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Capítulo XV
Alerta Temprana
En 50 municipios de 14 departamentos de Colombia hay situaciones de alto, medio y bajo riesgo de desplazamiento forzado de población, por causas relacionadas con el conflicto armado interno, que podrían afectar a 36.610 personas (de las cuales 23.796 son menores de 19 años), según el primer informe del Sistema de Alerta Temprana de Codhes.
El Sistema de Alerta Temprana es un instrumento del Sistema de Información sobre Desplazamiento y Derechos Humanos (Sisdes), que opera la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), para identificar factores de riesgo de desplazamiento forzado. Es una propuesta de acción humanitaria que cuenta con el apoyo de Unicef, cuyo objetivo es advertir sobre situaciones que podrían generar desplazamientos, para que autoridades, organismos internacionales, ONGs, Iglesias y medios de comunicación desarrollen acciones preventivas o, en casos extremos, faciliten la salida de las personas amenazadas para salvar sus vidas.
Insistimos que es una acción humanitaria que asumimos como organismo de derechos humanos que se resiste a registrar desde la impotencia el crecimiento del fenómeno del desplazamiento, en medio de la guerra sucia y la impunidad.
Los datos que aquí se consignan corresponden a informes suministrados por representantes de la Iglesia, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, funcionarios públicos y líderes de comunidades en situación de riesgo. En este informe se presentan los casos más relevantes que han sido confirmados en terreno por Codhes.
La principal solicitud de las comunidades en situación de riesgo es el acompañamiento permanente de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, las ONGs, las embajadas y la Iglesia Católica.
Las comunidades en situación de riesgo están sometidas al miedo y al silencio por los actores armados y, en algunos casos, ya iniciaron el desplazamiento individual o familiar.
Los grupos paramilitares o de autodefensas constituyen el primer factor de riesgo. Con la noticia de su presencia en diversas zonas del país se inician los asesinatos selectivos y las masacres, casi siempre anunciadas. Así ocurrió en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia, y en Puerto Alvira o Caño Jabón en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. Ahora hay una grave amenaza sobre el corregimiento de Medellín del Ariari, municipio de El Castillo, en este mismo departamento. Situación similar se presenta en los municipios de Morelia, Valparaíso y Sólita, en el departamento del Caquetá. En el municipio de Simití, sur del departamento de Bolívar, se realiza una protesta ciudadana para reclamar protección de la Policía ante posibles ataques de grupos paramilitares. Otros municipios de los departamentos de Putumayo, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Córdoba, Sucre, Chocó, Valle y Nariño enfrentan situaciones similares.
Los grupos guerrilleros mantienen amenazas contra la población civil y generan situaciones de temor colectivo en algunas zonas de dominio paramilitar en las que se anuncian operativos de recuperación territorial, como ocurre en las regiones del Alto Sinú y San Jorge en el departamento de Córdoba. La instalación de retenes en las carreteras afecta a la población civil y limita la libertad de movilización.
Los bombardeos y ataques aéreos y los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y la guerrilla también generan situaciones de riesgo de desplazamiento. Tal es el caso del departamento del Caquetá, tras los ataques de la guerrilla a El Billar, y de Nariño, tras el ataque a la Base de Patascoy.
Otro hecho que causa alarma y genera rechazo es el secuestro y posterior asesinato de personas desplazadas del Urabá y asentadas en el sector El Pinar del municipio de Bello, prácticamente en la zona urbana de Medellín, por grupos al parecer de paramilitares. Estos operativos contienen un mensaje de terror a los desplazados, que siguen siendo perseguidos en las zonas urbanas, en medio de una impresionante impunidad.
El mapa del desplazamiento forzado tiende a cubrir todo el territorio nacional. En los últimos meses se advierten flujos migratorios en los departamentos de Amazonas y Guainía, provenientes de las zonas de conflicto del Bajo Putumayo, en un ciclo interminable de violencia-colonización-desplazamiento. Hay situaciones de alerta en algunos municipios del departamento de Cundinamarca, limítrofes con el departamento del Meta.
En todos los casos, la población civil ,en especial los niños, las niñas y las mujeres es la primera víctima de un conflicto que se caracteriza por su degradación y por las infracciones al derecho internacional humanitario.
El Mandato por la Vida, la Paz y la Libertad exigió a todos los actores armados que no desplacen a la población. Esta Alerta Temprana está dirigida a la prevención de las causas del desplazamiento. Es necesario actuar para salvar vidas, para demandar de todos los actores armados respeto por la población civil y para insistir en la humanización del conflicto mientras se crean escenarios de diálogo y negociación. El país no puede asistir indiferente y pasivo a la muerte y el desplazamiento forzado. La Jornada Nacional contra la Impunidad del próximo19 de mayo es una oportunidad para exigir respeto por la vida y los derechos humanos.
Tabla 1. Municipios según nivel de riesgo de desplazamiento (sobre un total de 50 municipios) Riesgo medio 73% Alto riesgo 5% bajo riesgo 24%
Tabla 2. Actores armados que generan riesgo de desplazamiento Paramilitares 73% Fuerzas Militares 5% Guerrilla 22%
Municipios en Alerta Temprana
Mayo 1998
