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Capítulo XVI
Crece el éxodo del campo
La acción persistente de los grupos de autodefensas o paramilitares contra la población rural en zonas de influencia de movimientos guerrilleros está generando un éxodo masivo de campesinos hacia zonas urbanas y, en muchos casos, hacia pequeñas poblaciones que se incorporan al extenso mapa del desplazamiento forzado en Colombia.
Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Interno y Derechos Humanos en Colombia (Sisdes), el año pasado fueron expulsados de sus tierras alrededor de 21.000 Hogares con Vínculos Rurales (HVR), que representan aproximadamente 105.000 personas. Es decir, el 42% del total de los hogares desplazados en Colombia durante 1997.
De este total calculado de personas que huyeron de las zonas rurales, aproximadamente 68.250 corresponden a menores de 19 años que junto a sus padres, y muchos en su condición de huérfanos, fueron sometidos a un dramático deterioro de sus condiciones de vida y cambios traumáticos de su entorno sociocultural.
Actores armados responsables
El 54% de los desplazados durante 1997responsabilizó de su situación de desarraigo a grupos paramilitares, mientras que el 29% señaló a movimientos guerrilleros como los causantes de su migración, el 6% a la Fuerza Pública y el 11% restante a "presuntos paramilitares", "desconocidos", "encapuchados" "vecinos", "pandillas juveniles" y "terratenientes".
Estos índices de responsabilidad indican que el conflicto armado interno es la principal causa directa o indirecta del desplazamiento forzado, toda vez que en 1997los protagonistas de la confrontación causaron la salida forzada del 89% del total de desplazados en el país.
La reducción significativa de la responsabilidad de la Fuerzas Militares (la policía no aparece en estas estadísticas como un actor armado relevante en el desplazamiento forzado) debería estar acompañada de acciones reales de protección de la población frente a las masacres y demás formas violentas que se desarrollan contra campesinos inermes en medio del conflicto.
Respecto a los hechos que motivan el desplazamiento, al igual que en años anteriores, las amenazas siguen siendo el factor de mayor incidencia (56%), así como el miedo (18%), los asesinatos y masacres(11%), los enfrentamientos armados (5%), atentados (5%) y otros (5%).
Cerca de 70.000 colombianos que huyeron de la violencia en 1997 lo hicieron en forma de éxodos, ante la intensidad de acciones armadas que convirtieron a la población civil en objetivo militar, en desarrollo de un método de muerte y terror que se hizo tradicional para presionar los desplazamientos forzados. (Ver Codhes Informa No 13)
Más pobreza, menos oportunidades
El deterioro de la calidad de vida de estas víctimas civiles del conflicto se manifiesta en los resultados de la encuesta nacional de hogares en situación de desplazamiento, en lo relacionado con sus condiciones de vivienda, trabajo, educación, salud y problemas familiares causados por el desarraigo.
El hecho más significativo es el crecimiento de la participación de madres desplazadas cabeza de familia, que alcanza el 36% del total de hogares en situación de desplazamiento. Otros indicadores, como el de la vivienda, permiten reafirmar la crítica situación de las personas sometidas al desplazamiento forzado: antes del desplazamiento el 83% de los hogares vivía encasa, mientras que una vez desplazados sólo el 28% tiene esta posibilidad. En contraste, se incrementa considerablemente el inquilinato como opción de vivienda en las ciudades, toda vez que el 25% de los hogares en situación de desplazamiento se acomodan en cuartos en condiciones deplorables de hacinamiento.
El 42% de los hogares que tenía algún tipo de relación con la tierra (propietario, arrendatario, aparcero, colono) estaba dedicado a la producción agropecuaria en extensiones de menos de 10 hectáreas(28%), entre 11 y 20 hectáreas (18%), entre 21 y 50 hectáreas (31%), entre 50 y100 hectáreas (18%) y más de 100 hectáreas (4%).
Es evidente que los más afectados por el desplazamiento del campo a la ciudad son pequeños y medianos propietarios de tierra que en su gran mayoría abandonó las parcelas (94%) mientras que el porcentaje restante logró vender, arrendar o definir otra solución.
El 40% de los jefes de hogares en situación de desplazamiento provenían de zonas en las que participaban en algún tipo de organización social: comunitaria(65%), política (10%), religiosa (12%),cooperativa (3%), sindical (3%) y otras(7%). Si bien no se puede deducir que la participación en algún nivel de organización determinó la salida forzada (aun cuando en casos de persecución por motivos políticos o sindicales la afiliación o participación en alguna organización es causa del destierro), es posible advertir que el desplazamiento interrumpe y fracciona la organización ciudadana en un proceso de rompimiento del tejido social que es difícil recuperar.
Es significativo el incremento de la ayuda recibida por los desplazados en comparación con años anteriores. El 82% del total de hogares en situación de desplazamiento admitió haber recibido algún tipo de ayuda, proveniente de la Iglesia(35%), de entidades del gobierno (23%),de organismos no gubernamentales (19%)y de familiares y amigos (16%). El apoyo se refiere a alimentación (37%), acompañamiento y apoyo moral (17%) alojamiento (14%), salud (14%), vivienda (6%), dinero (4%), educación (3%), asistencia legal (3%) y transporte (2%).
De estos porcentajes se infiere que no hay una política definida destinada a procesos de recuperación socioeconómica y psicosocial y que la ayuda humanitaria se refiere básicamente a suplir las necesidades emergentes, obligando a los desplazados a desarrollar actividades de denuncia y presión en demanda de soluciones mas duraderas a su problema.
Departamentos de expulsión
El departamento del Chocó, que expulso el 21% del total de desplazados, se constituyó en la primera región de expulsión de población durante 1997, toda vez que fue el escenario de éxodos en masa de una población que se convirtió en objetivo militar, en desarrollo de una estrategia de ocupación y dominación territorial que no es ajena a importantes intereses geoestratégicos y económicos de una zona que comunica los océanos Atlántico y Pacífico.
El campamento de Pavarandó, en donde se concentraron alrededor de 4.000 personas que huyeron del municipio de Riosucio, en la frontera con Panamá, representó el primer centro de desplazados de la guerra en Colombia y una traumática experiencia humanitaria.
Otros departamentos de expulsión fueron, en su orden: Antioquia con el 12% (entre el 95 y 96 Antioquia registró el mayor éxodo de población desde la zona de Urabá),Cesar (9%), Magdalena (7%), Meta (7%),Sucre (6%), Tolima (6%), Caquetá (5%),Santander (5%), Norte Santander (4%),Bolívar (5%), Córdoba (3%); Guaviare(3%), y Cauca (2%).
La dinámica del conflicto y su degradación siguen una ruta crítica en el norte del país y asume connotaciones preocupantes en departamentos del sur como el Meta, que a mediados de la década de los 80 fue uno de los primeros centros de expulsión de población por violencia, y el departamento del Guaviare, epicentro del conflicto y la fumigación de cultivos ilícitos. En esta misma situación se encuentra la región del Magdalena medio y el sur del Bolívar, en donde se concentra una fuerte disputa territorial entre autodefensas y grupos guerrilleros.
Departamentos de llegada
Entre tanto, el departamento de Cundinamarca en especial Bogotá y los municipios de su área metropolitana concentró el mayor porcentaje de población desplazada proveniente de toda Colombia (35%), como lo advirtió la Arquidiócesis de Bogotá en su informe sobre los desplazados en la capital del país. Se mantiene como una región importante de llegada el departamento de antioquia (17%). Otros departamentos de llegada son Santander (8%), Magdalena(5%), Valle del Cauca (5%), Atlántico(4%), Bolívar (4%), Córdoba (3%), Chocó (3%), Meta (3%) y Tolima (2%).
En realidad todos los departamentos de Colombia recibieron, en mayor o menor proporción, desplazados por violencia en1997, en una advertencia del crecimiento del problema como consecuencia de la intensidad de la confrontación y, ante todo, de la decisión de los actores armados de convertir a la población en objeto de guerra, en abierta infracción del derecho internacional humanitario.
Algunos medios de comunicación consideraron a los desplazados como el personaje del año 1997, ante la magnitud del problema y el drama humano que implica el éxodo y el desarraigo (El Tiempo, 31de diciembre de 1997).
Asistencialismo gubernamental
Ante esta situación el gobierno respondió asimilando a los desplazados por violencia a víctimas de desastres naturales y asumiendo, en consecuencia, una política de .contingencia social alejada de las causas reales del problema. El asistencialismo del gobierno convirtió en caridad pública la obligación del Estado de proteger y ofrecer atención humanitaria a una población vulnerada en sus derechos fundamentales.
Los afanes de protagonismo y la utilización político electoral del problema hicieron más difícil la situación para miles de desplazados que recibieron un tratamiento degradante e indigno en las oficinas gubernamentales.
La ausencia de una política de paz, la crisis de derechos humanos y humanitaria, y la debilidad de un gobierno acosado por la injerencia de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial, crearon un ambiente negativo para hacer frente a un problema que ya asume connotaciones sociodemográficas graves en algunas ciudades del país.
Tabla 1. Composición del hogar según número de personas De 1 a 3 personas 31% De 4 a 6 personas 47% De 7 a 10 personas 19% Más de 10 personas 3%
Tabla 2. Posesión de tierras antes del desplazamiento De 51 a 100 ha. 18% De 1 a 10 ha. 28% De 11 a 20 ha. 18% De 21 a 50 ha. 31% Menos de 1 ha. 5%
Tabla 3. Tipo de posesión Propietario 43% Otro 1% Colono 42% Aparcero 8% Arrendatario 6%
Tabla 4. Situación actual de las tierras Abandonó 95% Vendió 1% Arrendó 2% Otro 2%
Tabla 5. Vinculación a organizaciones antes del desplazamiento Comunitaria 65% Otra 6% Sindical 3% Política 10% Cooperativa 3% Religiosa 12%
Tabla 6. Tipo de ayuda recibida después del desplazamiento Alojamiento 14% Alimentación 37% Salud 14% Vivienda 6% Educación 3% Asistencia legal 3% Apoyo moral 17% Pasajes 2% Dinero 4%
Tabla 7. Origen de la ayuda recibida De organizaciones no gubernamentales 19% de organizaciones gubernamentales 23% de la Iglesia 35% de Amigos 7% de familiares 9% Otro 7% En niveles locales, algunas autoridades asumieron una actitud hostil y de rechazo a los desplazados tratando de evitar su permanencia en su territorio con el argumento de que son una prolongación del conflicto armado y la violencia. La sentencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la permanencia, a la libre movilización y a la libertad para establecer un domicilio, es uno de los hechos positivos para la población desplazada. (Ver Codhes Informa Nš 12).
Otras autoridades prefirieron evitar el reconocimiento del problema con el argumento de que cualquier decisión en este sentido podría atraer más desplazados y agudizar el fenómeno. Tratar de esconder semejante realidad es, más bien, un acto de irresponsabilidad y una forma de negar los derechos de la población desplazada. Sin embargo, es necesario pensaren una política nacional para la integración de las personas en situación de desplazamiento en las zonas urbanas, para eventuales reasentamientos en el marco de una aplicación seria de la ley de extinción de dominio y de la reglamentación de las zonas de reserva campesina, y de retornos voluntarios que respondan a condiciones de seguridad, dignidad y de recuperación socio económica y psicosocial.
Codhes Informa presenta en esta edición un resumen estadístico de los resultados de la encuesta nacional de hogares en situación de desplazamiento referida a 1997. Su lectura y análisis, en tanto indicadores que permiten una aproximación a esta compleja realidad, pueden contribuir a la formulación de políticas públicas y a la acción de entidades no gubernamentales que atienden a las personas en situación de desplazamiento.
Así mismo, una lectura comparativa con el estudio de la Conferencia Episcopal (198594) y con los resultados del Sisdes (199596), ayuda a entender la dimensión del fenómeno, su tendencia y comportamiento en el marco del conflicto armado y la crisis humanitaria y de derechos humanos que se mantiene en el país.