El presente capítulo expone las principales conclusiones del análisis estadístico sobre el perfil sociodemográfico de las víctimas del conflicto armado interno que han sido reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

A lo largo de esta sección, nos interesa desarrollar los siguientes argumentos:

• La violencia armada no afectó uniformemente todos los ámbitos geográficos ni los diferentes estratos sociales del país. Estuvo concentrada en lo que podríamos denominar los márgenes de la sociedad, es decir, aquellas zonas y grupos menos integrados a los centros de poder económico y político de la sociedad peruana.
  
  
• Dentro de las zonas más afectadas, a pesar del carácter masivo en términos del número de víctimas fatales que provocaron, los principales actores del conflicto armado interno no tuvieron un accionar totalmente indiscriminado, sino que seleccionaban a sus víctimas al interior de estratos específicos de las sociedades regionales o locales que fueron escenario de la violencia.
  
  
• El perfil de las víctimas de los principales actores del conflicto armado interno tuvo un carácter dinámico, condicionado por el tipo de estrategia que intentaron llevar a cabo, así como por las características específicas de los lugares donde se desarrolló el conflicto.

Para realizar este análisis, nos hemos concentrado en las características sociodemográficas de las 23,969 personas muertas y desaparecidas que fueron reportadas a la CVR en los 16,917 testimonios recopilados a lo largo de su investigación.

3.1. «PUEBLOS AJENOS DENTRO DEL PERÚ»

Entonces, mi pueblo era pues un pueblo, no sé... un pueblo ajeno dentro del Perú.
Primitivo Quispe, Audiencia de Ayacucho, 8/ 4/ 2002

En los miles de testimonios recopilados por la CVR, es común encontrar frases que dan cuenta del sentimiento de exclusión e indiferencia que experimentaron las personas y comunidades que fueron las víctimas mayoritarias del conflicto armado interno. Muchos de ellos sintieron que para el resto del país, en particular para los principales centros del poder político y económico, lo ocurrido en sus pueblos, casas y familias sucedía en «otro país», un Perú ajeno a la modernidad y el poder.

Durante muchos años, el Perú moderno, urbano y limeño, trató con indiferencia a las regiones más afectadas por la violencia, las más alejadas y pobres. Incluso cuando el conflicto armado arremetió con fuerza en el corazón de las principales ciudades a finales de la década del 80 e inicios de la del 90, fue difícil unificar las experiencias y la memoria de la violencia de mundos tan distintos, al punto que los íconos emblemáticos de las víctimas del conflicto hasta entonces cambiaron repentinamente de color de piel, idioma y lugar de residencia cuando aparecieron en las pantallas de TV. Las imágenes de la violencia vivida en el centro del poder, desplazaron a aquellas captadas durante tantos años en la periferia de la sociedad peruana.

Las manchas más oscuras en el mapa 1 representan aquellos distritos con mayor número de víctimas fatales ¹ reportadas. Como se aprecia, éstas forman una especie de línea a lo largo de la sierra y selva de la mitad central del país.

Mapa 1

Las principales ciudades, en particular de la costa, no estuvieron en el centro del conflicto a pesar de que muchos de los hechos ocurridos en ellas hayan tenido gran trascendencia en la opinión pública.

El principal costo en vidas humanas a lo largo de los veinte años investigados por la CVR fue asumido por las localidades más pobres del país.

Gráfico 1

Tal como se aprecia en el Gráfico No. 1, Ayacucho es el departamento que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Junto con Ayacucho, en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, la CVR ha registrado cerca del 85% de las víctimas que le fueron reportadas en los testimonios. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes viven hoy en día en estos departamentos concentran tan sólo el 9% del ingreso reunido de todas las familias peruanas. ²

Existe una evidente relación entre exclusión social e intensidad de la violencia. No es casual que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean considerados por diferentes estudios ³ dentro de la lista de los cinco departamentos más pobres del país.

Gráfico 2

Tal y como se aprecia en el Gráfico No. 2, más del 35% de las víctimas fatales ocurrieron en distritos que se ubicaban, según el censo de 1993, en el quintil ⁴ más pobre del país, mientras que menos de 10% de ellas murieron o desaparecieron en distritos que se ubican en el quintil menos pobre.

Como es sabido, la exclusión social y la pobreza en el Perú tienen un rostro rural y campesino. Es también en esas zonas y categorías sociales donde se concentró la mayor cantidad de víctimas, no sólo a escala nacional sino dentro de los mismos departamentos más afectados por la violencia (ver Gráficos No. 3 y 4). La proporción de muertos y desaparecidos reportados a la CVR en zonas rurales es casi tres veces mayor que la proporción de personas que vivían en esas zonas según el censo de 1993. En forma concurrente, el porcentaje de muertos y desaparecidos reportados a la CVR que trabajaban en actividades agropecuarias es casi el doble que el porcentaje de la PEA nacional ocupada en ese sector en 1993.

Gráfico 3

Sin embargo, son las distancias culturales entre las víctimas y el resto del país las que resultan ser las más dramáticas. Mientras que, de acuerdo con el censo de 1993, sólo un quinto del país tenía al quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, esa proporción supera el 75% entre los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. En los tres departamentos más afectados, la proporción de personas que hablaban quechua u otra lengua nativa es siempre mayor entre las víctimas fatales reportadas a la CVR que en el conjunto de la población.

Esta enorme brecha cultural y étnica entre la sociedad afectada por la violencia y el resto del país se refuerza con la distancia educativa existente entre las víctimas y el conjunto de los peruanos. En términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían niveles educativos largamente inferiores a los del conjunto del país.

Gráfico 5

Gráfico 6

3.1.1. Si todos fuéramos ayacuchanos...

Si bien la CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la CVR ha estimado que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno sería de 69,280 personas. ⁵

Con esta metodología estadística, la CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina.

Tales magnitudes pueden parecer inverosímiles si se miran desde ciertos ángulos de la sociedad peruana. Sin embargo, si todos fuéramos ayacuchanos o por lo menos hiciéramos el esfuerzo por comprender bien qué significa el perfil sociodemográfico de la inmensa mayoría de las víctimas, no resulta extraño que este Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, se haya desangrado durante años sin que el resto del país sienta y asuma como propia la real dimensión de la tragedia que se vivía en ese «pueblo ajeno dentro del Perú».

Esos son los peruanos que le faltan al país, los más invisibles, pero no menos reales: los Quispe, Huamán, ⁶ Mamaní, Taype, Yupanqui, Condori, Tintimari, Metzoquiari. A pesar de ser y sentirse demasiadas veces ajenos y excluidos por el resto de peruanos, ellos también reclaman ser considerados con respeto y justicia:

Señores chaymi ñuqa munani kachun respeto, kachunyá manchakuy, masque imayrikulla kaptiykupas, wakcha pobri kaptiykupas, campesino totalmente ñuqañaykuchu kaniku, huk real llapas killapi ganaq, mana ni pipas kanikuchu. Señores, chayta ya justiciyata mañakuykiku CVR. Audiencia de Huanta. 11 de abril de 2002. Testimonio de la señora Sabina Valencia.

[Traducción: Señores, por eso yo quiero que haya respeto. Que haya pues temor de Dios aunque sólo seamos muy humildes. Aunque seamos huérfanos y pobres. Campesino puro podemos ser; que ganamos sólo un real por mes y, aunque no seamos nadie, señores, ésta es la justicia que le pedimos.]

3.2. UNA VIOLENCIA MASIVA PERO SELECTIVA

[...] senderistas cubiertos sus rostros con pasamontañas y que usaban ponchos, aproximadamente a las ocho de la noche, y que inmediatamente habían reunido a todos los pobladores en el local de la escuela, donde los habían tenido casi hasta el amanecer, y que después habían comenzado a escogerlos en dos salones, a los más jóvenes los habían puesto en un salón y en el otro a los más maduros, y cuando se disponían a partir llevándose a cinco jóvenes de la comunidad, entre ellos a su hermano, que entonces tenía 15 años de edad, y a una jovencita de 18 años [...]. CVR. Testimonio 500663, Apurímac.

[...] esa mañana, los soldados acorralaron al pueblo de Nuevo Occoro, reunieron en la plaza a toda la gente, serían unas 100 personas entre hombres y mujeres, niños y ancianos. En la plaza, los soldados separaron a los varones y a las mujeres; a éstas los metieron al local del Cabildo y no los dejaron ni moverse. Cuando vinieron hacia la plaza, a los hombres los tenían agachados, a tres muchachas los llevaron hacia el local del concejo distrital y los interrogaron si los hombres de Nuevo Occoro eran o no terroristas. Del total del grupo de hombres, los soldados seleccionaron a [...] los golpearon y los llevaron [...] desde entonces hasta la fecha no se supo nada de ellos [...]. CVR. Testimonio 300540, Huancavelica.

En 1984, no recuerdo la fecha exacta, pero fue aproximadamente a medio día, los senderistas vinieron por primera vez en el distrito de Pilchaca; al no encontrar a las autoridades, dijeron a todo el mundo que toda autoridad debía renunciar a su cargo. En esa oportunidad, no lo encontraron a mi papá [...] pero quemaron los documentos de la Municipalidad en la Plaza Principal. En 1985, regresaron por segunda vez y dejaron cartas en las cuales le decían que renuncie a su cargo; habían estado pidiéndole su renuncia; si él no hacía caso, en cualquier momento iba a ser ajusticiado, porque, según ellos, «ya conocen sus debilidades». Como se decía de que siempre iban a buscarlo a mi papá, mis hermanos y yo le dijimos que se escape porque le habían matado a otras autoridades de por acá, pero mi papá decía: «¿ Por qué yo? ¿Qué cosa he hecho para que me esté amenazando?». Y no nos hizo caso. CVR. Testimonio 303350, Huancavelica.

[...] salíamos a buscarlo en todos los lugares en donde se decía que habían aparecido muertos, revisábamos uno a uno para poder reconocerlo y nada [...]. En una oportunidad, nos dijeron que a orillas del río Mantaro tiraban a los muertos y fuimos con mi hijo tempranito [...] cuando nos acercábamos, vimos que llegaba el carro del Ejército y nos escondimos para que no nos vean; miramos cómo botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron; nos acercamos y eran un montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con alambres en el cuello, con mucha sangre, los pies rotos, muy golpeados. CVR. Testimonio 300038, madre de estudiante desaparecido, Junín.

A pesar de que la violencia tuvo un carácter masivo y estuvo concentrada en las zonas más marginadas y excluidas de la sociedad peruana, muchos de los testimonios recogidos por la CVR nos indican que los principales actores del conflicto armado interno desarrollaron un conjunto de prácticas de selección de sus víctimas al interior de determinados grupos poblacionales.

Gráfico 7

Tal y como se aprecia en el Gráfico No. 7, la violencia no afectó a hombres y mujeres en forma similar ni estuvo distribuida uniformemente en todos los grupos de edad. Fueron los hombres entre 20 y 49 años quienes conforman el grueso de las víctimas fatales reportadas a la CVR (más del 55%), mientras que las mujeres de todas las edades suman poco menos del 20% de víctimas.

Si comparamos la distribución de edades de las víctimas con la de edades de la población peruana estimada para 1985, la concentración de víctimas en los grupos antes mencionados se hace más evidente:

Gráfico 8

Mientras que, en el conjunto de la sociedad peruana, ⁷ el grupo que va de 20 a 49 años representaba el 38% de la población, entre los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, este grupo de edades representa el 66% de las víctimas. Si además consideramos que más del 75% de las víctimas fatales mayores de 15 años estaban casadas o eran convivientes, es posible afirmar que, donde tuvo lugar, el conflicto armado interno afectó principalmente a hombres jefes de hogar, es decir, el grupo de la población con mayor cantidad de hijos dependientes y sobre el cual reposan las principales responsabilidades económicas y políticas de sus respectivas localidades.

Otro indicador de selectividad es el tamaño del grupo en el que fue ejecutada o asesinada una persona. Cuando las personas son asesinadas o ejecutadas en grupos pequeños, generalmente estamos ante situaciones donde los principales actores del conflicto se han dado el trabajo de ubicar dentro de una comunidad a víctimas específicas para ultimarlas. Como se aprecia en el Gráfico No. 9, independientemente del agente responsable, la mayoría (cerca del 68%) de personas asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente reportadas a la CVR lo fueron en operativos o acciones donde murieron simultáneamente menos de cinco personas. A título de comparación, en el caso del conflicto armado guatemalteco, más de la mitad de las personas reportadas como asesinadas entre 1969 y 1995 murieron en grupos de más de cincuenta personas, ⁸ particularmente en las comunidades mayas, lo que da cuenta de niveles de violencia indiscriminada tales que dieron lugar a que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala califique de genocidio la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad estatal contra el pueblo maya.

Gráfico 9

En el Perú y en el caso de los agentes del Estado en particular, el trabajo de selección de víctimas se refleja también en la importancia que adquirió la práctica de desaparición forzada. Ésta supone extraer a una persona específica del contexto en el cual vive, sustraerla de la mirada pública y de los mecanismos legales de protección individual, para de esta forma encubrir un conjunto de violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales) que generalmente terminan en una ejecución extrajudicial. La CVR ha determinado que, entre 1980 y el 2000, aproximadamente el 61% de las víctimas fatales provocadas por los agentes del Estado lo fueron mediante la práctica de desaparición forzada.

Las mujeres y los niños aparecen entre las víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las masacres o arrasamientos de comunidades.

En los Gráficos No. 10 y 11, podemos ver cómo, conforme aumenta el tamaño del grupo de personas que son asesinadas o ejecutadas en un mismo operativo o incursión, también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y de niños menores de 15 años de edad.

Gráfico 10

Gráfico 11

Es importante tomar en cuenta que, de manera similar a otras investigaciones sobre conflictos armados internos, ⁹ en la información presentada existe un importante subregistro de niños debido a que solamente se incluyen las víctimas identificadas. Dentro de las víctimas de asesinatos masivos, generalmente los niños resultan ser los menos identificados por los sobrevivientes que dieron sus testimonios, puesto que son menos conocidos en sus comunidades en comparación con los adultos.

3.2.1. Perfiles

La práctica de selección de víctimas por parte de los principales actores del conflicto armado interno supone que éstos contaban con un perfil o una caracterización de quiénes eran considerados blanco de la acción violenta. Este perfil está estrechamente vinculado con los objetivos y estrategias de los actores.

La CVR ha concluido que el conflicto armado interno se inició debido a la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de conquistar el poder mediante la lucha armada con el fin de destruir las instituciones del Estado peruano e instaurar un régimen totalitario. En la estrategia de conquista del poder mediante la lucha armada, el PCP-SL buscó atacar deliberadamente a quienes, según su ideología, representaban el viejo Estado. En la práctica, ello significó que las personas que tenían responsabilidades relativamente más importantes o desempeñaban un cierto liderazgo social o político en sus respectivas comunidades se convirtieron en potenciales enemigos y víctimas de su accionar.

Un indicador contundente de esto último es que, luego de los campesinos, el segundo grupo ocupacional más golpeado por la violencia del PCP-SL estuvo conformado por las diversas autoridades locales y dirigentes sociales que existían en las zonas donde el conflicto armado interno tuvo lugar (alcaldes, regidores, subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, dirigentes locales, etc.). De acuerdo con los testimonios recibidos, aproximadamente 1680 personas, es decir, el 21% de las víctimas fatales provocadas por el PCP-SL reportadas a la CVR fueron autoridades de este tipo.

El asesinato de un número tan grande de autoridades locales, la mayoría de ellas militantes de los partidos políticos que sustentaron el régimen democrático inaugurado en 1980, constituye un duro golpe a la capacidad de intermediación política de las zonas afectadas por el conflicto armado interno. Es evidente que toda una generación de representantes e intermediarios políticos locales ha sido eliminada intencionalmente por el PCP-SL en su estrategia de generar un vacío de poder que pueda ser posteriormente llenado por sus propios cuadros.

Si bien las personas que ocupaban cargos de autoridad o posiciones de liderazgo en sus comunidades eran los blancos más visibles de la acción armada del PCP-SL, los mecanismos de selección del grueso de las víctimas provocadas por este grupo subversivo eran mucho más sutiles y dependientes de las microdiferenciaciones del poder local y el estatus social que pueden configurarse en las diferentes comunidades rurales donde tuvo lugar el conflicto armado interno.

Mapa 2

De acuerdo con los testimonios recopilados por la CVR, las personas dedicadas a actividades agropecuarias representan el 57% de las víctimas causadas por el PCP-SL, sin embargo, al interior de ese porcentaje se esconden las múltiples diferencias que pueden existir entre los campesinos relativamente más prósperos económicamente y los más pobres, entre aquellos más conectados a las redes del poder (económico y político) local o regional y los más excluidos. Estos matices son difícilmente percibidos desde el Perú más urbano, ya que las inmensas distancias económicas, políticas y sociales que existen con el Perú rural llegan a cubrir a esta última realidad de un manto de uniformidad teñido y definido por la pobreza y el subdesarrollo.

En el mundo rural andino y selvático, esas diferencias no logran ser captadas o medidas con exactitud mediante las gruesas categorías socioeconómicas que una aproximación cuantitativa obliga a utilizar. Dependen en gran medida de las diferencias sociales relativas y específicas a cada contexto particular, por lo que resulta difícil encontrar estándares aplicables a todos los casos. Sin embargo, son justamente esas diferencias relativas las que configuran los potenciales conflictos dentro de la sociedad rural que la estrategia del PCP-SL buscó aprovechar a su favor. Los diferentes estudios en profundidad realizados por la CVR dan cuenta de la importancia de estos factores en la estrategia del PCP-SL y sus prácticas de selección de blancos de la autodenominada «acción armada revolucionaria».

La concepción hiperideologizada del mundo que representa el pensamiento Gonzalo, al ser aplicada al mundo rural peruano, determinó que todos aquellos que podían estar relativamente más conectados al mercado, las redes e instituciones políticas, regionales o nacionales, se convirtieran en «enemigos de clase del proletariado y del campesinado» o en «agentes del Estado feudal y burocrático» que debía ser destruido. Ello en un contexto en el cual la sociedad rural peruana había sufrido ya grandes transformaciones en la segunda mitad del siglo XX (como lo atestigua el proceso de Reforma Agraria en la década de 1970), transformaciones que modificaron profundamente las antiguas divisiones entre indios y señores, campesinos y hacendados, y terminaron por hacer desaparecer la oligarquía rural y terrateniente en el campo peruano. El "Pensamiento Gonzalo" busco forzar la nueva realidad de relaciones sociales en el campo para que encajen en sus categorías ideológicas y de esta forma poder crear artificialmente blancos identificables para la acción armada de sus militates.

El trabajo político de acumulación de fuerzas desarrollado por el PCP-SL lo llevó a reclutar a sus militantes y simpatizantes entre la juventud de origen campesino, principalmente en Ayacucho. Muchos de estos jóvenes se habían beneficiado entre los años 1960 y 1980 de un proceso de expansión de la educación secundaría y superior, el cual elevó sus expectativas de movilidad social ascendente. Sin embargo, las escasas oportunidades de desarrollo económico en sus localidades de origen hicieron que muchas de estas expectativas se vieran frustradas, por lo que un sector importante de la juventud rural ayacuchana fue atraído por el proyecto de cambio social y político radical del PCP-SL, que le reservaba además un rol protagónico a los jóvenes en el nuevo orden social que se buscaba implantar. En aquellas comunidades en las que el PCP-SL no podía captar la adhesión voluntaria de los jóvenes, obligaba a éstos a participar de sus acciones mediante prácticas de reclutamiento forzado.

Al definir el escenario del conflicto en sus propios términos, el PCP-SL configuró los perfiles de las víctimas tanto de su acción armada como de aquella desencadenada por la represión de las fuerzas del orden. En la medida en que el conflicto armado interno tuvo un carácter no convencional y que los militantes del PCP-SL se mimetizaban entre la población local, las fuerzas del orden seleccionaban a sus víctimas de acuerdo al perfil general de quienes podían ser más propensos a integrarse al grupo subversivo, tal y como narra un joven universitario detenido por terrorismo en 1991 y posteriormente absuelto:

[en la Dirección Nacional contra el Terrorismo – DINCOTE] los policías me dijeron que mis antecedentes eran ideales para ser miembro de Sendero Luminoso: era hijo de padres ayacuchanos, hablaba más o menos quechua, estudiaba en la UNMSM y vivía en el Callao [...] Finalmente, en Canto Grande, cuando fui asignado al pabellón de los senderistas, esta vez ellos eran los que me decían «tú eres hijo de ayacuchanos, hablas un poco de quechua, estudias en la San Marcos, y vives en el Callao, cumples el prototipo, ¿por qué no te unes a nosotros?». CVR. Testimonio 100191, Lima.

Gráfico 12

En el Gráfico No. 12, es posible apreciar la diferenciación de perfiles de las víctimas de los principales actores del conflicto. Como es visible, la proporción de personas menores a los 30 años es mayor entre las víctimas provocadas por los agentes del Estado, mientras que edades por encima de los 40 años son más frecuentes entre aquellas personas asesinadas o desaparecidas por el PCP-SL.

Tomando en cuenta este perfil de edades, es posible afirmar que, hasta cierto punto, el conflicto armado interno provocado por el PCP-SL fue también una lucha generacional, en donde los jóvenes de origen campesino, relativamente más educados que sus padres y atraídos por la ideología subversiva, buscaban desplazar violentamente a las personas mayores de las posiciones de poder y prestigio en sus propias comunidades.

Gráfico 13

El Gráfico No. 13 da cuenta de que, de las víctimas fatales reportadas a la CVR que tenían entre 20 a 29 años, la proporción de personas que tenían educación secundaría es algo mayor entre las víctimas provocadas por los agentes del Estado que entre aquellas causadas por el PCP-SL. Una confirmación de este perfil del militante o simpatizante del PCP-SL puede encontrarse en las características sociodemográficas de aquellas personas que actualmente se encuentran detenidas por cargos de terrorismo en los diferentes establecimientos penitenciarios del país.

Gráfico 14

La CVR ha entrevistado a poco más de 1,000 personas actualmente detenidas por delito de terrorismo. Como se aprecia en el Gráfico No. 14, más de la mitad de ellos tenían entre 20 y 29 años al momento de ser detenidos. Por otro lado, cerca del 45% de los detenidos por delito de terrorismo que han dado su testimonio a la CVR tienen algún nivel de instrucción superior.

Más allá de las coincidencias existentes entre los perfiles de las personas ejecutadas o desaparecidas por los agentes del Estado y aquellas que actualmente purgan prisión por delito de terrorismo, es evidente que una estrategia de selección de blancos de la represión basada en categorías tan generales (grupo de edad y nivel educativo), aplicada en forma masiva y sistemática, conduce inevitablemente a graves violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, independientemente de que las víctimas se ajusten al perfil mencionado, ello no implica que necesariamente sean miembros del PCP-SL y, aunque ese haya podido ser el caso de varias de las personas ejecutadas o desaparecidas por las fuerzas del orden, ni la ejecución extrajudicial sumaria ni la desaparición forzada están previstas como sanciones legales en el ordenamiento jurídico peruano.

Si bien queda claro que el ser joven y tener niveles educativos relativamente mayores constituyen un elemento central del perfil de aquellas personas que fueron objeto de la represión estatal en la lucha contrasubversiva, la forma en cómo esa represión fue ejercida está asociada a otro tipo de variables.

Gráfico 15

Como se observa en el Gráfico No. 15, Ayacucho es el departamento de nacimiento de la mayoría de personas ejecutadas o desaparecidas por los agentes del Estado. Sin embargo, la mayoría de personas que se encuentran en la cárcel por delito de terrorismo provienen ya sea de Lima o del conjunto de departamentos menos afectados por el conflicto armado interno.

Por otro lado, mientras que, entre los ejecutados y desaparecidos, más del 70% tenían al quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, sólo el 24% de los actualmente detenidos por terrorismo comparten esa característica.

La probabilidad de que la acción contrasubversiva del Estado devenga en una violación grave de los derechos humanos o en una aplicación de la legislación antiterrorista no es uniforme en todos los grupos sociales. Las consecuencias resultan ser más graves y los errores de aplicación del perfil menos reversibles en aquellos grupos más vulnerables de la sociedad peruana.

3.3. DINÁMICA DE LA VIOLENCIA

La intensidad de la violencia no estuvo uniformemente distribuida a lo largo de los años que duró el conflicto armado interno ni afectó a todas las regiones en el mismo momento.

Gráfico 16

Como se aprecia en el Gráfico No. 16, existen dos picos que marcan períodos diferentes en el conflicto armado: 1984 y 1989. El primero corresponde al momento de mayor intensidad y que provocó el número más importante de muertos y desaparecidos que fueron reportados a la CVR (19% del total del víctimas). Se inscribe en el período inicial del conflicto, centrado esencialmente en el departamento de Ayacucho, en el que se aprecia una notable escalada de la violencia, especialmente a partir de 1983, luego de que, en diciembre de 1982 se les encarga las Fuerzas Armadas (FFAA) la conducción de la lucha contrasubversiva. Luego de un período de descenso de la intensidad del conflicto, cuyo punto más bajo en términos de número de víctimas fatales fue 1986, a partir de 1987 se inicia un recrudecimiento de la violencia que alcanza otro pico en 1989 y que se mantiene en niveles relativamente elevados hasta 1992, año en que es capturado Abimael Guzmán Reinoso y desestructurada la cúpula de la dirección central del PCP-SL. Si bien en este segundo período no se llegó a niveles similares a los de 1984, el conflicto se expandió a cada vez más lugares del país.

El Gráfico No. 17 compara la intensidad de la violencia con la extensión de la misma a diferentes ámbitos geográficos. ¹⁰

Se observa cómo, a partir de 1987, luego del descenso experimentado entre 1985 y 1986, no sólo se incrementa el número de muertos o desaparecidos reportados a la CVR, sino también los lugares donde ocurrieron los hechos que dieron lugar a esas víctimas.

Gráfico 17

Como se ve, el año más intenso en términos de víctimas fue 1984, pero los años comprendidos entre 1989 y 1992 fueron aquellos donde más localidades experimentaron el conflicto armado interno.

El Gráfico No. 18 nos muestra, para cada año, cómo fue la distribución relativa de las víctimas fatales en los principales departamentos afectados por el conflicto armado interno. Entre 1982 y 1985, éste estuvo prácticamente circunscrito al departamento de Ayacucho. En los años posteriores, Ayacucho, en particular la región del valle del río Apurímac en las provincias de Huanta y La Mar, permanece como uno de los escenarios centrales hasta 1993. Sin embargo, a partir de 1986 – 1988, el conflicto armado interno adquiere un carácter relativamente más nacional. Entre 1989 y 1991, la región central, especialmente el departamento de Junín, se convierte en otro de los escenarios principales de la violencia, al mismo tiempo que la importancia relativa de la zona nororiental comienza a aumentar. A partir de 1994, el departamento de Huánuco, y sobre todo la provincia de Leoncio Prado en el valle del Huallaga, concentrará a más de un cuarto de las víctimas fatales del período final de la violencia.

Gráfico 18

Otra forma de ver con algo más de detalle las diversas dinámicas regionales del conflicto puede apreciarse en el Gráfico No. 19, que muestra la distribución relativa de víctimas por año para cada uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno. ¹¹ Aquí se puede detectar qué momentos marcaron diferentes niveles de intensidad del conflicto en cada zona del país.

Gráfico 19

Conforme evolucionan a lo largo del tiempo los escenarios del conflicto, también se producen cambios en ciertos aspectos del perfil de las víctimas, especialmente en aquellos elementos relacionados con la caracterización sociocultural de éstas.

Gráfico 20

En el Gráfico No. 19, podemos observar que, mientras va disminuyendo la importancia relativa de la región sur central (conformada por el departamento de Ayacucho y provincias colindantes de Huancavelica y Apurímac), también disminuye el porcentaje de víctimas fatales ocurridas en zonas rurales y de aquellas que tenían el quechua como idioma materno. Ello implica que el conflicto no sólo abarca espacios geográficos diferentes, sino realidades sociales más complejas. Nótese, sin embargo, que, en todos los momentos de mayor intensidad, la mayoría absoluta de las víctimas sigue presentándose en zonas rurales y tienen como su lengua materna idiomas diferentes al castellano.

Esta disminución relativa del peso del Perú rural y quechuahablante en el universo de las víctimas es acompañado de una mayor visibilidad mediática del conflicto armado interno. Como se aprecia en el Gráfico No. 20, existe una correlación positiva entre el crecimiento de la proporción de víctimas en zonas rurales y la cantidad de noticias ¹² que sobre el conflicto armado interno se reportan en los principales medios de comunicación escrita del país.

Gráfico 21

Esta correlación reafirma nuestra conclusión de que una parte importante del Perú se desangró casi sin que el resto del país lo notara. La violencia y sus víctimas adquirieron cada vez más importancia para la opinión pública conforme el conflicto atacaba los centros donde se ubica el poder económico y político del país.

3.3.1. Dinámica de los actores

Tal y como ha sido reseñado a lo largo del Informe, la responsabilidad del mayor porcentaje de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (cerca del 54%) ha sido atribuida al PCP-SL, mientras que los diversos agentes del Estado han sido señalados como responsables de cerca de un tercio de esos casos.

Gráfico 22

Como lo muestra el Gráfico No. 22, la responsabilidad de los demás agentes que intervinieron en el conflicto armado es mucho menos importante en comparación a estos dos actores ¹³.

En tal sentido, para efectos de esta sección, nos concentraremos en las víctimas provocadas por el PCP-SL y los agentes del Estado.

Gráfico 23

En el Gráfico No. 23, apreciamos que prácticamente, en todos los años, los muertos y desaparecidos reportados a la CVR que serían responsabilidad del PCP-SL son más numerosos que aquellos provocados por los agentes del Estado. La distancia entre las líneas correspondientes a cada actor se acrecienta notablemente a partir de 1987. Como ha sido indicado, entre 1987 y 1993, el país experimenta una nueva escalada de la violencia, provocada por la expansión del accionar del PCP-SL hacia nuevos escenarios regionales.

Esa expansión no es inmediatamente acompañada de un recrudecimiento de la represión del Estado, puesto que, como es visible, la inflexión hacia arriba de la línea del PCP-SL se produce en 1987, mientras que la de los agentes estatales comienza su nuevo ascenso el año siguiente.

Por otro lado, los patrones visibles en las curvas dan cuenta de los cambios en las estrategias de los actores. Las primeras fases del conflicto estuvieron marcadas por su carácter eminentemente ayacuchano y por los elevados picos de violencia alcanzados en 1983 y 1984. Luego de un reflujo, la nueva expansión del conflicto hacia fines de la década de los 80 adquiere un carácter nacional y está definida por el «salto al equilibrio estratégico» emprendido por el PCP-SL y el refinamiento y mayor selectividad de la estrategia contrasubversiva del Estado.

Ello puede corroborarse en el siguiente gráfico. Mientras que la cantidad relativa de muertos y desaparecidos provocados por el PCP-SL es muy parecida en los dos momentos de mayor intensidad del conflicto (1983 -1984 y 1989 -1990), las víctimas provocadas por los agentes del Estado en el segundo momento son casi la mitad de las que murieron o desaparecieron entre 1983 y 1984.

Gráfico 24

Los cambios mencionados se reflejan también en la paulatina diferenciación del tipo de sociedad en la cual se desarrolla el accionar de cada uno de los principales actores del conflicto.

Si exceptuamos¹⁴ los años 1980 y 1981, los Gráficos No. 25 y 26 nos indican que tanto el PCP-SL como los agentes del Estado actuaban en los mismos espacios socioculturales en los períodos iniciales del conflicto. A partir de 1988 – 1989, no sólo estos universos sociales se van diversificando, sino que las víctimas provocadas por cada actor van diferenciándose entre sí. Mientras que los muertos y desaparecidos reportados a la CVR que serían responsabilidad del PCP-SL siguen proviniendo básicamente del mundo rural y quechuahablante, aquellos provocados por los agentes del Estado comienzan a ser reportados con mayor frecuencia en zonas más urbanas y entre una población más próxima a la cultura occidental.

Gráfico 25

Es claro que, para los años 1982 – 1984, el comportamiento de los patrones cuantitativos expresados en los gráficos precedentes se explica por el hecho de que el conflicto se desarrolló casi exclusivamente en el departamento de Ayacucho. Sin embargo, conforme el conflicto adquiere dimensiones nacionales y el PCP-SL busca expandir su proyecto político totalitario hacia nuevos espacios, esta organización comienza a encontrar una resistencia en el mundo campesino o nativo (andino y selvático) cada vez mayor, la cual es potenciada por la promoción estatal de la formación de rondas campesinas. Ello motiva que las acciones armadas de la organización subversiva adquieran un marcado carácter de represalia contra la sociedad rural.

Paralelamente, los agentes del Estado y, en particular, las FFAA, como parte del cambio de su estrategia contrasubversiva, van desarrollando alianzas más importantes con el campesinado y focalizando su acción represiva en sectores sociales donde existe una mayor probabilidad de ubicar y eliminar individuos vinculados más estrechamente con el PCP-SL.

Gráfico 26

Como se ve en los Gráficos No. 27 y 28, la nueva estrategia implementada por los agentes estatales, en la medida en que incrementó su carácter selectivo, implicó un empleo cada vez más sistemático de la práctica de la desaparición forzada (especialmente en los años 1989 – 1993), así como un incremento sustantivo de las detenciones oficiales de presuntos subversivos que fueron capturados y sometidos a las nuevas leyes y procedimientos judiciales antiterroristas. ¹⁵ Cabe resaltar que este incremento se intensifica notablemente luego de la captura de los principales dirigentes subversivos.

Gráfico 27

Más allá de las dinámicas reseñadas en esta sección, ciertos componentes de los perfiles de las víctimas se mantienen relativamente estables a lo largo de todo el conflicto armado interno, especialmente las diferencias antes establecidas en las estructuras de edades y los niveles educativos de las víctimas provocadas por los principales actores del conflicto (ver Gráficos No. 29 y 30).

Gráfico 29

Gráfico 30

3.4. VÍCTIMAS ENTRE LAS FUERZAS DEL ORDEN

Veintidós hombres con seis fusiles, en esa intervención salimos con tres fusiles y con ametralladoras MGP, que no son aptas para un combate así en este lugar. Y ahí fuimos sorprendidos. El que habla y seis efectivos iban a la intervención y fuimos sorprendidos por este grupo de bloqueo de Sendero Luminoso, el cual con una granada Instalasa, que entró por el parabrisa de la camioneta le voló los dedos al chofer, impactó la granada Instalasa en la pierna del teniente, pasando la puerta y estallando en la marginal. Y ahí fuimos recibidos por una lluvia de balas. Estando yo en la parte de atrás de la camioneta cuatro por cuatro, junto a mi colega, difunto ahora y al frente de tres personal subalternos, fuimos el escudo de ellos. Mi colega que estaba a la izquierda le cayó una ráfaga, agarrando yugular y corazón, que al instante quedó muerto. El que habla que iba con una mochila con munición trescientos cincuenta cartuchos, fue impactado también. (SO. PNP. José Rafael Vives, San Martín, 1990)

En el 31 de marzo del 92 [...] mi esposo [...] me acompañaban [...] a dos cuadras, al paradero, sin presagiar. [...] Me acuerdo que, al llegar al paradero, [...] divisé una combi que bajaba por Montenegro. Y les dije a mis hijos, a mi esposo... me despedí de ellos y crucé la pista. Les di la vuelta a las personas que estaban alrededor, en el paradero. Esperé que subiera un joven y de ahí traté de subir yo. Y escuché como un estallido. Pensé que era la llanta del carro, de la combi. Bajé la mirada a ver la llanta y era el primer disparo que me tiraban por la espalda. De ahí sentí como un desvanecimiento y caí. Y me acuerdo que miré al cielo y dije: "¿ Por qué?". De ahí comencé a querer levantarme, incorporarme, y sentí cómo las balas entraban en mi cuerpo y cómo mi cuerpo se movía a cada impacto de bala que entraba. [...] Entonces, yo decía: "Dios mío, si sigo moviéndome me van a seguir dando". Y yo me acuerdo que [...] atiné [...] a tirar mi cabeza a la izquierda, y es donde entra la quinta bala, que era el tiro de gracia, que me entra por el globo derecho y sale por la sien izquierda, quemándome el nervio óptico de la izquierda. [...] Y sentí la presencia después de mi esposo que me decía: "No te mueras. Te necesitamos. Nuestros hijos te necesitan". (SO. PNP. Ana Carolina Lira Chupingahua, Lima, 1992)

Los institutos armados y el Ministerio del Interior han proporcionado a la CVR las listas de las bajas de sufrieron las fuerzas del orden en el combate contra la subversión armada a lo largo del 20 años investigados. De acuerdo con esta información murieron 1,674 miembros de las fuerzas del orden ¹⁶ en actos de servicio en zonas de emergencia o en combates contra elementos subversivos entre 1980 y el año 2000. Esta cifra equivale al 7% del total de víctimas fatales reportadas en los testimonios analizados por la CVR. ¹⁷

Según las mismas fuentes, adicionalmente las fuerzas del orden sufrieron 1,698 bajas de heridos o de efectivos que quedaron inválidos a consecuencia de los combates o los ataques perpetrados por los elementos subversivos.

La distribución de víctimas fatales por instituciones se aprecia en el gráfico 31. Como se ve el Ejército Peruano fue la institución que tuvo mayores bajas (60% del total de las bajas reportadas de los agentes del Estado) en la medida que el Estado Peruano le encomendó a sus miembros la principal responsabilidad del combate a la subversión armada. El 82% de las víctimas del Ejército Peruano fueron personal de tropa, 7% suboficiales o técnicos y 11% oficiales. El 50% de los oficiales caídos en cumplimiento de su deber fueron tenientes o subtenientes, el 85% tenían grados iguales o inferiores al de capitán. La gran mayoría de oficiales fallecidos eran entonces responsables de tropas o patrullas por lo que sus muertes se produjeron generalmente en actos de combate o en emboscadas subversivas en el campo.

Gráfico 31

La policía nacional fue la segunda institución de las fuerzas del orden que sufrió el mayor número de bajas a consecuencia del conflicto armado interno (34% de las bajas de las fuerzas del orden). El 8% de los fallecidos de las fuerzas policiales serían oficiales. A diferencia de los efectivos de las fuerzas armadas, cuyas bajas se produjeron sobre todo en operaciones de patrullaje en el campo, gran parte de las bajas policiales son producto de atentados individuales (" aniquilamientos") o ataques subversivos contra puestos policiales relativamente aislados y poco guarnecidos. En los primeros años del conflicto armado interno, los ataques contra policías eran una modalidad empleada por los miembros del PCP-SL para proveerse de armamento. Asimismo, estos ataques se consideraban una forma de "bautizo" para los subversivos que formaban parte de los destacamentos de "aniquilamiento selectivo". Muchos de estos ataques se produjeron mientras los policías realizaban labores cotidianas relacionadas a su función (seguridad ciudadana, patrullaje urbano, etc.) por sorpresa y de forma alevosa (tiros por la espalda).

En relación al Ejército o las Fuerzas Policiales, la Marina de Guerra tuvo un número mucho menor de bajas fatales (6% del total de las fuerzas del orden). Su ámbito de acción estuvo básicamente restringido a las provincias de Huanta y La Mar en el departamento de Ayacucho (25 bajas fatales) y a algunas provincias de Ucayali y Huánuco (39 víctimas fatales). Efectivos de esta institución también murieron en enfrentamientos o atentados en la ciudad de Lima y el Callao, en estas localidades se registraron 20 bajas, 3 de las cuales corresponden a miembros de la marina de guerra que murieron en la debelación del motín en el Penal del Frontón en 1986.

La CVR ha recibido una relación de 10 efectivos de la Fuerza Aérea Peruana muertos a consecuencia del conflicto armado interno. Estas bajas de produjeron generalmente mientras brindaban acciones de apoyo logístico a miembros de las demás fuerzas del orden.

Tabla 1

En la tabla 1, se presentan el número de efectivos de las fuerzas del orden que murieron según año de ocurrencia de los hechos. Como se aprecia, los años donde ocurrieron el mayor número de bajas fueron 1991, 1992 y 1993 (42% del total de víctimas de las fuerzas del orden). La distribución de las víctimas de las fuerzas del orden a lo largo del tiempo es bastante diferente de la distribución del conjunto de víctimas reportadas en los testimonios de la CVR. ¹⁸

Gráfico 32

Tal y como se aprecia en el gráfico 32, existen 8 años de diferencia entre el momento en que el conflicto armado interno afectó más a la población en general (1984) y aquel donde la mayor cantidad de efectivos de las fuerzas del orden dieron su vida en el cumplimiento del deber (1992). Si bien se observa un paulatino y continuado incremento de las bajas de las fuerzas del orden a lo largo de los años, se registra un brusco incremento en 1988 y otro en 1992. Ello coincide con el período del llamado "salto al equilibrio estratégico" en el transcurso del cual los miembros del PCP-SL intensificaron sus ataques en contra de los blancos policiales y militares en todo el país. Luego de la captura de Abimael Guzmán y de los principales líderes de las organizaciones subversivas, el conjunto de todas las víctimas desciende significativamente a partir de 1993. Se aprecia un nuevo y breve incremento de bajas en 1995, casi todas perteneciente al Ejército y concentradas en la zona del alto Huallaga.

La CVR ha constatado que en diferentes momentos y regiones del país, ocurrieron actos de heroísmo y ejemplos de cumplimiento del deber por parte de policías y militares que arriesgaron o dieron su vida en la lucha contra la subversión armada. A ellos, el Estado y el país les debemos reconocimiento pleno.

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