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Capítulo XVII
Primer Semestre 1998
Más violencia, más desplazados
Una población estimada en 148.240 personas, que componen 29.448 hogares, fue desplazada durante el primer semestre de 1998 por múltiples acciones de violencia, en un hecho grave que agudiza el problema del desplazamiento forzado y repercute en la crítica situación de derechos humanos en Colombia.
Entre los hechos violentos que generan desplazamiento individual, familiar y éxodos en masa, tiene relevancia la ocurrencia de alrededor de 17 masacres con un saldo de 276 víctimas (1), que en su gran mayoría son atribuidas a grupos paramilitares. Así mismo, inciden en las migraciones forzadas los enfrentamientos armados, las acciones de "presencia" de los protagonistas de la confrontación y los anuncios de masacres que terminan en hechos de terror.
Este proceso de degradación del conflicto se mide por su incidencia negativa en la población civil ajena a la confrontación y, particularmente, en los campesinos pobres sometidos a una dinámica perversa de despojo de tierras e intentos de homogeneización política que se sustenta en intereses diversos de quienes acuden a la violencia para lograr sus fines.
No han prosperado en la práctica las propuestas de acuerdos humanitarios o humanización de la guerra y, por el contrario, el país asiste con asombro al recrudecimiento de la violencia en medio
de la impunidad y la impotencia y precariedad del Estado para garantizar la vida de los colombianos.En este semestre se observa un incremento de las acciones de guerra contra la población civil, en lo que parecería una de cisión preconcebida de desconocer las normas del derecho humanitario, desafiando a la sociedad y a la comunidad internacional.
La disputa por territorios de los grupos paramilitares o de autodefensas sigue su curso en medio de masacres, asesinatos y éxodos en casi todo el territorio nacional. Los movimientos guerrilleros son acusados de asesinatos, secuestros y amenazas contra la población civil en sus zonas de influencia. Las Fuerzas Militares mantienen, en algunos casos, actitudes hostiles contra los pobladores de las zonas de conflicto que califican de auxiliadores de la guerrilla o de no colaborar con la Fuerza Pública. Todas estas formas de presión de los actores armados generan desplazamiento y atentan contra los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los afecta dos (ver Codhes Informa No 16).
El desplazamiento es un problema estructural ligado al conflicto armado interno que debe ser considerado en los escenarios de diálogo y negociación que se inician con el nuevo gobierno.
La superación del conflicto armado es la principal forma de prevención del desplazamiento forzado que, sin embargo, debería ser evitado sí los actores armados deciden respetar a la población civil mientras logran consolidar lo que se advierte como un prolongado y complejo proceso de paz.
Entre tanto miles de hogares colombianos siguen huyendo de los horrores de la confrontación y se dispersan por el territorio nacional en medio de la desprotección, la marginalidad y la precaria atención de un gobierno que tiene en su balance social la existencia de 726.000 nuevos desplazados en Colombia entre agosto de 1994 y junio de 19982 (2).
Colombia: territorio de desplazados
Un seguimiento a los mapas de expulsión y llegada de población desplazada indica que en los últimos diez años este fenómeno migratorio cubre prácticamente todo el territorio nacional y representa una manifestación de la expansión y agudización del conflicto armado interno.
Nuevas zonas del país, como Nariño, Guajira, Quindío, Caldas, Risaralda Nariño y Tolima, en menor o mayor proporción, empiezan a presentar situaciones críticas por el alto número de población desplazada.
En el primer semestre de 1998 se confirma esta tendencia de expansión e incremento del desplazamiento y pone en entredicho la política de prevención, protección, atención y consolidación socioeconómica del gobierno saliente.
En este número de Codhes Informa se presenta el primer informe del Sistema de Monitores del Sisdes, con información georeferenciada y gráficos que dan cuenta de la tendencia y comportamiento del desplazamiento en los últimos seis meses, con algunas observaciones relevantes en diversas regiones del país.
Tabla 1. Comportamiento del desplazamiento forzado en Colombia 1994-1998 (junio 30) 1994 (*) 50.000 1995 89.000 1996 181.000 1997 257.000 1998 148.240 (*) datos correspondientes al segundo semestre de 1994. Fuente: Codhes-Sisdes El departamento de Cundinamarca, y en especial Bogotá, sigue siendo el principal centro de llegada de desplazados de diversas regiones del país. A la capital de la República se estima que llegaron 29.500 personas en un proceso de desplazamiento individual y familiar que se asienta en zonas periféricas en condiciones de alto riesgo y en circunstancias de pobreza absoluta. Sólo el centro de Atención al Migrante de la Arquidiócesis de Bogotá atendió 1.100 desplazados en tanto que la Personería Distrital advierte sobre más de 7.000 personas (3) que llegaron a esa dependencia en busca de protección y las parroquias y comunidades religiosas de zonas subnormales de la ciudad reportan diariamente un promedio de 25 hogares que llegan en busca de refugio a la capital del país. Es evidente el incremento de la población desplazada, cuya situación de desespero se advierte en diversas acciones de presión ante oficinas públicas en busca de medidas urgentes y reales de atención y protección.
En Cundinamarca se registran casos atípicos de crecimientos demográficos vinculados. en algunos casos, al desplazamiento forzado. Alrededor de 15.750 personas se asentaron durante el primer semestre en municipios como Soacha, Girardot, Fusagasugá y, en menor proporción, en las cabeceras municipales de Viotá, Fosca, Beltrán, Fómeque, Jerusalem, Apulo y Usme (4). Se mantiene una situación de riesgo en municipios como Medina y Paratebueno (5).
A Medellín llegaron aproximadamente 1.700 familias que integran 8.500 personas, que además de la pobreza y el deterioro evidente de su calidad de vida, enfrentan problemas de seguridad por la decisión de algunos actores armados de prolongar la persecución de los desplazados hasta los sitios de asentamiento. (6) A ellos se suman alrededor de 20.500 personas que huyen de las acciones violentas de grupos paramilitares y de autodefensa, de frentes guerrilleros y de zonas de combate entre la insurgencia y la Fuerza Pública y se asientan en municipios y poblaciones del área metropolitana, el nordeste, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, el sur oriente, el sur oeste y Urabá (7). Además de los éxodos en masa que caracterizan el desplazamiento en Antioquia, persiste la tendencia del desplazamiento anónimo, individual y familiar que se conoce a través de la Iglesia y de organizaciones comunitarias y no gubernamentales que adelantan su trabajo en las zonas más deprimidas de la capital de Antioquia.
Otra región con un incremento considerable del número de desplazados es la Costa Caribe de Colombia. En el primer semestre llegaron desplazadas a los siete departamentos que integran esta región, aproximadamente 30.000 personas provenientes de las zonas de conflicto armado de la Costa y de departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó y, en algunos casos, de departamentos del sur del país como Meta y Guaviare (8).
En el sur del país se presentan nuevos casos de desplazamiento forzado como consecuencia de las acciones de grupos paramilitares y de autodefensa que disputan con la guerrilla territorios de departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. La masacres de Puerto Alvira y los asesinatos selectivos en Putumayo generaron en los primeros seis meses del año éxodos hacia las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Puerto Asís y Pasto (9).
En el departamento del Chocó se presenta la doble condición de expulsión y recepción de desplazados. El éxodo de Riosucio que expulsó de sus tierras a 15.000 campesinos y se extiende hacia municipios como Carmen del Atrato, tiene dimensiones similares al desplazamiento masivo ocurrido en el Urabá antioqueño entre 1995 y 1997 y la capital del departamento, Quibdó, es epicentro de la concentración dramática de quienes buscan refugio (10).
Los últimos acontecimientos de guerra ocurridos en el departamento del Caquetá (11), y la presencia de grupos paramilitares en la zona (12), incidieron en el desplazamiento de miles de campesinos en una zona en donde se registra una alta intensidad en el conflicto armado con repercusiones sobre la población civil.
En la zona del eje cafetero integrada por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío se cumplen las advertencias formuladas en el estudio de la Conferencia Episcopal sobre flujos migratorios de las zonas de violencia, en especial del sur del país, hacia esa región afectada por la crisis socioeconómica de la industria cafetera (13).
La Defensoría del Pueblo del Quindío adelanta un seguimiento al problema y desarrolla acciones de protección a la población desplazada (Trabajo de campo de Codhes). También se destaca en este mapa del desplazamiento el departamento del Tolima, que ha sido escenario de diversas acciones de violencia atribuidas a los grupos guerrilleros y a la presencia reciente de grupos paramilitares, especialmente en la zona sur. (14)
Finalmente, en este apretado resumen, hay que destacar la situación de inseguridad, violencia y desplazamiento que se registra en las zonas fronterizas de Colombia con Panamá y Ecuador como consecuencia de las acciones armadas en Urabá y Putumayo que, además de crear una situación de zozobra en las fronteras, generan desplazamiento de población civil hacía territorio de estos países vecinos, lo que ha motivado más un tratamiento de orden público y seguridad nacional que una respuesta humanitaria, como se establece en las normas internacionales para refugiados (15).
La tendencia del desplazamiento forzado es crítica y se requiere de un gran esfuerzo para prevenir sus causas, atender a los desplazados y planificar una estrategia seria de recuperación socio económica y psicosocial de los afectados. Una nueva política para desplazados que esté integrada a un plan de paz y que surja de la concertación y el esfuerzo común del Estado, la sociedad y la comunidad internacional.
Nota:
Los datos aquí consignados corresponden al Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdes) de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes. Se trata de información aproximada dada la dificultad para obtener datos precisos de esta población. La información se obtiene a partir del trabajo de campo de investigadores de Codhes, de la base de datos de la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la
Arquidiócesis de Bogotá, de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali, de la Comisión de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Cartagena, de la Diócesis de Duítama y Sogamoso, de la Diócesis de Apartado, de la Arquidiócesis de Ibagué, de la Comunidad de Hermanas Scalabrinianas, de diversas oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo, de la Personería de Medellín, del programa de atención a niños y niñas desplazados de Unicef en Urabá, de organizaciones de desplazados y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que trabajan con poblaciones desplazadas y del centro de documentación y prensa de Codhes. Agradecemos la colaboración de los bancos de datos del Cinep, de Justicia y Paz y del Comité Permanente para los Derechos Humanos.
Cuadro 2. Monitoreo primer semestre de 1998 Departamento Hogares Personas Antioquia 4.100 20.500
Arauca 180 900 Atlántico 1.380 6.900 Bogotá 5.900 29.500 Bolívar 1.410 7.050 Boyacá 215 2.075 Caldas 214 1.070 Cauca 375 1.875 Caqueta 520 2.600 Casanare 150 750 Cesar 1.268 6.340 Córdoba 630 3.150 Cundinamarca 3.150 15.750 Chocó 960 4.800 Guajira 125 625 Guavaire 80 400 Hulla 94 470 Magdalena 893 4.465 Medellin 1.700 8.500 Meta 658 3.290 Nariño 187 935 N. de Santander 450 2.250 Putumayo 110 550 Quindio 98 490 Risaralda 61 305 Santander 1.680 8.400 Sucre 980 4.900 Tolima 580 2.900 Valle del Cauca 1.300 6.500 Total 29.448 148.240
Notas:1. Sistema de información sobre Desplazamiento y Derechos Humanos, Sisdhes- Codhes , 1998.
15. Recientemente se denunció en Panamá el desplazamiento de un número no precisado de familias campesinas pobres que huyen de los paramilitares en la zona de Urabá y se ubican en la zona selvática del Darién panameño (El Siglo, 16 de junio de 1998). Una situación similar se registró en 1997 y motivó una misión humanitaria al vecino país para exigir un tratamiento humanitario de ambos gobiernos que, sin embargo, procedieron a la repatriación involuntaria de varios colombianos hacia Bahía Cupica en el departamento del Chocó (Ver Catines infamia N° 10, noviembre de 1997). En la zona limítrofe con Ecuador se han registrado casos de desplazamiento que motivaron una propuesta de acción humanitaria binacional liderada por Unicef y el Instituto Nacional del Niño y la Familia del Ecuador (INNFA).