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La transformación del Estado: del Modelo Social al Liberalismo.
Por Dante Gebauer |1|
Hemos vivido en los últimos 30 años un cambio radical en América Latina, también en el mundo respecto de una concepción de Estado que resultaba tremendamente adecuada a lo que era el movimiento social y sindical de todo el siglo XX.
Una idea de Estado desarrollista, basada en la perspectiva de que la industrialización permitiría sustituir las importaciones y, por esa vía también, que cada uno de los pueblos pudiera tener una cierta autonomía en su crecimiento y en la resolución del bienestar interno. Con un énfasis precisamente en los mercados internos, las cosas se resolvían dentro de cada país y con protección a las industrias locales, buscando favorecer políticas sociales y de pleno empleo que pudieran resolver también la situación de bienestar de nuestras poblaciones.
Eso fue lo que vivimos todos los países de la región, desde la crisis de 1929 hasta la década del 70. Con distintos matices, lo que se buscó fue efectivamente generar un tipo de Estado que asumiera la responsabilidad del bienestar de la población.
A partir de la década del 70, todo esto se empieza a romper y hay un ascenso, que en nuestro país es particularmente dramático, de una concepción liberal que quita al Estado este rol de protección y motor del desarrollo de los países. Este ascenso del neoliberalismo se va a reflejar fuertemente en la transformación de los criterios sociales y colectivos en criterios orientados al desarrollo individual.
Por ejemplo, en Chile, se cambió la ley de universidades. Antes, el Estado financiaba estudios a las personas que no teman recursos. Cuando se impuso, en cambio, el modelo del crédito fiscal -durante la dictadura militar-, la televisión chilena hacía una propaganda que era muy gráfica Aparecía un montón de ascensores y cuando llegaba un joven a tomar un ascensor, aparecía el Estado entregándole un crédito fiscal, que era una manivela, gracias a la cual él podía mover el ascensor para subir. Eso era lo que el neoliberalismo quería hacer con lo colectivo, transformarlo en una relación individual entre el Estado y la persona, y que ésta se las arreglara como pudiera para subir.
La intervención fuerte del neoliberalismo tuvo que ver con la institucionalización política del mercado, esto de que se mercantíliza todo, hasta las ideas. No queda ningún espacio en el área de la vida institucional, en el área de la vida social o en el área de la vida cultural que no sea mercantilizado.
Todo esto, para mí, tiene todas las características de una contrarrevolución. A todo lo que se había hecho a favor del desarrollo colectivo y social de los pueblos, y particularmente en nuestro país hasta la llegada del gobierno de Salvador Allende, se le opone una contrarrevolución que reacciona fuertemente hasta ese nivel de avance, porque lo que vendría después sería una contradicción entre clases que se resolvería de una manera o de otra. Y se resolvió de la peor forma: avasallando al movimiento popular en Chile e instalando inmediatamente un tipo de dictadura donde lo más dramático -y es duro decirlo así, porque están las matanzas, lo de los desaparecidos- es que se nos internalizó culturalmente y se nos impuso un modelo del cual, hasta el día de hoy, no hemos podido salir.
En Chile esta contrarrevolución neoliberal se instala muy tempranamente -hace más de 20 años- y esta instalación temprana tiene dos efectos: uno grande, que es el que ya todas las instituciones están concebidas de esta manera, y un segundo efecto, que es que hoy día ya estamos comenzando a ver la decadencia del sistema.
Si uno mira los distintos modelos de desarrollo que ha habido en el mundo, ve que cada uno tiene una cierta ciclicidad, tiene momentos de apogeo y de caída. Aquí en Chile, aunque el gobierno quiera justificar lo que está ocurriendo en la crisis internacional, uno ve que hubo años de expansión de muchas áreas que estaban creciendo, épocas de crecimiento muy alto -7% de promedio durante toda una década- que no se volverán a repetir, pase lo que pase a nivel internacional, y aunque tengamos muy buenas oportunidades. Porque todos nuestros vecinos están en crisis y, aunque tengamos muy buenas oportunidades a nivel mundial, seguimos creciendo cada vez menos. Ya vamos llegando al 2%. Nos pasa lo que le pasó a Japón, el cual llegó a un tope de crecimiento y se detuvo. Ya estamos empezando a mostrar algunos de los efectos del agotamiento de un modelo en nuestro país.
La precocidad de la contrarrevolución en Chile tiene también muchos efectos sociales. Hay otros países donde su instalación está mediatizada en el tiempo, y otros, en los cuales definitivamente es tardía, es decir, en los últimos años recién ha habido un esfuerzo.
En Brasil, por ejemplo, recién a fines de los 80' y durante la decada del 90' se comienza propiamente a tratar de instalar el modelo neoliberal. En Argentina, esto ocurre con la llegada de Menem y su último período. Hay otros países como Perú y Bolivia, donde claramente este modelo no se ha logrado instalar, porque todavía encuentra fuertes resistencias de parte de los pueblos.
Digo esto porque al tener distintas etapas -no obstante que el modelo sea el mismo que se está tratando de instalar en toda América Latina- las reacciones que puedan tener los pueblos también son distintas. Uno puede hablar todavía en Perú, en Bolivia, en Ecuador, de resistencia al modelo. Aquí en Chile hablar de resistencia al modelo es hablar de una entelequia. Y, en cambio, sí podemos hablar de propuestas, de cómo buscar propuestas para dar a conocer lo que efectivamente acarrea este sistema y de qué manera pude reabrirse la discusión sobre él.
La instalación del modelo de libre mercado en Chile va acompañada de dos aspectos importantes: un primero, muy fuerte, que es la irrupción militar, la represión social y política, la reforma del Estado y la aspiración de la dictadura de ser refundacional, de crear un nuevo Estado. Esto no es tardío, aunque la constitución política fue firmada el año 1980, las actas constitucionales que ya reflejan la intención de instalar un modelo neoliberal, son del año 1974, es decir, del inicio de la dictadura militar.
El ánimo refundacional se concreta en las distintas áreas. En el ámbito laboral, con el Plan Laboral que elimina la protección a los trabajadores y gran parte de sus derechos. Hoy día se habla de volver a la flexibilidad y la verdad es que en Chile hace ya mucho tiempo que tenemos una relación laboral absolutamente flexible, con algunas leyes que permiten al gobierno decir que hay grados de control. En la práctica, la relación laboral de empresarios y trabajadores en Chile es flexible. El empleador puede administrar como se le dé la gana los recursos humanos, puesto que así se les llama a los trabajadores.
El Plan Laboral se dicta en el año 1978, el Código de Aguas y la Reforma Previsional en el año 1981 (esta última trasladó la cobertura de la seguridad social de manos del Estado al sector privado). El cambio y la liberalización del sistema de salud, con la creación de las Isapres, también se realizó en el año 1981, junto con la Ley de Universidades. Y si uno mira el contexto de esa época, no hay ámbito de la vida de la sociedad que no haya sido tocado, refundado desde la perspectiva de la dictadura militar.
Y eso va acompañado, a nivel internacional, de una apertura unilateral al comercio. Es una mezcla rara, porque en el aislamiento político internacional en que se encontraba la dictadura, ésta opta por entregarle, regalarle el mercado chileno al resto de los países y, unilateralmente, por bajar los aranceles a un punto extremo. Esto que normalmente entre los países es materia de negociación, en Chile se realizó sin condiciones, lo que ocasionó una grave crisis en el año 1982.
Ahora, en ese contexto es que -y ahí lo ligamos con lo que hemos estado discutiendo aquí- se realizan las privatizaciones en nuestro país. Hay tres momentos de las privatizaciones en Chile: un primer momento, entre los años 1974 y 1981, en el cual lo que hace la dictadura es tomar todo aquello que había pasado al área social y al área mixta de la economía, para entregárselo a los privados, en algunos casos por la devolución de los fundos que se habían expropiado con motivo de la reforma agraria, en otros casos, simplemente para entregar a muy bajo costo a sus antiguos o nuevos dueños, las empresas, la gran cantidad de empresas que habían pasado al área social.
Entonces, un primer momento tiene que ver con eso: con echar para atrás todo lo que se había avanzado durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, en materia de control estatal de las empresas productivas y estratégicas.
Con la crisis de 1982 se reestatiza buena parte de la empresa y de la banca, por la vía de que el
Estado compra las carteras vencidas de la banca y asume gran parte de las empresas que caen en quiebra en esas circunstancias. El Estado toma esas empresas, gracias a que en el Banco Central había una cantidad de reservas como para poder hacerlo, y lo que hace es mantenerlas como unidades económicas para que sigan trabajando. Por de pronto, les cercena las remuneraciones a los trabajadores y se produce una disminución muy grande de sus salarios.
Todo esto era muy contradictorio con el modelo, pero se explica porque era un salvavidas para los privados. Cuando uno mira hoy lo del corralito en Argentina, se da cuenta que los chilenos vivimos una situación muy parecida y quizás el único acierto del gobierno militar entonces fue la de decir: es muy grave para el modelo que caiga la banca y antes de que empiece a haber algún atisbo de corrida bancaria, antes de que comience a haber cualquier asomo de esto, nosotros debemos poner un montón de plata para que esta cosa se resuelva. El salvavidas del gobierno a los privados opera efectivamente como solución. La banca se restablece y se mantiene.
Pero el Estado se encuentra de la noche a la mañana con que nuevamente es propietario de todo, nuevamente tiene el control de todo lo estratégico.
Viene entonces un segundo período de privatizaciones que es la reprivatización de estas empresas. Se trata ahora de una privatización muy marcada por la corrupción. Hoy día vemos que los directorios de gran parte de las empresas eléctricas, de las empresas estratégicas, están conformados por los mismos ministros de la dictadura y los subsecretarios de los ramos de economía y de hacienda de esa época. En este segundo proceso de privatizaciones se empiezan a incorporar capitales externos, fundamentalmente españoles que se integran a los grupos accionistas que terminan siendo los propietarios de estas empresas y de los bancos.
El último proceso de privatizaciones durante la dictadura militar, es el de las grandes empresas públicas, a partir del año 1985. Esta se hace ya con alguna, entre comillas, búsqueda de que el
modelo sea ideológicamente aceptado por la población. Se inventa el llamado Capitalismo Popular, por el cual supuestamente los trabajadores, haciendo uso de indemnizaciones por años de servicio, podían transformarse en accionistas de las empresas. A la vuelta de la esquina había privados que les compraban sus acciones al doble de lo que ellos habían pagado con sus indemnizaciones, pero que aún era la mitad de lo que realmente esa acciones valían comercialmente.
Yurasczek es uno de los frutos de este período. Fue uno de los tantos "capitalistas populares" que, en lugar de vender, compró. Compró las acciones de sus compañeros, las juntó, las acumuló, las administró, y así se transformó en uno de los operadores de nuestro mercado en materia financiera.
Antes de que retornara la democracia a nuestro país hay una primera discusión muy fuerte de este tema. Esta discusión gira en torno a si aceptar o no el modelo y pasa por una suerte de revisión de estas privatizaciones, en la búsqueda de las llamadas políticas de consenso. Este afán de consenso actuaba como una especie de autolimitación a la capacidad de movilización social durante el gobierno de Aylwin: a cada intento de levantar algún área, abierta o voladamente se hacía notar que se ponía en riesgo la existencia de la democracia y como aquello había costado tanto, entonces todos nos quedábamos callados y aguantábamos.
La política de consenso fue una de las primeras "derrotas" de la Concertación, ya que significó consolidar lo que existía. La Concertación cayó fuerte y sistemáticamente en el juego de aceptar que la derecha había hecho lo que era legítimo, no se le cuestionó, salvo muy posteriormente y sólo en materia de derechos humanos. Eso es lo único que se ha revisado. No se cuestionó ninguna de las instituciones que se establecieron durante el régimen militar y siguen hoy día subsistiendo.
Eso es lo que hace que hoy personas como el diputado Navarro diga: los diputados no tienen nada que decir en el parlamento. Parte de la institucionalidad de nuestra constitución es que cada seis años se elige un monarca, un monarca absoluto que tiene la capacidad de hacer lo que quiera en el país. Así funciona nuestro sistema democrático.
Y esto es parte de lo que la dictadura dejó instalado, como muchas otras leyes de amarre.
A partir del año 1990 las iniciativas privatizadoras no desaparecen. Pasa el primer gobierno de Aylwin sin ellas, pero con el gobierno de Eduardo Freí Ruiz-Tagle se reanudan, aunque ahora con otras razones. Las razones dadas ahora son la necesidad de inverción en la infraestructura pública, la necesidad de hacer un segundo impulso exportador, las exigencias que ponía el comercio internacional. Después hubo razones de orden social, vale decir: no postergar el gasto social.
Por último, se dijo que esto se hacía creando un nuevo marco regulatorio. La privatización de las empresas eléctricas y de las telecomunicaciones no tuvo marcos regulatorios. Si lo hubo para las sanitarias y para las concesiones viales, con lo cual, en alguna medida, se cautelaron los intereses del Estado y de los usuarios.
En el sector sanitario tuvimos tres experiencias de privatización. Algunas muy antiguas, como las de Valdivia, que se hicieron sin marco regulatorio, al comienzo de la administración democrática. Luego vienen las privatizaciones de las grandes empresas: Esval, Emos, Esal, proceso que termina con la privatización de Esbio, a los inicios del gobierno actual. Ricardo Lagos hace una propuesta distinta para esta caso, que es la concesión. En nuestros análisis, esto no es sino una forma velada de privatizar, sólo que genera menos interés por parte de los privados, porque hay un negocio importante que es el de la especulación accionaria que queda fuera, al no poder hacerse propietarios de las acciones sino que tener sólo los derechos de explotación sobre el agua. Eso hace que haya dos intentos de concesiones: uno exitoso, que es el de la Séptima Región, Talca; y otro que fracasa, que es de la Novena Región, y que tiene un segundo intento durante este año 2002, pero vuelve a fracasar sin que se pueda llevar a cabo.
En los últimos 13 años, en el sector sanitario hemos tenido un traspaso muy importante de propiedad: el sector privado pasó de un 2,7 % al año 1989, a tener, en el año 2002, un 83 % de la propiedad y del control de las empresas sanitarias. Hay sí una mezcla, porque la ley obliga a que el Estado mantenga un cierto grado de acciones sobre las empresas para que sigan reportándole algún ingreso.
Esto es interesante: se obliga por ley al Estado a mantener un 35 % de las acciones, con lo cual éste se beneficia también de los dividendos que genera el sector privado. Este lucro no es pequeño: entre el año 1998 -en que todavía gran parte de las empresas estaban en manos del Estado, menos del 10 % estaba bajo control privado en ese momento- y el año 2001, el mayor lucro para el Estado se produjo en el año 2001, no obstante que la propiedad que tenía era muchísimo menor. Ese es un argumento que nos complica, porque efectivamente da razón a quienes quieren privatizar: el Estado se saca todos los "pesos" que significa administrar y ser empleador directo, y no pierde el beneficio de los dividendos que le reditúan las acciones en las cuales sigue teniendo propiedad. Va a caballito, por así decirlo, del negocio del privado, a quien le interesa primariamente lucrar al máximo. El Estado lucra un poco más de un 30 % de lo que lucraría si tuviera la propiedad completa de las empresas que un privado administra dejando fuera todos los criterios sociales. Entonces perfectamente él puede ganar.
Además, esto significa para el Estado disminuciones de presiones sobre el gasto público. En la medida en que se desarrollen las inversiones en materia de saneamiento, significa también la perspectiva de tener una disminución del gasto social por la vía de la salubridad pública. Eso no es cuestionable: claramente si hay un objetivo interesante en toda esta búsqueda de mejorar las coberturas de saneamiento, es el derivado que eso tiene en la salud de la población.
Estos son los argumentos favorables a quienes quieren privatizar y hay que reconocerlos, nos guste o no.
Por último, se señala que esto generarían una mejoría en las condiciones en el comercio internacional, ya que el país calificaría para una nueva fase exportadora, en la cual uno de los valores agregados serían las formas en las cuales se está produciendo, el sello verde y ese tipo de cuestiones. Hay sectores que son directamente afectados por este esquema de privatización, y los más directamente afectados son los usuarios y los trabajadores de las empresas estatales.
Notas:
1. Abogado laboralista, Pastoral Obrera de Concepción [Volver]
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