estado en un número creciente de distritos, porque la Guardia Civil estaba a la defensiva por la falta de apoyo del gobierno. [...] El gobierno continuaba empeñado en tipificar las acciones de PCP-SL, como parte de una conspiración internacional. Esta visión errónea del régimen político sobre las verdaderas características del grupo subversivo contribuyó a permitir su desarrollo. (ibid: 25-26)

No obstante, los logros policiales no se circunscribieron a Ayacucho. En otras zonas del país, sobre todo urbanas, los miembros de la PIP habían logrado detener a los militantes del PCP-SL involucrados en atentados. Por esta razón, el PCP-SL planificó fugas de centros de reclusión en distintos puntos del país con el objetivo de recuperarse.¹⁷ El más recordado de ellos fue el asalto al CRAS de Huamanga el 2 de marzo. Días antes, el 28 de febrero, había habido un intento de fuga. Ese día murieron cuatro subversivos y quedaron gravemente heridos Eucario Najarro Jáuregui y Vicente Amilcar Urbay Ovalle. Ellos fueron internados en el hospital de Huamanga y quedaron bajo la vigilancia de efectivos de la Guardia Civil (GR). Carlos Alcántara, estudiante escolar y uno de los cuadros máximos del PCP-SL en Ayacucho, también estaba internado en el hospital porque padecía de osteomielitis.

El asalto al CRAS fue el corolario de una serie de hechos que evidenciaban que el PCP-SL estaba planeando dar un gran golpe. Una parte de la inteligencia de la GR alertó al ministro José Gagliardi sobre la posibilidad de un ataque al CRAS de Huamanga por lo que este decidió enviar un refuerzo de veinte hombres al destacamento de la GR en Ayacucho. ¹⁸ El comandante de la GR en Ayacucho tuvo conocimiento de esta alerta, pero no obedeció las directivas de redoblar la guardia del penal. Asimismo, personal de inteligencia de la GR se había comunicado con el teniente Herbert Rosemberg, quien tenía a su mando el destacamento que daba seguridad al CRAS. A pesar de todas las advertencias previas, cuando el 2 de marzo se produjo el asalto a la cárcel, sólo siete policías se encontraban cuidando sus instalaciones.

Esa noche, un grupo de aproximadamente 100 subversivos atacó la cárcel. Como producto del asalto fugaron un total de 247 reclusos¹⁹. Por lo menos 50 de estos estaban sentenciados o siendo procesados por presunto delito de terrorismo. El asalto dejó un saldo de dos policías muertos, Florencio Aronés Guillén y José Rea Conde. Antes de llevar a cabo el ataque, los atacantes habían tomado las garitas de acceso a la ciudad y apostado a grupos de francotiradores en las inmediaciones de los locales de la GR, GC y PIP, así como frente a los domicilios del Subprefecto y del Presidente de la Corte Superior (Caretas 688 8.3.82). El ataque tomó por sorpresa a la GC y a la PIP, porque no conocían la nota de inteligencia que alertaba sobre este suceso. Por ello, los policías acantonados en Ayacucho no tuvieron mayor capacidad de reacción. Sólo atinaron a parapetarse en sus comisarías y estaciones. No libraron batalla contra el PCP-SL porque imaginaron que el número de atacantes era mucho mayor. ²⁰

En vista de la magnitud del ataque, el coronel PIP Andrés Morales Vega hizo un llamado al viceministro Héctor López Martínez para que interviniera la tropa del batallón Cabitos, asentado en Huamanga. López Martínez ²¹ habló con el presidente Fernando Belaunde Terry, pero éste le dijo que el ministro de Guerra Cisneros no consideraba necesaria la participación del Ejército, porque los subversivos ya habían empezado a retirarse.

Durante el ataque, sólo el capitán Linares Bay, del destacamento sinchi asentado en Huamanga, logró abrirse paso con un grupo de hombres hacia el CRAS.²² El tiroteo con el grupo de sinchis convenció a los atacantes de PCP-SL de que ya era hora de emprender la retirada, pues el efecto sorpresa que había logrado tan buenos resultados había empezado a atenuarse. Por eso, evacuaron la ciudad de manera apresurada y no recogieron los cadáveres de sus compañeros caídos en combate, como acostumbraban a hacerlo (Gorriti op. cit.: 261).

Luego del asalto, en un acto de venganza ante la derrota, un grupo de guardias republicanos ingresaron al hospital y sacaron a rastras a los miembros del PCP-SL que habían resultado heridos en la cárcel días antes. Una vez en la calle, asesinaron a balazos a Carlos Alcántara Chávez, jefe de los cuatro sectores en que el PCP-SL había dividido Huamanga, a Russell Wensjoe, que ya se encontraba con la orden judicial de libertad, y a Vicente Amilcar Urbay Ovalle. También intentaron asesinar a Eucario Najarro Jáuregui, pero éste sobrevivió al estrangulamiento. Inicialmente, se trató de encubrir el hecho y se dijo que los muertos del hospital eran subversivos que habían participado en el asalto. Luego, se deslizó la posibilidad de que los autores del hecho habrían sido personas disfrazadas de policías. Finalmente, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que descartaban tales afirmaciones y prometía no escatimar esfuerzos para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de esas muertes (Caretas 688 8.3.82 y López Martínez). ²³

El asalto a la cárcel de Huamanga se produjo exactamente una semana después que el Ministro del Interior declarara ante la Comisión Permanente del Congreso de la República que todo estaba en calma (Caretas 688 8.3.82: 16). El asalto fue un caso de resonancia nacional que puso en evidencia la capacidad operativa del PCP-SL e provocó que el gobierno, las FFPP y las FFAA lo vieran como un peligro de una dimensión mayor de la que habían imaginado. En efecto, contribuyó a crear la apariencia de que su accionar estaba pasando a una fase militar y de control territorial y político.²⁴ Mostró los errores policiales producidos por la subestimación del fenómeno subversivo y quedó claro también que el PCP-SL pudo llevar a cabo una operación militar exitosa debido a los problemas de coordinación en el Estado, que no fue capaz de asegurar la intervención de las fuerzas del Ejército de la ciudad de Huamanga en ayuda de los efectivos de la GR que custodiaban el CRAS. A consecuencia del ataque, el 3 de marzo de 1982 fue reestablecido el estado de emergencia en Huamanga por decreto supremo 04-82-IN.

Después del ataque al CRAS, el PCP-SL hostigó y atacó especialmente los destacamentos policiales de los distritos que le interesaba controlar. Como la situación se fue agravando, hacia fines de marzo el general Catter, director general de la GC, dio la orden de que se replegaran los puestos más grandes por razones de seguridad. Con el repliegue se dejó el campo libre al PCP-SL y la situación en las ciudades como Huanta y Huamanga se tornó más convulsionada con atentados en ascenso. Este repliegue fue un grave error que apoyaría la imagen de unas FFPP derrotadas e incapaces de enfrentarse al problema.

Hacia fines de marzo, el PCP-SL intensificó su campaña de batir el campo y empezó a cercar el distrito de Vilcashumán. El 26 de marzo atacaron el fundo Ayzarca, cerca de Parcco y Pomatambo, incendiaron la casa y la capilla, y se llevaron a Andrés Gutiérrez, dueño del fundo. Semanas después se encontró su cuerpo. El 31 de marzo se produjo un ataque a la Jefatura de Línea ²⁵ de Vilcashuamán. Al ser hostigados por francotiradores en la noche, los policías temieron que pudiera producirse un hecho similar al ocurrido en el CRAS. El jefe de línea se comunicó con Ayacucho y pidió auxilio. El general GC Jorge Monge Llanos, jefe de la II Región Policial, llenó un camión militar con guardias y se dirigió a Vilcashuamán a brindarle ayuda al puesto. Mientras tanto, el Ministro del Interior se mantuvo al tanto de la comunicación entre el general Monge y el jefe del puesto de Vilcashuamán hasta que se cortó (Gorriti op. cit.: 325).

Al día siguiente, el presidente Fernando Belaunde Terry, el Ministro del Interior José Gagliardi, el comandante general del Ejército Francisco Miranda y el ministro de Aeronáutica José García Calderón llegaron a la zona para dar su apoyo moral a los efectivos policiales. En el ataque sólo un policía había resultado herido, pero el temor por un suceso más violento había cundido entre los miembros de la FFPP. En el discurso pronunciado en Vilcashuamán, el presidente Belaunde fue enérgico con ellos: les pidió determinación y una actitud ofensiva contra los «enemigos» de la Constitución y la paz. Después del ataque, el gobierno trató de mejorar el equipamiento con el que contaban las FFPP.

1.2.1.6. Los contingentes contrasubversivos en Ayacucho

A medida que el PCP-SL fue extendiendo su accionar en Ayacucho, se fue incrementando el número de policías en el departamento. En un inicio, los envíos de personal a la zona en emergencia eran improvisados: la mayoría era parte del personal policial básico que no tenía formación contrasubversiva.

Iban a las comisarías de Lima y les decían: «Ya, suban»; de repente estaban en un avión y al llegar a Ayacucho les decían: «Señores, han venido a prestar servicio tres meses, les vamos a dar sus viáticos». Se los llevaban así a la guerra [...] (EQ. EC-PNP/ CVR, Entrevista CVR 13.02.03).

También había personal voluntario que había solicitado su destacamento a zona de emergencia, ya que los viáticos constituían un importante estímulo (ibid). Se enviaba también a policías que habían cometido algún tipo de falta como una forma de sancionarlos. No separar de la institución a los malos elementos y enviarlos lejos era una antigua práctica institucional, a pesar de lo riesgos que esto implicaba para la población. Las condiciones en las que las FFPP tuvieron que hacerle frente a la subversión fueron bastante duras pues no contaban con medios adecuados. El armamento que usaban²⁶ era antiguo y poco efectivo. La munición era limitada; por lo que, en ocasiones, ellos mismos tenían que comprarla. Por otro lado, la falta de coordinación entre el comando policial y los puestos o líneas y el mal equipamiento dieron como resultado el deterioro de la moral combativa de los miembros de la FFPP en zona. La cita siguiente relata la forma en que vivían los policías de un destacamento contrasubversivo:

Entramos al destacamento; era una casa, una casa igual a las casas de barrio de la zona y donde duerme el personal… sobre pedazos de papel. No había catre, no había cama, no había nada, no había colchones y ahí dormía el personal…¿ Cómo se cocinaban? Ellos mismos se cocinaban ahí con lo que podían, con un fogón. Es decir, igualito como vivía el campesino del lugar (general GC (r), ex sinchi, Entrevista CVR 9.9.02).

De todos los policías enviados a la zona durante ese período, los que generaron mayor impacto entre la población fueron los sinchis. Su misión fue reforzar los destacamentos policiales que se encontraban en Ayacucho. El personal sinchi fue enviado a la zona en calidad de comisión de servicio.²⁷ Estuvieron acantonados en la ciudad de Huamanga, desde donde se trasladaban en helicóptero a distintos pueblos y comunidades. Aunque nunca hubo más de 120 sinchis en la zona de emergencia, al poder desplazarse rápidamente de un lado a otro en un radio de acción bastante extenso, crearon la sensación de que estaban casi en todas partes y que eran un número mayor. Cuando los sinchis llegaban a un poblado o llevaban a cabo una incursión, siempre lo hacían en grupos pequeños, no más de ocho ó nueve hombres armados, además del piloto del helicóptero. ²⁸

Como la mayor parte de sinchis eran costeños, para ellos llegar a Ayacucho significó un encuentro con un otro —el poblador andino y quechuahablante— con una trayectoria cultural distinta. Del mismo modo, la población local vio a estos efectivos policiales como extranjeros. En su descripción, cuentan que «eran altos y blancos; parecían americanos y estaban uniformados, camuflados. A ellos les decían los sinchis» (Testimonio CVR 100255). A medida que la situación se fue agravando, se envió un mayor número de sinchis a la zona. El personal provenía directamente de la base de Mazamari y de algunas comandancias de Lima. En la práctica, los miembros de las FFPP se quedaban más tiempo del previsto inicialmente (tres meses) por insuficiencia de personal (general GC (r) op. cit.). ²⁹

Con esta situación se produjo una sobreexposición del personal —predominantemente costeño y mestizo— a un entorno que sentían bastante hostil y ajeno. Por su formación contrasubversiva, el accionar del PCP-SL les resultó totalmente ajeno a lo que ellos esperaban de un grupo subversivo. El PCP-SL atacaba a traición, de manera inesperada; no tenía campamentos ni se desplazaba en columnas. «Era diferente la forma como Sendero [Luminoso] se manifestaba, [...] una cosa atípica, novedosa podemos decir. Los procedimientos, las técnicas, su trabajo con la población era diferente. El guerrillero del [Movimiento de Izquierda Revolucionaria] MIR es un guerrillero; yo lo considero un guerrillero romántico»( ibid).

Tampoco se podía diferenciar a los miembros del PCP-SL del resto de la población, porque no usaban uniforme. Esto último implicó un cambio en la relación entre los policías y la sociedad; pues al no poder diferenciar a unos de otros, todos se convirtieron en sospechosos y potenciales terroristas. Si ya existían distancias entre los policías y la población, éstas se acentuaron con el proceso de violencia:

Eso es lo que genera el cambio de actitud de la policía frente a la población. La policía se vuelve desconfiada, se vuelve temerosa; porque no sabe si esta hablando con alguien y ése es un terrorista que lo está observando, que lo está viendo y lo está conociendo; en fin, [si está] averiguando algo y que después lo va a atacar. Entonces, esa es una de las consecuencias fatales —podemos decir— que estamos viviendo actualmente y que todavía no logra superarse de que la policía se haya aislado, se haya retirado de la población. (ibid)

En sus visitas a los poblados, que podían ser de horas o días, desplegaban toda una parafernalia de poder y desarrollaban una serie de rutinas físicas de carácter disuasivo. Vistiendo sus uniformes camuflados con una insignia en forma de ala en el pecho (emblema de los paracaidistas) y cargando un fusil M1, salían a correr por los alrededores. Durante la calistenia hacían vivas y entonaban canciones de guerra, cuyo propósito era amedrentar a los militantes del PCP-SL y a la población civil, a la que veían como cómplice de esta agrupación subversiva.³⁰ De una presentación inicial amistosa, pasaron con frecuencia a los abusos y violaciones a los derechos humanos. En la base de datos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), abundan testimonios que dan cuenta de esto. Por ejemplo, una testigo cuenta que en septiembre de 1982 los sinchis llegaron a Chalcos (Sucre, Ayacucho) en dos helicópteros. Estos se presentaron a la población como protectores. «Dijeron que no les tengamos miedo que habían venido a resguardarnos, a cuidarnos, que confiemos en ellos»( testimonio 100483). Organizaron campeonatos deportivos. «Parecían un protector, un amigo para nosotros»( ibid). Pero al término de dos semanas empezaron a emborracharse con los licores disponibles en el pueblo y capturaron a un grupo de profesores, a los que sin ninguna prueba acusaron de ser terroristas. Luego de detenerlos y golpearlos por varias horas les dijeron: «Si quieren irse, corran, escápense por donde puedan»( ibid). Los profesores corrieron y los sinchis les dispararon a mansalva; todos murieron.

Acciones de este tipo rápidamente provocaron que en torno a estos personajes se desarrollara un imaginario terrible. El sinchi fue visto por muchos como el abusivo, el torturador, el violador, el asesino, a quien la población aprendió a temer. Fue el primer contingente del Estado que llevó a cabo acciones de guerra sucia. Para muchos pobladores rurales y urbanos de Ayacucho la primera experiencia con los sinchis fue traumática. Por ejemplo, el testimonio 200864 señala que la gente empezó a tomar sus precauciones para no encontrarse con las fuerzas del orden. Una opinión similar ofrece un testigo natural de Mayocc, Churcampa: «Los sinchis mataban a quienes encontraban»( testimonio 201137).

Durante esta primera etapa, la tortura y detenciones arbitrarias fueron prácticas bastante comunes entre los sinchis. Del mismo modo, lo fue la violación sexual no sólo de mujeres adultas, sino también de adolescentes. Uno de los casos más tempranos que impactaron a la opinión pública fue el de Georgina Gamboa, acontecido el 2 de enero de 1981.³¹ Ejercer violencia de manera indiscriminada y sin razones válidas fue muy frecuente entre los sinchis en este período. Un miembro de las FFPP que estuvo en la zona corrobora este tipo de hechos:

Esa era una costumbre allá. El que bebía —si no le quería vender la tienda— pateaba la puerta, la tumbaba y se tomaban el trago que le daba la gana, inclusive la violaba a la hija y en venganza: más borracho, peor pierde la cabeza. Era una costumbre allá. (testimonio 100166)

Cuando cometían excesos contra una comunidad presuntamente allegada al PCP-SL, los sinchis desaparecían. Esto se facilitaba porque contaban con el helicóptero. Esta nave no sólo fue el espacio en el cual se perpetraron abusos y torturas —como balancear a los detenidos en el aire para obtener una confesión—, sino también desde el cual se habrían perpetrado homicidios. Algunos testimonios señalan que encostalaban a los detenidos y los arrojaban desde lo alto en la zona del río Apurímac. Como sostiene un suboficial en retiro, el grupo de sinchis «era un cuerpo más represivo, formado para aniquilar, para matar. Asesinos cuando iban a matar. No creen en nadie. Claro que hay reglas, pero a veces las reglas no las respetan, no son limpios.» (sargento GC (r ), Entrevista 2003)

Un hecho que se debe resaltar es que desde el inicio de la guerra interna se trató de justificar las violaciones de los derechos humanos realizadas por los contingentes contrasubversivos. Las justificaciones indicaban que estos hechos se producían por una sobreexposición de los elementos policiales en un entorno hostil que, sumados a la presión de convertirse en víctima de un ataque del PCP-SL en cualquier momento, reaccionaron con una violencia sobredimensionada. Así, cometer estas violaciones —calificadas de excesos— era también una manera de tomar venganza por la violencia de la que la policía era víctima. En palabras de un ex policía: «En esa época en realidad todos los días había enfrentamientos, todos los días morían policías también. No había un día en que no se produjera un ataque y, si por decir, habían atacado un puesto y había un detenido, él pagaba pato. Los torturaban; era una manera de desquitarse» (testimonio 100166).

Las tempranas declaraciones concedidas por el general Barreto Bretoneche, primer jefe policial de la zona de emergencia, dieron cuenta de los escasos niveles de control sobre oficiales de menor rango:

Tengo instrucciones muy claras: si yo agarro a alguien maltratando o torturando algún preso, lo pongo inmediatamente bajo proceso. Yo no contemporizo, y mi gente lo sabe. Pero, de otro lado, yo no puedo estar en todaspartes. Los sinchis son recios. Y en cuánto a la PIP, ya sabe cómo son. (Gorriti op. cit.: 230) ³²

Se desprende de estas declaraciones que el cuerpo de sinchis estaba conformado por un grupo de policías que tenían una serie de atributos masculinos difíciles de ser «controlados»: como la fiereza, la agresividad, entre otros. En estas mismas declaraciones, también se expone un hecho bastante conocido: los agentes de la PIP brindaban malos tratos a los detenidos durante sus interrogatorios, incluso torturaban. Estas prácticas, que habían formado parte del accionar policial cotidiano, empezaron a ser sobreutilizadas durante el período de la guerra interna.

El otro batallón enviado a la zona durante esta primera etapa de la lucha contrasubversiva fueron los Llapan Atic, de la Guardia Republicana. En un inicio fueron aproximadamente sesenta hombres, cuya misión era cuidar torres eléctricas, tomas de agua, brindar resguardo a autoridades locales, otorgar seguridad estratégica, etc. El armamento que llevaban estos efectivos era diferente al de los sinchis, que usaban el HKG3. Cuando fueron enviados a la zona, estos hombres tampoco tenían claro cuál era el tipo de misión. Un oficial Llapan Atic que estuvo en Ayacucho entre septiembre de 1981 y febrero de 1982 refiere:

El hecho es que me ordenan a ese grupo y a mí acompañar a unos congresistas a Ayacucho por tres días, para visitar no sé qué parte de Ayacucho [donde] habían matado a varios campesinos. Yo dije: «Serán pues tres días» —como me habían ordenado—; pero me quedé seis meses —¡ Seis meses!— con mi gente a dar seguridad a la Bocatoma de Agua, al Cerro Acuchimay donde había un pozo de agua [...]( coronel PNP, Entrevista CVR 2.9.02)

Ya sean los grupos de Sinchis, Llapan Atic, PIP ó guardias con o sin formación contrasubversivo, el hecho es que hacia 1982 Huamanga y todo el departamento de Ayacucho estaba invadido de policías que se comportaban como una verdadera fuerza de ocupación y las disputas y peleas eran acontecimientos de todos los días. El origen de estos abiertos desafíos se encontraba principalmente en las identidades institucionales, líos de faldas³³ y algunos aspectos étnicos; pues los GC, tradicionalmente los más «blancos» de las FFPP, veían con desdén a los miembros de la GR por ser estos más «cholos». ³⁴

1.2.1.7. La pérdida de efectividad policial en Ayacucho

Debido a la falta de cautela y vigilancia de los policías, las violaciones y abusos que cometían, así como por sus problemas de comando y disciplina, la imagen de las FFPP se fue deteriorando cada vez más en Ayacucho. Una pequeña nota aparecida en la revista Caretas en marzo de 1982 sintetiza el panorama de entonces:

[...] desde que se estableció el estado de emergencia en octubre de 1981 y llegaron nuevos efectivos policiales, las discotecas han proliferado. Buena parte de su clientela está constituida por jóvenes oficiales, sinchis, boinas azules. Los lugareños se quejan de cierta prepotencia alcohólica, de asedios amorosos excesivos y también de algunas preferencias femeninas por los uniformes. Por otro lado, en el campo, se dan casos en que las unidades en patrullas simplemente disponen de los animales domésticos de los campesinos (Gorriti 1982).

El 3 de septiembre, Edith Lagos, una de las militantes del PCP-SL más conocidas por su juventud (tenía 19 años), murió en Umaca, Andahuaylas, en un enfrentamiento con efectivos de la GR. Cuando su cadáver llegó a Ayacucho, la respuesta de la población fue desbordante. El ataúd salió a la calle en procesión y se calcula que fue acompañado por aproximadamente treinta mil personas. El mismo arzobispo de Huamanga, conocido por ser un acérrimo anticomunista, celebró una misa de cuerpo presente. A pesar de que sobre el ataúd estaba extendida una bandera del PCP-SL y a medida que pasaba el cortejo era saludado con aplausos, el coronel Delgado Matallana tuvo que replegar a toda la policía para prevenir confrontaciones con la población. La forma en la que la población expresó su pesar por la muerte de Edith Lagos y en la que se corearon consignas del partido a viva voz durante las exequias del cuadro del PCP-SL Carlos Alcántara, dejaban claro para los policías con quién se encontraban las lealtades y simpatías de la población ayacuchana. La distancia y desconfianza de los policías hacia la población rural y urbana de Ayacucho se fue incrementando con los meses.

A partir del segundo semestre de 1982, se fue tornando cada vez más evidente que a las FFPP se les dificultaba el control de la subversión. El principal problema que enfrentaban hasta entonces y que los empujaba a cometer graves errores, era el desconocimiento del adversario, en especial de su organización y formas de operar (inteligencia inadecuada e insuficiente). Los policías no estaban preparados adecuadamente para enfrentar a una organización particular como la del PCP-SL, pero tampoco las FFAA.³⁵

Un grave error de parte de las FFPP fue haber desprotegido el campo al ordenar el repliegue de puestos.

Tras una serie de acciones del PCP-SL durante esos meses, el 11 de diciembre un grupo de aniquilamiento atacó al alcalde de Huamanga, Víctor Jáuregui, luego de que éste inaugurara una posta en las afueras de Ayacucho. Tras este atentado, el gobierno envió un mayor número de policías y intentó abastecer a las FFPP de un mejor equipamiento.³⁶ A pesar de ello, el PCP-SL continuó sus acciones. El 20 de diciembre atentaron contra el subprefecto de Huamanga, César del Solar, quien recibió cuatro balazos a sólo dos cuadras de la Novena Comandancia de la GC. Finalmente, el martes 21 de diciembre un comando de aniquilamiento ingresó a la sede del Instituto Nacional de Cultura en Huamanga y disparó a quemarropa a su jefe Walter Wong. Los subversivos actuaron con frialdad, ya que ni siquiera se cubrieron el rostro y se alejaron caminando del local con total tranquilidad. Wong murió en el aeropuerto de Huamanga cuando estaba a punto de ser evacuado a Lima.

Los hechos sucedidos desde el asalto al CRAS, como el ataque a Vilcashuamán, el repliegue de las fuerzas del orden, el multitudinario cortejo fúnebre de Edith Lagos, la moral alicaída de las FFPP que sólo se preocupaban por su propia seguridad —Gorriti (op. cit.) señala que para ese momento los únicos que realizaban incursiones eran los sinchis—, así como la serie de ataques que habían empezado a producirse en Lima y en otras partes del país fueron acrecentando paulatinamente la sensación de que la situación en Ayacucho se había tornado inmanejable para los policías y que tendría que enfrentarse el problema de la subversión por medio del ingreso de las Fuerzas Armadas. Hacia fines de diciembre de 1982, los policías de formación básica y los cuerpos policiales de elite estuvieron obligados a subordinarse —como lo establecía la ley— ³⁷ a las tropas del Ejército y a los infantes de marina.

1.2.1.8. El cómo se aprende en la cancha: ³⁸ la primera división de lucha contra el terrorismo en la PIP

Las FFPP carecieron de la adecuada inteligencia sobre la organización y las formas de operar del PCP-SL en los primeros años de la violencia. Esto hizo que el PCP-SL ganara tiempo y capitalizara los errores sucesivos, mientras las FFPP actuaban a la defensiva cometiendo una serie de violaciones de los derechos humanos, sobre todo en Ayacucho. A pesar de todos estos problemas en las FFPP, existió una división perteneciente a la Dirección de Seguridad del Estado (DIRSEG) de la PIP que, en estos primeros años y, sobre todo, en los siguientes, lograría resultados constantes en la lucha contra el PCP-SL.

Aproximadamente en febrero de 1981, el comando de la PIP reunió a un grupo de 14 detectives de la especialidad de Seguridad del Estado, a quienes les encomendaron la labor de dedicarse exclusivamente a trabajar en el recojo de información sobre el problema subversivo en desarrollo y la detención de los responsables. Entre los oficiales convocados se encontraba el mayor Javier Palacios Ortiz, a quien le encargaron la jefatura del grupo por su experiencia en el debelamiento de la guerrilla del MIR en 1965. Después de dos meses de trabajo, evaluó que la situación merecía un trabajo más consistente, que requería más personal y un oficial de mayor rango a cargo (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). Luego de la remisión del informe, se decide conformar una división especializada. La promulgación del decreto legislativo 046, el 10 de marzo de 1981, que tipificaba por primera vez el delito de terrorismo, daría el marco legal a la misma, que fue bautizada como División Contra el Terrorismo (DICOTE).³⁹

La DICOTE fue creada como una unidad de tipo operativo (de investigación) dependiente de la DIRSEG. Entonces, no fue concebida propiamente como una unidad de inteligencia. Más bien, seguiría el tipo de desempeño profesional realizado por los policías de la especialidad, aunque dedicados exclusivamente a la labor contrasubversiva. La DICOTE inició sus labores en abril de 1981 con aproximadamente treinta miembros, entre oficiales y subalternos, a cargo del coronel PIP René Jaime Llamosas. Entre estos se encontraban los comandantes Limo Urmaneta y La Torre Santillán. Asimismo, los mayores Javier Palacios Ortiz, Mario Luque Luque y Huber Sánchez, éste último primer encargado del I2 (trabajo de inteligencia de la unidad) (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 20.3.03). La unidad fue dividida en dos grupos operativos, bautizados como Alfa y Beta. Se les encomendó iniciar inmediatamente las labores. Sin embargo, no recibieron de parte de sus superiores un diagnóstico acerca del problema ni directivas mínimas sobre cómo hacerle frente al mismo:

El comando de la PIP nos dijo, una vez, que nos [sacó] a ese grupo de Seguridad del Estado: «Ustedes se encargan; van a ver qué problema hay y ustedes van a ver y ven cómo resuelven». Entonces, normalmente, eso sucedía que nosotros mismos teníamos que hacer nuestros planes. (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02)

Esta división no recibió tampoco una adecuada implementación en términos financieros ni logísticos. Su primera sede de trabajo fue ubicada en la Escuela de Instrucción PIP en Chorrillos. Irrisoriamente, iniciaron este importante trabajo con tres escritorios, dos máquinas de escribir, cuatro sillas, seis cajas de cartón y algunos pliegos de cartulina para las tarjetas, con los que el mayor Huber Sánchez ⁴⁰ iría organizando el primer archivo de la unidad —la DICOTE empezó a llenar tarjetas individuales de los sospechosos (ibid)—.⁴¹

A pocos meses de iniciado el trabajo, intempestivamente, el jefe de la división fue cambiado. En su lugar fue nombrado el coronel Héctor Agurto Cisneros. Con el cambio de jefe la división fue rebautizada y mudada de local (ibid). Pasaría a ser llamada División de Policía Antisubversiva (DIPAS) y sus miembros serían trasladados a la estación PIP ubicada en la Calle Porta, en el distrito de Miraflores. Las condiciones de trabajo en este nuevo local no cambiarían mucho.

En términos generales, durante los primeros meses de trabajo, la división sufrió una serie de dificultades pues no contaban con información suficiente sobre el tipo de organización que era el PCP-SL y las estrategias que utilizaba. En el fenómeno subversivo desatado, el PCP-SL utilizaba tácticas y estrategias desconocidas para las FFPP, que solamente tenían alguna correspondencia con la experiencia en la lucha contra las guerrillas. El trabajo convencional de la DIRSEG-PIP, que consistía en el seguimiento de líderes políticos y sindicales no se podía imitar con este fenómeno:

Lo mismo no se pudo hacer con Sendero, porque ¿dónde estaban y quiénes eran? ¿Cómo trabajaban? ¿Cuáles eran sus territorios? Entonces, nada de eso se conocía. Y sobre todo la clandestinidad en que trabajaban ellos. Ahora Sendero tenía pues una organización, por un lado, digamos, lo hemos dicho, [de tipo] molecular; y, por otro, el mismo comportamiento de sus elementos, de sus militantes era pues de una convicción acerada, de tal manera de que cuando a veces eran intervenidos por la policía, que estaba acostumbrada a utilizar el interrogatorio, de diversas maneras, ⁴² no les surtía efecto, porque no hablaban absolutamente (teniente general PNP (r) Vidal, Entrevista CVR 30.9.02).

Sin un diagnóstico claro al respecto resultaba muy difícil planificar el trabajo. Empujados por las circunstancias la estrategia principal de la división consistió, desde el inicio, en «aprender del enemigo» (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). Los primeros meses fueron críticos pues actuaban casi a ciegas. A pesar de todo, con el tiempo lograron contar con algunos miembros del PCP-SL que aceptaron ser informantes o de los cuales pudieron obtener información.

El primero en importancia fue un obrero de la zapatería Rossi, en El Rímac, conocido como Carmelón. Una vez detenido, les contó detalladamente cómo se organizaba y operaba el PCP-SL. Apoyados por efectivos experimentados como el suboficial Lázaro Molina,⁴³ empezaron a «diseñar, comenzamos hacer los cuadritos [...] a saber que habían zonales, sectores, subsectores, células, responsables políticos, responsable militar, activistas, militantes, cuadros, dirigentes [...] recién comenzamos a focalizar cómo realmente era la organización»( ibid). Más adelante las conversaciones con Luis Kawata, ex militante del PCP-SL,⁴⁴ permitieron a la DIPAS profundizar el nivel de conocimiento sobre la forma de organización de PCP-SL (ibid).

La obtención de información se restringía casi exclusivamente a la que pudiesen obtener mediante los detenidos y la documentación que requisaban, con las limitaciones propias de un trabajo institucional que no enfatizaba la coordinación y retroalimentación de fuentes de información. Dentro de la PIP los celos entre direcciones —comandadas por oficiales rivales— no aseguraban una complementariedad adecuada en el trabajo de recojo de información sobre la subversión. La DIRIN —preocupada en extender su red de corrupción— y la DIRSEG no trabajaron juntos en una situación particular como ésta⁴⁵. Menos aún se preocuparon por apoyar la labor de la naciente división, ubicada en una sede aislada.

A pesar de algunos problemas de relaciones con otras unidades PIP, el personal de la DIPAS apoyaría, desde un inicio, la labor de los departamentos de seguridad del estado en investigaciones relacionadas con delitos de terrorismo. Por ejemplo, en septiembre de 1981, efectivos de la DIPAS viajarían a la ciudad de Huamanga en Ayacucho para apoyar las investigaciones en torno al caso del ataque del PCP-SL contra la tienda de abarrotes La Pequeñita el día 16, durante el cual fue asesinada su propietaria.

La situación de la nueva unidad mejoraría sobre todo a partir de 1982 con los cambios de oficiales en la PIP. Mientras el comando institucional era asumido por el teniente general Rómulo Alayza, la jefatura de la DIRSEG fue asumida por el general Guillermo Rivarola. El coronel Agurto, jefe de la DIPAS, fue pasado al retiro. En su reemplazo, Rivarola nombró como nuevo jefe al Coronel Víctor Gastelú. La DIPAS sería rebautizada nuevamente como División Contra el Terrorismo (DICOTE) y, finalmente, se trasladaría a trabajar a la sede de la DIRSEG, en las instalaciones de la Prefectura en la Avenida España. No obstante, la mudanza de local no aseguró una mejora en las condiciones de trabajo para el personal. Para la DICOTE fue asignado un sector del edificio que constaba de tres ambientes, conocido popularmente entre los policías como «el gallinero». Durante varios meses tuvieron un solo anexo telefónico y ninguna radio. No contaron ni siquiera con un vehículo; menos aún, aunque parezca increíble, con un calabozo. Estas condiciones —como señala Gorriti— constituían en sí mismas un abuso no sólo para el personal de la unidad, sino también para sus detenidos pues hacía difícil prevenir otro tipo de atropellos comunes a la labor policial normal (op. cit.: 312).

A pesar de sus condiciones de trabajo y utilización, sin duda, de algunos métodos de interrogatorio ilegales —que al ser parte de las prácticas institucionalizadas de nuestras FFPP eran vistos como normales—⁴⁶ durante los meses siguientes, la DICOTE se convertiría en la única unidad de defensa del Estado que logró resultados constantes y consistentes en la lucha contra el PCP-SL (ibid: 309). El personal de la DICOTE no contaba con alicientes para un trabajo arduo y que ponía en riesgo sus vidas. A pesar de ello, darían muestras de su vocación y capacidad profesional. Sin mayores incentivos y bajos sueldos, los oficiales y parte del personal subalterno trabajaban con frecuencia jornadas sucesivas de más de 12 horas diarias. «Oficiales como el entonces comandante Javier Palacios tenían simultáneamente a varios dibujantes haciendo diagramas de la organización y funcionamiento de Sendero, dirigían a los que leían y trataban de analizar los manuscritos capturados, tomaban exámenes a los oficiales sobre el significado preciso de la terminología senderista, y participaban en la planificación de nuevos operativos» (ibid: 313). Poco a poco, con tenacidad, irían progresando en su trabajo.

El trabajo de la DINCOTE fue sacrificado. Desde el inicio mismo de la violencia, fue considerada por muchos policías como una unidad de castigo, por lo que «desplazaban personal que de una u otra manera tenía problemas o porque sus servicios no eran requeridos en otras unidades»( DIRCOTE 2003). ⁴⁷ Efectivamente, además del riesgo que suponía dicho trabajo, servir en Seguridad del Estado fue uno de los destinos menos favorecidos en la PIP desde el inicio de la violencia. «La razón era simple: nadie se hacía rico en seguridad. [...] Por eso, los oficiales que permanecían en el área de seguridad año tras año debían sus destinos a tener enemigos muy poderosos o a una real vocación por su trabajo. Estos últimos, con pocas variaciones, estaban entre los oficiales más inteligentes de su institución, y uno de los aciertos de Gastelú fue rodearse de un buen número de ellos» (Gorriti op. cit.: 312).

1.2.2. La militarización del conflicto (29 de diciembre de 1982 -18/ 19 junio de 1986)

1.2.2.1. El ingreso de las FFAA a la zona de emergencia

Históricamente, sin entender la especificidad de la profesión policial, los militares peruanos han considerado a los policías como un cuerpo subordinado, en un plano inferior. Los desaciertos en la conducción de la lucha contra la subversión en los meses previos, la falta de respeto a sus reglamentos internos al protagonizar escándalos en las calles de Huamanga y la baja moral de sus miembros en la zona, generaron que las FFAA miraran aún con mayor desprecio la labor policial. Por ello, cuando el presidente Fernando Belaunde Terry decretó su ingreso a la zona de emergencia en diciembre de 1982, existía entre los militares un cierto halo de autosuficiencia y exceso de confianza, pues estaban seguros que acabarían con el problema en poco tiempo. ⁴⁸ El primer jefe militar de Ayacucho veía, en su diagnóstico inicial, a unas FFPP «disminuidas en su capacidad operacional, [que] sufrían la pérdida progresiva del control territorial y del principio de autoridad y acusaban un desgaste moral en límites que las colocaba al borde de la desmoralización. En resumen, [...] se daba un continuo incremento del accionar subversivo y una falta de capacidad operacional de las fuerzas policiales en la lucha contrasubversiva» (Noel, 1989: 37). No se anotaba nada, sin embargo, respecto al desarrollo de inteligencia.

El 23 de diciembre de 1982, ingresaron los primeros 450 efectivos de refuerzo del Ejército a Ayacucho y se desplegaron los tres batallones que estaban acuartelados. Recién el día 29 de diciembre se hizo oficial el ingreso de las FFAA en la lucha contra la subversión. También ingresó la Infantería de Marina. El Ejército se estableció por toda la región y la Marina tuvo que reemplazar a los sinchis en Huanta y La Mar, zonas difíciles donde el PCP-SL estaba desde 1980. ⁴⁹ Con el establecimiento del Comando Político Militar (CPM) el accionar de la policía se subordinó de manera definitiva al poder de los militares, tal como la ley lo contemplaba⁵⁰. De otro lado, en cierta forma, pudieron eliminarse algunas deficiencias derivadas de las limitaciones del equipamiento de las FFPP (ibid: 37).

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por Noel fueron reuniones de trabajo con los mandos de las FFPP de cada área para que extremaran el celo en la función preventiva y realizaran tareas específicas para mejorar el desempeño policial (ibid: 35). Asimismo, se obligó a los institutos policiales a que compartieran sus informaciones de inteligencia y se organizaran patrullas mixtas de militares y policías, siempre al mando de un oficial del Ejército. ⁵¹ Se llevaban a cabo acciones de patrullaje en centros urbanos y en las rutas de acceso a las principales ciudades del departamento. Las patrullas ingresaban a las comunidades, reunían a la población, procedían al izamiento del pabellón nacional y la azuzaban contra PCP-SL. ⁵² De esta manera se trataba de recuperar el campo.

A pesar de los operativos mixtos, durante los primeros meses del ingreso de las FFAA, la policía fue la responsable del desarrollo de la mayor parte de acciones armadas, pues seguía siendo la mayor fuerza operacional en la zona. Las operaciones de búsqueda y arresto de militantes del PCP-SL constituían su labor principal, en tanto que el Ejército tenía que realizar las tareas de defensa pasiva y apoyar la planificación operacional y en aspectos logísticos (ibid: 53; Caretas 731 17.1.83).

En vista que uno de los principales objetivos del CPM era recuperar el terreno perdido ante el PCP-SL, consideró necesario reactivar algunos de los puestos policiales abandonados. Por ello, grupos de aproximadamente diez sinchis fueron enviados a algunos de estos puestos para reestablecer la presencia del Estado. Estos daban cuenta de lo que hacían directamente a su comando. Éste a su vez, a excepción de la jefatura departamental o regional, daba cuenta al jefe político militar de las acciones que realizaban. Por otro lado, miembros de la GR redoblaron la seguridad de las torres de alta tensión, los pozos de agua y, sobre todo los puentes, pues se habían convertido en blancos favoritos del PCP-SL.⁵³

Un corto período mostró resultados favorables para la FFPP. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo el PCP-SL empezó a desplegar oleadas de violencia cada vez más intensas no sólo en Ayacucho, sino también en otras zonas del país, como Andahuaylas, Puno, Cañete y Lima. Por ejemplo, el 20 de mayo de 1983 se interrumpió la energía eléctrica en Huamanga, se produjo un severo ataque a la Novena Comandancia de la GC y se llevaron a cabo ataques en otras zonas de la ciudad.⁵⁴ Hechos como éste llevaron al CPM a disponer la ejecución de un plan de operaciones para la protección de la población y auxilio de las FFPP (ibid: 69).

A medida que el conflicto se fue agudizando, la responsabilidad directa de la lucha contra la subversión se fue transfiriendo paulatinamente a las FFAA. ⁵⁵ Más tropas fueron enviadas a las zonas de emergencia y se incrementó el compromiso de la institución militar en la lucha contra la subversión (Mauceri 1988: 48). Los militares empezaron a realizar con mayor frecuencia capturas de presuntos subversivos. Cuando un sospechoso de terrorismo era detenido por miembros de la GC o de la GR, estos tenían que conducirlo a la Jefatura Departamental de la PIP para que se encargara de las pesquisas correspondientes. Como diversos testimonios de la CVR señalan, cuando las detenciones eran realizadas por efectivos de las FFAA, con frecuencia los detenidos eran llevados a cuarteles como Cabitos, donde eran interrogados. Para ello, el CPM solicitó muchas veces el apoyo de miembros de la PIP de la zona.⁵⁶ Estos también habrían procedido a interrogar a los presuntos subversivos detenidos en centros de tortura como la Casa Rosada, ⁵⁷ ubicada en las afueras de Huamanga.

1.2.2.2. La formación contrasubversiva y violaciones a los derechos humanos

Durante esta etapa del conflicto, se prestó especial énfasis a la formación contrasubversiva de los policías que iban a ser enviados a la zona de emergencia, porque se había demostrado que los policías de formación básica no tenían mayores posibilidades de reacción ante los súbitos ataques senderistas. El entrenamiento se concentró principalmente en los batallones de personal subalterno recientemente egresados de las escuelas.

Hasta antes de 1980, el tiempo de preparación de estos policías oscilaba entre los diez y doce meses. Sin embargo, durante los años de la guerra interna se formó a miembros subalternos en lapsos menores, a veces de sólo seis meses, pues existía una gran demanda de personal. Una vez graduados, recibían un curso básico de instrucción contrasubversiva que duraba alrededor de dos meses. El buen estado físico y la rapidez de reflejos eran altamente considerados en el grupo. Se brindaba formación ideológica básica. Pero, sin duda, el aspecto más importante de este tipo de entrenamiento era la exposición de los jóvenes policías a situaciones límite para endurecerlos y pudieran reprimir su lado más sensible y humano:

Una vez, creo que ya tenía tres semanas en el curso y nos dijeron que cada grupo de dos teníamos que llevar un perro de dónde sea. Y por ahí por las inmediaciones encontrábamos y nos decían: «Acaricien al perro». Y luego nos daban un cuchillo que no tiene punta y nos decían: «Mate el perro, sáqueme alguna pieza de su interior con los dientes». Y eso tenías que llevar al momento del almuerzo y ponerlo al costado de la gamela [charola] y comer viéndolo, para ver si a alguien le regresa la comida... nos hacían comer perros vivos, nos hacían ir a la morgue y comer junto a los cadáveres. (testimonio 100166)

Matar animales y arrancar sus entrañas con los dientes, así como lacerar el propio cuerpo y resistir el dolor sin chistar, llevar el registro fotográfico y fílmico de ello eran parte del entrenamiento impartido en la Escuela de las Américas (Panamá) y en otras bases norteamericanas. Estas prácticas eran reproducidas en las escuelas peruanas de formación militar y policial.

En la formación militarizada de las FFPP peruanas se concede mucho valor a ciertas prácticas rituales, pues éstas aseguran la cohesión del grupo afirmando un vínculo común. Adaptaciones y deformaciones de éstas se habrían llevado a cabo entre algunos cuerpos contrasubversivos enviados a las zonas de emergencia. Una de los más escalofriantes habría sido el bautizo de los novatos recién llegados y que no habían tenido ningún tipo de experiencia de lucha. El bautizo consistía en ejecutar de manera extrajudicial a un sospechoso de terrorismo con un puñal que no tenía filo (ibid). En el desarrollo de tales rituales habrían entrado en juego una serie de criterios y estereotipos de clase, raza y etnia, así como un perfil preestablecido del terrorista. Los encargados de conducir este tipo de iniciaciones de sangre habrían sido los sinchis, que tenían mucho más tiempo en la zona y mayor experiencia en el ejercicio de violencia. Refiriéndose a la situación de los efectivos policiales que llegaban a Ayacucho, este policía señala que era: «De lo más desastrosa, porque llegaba personal de Mazamari. Ellos siempre salían a operativos. A nosotros como novatos nos tenían allí [en el cuartel] metidos y decían: "Ya va a tener su bautizo". Cada vez que venían y traían un detenido, ya (ibid)».

Pasar por este tipo de pruebas habría sido necesario también para fortalecer el carácter de los recién llegados en las difíciles condiciones de lucha y una manera de ser aceptado por el grupo. Si consideramos que para enrolarse como personal subalterno de las FFPP los postulantes deberían estar entre los 17 y los 26 años de edad y que el entrenamiento rara vez llegaba al año, estaríamos hablando de un número bastante elevado de hombres jóvenes que fueron enviados a la zona de emergencia y tuvieron experiencia de guerra sin haber tenido mayor tiempo en la institución policial. Asimismo eran foráneos a la zona y que fueron expuestos a una formación contrasubversiva deformante y sádica. Este factor generacional es sumamente importante pues también da cuenta de las características de los participantes que tomaron parte en el conflicto. «Nosotros prácticamente salimos del seno materno, de 18 años, y nos llevan a la puna, en un lugar inhóspito, lejos, y en esas zonas uno ve a los compañeros como hermanos, porque compartimos cuarto, jugamos fulbito, todo compartimos y se llega a establecer una amistad» (ibid).

Las amistades y las relaciones establecidas en el contexto de esta guerra fueron mucho más estrechas que aquellas surgidas en situaciones normales pues, ante la eventualidad de un ataque de PCP-SL, la sobrevivencia dependía del cuidado y las precauciones que tomaran todos los miembros acantonados en un puesto o comisaría. El sentimiento de camaradería, incentivado desde los primeros días de formación en la escuela, era muy fuerte. Por esta razón, fue muy frecuente que la muerte de uno o varios de ellos en una emboscada o un ataque originara una serie de violaciones a los derechos humanos en represalia.⁵⁸

Pero además de asesinatos extrajudiciales y desapariciones llevados a cabo por personal con formación contrasubversiva y policías de formación básica, se acrecentaron la tortura y la violencia sexual. Desde la perspectiva de algunos efectivos policiales, las violaciones sexuales eran una consecuencia de la irracionalidad de los varones y la lejanía de sus parejas, así como la soledad de los lugares en los que tenían que llevar a cabo sus labores cotidianas:

El hombre es un animal y en esas épocas es irracional, y lo toman como parte, pero hasta donde yo sé, [la violación] no figura [como tortura]. La tortura es otra cosa, la tortura es para sacarle información, esa es la finalidad y no creo que violando a una persona lo van a conseguir. Hay otras maneras de tortura, como sacarle una oreja. La finalidad de la tortura es sacarle información, no es otra. (ibid)

En general, el maltrato hacia la población local por parte de los sinchis fue mucho mayor durante esta etapa. Las víctimas no sólo eran adultos, sino también niños.⁵⁹ Los excesos perpetrados por los sinchis dieron lugar a que en mayo de 1983 el ministro del Interior Luis Pércovich Roca hablara de un posible retiro de estos combatientes de la zona (DESCO, Resumen Semanal n.º 218 20-26 de mayo 1983).

Durante la lucha contra la subversión existió —aunque en diferentes grados—, una cultura institucional de encubrimiento de este tipo de hechos, debido al mal entendido espíritu de cuerpo institucional. Al proteger a ladrones, violadores, torturadores y homicidas, y evitar que fueran acusados y juzgados se trataba de evitar una mella mayor al prestigio de la institución. Si hubiera existido una posición enérgica del comando policial, así como del gobierno y de instancias de la administración de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) para sancionar este tipo de crímenes, el número de víctimas habría sido mucho menor.

Uno de los hechos perpetrados por la policía que más repercusión pública tuvo fue la masacre de Socos, comunidad ubicada en la provincia de Huamanga. ⁶⁰ El 13 de noviembre de 1983, un grupo de sinchis asesinó a 34 campesinos, entre hombres, mujeres y niños. Al descubrirse el hecho, el jefe del CPM apoyó la investigación de la Fiscalía en Ayacucho. Esto provocó grandes incomodidades y fastidios entre la policía. Masacres como la de Socos y otras violaciones de los derechos humanos trataron de justificarse desde el inicio. Entre los argumentos esgrimidos, se señalaba el entorno hostil de la lucha, la posibilidad de que la población local estuviera a favor del PCP-SL, la tensión de una guerra con un enemigo sin rostro, entre otros. Por ejemplo, un oficial sinchi que fue comandante en Ayacucho en esa época comenta sobre Socos:

Lamentablemente un sinchi, un chico de primera, número uno, número dos de su promoción [fue el responsable]. Yo no sé en realidad, parece que les entró una especie de psicosis (…) por mucho tiempo tal vez de [estar] en la zona de emergencia, mucha presión psicológica y actuaron como actuaron. Al menos eso era lo que salió en ese momento (…) bueno eso fue terrible. (general PNP (r), Entrevista CVR 9.9.02)

Aunque argumentos como estos no son válidos en lo absoluto para justificar el crimen y el homicidio en sus extremos más crueles, es cierto que la labor policial se llevó a cabo en condiciones difíciles. Como los presupuestos eran reducidos, los policías tenían carencias logísticas y a veces ni siquiera tenían comida suficiente. Por ello, recurrían con frecuencia al hurto para aprovisionarse de alimentos. Tampoco podían comunicarse entre ellos por ausencia de equipos y mucho menos con sus familias. Además, la vida de esta gente transcurría entre la soledad y la lejanía de los puestos o de las torres de alta tensión que tenían que cuidar. La desconfianza hacia la población local, mezclada con el desprecio por los prejuicios racistas que traían consigo y la incertidumbre cotidiana de contar con un enemigo al acecho, a quien nunca veían pues sólo daba cara en el instante final del asalto, generaban una tensión y una ansiedad casi permanentes. En esta época empezaron a incrementarse los índices de alcoholismo y fármacodependencia (especialmente de pasta básica de cocaína) entre los efectivos acantonados en la zona de emergencia. A medida que fueron pasando los años, la curva se hizo mucho mayor,⁶¹ pues la ingesta de este tipo de sustancias era un paliativo para las condiciones en las cuales los policías llevaban a cabo su labor.

Por otro lado, la rotación de efectivos, medio necesario para que estuvieran descansados y en alerta, no se daba a tiempo. Es evidente que se sobreexpuso, entonces, al personal policial. Los policías estaban desgastados física, pero sobre todo anímicamente (psiquiatra PNP (r), Entrevista CVR 5.3.03). Los conatos de huelga de los miembros de las FFPP en la zona de emergencia son pruebas de las malas condiciones en las que llevaban a cabo su trabajo. Por ejemplo, el 15 de enero de 1983, hubo un conato de paro del personal subalterno de la GR en Ayacucho, que fue solucionado el martes 18 de enero cuando arribaron a Ayacucho tropas de relevo (Caretas 732 24.1.83). En abril, los mismos protagonizarían una intentona de mayor repercusión pública. ⁶²

1.2.2.3. Los conflictos entre institutos policiales

El 2 de julio [de 1983] tres guardias republicanos balearon el local de la comisaría de la Guardia Civil en la ciudad de Puno, luego de arrebatarle una metralleta a [un guardia civil] que hacía ronda en las inmediaciones. (DESCO, Resumen Semanal 1-7 julio 1983: 4)

Hechos como éste, producidos por la indisciplina policial ⁶³ y las rencillas interinstitucionales entre las FFPP, no eran extraños a inicios de la década del ochenta. Por el contrario, se tornaron muy frecuentes no sólo en Lima, sino también en el resto del país. ⁶⁴ El nivel de tensión e indisciplina llegó a tal punto que se produjeron muchas agresiones contra los miembros de los otros cuerpos policiales. Como la situación fue demasiado notoria, el presidente Fernando Belaunde Terry tuvo que exigir a los comandos de las FFPP mayor severidad para aquellos que infringieran los reglamentos, «sobre todo cuando ello resulte en agravio o cause pérdidas de vidas de hermanos de las distintas FFPP» (ibid). Este mal comportamiento tenía efectos muy negativos en la opinión pública, para quien las FFPP —además de haber sido derrotadas por la subversión en Ayacucho— eran instituciones indisciplinadas, corruptas e incapaces de trabajar juntas.

La rivalidad y la competencia llevaron también a la duplicidad de las funciones en los tres cuerpos durante buena parte de la década de los ochenta. A medida que fue avanzando la subversión, fueron creando sus propias unidades especializadas, por ejemplo, la de desactivación de explosivos. En lugar de que los institutos llevaran a cabo actividades coordinadas, desarrollaban una competencia absurda. Obviamente, esto le ofrecía grandes ventajas al PCP-SL.

1.2.2.4. Los primeros años de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE-PIP)

Mientras los militares ingresaban a Ayacucho, la DICOTE proseguía sus labores normales en Lima sin estar ajena a los conflictos interinstitucionales. Una vez más, el cambio anual de oficiales determinaría modificaciones en la situación de esta unidad policial. En enero de 1983, la dirección de la PIP sería asumida por el general Rodolfo Ballesteros. Ballesteros conocía ya de la reputación que la DICOTE había ganado en el año previo y que se había traducido en réditos para el director de la DIRSEG, Guillermo Rivalora. Éste «se había transformado en el único mensajero de buenas nuevas con que contaba el gobierno y tanto José Gagliardi [ministro del Interior] como, sobre todo, López Martínez empezaron a tener contacto directo cada vez más frecuentemente con él soslayando de hecho al jefe de la PIP.»( Gorriti op. cit.: 313). Por esta razón, Ballesteros consideró prudente iniciar un trámite para ascender a la división al mismo nivel que DIRSEG, ya que temía ser menoscabado frente al gobierno por su director. Por la resolución ministerial N.° 140-83-IN/ PI del 5 de julio de 1983, se establece que la DICOTE (también llamada aún DIPAS) adoptaría la categoría y denominación de Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE). Ésta funcionaría como «[ un] organismo especializado de ejecución de la Policía de Investigaciones del Perú, con la misión de investigar y denunciar los delitos de terrorismo y toda forma de acción subversiva, de acuerdo a ley.» (DIRCOTE op. cit.) El primer jefe de esta dirección fue el general PIP Augurio Saldívar Campos, quien la comandó hasta diciembre del mismo año.

En este año, el trabajo previo de la unidad mostraría los primeros logros de trascendencia, aunque todavía en medio de dificultades. Los detectives habían alcanzado un conocimiento mayor acerca de cómo funcionaba y operaba PCP-SL, por lo menos en Lima Metropolitana. ⁶⁵ La dirección llegaría a contar en el transcurso del año con aproximadamente 150 efectivos. El trabajo esencial de la unidad estaría a cargo de cinco grupos operativos llamados Deltas, conformados cada uno con diez a quince miembros. El resto del personal estaba asignado a cumplir trabajos básicos para el funcionamiento de toda unidad: archivo, administración y apoyo técnico. Adicionalmente se organizó un grupo especial para intervenciones públicas (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02, 4.11.02 y 20.3.03).

Con un panorama un poco más claro gracias a los informantes y documentos de la evaluación sobre PCP-SL, se desprendió que el terrorismo urbano era utilizado como un instrumento para coadyuvar al desarrollo de la subversión. Concluyeron que «mientras nosotros podamos controlar el terrorismo en una ciudad va a dar la apariencia de que todo está tranquilo [...] y podremos trabajar» (coronel PIP (r) Palacios, Ent. CVR 23.8.02). Sobre esta base decidieron neutralizar los aparatos militares de Lima Metropolitana —los destacamentos especiales, zonales y los grupos de activistas, «O sea, los que llevaban bombas»( ibid)—. Lograron —insistiendo en ello— debilitar al Comité Regional Metropolitano del PCP-SL. Como conocemos ahora, el resultado de esto fue la progresiva acumulación de poder, crecimiento y militarización de Socorro Popular (antes un organismo generado por PCP-SL en Lima) frente al debilitado Comité Metropolitano. Esto fue evidente hacia el año 1985.

En 1983, la DIRCOTE capturó a los integrantes de cinco destacamentos especiales del Comité Metropolitano, incluyendo a su mando político, un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería llamado Alcibíades Chávez Díaz (ibid). Esto sucede después del atentado perpetrado por los mismos al local principal de Acción Popular el 22 de octubre, el día que se iba a realizar el Plenario general Departamental de Lima. Como consecuencia del mismo, muere un agente de seguridad y tres miembros de AP quedan heridos. Investigando lo acontecido, un alférez de la DIRCOTE logra capturar a Chávez Díaz, que tenía todas las cartas de sujeción del Metro. Éste fue un duro golpe para el Comité Metropolitano. Se prosiguió luego con las capturas de importantes cuadros de los destacamentos zonales y especiales del mismo. La DIRCOTE logró detener sus acciones por tres o cuatro meses tras haber capturado a varios de sus miembros. Sin embargo, estos fueron liberados por los jueces —a quienes se les llamaba «los pantalones mojados»— ⁶⁶ y se volvieron a reagrupar, pues no se aceptaron las cartas de sujeción como prueba fehaciente de comisión de delito (DIRCOTE op. cit.).

Pero no sólo la DIRCOTE logró avances estos años. En diciembre de 1983, la Jefatura de la PIP en Huaraz —a cargo del coronel Héctor Jhon Caro— detuvo a Antonio Díaz Martínez, alto mando del PCP-SL desde sus inicios y quien moriría como consecuencia de la represión al motín de El Frontón en 1986. Este hecho fue resaltado por el ministro del Interior que declaró públicamente que con la detención de Díaz Martínez se lograba por primera vez capturar a una figura prominente del PCP-SL. La DIRCOTE impide posteriormente su fuga del penal El Sexto, en medio del motín de presos comunes de 1984 (teniente general (r) Reyes, Entrevista CVR 10.12.02). ⁶⁷

Así, la DIRCOTE y otras unidades policiales capturaron —y seguirían capturando— a varios subversivos que serían liberados posteriormente durante el proceso judicial o gracias a beneficios penitenciarios. Entre otros, el 20 de julio de 1984, la DIRCOTE detuvo a Laura Zambrano, conocida como la camarada Meche, quien llegó luego a ser parte del Comité Central. Asimismo, en abril de 1985, miembros de la unidad detuvieron a Sybilla Arredondo y a miembros de la Asociación de Abogados Democráticos. Meses después, tras una campaña pública pidiendo la liberación de la viuda de José María Arguedas y, en opinión de los jueces, sin haber logrado pruebas fehacientes sobre su vinculación con el PCP-SL, estas personas fueron puestas en libertad. Por esa fecha aún no se sabía nada concreto sobre los cargos que tenían los detenidos y los motivos por los cuales se reunían. Se sabía de su vinculación con el PCP-SL; pero ningún policía sabía que precisamente entre ellos se encontraban los siguientes miembros del partido: Vire, el responsable de Socorro Popular; Luisa, la segunda llamada Sybilla Arredondo; Germán, cuyo nombre era Hugo Deodato Juárez Cruzatt y era jefe del departamento de propaganda del PCP-SL; Emma Rengifo Saavedra, la responsable del Comité Regional Sur; y Nancy, Margie Evelin Clavo Peralta y que usaba la identidad falsa de Lucy Aydee Aranguren Gil (Jiménez 2000: 550-551).

A pesar de que fiscales y jueces señalaban una deficiente actuación policial en la etapa de investigación prejudicial para la actuación de pruebas, ello no significó un esfuerzo adicional de su parte por ahondar en las investigaciones o llevar un mejor control del accionar policial. En realidad, el conjunto del sistema de administración de justicia soportaba una serie de inconvenientes que no fueron enfrentados a tiempo.⁶⁸ En lo que corresponde con la participación policial en la investigación prejudicial, a las dificultades que un fenómeno tan complejo suponía para el acopio de pruebas legales, se sumaron los problemas de relación con los fiscales y jueces, que impidieron por varios años crear las sinergias necesarias para mejorar la respuesta legal en la investigación prejudicial. ⁶⁹

Cuando el general Reyes asume la dirección de la unidad en 1984, la DIRCOTE mantiene la misma organización del trabajo, que había dado ya muestras de algunos resultados de interés, así como de desaciertos. Reyes asumiría temerosamente la misión encomendada. Como él mismo relata, llegó «asustado, temblando» pues «nunca había trabajado en una unidad de esa naturaleza»( teniente general (r) Reyes op. cit.) ^{70 .} Por ello, la coordinación del trabajo quedó, en la práctica, en manos de oficiales experimentados, entre los que se encontraba Javier Palacios. Éste dirigiría la labor de los grupos operativos —-los Delta—-de la DIRCOTE desde que en 1985 logró su ascenso a comandante. Como resalta actualmente la DIRCOTE, Palacios «dio empuje a la labor operativa forjando entre los integrantes de los Deltas una nueva mística de trabajo y propugnando el conocimiento del enemigo como base para la lucha contra el terrorismo. Bajo su mando se formó una nueva generación de investigadores que luego, en los inicios de la década de los 90 culminarían con éxito la captura de los líderes terroristas de SL [Sendero Luminoso] y del MRTA [Movimiento Revolucionario Túpac Amaru]»( DIRCOTE op. cit.). En efecto, siguiendo con la tradición de los PIP de formar relevos capacitados para asegurar la continuidad del trabajo, Palacios tuvo entre sus alumnos destacados a miembros posteriormente conocidos en la historia pública de la DIRCOTE como Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro.⁷¹

Por ser el único policía que había terminado el curso de comando en el Ejército, Palacios encargó a Jiménez organizar el primer grupo de rescate de la DIRCOTE. Posteriormente, pasaría a trabajar en uno de los deltas y se especializaría en el análisis de documentación. En ese entonces, él leía los documentos, los transcribía en hojas y redactaba los resúmenes. «Después conversábamos [...] Entonces yo lo leía [...] reunía a los comandantes [...] y ya venía la discusión interna por su punto de vista de todos»( coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). Efectivamente, la lógica del trabajo realizado por la DIRCOTE exigía fomentar un trabajo de tipo colectivo en que se enfatizase la discusión sobre los avances del PCP-SL para facilitar ir afinando las estrategias que se debían seguir o corrigiendo los errores detectados. A diferencia de la dinámica de funcionamiento más jerárquica de otras unidades policiales ⁷² o de las FFAA, su método requería poder contar con un cierto margen de horizontalidad entre las personas que trabajaban juntas, donde lo importante a considerar o destacar, más que los rangos o jerarquías existentes, fuesen las habilidades o conocimientos adquiridos en la experiencia de trabajo. En términos ideales, en esta situación los jefes debían tener la disposición y darse un tiempo para aceptar sugerencias y críticas provenientes de los oficiales bajo su mando e incluso de sus subalternos (ibid). Esto buscaba no solamente asegurar un buen funcionamiento del trabajo en términos de eficiencia, sino también contar con un ambiente más humano en medio de las precariedades en que los policías de la unidad trabajarían a lo largo de los años. Conversaciones informales de este tipo, la organización de sesiones especiales de camaradería e idear algún tipo de sistema de incentivos para el personal -como los descansos temporales por reconocimiento en la labor o algún tipo de bonificación en momentos de crisis económica-permitían también descargar tensiones propias de largas jornadas de trabajo y frecuentes amanecidas, así como reafirmar una identidad colectiva y una mística de trabajo.

1.2.2.5. La DIRCOTE: Las condiciones de trabajo y las mejoras obtenidas con el nuevo gobierno

Desde su formación y por lo menos durante buena parte de la década de los ochenta, la historia de la unidad de la PIP especializada en lucha contrasubversiva (DICOTE, DIPAS y luego DIRCOTE) estaba superada por una serie de precariedades y urgencias propias de la falta de una implementación logística y de un equipamiento adecuados para el cumplimiento de su trabajo. Si bien esto es bastante más palpable en un inicio, la situación se mantendrá con altibajos. Esto obligó a sus miembros, como veremos más adelante, a agenciarse e idear diversos mecanismos para autogestionar fondos y donaciones.

Las condiciones de trabajo resultan especialmente precarias durante los primeros años. Reyes recuerda que, en 1984, cuando llega a la DIRCOTE, solamente tenían cuatro automóviles, «dos que caminaban con las justas y dos malogrados» y que «el gobierno de Belaunde [Terry] no nos dio ni medio» (teniente general (r) Reyes op. cit.). Por ese año y algunos más, la DIRCOTE no tenía «[...] más que 1, 2, 3 camionetas viejas; 2, 3 oficinas. [...] Cuando había apagón... a los detenidos los teníamos en unos cuartos con capuchas [no tenían calabozo], ⁷³ con números, con una relación en la puerta y teníamos que sacarlos uno por uno [...] y llevarlos como trencito por todo el corredor del piso. Así hemos vivido por muchos años en una azotea, en un gallinero que tenía la DIRCOTE»( coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02).

Pero ésta no era una situación exclusiva de la DIRCOTE. Los bajos sueldos de los policías y las condiciones en las cuales estaban llevando a cabo la lucha contra la subversión desencadenaron una huelga policial el 25 de mayo de 1983. La principal demanda de los huelguistas era la exigencia de mejoras salariales. Al igual que en la huelga de 1975, se negaron a hablar con el director general de la GC y con el jefe de la II Región, considerándolos incapaces de dar solución a sus demandas El ministro del Interior tuvo que hablar con los efectivos policiales y prometer una homologación. A raíz de la paralización policial, el gobierno declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao, con la suspensión de las garantías constitucionales. Tanquetas del Ejército salieron a patrullar las calles. En el resto del país, el servicio policial se desarrolló de manera normal. El Comando Conjunto aprobó la homologación de las remuneraciones del personal de las FFPP y las FFAA a partir del primero de mayo de 1983 para evitar mayores problemas (DESCO, Resumen Semanal N.° 218 20-26 mayo 1983: 7).

Por su parte, la DIRCOTE observará recién algunas mejoras e incentivos, logrados con esfuerzo y persuasión, asignados por el siguiente gobierno. ⁷⁴ Entre 1985 y 1986, el general Reyes logró que se equiparara, por el alto riesgo que se corría el trabajo, desempeñado en la DIRCOTE a los servicios policiales prestados en zonas de emergencia. Con ello consiguió una bonificación para el personal pues se les empezó a pagar el equivalente al concepto de rancho que consideraban para el personal de zona de emergencia (teniente general (r) Reyes Roca op. cit.). Asimismo, la DIRCOTE fue consideraba como zona de emergencia para el ascenso, «o sea, tenía un puntaje especial» (ibid). Si bien esto no solucionaba todos los problemas urgentes de la unidad, los incentivos permitieron aliviar en algo las necesidades del personal. Durante la gestión de Reyes se logró obtener también apoyo logístico para infraestructura, telecomunicaciones, mobiliario y máquinas de escribir (DIRCOTE op. cit.). Especialmente se percibirá desde la DIRCOTE un interés y un apoyo de parte de Mantilla —que fue varios años viceministro del Interior y luego ministro— pues «nos ha apoyado. No fue mucho, pero de una u otra forma la gente salía a trabajar. Él venía y les daba comida pues, les traía para que coman a las 2, 3, 4 de la mañana. Compró colchones. Ya por lo menos no dormíamos sobre la mesa [...] no teníamos baños, se hicieron baños ¿no? Como él vivía allí, como que entendía y comprendía la realidad. Además lo que nosotros producíamos realmente les daba dividendos políticos a ellos» (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02). Estos son gestos y gestiones a los que nos referiremos posteriormente.

1.2.2.6. La organización del trabajo de la DIRCOTE

En estos años, se incrementó el número de los efectivos asignados a la DIRCOTE. Al margen del hacinamiento de sus oficinas, esto permitió la creación de más grupos operativos entre los cuales se dividió el trabajo en curso. Hacia 1985, la DIRCOTE contaba con siete Deltas, cada uno con treinta a cuarenta miembros. Los Deltas 1, 2 y 3 se encargaban del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); mientras que los Deltas 4, 5, 6 y 7, el seguimiento por zonas del PCP-SL. A partir de la lógica de aprender del enemigo, que ya mostraba resultados, se organizó el trabajo jurisdiccional de los Deltas de acuerdo a la organización territorial del PCP-SL en Lima:

Ya entonces aprendí de ellos a hacer esto del compartimentaje [...] ingresamos nosotros a la misma organización de Sendero [Luminoso], igualito, a la misma distribución y con los niveles de responsables de comandante por cada zonal y cada zonal estaba abarcada por lo que nosotros ahora conocemos como cono norte, cono sur, cono este, cono oeste y Lima que era el centro (coronel PIP (r) Palacios, 23.8.02).

Además de encargarse de la organización y ejecución de operativos, los Deltas debían recoger y analizar la información proveniente de la zona asignada en Lima Metropolitana. Esto aseguró una mayor eficiencia en el trabajo y, al contrastar información, les permitió identificar y expulsar a los subversivos infiltrados entre el personal de la unidad.

Desde 1984, luego de la captura de Díaz Martínez en Huaraz, la DIRCOTE se encargaba también de preparar semanalmente un cuadernillo en el que se daba cuenta de las actividades terroristas a escala nacional. Para ello, debían recopilar y analizar la información que, sobre el tema, remitían las Jefaturas Departamentales de la PIP. ⁷⁵ Desde 1985, esta labor quedó al mando del comandante responsable de cada Delta, según los departamentos asignados.⁷⁶ y ⁷⁷ Como los policías que trabajaban en provincias temían por su seguridad y la de sus familias, «[...] porque la gente que radicaba allá tenía temor de que le vuelen las casas y los maten, porque ya habían antecedentes de amenazas y los conocían a ellos» (ibid), la DIRCOTE organizaba también comisiones temporales hacia provincias. Así, apoyaban eventualmente la labor de los departamentos o secciones contra el terrorismo —DECOTES y SECOTES— que funcionaban en las regiones de la PIP.⁷⁸

El cambio de gobierno significó para la DIRCOTE disponer de ligeros alicientes para el personal; pero también de una mejor organización, dado que se les otorgó mayor libertad para trabajar a cambio de rendir cuentas después (ibid). Una mayor autonomía y -como veremos luego- una mejor articulación del trabajo policial no significaron, sin embargo, directivas claras para la unidad. Hubo apoyo mas no una política contrasubversiva. La DIRCOTE tampoco recibió, de parte del nuevo gobierno, un plan del cual sujetarse. Por eso, trabajaban «al vaivén de los hechos y lo que podíamos prever que iba a suceder»( ibid). La idea básica detrás del trabajo continuaba siendo concentrarse en golpear el aparto militar del PCP-SL ya que:

La segunda fase era atacar el aparato político, porque nosotros pensábamos así, quizás bien o mal. Porque otros dicen sacas la cabeza y ya el cuerpo no camina, está desorientado. Pero hasta que encontremos la cabeza, pues el cuerpo nos iba a hacer leña. Claro, entonces, en esa discusión se hace así, me dediqué única y exclusivamente a lo que era el aparato militar y desechamos inicialmente lo que era el aparato político (ibid).

1.2.2.7. ¿Fuerzas policiales como contrapeso al poder militar?

Al iniciar su período, el gobierno aprista intentó idear mecanismos que le permitiesen un mayor control civil por sobre el uso de la fuerza pública, especialmente de la fuerza armada, buscando (mas no logrando) una disminución de sus márgenes de autonomía y discrecionalidad. ⁷⁹ Al parecer, el gobierno de Alan García Pérez (al igual que el de Fernando Belaunde Terry) asumió que tenía que enfrentar un doble desafío de seguridad interior: por un lado, la subversión y, por otro, el golpe militar.

Desde un inicio, el Partido Aprista Peruano (PAP) construye una relación privilegiada con la policía. Según opiniones de miembros de algunos policías, esto formó parte de una estrategia preventiva que buscaba el contrapeso de poderes desde una posición marcada por la desconfianza frente a las FFAA y la posibilidad de que éstas llevaran a cabo un golpe de estado. Posibilidad que hacia fines de su gobierno se tornó cada vez más inminente.⁸⁰ Su objetivo era convertir a la policía en una fuerza intermedia capaz de librar la guerra contra el PCP-SL e impedir que las FFAA tomasen el control de la seguridad interior. «Entonces comienza una política que usted recuerda para armar a la policía con un sentido, digamos, estratégico, de equilibrio, como decir no solamente dependo de la FFAA sino también la policía está aquí. [...] ese tipo de cosas que ocasiona recelos en las FFAA[...]» (general (r) Luque op. cit.). ⁸¹

En efecto, la compra de armamento para las FFPP generó conflictos entre el gobierno y las FFAA, quienes debían aprobarlas de acuerdo a ley. Otra iniciativa que fue percibida en esa dirección fue la decisión de privilegiar a civiles para la dirección de la cartera de Interior, usualmente a cargo de miembros de las FFAA:

Simplemente la respuesta para escoger a un ministro del interior era mirar hacia la Fuerza Armada y sobre todo al Ejercito [...] [Esto] sí, cambió [con el gobierno del APRA] específicamente porque puso a su gente. Había desconfianza entre ese gobierno y la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada desconfiaba del gobierno aprista. (ibid)

La apuesta del nuevo gobierno privilegia la conducción directa de la policía vía el Ministerio del Interior. Descuidará con el paso de los años una dirección global y unificada de la política de seguridad interior. Esto dará lugar al desarrollo de estrategias y acciones paralelas en la lucha contrasubversiva a la manera de compartimentos estancos (Mantilla, Entrevista CVR 24.10.02) y una autonomía cada vez mayor de las FFAA frente al gobierno y la alta dirección policial. ⁸² El acercamiento del gobierno a las FFPP llevará también posteriormente a desconfiar y a señalar la ocurrencia de un proceso de politización de las mismas.

1.2.2.8. La agudización del desprestigio de las fuerzas policiales

Desde 1980, la imagen pública de las FFPP sufre un deterioro progresivo. A esto contribuye no sólo la percepción de una aparente ineficiencia en su desempeño en la lucha contrasubversiva. Desde el inicio mismo de la violencia, una sucesión de escándalos públicos que involucraron a miembros de los tres institutos policiales abonarán una gran cuota para ello. ⁸³ Por otro lado, se irán conociendo numerosos casos de policías que se vieron involucrados en crímenes comunes (robos, asaltos y atracos) y en bandas de crimen organizado, especialmente de secuestros. Durante el último semestre del gobierno de AP, se percibió un incremento significativo de las actividades delictivas del personal subalterno de las FFPP, «caracterizado por la diversificación del delito de tipo económico, donde predomina [...] la persecución del lucro y de algún tipo de ganancia a cualquier costo: el desmantelamiento de carros de narcos realizado por miembros de la PIP, la falsificación de dólares a cargo de elementos de esa misma institución, la extorsión y asalto practicados por la GC. Esta tendencia se cristalizará, de algún modo, con la constitución de bandas de secuestradores (…)»( Sánchez León 1993: 131-132) Especialmente, el secuestro por rescates fue un delito que se incrementó significativamente entre 1984 y 1986⁸⁴. Personal de las tres instituciones serían encontrados como integrantes de bandas dedicadas a este tipo de delitos. Pero, los escándalos involucraron también a altos oficiales de las FFPP.⁸⁵

Por otro lado, las ramificaciones de corrupción policial vinculadas a narcotraficantes iban en aumento. En estos años empezaron a tener mayor notoriedad las fugas de narcotraficantes de los centros de reclusión, responsabilidad que recaía en la GR. Asimismo, a partir de 1984, se empezarían a sentir las secuelas de un proceso acelerado de implicación y desprestigio de la PIP en torno al narcotráfico. Como señala Sánchez León, lo mafioso de los delitos policiales reposaba no sólo en el carácter amplio, masivo y organizado, sino en el hecho de que las actividades fuera de la ley y el comportamiento en general eran «abierto, público y ostentoso, y permanentemente utiliza la intimidación» (ibid: 133).⁸⁶

1.2.2.9. La reorganización de las fuerzas policiales

Los niveles de corrupción entre las FFPP habían llegado a extremos vergonzosos⁸⁷ y el clamor popular exigía una moralización al interior de ellas. En su discurso inaugural del 28 de julio de 1985 —cuando era ya evidente la gravedad de esta situación—, el presidente Alan García señaló que solicitaría al Congreso las facultades a fin de reorganizar las FFPP con la finalidad de «restaurar la confianza de la gente». ⁸⁸ Como resulta evidente, la reorganización policial propuesta intentaría básicamente detener el acelerado proceso de corrupción policial a todo nivel. Pero, además de moralizar, la reforma también se consideró necesaria para acabar con las eternas disputas entre la GC, la PIP y la GR.⁸⁹

La decisión de emprender una reforma estaba en marcha. La transferencia del mando y el ingreso al Ministerio del Interior no hicieron más que confirmar la necesidad de la misma. Realmente, la situación de las FFPP en esos años era alarmante. Frente a todos los problemas mencionados, el esfuerzo policial estaba

[...] diluido, porque no había unidad de comando, porque además había cuatro instituciones [...] Cada una se manejaba por su lado, se enfrentaban unas con otras. En fin, realmente la situación era dramática. [...] Las fuerzas policiales en ese momento no tenían ningún tipo de equipamiento. [...] Y eso es lo que nosotros encontramos, de los diez [patrulleros], seis funcionaban a medias y dos ya se habían caído otra vez. Con esto es que nosotros hemos iniciado el esfuerzo. No había comunicaciones. No había informática, que era algo imprescindible en ese momento. Es decir, los sueldos eran pésimos, no había beneficios para los elementos de la policía. Esta fue la realidad en la cual nosotros iniciamos este esfuerzo, dentro de lo cual estaba el tema del terrorismo. (Mantilla, op. cit.)

A escasos días de anunciada la reorganización, un escándalo público de enormes proporciones confirmaría la necesidad de esta. El 2 de agosto se conoció que una organización de narcotraficantes encabezada por Reynaldo Rodríguez López, descubierta a raíz de la explosión de un laboratorio clandestino situado en Surco, estaba protegida por una serie de ex altos jefes de la Policía de Investigaciones del Perú, entre los que figuraban el general y ex director superior de dicha institución, Eduardo Ipinze Rebatta (DESCO, Resumen Semanal n.° 328, 2/ 8 de agosto de 1985). Finalmente, la situación de corrupción generalizada incubada por años en la PIP, a la que nos refiriéramos en un inicio, estalló.⁹⁰

Finalmente, el 14 de agosto de 1985, el gobierno dispuso la reorganización de las FFPP mediante la ley 24294. Esta otorgaba pleno poder al Ejecutivo para «reformular los cuadros de asignación de personal de empleados civiles y de efectivos, tanto del ministerio del interior como de las fuerzas policiales y reestructurar sus respectivos presupuestos analíticos, modificar y recategorizar las plazas presupuestadas, sin exceder los montos presupuestales asignados al Pliego del Ministerio del Interior»( artículo 3, ley 24294). Asimismo, establecía que el ente encargado de llevar a cabo la reforma de las FFPP sería una Comisión Organizadora presidida por el ministro del Interior, Abel Salinas. Esta comisión estuvo conformada por el general de división EP Lorenzo Cárdenas Caro, en su calidad de jefe del Estado Mayor de las FFAA , por el viceministro del Interior Agustín Mantilla y el director general de gobierno Jesús Guzmán Gallardo. Ningún miembro de la policía fue incorporado como parte de dicho comité.

Una de las medidas más relevantes y recordadas llevadas a cabo durante el proceso de reorganización fue la destitución y pase al retiro de un gran número de oficiales y personal subalterno. El artículo tres de la ley 24294 facultaba a la Comisión Organizadora a cesar de manera definitiva a cualquier miembro del personal policial en todos los rangos. Por ello, se dio de baja a un gran número de miembros de los tres institutos policiales alegando que el propósito era desburocratizar las instituciones policiales y hacerlas más efectivas. ⁹¹ El ministro del Interior Abel Salinas precisó también que algunos jefes pasados al retiro continuarían siendo investigados por la Comisión Reorganizadora y por sus propias instituciones a raíz de las denuncias presentadas en su contra. (DESCO, Resumen Semanal n.° 333, 6-12 septiembre de 1985) El problema fue que los criterios empleados en esta depuración no siempre fueron objetivos o con conocimiento cabal de la situación. De esta manera, no sólo se dio de baja a los malos elementos que estaban involucrados en hechos delictivos, sino también a buenos policías. Una vez más entraron a tallar mecanismos informales como la vara y las argollas y se pusieron de manifiesto las disputas personales existentes al interior de las tres instituciones policiales: «Los jefes que fueron nombrados [decían] «Ah ya, tú eras el malcriado de la vez pasada, ¡¡ fua!! tú también ¿no? ¡¡¡ fua!!!! tu también». Y aquéllos que lo pueden hacer también porque si no le quitan el puesto ¿no?, entonces no fue una cosa profesional» (coronel PIP (r), Entrevista CVR 23.8.02). Esto mismo es reconocido por el que en ese entonces era el viceministro del Interior Agustín Mantilla:

Entonces [1985], como no teníamos una idea clara, habíamos más o menos construido inorgánicamente juntas de oficiales generales de los operadores de cada institución en la ciudad de Lima. Entonces reunía yo seis, ocho a diez generales, les consultaba, les pedía opiniones, sacaba conclusiones y tomaba decisiones en base a eso. [...] Es cierto que hubo acciones muy duras contra ellas [las FFPP] inicialmente, ninguna proveniente de nosotros mismos sino de las relaciones que los jefes de los institutos nos entregaron para ver quiénes eran los que debían pasar al retiro. Como nosotros no teníamos conocimiento real de quienes eran, se cometieron algunos excesos que después, posteriormente, con el tiempo, yo de alguna forma resolví (Mantilla, op. cit.).

Como vemos, grupos de oficiales en las tres instituciones aprovecharon estos primeros días para redefinir nuevas correlaciones de poder, adaptarse a los cambios y ubicarse en relación al nuevo gobierno.

1.2.2.10. La Ley de Bases de las fuerzas policiales (Decreto Legislativo n.° 371)

El 4 de Febrero de 1986, el Consejo de Ministros aprobó el decreto legislativo 371, Ley de Bases de las fuerzas policiales. Dicha ley será la que regirá el funcionamiento de las FFPP —y a la Policía Nacional después— hasta diciembre de 1999 en que se promulgó una nueva ley orgánica.

Básicamente, la ley de bases regula y presenta los alcances que se deben considerar a partir de la reorganización. Se establece, como fundamento, que las FFPP están al servicio de la comunidad y constituyen el elemento fundamental que posee el Estado para proteger a las personas y mantener al orden interno (artículo 3). Un avance importante a considerar es que esta ley resalta —aunque sea formalmente— el carácter profesional no militar ⁹² de las FFPP (artículo 5).

Esta ley contempla dos cambios importantes con miras a asegurar una mayor coordinación entre las instituciones que las componen. En primer lugar, se crea un órgano de dirección único, la Dirección General de las fuerzas policiales, al tiempo que se mantienen las Direcciones Superiores de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones como órganos de ejecución. Se establece que la Dirección General es el órgano de más alto nivel de las FFPP y que es responsable del planeamiento, coordinación, dirección y control de las actividades de dichas fuerzas y del empleo de los recursos asignados a ellas (artículo 14). Por otro lado, Las Direcciones Superiores serán los «órganos encargados de conducir las operaciones de la respectiva Fuerza Policial, siguiendo las directivas de la Dirección General» (artículo 15). Esta medida no sólo permitirá la unificación del comando, sino también un mayor control y dirección desde el Ministerio, dado que será éste el que designe al director general. Ese mismo mes se nombró al teniente general GC Carlos Rodríguez Tirado como primer director general de las FFPP.

En segundo lugar se crearon las direcciones regionales de las fuerzas policiales como órganos encargados de coordinar las acciones de las mismas en el área territorial del país a ellas asignadas. ⁹³ Es decir, se concretó la unificación del comando policial también a nivel regional, que en adelante dependería directamente del director general de las FFPP (artículo 17). Hasta entonces cada instituto policial tenía sus propias direcciones regionales y departamentales, cada una al mando de un oficial de alta graduación. Esta medida fue muy mal recibida por los tres cuerpos de policía porque sentían que afectaba directamente sus fueros institucionales. Al llevarse a cabo la regionalización, todo el personal tuvo que estar al mando de un solo oficial, que generalmente provino de la GC.

El decreto consideró, por excepción, al personal que pasó y pasaría al retiro en aplicación de la ley de reorganización 24294 como comprendido en los alcances de la causal de retiro por límite de edad.⁹⁴ A pesar de esto, el proceso de reforma generó gran disconformidad en los tres cuerpos de policía. Ello no obedeció solamente a los cambios considerados que implicarían nuevas tensiones entre los cuerpos policiales, sino también por el hecho de que aquel proceso no tomó en cuenta la participación de policías. En efecto, el Ministro del Interior, que conducía el proceso, sostenía que alejando a los altos mandos policiales del proceso de reforma se lograba una mayor objetividad y no se beneficiaba ni a un grupo ni a otro (Acha 2001). Sin constituir una reforma integral, la reorganización no resolvió varios de los problemas más sentidos por los policías como los bajos salarios, precarias condiciones de trabajo acompañadas de gran inseguridad y riesgo por la violencia en expansión. Como veremos, la tensión acumulada estallaría en 1987.

1.2.2.11. La matanza de Lurigancho

En medio de este contexto de incertidumbre y cambios en las FFPP, se producirá un evento de gran repercusión pública e implicancia política que cierra este capítulo.⁹⁵ Nos referimos a la matanza de presos acusados por el delito de terrorismo vinculados al PCP-SL, perpetrada por emiembros de la GR en el CRAS San Pedro —Lurigancho—.

En la mañana del 18 de junio de 1986, los presos del PCP-SL recluidos en los penales San Juan Bautista (Isla El Frontón), San Pedro (Lurigancho) y Santa Bárbara (Callao), iniciaron simultáneamente un motín armado tomando el control de sus pabellones y capturando rehenes ⁹⁶. Realizada una evaluación de la situación en el Consejo de Ministros, el gobierno ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) debelar los motines y tomar el control de los penales.⁹⁷ En contraste con lo sucedido en los otros penales, el operativo militar aplicado en Lurigancho no se definió en el alto nivel de comando que se requería; sólo se formularon términos muy genéricos para la actuación de las fuerzas del orden (Ames 1988: 261). El Ejército, responsable asignado a Lurigancho por el CCFFAA, precisó que una compañía especial de comandos a su cargo realizaría la tarea de abrir boquetes para el ingreso al pabellón Industrial — donde se hallaban los amotinados— y, sin abordar aspectos específicos de la planificación del operativo, ordenó a la GR que asumiera la realización de la intervención (ibid). Finalmente, ante la presión del gobierno exigiendo rapidez en la debelación del motín y problemas en la coordinación entre el mismo y el CCFFAA, se envió a un grupo de GR sin la preparación debida (ibid: 262-263).

Luego de una sucesión de acontecimientos en la que se evidenció un desorden generado por el apresuramiento y la falta de preparación (incluyendo falta de claridad sobre quién era el responsable del operativo), la intervención de los republicanos no dejó sobrevivientes. Después de enfrentar a los elementos armados del PCP-SL y dar muerte alrededor de veinte a treinta de ellos, los efectivos de la GR ejecutaron a los internos que no murieron en el combate y dejaron un total de 124 fallecidos. Una vez producida la matanza no se permitió el ingreso de autoridades civiles al recinto penitenciario. Con investigaciones posteriores, se confirmaron las violaciones a los derechos humanos en las que se incurrieron.

La magnitud de este hecho, empero, no debe hacernos olvidar los precedentes que evidenciaban la propensión de los GR a hacer un uso excesivo de fuerza en debelaciones y requisas, por un lado; y, por otro, la situación crítica que, desde años atrás, arrastraban los penales. Estos factores juntos hacían prever las trágicas consecuencias de una incursión armada sin una dirección y planificación adecuadas.

No era la primera vez que la intervención de la GR en la debelación de motines en cárceles —de presos comunes como de acusados de terrorismo— o en la organización de requisas dejaba resultados lamentables: un número innecesariamente alto de muertos y heridos. Algunos hechos de gran repercusión pública habían tenido lugar en años anteriores. Uno de los más recordados —las imágenes fueron transmitidas en directo por televisión— fue la matanza de presos comunes en el penal de El Sexto en abril de 1984, en la que murieron veinte personas como consecuencia del operativo policial. Por otro lado, se tenía ya el precedente de la muerte de treinta reclusos vinculados al PCP-SL durante una requisa de armas efectuada por la GR en el mismo CRAS de Lurigancho el 10 de octubre de 1985. Sobre el hecho circularon versiones contradictorias que dejaban abierta la posibilidad de que los guardias republicanos hubiesen disparado al cuerpo a los reclusos. ⁹⁸ En general, estos hechos alertaban ya sobre un grave problema en la actuación policial en intervenciones de este tipo. En general, la práctica policial usual de la GR —instituto policial más militarizado— en las cárceles tenía también un componente represivo importante con un uso frecuente de fuerza innecesaria.⁹⁹ La tradición represiva para solucionar conflictos que no era exclusiva de nuestro país —por entonces no era raro que los motines carcelarios terminaran en matanzas también en otros países como, por ejemplo, Brasil— y que por estar dirigida contra sectores de la población criminalizados, ¹⁰⁰ no despertaban necesariamente la indignación pública. En Lurigancho de 1986, lo que se observa es, fundamentalmente, un cambio significativo en la escala numérica de las víctimas, en la magnitud de la violación. Pero lo cierto es que, a pesar del impacto público que tuvo este hecho, una matanza también importante (aunque no de tales proporciones) se repetiría en el penal de Castro Castro en mayo de 1992.¹⁰¹

Por otro lado, cabe llamar la atención hacia la grave situación que se venía acumulando en las prisiones debido a las precarias condiciones carcelarias que debían soportar los reclusos — situación que se convirtiera en objeto de debate público por lo menos desde 1981—, así como el control casi absoluto por elementos del PCP-SL de los pabellones que ocupaban.

Ya en 1981, los responsables del Ministerio de Justicia del gobierno de AP encontraron una situación carcelaria crítica, debido al hacinamiento extremo de los reclusos y las precarias condiciones de vida en los penales, entre otros factores. Sin embargo, lejos de revertir completamente este proceso de deterioro, la situación se haría más compleja por la inacción gubernamental¹⁰² y el comportamiento peculiar de los reclusos pertenecientes al PCP-SL, quienes hicieron de las cárceles sus luminosas trincheras de combate. En efecto, los senderistas presos llegaron a tener niveles increíbles de autonomía en los penales que, en la práctica, significaron un control casi absoluto de ellos a la vista y paciencia de las autoridades penitenciarias, de la GR o junto con algunos de sus miembros involucrados. En lugar de que la situación fuera enfrentada luego de la matanza de 1986, ésta empeoró. A la par que la crisis económica del país se agudizaba, aumentaba el número de detenidos acusados por terrorismo¹⁰³ y la ineficiencia del sistema de administración de justicia.¹⁰⁴

1.2.3. El despliegue nacional de la violencia (18/ 19 de junio de 1986 -27 de marzo de 1989)

1.2.3.1. Otras medidas dadas desde el Ministerio del Interior

Como hemos precisado, la decisión de emprender la reorganización de las FFPP no constituyó parte de una nueva estrategia de lucha contrasubversiva. Cabe resaltar que, en términos generales, la subversión no era sentida aún como un problema principal ni en la opinión pública limeña, centro del poder, ni tampoco fue establecida como una de las prioridades para atender desde el gobierno. Dentro de una visión aún incompleta y sesgada acerca del carácter del fenómeno subversivo, el gobierno privilegió otro tipo de medidas más bien generales, bajo el supuesto de que los resultados de las mismas darían sus frutos rápidamente. ¹⁰⁵

Presionado especialmente por la ola de secuestros en aumento, así como el deber de llevar adelante la reorganización de las FFPP, el Ministerio del Interior decidió priorizar la resolución de los problemas más sentidos por la opinión pública, eminentemente limeña en ese momento: la delincuencia común y los secuestros y, en segundo lugar, la política antidrogas (Mantilla op. cit.).

En esta primera etapa, la acción de Interior con respecto a lucha contrasubversiva priorizó el equipamiento de las unidades de combate de las FFPP descuidando el fortalecimiento de sus órganos de inteligencia. Se tendería al fortalecimiento de las ramas y órganos operativos policiales de interés, a partir de una política de equipamiento y armamento. El ministerio del Interior no tuvo en ese momento y durante buena parte del gobierno un trato directo con los ministerios militares para coordinar planes conjuntos para la lucha contrasubversiva, especialmente para las zonas de emergencia, pues hasta entonces el fenómeno se percibía como localizado. Estos problemas se agravaron cuando, en 1986, el Ministerio del Interior procedió a la compra de armamento para las FFPP.¹⁰⁶

Estos primeros meses en el gobierno, permitieron que el Viceministro del Interior se acercara a las unidades policiales y observara las condiciones en las que trabajaban. Pronto descubrieron la labor que con dificultades venía realizando la DIRCOTE. Mantilla decide continuar con el equipo de trabajo tal como estaba, sin ordenar cambios como en otras unidades. Para él fue claro que ellos eran «los que tenían la experiencia en ese momento» (ibid). Él se dispuso, entonces, a apoyarlos. Le planteó a Reyes, su director, que escogiera lo mejor de su institución (PIP) para que esos miembros fuesen trasladados a la DIRCOTE. Precisa, asimismo, que se trató de ayudarlos económicamente en ese momento; pero «no había dinero, no habíamos encontrado, la caja estaba en muy mala situación» (ibid). Ya habían definido otras prioridades.

Sin embargo, especialmente a partir de 1986, la agenda del sector cambiaría de rumbo. El incremento de atentados dinamiteros y asesinatos del PCP-SL, así como de las acciones del MRTA en la ciudad de Lima, dieron pronto una señal de alerta al gobierno con respecto a la expansión de la violencia. En ese año, se decretó el estado de emergencia y el toque de queda en Lima Metropolitana y se dispuso que las FFAA asuman el control del orden interno mientras durara la suspensión de garantías constitucionales. La sensación de pérdida de control de la situación, junto al despliegue de la violencia, al asesinato de varios militantes del PAP y miembros de las FFAA, precipitaron algunos cambios de importancia en las prioridades del ministerio. ¹⁰⁷

Por un lado, el gobierno dio prioridad a la creación e implementación efectiva de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). ¹⁰⁸ Para ello, se invirtió en la adquisición de equipos de interceptación telefónica, equipos de interferencia radial, equipos de radio para los puestos policiales y computadoras, entre otras cosas (Barsallo op. cit.; Mantilla op. cit.; general PIP (r) Luque op. cit.). Asimismo, se contrató más personal y se llegó a contar con 238 personas en 1988 (DIGIMIN 2002). El director de la DIGIMIN durante el gobierno aprista fue el general PIP (r) Edgar Luque, que desde su retiro en 1981 trabajó como profesor en la Escuela de Inteligencia Naval.

Por función, la DIGIMIN debía producir inteligencia para la alta dirección del ministerio aprovechando para ello la información producida por las FFPP y las autoridades políticas. Progresivamente, se consolidaría como un ente rector del sistema de inteligencia policial. Habiéndose planteado como prioridades para su trabajo el recojo de información sobre la subversión y el narcotráfico, una de sus principales y más estimadas fuentes de información fue la DIRCOTE. Una vez analizada dicha información, se diseminaba como notas de inteligencia a la misma DIRCOTE y otras unidades operativas que trabajaban en la lucha contrasubversiva (general PIP (r) Luque op. cit.). Sin embargo, el tipo de inteligencia que producía no servía como inteligencia táctica para el trabajo operativo de unidades policiales como la DIRCOTE: «A veces ellos [DIGIMIN] nos remitían producto de su análisis, ¿no? Esto es así; este proyecto es así. Pero, prácticamente, eran proyecciones de tipo político, más que del trabajo operativo que era lo que yo necesitaba y lo requería en ese momento, en ese momento» (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02)

La DIGIMIN empieza a producir inteligencia de interés para el gobierno, que permitía tomar decisiones. En opinión de Luque, para 1988, la DIGIMIN ya había logrado un nivel de producción de inteligencia adecuado. Ésta sustentará varias de las intervenciones de ministros del Interior en el Congreso. Sin embargo, más allá de la difusión de la inteligencia que producía, y salvo alguna reunión de trabajo ocasional, la DIGIMIN trabajó al margen de la DIRCOTE. (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 20.3.03). Esta última fue postergada nuevamente en la agenda del gobierno. Lejos de apostar por un reforzamiento en el trabajo de inteligencia policial para la lucha contra la subversión, el gobierno optó por reforzar los grupos operativos militarizados de las FFPP. Procedería así a la creación de la Dirección de Operaciones Especiales (DOES). En palabras de Mantilla:

Yo tuve que crear la DOES, ahora DINOES, para poder tener una unidad preparada, porque el resto de la policía no estaba preparada. Además, el policía no es como el soldado, el policía por lo general es un hombre mayor, cuyo promedio es 35 años, no puede hacer lo mismo que un muchacho de 18 que esta en el Servicio Militar, que puede correr el doble, desplazarse mucho más veloz. Lamentablemente, la capacidad de la FFAA en ese momento, sumada a la voluntad de la FFAA no era mucha (Mantilla Op. cit.).

Es decir, nuevamente, se apostaba por una solución militarista al problema.

1.2.3.2. La militarización de unidades: la creación de la Dirección de Operaciones Especiales (DOES)

La Dirección de Operaciones Especiales de las FFPP (DOES) fue creada el 25 de agosto de 1987 mediante RM Nº 0110-IN/ IM. La creación de la DOES fue parte de la respuesta del gobierno para tratar de detener la subversión en estos años de despliegue de la violencia. Hasta ese momento los grupos especiales de las FFPP actuaban de manera independiente, sin mayor coordinación entre ellos. Esto no beneficiaba el accionar policial pues con frecuencia se sobreponían funciones o se generaban situaciones en las que se producía una competencia absurda entre efectivos de una y otra institución. Con la DOES, finalmente un ente centralizado se hizo cargo del planteamiento, coordinación y conducción de las operaciones contrasubversivas armadas: la DOES dependería — a diferencia del resto de unidades directamente— de la Dirección General de las FFPP. Los grupos y unidades operativas que dieron origen a la DOES fueron los siguientes (DIROES s/f ¹⁰⁹ ):

-48 Comandancia de la Guardia Civil Sinchis. -Grupo Delta (GRUDE) de la Guardia Civil, era una fuerza especial antiterrorista urbana creada noviembre del 86. Contaron con un instructor americano. Se entrenó a los efectivos en lucha antiterrorista y liberación de rehenes, demoliciones y neutralización de explosivos, intervenciones rápidas helitransportadas. A este grupo también se incorporaron los Llapan Atic de la Republicana.
-Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Republicana.
-Unidades de Transporte y Operaciones Especiales UTOE de la Guardia Civil.
-Personal PIP diverso.

Para conformar el primer cuerpo de miembros de la DOES, el general FFPP Lisandro Alvitez, director de la unidad, solicitó a los directores superiores de cada institución que designaran al personal más idóneo que contara con formación en contrasubversión, inteligencia, lucha antiterrorista, operaciones antisecuestros, operaciones antidrogas, comandos, demolición, paracaidismo y rescate. Además de tener buena salud física y mental, los postulantes policiales no debían registrar malos antecedentes ni contar con más de 34 años de edad. Por lo general, el entrenamiento básico impartido en la base de Mazamari duraba dos meses. Una vez culminado los efectivos regresaban a Lima y se incorporaban a la unidad operativa DOES, donde proseguían con su entrenamiento o eran enviados en comisión de servicio a las zonas de emergencia. Un aspecto que es importante resaltar es que las primeras promociones de DOES estuvieron conformadas, en su mayoría, por suboficiales recientemente egresados de la Escuela Nacional de Policía, que habían hecho el servicio militar obligatorio. En coordinación con los altos mandos militares se invitó a los licenciados de las unidades especiales del Ejército, Marina y Aviación a postular a la Escuela Nacional de Policía, para luego del período de formación policial y especialización respectiva sean asignados a la DOES (ibid). Esto se debió a que a medida que fue agudizándose el conflicto y se fueron expandiendo las zonas de emergencia, el número de policías fallecidos y heridos se incrementó. Por ello, se hizo necesario contar con un mayor número de efectivos policiales en el menor tiempo posible. La necesidad de ampliar el contingente policial propició también que en 1987 se crearan Escuelas Regionales de Policías Subalternos en Chiclayo, Arequipa, Iquitos, y Cuzco. Asimismo, se redujo el periodo de formación profesional de los policías, incluso a menos de seis meses, después del cual egresaban como suboficiales.

En cada curso de la DOES, se entrenaba a un promedio de 250 policías dictándose alrededor de tres cursos al año. También se impartieron cursos sintéticos orientados a personal policial con varios años en la institución. Los instructores de la DOES fueron policías que habían pertenecido a los grupos especiales de la GC (sinchis) y la GR (llapan atic), algunos de los cuales habían llevado cursos de entrenamiento en el extranjero (EQ. EC-PNP/ CVR, Entrevista CVR 12.09.02). Las primeras promociones de la DOES también contaron con instructores de procedencia norteamericana, que hicieron cursos sintéticos sobre explosivos, y con instructores israelitas, que dieron algunos cursos urbanos de liberación de rehenes (DIROES op. cit.). La instrucción sobre lucha en el campo se hizo sobre la base de la propia experiencia del personal policial peruano.

El proceso de selección del primer grupo se realizó la primera semana de septiembre de 1987. En total esta primera promoción estuvo conformada por 239 efectivos de los cuales 21 era oficiales y 218 suboficiales (143 eran de la GC, 72 de la GR, 15 de la PIP y nueve de la Sanidad). Los primeros DOES se graduaron el 5 de diciembre de 1987 y fueron enviados a distintos destacamentos en zonas de emergencia en enero de 1988. Este personal fue entrenado en la base de Mazamari entre octubre y diciembre del 1987, donde llevaron el primer Curso Básico de Contrasubversion para personal que conformaría el primer batallón de la DOES. Mientras estaban entrenándose, ocurrió la toma de la ciudad de Juanjui por una columna del MRTA. ¹¹³ Mediante el uso intensivo de armas de guerra y explosivos, la columna derrotó en menos de una hora a los treinta policías de la localidad y tuvo bajo control la ciudad por 5 horas. La toma de Juanjui fue un fuerte golpe para las FFPP porque los miembros del MRTA se llevaron consigo una gran cantidad de armamento —subametralladoras, fusiles FAL, granadas de guerra, revólveres, munición, lanzagranadas, escopetas de caza y pistolas automáticas—. Una vez más se puso en evidencia que seguían prevaleciendo los mismos errores del pasado: no se tomaban medidas de seguridad básicas, el trabajo de inteligencia en la zona no era adecuado, había un exceso de confianza y no se establecían los planes de contingencia necesarios para las dependencias policiales. Para el gobierno, antes de propiciar una evaluación del proceso político de la región y del funcionamiento del sistema de inteligencia, este evento reforzó la aparente necesidad de proseguir con la preparación militar de las FFPP. ¹¹⁴ Como los DOES aún estaban en formación, se impone nuevamente la salida militar ordenando la entrada del Ejército a la zona. ¹¹⁵

Los miembros de la DOES se constituyeron en el grupo de elite de la policía durante esta etapa del conflicto y fueron enviados a reforzar distintos destacamentos policiales de las zonas de emergencia, que para ese entonces, ya comprendían gran parte del país. Hubo fuertes enfrentamientos con el MRTA y PCP-SL en los que tuvieron varias bajas. Además de ser fuerzas de refuerzo también llevaron a cabo operativos e incursiones en diversas partes del Perú, como Puno, en donde murieron varios oficiales. Dentro de la DOES, se mantuvo operativo al GRUDE. Asimismo, se crearon otras unidades y subunidades operativas como el Batallón Especializado PPAHUAC (BOES PPAHUAC), primer batallón de la DOES; el Grupo de Operaciones Especiales Halcón (GOES Halcón), que contaba con equipo y material de guerra donado íntegramente por el gobierno de los EEUU; el Grupo Táctico Águila (GRUTAG) organizado el mes de junio de 1989 debido al incremento de las acciones subversivas en Lima; asimismo, otras subunidades que tuvieron corto tiempo de duración como los batallones Amauta, Alfa y Gamma. En 1990 se cambió la denominación de la unidad a DIROES PNP. Luego del cambio de estructura orgánica¹¹⁶ en 1991, la dirección pasaría a ser considerada como un órgano de ejecución de nivel nacional y pasaría a denominarse Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES).

Si bien la creación de la DOES permitió la centralización de las operaciones contrasubversivas e incrementó la capacidad de combate de un sector de policías enviados a zonas de emergencia, la mayor parte de policías que estuvieron en zona no fueron DOES y no tenían un entrenamiento contrasubversivo adecuado. Por otro lado, el establecimiento de la DOES tampoco implicó un mejor comportamiento de los policías con respecto a la población civil de las zonas de emergencia. La policía continuó siendo abusiva y autoritaria y se siguieron cometiendo violaciones a los derechos humanos. ¹¹⁷ Por otro lado, como contingente contrasubversivo, los destacamentos de DOES estarían también bajo el mando del CPM de las zonas de emergencia y participarían de los planes y operativos diseñados por el mismo, siguiendo el cambio de estrategia contrasubversiva producido a fines de los ochenta. ¹¹⁸

Especial atención merece, no obstante, la actuación de algunas de las unidades de la DOES como el GRUDE, que desarrolló operativos especiales en diferentes zonas del país de manera bastante independiente a la dirección de la DOES. Como refiere un documento elaborado posteriormente por la propia DINOES y entregado a la CVR, pese a haber estado operando desde 1986:

(…) el GRUDE, desde el inicio de sus funciones en 1986 no contó con Resolución de creación, recién el 26NOV87 se oficializa su creación al expedirse la RD. Nro. 31-29-DG-FFPP/

DOES, donde se señala como finalidad fundamental de su creación combatir la subversión urbana, la piratería aérea y la liberación de rehenes (…) El GRUDE permaneció en su Base San Bartolo hasta el 02MAR88, en que se dispuso su traslado a la Base DOES-Barbadillo, [aunque] mantuvo su autonomía administrativa y operativa hasta ENE92 en que el nuevo Comando, al hacerse cargo de la Dirección de Operaciones Especiales DINOES-PNP, dispone la fusión de los almacenes, servicios de transporte, armería y otros recursos que venía administrando directamente, quedando de esta manera el GRUDE plenamente integrado a la DINOES-PNP (DINOES 1995).

Es precisamente de esta unidad de la DOES de donde provienen mayormente los efectivos policiales vinculados individualmente, por testimonios, al llamado "Comando Rodrigo Franco", con relación cercana al Viceministro, y luego Ministro, Agustín Mantilla. Por ello, sería recomendable ahondar las investigaciones sobre las acciones desarrolladas por miembros de esta unidad.

1.2.3.3. La huelga policial

Además del año de creación de la unidad elite de las FFPP y la derrota de Juanjui, 1987 fue también un año tenso en las relaciones del gobierno y el personal subalterno de las FFPP. La crisis económica empezaba a sentirse, las zonas de emergencia se iban extendiendo a lo largo del territorio nacional y en la ciudad de Lima se producían con mayor frecuencia temerarios y violentos ataques terroristas. Algunas comisarías habían tenido que ser replegadas debido al accionar del PCP-SL y muchos policías habían sido asesinados a quemarropa en distintas áreas de la ciudad.¹¹⁹ La carrera policial se había vuelto demasiado riesgosa. La inseguridad, el peligro y los bajos salarios entre el personal policial, principalmente entre los subalternos, así como las malas condiciones en las que llevaban a cabo su lucha contra la subversión, siguieron originando tensión dentro de las tres instituciones policiales. A ello se sumaba que los policías no podían solicitar su baja de la institución. En el contexto de violencia por el cual atravesaba el país, se necesitaba el mayor número posible de policías en actividad para enfrentar la subversión. Más bien se estaba tratando de ampliar el contingente policial. Además, si no reunían un mínimo de treinta años de servicio, los policías no recibirían su sueldo completo ni todos sus beneficios de acuerdo a ley.

Por esta razón, cuando en mayo de 1987 el comando de la GC brindó una serie de facilidades para que aquellos miembros que contaran más de veinte años de servicio pudieran solicitar sus bajas, literalmente se produjo una avalancha de solicitudes.¹²⁰ Sin embargo, un memorando interno del comando superior prohibió darles trámite. Esta situación produjo mucha tensión entre los policías. En los días siguientes se trató calmarla otorgándoles algunas bonificaciones para pagar los gastos de uniformes y escolaridad, pero estas medidas no fueron suficientes para calmar el descontento. En poco tiempo los afectados conformaron un Comité Ejecutivo Nacional de Defensa de las fuerzas policiales y protagonizarían una huelga policial de gran repercusión política. El clima de inestabilidad entre las FFPP se extendería hasta el siguiente año en que se produjo otro conato de huelga.

Estas huelgas fueron el punto máximo de un clima de incomodidad y tensión que se había ido gestando desde hacía mucho tiempo al interior de las FFPP, especialmente en el nivel subalterno, debido a los problemas económicos por los que atravesaba la institución. Las demandas salariales exigidas por los policías, así como su protesta ante el trato que recibían de parte de su comando, dan cuenta del contexto en el cual estos policías se enfrentaron contra la subversión. Como es de suponerse, un cuerpo que ya contaba con una moral baja, que estaba mal remunerado, que prácticamente permanecía dentro de la institución policial contra su voluntad y que además era muy mal visto por la opinión pública, no podía encarar la lucha contra la subversión en el mejor de los contextos posibles. Asimismo, la huelga dio cuenta de que —a pesar de los doce años transcurridos desde el paro policial de 1975— al interior de las instituciones policiales, principalmente la GC, persistían sentimientos de incomodidad, malestar y resentimiento de parte del personal subalterno para con el cuerpo de oficiales. La situación demostraba las limitaciones de la reforma policial iniciada años antes, que no fue capaz de solucionar muchos de los problemas de fondo de las FFPP.

1.2.3.4. La creación de la Policía Nacional del Perú (PNP)

Culminando el proceso de reorganización de las FFPP, el 6 de diciembre de 1988 se promulgó la ley 24949 que modificaba los artículos relacionados de la Constitución Política del Perú y creando la Policía Nacional del Perú (PNP)¹²¹. Así se inicia, por lo menos nominalmente, la unificación de las FFPP. La Policía Nacional asumiría, entonces, la organización y funciones de las FFPP (Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana), con todos sus derechos y obligaciones (artículo 30). Con la política definida en este sentido, se dejó atrás la incertidumbre que significó para el personal policial la reorganización y renovación de cuadros (DIRCOTE op. cit).

Luego de la publicación de la norma, el teniente general PNP Octavio Herrera Polo fue nombrado como el primer director general de la PNP. Unos días después, mediante resolución suprema 006-89/ IN, se procedió a aprobar una nueva estructura orgánica de la PNP. Ésta constaría de las Direcciones Superiores de la Policía General (antes GC), la Policía Técnica (antes PIP) y la Policía de Seguridad (antes GR). Dicho dispositivo sostenía que era necesario que la integración de las FFPP en Policía Nacional se realizara dentro de un proceso gradual.

En efecto, ni la ley ni la disposición demostraron mayores modificaciones: no supusieron un cambio significativo en la estructura organizativa ni en el desempeño las FFPP. Como relata un oficial, el gobierno aceptaría que había sido un error precipitar la decisión de la integración, por lo que en la práctica las instituciones policiales tuvieron solamente un cambio de denominación. La integración efectiva, idea que causaba no menores reparos y recelos que la precedente reorganización dentro de los institutos policiales, sería postergada para una posible solución en el siguiente gobierno. Públicamente, sin embargo, se mantuvo el discurso y relevó la medida adoptada, por no querer reconocerlo como error político (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02).

1.2.3.5. El mediador y el operativo

Aunque es hasta hoy una figura controvertida, Agustín Mantilla resulta un personaje de interés por la cercanía que logró entablar en el trabajo cotidiano de la labor policial. Más allá de los diversos cuestionamientos y acusaciones públicas existentes en su contra —como la de estar involucrado en la creación y dirección del llamado "Comando Rodrigo Franco" ¹²²- en estos breves párrafos intentaremos recoger también las voces que intentan resaltar el lado positivo que aquél mostró en su desempeño como Viceministro y luego Ministro del Interior.

Algunos policías recuerdan y valoran hasta hoy su gestión. Se resalta especialmente el interés cotidiano que parece haber mostrado con el personal. Para bien o para mal, en muchas ocasiones se mostró cercano y preocupado por las condiciones de trabajo del personal. Asimismo, participó directamente, más de una vez, en operativos en circunstancias difíciles, gesto nunca antes visto por los policías de parte de un político. ¹²³ Mantilla fue para muchos policías el civil que sí los apoyó, que escuchaba y visitaba personalmente y a diario en las diversas unidades policiales supervisando su trabajo. Siguiendo algunas costumbres peruanas, Mantilla se convirtió rápidamente en una especie de padrino, con toda la distorsión que ello implica para lo que debería ser el funcionamiento institucional-estatal:¹²⁴ «Al ministro Mantilla se le tomaba como el padrino de la policía. Entonces, había que estar bien con él porque él era el hombre que podía asignar recursos y todo lo demás. El que no está bien con el partido no está en línea de carrera, ¿no?» (general PNP, Entrevista CVR 10.10.02).

Pero fue también un mediador tanto en las rencillas entonces existentes entres los distintos institutos policiales, que no permitían la realización de un trabajo más articulado incluso una vez creada la Policía Nacional, así como entre los intereses policiales y las decisiones de los ministros que asumieron la dirección antes que él.

Como ya hemos visto, tuvo una relación directa con la DOES, cuerpo de elite que lo llenaba de orgullo. Él apostó por la necesidad de su creación y llamativo equipamiento. Favoreció muchas veces a sus miembros en desmedro de policías de otras unidades (general PNP, Entrevista CVR 10.10.02).¹²⁵ Por otro lado, para el caso de la DIRCOTE, Mantilla jugó un papel clave, pues permitió canalizar demandas y concretar una mejor articulación del trabajo cotidiano con otras unidades policiales. Su estrategia fue asegurar una comunicación directa brindando mayores márgenes de autonomía para el desarrollo del trabajo sin tanta presión y control a cambio de estar continuamente informado de los logros de la unidad y el estado de la subversión en el país. En su trato, Mantilla es horizontal y comparte las preocupaciones cotidianas propias del trabajo con el personal. Como ya se ha mencionado anteriormente, tuvo algunos gestos de importancia como llevar comida al personal de la unidad que trabaja hasta altas horas de la noche. Dadas las condiciones de precariedad en que se desenvuelve el trabajo, ¹²⁶ estos gestos son valorados y resultan siendo importantes. Por otro lado, Mantilla no solamente llega personalmente casi a diario a supervisar los avances del trabajo sino que también deja abierta la posibilidad de un contacto directo de los jefes con él:

Porque él llegaba directo a mi oficina [...] bajaba¹²⁷ a mi oficina, decía: «Palacios, ya llámame cualquier cosa». [...] Entonces ya no tenía tanta barrera, quizás si hubiera tenido tantas barreras no hubiésemos alcanzado algunos éxitos. ¿Por qué? «¿ Por qué no me has dado cuenta...? Ya pues acá los resultados, acá están los detenidos, acá está» Entonces me dio esa libertad, esa visión [...] (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02)

También podríamos agregar que le dio confianza. Es particularmente llamativa la expresión que utiliza el oficial para referirse a la actitud de Mantilla, quien «bajaba» directamente a hablar con ellos. Ante la verticalidad, desprecio y desconfianza normalmente existente para con los policías de parte de otros políticos, estos gestos terminan siendo valorados. Esta relación directa tiene como antecedente previo casi inmediato un maltrato y recelo frente a los policías, especialmente los PIP ¹²⁸, de parte de miembros del mismo gobierno. ¹²⁹

Mantilla será el vínculo entre el presidente Alan García Pérez y la DIRCOTE. Incluso lo llevará a visitar la unidad para que se informe directamente del trabajo que desarrollaban.¹³⁰ Llevará a oficiales de la DIRCOTE —como el comandante Palacios¹³¹ y su director, el general Reyes— a realizar exposiciones sobre el avance de la subversión a diversas dependencias estatales, a sesiones del Consejo de Ministros y reuniones con miembros de las FFAA y los servicios de inteligencia.

En especial, Mantilla medió entre la DIRCOTE y dependencias de la GC como parte de un intento de coordinar mejor el trabajo y prevenir riesgos innecesarios. Por ejemplo, llevó al personal de la DIRCOTE a realizar exposiciones sobre la subversión a las comisarías. ¹³² Asimismo, mediante la intervención directa de Mantilla, la DIRCOTE logró que la GC le otorgara una clave —la 014— para comunicarse con las radio patrullas y atendiera sus pedidos. Con ello pudieron contar con refuerzos inmediatos para el desarrollo de sus operativos. La GC tenía también preeminencia en la DOES, cuerpo militarizado para la realización de operativos contrasubversivos. «La Guardia Civil no dejaba que los PIP fueran expositores ni instructores allá»( ibid). Considerándolo necesario,¹³³ Mantilla llevó a un oficial de la DIRCOTE a los cursos de formación en 1988.¹³⁴

Como es lógico, la mediación directa del Viceministro a favor del trabajo de la DIRCOTE en diversas oportunidades no tardaría en mostrar resultados también en términos de recelos y envidia hacia algunos de sus miembros por parte de diversos oficiales, especialmente de la GC.¹³⁵ Sin embargo, es necesario apuntar que esta mediación no se tradujo necesariamente en una decisión política por apostar al apoyo para el equipamiento y fortalecimiento de la unidad. Como hemos mencionado, desde 1987, se priorizó a la DOES.

1.2.3.6. La autogestión, el equipamiento y el despliegue de la DIRCOTE

En medio de la precariedad material y la cada vez más agravada situación económica del personal debido al avance progresivo de la crisis económica, los policías de la DIRCOTE tuvieron que ingeniárselas para obtener recursos para la unidad e incentivos para su personal. Con la finalidad de contribuir con la precaria bolsa económica del personal, los miembros de la DIRCOTE aprovecharon las relaciones que por medio del trabajo entablaban, fundamentalmente, con empresarios (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). ¹³⁶ Al constatar la situación del personal policial de la unidad, diversos empresarios los apoyarían con donativos en especies o les venderían directamente productos de primera necesidad a precio de costo. En medio de la creciente crisis económica fue importante poder contar con estos pequeños incentivos para el personal.

Más allá de los aportes mencionados, importantes mas no suficientes, el gobierno aprista no otorgó recursos adicionales para una mejor implementación de la unidad. Por esos años se dio una coincidencia evidente en los diagnósticos realizados por misiones extranjeras acerca del trabajo implementado por la DIRCOTE. Indistintamente en tres casos —la misión española, la comisión de la Embajada de Israel y la comisión del gobierno italiano—, la conclusión final de aquéllas fue que lo que la DIRCOTE necesitaba entonces era una infraestructura adecuada, equipamiento y recursos económicos adicionales. Fundamentalmente, el objeto de visita de aquellas era evaluar si era necesario un apoyo en términos de especialización profesional (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02).

El primer apoyo de importancia que recibe la DIRCOTE, conseguido casualmente,¹³⁷ provino del gobierno italiano. Éste invirtió aproximadamente «un millón de dólares o soles, porque cuando comenzó la DINCOTE no éramos nada, nada, nada, quizás el basurero de la PIP» (ibid). Así, en 1987, se entregó a la DIRCOTE equipamiento básico: diez autos, chalecos antibalas, un equipo de desactivación de explosivos, un equipo de comunicaciones, una antena receptora, entre otras cosas. Este equipamiento fue decisivo para la DIRCOTE. «Nos permitió avanzar bastante [...] permitió una mejora en procedimientos y los resultados.»( ibid)

Desde ese año, la DIRCOTE empezará a ver resultados alentadores producto del trabajo acumulado en años previos. El personal de la DIRCOTE seguía trabajando largas jornadas, sin horarios fijos de entrada ni de salida (técnico de primera, Entrevista CVR 26.2.03). Además, desde 1986, los policías de la DIRCOTE disponían del trabajo realizado desde la oficina psicosocial. Ese año, encontraron necesario formar un equipo mixto que permitiese un trabajo más integral. Para ello, contaron con la colaboración de Armando Custodio Vega, policía que había estudiado la carrera de psicología. Superando la negativa inicial de algunos de los jefes PIP, que tenían una visión más tradicional e incluso militarizada del trabajo policial, ¹³⁸ lograron poco después formar un pequeño equipo con dos psicólogos de la Sanidad. Luego se sumarían al mismo dos sociólogos. Básicamente, la labor principal de este equipo fue la elaboración de «fichas biográficas y psicosociales» ¹³⁹ de los detenidos. Antes de ser interrogados por los policías, los detenidos llenaban (ellos mismos por si después era preciso realizar análisis grafotécnicos) con ayuda de los psicólogos unas fichas con información sobre sus relaciones y redes básicas (miembros de la familia, amigos del trabajo, de estudios, del barrio, etc.) y su ocupación, etc. Esto les permitió tener un conocimiento más completo de los antecedentes de los detenidos antes de interrogarlos y poder cruzar mejor información durante el mismo. Si los detenidos eran liberados, les permitían seguir el rastro de las relaciones de los mismos luego. Por ejemplo, después de un atentado, podían visitar la casa de los principales sospechosos, ver si estaban en la ciudad y si los miembros de su familia o amigos continuaban con sus labores normales o habían desaparecido repentinamente sin explicación por varios días. Esto hizo posible dar con los responsables de diversos atentados durante estos años.

Pero la dedicación y el esfuerzo continuo de los efectivos de la DIRCOTE se verían pronto recompensados también con logros de mayor importancia, como la captura a Alberto Gálvez Olaechea, alias camarada Rodrigo y periodista de Cambio y miembro del MRTA, el 17 de agosto de 1987. Gálvez fue el primer detenido de importancia del general Miyashiro, actualmente Director de la DIRCOTE. Con él, la DIRCOTE incauta también un baúl con documentación de interés. Para 1988, la DIRCOTE llegó a tener cerca de mil miembros. ¹⁴⁰ Con este margen de acción, era ya posible contar con una visión más amplia sobre el estado de la subversión en el país. Este año, la DIRCOTE ya contaba con ocho Deltas. Mientras que los Deltas 1, 2 y 3 se dedicaban a trabajar exclusivamente siguiendo las pistas del MRTA, el resto hacía lo propio con el PCP-SL. Cada Delta tenía asignado un mínimo de cincuenta miembros (y un máximo de sesenta), entre los cuales se encontraban también ya algunas mujeres.¹⁴¹ Estos estaban dirigidos por un comandante. En cada grupo, aproximadamente veinte miembros se dedicaban al trabajo operativo abierto (intervenciones, detenciones). Otros veinte se encargaban de realizar trabajos de inteligencia (seguimientos y vigilancia) y los restantes, aproximadamente unos diez, se dedicaban al análisis de documentación de interés (Entrevista coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02 y 20.3.03). La capacidad instalada proporcionaba una mayor acumulación de información y de documentación. Desde al año anterior, el personal ya casi no se daba abasto para el procesamiento de la cantidad de información que iban recogiendo diariamente procedente no sólo de Lima sino también del interior del país.

Un evento inesperado meses atrás (noviembre de 1987) le había permitido a la DIRCOTE empezar a rastrear una pista importante para aumentar su conocimiento sobre la organización del PCP-SL en Lima. Un juez en el Fuero Civil procedió al descerraje de la puerta de un pequeño departamento en Zárate, dado que el propietario había ganado el juicio de desahucio a la inquilina. Según el recibo de alquiler, ésta era Yovanka Pardavé Trujillo, dirigente del PCP-SL. El propietario sabía que ella vivía con su pareja, Tito Valle Travesaño. Hacía dos días que los inquilinos no habían ido a dormir a la habitación. En el lugar encontraron diez cajas de cartón con documentos a máquina y manuscritos que incluían planes del PCP-SL y croquis de atentados cometidos contra autoridades y policías (Jiménez op cit; Entrevista coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). Esta información fue remitida a la DIRCOTE. Allí, «un selecto grupo de oficiales al mando del comandante Palacios reconstruyó con cuidado y paciencia el rompecabezas que era Socorro Popular, una organización que se había mantenido en la clandestinidad y de cuya estructura y formas de operar aún se conocía poco. Esta paciente labor duró como tres meses y demandó el esfuerzo de unos diez analistas. El resultado fue muy provechoso» (Jiménez op. cit.: 556). Esta información permitiría a la DIRCOTE conocer por primera vez la estructura y el carácter real de Socorro Popular, sus componentes, los elementos que fungían de apoyos y contactos, las acciones que habían realizado, los destacamentos y las milicias durante los años 1985-1987, así como las vinculaciones internacionales que había creado esta organización.¹⁴² Esta fue una de las principales fuentes de información que, más adelante, permitió la desarticulación de Socorro Popular, una de las claves centrales para llegar posteriormente a la Dirección Central del PCP-SL.

Atiborrados de información y encontrando necesario reforzar la preparación de sus miembros, la DIRCOTE pidió apoyo a los norteamericanos para formar analistas. Por entonces, la DIRCOTE ya tenía contacto constante con representantes del gobierno de EEUU. Mantenían relaciones tanto con la Embajada, como con personal del FBI y eventualmente con la CIA, básicamente coordinando medidas de seguridad mínimas para sus dependencias y las delegaciones que visitaban el país. Esta relación con el FBI tuvo como precedente la exitosa coordinación con la DIRCOTE que permitió salvar la vida de los embajadores a propósito del atentado del MRTA a la residencia del embajador en abril 1986 (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02). ¹⁴³

Se organizó entonces un curso en Lima con instructores norteamericanos. El mismo estuvo dirigido a un grupo de efectivos jóvenes -entre los que se encontraron unas diez a doce personas, entre varios alférez, tenientes y capitanes-y buscaba asegurar que supiesen manejar documentos. Teniendo en cuenta la escasa afición y hábitos de lectura en nuestro país, se entenderá que ello resultaba absolutamente necesario. Se necesitaba que los efectivos pudiesen hacer un análisis de contenido de los textos, «saber extractarlo, saberlo dividir en partes, descomponer [...] la parte técnica [...]» (ibid). Con estas precisiones, se intenta dejar claro que no pretendieron que los norteamericanos les enseñasen a interpretar al PCP-SL. Una vez capacitados, en 1988, se formará un grupo especial para el análisis de documentación. Como la DIRCOTE había detectado ya varios casos de infiltración por parte del PCP-SL, decidieron formar un grupo que trabajaría con información de especial interés, pero bajo la cubierta de un equipo de asesoría legal (entrevista coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02 y 20.3.03). De esto, estarían al tanto solamente algunos oficiales de la unidad. Este grupo, al mando de los mayores Elías Cuenca y Clodomiro Díaz Marín, trabajaría también el procesamiento de información secreta, incluyendo la 'escucha' que ya se obtenía por esa fecha por medio de la interceptación telefónica.¹⁴⁴ Este grupo sería el comienzo del conocido Grupo Especial de Inteligencia (GEIN),¹⁴⁵ que, un par de años después, utilizaría buena parte de la información trabajada desde esta fecha para reconstruir las intrincadas relaciones de los miembros de los aparatos políticos centrales del PCP-SL y poder unir cabos sueltos para sus capturas.

Adicionalmente, por estos años, el personal de la DIRCOTE recibiría cursos cortos de formación con otras delegaciones extranjeras. Por ejemplo, recibieron instrucción en técnicas de interrogatorio, en seguimiento y para la apertura de puertas, de parte del personal de la Mozad. Éste fue un contacto realizado con la Embajada de Israel en reconocimiento por haber capturado en Lima a un grupo perteneciente a la organización terrorista Abu Nidal, de origen palestino (julio de 1988). Este logro, muy publicitado, les permitió también mejorar sus relaciones con sus contactos norteamericanos. Después de esto, «ya la relación con ellos era más estrecha. Prácticamente teníamos todo el apoyo logístico [...] para el micrófono, para el carro, para el vehículo, para la gasolina y a veces hasta para los pasajes porque necesitábamos desplazarnos» (Entrevista coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02). Con ayuda de informantes vinculados al PCP-SL — simpatizantes del partido que brindaban apoyo fundamentalmente para sus reuniones— el grupo especial de la DIRCOTE instaló micrófonos en mesas que fueron ubicadas en las casas aquellos. Previo aviso de sus informantes sobre cuándo se reunía el PCP-SL en sus hogares. Esta estrategia les permitió grabar conversaciones de interés, que servirían como base para diversos operativos y capturas. ¹⁴⁶

Durante estos años la DIRCOTE detuvo a altos dirigentes de los grupos subversivos, especialmente del MRTA. Meses después de la captura de Gálvez, en febrero de 1988, los miembros del MRTA Hugo Avellaneda y Peter Cárdenas Schulte son detenidos en el aeropuerto cuando pretendían salir del país con pasaportes ecuatorianos.

Tal vez más importante aún, el 13 de junio de 1988, la DIRCOTE captura a Osmán Morote Barrionuevo, número dos del PCP-SL. Cabe precisar, sin embargo, que los efectivos de la DIRCOTE no supieron de quién se trataba hasta que confirmaron su identidad (portaba documentos falsos) durante su detención. Dieron con él gracias a información que recibieron sobre el paradero de un dirigente importante de esta agrupación, pero sin saber de quién se trataba. Si lo hubiesen identificado a tiempo, antes de proceder a su detención, hubieran podido seguirle el rastro y llegar a capturar a todos los miembros de la alta dirigencia, que se reunirían poco después para el Primer Congreso. ¹⁴⁷

Por otro lado, el 3 de febrero de 1989 sería capturado casualmente Víctor Polay Campos, (a) Rolando, en el Hotel de Turistas de Huancayo. La Dirección Nacional del MRTA reconoció, a través de un pronunciamiento, que la captura de Polay Campos significó «un revés momentáneo» y que fue producto del azar. Unos meses después, el 16 de abril de 1989, es capturado Miguel Rincón Rincón, líder del MRTA.¹⁴⁸

Otro logro importante de la DIRCOTE en esos años fue la captura de los responsables del asesinato del agregado naval de la Embajada del Perú en Bolivia, Juan Vega Llona. Éste fue asesinado en La Paz el 6 de diciembre de 1988 por un comando del PCP-SL que actuaba con el nombre de Movimiento Obrero Revolucionario (MOR). Vega Llona había estado en la zona de emergencia de Ayacucho en 1984 e intervino en el debelación del motín de los penales en junio de 1986. En la matanza de El Frontón, entre otros, murió el mando de un destacamento militar del PCP-SL en Lima, Gastón, apellidado Tineo. Poco después del asesinato, la DIRCOTE detendrá en Juliaca entre otros a su hermana menor, Tania Tineo. Se comprobó que ella fue la responsable del asesinato perpetrado en venganza por la muerte de su hermano. Al detenerla encontraron en su poder los planes y los croquis de seguimientos que realizaban a Vega Llona (teniente general PNP (r) Reyes op. cit.; Entrevista coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 20.30.3). Un par de años antes, la DIRCOTE había resuelto también, y en pocas horas, el caso del asesinato del almirante Gerónimo Cafferata, ex comandante general de la Marina de Guerra. ¹⁴⁹

1.2.3.7. Los aportes de la doctrina de guerra política: los problemas subsistentes

En 1988, Javier Palacios tuvo la oportunidad de viajar a Taiwán y asistir al curso de guerra política dictado en la Escuela Fu Hsing Kang de Taipei. El curso de guerra política era el principal. Básicamente, éste busca precisar que la guerra contra la subversión comunista, específicamente maoísta, no es solamente una guerra de carácter militar. En dicho curso se enfocan y trabajan tipos diferentes de guerra a desarrollar en estos casos, como parte de la respuesta contrasubversiva: guerra de estratagemas, guerra de inteligencia, guerra de organización, guerra ideológica, guerra de masas y guerra psicológica¹⁵⁰. Por ello, una conclusión a la que fácilmente llegaban los alumnos¹⁵¹ es que la respuesta contrasubversiva debía ser integral, responder en todos estos campos.

Tal vez uno de los elementos más interesantes es el énfasis que se le confiere a la importancia que tiene la ideología y, por tanto, el carácter esencialmente político de todo movimiento subversivo. Efectivamente, «[...] con lo que conocía este tema dije pues, efectivamente, Sendero [Luminoso] tiene ideología, tiene guerra de organización, guerra de estratagemas, guerra psicológica, guerra de inteligencia. Tiene todo. Entonces tenemos que trabajar igualito» (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02).

A partir de estas constataciones sería más fácil apuntar las limitaciones que por esos años enfrentaba la actuación policial en la lucha contrasubversiva, incluyendo a la DIRCOTE. Varias de ellas serían señaladas por Palacios ponencia presentada en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) a fines de 1988. El diario La República transcribiría y publicaría extractos de interés de la misma a inicios de 1989 bajo el título «No hay estrategia contrasubversiva, según jefe de la DIRCOTE. «Nos dejan solos frente a Sendero» (La República 19.03.89: 13-15). ¹⁵² No era la primera vez que un oficial de la DIRCOTE se dirigía a un auditorio militar. En su exposición, Palacios se permitió brindar una visión crítica sobre cómo se manejaba por entonces la lucha contrasubversiva desde el Estado, sin escatimar en expresiones duras tanto hacia las FFAA, el gobierno y los partidos políticos en general, como hacia la propia policía. La República advertía, recogiendo las demandas de Palacios, que «si no se despliega una ofensiva sin precedentes en los campos político, militar y cultural antes de 1990, luego podría ser muy demasiado tarde.»( ibid: 13). Utilizando fragmentos de la misma pasaremos revista a algunas de las dificultades que por entonces aún planteaba la respuesta contrasubversiva.

1.2.3. 7.1. La inexistencia de una estrategia estatal para abordar la lucha contrasubversiva

Recogiendo lo aprendido por la DIRCOTE, Palacios inició su exposición enfatizando la necesidad del «conocer bien al enemigo» para poder «tomar la iniciativa que nunca la hemos tenido». Tras explicar brevemente la organización territorial del PCP-SL, afirmó que frente a ella «no se ha armado ningún organismo que pueda enfrentar esto. No hay ningún aparato; todos trabajamos por nuestra cuenta. Cada uno hace su guerra, cada uno hace su lucha [...] con su óptica, ¡como mejor le parece! Porque no existe un patrón; no hay un lineamiento; no tenemos metas ni objetivos a alcanzar con el trabajo que desarrollamos [...].» (La República 19.03.89: 13-14).

Estas expresiones tratan de llamar la atención hacia los problemas existentes entre los distintos órganos del Estado —policiales, militares y de inteligencia en general— para coordinar acciones, articular y sumar esfuerzos, junto a la falta de iniciativa del gobierno para dar frente a dicha situación. Además de no existir lineamientos básicos para una estrategia contrasubversiva global de parte del gobierno, tampoco existió en la práctica un organismo permanente que se encargara de planear, coordinar y supervisar las acciones de los institutos y unidades, policiales y militares que trabajaron en la lucha contrasubversiva. Si a ello añadimos los problemas que entonces también aquejaban al sistema de administración de justicia, el escenario se torna aún más complejo.¹⁵³ A pesar de que esta propuesta fue realizada por más de un policía con anterioridad¹⁵⁴ al propio presidente Alan García Pérez, esto nunca fue implementado en la práctica. Las instancias existentes en el momento, como el Consejo de Defensa Nacional o la Consejo Superior de Inteligencia, no daban los resultados planteados por las normas, debido a la existencia de rivalidades y celos entre las distintas unidades y personas participantes. Por lo demás, la iniciativa del Comité Interministerial no tuvo ningún correlato práctico concreto¹⁵⁵

1.2.3.7.2. La dificultad para coordinar con las FFAA

Casi todos los policías entrevistados a lo largo de nuestro trabajo coinciden en que les fue muy difícil coordinar acciones con las FFAA, sobre todo en plan de igualdad. En las zonas de emergencia, éstas tenían la decisión final sobre lo que se hacía o dejaba de hacer. La policía debía solicitar al Comando Político Militar, la máxima autoridad, un permiso para la realización de operativos ¹⁵⁶ y cumplir las órdenes que éste impartiese. Más de una vez los militares se negaron o demoraron en dar la orden para que los miembros de alguna base militar socorrieran a puestos policías emboscados por subversivos. ¹⁵⁷ Esta dificultad fue resaltada por Palacios:

[...] yo reclamaba ahí [Conferencia en el CAEM publicada por la República] que debería haber un ente rector de toda la lucha contrasubversiva, debería existir un ente rector, [...] y por eso dije nos estamos quedando solos, porque cuando hay un problema los militares no entran hasta que primero entre la carne caliente, que es la policía, y después de [que] ya han matado uno o dos, entonces entran (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02).

A las dificultades que la estructura estatal mostraba para que sus unidades coordinaran y sumaran esfuerzos, se sumaba el ya descrito e importante desprecio que los miembros de las FFAA evidenciaban hacia los policías. El desprecio hacia las que llamaban «fuerzas auxiliares» no les permitía escuchar propuestas, sugerencias o críticas de su parte. Dentro de una concepción rígidamente jerárquica, en la que los policías aparecían no como sus subordinados, sino como inferiores, antes que ponerse al mismo nivel que las FFPP y aceptar la coordinación para el diseño de una estrategia conjunta, los militares optarían en esos años por escoger una vía propia y paralela para enfrentar el fenómeno subversivo. ¹⁵⁸

1.2.3.7.3. Más allá de la militarización. La necesidad de una estrategia contrasubversiva integral

Continuando con la exposición, Palacios fue uno de los policías que estuvo convencido de la necesidad de complementar las acciones, básicamente represivas, que hasta entonces eran dirigidas por la mayoría de unidades militares y policiales. Por ello, sostuvo también en su exposición que «la acción militar no lo es todo. Existen otros aspectos en la lucha contrasubversiva: trabajo ideológico, de organización, de inteligencia, de masas y de guerra sicológica. Estos cinco campos tienen que ver simultáneamente con la acción militar.» (La República 19.03.89: 15). Trata de llamar así la atención hacia la necesidad de desarrollar una estrategia integral de lucha contrasubversiva. En efecto, como otros PIP, Palacios se definirá claramente en contra de la militarización del conflicto y, especialmente, en contra de la militarización de las FFPP, que por estos años empezaría a acentuarse. Frente a la creación, equipamiento y puesta en funcionamiento de la DOES — unidad elite de la policía en cuanto a todo lo que era «acciones militares policiales por decirlo de alguna manera»— ¹⁵⁹ se defenderá el campo profesional, el civil, el de la policía. Por ello, uno de los puntos que Palacios enfatizó en su exposición fue la ineficiencia de los distintos organismos de inteligencia para producir inteligencia táctica, que permitiese resultados concretos para la desarticulación de las organizaciones subversivas, especialmente del PCP-SL:

Sendero Luminoso tiene organismos de fachada [...] ¿Quién trabaja para hacer la lucha contra esta organización? ¡Nadie! ¿Qué destacamento está trabajando? ¿Acaso los servicios de inteligencia? Cero, cero, cero, cero, todos sin excepción, tanto las Fuerzas Armadas como fuerzas policiales. Ellos tienen un sistema de clandestinaje y compartimentaje que yo considero muy bueno. [...] Frente a ellos qué tenemos nosotros: Una fuerza que cada vez se está convirtiendo más en una fuerza militar con aviones, helicópteros, tanquetas, visores nocturnos y miras telescópicas. Yo no me explico para qué. No me explico por qué nos estamos militarizando así los policías, si nosotros somos agentes de trabajo social y no militares [...] Nosotros tenemos otro tipo de trabajo, otra razón de ser. (La República 19.03.89: 14)

Palacios enfatizaba que lo necesario era que la policía comenzara a prevenir la comisión de atentados, y capturar a los autores. Para eso, requerían una mejor producción de inteligencia. Las limitaciones de ésta eran «nuestro talón de Aquiles. [...] en Lima tenemos una segunda organización paralela al Comité Regional Metropolitano que es el Socorro Popular. ¿Quién trabaja contra el Socorro Popular? ¿Los aparatos de inteligencia trabajan sobre ellos? ¡Nadie! Nunca hemos recibido un trabajo de un servicio de inteligencia que me diga: Anda a tal sitio y captura a fulano de tal. Los trabajos se hacen con los ojos vendados.» (ibid: 14). En efecto, como ya se ha comentado para el caso de la DIGIMIN, el tipo de informes de inteligencia que producían los servicios de inteligencia¹⁶⁰ priorizaban proyecciones de tipo político que no servían mucho para el trabajo operativo cotidiano de la DIRCOTE. La DIRCOTE tenía ya ubicado a Socorro Popular y sabía de su importancia. Esta sería la pista que seguiría el trabajo inicial del grupo especial de análisis (Asesoría Legal) y luego el famoso GEIN, hacia 1990, y que los conduciría finalmente a la captura de Guzmán. inteligencia.

Con respecto con las FFPP, otro problema que tenían es que las «respuestas que damos son torpes, le hacemos el juego a la subversión. Muchas veces se detiene a gente inocente, gente que venía de un matrimonio, que salía de un bautizo, que nada tenía que ver con el terrorismo. Y nosotros por cumplir con la función decimos ¡ya! Capturamos veinte y los acusados: estos son. ¡Veinte sospechosos por salir de una fiesta familiar!» (ibid: 15) Con esto Palacios se refiere, fundamentalmente, a las batidas que realizaba personal de la Guardia Civil (comisarías, patrulleros) luego de los atentados y que saturaban con detenidos las instalaciones de la DIRCOTE. Esto los obligaba a perder tiempo. Luego tenían que ocuparse de la revisión domiciliaria. En casi el 100% de los casos no encontraban nada que vinculara a los detenidos y los dejaban en libertad.

Palacios era muy consciente de que este tipo de atropellos y otros abusos cometidos por policías los alejaban aún más de la población. Por eso, añade una crítica contundente sobre la imagen pública entonces percibida del policía militarizado y alejado de la ciudadanía:

Les voy a decir lo que yo pienso señores: el policía debe ser un hombre de proyección social, un hombre que viva y trabaje en la comunidad; se identifique con ella y ella también con el policía. Ese día estaremos dando el primer paso para ganar masas. Porque nosotros somos el espejo que tiene el Estado con el poblador, con el ciudadano. [...] Es un error pensar que mientras más armas tengamos tenemos más posibilidades de triunfar. Si yo como civil me acerco a un policía repleto de armas me siento temeroso. Es más llega un civil a una dependencia policial y lo tratan mal. Yo considero que es un problema de formación cuando el policía sale de su escuela desligado de la sociedad. Vemos policías que quieren que los civiles les rindan pleitesía. Y es que nos han separado, nos han desligado completamente de la sociedad. (ibid: 15)

Para tratar de estrechar la brecha trazada entre la población y las fuerzas del orden, el oficial propone la necesidad de que tanto la policía como las FFAA traten de integrar a poblaciones lejanas dentro de una estrategia de guerra política. Entre otras cosas, que empezaran a trabajar en una campaña psicosocial que intentara volver a acercar a la población al Estado. Basado en el supuesto de la necesidad de combatir también ideológicamente al PCP-SL, grupo político antes que todo. Por ello, terminaba su conferencia señalando que hay «un sinnúmero de cosas por hacer señores. Tenemos que manejar la imaginación creativa. Ya para terminar les digo que yo creo que si nosotros empezamos a sancionar y nos comprometemos con la comunidad, pues SL[ Sendero Luminoso] va a encontrar serios obstáculos.» (ibid: 15).

1.2.3.7. 4. Las tensiones entre policías y políticos

No obstante, las críticas de Palacios en su conferencia no se circunscribieron al desempeño de las gobierno,¹⁶¹ éste se permitió también lanzar una serie de críticas directas, y hasta quejas, sobre su proceder. Más aún, éstas alcanzaron a la clase política en general:

Algo que quiero señalar [es] la falta de trabajo de los partidos políticos. Miren lo que dice Sendero [Luminoso]: que son electoreros; es cierto, son electoreros nada más. Cada vez que hay elecciones aparecen en la palestra y comienzan a ganar votos. ¿Y después? El resto de la cancha y el tiempo se lo dejan a Sendero [Luminoso]. ¡Porque Sendero [Luminoso] trabaja allí permanentemente [...] Lo que quizás han hecho es entorpecer la labor del gobierno. (La República 19.03.89: 14)

Por otro lado, también enfatiza la necesidad de emprender un «trabajo de masas», pues:

Al final, acá el que capte más masas será el que gane la guerra. Hay un trabajo abierto, repito, de masas, ligado a lo político y cuya responsabilidad no es de la policía ni de los militares, sino del estamento político o del gobierno de turno que en este caso hace tiempo dejó de politizar. Esto también se lo he dicho al presidente García [Pérez] en la exposición que hicimos para los asesores israelíes que trajeron. Les hemos dicho que no los necesitamos. [...] ¿El APRA? Ya se olvidaron de eso; solamente en su primer año de gobierno y antes de las elecciones hubo trabajo ideológico, ahora ese espacio se va quedando vacío. ¿Hacen sus operaciones psicológicas? Por supuesto que no. [...] De las embajadas de diversos países van a nuestra oficina, algunos son empresarios que quieren saber cuál es la situación. [...] Pero no les puedo pintar un cuadro negro, les digo lo que estamos haciendo y para que no se vayan tengo que hacer un poco de demagogia con ellos. Pero ese no es mi trabajo, es trabajo del gobierno. Se lo he dicho a los ministros, a los viceministros, pero parece que lo que uno dice entra por un oído y sale por el otro. Los políticos siempre creen tener razón y lamentablemente nos menosprecian. (ibid: 15)

La relación con los políticos durante el proceso de guerra interna será un tema sumamente sensible para las fuerzas del orden en general. Una distancia, que a veces pareció insalvable, separaba a políticos de los policías y militares. Desconfianza mutua, frecuentemente desprecio, e incapacidad para una comunicación adecuada y la organización de un trabajo conjunto.

Desde la percepción e imágenes que sobre los políticos tienen los policías se hace referencia a la falta de claridad y voluntad política para la toma de decisiones y dirección del rumbo de la lucha contrasubversiva, así como el no acompañamiento de la misma con medidas adecuadas en otros campos (como el político, social o económico); y, en general, a su falta de preocupación por los intereses de largo plazo del país y la limitación de su actuación a intereses partidarios o personales con medidas que en el corto plazo les dio réditos políticos. Por ello, opinan, los políticos no toman decisiones estratégicas, sino inmediatistas (general (r) Luque op. cit.).

Al tiempo, se destaca también que los políticos entorpecieron la labor policial contrasubversiva. Frecuentemente ejercieron presión sobre las unidades pidiendo resultados, interesados en los logros públicos que pudiesen mostrar (ibid). Otras veces intervinieron para que se prioricen y resuelvan rápido casos de interés especial para ellos. Más de una vez provocaron que ciertos operativos fueran abortados al adelantar información a la prensa. Por ello, muchas veces fue necesario retacearles la información (ibid). Empeñados en ello, finalmente, «todos los éxitos que la policía ha tenido en la lucha contrasubversiva, siempre se los ha irrogado el gobierno de turno»( coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). ¹⁶² Para la policía, el control político de sus acciones desde los gobiernos aparece seguido de intereses particulares. Presionadas ante la existencia de una serie de mecanismos (de premio o sanción) —como la ratificación de los ascensos de oficiales generales, la ampliación de vacantes para ascensos, los ceses o pases al retiro—, se sienten subordinados e incluso sometidos al poder político (general PNP Miyashiro op. cit.). Refieren que, una vez en el poder, los políticos suelen tomar represalias contra aquellos que no les simpatizan o con quienes han tenido problemas ^{antes. 163} Los policías sostienen que los gobiernos, de muchas maneras, han instrumentalizado a la policía con fines políticos (general (r) Luque en Seminario interno PNP 7.6.02):

[...] entonces políticamente la policía es utilizada también [...] el Estado [gobierno], éste la utiliza, la arma, la desarma, la articula, la desarticula a sus intereses, lamentablemente esa es la situación de la policía ¿por qué?, Porque cuando la policía comienza a trabajar y hay intereses de por medio que pueda afectar la imagen política... ¡tak! un coronel, un buen coronel, un excelente coronel le dan de baja porque hizo la investigación [...] como ahora están en el poder ¡zas! ¡de baja! Son unos miserables. Yo odio al político, ¿por qué? Porque nos tratan como si fuéramos carne de quinta categoría, carne de cañón y me duele [...] Entonces pues, por eso es que a veces algunos de los oficiales somos así, todo el mundo se cuida sus frijoles ¿no? Total todo el mundo quiere hacer corralito para que le den gasolina y carro ¿no? Entonces mejor no, mejor no me traigo problemas y mejor no lo hago, cuando hay resultado positivo, cuando hay un evento de importancia entonces salen ellos. Cuando es falla y es mancada, sales tú porque no se podía dar la imagen de político (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 4.11.02).

En efecto, la instrumentalización no sería posible si los policías no lo permitieran. Es muy bien sabido dentro de la muy bien cimentada cultura institucional de la policía que, para no tener problemas o en algunos casos para favorecer la carrera vía nombramientos, hay que «estar bien» con el poder político de turno. Sin mecanismos de control y sanción efectivos (para los policías y casos de abuso por parte del poder ejecutivo), esto produce y reproduce una cultura institucional tendiente al clientelismo y a la corrupción. Por eso, la «costumbre es que todo el mundo le lamiera las medias al que tiene el poder, nadie se atreve a discrepar ni un milímetro del que tiene el mando; esa es la razón, una de las razones. Entonces ya se pueden imaginar que si el presidente tiene una visión tan equívoca del problema, bueno todo se viene hacia abajo pues, se derriba.» (teniente general (r), Entrevista CVR 12.12.02)

Teniendo muchas veces más que perder —ver frustrada su carrera por una sanción, un cambio intempestivo a alguna «congeladora» o un pase al retiro— antes que ganar, son pocos los policías que normalmente se atreven a mantener una actitud enteramente profesional, recta, con una opinión propia que no permita dejarse llevar en sus decisiones o acciones por intereses ajenos o políticos. Muchas veces sucederá que los policías más honestos y calificados no conseguirán ascender lo suficiente en esta escala de relaciones y prebendas, truncando antes de tiempo su carrera. Dedicados por entero a su trabajo cotidiano, no lograrán establecer las relaciones necesarias -dentro y fuera de la institución-para consolidar una correlación de fuerzas a su favor a la hora de los ascensos y nombramientos. Con todas estas distorsiones de base, los puestos de mayor responsabilidad en la organización policial durante el proceso de guerra interna no siempre fueron ocupados por los profesionales más indicados:

[...] los políticos los colocan en los puestos que ellos quieren y los acomodan pues porque les arrima espacio ¿no? Las costumbres vienen desde arriba ¡si! Los ascensos, todos los generales, generalmente, los generales no son los recomendados, no son por capacidad profesional, son por que son recomendado por el presidente, porque es familia del otro. Entonces, llega un general de una unidad que en su vida la ha conocido ni la ha visto. Esos son los desastres que tenemos. (Coronel PIP (r ) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02)

Una parte de esto podría verse en el caso de la DIRCOTE que, desde sus primeros días como división y hasta 1993 (ya como DINCOTE), vio cambiar los oficiales al mando sucesivamente, casi año a año, con excepción de la gestión de Reyes (la más larga). Es así como fácilmente los generales terminan siendo «aves de paso»:¹⁶⁴ para un trabajo tan complejo y especializado como la lucha contrasubversiva contra el PCP-SL (organización compleja, con un lenguaje especial), en lo que los generales demoran en ir familiarizándose con el trabajo, son nuevamente cambiados a otras unidades. En general, los cambios anuales de oficiales no permiten asegurar un trabajo policial especializado y eficiente, un servicio continuo. La DIRCOTE, sin embargo, tuvo la suerte de contar con la continuidad del trabajo de diversos oficiales reconocidos que llevaban trabajando varios años en ella, como Palacios, Tisher, Sarmiento, Lagunas, Díaz Marín, Elías, Murazzo, Valencia, Jiménez y Miyashiro, entre otros. Y también de varios suboficiales muy capaces, entre ellos Lázaro Molina, uno de los maestros de esta unidad.

Los cambios en los casos de los oficiales generales, muchas veces relacionados con las decisiones de la Dirección General en coordinación con el Ministerio, no posibilitan tampoco una real y adecuada dirección del trabajo. Los efectivos de la DIRCOTE, a través de los años, lograrían con suerte que varios de estos oficiales al mando, los «dejaran trabajar» tranquilos y no entorpecieran el trabajo; o que algunos, realmente se preocuparan en trabajar de la mano y aprender de ellos.

En general, los conocidos fenómenos de la vara y la argolla, tan extendidos en nuestro país, no fueron ajenos a las decisiones policiales y de los gobiernos de turno. Definitivamente, éste fue otro de los factores que incidieron en el desempeño policial en la lucha contrasubversiva, pues no necesariamente se tuvo al mando de unidades clave al personal indicado.

1.2.3.8. Las fuerzas policiales y la administración de justicia

La relación con organismos y representantes del sistema de administración de justicia durante el proceso de guerra interna será un tema sumamente sensible para las FFPP. Y será una denuncia recurrente en policías que el Poder Judicial dejaba en libertad a numerosos miembros del PCP-SL y del MRTA alegando falta de pruebas, cuando en realidad lo que existía era temor a represalias e incluso corrupción.

Efectivamente, la ineficiencia o inoperancia del sistema judicial en la represión del fenómeno subversivo durante los años ochenta fue un problema mayor. Sin embargo, se dejó pasar y agravar la situación durante varios años. Entre los indicadores más alarmantes y que más ofuscaban a las fuerzas del orden se encontraba la constatación de una desproporción grande entre el número de detenidos y el número de procesados; entre éstos y el número de condenados, sin contar con el grave problema del número alto de condenados que eran liberados por beneficios penitenciarios.¹⁶⁵ El «coladero» sería una de las expresiones acuñadas para dar cuenta, gráficamente, de las continuas liberaciones por el Poder Judicial de subversivos que habían logrado ser capturados por las FFPP (De la Jara 2001: 40).

Efectivamente, como se comprobaría años después, muchos dirigentes de importancia, tanto del PCP-SL como del MRTA, fueron capturados por las FFPP y posteriormente liberados por el Poder Judicial. Baste señalar, entre otros, los casos de Laura Zambrano, Margie Clavo Peralta, Hugo Deodato Juárez Cruzatt, Edmundo Cox y Víctor Zavala Cataño —todos estos pertenecientes al PCP-SL—; y Peter Cárdenas Schulte del MRTA. La gravedad de la situación ameritó incluso que, hacia fines de 1988, la Embajada de los Estados Unidos dedicara un informe amplio a analizar los obstáculos para la condena de terroristas en el Perú. En éste advertía con preocupación que:

Peru has a notoriously low rate of conviction of persons charged with terrorism —only 20 of those detained on suspicion of terrorism are eventually convicted and sentenced. The low conviction rate is in our view a significant source of serious human rigths abuses, as the police and military are prone in these circumstances to take justice into their hands (Embajada de los EEUU, 191820Z SEP 88, «Obstacles to terrorist convictions in Peru»).

Ésta era una situación riesgosa: la baja de moral y frustración sentida por policías y militares debido al mal funcionamiento del canal legal para la administración de justicia los alentaba, peligrosamente, a seguir apostando por otro tipo de soluciones ilegales, como asesinatos y desapariciones. Estos años coinciden además con los de la propagación de grupos paramilitares locales o regionales que buscaban hacer justicia propia.

Pero ¿cómo explicar la prolongación innecesaria de esta situación? Tratando de ir más allá de las explicaciones unilaterales del fenómeno del «coladero», De la Jara expone los siguientes factores: 1) la falta de conocimiento y de comprensión del fenómeno que se estaba enfrentando y juzgando (terrorismo con objetivos políticos); 2) el estado en el que llegaban los casos al Poder Judicial; 3) la falta de coordinación; 4) la ineficiencia estructural de la administración de justicia en el Perú; 5) la falta de motivación sobre el importante papel que policías, jueces y fiscales debían cumplir en la persecución, juzgamiento y sanción del terrorismo. Y, por último, pero con un peso menor, 6) la existencia de grupos de abogados y familiares vinculados a Sendero Luminoso. «Todo esto, más un poco de miedo y otro de corrupción» (De la Jara op. cit.: 47) era la situación existente.

Es cierto que al momento de la primera captura de varios de los subversivos después liberados, el conocimiento de la estructura de las organizaciones subversiva y la posición exacta o rol que en ella jugaban los detenidos, especialmente en el caso del PCP-SL, no era lo suficientemente profundo. Esto se iría revirtiendo con el paso de los años gracias al proceso de aprendizaje iniciado por detectives de la DIRCOTE. Sin embargo, estos conocimientos no se trasladaron adecuadamente a otras instancias del sistema de administración de justicia por la ausencia de canales institucionalizados para ello y experiencias previas. Pero, sobre todo, por los problemas de coordinación existentes; en realidad, por la existencia de relaciones sumamente tensas, conflictivas y de mutuo desprecio, sobre todo con los fiscales. Como bien precisa De la Jara,

Durante años fue evidente la falta de coordinación entre la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, cuando era obvio que había que coordinar [...] había que coordinar en el "buen sentido", es decir, para compartir información y análisis, para intentar construir criterios comunes y hasta para elaborar de manera conjunta una especie de plantilla de posibles pruebas de acuerdo a la naturaleza del delito. Sin embargo, había que hacerlo respetando siempre las funciones que de manera autónoma debía cumplir obligatoriamente cada institución según las atribuciones y limitaciones impuestas por la ley (ibid: 52).

El principal problema relacionado con la labor policial para la administración de justicia: la actuación de pruebas en la etapa de investigación prejudicial.¹⁶⁶ Una situación, ya tensa, se empezó a agravar con la aprobación de la ley 24700 en 1987 que señaló al Ministerio Público como responsable de dirigir investigaciones prejudiciales sólo para casos de terrorismo. Hasta la derogación de dicha ley en 1989, la relación entre las FFPP y los fiscales se deterioraría aún más, llegando incluso estos últimos a acusar a los policías de intentar sabotear sus investigaciones (Embajada de EEUU op. cit.). Añadamos a ello las relaciones tensas entre institutos policiales, con las FFAA, los problemas en las cárceles y la ausencia de respuestas adecuadas de la clase política hacia el problema, para contar con una idea más cabal de las circunstancias. Mientras tanto, la sensación de ingobernabilidad y el terror se iba extendiendo en nuestro país.

1.2.3.9. El ataque al puesto policial de Uchiza¹⁶⁷

El hecho que cierra este período es el ataque al puesto policial de Uchiza. Éste marcó un hito en la historia del proceso de violencia al inaugurar un nuevo frente de acción para las FFAA. Los ubicó en un escenario complejo marcado por el fenómeno del narcotráfico, donde morirán varios cientos, sino miles de peruanos los siguientes años.

El 27 de marzo de 1989, Uchiza —una pequeña ciudad en el centro de una zona cocalera en San Martín— fue el escenario de uno de los mayores ataques del PCP-SL en el área. El puesto policial de la ciudad contaba con un contingente de 57 hombres: 35 hombres de la DOES, 15 policías de seguridad (ex GR) y siete policías básicos (GC) locales. El día del ataque, mientras un grupo custodiaba al perímetro del local, otros 18 se encontraban de retén, una suerte de vela de armas a la espera de cualquier emergencia para actuar rápidamente. Los otros 18 se encontraban de franco (estaban jugando un partido de fulbito muy cerca al puesto).

El ataque se inició a las cinco de la tarde con la detonación de un artefacto explosivo en una calle aledaña al puesto y el ataque de francotiradores. Luego de la sorpresa inicial, los policías trataron de reaccionar ante los subversivos. Estos sobrepasaban el centenar y, gracias a sus vínculos con el narcotráfico, estaban muy bien equipados, pues contaban con armas de guerra y reflectores portátiles de luz de día que les permitieron luchar sin problemas a medida que fue oscureciendo (Caretas 1051 3.04.89). El mayor del puesto solicitó ayuda a otras bases como la de Santa Lucía, a una hora de camino o cinco minutos de vuelo.¹⁶⁸ Los policías de Santa Lucía respondieron que no podían salir a auxiliarlos, porque no recibían órdenes de Lima (ibid). El mayor se comunicó también con el ministro del Interior Armando Villanueva, quien le dijo que de todas maneras le iban a enviar ayuda y ordenó que resistiera. Hubo comunicación con la base de Tocache y Tingo María, que tampoco acudieron al auxilio del puesto de Uchiza. Desde Lima, se pidió ayuda terrestre y aérea al Comando Conjunto de las FFAA pero no enviaron hombres ni helicópteros argumentando que sus naves no tenían visores nocturnos y las pistas del pueblo no estaban iluminadas. A pesar de que se había dicho a los policías que resistieran, la ayuda nunca llegó. A las ocho de la noche, los policías se quedaron sin munición. Los subversivos capturaron a los tres oficiales —un mayor, un capitán y un alférez— y les dieron muerte de manera sangrienta junto a los otros policías y algunos pobladores.

Como vemos, la dotación policial de Uchiza, a diferencia de la de Juanjui, trató de resistir todo lo que pudo siguiendo las indicaciones que se le hicieron desde Lima. Finalmente, ni el ejército ni la misma policía acudieron en su ayuda. El Ministro del Interior tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo y, sin embargo, no tuvo la decisión política de buscar una alternativa para brindar auxilio al puesto. El resultado final de ese abandono fue literalmente una masacre. Después de estos sucesos, las FFAA empezaron a reemplazar a la policía en las zonas cocaleras y se configuró un nuevo escenario de batalla.¹⁶⁹

1.2.4. La crisis extrema: ofensiva contrasubversiva y contraofensiva estatal (27 de marzo de 1989 -12 de septiembre de 1992)

1.2.4.1. La creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la DIRCOTE

En los últimos meses del gobierno aprista, como consecuencia de discrepancias internas, sería creado en la DIRCOTE el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que, rebautizado como DIVICOTE-1, lograría lo que hasta el momento parecía imposible cumplir: la captura del líder máximo del PCP-SL, Abimael Guzmán Reinoso.

En enero de 1990 el general PNP Edgar Suclla Flores, un oficial no familiarizado con el trabajo de lucha contrasubversiva —proveniente de la especialidad y trayectoria profesional de investigación criminal— asumiría la dirección de la DIRCOTE. Sin entender la especificidad de la labor de análisis de información que era necesaria para el trabajo en curso en la DIRCOTE (lucha contra la subversión), las diferencias de enfoque sobre cómo abordar el trabajo entre Jiménez — hábil analista de la unidad— y Suclla no tardarían en evidenciarse (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). El incidente es relatado por Javier Palacios, quien ese año se encontraba fuera de la DIRCOTE siguiendo sus estudios de especialización en el Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales (INAEP):

Cuando dicen que Mao Tse Tung, que el habeas corpus... ¡Fuera de acá! Lo botaron. Jiménez va y me busca a mí [...] ¡Pero cómo te van a botar si tenemos el trabajo arriba! Fuimos a hablar con Reyes Roca y le dije «Mi general, a mí me pueden botar. Yo ya estoy afuera. Él es [el] que está quedando y él es el único que puede seguir en este trabajo.» Al costado de Reyes había un depósito, un cuarto y limpiamos el cuarto y ahí pusimos unos papeles [...] felizmente para éxito formó el equipo y con eso ya comenzó a capturar, o sea se volvió una DINCOTE chiquita (ibid).

El teniente general PNP Reyes era aún en ese momento director superior de la Policía Técnica (ex PIP). Reyes había comandado la DIRCOTE entre 1984 a 1987 y conocía muy bien el trabajo que desde entonces realizaban esta unidad y sus efectivos. Sabía de la habilidad de Jiménez como especialista para el análisis de documentación del PCP-SL, fruto de un trabajo arduo y aprendizaje de años. Molesto con el cambio intempestivo, Reyes ordenó que le asignaran una oficina en el tercer piso del edificio de la Central Operativa de Investigación Policial y al capitán PNP Alcides Vigo Hurtado —conocido como EDICOPIP— y al personal que solicitase de la DIRCOTE (Jiménez op. cit.; teniente general (r) Reyes op. cit.).

Formalmente, este grupo fue parte de la DIRCOTE, pero empezó a trabajar independientemente de las labores cotidianas de dicha dirección. Reyes aceptó que el grupo le diera cuenta directamente de sus acciones. Por otro lado, para las gestiones administrativas el GEIN, dependería del coronel Manuel Tumba Ortega —jefe del Estado Mayor de la DIRCOTE y mártir de la unidad desde que fuera asesinado por PCP-SL el 5 de noviembre de 1992—. En los meses siguientes y, también luego, una vez retirado de su cargo, Reyes gestionaría la obtención de recursos para el nuevo grupo como asignaciones para movilidad y refrigerios de los agentes que realizaban seguimientos. Asimismo, consiguió que la Marina los apoyase con unos vehículos y un equipo de filmadoras (teniente general (r) Reyes op. cit.; coronel PNP Jiménez, Entrevista CVR 16.9.02). Su servicio de inteligencia estaba interesado en estar al tanto de su trabajo. Por ello, además de los recursos, asignó al GEIN un chofer y dos analistas que permanecerían en el GEIN hasta mediados de 1991( coronel PNP Jiménez op. cit.). Especialmente desde ese año, el GEIN contaría —a diferencia de lo sucedido en muchos años con la DIRCOTE— con un apoyo económico considerable traducido, sobre todo, en equipamiento. El gobierno norteamericano a través de la CIA fue uno de sus soportes más importantes. Sucedería lo mismo con otros grupos de la DIRCOTE más adelante.

El grupo se propuso como objetivo dar, finalmente, el segundo paso en la estrategia hacia la desarticulación del PCP-SL, que hasta ese momento no había sido posible concretar: desarticular el aparato político del PCP-SL. Quedando a cargo del resto de grupos operativos (Deltas) la labor de contrarrestar las acciones del aparato militar del PCP-SL, el GEIN pudo dedicarse exclusivamente al objetivo propuesto. En efecto, como explica Palacios,

¿Qué pasó? Ellos [GEIN] ya comenzaron hacer seguimientos, vigilancias a más profundidad. ¿Por qué? Porque ellos no recibían detenidos, ellos ya no recibían. En la DINCOTE habían veinte atentados y venían los trabajos de investigación, tenían dos fiscales... ¹⁷⁰ Él [Jiménez] no, trabajaban aparte. Entonces él trabajaba a su ritmo, él solo se desarrollaba y se medía, y bueno logró formar un buen equipo de trabajo y la Marina lo apoyo con vehículos. Posteriormente se recibió cierto apoyo del exterior para alquilar vehículos para hacer seguimientos, para las filmaciones, para poder tomar ambientes y alquilar para poder vigilar. Entonces el trabajo básicamente es de Benedicto con Miyashiro, como cabecera. (coronel PIP (r) Palacios, 23.8.02)

Efectivamente, el GEIN terminaría comandado por Marco Miyashiro. Siendo amigos desde cadetes, aunque de diferentes promociones, en los primeros días de trabajo del nuevo grupo Jiménez recurrió a Miyashiro para que lo apoyase con personal y equipos básicos con los que aún no contaban, como walky talkies.¹⁷¹ Jiménez invitará a Miyashiro a unirse a su grupo y comandarlo, como correspondía debido a su mayor antigüedad desde la escuela (general PNP Miyashiro op. cit.; Jiménez op. cit.).

El 5 de marzo de 1990, el GEIN inicia su primera operación de inteligencia, bautizada Isa. La camarada Isa, integrante del Grupo de Apoyo Operativo (GAP) del PCP-SL, había sido detenida en 1986 por la DIRCOTE. Ésta salió poco tiempo después en libertad por falta de pruebas. Ese mismo año, la madre de un joven captado a las filas del PCP-SL por Isa, dejó en la DIRCOTE una carta con el teléfono y dirección de aquella. Jiménez guardará la carta argumentando que dejó estos datos «para mejores circunstancias ya que las condiciones no eran propicias para entrar a la fase de inteligencia. La DINCOTE no trabajaba aún, no entraba a este método de trabajo, obtenía buenos resultados en base a la captura de miembros de los destacamentos, pero aún no había encontrado la vía adecuada para llegar a las cabezas de los grupos subversivos (el PCP-SL y el MRTA)» (Jiménez op. cit.: 707). En 1990, iniciaría la labor de su grupo utilizando los datos que había guardado por casi cinco años.

El primero de junio de ese mismo año, el GEIN alcanzará su primer logro. Ese día, se allanó la casa ubicada en la Calle 2 459 urbanización Monterrico Norte, donde hasta pocos días antes se alojaba Guzmán. En dicha casa funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo (DAO), aparato central que tenía como misión principal organizar los eventos partidarios y retrasmitir las directivas de la Dirección Central hacia los comités y aparatos partidarios. Asimismo, debía llevar una especie de archivo central de los documentos partidarios. En esa oportunidad, cayeron dos instancias que dependían de la dirección central del PCP-SL: el referido DAO, a cargo de la abogada Elvia Nila Sanabria (a) Juana y el Grupo de Apoyo Partidario (GAP), a cargo del camarada David, Carlos Torres Mendoza, que había tejido una red de viviendas y de distribución de propagandas senderista a nivel nacional. Entre los detenidos se encontró también a María Sybilla Arredondo Guevara, viuda del escritor José María Arguedas, y que había sido liberada años antes por la justicia aduciendo falta de pruebas— después de haber sido detenida por la DIRCOTE. En la casa se halló también una lista para los contactos con miembros de los aparatos centrales del PCP-SL, que contenía los seudónimos, teléfonos y direcciones.

Después de esta operación, remarca Jiménez, PCP-SL se abre como una «caja de Pandora» (ibid). Para él, la caída de esta casa (segunda en importancia) fue «el principio del fin de Sendero Luminoso.»( ibid: 721). Un hecho similar fue declarado a propósito de la intervención dirigida a la prensa por el aún ministro del Interior Mantilla, quien subrayó enfáticamente que para el PCP-SL era el comienzo del fin (Idéele n.° 15, Julio de 1990). En efecto, como relata Jiménez, este hecho sorprendió al gobierno e hizo a Mantilla arrepentirse por haber privilegiado el financiamiento de otras unidades policiales antes que la DIRCOTE:

[...] usted conoce que había una doctrina netamente militar. En ese entonces cuando entra las FFAA, la solución era militar. Y todo el apoyo se iba para allá. Incluso cuando el partido aprista, el primero de junio del año 90, cuando se interesa Mantilla en nosotros. Porque nosotros empezamos y nadie se interesó en nosotros. Cuando vemos Mantilla está en la casa y Mantilla da la conferencia de prensa y las primeras cinco camionetas nuevas que nos dieron fue justamente en ese momento. Recién en el noventa. Porque incluso el mismo Mantilla después iba a la oficina y se sentaba en un sillón todo viejo y él decía 'Pucha que nos hemos equivocado', decía. O sea, todo el interés estaba puesto en la solución militar, la Fuerza Armada, en el campo, todo. Pensaban solucionar allí el problema, cuando no se dieron cuenta que la solución era tan simple, ¿no?, de inteligencia (coronel PNP Jiménez op. cit.).

Hasta entonces, el GEIN trabajaba aún con varias limitaciones logísticas para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, su importancia radicaba en los conocimientos de lucha contrasubversiva que sus hombres (y mujeres) tenían (DIRCOTE, op. cit.). Todos sus miembros habían logrado una especialización y aprendizaje prácticos en el curso de su desempeño de la DIRCOTE. Ellos recopilaban manuscritos, pruebas, documentos y todo material referido a los grupos subversivos. Además, continuaron con la labor iniciada por los psicólogos y sociólogos de la DIRCOTE, confeccionando guías de antecedentes y lazos familiares de los capturados que permitieran establecer un perfil de los cabecillas (ibid). Tal como Palacios hiciera en los primeros años de la DICOTE los primeros organigramas para tratar de comprender al PCP-SL, ellos comenzarían a hacer sus «arañas»¹⁷² trabajando sobre todo la información hasta el momento recopilada y analizada sobre Socorro Popular. Aprovechando el trabajo que avanzó el grupo de análisis especial en la forma de asesoría Legal —desactivado ese año— continuaron reconstruyendo con la información incautada las relaciones que los miembros de PCP-SL entablaban dentro de su complejo sistema de compartimentaje. Sólo meses después —en 1991— y luego de un arduo trabajo, llegarían a conocer quiénes eran los miembros del Comité Central de SL.

Estos primeros meses fueron difíciles para los efectivos dedicados a esta labor. Como los miembros del GEIN no lograban aún resultados concretos (la eficacia era medida usualmente dentro de la cultura policial por el número de detenidos), diversos miembros de la DIRCOTE se burlarían aún de ellos llamándolos los «cazafantasmas». (Jiménez op. cit.; teniente general PNP (r) Reyes op. cit.; general PNP (r) Jhon Caro, Entrevista CVR 23.4.03); EQ. EC-PNP/ CVR, Entrevista CVR 13.2.03).

1.2.4.2. La despolitización de la Policía Nacional del Perú

La existencia de una aparente politización de la policía durante el gobierno aprista fue denunciada más de una vez, sobre todo a inicios de la década del noventa.¹⁷³ Además de los nombramientos de puestos de confianza, se señala que durante dicho período se utilizaron dos mecanismos que distorsionaron en buen grado la línea de carrera policial (general PNP op. cit.). Por un lado, se aprovechó la figura del ascenso por acciones distinguidas para favorecer a ciertos efectivos que no lo merecían. «Me refiero a aquellos que, por el amiguismo, el padrinazgo, fueron ascendidos» (ibid). Se señala, por ejemplo, que la unidad engreída de Mantilla fue la DOES y que mucha gente ascendía simplemente por servir allí. De otro lado, se abusó del mecanismo de ampliación de bacantes para los ascensos para con miras a favorecer a aquellos efectivos escogidos que, según la foja de rendimiento profesional, no alcanzaban por méritos propios un lugar en las bacantes previamente establecidas.

Basándose principalmente en este tipo de argumentos políticos, y en medio de investigaciones en curso sobre la vinculación del ex Ministro del Interior con el llamado "Comando Rodrigo Franco", una de las primeras medidas que asumió el nuevo gobierno desde el sector Interior fue realizar nuevamente una gigantesca purga en la PNP. Se consideró, en especial, la salida de los oficiales que consideraron más cercanos a Mantilla (DESCO, Resumen Semanal n.° 580, 26 de julio -2 de agosto de 1990). ¹⁷⁴ Ante la actitud drástica y rápida con que se procedió a la purga de policías, miembros del congreso demandarían al Ministerio del Interior una explicación y sustentación de la medida. (DESCO, Resumen Semanal n.° 581 3-9 de agosto de 1990).

La respuesta de los policías ante las bajas, dadas con aparentes vacíos legales, no se hicieron esperar. Conocidos jefes operativos de los estamentos policiales manifestaron su total desacuerdo por la decisión que los separó de sus cargos y no se les otorgó, de acuerdo a ley, el derecho a la defensa (ibid.). Unas semanas después se confirmaría que el proceso de bajas no había sido del todo claro. En octubre, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, presidida por el vocal Manuel Marilú Galvez, ordenó la inmediata reposición al servicio activo de la PNP del general Raúl Chávez Gonzáles y el coronel Víctor Cancino Rincón, quienes dirigieron la investigación en el caso "Villa Coca"¹⁷⁵. Ellos fueron dados también de baja en la purga decretada por el gobierno entre los altos mandos policiales (DESCO, Resumen Semanal n.° 590, 5-11 de octubre de 1990). Por lo menos sabemos hoy, que en estos casos hubo una intención premeditada del ya por entonces asesor Vladimiro Montesinos. Las investigaciones del caso Villa Coca, echaban luces sobre sus vinculaciones con narcotraficantes.

El malestar entre el personal policial se agudizaría luego de conocerse que el nuevo gobierno acompañaría estas medidas con una nueva reestructuración organizativa de la policía. No obstante, la decisión estaba tomada y no se retrocedería luego. Esperando que esto suceda y encontrando que, efectivamente, existía un exceso de personas en altos mandos de la policía, el Senado aprobó diferir los ascensos a la clase inmediata superior de 16 altos oficiales propuestos por el Ejecutivo hasta que se conociera la nueva estructura orgánica policial (DESCO, Resumen Semanal n.° 599, 7-13 de diciembre de 1990).

1.2.4.3. El retorno de los militares

Si bien se denunció que durante los años de gestión del gobierno aprista se produjo un proceso de politización de la policía, el gobierno del independiente Alberto Fujimori Fujimori significaría, entre otras cosas, el retorno de los militares a posiciones de poder (de facto) y la extensión y organización de la corrupción en diversas instancias estatales, a las cuales la policía no sería ajena. Con la asunción del nuevo gobierno, el control del sector Interior y, con ello, el de la policía, sería asignado nuevamente a los militares. En total, el sector Interior contó con siete ministros durante los dos gobiernos de Fujimori Fujimori. De ellos, seis fueron generales del Ejército —dos en retiro y cuatro en actividad— y uno el primer policía que asumía la conducción del sector en la historia del Perú, aunque por menos de un mes. En todos estos años no se contó con ningún civil en un puesto de dirección política como éste.

Pronto se empezaría a denunciar la militarización del sector y, consecuentemente, de la policía. Pero no solamente porque la conducción política del sector quedaría a cargo, sucesivamente hasta el año 2000, de generales del Ejército. A ello se sumaría que, varios militares irán asumiendo los altos cargos de dirección en el Ministerio que, hasta entonces, estuvieron en manos de policías o civiles. Los militares llegarían así a controlar toda la estructura del ministerio, especialmente los puestos de alta dirección (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03).¹⁷⁶ Coroneles y generales del Ejército Peruano tuvieron a su cargo, entre otras, la Oficina General de Administración (OGA) —que centralizaba las licitaciones para abastecer de uniformes, equipamiento e implementos para el personal policial, incluyendo la compra de armas—, la Dirección de Control de Armas de Uso Civil (DISCAMEC), la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), así como las principales asesorías del sector (Caretas 1508, 15 de marzo de 1998). Asimismo, afirmando su preeminencia ni bien llegando al Ministerio, los militares se llevarían el personal, los equipos y archivo de informaciones de la DIGIMIN¹⁷⁷ al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) (general PIP (r) Luque op. cit).

El temprano acercamiento de Alberto Fujimori Fujimori con las FFAA se especuló en algunos diarios en esos primeros días del gobierno. El 3 de agosto de 1990, Expreso presentaba como un trascendido que el presidente Fujimori Fujimori había aceptado una sugerencia presentada por asesores y altos jefes militares para que las Fuerzas Armadas asuman el control total de la lucha contra el narcotráfico y la subversión (DESCO, Resumen Semanal n.° 580 26 de julio -2 de agosto de 1990). La nota continuaba. «Se supo, incluso, que en las próximas horas quedaría totalmente desactivada la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) y en su lugar sería creada otra entidad a cargo de las FFAA» (ibid). Aunque de hecho la DIRCOTE no fue desactivada, la noticia alertaba sobre los movimientos de correlaciones de poder que las FFAA y ya por entonces Vladimiro Montesinos desde el SIN preparaban los pasos que seguirían.¹⁷⁸

En medio de cambios, estos primeros fueron días de incertidumbre y especulaciones por la aparente cercanía del nuevo gobierno a las FFAA. Una nota aparecida en la sección «Confidencias» del diario La República, el 12 de agosto de 1990, informaba que

[...] a fin de no agitar más las aguas, el gobierno estudia la posibilidad de nombrar como viceministro del Interior al coronel PT Javier Palacios Ortiz, pieza imprescindible de la DIRCOTE. De este modo se intenta "desmilitarizar" al importante ministerio que está dirigido por el general EP Adolfo Alvarado Fournier. Sin embargo, Alvarado ha tropezado con la oposición de algunos miembros de su propia institución que consideran a Palacios, respetado por su valiosa y efectiva labor antisubversiva, como una persona difícil de convencer en un campo que muy pocos dominan como él (La República 12.8.90).

El nombramiento de Javier Palacios como Viceministro del Interior no fue concretado. Un oficial trabajador, con opinión propia, que en años anteriores no había escatimado en críticas cuando lo consideró pertinente, se había hecho de diversos enemigos, tanto en las FFAA como entre miembros de la propia policía (especialmente de la antigua GC— en ese momento Policía general). Al conocerse la noticia, los contactos no tardaron en ser establecidos. Palacios sería acusado ante el nuevo gobierno de aprista, por la cercanía que mantuvo en coordinaciones de trabajo de la DIRCOTE con el ex Ministro Agustín Mantilla. En 1991, tras una confrontación con el SIN,¹⁷⁹ el oficial que había empeñado más de diez años de su vida en la DIRCOTE sería asignado a la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales (DININCRI) de la policía, para él una suerte de castigo que buscaba «enfriarlo».¹⁸⁰ No era posible que el gobierno sustentara ese año su baja, pues era un oficial reconocido públicamente por su trayectoria en la DIRCOTE. Luego de ser paseado por diferentes unidades, en 1995, sería dado de baja sin haber logrado siquiera, ser ascendido a general. Mientras tanto, las FFAA irían consolidando nuevamente su primacía en el sector.

A lo largo de esta década, el control militar en el sector interior reforzaría una visión militarista de la policía (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03). Por ello, en los años siguientes diversos medios y analistas no tardarían en denunciar lo innecesario y peligroso de la evidente militarización en curso.

1.2.4.4. El seguimiento de los pasos dados por los grupos especiales de la DIRCOTE

Como es de esperarse, la purga de oficiales iniciada por el gobierno, fue acompañada con el cambio del comando de varias unidades policiales. El 30 de julio de 1990 fue nombrado como director general de la PNP el teniente general Adolfo Cuba y Escobedo ¹⁸¹. El mismo día, se nombró también a los generales PNP Víctor Alva Plasencia, Humberto Fuentes López y José Zuta Valqui como directores superiores de la Policía general, Policía Técnica y Policía de Seguridad, ^{respectivamente. 182} Mientras tanto, el general PNP Enrique Oblitas Jaén sería nombrado como nuevo director de la DIRCOTE.

A pesar de las dificultades iniciales y de ver pasar a su gestor y protector al ^{retiro 183 ,} la labor del GEIN prosiguió. La información recabada en la casa de la Calle 2, permitió ubicar a los camaradas Abel (Luis Arana Franco) —jefe del Grupo Especial de Trabajo, componente del aparato de logística del PCP-SL, que operaba desde la Academia PreUniversitaria César Vallejo— y Ricardo (Hugo Deodato Juárez Cruzattt) —responsable del aparato de propaganda de SL—. Se inician, por tanto, dos nuevas operaciones para el seguimiento del rastro de los mismos: la Operación Huascaura, destinada a desarticular el aparato de logística del PCP-SL y la Operación Monterrico 90, destinada al seguimiento del aparato de propaganda. La intervención operativa de esta última, del 15 al 19 de septiembre de 1990, culminará con la captura del 80% de los integrantes del aparato de propaganda, incluyendo a su responsable, Hugo Deodato Juárez Cruzatt. Según Jiménez (op. cit.), este último era considerado por Guzmán como su delfín y debía sucederlo si algo le pasaba.

En diciembre de 1990, el general PNP Héctor Jhon Caro es nombrado como nuevo director de la DIRCOTE. Para ello, «se había movido la Cruz Roja Internacional [...] porque no les dieron entrada. A mí me plantearon que todos los días deberían entrar hombres a conversar con los detenidos y una serie de cosas, y sabían que la gente ahí se colgaba ¹⁸⁴ y ¹⁸⁵ en la DINCOTE [entonces DIRCOTE] (general (r) Jhon Caro, Entrevista CVR 23.4.03).

Jhon Caro brindará mayor apoyo al conjunto de los grupos operativos de la DIRCOTE. Propuso además a Javier Palacios —que acababa de regresar del INAEP— conformar un grupo especial similar al GEIN, para fortalecer el trabajo de búsqueda de los dirigentes principales de los grupos subversivos. Dicho grupo sería bautizado por Palacios como Brigada Especial de Detectives (BREDET) en 1991 cuando fue a pedir apoyo económico a representantes del Departamento de Estado de los EEUU. El BREDET aprovecharía para su trabajo los datos proporcionados por informantes u obtenidos de las mesas de escucha instaladas en sus hogares. Asimismo, fue vinculado a una institución que ofrecía recompensas por la captura de los dirigentes miembros del PCP-SL y del MRTA, conocida como La Fuerza de la Ley. Ésta dispuso una línea telefónica para recibir información, que fue analizada por los efectivos de la ^{BREDET. 186}

Palacios fue cambiado de la DIRCOTE durante ese año, luego de negarse a cumplir una orden dada por Vladimiro Montesinos desde el SIN. Éste envió al BREDET una lista de personas sindicadas como terroristas y ordenó a dicho grupo elaborar un atestado para poder aprehenderlas. Palacios se negó a ello, luego de constatar que, salvo en un caso, nada en sus antecedentes indicaba una vinculación con los grupos subversivos. Respondió que sólo cumpliría con la orden si ésta era puesta por escrito. Como castigo por su osadía, sería alejado poco después de la DIRCOTE. Además de la confrontación, Palacios contaba con el mal antecedente de haber participado en la investigación sobre el caso Villa Coca¹⁸⁷ en 1985. Se especula que esa fue otra de las razones de su cambio, como sucedió también con otros policías de importancia en la DIRCOTE: «[...] el coronel Palacios que es una eminencia. ¿Por qué lo sacan a Palacios? Tuvo la misma que esos tres muchachos que le conté [Díaz Marín, Elías y Murazzo, miembros notables de la DIRCOTE] [...] y ellos siendo tan importantes para la DINCOTE fueron sacados.¹⁸⁸ A Palacios lo sacan por lo mismo, porque Palacios también estuvo en Villa Coca y desde la cárcel, Reynaldo Rodríguez seguía dirigiendo» (general PNP (r) Jhon Caro op. cit.).¹⁸⁹ Después de la salida de Palacios, el comandante Gonzáles asumiría la conducción del BREDET.

Por su parte, en enero de 1991 el GEIN seguía trabajando, contando para ello ya con veinte agentes. Mientras que el comandante Marco Miyashiro comandaba el grupo, el mayor Jiménez estaba a cargo del departamento de operaciones (Jiménez, op. cit.). El tercer miembro de importancia en la dirección del grupo era el mayor Luis Valencia. La organización iba consolidándose y ganando mayor credibilidad dentro de la DIRCOTE superando las limitaciones iniciales.

El GEIN dedicó este primer mes del año a la consolidación de la Operación Caballero. Habían ubicado e iniciado vigilancia a una casa de aparente importancia para la organización del PCP-SL. Al finalizar el mes, el día 31, procedieron a su intervención. Se encontró que en esta casa, ubicada en la calle Buenavista en Chacarilla del Estanque, San Borja, venía funcionando el Departamento Central del PCP-SL. Si bien no llegaron a tiempo para encontrarlo, recogieron información valiosa ¹⁹⁰ incluyendo el conocido video en que aparecía Guzmán en una reunión social bailando Zorba el griego, acompañado de importantes miembros del partido. Este video sería de especial importancia pues permitió contar por primera vez con imágenes recientes de altos mandos del partido.¹⁹¹ Asimismo, se encontró información detallada sobre el I Congreso Nacional del PCP-SL, cuyas sesiones se realizaron entre el 26 de enero de 1988 y el 29 de junio de 1989. Estos documentos permitieron recién a los policías del GEIN saber, con exactitud, quiénes eran los miembros del Comité Central, del Buró Político y de otros organismos importantes del PCP-SL (coronel PNP Jiménez, Entrevista CVR 16.9.02). En esta oportunidad se logró también detener a Nelly Evans Risco de Álvarez Calderón y otros subversivos (DIRCOTE op. cit.).

Especialmente después de este golpe, los servicios de inteligencia tomarán cada vez mayor interés en el trabajo que el GEIN venía realizando. A la cooperación inicial de la Marina, se sumó, después de esta intervención, la contribución económica del SIN:

Cuando nosotros hicimos ese operativo del 31 de diciembre, conversamos con Miyashiro, con toda la gente y me dijeron: «Con este trabajo tenemos autoridad para pedir lo que sea». «Y aparte de que en el año ochenta y cinco yo participé en la investigación que se hizo en el Seturín y el Doc, estaba requisitoriado en un atestado y todos los que participaron en esa investigación también fueron dados de baja ¿no? El único que no dieron de baja fue a mí en ese año y todavía quedé vivo, y tan es así en el año noventa y dos cuando roban Al cuarto día fui con una lista de necesidades [al SIN], que no habrá pasado de dieciséis mil soles. Pedíamos aparatos para grabar conversaciones a ochenta metros, compraron dos, así aparatos corrientes, íbamos a tener una cámara fotográfica de noche, que te da la fecha, esas cosas. Nos atendieron. Esa gestión la hacía directamente Benedicto [...] (general (r) Jhon Caro op. cit.)

En efecto, desde entonces «el contacto permanente [con el SIN] era Benedicto Jiménez y todo lo que hacíamos se lo comunicaba» (ibid). El 5 de febrero de 1991 Jiménez fue nombrado — mediante memorando firmado por el presidente Alberto Fujimori Fujimori— como oficial de enlace entre la DIRCOTE y el SIN (Jiménez op. Cit.: 716). A cambio del apoyo otorgado, Montesinos solicitó a la DIRCOTE que permitiese que un grupo de analistas del SIN entrasen a trabajar con la documentación incautada. Estos «llegaron con el ánimo de ayudarnos a analizar la documentación que habíamos encontrado ahí [casa Buenavista] a cambio de eso nos daban dos volkswagen, una cámara fotográfica y mil soles creo mensuales... eso fue una oferta de Montesinos» (coronel PNP Jiménez op. cit.).

Los analistas del SIN (militares) entrarían supuestamente a apoyar el trabajo de inteligencia del GEIN y BREDET. Teniendo el antecedente del trabajo en curso con apoyo de tres efectivos de inteligencia naval, esto no llamó demasiado la atención. La sorpresa vendría luego cuando, pasados unos años, se constataría que varios de los analistas destacados al GEIN ¹⁹² por Montesinos fueron sindicados como miembros del Grupo Colina, al que se responsabiliza, entre otros crímenes, de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. ¹⁹³ Antes de otorgar responsabilidad de algún tipo sobre los policías de la DIRCOTE por la actuación de aquel grupo, lo que la presencia de efectivos del SIN y de inteligencia naval indica es el gran interés que ya por entonces mostraba la comunidad de inteligencia por el trabajo de la DIRCOTE y su archivo, especialmente el del GEIN. Como remarca el entonces director de la unidad, el personal del SIN nunca fue solicitado. Más bien, «llegaron a espiar a la DIRCOTE y también para hacer aparecer ante la población que ellos tenían participación en la lucha contrasubversiva». (Declaración testimonial del general PNP (r) Héctor Jhon Caro. Caso Barrios Altos. Fojas 9010/ 9028) ¹⁹⁴. Y los policías del GEIN estaban muy conscientes de ello:

Vladimiro Montesinos había puesto gente del SIN que trabajara con nosotros, pero nuestra gente era muy celosa. Elías y Miyashiro eran muy celosos, pasaban y ahí estaba el capitán ¹⁹⁵; yo sabía que era del SIN. «¿ Trabajando?» —le decía—. «Sí» —y tenía un montón de papeles—. [...] Estamos hablando de tres o cuatro hombres, siempre estaban con papeles. Miyashiro decía «¿ Están trabajando? Primero nosotros analizamos los documentos, después lo que no sirve, es basura se lo damos a ellos» Ahí les daban para que se distraigan. Vladimiro Montesinos decía «el SIN y la DINCOTE han capturado», al día siguiente sale esa declaración. ¿Para qué? Para que él se gane frente al Presidente de la República (general PNP (r) Jhon Caro op. cit.).

Poco a poco se tornaron evidentes los intentos de infiltración del SIN y de la interceptación electrónica de la Marina (coronel PNP Jiménez op. cit.). Además, como si eso no bastara, tanto el GEIN como el BREDET debían dar cuentas a Montesinos sobre sus operaciones.

En este contexto, en mayo de 1991, se presenta una situación atípica en la policía: la asignación de dos generales en una misma unidad. Estando aún el general PNP Héctor Jhon Caro como Director de la unidad,¹⁹⁶ después de estar trabajando en el SIN, el general PNP Antonio Ketín Vidal es nombrado director ejecutivo de la DIRCOTE (segundo). De acuerdo a la versión de algunos de los policías entrevistados, entre ellos Jhon Caro, ésta fue una maniobra de Montesinos desde el SIN, para asegurar un mayor control de la unidad y el aprendizaje previo de quien estaba ya destinado a dirigirla.

Había una dirección que no tenía general, la Dirección de la Policía Fiscal, estaba al mando de un coronel y había un general que sobraba. ¿Por qué no lo enviaron a la Policía fiscal a Ketín? Lo mandaron donde mí porque iba a ser el heredero para que aprenda. [...] Si Jhon Caro captura a Abimael Guzmán, el APRA se va a ganar un poco porque Jhon Caro es general aprista. Había que darle la oportunidad a un hombre nuestro, nosotros lo hicimos reingresar, lo hicimos ascender, nosotros -le digo yo-Vladimiro y el presidente de la República, lo mandamos a la DINCOTE y nosotros al final, capturamos a Abimael Guzmán (general PNP (r) Jhon Caro op. cit.).

Por su parte Vidal refiere que su nombramiento como subdirector de la DIRCOTE fue más bien un castigo o represalia de Montesinos:

Yo antes de eso estaba trabajando en el SIN como coronel. Entonces asciendo a general y Montesinos se incomoda porque yo tuve más suerte que sus amigos [...] eso encolerizó a Vladimiro que siempre vio en mi persona como un no sé... competidor, con muchos celos (…) Entonces, él hace comentarios en el SIN y me envía, como para maltratarme un poco, a la DINCOTE, con los... allí trabajaba John Caro. Y un Caro más especializado en campo administrativo. En mi caso yo me había desarrollado siempre en el campo de inteligencia, entonces podía comandar esa unidad. Dos generales, imagínese usted, en la misma unidad era incómodo... Entonces, yo lo acepté serenamente (teniente general (r) Vidal op. cit.).

En medio de los cambios en curso, el GEIN y BREDET proseguirían con su trabajo. El 30 de mayo, los agentes de la DIRCOTE desarticularán la célula de dirección del Comité Regional Metropolitano. Capturan cinco miembros del PCP-SL, entre ellos a Pilar Rivas Laurente, Lucía. (DIRCOTE op. cit.) Por otro lado, el primero de junio, a través de una operación comandada por Miyashiro, el GEIN interviene una Escuela Político-Militar del MRTA en el distrito de Pueblo Libre y detiene, por segunda vez, a Alberto Gálvez Olaechea. Con el tiempo se conformaría, expresamente, una división del trabajo dentro de la DIRCOTE ¹⁹⁷: el GEIN se dedicaría exclusivamente al seguimiento de dirigentes del PCP-SL; mientras que el BREDET, al mando del comandante Gonzáles, continuaría dedicado a rastrear los pasos del MRTA. Esta división obedecía, entre otras razones, a diferentes estrategias para realizar el trabajo. Mientras que para trabajar con el MRTA y lograr las capturas de sus altos dirigentes fue posible trabajar con informantes ¹⁹⁸ y datos (Fuerza de la Ley), con el PCP-SL estos procedimientos no darían ningún resultado. Por el tipo de organización sólida y compartimentada, sus informantes ¹⁹⁹ —aunque así lo hubiesen querido-nunca hubiesen podido dar información sobre la composición y movimientos de la alta dirigencia, porque lo desconocían.²⁰⁰ Por ello, en el GEIN fue imprescindible priorizar los operativos encubiertos de inteligencia (seguimientos y vigilancia) a sospechosos de interés y analizar sus posibles conexiones —junto a un trabajo exhaustivo de análisis de la documentación del PCP-SL seleccionada (coronel PNP Jiménez op. cit.).

A fines de junio el GEIN iniciará la ejecución de la fase final de la Operación Leona. Con ésta, detienen a la abogada Yovanka Pardavé Trujillo, Rebeca; a su conviviente Tito Valle Travesaño, Eustaqui; y al profesor Víctor Zavala Cataño, Rolando, miembros del Comité Central del PCP-SL y responsables de la dirección de Socorro Popular( Jiménez op. cit.). ²⁰¹ Un duro golpe a PCP-SL. Con la información incautada, se dedicaron a la investigación de dicha organización. Por otro lado, el 27 de noviembre el GEIN ejecutó la Operación Palacio. Con ella, cae toda la célula de dirección del Departamento de Defensa de Socorro Popular, encabezada por Milton Douglas Silva Dávalos, Omar. Una de las milicias de este departamento, había sido la responsable del asesinato de María Elena Moyano en Villa El Salvador (ibid).

Pero, desde mediados de 1991, la convivencia tensa dentro de la DIRCOTE entre policías y militares no tardaría en provocar tensiones. Luego de un par de altercados con los agentes «que después pasaron a ser del famoso Colina, pero en ese entonces eran analistas [...] nosotros los sacamos de allí porque consideramos que se estaban infiltrando ²⁰² … porque en base a eso sacaron un manual,²⁰³ que no era un manual, era una recopilación» (coronel PNP Jiménez op. cit.). Pero eran, en general, los ánimos dentro de la comunidad de inteligencia los que estaban tensos. Se evidenciaban celos y una ardua competencia entre los servicios de inteligencia por capturar a los dirigentes subversivos, en especial a Guzmán Reinoso. En palabras de Jiménez:

Todos los aparatos de inteligencia estaban detrás de esa presa. Entonces, imagínense, nosotros teníamos que disfrazar todo el trabajo de campo ¿no? [...] era todo un juego de ajedrez ¿no? Como también cuando decía Montesinos, decía '¿ El GEIN qué está haciendo? Que venga el comandante Jiménez a darnos cuenta. ' [...] 'Ya expongan lo que están haciendo'. Porque después de la caída de los videos, esa casa [Buenavista], se pusieron moscas pues [...] Yo tenía una operación principal y dos alternas que eran importantes. Entonces sacaba una de ellas y me iba con esa a mostrar los videos y todo. Entonces mostraba eso y se quedaban contentos, felices estaban, porque allí estaba la Marina, estaba la Fuerza Aérea, estaba el Ejército. Jamás íbamos a revelar la presa principal porque nos quitaban. Era un millón de dólares más la fama y todas esas cosas. Entonces imagínense cómo se trabajaba en aquel entonces ¿no? Entonces mostrábamos eso, se quedaban contentos y la principal la teníamos guardada ¿no? Eso era la estrategia del engaño ¿no? (ibid)

Lejos de haber elaborado una nueva estrategia de inteligencia, el nuevo gobierno y el SIN se limitaron a seguir los pasos y tratar de capitalizar políticamente los logros de la unidad policial. Por entonces, los policías de la DIRCOTE tenían la mayor experiencia y consistencia en un tema tan complejo como el conocimiento de la subversión, por lo menos en las ciudades. Además, se sabía que andaban tras pistas importantes.

1.2.4.5. La consolidación de la unificación y los decretos de ley de noviembre de 1991

Luego de un año de trabajo del nuevo gobierno, era evidente que éste no contaba con una política de Estado clara en materia policial (seguridad). La medida de dar de baja a policías no había sido acompañada por otro tipo de propuestas integrales para abordar la compleja problemática del sector. Además de que la unificación no se había concretado en la práctica y se observaban aún rivalidades entre los institutos policiales, nuevos casos de policías involucrados en actos violatorios a los derechos humanos, actos delictivos y de corrupción diversos, llamaban la atención de la opinión pública.²⁰⁴

El único cambio significativo que realizaría el gobierno con respecto a la situación de la policía en varios años, sería la concreción de la unificación con un nuevo organigrama. El decreto legislativo 744, promulgado el 8 de noviembre de 1991, fue parte de los decretos del ejecutivo que dispusieron medidas especiales para la «pacificación nacional», como parte de las facultades concebidas para legislar sobre la reestructuración del Sistema de Defensa Nacional. Dicho decreto aprobaba una nueva estructura orgánica de la PNP²⁰⁵ «adecuando su capacidad, estratégica, de

inteligencia, operativa y logística para erradicar las acciones de terrorismo y el narcotráfico». El cambio más saltante con respecto a la estructura organizativa anterior es la eliminación de las Direcciones Superiores de los institutos policiales, consideradas hasta ese momento como órganos de ejecución de la PNP. ²⁰⁶ La Dirección General será considerada en adelante como el órgano de comando de más alto nivel de la PNP y su director será responsable de su preparación, desarrollo, disciplina y empleo. (Artículo 15) Asimismo, se estableció que, a partir de dicha fecha, el director general de la PNP sería designado por el propio presidente de la República, en su condición de Jefe Supremo de la Policía Nacional, y no por el Ministerio del Interior como hasta entonces. Éste será uno de los cambios que condujeron a concentrar progresivamente el poder en manos del Presidente. Por otro lado, el decreto contempla también la inclusión de la figura del Estado Mayor General como órgano de asesoramiento del director general para el cumplimiento de sus funciones. Se establece que el mismo incluirá dentro de su estructura orgánica a la Dirección de Pacificación Nacional y Defensa de los Derechos Humanos (artículo 19, DL 744).

En adelante, se considerarán como órganos de ejecución, entre otros, a la Dirección Contra el Terrorismo (órgano sistémico encargado de prevenir, investigar, denunciar y combatir las actividades subversivas y de terrorismo), la Dirección de Operaciones Especiales (órgano encargado de apoyar las operaciones policiales de las distintas unidades de la Policía Nacional, cuando la situación lo requiera y por disposición del director general) y las Regiones Policiales (órganos de la Policía Nacional que ejercen la jurisdicción y competencia en un espacio geográfico del territorio nacional) (artículo 24). Asimismo, se establece que se contará con las Jefaturas Sistemáticas de Antidrogas, Contra el Terrorismo y Patrimonio Fiscal como órganos ejecutivo-funcionales provinciales, que cumplirán las funciones de las direcciones respectivas, manteniendo relaciones funcionales a través del canal técnico (artículo 23).

Esta nueva estructura organizativa privilegia un modelo centralizado de policía con unidades ejecutivas especializadas en el combate de cierto tipo de delitos, como el terrorismo o el tráfico ilícito de drogas. Se dejará de lado, definitivamente, la división tradicional del trabajo policial, de prevención e investigación. Dadas las fuertes identidades corporativas de los antiguos institutos policiales, la medida no tardaría en generar malestar entre miembros de algunos de ellos, especialmente de la ex PIP.

1.2.4.6. Las reacciones sobre la unificación: la resistencia de las identidades corporativas

La concreción de la unificación de los tres cuerpos policiales generó incomodidades y fastidios entre los policías debido a la fuerza de las identidades institucionales, que trazaban distancias y límites entre los tres institutos policiales. En el caso de la PIP, esto se mezclaba con antiguos sentimientos de frustración e impotencia ante la preeminencia numérica y prerrogativas ²⁰⁷ de la GC. Para muchos PIP, la unificación era una victoria para la GC porque, finalmente, iba a consolidar su poder sobre los otros cuerpos de policía y dirigir la institución. Se cree que la reforma se concretó porque la GC era una organización «muy relacionada» ²⁰⁸ que temía se hiciese efectiva la propuesta de municipalización de la policía, que los afectaría directamente. No les faltaría razón a los PIP: en adelante, la mayoría de directores generales de la PNP serían policías provenientes de la GC.

En la manifestación expresa de estos fastidios por haber sido unificados, entraban en juego los estereotipos y las imágenes que existían entre los policías acerca de los efectivos de los otros cuerpos policiales. Por ejemplo, un efectivo de la GC remarcaba la falta de honestidad de los elementos de la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones (sargento GC (r) op. cit.). Por su parte, los PIP se quejan del tipo de formación militarizada que caracterizaba a los efectivos de la GC. Lo cierto es que al procederse a la unificación, en las dependencias policiales más pequeñas como las comisarías, todos estos criterios, imágenes y representaciones previas sobre los efectivos de los otros cuerpos policiales provocaron un clima tenso y confuso, no ajeno a roces, conflictos y malentendidos (Costa y Castillo 2001). Por otro lado, al inicio de la unificación no se habría llevado a cabo una reasignación adecuada de los agentes a sus nuevas áreas de trabajo. A consecuencia de ello, se habrían desperdiciado las habilidades de algunos a los cuales había costado trabajo prepararse en el área de investigaciones. ²⁰⁹ Otra crítica bastante frecuente que se hizo a la unificación fue que con la unificación y estandarización de los efectivos policiales, se perdieron las especialidades que caracterizaban a los elementos de los tres cuerpos de policía, especialmente la de investigación. Lo cierto es que a lo largo de la década la procedencia institucional continuó pesando mucho. Si bien todos eran miembros de la PNP, la numeración del código —que indica la procedencia institucional— fue un gran referente para identificarlos y lo sigue siendo. Los espacios que les ayudaron a mantener y reforzar sus antiguas identidades fueron principalmente las asociaciones, los clubes y centros de esparcimiento de sus antiguas instituciones. Por suerte, se constata que las pugnas entre códigos no paralizaron ni paralizan a la institución (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03). Incluso, se llegarían a establecer ciertos criterios para evitar tensiones, como cuotas para los ascensos, y se mantienen temas que los unen, como la búsqueda de una personería jurídica.

1.2.4.7. La DINCOTE: la acumulación de información y las grandes capturas

Como consecuencia de la aprobación del decreto legislativo 744 y la unificación, se elevó la categoría de la DIRCOTE. En adelante, esta unidad será considerada como un órgano sistémico de ejecución de la PNP en el ámbito nacional. La DIRCOTE pasaría a ser llamada Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE). Asimismo, se creará un emblema y lema — «Luchamos por la paz»— propios para la unidad.

La elevación de rango permitirá también a la DINCOTE conseguir mayores recursos y mejorar substantivamente su rendimiento. Estos cambios traerán consigo también la asignación de un nuevo comando. En noviembre de 1991 se procederá a retirar intempestivamente — aparentemente por motivos políticos— a Jhon Caro de su cargo. En diciembre de 1991, el general PNP Antonio Ketín Vidal asumirá la dirección de la DINCOTE. Éste realizará una reestructuración organizativa de la misma, adecuando su trabajo a lo establecido en el decreto. El nuevo organigrama entrará en vigencia a partir del primero de enero de 1992 (DIRCOTE op. cit.).

La labor de los grupos operativos Deltas continuaría, ahora al mando de una Subdirección de Terrorismo Metropolitano. Reagrupados en cuatro grupos, pasarían a ser llamados Divisiones Contra el Terrorismo Metropolitano (DICOTEM). Por otro lado, en su nueva calidad de órgano sistémico nacional, la DINCOTE tendría recién bajo su mando y jurisdicción las labores desarrolladas por las Jefaturas Contra el Terrorismo Regional (JECOTE)^{210 ,} los Departamentos Contra el Terrorismo (DECOTE) y las Secciones Contra el Terrorismo (SECOTE) (DIRCOTE op. cit.).

Dentro de esta nueva estructura, el GEIN y BREDET continuaron con el trabajo trazado previamente aunque rebautizados como Divisiones de Inteligencia Contra el Terrorismo, DIVICOTE 1 y DIVICOTE 2 respectivamente. Adicionalmente, Vidal crearía tres grupos más de este tipo, uno de ellos encargado de labores de contrainteligencia.²¹¹ Básicamente, la labor de contrainteligencia buscaba velar por la seguridad del personal de la DINCOTE. Se procedía a realizar seguimientos al personal y luego hacían un informe. La inspectoría llamaba luego a los efectivos para hacerles recomendaciones sobre cómo evitar las rutinas y con ello los reglajes del PCP-SL. Los agentes de la DINCOTE «vivían asustados» pues sus vidas estaban siempre en peligro (EQ. EC-PNP/ CVR, Entrevista CVR 13.2.03). ²¹² En 1992, los atentados terroristas en Lima iban en aumento; la policía registraría un mayor número de víctimas como producto de la guerra interna —fallecidos y heridos—.²¹³ Ese año moriría también el primer efectivo de la DINCOTE, Capitán PNP Carlos María Vereau Asmat.²¹⁴ No obstante, como sabemos, éste sería también el año que daría los mejores frutos de un continuo esfuerzo de los policías en la lucha contrasubversiva. Como veremos, la operación que dio como resultado a la captura de Guzmán llevó el nombre del primer mártir de la unidad.

El 11 de abril de 1992, la DIVICOTE-1 (GEIN) ejecuta la Operación Hipócrates y desarticula la célula de dirección del aparato de salud de Socorro Popular. El 13 de abril de 1992, la DIVICOTE-1 culmina la Operación Moyano y captura a todos los integrantes de la célula de dirección de El Diario. Por otro lado, la ejecución del Plan de Operaciones Cuervo 1 de la DIVICOTE-2 (BREDET), terminaría con la captura de dirigente Peter Cárdenas Schulte, miembro de la Dirección Nacional del MRTA (14 de abril de 1992). Dando otro gran paso, el 9 de junio de 1992 la DIVICOTE-2 capturaría al cabecilla del MRTA Víctor Polay Campos, Rolando, en un café de San Borja.

En junio de 1992 la DIVICOTE 1 finaliza la Operación Huascaura que se desarrollaba desde agosto de 1990 con el seguimiento de personas vinculadas a la Academia César Vallejo. En esta oportunidad se logró capturar a Luis Arana Franco (a) Manuel y a una parte de la célula de dirección del Grupo Especial de Trabajo, componente del aparato de logística del PCP-SL. Según Jiménez (op. cit.), Arana Franco brindó valiosas pistas para llegar al líder este partido. Entre otras cosas, confirmó que Guzmán se encontraba en Lima y afirmó haberlo visto en una reunión aproximadamente un mes antes de su detención. No pudo precisar, sin embargo, dónde se había realizado la misma —fue llevado con los ojos vendados—. En julio de 1992, con la información brindada, se ubicó la casa de Los Sauces, donde posteriormente se capturaría a Abimael Guzmán. Sin saber en ese momento que éste se encontraba allí, la DIVICOTE 1 decidió establecer un puesto de vigilancia permanente y realizar seguimientos a las personas que la habitaban. Aunque hasta esa fecha no existía información certera sobre la relación que mantenían los habitantes de esta casa con el PCP-SL, podían ya, sin embargo, prever que sería una pieza clave en la labor que venían desarrollando. El tiempo no haría sino darles la razón.

El 12 de septiembre la DIVICOTE-1 decide iniciar la fase final de la Operación Capitán Carlos Verau Asmat. (DIRCOTE op. cit.). Procedieron entonces a capturar al camarada Arturo (Germán Sipián Tabarra) —contacto entre Carlos Incháustegui y Arana Franco para coordinaciones logísticas— y a la intervención de su domicilio en Balconcillo, donde aprehendieron también a José Palomino Sánchez, Roberto Pizarro Corrí y Nancy Ruiz Nano. En dicho inmueble encontraron manuscritos del PCP-SL, objetos de orfebrería con dibujos que hacían alusión a la lucha armada, armas y propaganda (Caretas 1228 17.09.92).

El segundo paso sería el allanamiento del inmueble ubicado en la Calle 1, número 459 de la Urbanización Los Sauces, Surquillo, que venían vigilando desde el mes de julio. A las 17: 20 observaron la entrada de un hombre y una mujer a la casa. Decidieron proceder a la intervención cuando estos salieran. A las 20: 45, dos agentes de la DIVICOTE 1, Ardilla (Julio Becerra) y Gaviota (Cecilia Garzón), quienes se hacían pasar como enamorados ubicados cerca de la puerta de la casa, procedieron a la intervención al ver que la puerta se abría. Luego de reducir a Carlos Incháustegui, Maritza Garrido Lecca y la pareja de visitantes (Celso Garrido Lecca, tío de Maritza, y su novia, la bailarina de danza moderna Patricia Awapara), se dieron con la sorpresa de encontrar a Abimael Guzmán Reinoso (a) Gonzalo, Elena Iparraguirre Revoredo (a) Miriam, Laura Zambrano Padilla (a) Meche y María Pantoja Sánchez (a) Julia, integrantes de la dirección del Comité Central del PCP-SL.

Al comprobar el resultado exitoso de la operación, todos los efectivos de la DIVICOTE 1 y de la DINCOTE en general la celebraron. La decisión de ordenar la intervención ese día había sido la adecuada. Una vez concluida satisfactoriamente la detención de los miembros del PCP-SL, el Director de la DINCOTE, general Vidal, trasladó personalmente a Guzmán y los demás detenidos a las instalaciones de la unidad policial. Mientras tanto, un agente de la DIVICOTE encargado avisaría a todos los medios la primicia. Ese mismo día Vidal informaría a la prensa los pormenores de la que bautizarían como «la captura del siglo». Pocas semanas después de la captura de los miembros del Comité Central del PCP-SL, 17 de octubre de 1992, caería la nueva dirección de Socorro Popular. Con ello, se lograría la captura de Martha Huatay Ruiz (a) Zoila y otros 11 subversivos. (DIRCOTE op. cit.)

1.2.5. El declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción (12 de septiembre 1992 -30 de noviembre 2000)

1.2.5.1. La disputa por la autoría de los éxitos policiales

Existen dos posiciones contrapuestas frente a las capturas de los principales dirigentes de los grupos subversivos realizadas desde 1992 por la DINCOTE. En primer lugar, algunos sectores, siguiendo la interpretación oficial del gobierno de Fujimori sobre la lucha contrasubversiva, señalaron que el éxito policial fue el resultado del cambio de estrategia realizada durante su gobierno, especialmente luego del autogolpe del 5 de abril de 1992. En segundo lugar, desde visiones democráticas antimilitaristas, se señaló el éxito policial fue el resultado del trabajo de la DINCOTE, fundamentalmente del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que en unos años logró lo que nadie había hecho antes. A diez años de la principal captura, la discusión actual se centra aún en definir la autoría de la misma.

A partir de sus investigaciones, la CVR considera que el tema debe ser explicado a partir de las consideraciones señaladas a continuación.

1.2.5.1.1. Un proceso acumulativo

En primer lugar, nos interesa enfatizar la idea de que detrás de estos logros más visibles y publicitados, se encuentra un proceso largo de trabajo y de aprendizaje empírico, progresivo y acumulativo de la labor policial. Hemos tratado de transmitir esto a lo largo del texto.

En especial para el caso de la DINCOTE, nos interesa destacar que ella ha seguido, desde su formación como división (DIRCOTE, en 1981), un aprendizaje empírico progresivo y acumulativo más que el desarrollo de un plan diseñado previamente. Será sobre la marcha del trabajo y del avance de las investigaciones que se irá definiendo los pasos relevantes a seguir. Una vez acumulada cierta experiencia e información, será más viable atender un proceso más lento y dedicado y no signado por las reacciones rápidas a las urgencias presentadas. Para ello, juega un rol fundamental la obtención de recursos y del equipamiento necesario para desarrollar operaciones encubiertas de inteligencia, fundamentalmente de seguimientos y vigilancia permanente que son costosos de mantener. ²¹⁵

Como ya se ha ido evidenciando a lo largo del texto, la DIRCOTE —y las FFPP en general-tiene logros tempranos y anteriores a las capturas del GEIN y del resto de grupos especiales de la DINCOTE. Destaca, por ejemplo, la captura de los destacamentos zonales y especiales del Comité Metropolitano del PCP-SL en 1983. La captura de Antonio Díaz Martínez por la PIP de Huaraz en 1983 y la primera detención de Laura Zambrano por la DIRCOTE en 1984; asimismo, la publicitada detención de Morote Barrionuevo en 1988; por otro lado, las capturas de varios mandos del MRTA que se encontrarán entre los 47 que fugaron del penal de Castro Castro en 1990. Entre estos últimos, se encontraban Polay, Gálvez, Avellaneda y Rincón Rincón, entre otros.

Tanto Vidal como Jiménez²¹⁶ —quienes hasta hoy disputan la autoría de la captura de Guzmán— reconocen que sin el trabajo previo de dicha unidad, la experiencia acumulada y el acervo informativo no hubiesen sido posibles las grandes capturas de la década del noventa. Efectivamente, como afirma Vidal «el aporte que han hecho ellos [DIRCOTE] ha sido importantísimo en la lucha contra el terrorismo, en materia de informaciones sobre todo. Con el tiempo se vienen acumulando una serie de informaciones, no es lo mismo que partir de cero. Yo le comenté al principio que no sabíamos ni quién estaba detrás de este problema [1980], lo cual evidencia que no había el acervo informativo necesario como para trabajar. Eso se ha venido logrando con el paso de los años. [...] Otro aporte, que claro que han caído varios dirigentes [...] también he dicho de que varios del Comité Central cayeron. ¿De acuerdo? Entonces, está clarísimo el proceso. [...]» (teniente general (r) Vidal op. cit.).

Esto es reconocido también por Edgar Luque quien, como sabemos, trabajó como director de la DIGIMIN hasta 1990, estando aún en el cargo durante la formación del GEIN (marzo de 1990): «[...] ellos tienen un tipo de información previa que les facilita la decisión. O sea el GEIN se forma y no es que a partir del GEIN se produce la inteligencia sino que ya está. No, no. Es un proceso definitivamente.» (general PIP (r) Luque op. cit.). También por Jhon Caro: «Yo no soy el hombre que inició la captura. Sin querer o queriendo, mis antecesores fueron los que iniciaron esa captura. La captura de Abimael Guzmán viene desde la época de Reyes Roca, varios años atrás» (general (r) Jhon Caro op. cit.).

Por otro lado, El GEIN estuvo compuesto por efectivos de la DIRCOTE, seleccionados por Jiménez. No recogió personal de otras unidades policiales. De hecho, Palacios refiere que Jiménez, quien conocía su rendimiento, seleccionó a los mejores hombres, «a las cabeceras» de cada Delta para que trabajasen en su grupo.²¹⁷ Estos efectivos tuvieron como escuela básica de formación práctica su desempeño previo en la DIRCOTE, bajo el mando del coronel Palacios, a quien con justa razón reconocen como maestro (EQ. EC-PNP/ CVR, Entrevista CVR 18.2.03). ²¹⁸

Fundamentalmente, el GEIN empezará a trabajar rastreando la organización y funcionamiento de Socorro Popular, labor que había iniciado un grupo de análisis previo en la figura de Asesoría Legal. Según Palacios, «[...] ya nosotros no nos dábamos y nos ganaba el trabajo. Entonces Benedicto comienza a trabajar con Socorro Popular, comienza a buscar una línea de entrada a la organización y se comienza a conocer todo el aparato» (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). Esta línea o hilo será que la que permitirá al GEIN ir acercándose, progresivamente, a la Dirección Central del PCP-L.

1.2.5.1.2. El mérito policial no vinculado a una nueva estrategia de lucha contrasubversiva

Un segundo punto a destacar, de especial importancia, es que las capturas realizadas por los distintos grupos especiales de inteligencia de la DINCOTE (GEIN, BREDET y, posteriormente, DIVICOTES), son resultado de un dedicado trabajo exclusivamente policial. Hemos relatado ya los problemas de coordinación que tuvieron los policías y FFAA (entre unidades operativas y también entre los órganos de inteligencia), especialmente en zonas como Lima donde no existía un Comando Político Militar que ordenase a los policías qué hacer.

Como hemos visto a lo largo del texto, el desempeño —logros— de la labor policial realizada por la DIRCOTE (y después por la DINCOTE), fue consecuencia de las decisiones que, sucesivamente, tomaron los jefes de los distintos grupos operativos y especiales con la que esta unidad ha contado a lo largo de su existencia, más que el resultado de un plan diseñado al detalle previamente. Una decisión importante, fruto de las circunstancias antes que de un planeamiento estratégico, fue tomada durante los primeros meses del año noventa, aún durante el gobierno aprista: la creación e implementación de un grupo (GEIN) que se dedicara exclusivamente al seguimiento de los aparatos de dirección de los grupos subversivos. En junio de ese mismo año, el GEIN llegó unas semanas tarde a la casa de la Calle 2, donde hasta poco antes se alojaba Guzmán. La suerte no los acompañó del todo aquella vez. Unos meses después, la DIRCOTE procedería a conformar el BREDET, grupo que se abocaría, en especial, a la captura de líderes del MRTA. Luego de que estos grupos dieran muestras de eficacia, se decidió crear y equipar más grupos de este tipo (las DIVICOTES 3, 4 y 5). Además de ello, es importante destacar que, en los noventa, dos directores de la unidad (Jhon Caro y Vidal Herrera) permitieron la continuidad del trabajo en curso en el GEIN, lo apoyaron y afinaron.

Por otro lado, en todo este tiempo se mantuvo el trabajo operativo ²¹⁹ de los Deltas, después rebautizados como Divisiones Contra el Terrorismo Metropolitano, que seguían encargados de la importante misión de tratar de prevenir e investigar los atentados que los diferentes destacamentos zonales y locales del PCP-SL y el MRTA realizaban en Lima. Estos acompañarían el trabajo de las divisiones de inteligencia para el desmantelamiento progresivo de las distintas células y organismos del PCP-SL en Lima. Asimismo, luego de que la DIRCOTE fue ascendida a órgano sistémico nacional, grupos similares en zonas del país estratégicas dependieron de y apoyaron a la DIRCOTE (Jefaturas Zonales Contra el Terrorismo —JEZCOTES—; además, en cada una, Departamentos Contra el Terrorismo —DECOTES— y Secciones Contra el Terrorismo -SECOTES). Esto permitió organizar mejor el trabajo de lucha contrasubversiva a nivel nacional.

En síntesis, el desempeño y logros de la DINCOTE no fueron parte de una estrategia o plan diseñados por el nuevo gobierno, sino más bien consecuencia de decisiones tomadas previamente y de la experiencia policial e información acumulada en la materia. Muchas de las capturas fueron posibles también, gracias al equipamiento y apoyo económico que consiguieron, entre otros de la CIA.

Por lo menos poco después de la captura, esto era percibido claramente por la opinión pública. En un Informe de Opinión elaborado por APOYO S. A. en el mes de setiembre de 1992 — después de la captura— se consignaba que el 43% de las personas entrevistadas creía que la captura de Guzmán se debió fundamentalmente al desempeño de la DINCOTE, el 38% lo atribuía principalmente a un soplo (una llamada/ dato) o golpe de suerte, y sólo el 9% de los entrevistados la consideraba, fundamentalmente, como resultado de la estrategia contrasubversiva de Alberto Fujimori Fujimori. Por otro lado, dos de cada tres entrevistados (el 66%) consideraba que el autogolpe de Fujimori Fujimori no tuvo nada que ver con el éxito obtenido contra la subversión²²⁰. A estas percepciones se suma lo afirmado, indistintamente, por los diferentes policías entrevistados que trabajaron en la unidad. Todos ellos,²²¹ concuerdan que la captura de Abimael Guzmán Reinoso fue resultado del trabajo policial y que más bien el gobierno y el SIN se apropiaron luego de los réditos de dicho logro.

En un intento por aclarar que existía una línea de continuidad en el trabajo de la DINCOTE, después de felicitar a la policía y al gobierno por la captura de Guzmán Reinoso, el ex presidente Alan García se encargó de precisar que «la captura de Guzmán Reinoso desarticula al movimiento pero creo que la policía ha continuado trabajando. Cuatro meses antes de nosotros abandonar el gobierno ,también localizamos una casa donde el terrorista había estado 48 horas antes. Esto demuestra que ha habido constancia en el seguimiento de las pistas» (DESCO, Resumen Semanal n.° 686 9-15 de setiembre de 1992).

Como señalaba el semanario Sí el 15 de setiembre de 1992 a propósito de la captura, hasta entonces el jefe de Estado había dado repetidas muestras de que su base principal de poder eran los militares y, en especial, el Ejército (ibid). Asimismo, la militarización de la estrategia contrasubversiva entregó el mando absoluto del conflicto al Comando Conjunto y los decretos traspasaron gran parte de las funciones policiales al Ejército. Por ello, la captura de Guzmán sorprendió a las altas esferas del gobierno, que no se encontraban al tanto de la ejecución de la operación. La puesta en ejecución de la operación «Capitán PNP Carlos Verau Asmat» no fue consultada ni informada al presidente de la República, al Ministro del Interior o coordinada con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Todas estas instancias continuaban sus actividades regulares previstas para dicho día (ibid). Incluso, Fujimori Fujimori ²²² volvió a Lima el día 13 y no ofreció declaraciones a los periodistas hasta las 11: 30 de la noche en que dirigió un mensaje a la nación y presentó las primeras imágenes de Guzmán. No obstante, el día anterior, la DINCOTE se había encargado ya de propalar la noticia del éxito policial sin esperar el aval o autorización del gobierno. A pesar de ello, el sorprendente éxito fue presentado como resultado de una nueva estrategia del gobierno.²²³

La certidumbre de que la captura de Abimael Guzmán Reinoso (y otras anteriores como la de Víctor Polay Campos) fue un éxito policial no vinculado a una nueva estrategia contrasubversiva y aprovechado por el gobierno, fue expresada en esos días en los editoriales de varios medios y en algunas columnas de opinión. Al respecto, cabe citar extractos de la Editorial de la revista Caretas (1228 17.09.92), «Paradojas», a propósito de la captura:

[...] a Guzmán lo captura la policía, institución que desde el 28 de julio de 1990 sufría los embates retóricos y prácticos del jefe de Estado. En un afán de acercarse al Ejército, el nuevo presidente había explotado viejas rivalidades y celos nombrando ministros del Interior militares, reduciendo presupuestos y desarticulando unidades especiales creadas durante el gobierno anterior. [...] Tercera paradoja: uno de los pocos equipos que sobrevivió a las purgas gubernamentales fue la DINCOTE, unidad que al rastrear a Guzmán ha entregado al Ing. Fujimori un resonante triunfo político que, por cierto, él se apresura a explotar. Cuarta paradoja: Sendero ha sufrido un golpe devastador, pero los poderes dictatoriales asumidos por el ingeniero el 5 de abril en nada han contribuido a conjurar el peligro insurgente. Por el contrario, las acciones violentas aumentaron pavorosamente desde el golpe. La detención del jefe senderista, en cambio, fue realizada usando métodos policiales clásicos y en condiciones perfectamente compatibles con una democracia. Lo mismo se puede decir del arresto de Víctor Polay, el jefe del MRTA, semanas atrás.

Las capturas constituyeron un aporte fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo, que se traducirá en la disminución progresiva de acciones. En especial, la captura de Abimael Guzmán Reinoso generará envidia y celos, tanto en unidades de la misma policía como en los institutos armados y sus servicios de inteligencia. Especialmente la osadía de golpear sin previa consulta y propalar la noticia por cuenta propia no sería perdonada a estos policías. Por ello, meses después de estos publicitados logros, diversos miembros de la DINCOTE serán reasignados a otras unidades y labores de acuerdo a los nuevos intereses del gobierno.

1.2.5.1.2. La desarticulación de la DINCOTE

Aunque, como dice un policía, realmente parece absurdo a primera vista, después de las principales capturas —en especial desde 1993— en lugar de premiar y apoyar el trabajo de la DINCOTE lo que hizo el gobierno fue desarticularla:

Y después que capturan a Guzmán, ¿qué hacen con la DINCOTE? Eso hay que decirlo [...] ¿Cómo es posible? ¡Eso es una traición a la patria! La DINCOTE tenía por decirte 100 hombres, debió ser potenciada a 500 hombres, 5 veces más. Usted tiene 100, le damos 500, usted tiene 10 vehículos, le damos 50 vehículos, usted tiene 100 metralletas le damos 500 metralletas, usted tiene diez mil soles le damos un millón de soles para la operación. ¿Qué hacen? Comienzan a desactivar a la DINCOTE. ¿Qué otra cosa? En lugar de destacar que la DINCOTE estaba manifestando la eficiencia de una institución que se llamó Policía de Investigaciones, todo el mundo calla el nombre de Policía de Investigaciones ²²⁴. (teniente general PNP (r), Entrevista CVR 12.12.02)

En enero de 1993, el general Vidal, director de la DINCOTE al momento de la captura de Abimael Guzmán Reinoso, fue cambiado a Inspectoría General. El nuevo jefe de la DINCOTE, hasta julio de 1996, sería el general PNP Carlos Domínguez Solís. Poco después de la salida de Vidal, el gobierno desarticuló varios de los grupos especiales de la DINCOTE, destacando a sus miembros a otras unidades. En especial «desaparecen» ²²⁵ el GEIN (DIVICOTE-1), que en el momento de la captura de Guzmán contaba con 80 efectivos.²²⁶ A raíz de ésta, los empiezan a «dispersar por todos lados» (técnico de primera PNP, integrante del ex GEIN, Entrevista CVR 26.2.03). Algunos de los primeros en ser cambiados fueron el jefe del GEIN, Marco Miyashiro, y el jefe de operaciones Benedicto Jiménez.

En efecto, en 1993, Jiménez fue destacado al SIN como director de Pacificación para trabajar con los arrepentidos.²²⁷ Él fue acompañado por algunos policías que trabajaban con él en el GEIN.²²⁸ Al respecto, uno de ellos refiere que «como una manera de controlarlo, lo enviaron al SIN a Jiménez. El mismo SIN lo marcaba. Jamás van a perdonar [los militares] que hayamos sido policías»( ibid).

El ciclo de las capturas realizadas por la DIRCOTE/ DINCOTE hasta fines de 1992 significaría también la culminación práctica de las iniciativas contrasubversivas de los ochenta. Dentro de un marco autoritario (aún sin Congreso), el manejo contrasubversivo centralizado en el SIN se consolidaría con la dación de un nuevo paquete de decretos para la pacificación nacional. A través del DL 25635, que entró en vigencia el 28 de julio de 1992, se otorgó plenos poderes al SIN alegando la necesidad de centralizar la inteligencia para combatir a la subversión. Dicho decreto creó, formalmente, el Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) y colocó al SIN como su órgano rector. En el mismo se establecía que el SIN podría recabar información de organismos públicos y privados, bajo responsabilidad penal. Asimismo, lo facultaba para decidir la creación de órganos de inteligencia en los ministerios y organismos públicos que respondieran a él y establecía que su presupuesto era secreto. De esta manera, el SIN, que hasta 1990 era un organismo pequeño y burocrático, se convirtió en el aparato político del gobierno y asumiría progresivamente múltiples funciones ilegales (Rospigliosi 2000).

En efecto, en los meses siguientes las correlaciones de poder se inclinaron con más fuerza hacia el SIN, desde donde se dirigió en adelante el nuevo proyecto político del gobierno. ²²⁹ Como hemos relatado, una de las consecuencias prácticas fue la decisión de sacar a algunos de los mejores policías para asegurar centralización del trabajo, información y, por tanto, poder en el SIN.²³⁰ Sin embargo, varios de los policías destacados ²³¹ al SIN pasarían también a cumplir labores abiertas de tipo operativo, en las unidades especiales de seguridad del asesor presidencial. A ello se agregaría la construcción de una versión oficial²³² sobre la «pacificación», una de las banderas del gobierno para la reelección de Fujimori Fujimori en 1995.

A pesar de los cambios, el trabajo de la DINCOTE continuó con los efectivos que se quedaron y algunos nuevos asignados. Las capturas previas a los principales dirigentes de los grupos subversivos lograron debilitarlos lo suficiente como para continuar con la desarticulación progresiva de células y órganos de menor nivel jerárquico, en Lima y provincias. Asimismo, se lograría capturar a algunos dirigentes de importancia que aún continuaban en libertad. Entre otros:

10 de junio de 1993: El Plan de Operaciones Cuervo 3 de la DIVICOTE-2 culmina con la captura de Américo Carlos Gilvonio Conde, "Juan Carlos", integrante del Comité Ejecutivo Nacional y responsable de la Región Lima y Fuerzas Especiales del MRTA (DIRCOTE op. cit.).

15 de noviembre de 1993: Con el Plan de Operaciones Alacrán se logra capturar a los chilenos Juan Francisco Castillo Petruzzi, "Alfredo o Sergio" -integrante del Comité Ejecutivo Nacional y Fuerzas Especiales del MRTA-María Concepción Pincheira, Alejandro Astorga Valdez, Lautaro Mellado. En total se tuvo 10 detenidos (ibid).

21 de agosto de 1993: La DINCOTE detiene a Edmundo Cox Beuzeville, "Federico", en ese momento Jefe del Comité Regional Metropolitano (ibid).

14 de mayo de 1993: María Lucero Cumpa Miranda y otros 9 emerretistas son recapturados por la DIRCOTE (ibid).

23 de marzo de 1995: Margie Clavo Peralta, importante líder senderista, miembro del Comité Central de Emergencia de SL, es capturada.

30 de noviembre de 1995: Miguel Rincón Rincón, importante miembro de la cúpula del MRTA, es capturado junto a la norteamericana Lori Berenson. Se descubre la existencia de un plan para tomar el Congreso.

Con el paso de los años y la disminución de la guerra interna, se evidenciaría un descuido en el trabajo y financiamiento de la DINCOTE. Hacia 1996, una coyuntura especial de atentados perpetrados por la facción del PCP-SL dirigida por Feliciano (Oscar Ramírez Durand), haría remembrar la eficiencia del GEIN y remarcaría el error que consistió la desarticulación de este grupo (Caretas 1413, 9 de mayo de 1996). Luego de la asunción del gobierno actual, en el 2001, el equipo ministerial de Fernando Rospigliosi encontró que la DINCOTE requería una reorganización profunda. Con el descenso de la subversión, la rutina parecía haberse instalado en aquella unidad, donde varios policías «vegetaban» (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03). Ante esta situación el nuevo Ministro del Interior decidió llamar a los antiguos jefes del GEIN para encargarles la dirección de la unidad. Es así como el 2 de enero del 2002, el general Marco Miyashiro fue nombrado Director de la DIRCOTE. Por otro lado, después de culminar sus funciones como asesor independiente del Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU —cargo al que fue propuesto por el gobierno— el 12 de Mayo del 2002, Benedicto Jiménez asumiría la jefatura de la División de Inteligencia Operativa (DIVIOPOL) de la DIRCOTE.

1.2.5.3. La legislación antiterrorista y resultados de la actuación policial en la década del noventa

Además de reconocer los importantes logros de la labor policial de los años noventa, es preciso llamar la atención acerca de los resultados de su actuación en términos de la comisión de violaciones de los derechos humanos en el marco de acción permitido por el régimen legal e institucional del gobierno autoritario después del autogolpe del 5 de abril de 1992. Los decretos ley en materia antiterrorista promulgados por el gobierno desde 1992 ampliaron el margen de discrecionalidad de la actuación policial. Es cierto que frente a la alarmante ineficiencia del sistema de administración de justicia era imperativo tomar medidas concretas. Sin embargo, la radicalidad de los dispositivos legales adoptados, que no consideraban precauciones mínimas para controlar la labor policial —de conocida tradición autoritaria— y para asegurar el debido proceso, estableció condiciones propicias para la repetición y exacerbación de ciertos actos violatorios de los derechos humanos y creó un fenómeno hasta entonces no visto: el de los inocentes en prisión. En unos meses, se pasó de la permanente irregular liberación de miembros del PCP-SL y del MRTA, a la detención y encarcelamiento de cientos y hasta miles de inocentes (De la Jara op. cit.: 37).

En lo que respecta a la labor policial, la legislación antiterrorista de 1992 (ibid: 58):

-Otorgó facultades casi ilimitadas a la PNP, sin ningún control jurisdiccional, para detener, incomunicar, trasladar, interrogar y recolectar pruebas en general.
-Dispuso que la PNP determinaría si el caso corresponde a terrorismo o traición a la patria y, por tanto, la que decide si lo pasa al fuero común o al militar, decisión de la máxima importancia y que obviamente implica una función casi jurisdiccional.
-Exoneró de todo tipo de responsabilidad a los policías que actuaran pruebas en la etapa prejudicial, al establecer que no podían ser llamados durante el juicio en calidad de testigos.

-Restringió la facultad de jueces y fiscales en la etapa judicial: ante un caso que la PNP pasaba al Poder Judicial, los fiscales estaban obligados a formalizar denuncia y los jueces a abrir instrucción.

Por otro lado, al no contemplar ningún tipo de garantía, regla o límite para su aplicación y debido a que durante más de dos años se utilizó compulsivamente, el sistema de arrepentimiento dispuesto provocó lo siguiente: que muchos inocentes terminaran acogiéndose a dicha ley engañados, torturados por policías; que se generaran muchas acusaciones falsas, inexactas o exageradas; y que la sola sindicación bastara para que la persona involucrada fuera detenida, procesada y muchas veces condenada (ibid.: 59).

La ausencia de garantías mínimas para el detenido y de control o supervisión de la acción policial durante la investigación prejudicial, el que en la práctica el atestado policial sirviese como única prueba durante el juicio o la aplicación compulsiva de la ley de arrepentimiento ²³³ de la mano de una política de promoción del ascenso según el número de detenciones a terroristas, propició la ampliación de una serie de abusos de los cuales la DINCOTE en Lima y sus órganos en las regiones policiales serían también responsables. Entre otros cabe mencionar la institucionalización de las detenciones indiscriminadas, la siembra o fabricación de pruebas por efectivos policiales, el procesamiento y condena de inocentes, así como un nuevo incremento en la comisión de actos de tortura (para obtener declaraciones en las cuales se culpen a sí mismos o sindicaciones) y violencia sexual frente a los detenidos.²³⁴

1.2.6. Las violaciones de los derechos humanos

De acuerdo con los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las FFPP son responsables del 6.6% de peruanos que faltan (muertos y desaparecidos); se ubican así en el tercer lugar, luego del PCP-SL (53.68%) y las FFAA (28.73%). En términos generales, la lucha contra la subversión reforzó prácticas institucionales, autoritarias y represivas, preexistentes en la actuación policial. En un análisis más detenido del tipo, frecuencia, lugar y fecha de ocurrencia de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por policías es de vital importancia diferenciar dos tipos de patrones o comportamientos.

En primer lugar, y siendo tal vez lo más importante por la implicancia de su constatación, la comisión regular o sistemática de cierto tipo de violaciones estrechamente vinculadas con el accionar policial tradicional o histórico en el Perú: la práctica de las detenciones indebidas e indiscriminadas —costumbre de detener para investigar en lugar de investigar y probar primero antes de detener— y los malos tratos y uso de tortura con detenidos.

En efecto, el principal tipo de violación a los derechos humanos perpetrado por policías es la tortura, con un total de 1741 casos reportados.

Si bien no es posible precisar el número o porcentaje exacto de detenciones arbitrarias, la CVR tiene registradas un total de 2879 detenciones efectuadas por miembros de las FFPP. De los 2040 detenidos, 982 ( 48.1 %) fueron torturados y 396 (19.4 %) fueron desaparecidos.

Los malos tratos y la tortura constituyeron parte de las prácticas cotidianas de los policías de distintas unidades. La CVR registra casos atribuidos a las FFPP desde 1980. La tortura ejercida por las FFPP fue una práctica sistemática, generalizada y extendida: a diferencia de otro tipo de violaciones de los derechos humanos que estuvieron más focalizadas —como las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas— la tortura fue practicada por policías a lo largo de casi todo el territorio nacional. Lo mismo puede decirse acerca de las detenciones indebidas. Sin estrategias o planes claros, los policías recurrieron con frecuencia a ellas dentro de una situación de violencia generalizada que las hacía permisibles a falta de controles y sanción por parte del Estado.

El abuso, la prepotencia y el uso de la violencia física han sido prerrogativas de las FFPP en su relación con la población de escasos recursos antes de 1980. El uso de tortura en los interrogatorios o las detenciones indebidas había sido frecuente en el combate a la delincuencia común, pero adquirieron un carácter masivo por la acción contrasubversiva. En una situación de violencia extendida y de tensión permanente, los policías recurrieron a la tortura como una de sus formas de acción más eficaces para la obtención de información y pruebas,²³⁵ conocido como interrogatorio. Al respecto, citamos la explicación de un comandante PIP de la Jefatura Departamental de Ayacucho durante el primer estado de emergencia en 1981, al referirse a personas torturadas en su dependencia:

-Eso no es tortura. Eso es interrogatorio. Nosotros no malogramos. No mutilamos. Tenemos que interrogar.
-¿Eso es interrogatorio para usted? Eso no es legal, y usted lo sabe.
-Yo le voy a decir lo que yo sé. ¡Yo sé que esa gente mata, que esa gente tortura! ¿Por qué no se preocupa de lo que esos terroristas hacen? ¡Y tenemos que agarrarlos antes que crezcan! ¿Me entiende? [...] ¡No torturamos! Le voy a decir lo que hacemos. Les podemos dar algunos golpes, o darles una colgada, o hacerles el submarino, pero eso no es tortura. [...] Nosotros no les hacemos daño. Todos pasan por un examen médico. Cuando los examina el médico legista todos están bien. Y nos dicen lo que debemos saber. Y así podemos trabajar, para salvar vidas. Esa gente mata, ¿sabe? ¿De qué lado estamos ah? (Gorriti 1991: 233)

Dentro de las antiguas FFPP, especialmente los PIP -antiguos encargados de la investigación en la etapa prejudicial-, fueron conocidos por su experiencia en técnicas diversas de interrogatorio. En la mayor parte del país, fueron PIP asignados a las Secciones Contra el Terrorismo (SECOTES) o los Departamentos Contra el Terrorismo (DECOTES) — dependientes de las Jefaturas Departamentales de las FFPP— los encargados de investigar los delitos de terrorismo. Sobre todo en Lima, los efectivos PIP de la DIRCOTE (luego DINCOTE) cumplirían esta función. Sin embargo, estas prácticas abusivas no fueron exclusivas de los PIP ²³⁶; eran también frecuentes entre los guardias civiles —durante las detenciones, "batidas", traslados o en las comisarías—; más adelante, entre los policías en general. Sin referirnos al trato y tortura de presos en cárceles durante las requisas, responsabilidad de los guardias republicanos. ²³⁷

Constatar estos hechos implica también reconocer la necesidad y urgencia de promover una reforma policial profunda que intente modificar las bases mismas de la cultura institucional hasta hoy imperante, que sustenta y legitima este tipo de prácticas.

En segundo lugar, en lo que respecta a violaciones de derechos humanos perpetradas por las FFPP cabe llamar la atención acerca de su seguimiento del patrón de violaciones cometidas por las FFAA en zonas de emergencia. Esto se refleja, fundamentalmente, en lo referente a la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en gráficos muy similares:

Ello no quiere decir, sin embargo, que efectivos policiales no incurrieran, autónomamente, en zonas del país no controladas militarmente, en este tipo de violaciones. Pero el reporte de estas violaciones según lugar de ocurrencia está más focalizado o concentrado en departamentos que estuvieron bajo estado de emergencia y control de un Comando Político Militar, como Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín.

Esto se explica porque, bajo el CPM, las FFPP quedaron en la práctica como fuerzas auxiliares a los planes u operativos diseñados por el primero teniendo como marco de acción la suspensión de garantías ciudadanas y la restricción —o ausencia muchas veces— del control fiscal y judicial de sus actuaciones. Bajo el estado de emergencia se acrecientan condiciones para comisión de este tipo de violaciones. Finalmente, cabe señalar también la constatación de la participación de efectivos de las FFPP en actos de violencia y violación sexual, con un total de cuarenta casos registrados. Dado el subregistro de denuncias de este tipo no es posible conocer la verdadera magnitud y frecuencia de este tipo de graves violaciones, a menudo asociada a la comisión de tortura con detenidas. ²³⁸

1.2.7. Conclusiones

1. A lo largo del conflicto interno, las fuerzas policiales atravesaron por grandes cambios institucionales como la creación de una policía unificada y el desarrollo de unidades especializadas contra la subversión. La división inicial en tres institutos con identidades corporativas propició rivalidades y enfrentamientos que impidieron una conducción centralizada de la respuesta estatal a la subversión. Antes de la unificación, cada instituto desarrollaba iniciativas propias en el terreno de la lucha contrasubversiva. Debido a las necesidades del conflicto, surgieron unidades especializadas en el plano de la inteligencia y la acción militar que tuvieron una decidida participación.

2. Los policías fueron, con frecuencia, un blanco privilegiado de los grupos subversivos quienes los atacaban a mansalva en los momentos más inesperados, aprovechando el factor sorpresa y desprotección de los primeros. La lucha contra la subversión convirtió a la institución policial en una de las principales y más desprotegidas víctimas de la subversión entre las fuerzas del orden. Durante el proceso de guerra interna, las fuerzas policiales sufrieron el mayor número de víctimas de su historia, acumulando un total de 682 muertos, 754 heridos y 101 inválidos, según informe remitido a la CVR ²³⁹.

Perú 1980-2000: Número de víctimas mortales de las Fuerzas Policiales por el conflicto armado interno

Rango	Número de fallecidos
Oficiales	125
Suboficiales	506
Especialistas	51
Total	682

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú (DIRREHUM-PNP)

Perú 1980-2000: Número de policías heridos y lisiados a consecuencia del conflicto armado interno

Rango	Número de heridos	Número de heridos que resultaron inválidos
Oficiales	110	25
Suboficiales	609	68
Especialistas	35	08
Total	754	101

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú (DIRREHUM-PNP)

3. Sin embargo, en este proceso las FFPP también acumularon graves denuncias por perpetrar violaciones de los derechos humanos y ocuparon el tercer lugar como grupo responsable del 6.6% de peruanos que faltan (muertos y desparecidos) como consecuencia de la guerra interna.

4. A propósito del conflicto armado interno, las FFPP pasaron en una década de la imagen pública de ineficiencia extrema (1982) a la del éxito indiscutible con las capturas incruentas de los principales líderes subversivos (1992). A lo largo de la guerra interna cometerían una serie de errores, pero obtendrían también grandes logros.

5. Las relaciones de las fuerzas policiales con los gobiernos de turno y las fuerzas armadas estuvieron marcadas por la subordinación constitucional de las fuerzas policiales y el menosprecio de su función por políticos y militares. El curso del conflicto agravó su condición por el costo de imagen institucional que sufrió en los primeros años y el papel relegado que cumplió bajo la conducción de las fuerzas armadas en las zonas de emergencia. En distintos momentos, además, fue evidente la intención del Ejecutivo de apropiarse de las instituciones para fines particulares.

6. La lucha contra la subversión reforzó prácticas institucionales, autoritarias y represivas, preexistentes en la actuación policial. La tortura en interrogatorios o las detenciones indebidas había sido utilizada frecuentemente en el combate a la delincuencia común, pero adquirieron un carácter masivo por la acción contrasubversiva. La búsqueda de información sobre un enemigo desconocido, la violencia extrema ejercida por el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, Sendero Luminoso, contra los policías y la precariedad de recursos contribuyeron a exacerbar el comportamiento policial en este aspecto.

7. Salvo la DOES, las unidades especializadas en lucha contrasubversiva no contaron con los recursos financieros y de apoyo logístico necesarios en el momento oportuno. Tales recursos y apoyo fueron llegando de a pocos, muchas veces como resultado de la búsqueda o gestión de las mismas unidades con representantes de agencias de seguridad pública de gobiernos extranjeros e incluso el financiamiento esporádico o en especies de sectores empresariales. Es decir, no se definió como una prioridad dentro de los ejercicios presupuestales.

8. Al igual que al resto del país, el inicio de la lucha armada del PCP-SL sorprendió a las fuerzas policiales sin recursos para comprender y combatir rápidamente la peculiar naturaleza del enemigo y el tipo de guerra subversiva que planteaba al Estado peruano. Cuando recibieron la responsabilidad de dirigir las acciones de lucha contrasubversiva no contaron con un apoyo adecuado del gobierno para la conducción y financiamiento de las mismas.

9. La ausencia de un comando unificado policial hizo difícil la coordinación mínima de planes y operaciones, dispersando los recursos y mostrando los límites de los métodos convencionales en materia de lucha contrasubversiva. Debido a su preparación y experiencias previas, los destacamentos de sinchis buscaron infructuosamente focos guerrilleros como los de 1965. Su presencia en la zona de emergencia se asemejó a la de una fuerza de ocupación, sin comprensión cabal del entorno donde se ubicaban usualmente los responsables de violaciones de los derechos humanos. La antigua Policía de Investigaciones del Perú (PIP) fue más exitosa en sus capturas en el ámbito urbano, al punto que el PCP-SL atacó varios penales en el país para rescatar a sus militantes presos, como ocurrió con el asalto a la cárcel de Huamanga en marzo de 1982.

10. La labor policial se vio afectada por factores externos a la guerra interna. La corrupción de altos oficiales vinculados al narcotráfico en los primeros años de la década de los ochenta tuvo repercusiones en la lucha contrasubversiva. La corrupción, afianzada principalmente, aunque no exclusivamente, en los altos mandos de la PIP y en unidades estratégicas como su Dirección de Inteligencia impidió un mejor desempeño policial en los años en los que el PCP-SL aún era débil y cometía una serie de errores.

11. El ingreso de las fuerzas armadas a Ayacucho ocurrió luego de percibirse el fracaso de la policía en la lucha contra Sendero Luminoso. La imagen de acciones subversivas incontrolables contrastaba con el abandono de puestos policiales en el campo y el atrincheramiento urbano en las comisarías que implicaron, en conjunto, un descuido creciente de la seguridad ciudadana.

12. Al asumir el comando de las zonas de emergencia, las fuerzas armadas recibieron la responsabilidad de definir y aprobar las operaciones de las fuerzas policiales. En términos prácticos, estas últimas quedaban sujetas a las funciones establecidas por los jefes de los comandos político-militares, siempre de acuerdo a la estrategia puesta en marcha y por encima de sus comandos y de las propias autoridades civiles.

13. A medida que avanzaba la ofensiva militar, diferentes unidades o dependencias de los tres institutos policiales que actuaron en las zonas de emergencia incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos como la matanza de Socos o los casos de torturas y desaparición de detenidos. Sumado a lo anterior la participación de policías en actividades delictivas a nivel nacional incrementó el desprestigio policial y la desconfianza ciudadana. Lo más rescatable en el proceso fue el conocimiento más acertado del PCP-SL obtenido a partir del trabajo inicial de la DIRCOTE, sin que ello implique reconocer que dicha unidad también incurrió en violaciones a los derechos humanos por esta época.

14. Si bien el gobierno aprista tampoco contó con una estrategia contrasubversiva global, desde el Ministerio del Interior se pusieron en marcha medidas como la reorganización de las FFPP (unificación del comando en la Dirección General y de Regiones Policiales), la mediación directa para la resolución de conflictos entre institutos policiales y el reforzamiento de la dirección y seguimiento de sus labores desde el Ministerio.

15. El nuevo gobierno introdujo medidas específicas para enfrentar a la subversión como el equipamiento y armamento de unidades especializadas operativas, la creación de una sola unidad para operaciones especiales, la Dirección de Operaciones Especiales (DOES) y una para inteligencia preventiva, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). Sin embargo, dadas estas prioridades, no se atendió ni reforzó suficientemente a la DIRCOTE, unidad que había adquirido experiencia a partir de su trabajo concentrado en Lima.

16. A pesar de las limitaciones en medio de las que debía realizar su trabajo, la DIRCOTE alcanzó una serie de logros tempranos en la labor contrasubversiva. Esto se tradujo, especialmente, en capturas de mandos medios y altos (sobre todo del MRTA). Sin embargo, su labor no estuvo ajena a la violación de derechos humanos. Debido a prácticas institucionalizadas en el desempeño policial de la PIP, serán frecuentes los casos de detenciones indebidas —costumbre de detener para investigar—, así como de malos tratos y torturas en interrogatorios.

17. Por entonces, el sistema de administración de justicia comportaba una serie de deficiencias que dificultaban el trabajo policial contrasubversivo, fundamentalmente por la liberación de diversos subversivos durante el proceso judicial o por beneficios carcelarios excesivos.

18. La creación de la Policía Nacional del Perú no representó en sí misma una reestructuración radical de la estrategia contrasubversiva del gobierno. Intentó disminuir los conflictos entre los institutos policiales, pero no los eliminó inmediatamente. La formación de una unidad elite, como la DOES, fue un proceso importante en la centralización de las acciones policiales contrasubversivas, pero implicó un sesgo militarista en la institución.

19. El proceso creciente de violencia en el país, la abdicación sucesiva del poder político y, con ello, la militarización de vastas zonas del país —que implicó un recorte de las funciones policiales— y de la respuesta contrasubversiva, contribuyeron también a acentuar la militarización de nuestra policía.

20. La aplicación del nuevo manual contrasubversivo del Ejército en las zonas de emergencia desde 1989, redefinirá también el rol y acciones de los efectivos policiales bajo su mando.

21. Ajena a estos cambios, la DIRCOTE seguirá el trabajo trazado en Lima, con una mejora sustancial en sus recursos gracias al apoyo de agencias de seguridad de gobiernos extranjeros. A inicios de los noventa, la DIRCOTE (luego DINCOTE) sorprenderá al país con las capturas sucesivas de los principales dirigentes de los grupos subversivos, especialmente con la de Abimael Guzmán. Los logros de la DINCOTE no fueron parte de una estrategia o plan diseñados por el nuevo gobierno o por las FFAA, sino más bien consecuencia de decisiones tomadas previamente en un largo proceso de trabajo, el financiamiento y equipamiento oportuno y de la experiencia policial e información acumulada en la materia.

22. Las capturas de los principales líderes subversivos durante 1992 constituyeron un aporte fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo.

23. Sin embargo, estos grandes logros se vieron apañados en parte por un nuevo incremento de violaciones de los derechos humanos, sobre todo al debido proceso, propiciado por un marco legal e institucional autoritario y represivo. Esto conduciría a cientos de inocentes a prisión en muchos casos, entre otros factores, debido a una deficiente actuación policial y del sistema de administración de justicia en general.

24. La instrumentalización política de la policía, presente en los ochenta, llegó a niveles alarmantes durante la década de los noventa. Con el cambio de gobierno se inició un giro hacia el afianzamiento del poder militar, con la progresiva preeminencia del SIN. La Policía Nacional será sometida al control militar desde el Ministerio del Interior y, en general, a los planes que el SIN incluía para ella. A finales de la década, vemos a una Policía Nacional subordinada al poder militar, postergada en la agenda del gobierno, disminuida en sus facultades y atravesada por la corrupción de las altas esferas del Estado.

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239 La CVR recibió e incorporó los resultados del trabajo de revisión y depuración de la lista institucional de víctimas, efectuado por una comisión en la DIRREHUM-PNP durante el año 2003. No obstante, el listado depurado adjunto al oficio (recepcionado el día 26 de agosto del 2003) no pudo ser incorporado al anexo del informe final por la proximidad de la fecha de entrega del mismo según lo dispuesto en el decreto supremo de prórroga. Para el análisis de datos la CVR utilizó el primer listado remitido, en el que se contaban solamente 568 víctimas mortales. Al respecto, ver sección sobre "Víctimas de las Fuerzas del Orden".