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Responsabilidad penal de las empresas sanitarias transnacionales.
Por Gregorio D. Dionis |1|
Mi historia profesional me llevó a conocer bastante bien la política francesa de las empresas francesas de mantenimiento urbano, las cuales están directamente relacionadas con las denominadas empresas de aguas y me parece que es imprescindible hacer una breve reseña sobre ellas para comprender su actuación internacional actual.
Hay que entender la política francesa para entender los problemas del agua a nivel internacional, y esto es imprescindible. El grupo Suez es en realidad la antigua Lyonnaise des Eaux, la empresa de aguas de la ciudad de Lyon. Vivendi es en realidad la antigua Genérale des Eaux, la empresa de aguas de París. El origen histórico de Aguas de París se encuentra en la reforma de París de 1848, acometida por el barón Hoffman. Napoleón III creó, no sólo parte de los códigos que todavia usamos, sino que también se enfrentó al problema de urbanizar la ciudad. No sólo utilizó el macadam, sino que diseñó las redes de agua potable para una gran urbe.
Utilizando ese tipo de racionalismo francés, que es el cartesianismo, crearon las empresas de aguas en cada ciudad y les otorgaron contratos a largo plazo (más de un siglo), lo que permitía la explotación, el mantenimiento y la renovación de la inversión, o sea, la administración de los fondos de inversión. De hecho, se establecieron dos grandes regiones limitadas al sur por la ciudad de Lyon, y otra gran zona hacia el norte. Eso explica la desproporción que se ve en las cifras de negocios, y que es consecuencia de la desproporción territorial: la Lyonnaise es más pequeña porque abarca el sur de Francia, que tiene muchos menos habitantes y menor renta; la otra abarca todo el norte de Francia hasta Alemania.
En la Segunda Guerra Mundial eso no cambia desde el punto de vista jurídico, pero se produce un cambio muy importante debido a que amplían su área de negocio al mantenimiento de las viviendas sociales administradas por el Estado. También surgen algunas empresas nuevas que son consecuencia directa de los compromisos de los triunfadores de la II Guerra Mundial, encabezados por De Gaulle. Y asi surgen algunas empresas que están directamente relacionadas con la distribución de fuel pesado, que es el que utilizan las centrales térmicas para la distribución de calor para la calefacción domiciliaria. En los paises fríos y escasos de petróleo, la optimización de la eficiencia energética, sumado a la necesidad de proveer calor a toda la población, hace que los sistemas de calefacción urbana sean públicos.
Tras la II Guerra Mundial, cuando se da la reconstrucción de Francia hay que enfrentar un problema, que aquí es poco conocido, que es el de la destrucción de viviendas y la de bosques en el norte que había habido; se plantea entonces desde el Gobierno como reconstruir esas zonas y se hizo un proyecto de planes de viviendas públicas, o sea, los ayuntamientos se hicieron cargo de reconstruir las viviendas y todavía hoy en Francia el porcentaje más grande de viviendas son viviendas públicas, que la gente arrienda.
¿Y quién se queda con la administración de los servicios urbanos a esa escala ? Las compañías de aguas y las empresas que se especializan en el mantenimiento de edificios. Y esto es asi porque a los edificios hay que servirles calefacción y darles un mantenimiento muy importante, lo que supone una relación directa con el consumo de agua y energía. Esto es importante entenderlo porque ninguna de esas dos sociedades tienen como finalidad el agua exclusivamente, sino que se convierten en ese momento en lo que se llaman sociedades de gestión publica, no en el sentido de acción pública, sino en el sentido de acción urbana.
Cuando se plantea el problema de la matriz energética es cuando se da la crisis petrolera del año 1973 La crisis petrolera de 1973 genera en estos países un problema grave, dado que la calefacción es pública, o sea, de la misma manera que yo contrato el gas la luz y el agua, contrato la calefacción y se suministra calefacción con centrales térmicas, de las cuales -por ejemplo- París tiene varias y son propiedad pública, pero explotadas por medio de contratos a largo pazo (50 años de media). O sea, ellos tienen el control de la distribución de agua y el consumo del fuel pesado para calefacción.
Esto quiere decir que el mercado de calefacción es cautivo. ¿Por qué? Porque se establecen y se modifican los contratos que existían desde la época de Napoleón y se trabaja sobre una nueva gama de contratos que tienen tres especificidades: estas empresas se hacen cargo de la inversión a largo plazo; también de los fondos de amortización, que es lo que les esta creando los actuales problemas; además, se trabaja sobre contratos de eficiencia energética.
El problema no estriba en el suministro de calefacción, sino que hablamos de una matriz que se hace como consecuencia de la crisis energética y que se convierte en ley y que determina la matriz de eficiencia energética de las viviendas. ¿Y quién es responsable de que se cumpla el coeficiente de eficacia energética en las viviendas, de agua, de luz y de calefacción? Estas empresas de mantenimiento. Ellas son penalizadas si los coeficientes energéticos no se cumplen, con lo cual Francia pasa a ser el país de Europa que optimiza todo el sistema de calefacción pública y de agua con unas rentabilidades altísimas, rentabilidades en el sentido público.
Es decir que con menores toneladas equivalentes de petróleo se logra servir agua caliente y calefacción urbana. Esto llevó a estas empresas a investigar y trabajar en nuevos materiales y, por ejemplo, de ahí surgen las empresas que fabrican todo lo que es necesario para el suministro de una ciudad, desde las cuevas para transmisión de tuberías y de alcantarillado, los tubos de calefacción la valvulería, y digo esto para que entiendan cómo se va ampliando el mercado de esta gente, y una cuestión complementaria, que aparece a finales de los años 70, y que es la automatización de las ciudades. ¿Cómo controlo la eficiencia energética de una gran ciudad como París? Con redes de transmisión en tiempo real que me dan el valor de temperatura en cada piso de un edificio y por fachadas, o sea, que si ustedes van a París a una central térmica de estas van a ver que se regula la temperatura de las torres, piso por piso, desde un ordenador central.
Todo esto les lleva a tener el control sobre otro sector urbano que no existía en aquel entonces y que es la coordinación del transporte público; una de las primeras ciudades que se automatiza y coordina el tren, el ferrocarril, la aviación y el transporte urbano con el mismo cálculo financiero usado para las redes de agua, es Lyon. Esto permite optimizar el costo a nivel de los ciudadanos, es decir, de lo que se trata es de igualar el nivel de renta en forma proporcional; quiere decir que pagan más las zonas de más consumo y de más nivel de rentas, lo que permite dar transporte público y agua a las zonas alejadas de las ciudades; o sea, que es lo contrario de lo que hacen, por ejemplo, en Chile.
A partir de esto, llegan a desarrollar el sector que les convierte en fabricantes. Se trata del sector de comunicaciones para transportes, automatización de metros, y cuando hablo de transporte urbano -por ejemplo en Lyon esto lo hicieron a finales de los años 70- eso significa que hay un sistema centralizado que permite saber la situación de todos los transportes en todo momento.
Bien, ahí es donde dan el gran salto las dos empresas. ¿Por qué?, pues porque se dan cuenta de que eso no existe en ningún país del mundo, que han desarrollado un sector tecnológico nuevo que se puede vender, y, ¿a quién se le vende? Entonces, ¿cuáles son sus primeros clientes?. Estados Unidos es el gran mercado real.
El mercado para este tipo de tecnología no es Bolivia; es la calefacción de Nueva York, que es la que quiere la Genérale des Eaux; en ese ínterin entran también en otro gran mercado: la recogida de basuras. Por ejemplo, la recogida de basuras de España está en manos, en el 100 %, de la antigua Genérale des Eaux. La recogida de basuras en Francia , lo mismo. Pero hay algo más importante que eso: los camiones de basura son licencia de estas compañías ¿Por qué ocurre esto? Porque el ayuntamiento de París crea una empresa con la Genérale des Eaux para fabricar camiones que no provoquen ruido ni contaminen la ciudad , creando una tecnología que es única y que luego comercializan.
Creo que a pesar de la apretada síntesis, pueden comprender ahora la expansión de estas empresas. ¿Con qué tipo de contratos venden ellos? Con los contratos con que se hacían las concesiones de agua; esto es, no venden sólo los camiones, venden las licencias de uso de los mismos y a largo plazo, y los reponen con un sistema que no es un leasing, no hay transferencia de propiedad. Esto es importantísimo porque esa fórmula jurídica, que en el sistema jurídico europeo se llama contrato de garantía total, es una especificidad que permite financieramente que el fondo de amortización pase a ser explotado y optimizado por las empresas tenedoras de los contratos.
A modo de ejemplo vamos a poner un gran propietario de patrimonio, un banco que tenga 400 edificios en toda Europa. ¿Quién puede mantener los 400 edificios en toda Europa? La Genérale des Eaux. ¿Qué le ofrece al Banco en cuestión? No es el contrato normal; lo que le ofrece es que el Banco pueda tener una auditoría técnica del valor de las instalaciones, cuyo valor, mediante un contrato de este tipo, se actualiza al valor de material nuevo permanentemente; eso significa que un banco, en vez de tener una depreciación de los activos inmobiliarios, tiene una apreciación que es más o menos de un 80 % cada veinte años. Esto es más importante que el precio de los servicios. Esto les permite entrar en el mercado inmobiliario porque son los únicos que están en condiciones de garantizarles a los grandes propietarios que el valor del activo permanece actualizado. Ése es el momento en que entran las compañías de seguros, porque este tipo de contratos se parece mucho a una póliza de seguro. Por eso compran Suez, porque Suez era un banco de inversión industrial que tenía control de compañías de seguro y les permite vender sus propios contratos, sin perder la propiedad del contrato y sin ser considerados compañías de seguros.
Estamos a principios de la década de los ochenta, y, como verán, estoy simplificando mucho; en esos años se plantea el problema del cableado de las ciudades, es decir, la competencia por los canales de televisión digital y satelital. ¿Qué descubre la Genérale des Eaux? Descubre que es capaz de instalar fibra óptica sobre los conductos de agua y se cablea la ciudad de París; colaboran, juntamente con la Presidencia de la República francesa, donde por entonces estaba Miterrand, en la creación de Canal Plus, que hoy en día es el mayor canal de cable de Europa. Es evidente que el costo más barato de cableado de fibra óptica es ese, pero además la fibra óptica no sirve sólo para emitir señales de televisión; un canal de fibra óptica tiene muchos canales y permite transmitir todas las señales que ellos necesitan para el mantenimiento y control de los servicios urbanos.
Este es el momento en que la social democracia europea acepta las doctrinas neoliberales; en cambio, Francia es un país donde el neoliberalismo no existe, teóricamente no existe y un neoliberal no es un político socialmente aceptable. Pero hay un sector del socialismo francés que se plantea eso y deciden entrar en el "mercado"; es cuando se plantean la estrategia que estamos viendo ahora. Se lo plantean creando Vivendi, porque lo que intentan es sobrepujar en el mercado audiovisual, o sea, competir con la Sony y con la industria audivisual de Hollywood. Y esto es así porque en el mercado internacional hay una lucha entre las multinacionales muy grande por el mercado audiovisual a largo plazo y, ¿qué es el mercado audiovisual a largo plazo? Es la transmisión de sonido y de video, ahora por Internet, pero en realidad es por cable, por satélite o por la red telefónica normal; no obstante, necesitan llegar a los hogares para distribuir la señal. El cambio cualitativo que se da en este sector no ha hecho más que comenzar, pero afecta profundamente a los mercados de la radio, la televisión y el cine tal cual los conocemos hoy.
El mayor fabricante de monitores que hay en el mundo y que tiene el monopolio de facto es la empresa francesa Thompson, y su competidor más inmediato es la Sony. La Thompson es la que fabrica todo el material para estos aparatos y tienen un problema, el mercado anglo; ellos son francófonos y no están en el mercado anglo y necesitan una super empresa que pueda entrar y comprar las películas de Hollywood, cosa que hizo la Sony con la Sony Corporation. Y para eso se crea Vivendi.
Entonces ¿qué hacen? Crecen espantosa y catastróficamente hasta el colapso. Y eso es lo que también creo que debe quedar en evidencia: Vivendi está en un proceso de desestructuración total, derivado de que cambió el Gobierno francés y hay una crisis económica profunda; cambió el Gobierno y el Gobierno que entra, que es el de Chirac, está en contra de este proyecto, y lo más probable es que descuartice a Vivendi. Supongo que el próximo año ustedes ya no escucharán hablar de Vivendi, y es muy posible que se retiren de todo el mercado de explotación de aguas en los países del Tercer Mundo. ¿Por qué? Porque no es compatible con el propio modelo de inversión de ellos y hay que aprovechar esa coyuntura para revisar las privatizaciones y volver las empresas al sector público.
El Consejo de Administración de estas sociedades está subordinado estrictamente al Gobierno del Estado francés. Por eso era inevitable que el Consejo de Administración fuera modificado tras el triunfo aplastante de Chirac, y, por supuesto, los días de Jean-Marie Messier estaban contados. La crisis económica derivada del escándalo de Enron no hizo más que acelerar este proceso de cambio en la estructura jurídica. Estas empresas son presionables a nivel político, y no hay que olvidarlo nunca.
Es decir, lo que ustedes han comentado aquí sobre algunas cuestiones graves de actuación en las privatizaciones, debe ser explicado en francés a la sociedad civil francesa y los grupos políticos franceses.
La Lyonnaise, que es pequeña, participa en la Sociedad de Aguas de Barcelona, dividiéndose el mercado español en una diagonal que va de Bilbao a Valencia, quedando la zona norte para la Lyonnaise, y de la diagonal hacia abajo, para la Genérale des Eaux. Posteriormente la Genérale compra FOCSA, empresa que detentaba la mayoría de los contratos de recogida de basuras de las ciudades españolas, y, más tarde, entra mayoritariamente en el capital de Construcciones y Contratas, que era el otro gran grupo español de servicios urbanos. Cuando Margaret Thatcher liberaliza el mercado de agua y copia el modelo chileno, las empresas francesas compraron gran parte de las empresas de agua británicas y lo hicieron por debajo de su valor.
Piensen en esto: ¿Cómo se detiene la privatización del correo británico? Se detiene porque la empresa de correos alemana, que no se privatizó nunca, ni creo que se vaya a privatizar, por otras muchas razones, compra la mayor empresa norteamericana de correo postal por avión, que era la que podía comprar el correo británico. Cuando el consejo de ministros británicos va a privatizarlo se encuentra con que el único comprador posible era la Bundenpost, es decir la empresa alemana de correos, y entonces no privatiza.
Esa es la doctrina Aznar ahora con las empresas eléctricas. Cuando Aznar quiere privatizar las eléctricas en España, Endesa, que era pública y ya había sido privatizada, se encuentra con que la empresa Electricité de France, que es la mayor empresa de electricidad de Europa y que es pública, bloquea el acceso al mercado de distribución europeo y además compra una parte de una empresa eléctrica española. ¿Qué hace Aznar? Dice: no podemos vender empresas que queremos privatizar a un monopolio público y se enfrenta con Francia en el Consejo de Europa y Francia se impone demorando, pienso que definitivamente, la privatización del sector público de electricidad... y pienso esto porque la matriz de energía en Europa está previendo la crisis energética del déficit petrolero y con eso no se juega. Basta recordar la privatización de la energía en California para entender la profundidad de la cuestión.
Libertades civiles, derechos humanos y multinacionales.
Ahora entramos en la segunda cuestión, que es una reflexión que creo es éticamente necesario que sea conjunta. Es muy posible que sea la primera vez que escuchen parte de los argumentos que voy a exponer. Pero esto no ocurre sólo en Chile, es relativamente nuevo en todo el mundo. Pero lo que voy a decir y explicar no está basado en nada que pueda ocurrir, sino en cosas que han ocurrido y en documentación jurídica, o sea, no en documentación teórica sino en casos concretos ganados en tribunales, o que son parte del corpus jurídico de lo que llamamos derecho internacional de los derechos humanos.
Y trabajamos desde esta óptica porque creemos que hay un problema grave; nosotros trabajamos en Derechos Humanos, como organismo, y creo que entendemos bastante bien cómo funcionan las empresas y cuál es el problema de los derechos económicos y sociales. Desde hace unos dos años estamos haciendo un esfuerzo triple, por decirlo así, un esfuerzo dentro de Europa, dentro de Estados Unidos colaborando con gente que lleva trabajando muchos más años que nosotros en eso, y dentro de América Latina y de los organismos que conocemos, para tratar de hacer una reflexión donde la gente que trabaja Derechos Económicos y Sociales, aunque no los llame así, como es el caso del agua, pueda utilizar la experiencia del movimiento de Derechos Humanos en cuanto a las formas de movilización y a las técnicas que se utilizaron durante los 20 ó 25 últimos años, que creemos que son claves para poder enfrentar este tipo de problemas.
Uno de los graves problemas de Endesa, por ejemplo, es que una vez que se empezaron a hacer públicas sus actuaciones, fundamentalmente en Chile, experimentaron una enorme baja del precio de las acciones que afectó directamente a su valor patrimonial. No puedo afirmar que esté causado directamente por eso, pero sí por la falta de confiabilidad en los que gestionan la empresa y que se visualiza en la diferencia de precios entre el mercado de Madrid y el de Nueva York. Y esto es lo que en inversiones financieras se conoce como la capitalización del riesgo.
Lo que hay que conseguir en la estrategia de enfrentar a una multinacional que viola los derechos humanos, es que los costes del riesgo que ellos valoran en términos jurídicos y financieros de probabilidad pasen a ser ciertos. Y esto está al alcance de los organismos de la sociedad civil, por pequeños que sean y por poco dinero que tengan; se trata simplemente de usar las mismas técnicas de organización de imagen que usan ellos.
Por ejemplo, en el caso de las sociedades de aguas, la documentación de los conflictos tiene que estar necesariamente en francés porque la matriz de estas empresas es francesa; el movimiento social francés tendría que conocer la problemática en detalle y tener a disposición todos los datos de estos conflictos, porque seguramente va a haber organismos capaces de hacer frente al discurso de los dirigentes de esas empresas allí mismo. El problema es que muchos ciudadanos y activistas franceses no saben que existe esto, y, como en todos los países, hay otros que miran para otro lado porque son empresas francesas.
Esto también pasa en España. Yo contaba como anécdota que con la crisis argentina fui invitado a una conferencia. En ella hablaba un alto dirigente de la izquierda española que no le gustó que se hablara de las inversiones españolas en América Latina porque creía que teníamos que tener cuidado porque estábamos perjudicando a las empresas españolas y que lo realmente peligroso eran las empresas norteamericanas. Este ejemplo es para que entiendan que estas lecturas no son necesariamente de la derecha. Y por eso hay que hacerlas evidentes, necesariamente, y en forma eficaz.
El segundo elemento es la racionalización del discurso. Cuando lo calificó así es porque en estos tres días de trabajo el nivel ha sido alto, es decir, que no estoy hablando de nada que desconozcan.
Y ahí entra un segundo elemento que hay que conceptualizar. Lo que estamos viendo con la OMC, con el Fondo Monetario Internacional, es la crisis del sistema de las Naciones Unidas como organización surgida después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un problema global. Tratar de entenderlo sólo a escala nacional no es que no tenga sentido, se puede hacer perfectamente, todos los ejercicios intelectuales son válidos. Lo que está claro es que no vamos a poder explicar lo que pasa.
Y en esto hay dos matrices de pensamiento que hay que manejar muy claramente para poder hacer frente a esa guerra ideológica o política que se mencionaba esta mañana.
La primera matriz es la matriz que surge de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, y que es lo que hoy conocemos como el Estado Social de Derecho. Es el que recogen la constitución estadounidense y las actuales constituciones europeas y, en general, las constituciones de todos los países, o sea, que no estamos hablando de una teoría política, estamos hablando de algo que existe y que es concreto y que lleva unos cuantos siglos funcionando.
¿Qué es lo que estamos viendo surgir, y más aún después del 11 de septiembre, y que ya no tiene discusión posible? Estamos viendo resurgir el concepto de "estado de excepción". Y en Chile lo han vivido ustedes. Lo que pasa es que a veces el vivir tan cerca de los personajes históricos lo lleva a uno a no verlos realmente, pero la matriz ideológica de Chile es la que se concretó en el famoso congreso de Viña del Mar, al que asistieron Milton Friedman y Von Hayek, entre otros. Este último no es un economista cualquiera, es un pensador político de la Escuela de Viena y ésta es una escuela que plantea, entre otras cuestiones, que la economía no se puede controlar democráticamente, que es necesario un control de excepción para que el mercado funcione.
La teoría del estado de excepción se utilizó en Alemania a través del pensamiento de Carl Schmitt, teórico del concepto de lo político y del estado de excepción. En él confluyeron dos corrientes histricas que ustedes las están sufriendo y van a entender por qué se dan en América Latina tan abiertamente. Me refiero a la confluencia de la tradición católica del derecho de sangre español con la tradición germánica de la soberanía y del estado de excepción.
¿Quién es Carl Schmitt? Es el teórico que fundamenta que Hitler está por encima de la ley, o sea, que el origen de la ley es Hitler, el führer Pinochet. No estoy exagerando ni minimizando nada. Este concepto del estado de excepción se puede sintetizar diciendo que el soberano es aquél que decide sobre la excepción, y por eso se llega a ese concepto de decir que aquí, en Chile, se elige a un soberano. ¿Y qué es la excepción? Es estar por sobre el estado de derecho y la ley. Esto va unido a otra idea que se llama la dialéctica amigo/enemigo, usada masivamente en el Tercer Reich, pero que no es exclusiva del nazismo. Carl Schmitt es el fundador de la racionalización moderna de la dialéctica amigo/enemigo.
Y el concepto de amigo/enemigo es muy fácil de entender: el enemigo es aquel que el soberano define y ese enemigo queda fuera del sistema legal y, por lo tanto, no sólo le cabe el estado de excepción, sino que no le cabe la aplicación de la ley.
Al final de la Segunda Guerra Mundial a este Carl Schmitt lo condenaron a dos años de reeducación en un campo de concentración y se fue a vivir a España, porque se había casado con una mujer de Zaragoza y reconstruyó, en el año 1962, la doctrina amigo/enemigo que también se llama Teoría del Partisano, para adecuarla a los movimientos revolucionarios emergentes en el Tercer Mundo.
Este panfleto es una de las bases de la Teoría de la Seguridad Nacional. Él reescribe un artículo que había escrito en 1903. Y en ese momento (1962/64) se dan una serie de seminarios para economistas que se hacen en España y se hacen también en Viena, Austria. En estos seminarios se plantea lo que otros economistas, del lado contrario, plantearon como la Teoría del Diablo, que es lo que ustedes han vivido, y que consiste en que hay que liberalizar los mercados pero que eso es imposible con un sistema democrático.
Entonces, el primer paso es crear una dictadura militar. Lo que hace una dictadura militar no se lo voy a explicar, pero sí que después necesita un modelo de excepción, de Estado de Excepción, no de reconstrucción del sistema democrático. Lo que se crea es una fachada que se denomina: sistemas de excepción de facto. Lo explicó magistralmente el señor diputado ayer en la mañana y posiblemente él ni sepa que existe esa categoría, pero él explicó eso: que existe el parlamento que no puede reflexionar, ya no digo decidir sino reflexionar, sobre los temas.
Y es peor aún: los sujetos históricos que son representantes del poder popular lo asumen como legítimo y ese es el punto; no estamos hablando de legalidad, estamos hablando de legitimidad y lo que sí podemos nosotros hacer es deslegitimar un sistema, porque los sistemas se deslegitiman normalmente con la verdad; es en ese sentido en el que la verdad puede ser revolucionaria. Y esto debemos hacerlo con un sistema de pensamiento que no es otro que el derivado del propio sistema democrático que conocemos. Eso es lo que nos lleva a decir cosas que suenan a fundamentalismo revolucionario, tales como que el poder popular no puede ser negociado. Y sin embargo no lo es. Cualquier democracia burguesa funciona así.
Este es el concepto, entonces, de estado de excepción. ¿A dónde se llega con el concepto de Estado de Excepción? A lo económico. Y uno de los casos es el de Argentina. ¿Qué hacen en Argentina para poder privatízar con Menem? El Parlamento le confiere poderes de excepción. Eso es lo que hacen. Y le dan autoridad para negociar absolutamente todo. Esa es la aplicación del Estado de Excepción en el modelo. Pero ocurrió lo mismo con Fujimori y actualmente con el Presidente Uribe Vélez, en Colombia.
En los años 70 estos conceptos comenzaron a aplicarse a través de la Rand Corporation. Entramos en el escenario de lo que se conoce como "sistemas de control político y social" de nuevo tipo, que son una forma de aplicar el Estado de Excepción en los países democráticos más del Norte, donde este tipo de temas se tienen que aplicar, o se busca aplicarlos, de otra manera. Después de la Segunda Guerra Mundial no se pueden plantear sistemas que deconstruyan el sistema democrático, pero sí se pueden plantear problemas de modelización y de simulación social usando técnicas de antropología social, de psicología social o de sociología, para inferir comportamientos. Eso es lo que está detrás de Bush a partir del 11 de septiembre y es parte de lo que se considera como el Estado de Excepción de facto a nivel global.
¿Qué es esto último? Es tan simple como lo que ustedes han vivido en Chile, pero que hay que aplicarlo a nivel global. ¿Y cuáles son los ejes de trabajo? Primero, ¿cómo controlo las comunicaciones para poder saber lo que pasa en todo el mundo? Ese es el primer problema. Ustedes pueden leer un informe del parlamento europeo, muy sólido, hecho por organismos de Derechos Humanos y con un trabajo de casi 15 años y que lo pueden usar como herramienta y que se llama: Nuevas tecnologías para control político social.
En este informe se expone, no sólo cómo se pueden implementar técnicas para scanear las comunicaciones y tener un control on-line de poblaciones como la de toda Europa, sino que además, se crea toda una rama de nuevas armas que se conocen como Armas No Letales, las cuales están concebidas claramente para el control de población civil. No se trata de armas militares. Entre ellas está el gas que usaron los rusos en este último conflicto de toma de rehenes en Moscú. Ustedes recuerdan que la discusión era si habían violado el Convenio de Gases Químicos prohibidos para el uso militar. La conclusión es que utilizaron un opiáceo con el poder de la heroína multiplicado por 100. Estamos entonces ante un producto natural, no es un gas militar. Esta es un arma no letal. La OTAN tiene una división entera, militar, que se denomina Departamento de Armas No Letales.
Les pongo otro ejemplo de armas no letales: un ordenador que se fabricó en Europa y que es capaz de identificar las personas en la cabecera de una manifestación, sacar su historia on-line en los terminales de la policía, determinar sus nodos de interrelación y marcar los que hay que destruir para que se bloquee la post-manifestación; una vez que se hace eso, se reprime y se mete en prisión a los que señaló el ordenador.
En caso de que no pudiera meterles presos, recurren a unas balas de goma que están pensadas para que un tirador de élite de la policía pueda disparar contra la persona en cuestión y provocarle una conmoción cerebral que le deje fuera de circulación durante 72 horas. Eso no viola la Convención Contra la Tortura, ni es una detención ilegal; simplemente que el afectado queda ingresado en un hospital durante 72 horas.
En Bolivia se usaron gases especiales, de origen francés, que marcan y provocan a los manifestantes una reacción alérgica de 48 horas de duración; como exige tratamiento, permite la identificación de las víctimas sin violar aparentemente sus derechos civiles. Pero lo grave es que están pensadas para eso, es decir, diseñaron en el laboratorio un producto que es capaz de producir eso. Bien, esto es la aplicación del Estado de Excepción en el norte.
En el sur es más barato matar.
Ante lo anterior, las multinacionales que están en el eje de este tema y que no son todas -y con esto no estoy diciendo que haya multinacionales buenas y malas, sino que las hay que están en el control político y las hay que no-. Lo que quiero es remarcar que el estado de excepción de facto no es puramente teórico, sino que tal teoría existe y que hay fuerzas dispuestas a implementarla.
En el ámbito económico, quedó claro que existe una articulación del discurso económico que parte de Von Hayek, es recogido por Milton Friedman y que contó con un laboratorio básico en Chile, donde lo que se implementa es un sistema de control político social; por eso no se puede responder en términos económicos a un sistema de estas características; tal respuesta no conduciría a ninguna parte. Sólo se puede responder si soy capaz de demostrar que es un sistema de control político social y que en eso reside el delito. El delito no está en que privaticen, sino en que se creó un sistema que lleva a que un parlamentario reconozca que el parlamento no existe y, sin embargo, siga siendo parlamentario. Eso es lo grave. Porque eso es lo que provoca la destrucción del sistema, y no la privatización.
¿Qué es lo que no hay que confundir? Las causas con las consecuencias. Si uno discute sobre las consecuencias perdió la discusión, porque las consecuencias están acotadas por el que cometió el delito. Si yo investigo un crimen por las consecuencias del mismo no voy a llegar nunca a ningún lado, porque las consecuencias las fija el que cometió el crimen, y si es un buen criminal habrá tendido todas las pistas falsas necesarias para que pase 30 años investigando y no llegue nunca a descubrir el crimen.
Lo que tengo que hacer es ver las causas, y eso es lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Es la gran herramienta para poder denunciar la causa y poder hacer frente con un discurso legítimo y con un discurso soportado en el derecho internacional.
Y esta es la segunda parte. El sistema de Derechos Humanos lo doy por supuesto, y parto de que ustedes saben lo que es y cómo se genera. En lo que se refiere a los derechos económicos y sociales, no voy a entrar en la discusión de si son de segunda generación o no. Nosotros partimos -como parte el sistema de Naciones Unidas y como contemplan las resoluciones de la Asamblea General, y, por tanto, no tengo por qué discutirlo-, de que son de exigibilidad universal y obligatoria para todos los Estados, y mientras no haya alguien que diga jurídicamente lo contrario no voy a discutir.
A nivel de activistas de Derechos Humanos no tenemos por qué discutir la exigibilidad del derecho a la vivienda; el ministro de turno podrá decir que no tiene financiamiento; ése es su problema. Lo que quiero es que se cumpla con ese derecho y es su obligación cumplir un mandato imperativo del sistema jurídico internacional.
Nuevamente nos adentramos en la discusión sobre causas y efectos: si no hay financiación es que somos pobres. Pues veamos entonces cómo salimos de la pobreza y no cambie los términos de la discusión diciendo que como no hay dinero y no hay ladrillo, no hay vivienda. Eso también es el Estado de Excepción por otros medios. Es decir, no aplico el código penal a los militares, se lo aplico sólo a los civiles. Los crímenes son crímenes si los cometes tú, y si los cometo yo no son crímenes.
Esas categorías no son negociables y son categorías no sólo conceptuales, sino políticas. Están basadas en los principios que están en la base de los derechos civiles. Hagan el ejercicio de leer las declaraciones de la Revolución Francesa, la de 1789 y la de 1793, y van a entender lo que quiero decir En esas declaraciones se habla de la responsabilidad de los funcionarios públicos, responsabilidad imprescriptible. Como ven, esos principios están en la matriz del pensamiento de un estado de derecho.
Un funcionario público no puede robar. Eso que parece tan elemental...Menem les puede explicar que es un derecho de un presidente. Escuché un reportaje a Menem donde decía que iba a hacer una reforma de la constitución Argentina aplicando la matriz de los sultanatos de Malasia.
Esa es una perversión, ya no vuelve al absolutismo sino que vuelve a la Edad Media a partir de un sistema parlamentario, pretendiendo ser presidente democrático de un país. Ese es el Estado de Excepción perfeccionado, ya no necesitan hablar de Estado de Excepción, basta apoyar a un personaje como éste, que además puede ganar las elecciones.
Esto plantea el problema básico de cómo se estructura el sistema de derecho internacional, porque uno de los puntos débiles de estas estrategias perversas es que todas las consecuencias son violaciones sistemáticas, y eso es debido a la necesidad de planificarlas.
Un principio básico que surge de Nuremberg, y que vamos a ver ahora, es que para que exista un delito internacional tengo que demostrar que hubo una planificación para cometer ese delito. Esto está incluido en los principios de la Corte Penal Internacional, en ese estatuto que el Gobierno Bush no quiere aceptar.
Es básico ¿Y por qué es importante? Porque es la figura más fácil de demostrar cuando estamos hablando de Estados de Excepción de facto, donde las privatizaciones no tienen un problema técnico: el problema es que hay necesariamente una apropiación indebida de los bienes públicos, es decir no puede haber privatización en términos neoliberales, como el modelo chileno, sin que haya por lo menos estafa, robo y saqueo. Esto no lo digo gratuitamente, lo puedo explicar elementalmente: se basa en el hecho de que en Nuremberg no sólo se determino eso, se determinó además cómo se establece una organización criminal, cómo se tipifica lo que es una organización criminal y es una organización criminal distinta a una de hampones o de la mafia, es una organización criminal que comete crímenes sistemáticos contra la humanidad.
¿Por qué usamos Nuremberg? No por casualidad. Primero, porque permite tipificar esto pero- en segundo lugar- el estatuto y las sentencias de los Tribunales de Nuremberg son de obligado cumplimiento por parte de todos los estados y les voy a explicar el porqué.
Cuando se constituye la coalición de Naciones Unidas para combatir al Eje, se hace la Declaración de Moscú del año 1943, donde los actos que poco después serían definidos como crímenes contra la humanidad, se declaran sujetos a lo que hoy se conoce como jurisdicción penal internacional; después se llega al Acuerdo de Londres de 1945, por el que se aprueba el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y se sientan las bases de los juicios posteriores contra los nazis ya que en Nuremberg hubo dos tipos de tribunales. Por un lado, esta el juicio realizado entre 1945 y 1946 a los principales criminales del Eje, donde se juzgó a los grandes jefes nazis; pero hubo después una serie de juicios que se celebraron al el amparo de la Ley 10 del Consejo Aliado de Control y que son muy poco conocidos, entre otras cosas porque cuando se terminan esos juicios ya estábamos en la Guerra Fría y no interesaba mucho mover este tema (el que hubo contra el ministerio de justicia sería uno de ellos). Con base en esa ley se siguen juzgando nazis de la época hasta nuestros días.
Esta jurisprudencia y los principios que la impregnan son la base del sistema jurídico que surgió después de la derrota del nazismo; por lo tanto están en la base del sistema jurídico europeo, y esto así necesariamente por la aplicación de los tratados de la Segunda Guerra Mundial. Están también en la base del surgimiento de la Unión Europea. Esta es una de las cuestiones insalvables para Vivendi y para otros muchos.
¿Qué pasa en Naciones Unidas? Supongamos que Naciones Unidas es un club. Cuando alguien va a entrar al club, los fundadores del club le dicen: aqui tienes que ratificar el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, los Principios de Nuremberg, ratificar las condenas y comprometerte a aplicarlo en todo momento. ¿Lo has firmado, si? Ahora entras en Naciones Unidas y pasas a ser -una vez que la Asamblea te dé el visto bueno- miembro en igualdad de condiciones. Eso significa que ningún Estado puede desconocer la aplicación de las sentencias de Nuremberg. Esto ha sido usado por la Corte Interamericana como argumentación en los últimos tres o cuatro años y está en la base de la figura para anular, en el caso del Perú, las leyes de impunidad.
Esto está por encima de la constitución del Estado. Por eso es norma imperativa para los Estados, figure o no en las constituciones nacionales. La discusión de la Corte Suprema de Chile es una discusión política y no es concordante con el derecho internacional, es decir, no ganarían una demanda en ningún lado. Es así. De hecho perdieron el caso del dictador Pinochet en Londres por eso.
En Nuremberg se juzgó también a las empresas que colaboraron con el sistema nazi y se las condenó; se las condenó aplicando una figura que se llama "la responsabilidad del mando", también conocida como Teoría del Comandante.
¿Qué es lo que dice, muy sintéticamente, la Teoría o Doctrina del Comandante? Que todo comandante es responsable de lo que ocurra en su área de comando -que es donde un militar ejerce directamente el mando- ya sea por acción o por omisión.
¿Qué quiere decir lo anterior? Quiere decir que si hay violaciones de Derechos Humanos sistemáticas, el comandante de esa zona, para poder demostrar que no tuvo ninguna complicidad tiene que demostrar, no sólo que no pudo impedirlo, sino que usó toda la fuerza necesaria para impedirlo. No sirve decir: no conocí lo que pasó. Si no conoció lo que pasó es responsable por complicidad con los crímenes. En las sentencias militares, strictu sensu, se dice que si un comandante militar no puede demostrar que usó como mínimo el 40% de su fuerza militar para oponerse a los que violaban o daban lugar a crímenes de ese estilo, es culpable.
Eso se aplicó a los consejos de administración de las empresas alemanas.
Esa teoría ha sido llevada al derecho mercantil y se la conoce como la Teoría de la Responsabilidad Corporativa, es decir, se cambia lo que es la Teoría del Comandante por la de Responsabilidad Corporativa y, sucintamente, viene a decir que el presidente de un consejo de administración - quien es la máxima autoridad jurídica de una sociedad, sea cual sea el tipo de sociedad- es responsable por acción o por omisión de los delitos que cometan sus subordinados dentro del área de jurisdicción de la empresa.
Esto nos permite varias cosas: primero, salvar el principio de territorialidad de los delitos; segundo, juzgar a una multinacional se cometa donde se cometa el delito, y, en tercer lugar, saltar la jurisdicción de las zonas donde se aplica la impunidad, o sea, romper la estrategia jurídica nacional de las multinacionales.
Hay una primera sentencia, que tiene ya como unos 20 años donde el presidente de una sociedad farmacéutica que envió medicamentos caducados a un país en crisis fue juzgado y el juez lo condena a pesar de que él demuestra -y ahí voy a las pruebas- que él no fue informado de que cargaban el barco -y eso era en Estados Unidos- ¿El juez qué le dice? Que da lo mismo, que él tendría que haber establecido los sistemas de control necesarios para que eso no ocurriera y que, además, no investigó lo que ocurrió una vez que fue denunciado, por lo tanto, es cómplice.
Ese es un primer caso. Y en esto se ha avanzado muy lentamente.
A partir de ahí, de este principio, hay una serie de gente que empieza a trabajar estos temas desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Estoy hablando de hace 20 años, en cuyo transcurso se aprueba y entra en vigor, por ejemplo, la Convención contra la Tortura, cuyo articulado contempla el principio de jurisdicción penal universal, que fue lo que permitió la detención del dictador Pinochet en Londres.
Estas cosas van unidas. Por eso se puede usar el discurso de Derechos Humanos, porque la articulación es la misma.
Por ejemplo, si ustedes se leen lo que podemos denominar proyecto de convención contra la impunidad en delitos económicos y sociales, este documento dice en sus párrafos 131-132: "Las violaciones cometidas por las empresas transnacionales en sus principales actividades transfronterizas no se encuentran dentro de la competencia de un único Estado, y para prevenir las contradicciones e ineficacias en los remedios y sanciones decididas por los estados de forma individual o en grupo, estas violaciones deberían ser objeto de una atención especial.
Los Estados y la comunidad internacional deben combinar sus esfuerzos para contener tales actividades mediante el establecimiento de las normas legales que hagan posible alcanzar este objetivo".
Sucede lo mismo en cuanto al saqueo del patrimonio cultural de los pueblos y países del Tercer Mundo. Hasta hace muy poco tiempo sólo los estados estaban sujetos a la ley internacional, pero los individuos y los grupos de individuos pueden hacerlo ahora para responder de sus actividades.
La comunidad internacional debe establecer un marco legal que haga posible tomar acciones con alguna esperanza de éxito para reparar o castigar, un marco que sería apoyado por el principio de jurisdicción universal; para lograr este objetivo con mayor efectividad la comunidad internacional debe obtener de los estados el compromiso de incluir en su legislación nacional y en su totalidad las normas internacionales relativas a los Derechos Humanos, al tiempo que respeten sus obligaciones internacionales.
Tanto en la ley o bajo la ley nacional, como internacional, un acto que viole los derechos de un individuo o un grupo hace responsable al autor; los actos jurídicos que originan las obligaciones de las que se deriva la responsabilidad de un sujeto de derecho, un individuo o un estado, están especificados por la ley. Es cierto que la responsabilidad del Estado es indiscutible en el derecho positivo, tiene aunque tardíamente un ganado reconocimiento en el ámbito de la ley nacional donde por mucho tiempo parecía virtualmente incompatible con una relación de desequilibrio entre el Estado y sus sujetos.
El Estado moderno realiza diversas actividades, algunas de las cuales son actos gubernamentales directamente relacionados con el ejercicio de su soberanía, mientras que otras son actividades empresariales que realiza como actividades privadas sujetas a las normas de derecho privado. En tales casos, la responsabilidad del Estado puede verse involucrada en un caso de violación de los derechos de un individuo o de un grupo; los derechos económicos, sociales y culturales están generalmente conectados con una actividad económica y es en este marco donde son violados más frecuentemente.
La responsabilidad del Estado es total cuando las violaciones resultan del mal funcionamiento de los servicios públicos, sea cual sea la causa. El Estado no puede invocar ni su propia legislación ni la incompetencia o desobediencia de sus agentes para exonerarse de su responsabilidad, sean acciones gubernamentales o puramente administrativas. En relación con la conducta de los funcionarios estatales, la abundante jurisprudencia desde el Tribunal Internacional de Nuremberg indica que ninguna desobediencia a, o ejecución de, una orden claramente ilegal reduce en ningún caso la responsabilidad del Estado. Un Poder ocupante es responsable, bajo las Convenciones de Ginebra, de las violaciones cometidas en el territorio ocupado. El ejercicio de tales responsabilidades requiere un cierto grado de cooperación entre los Estados y la comunidad internacional.
Esto es lo que quería decir El Hadji Guissé, Relator Especial de la ONU para la cuestión de la impunidad en los derechos económicos, sociales y culturales, que es la persona que redactó esto... que una multinacional cuando actúa en varios países es equivalente a un ejército en operaciones y, por lo tanto, le es aplicable la teoría de las leyes humanitarias de un ejército de ocupación. Y el país ocupado es responsable por las violaciones de sus funcionarios públicos, o sea, que si al diputado que nos informó lo juzgáramos con estos parámetros, sería condenado, porque lo que él declaró públicamente es lo que lo condenaría a la cárcel, ya que la responsabilidad del estado no es renunciable bajo ningún pretexto.
Ese es el problema, por ejemplo, de Endesa en la Novena Región.
Ha habido otras sentencias que ratifican, no sólo lo que estoy diciendo, sino que ponen en cuestión cosas más importantes para las multinacionales.
¿Qué pasa cuando una multinacional comete un delito de sanidad pública o cuando destruye una comunidad indígena, como es el caso de las petroleras? ¿Qué pasa cuando un oleoducto pasa por una zona indígena, como es el caso de Ecuador, y no tiene en cuenta los derechos de propiedad? Está cometiendo una violación sistemática, planificada, porque no hay tecnócrata que pueda demostrar ante un tribunal que un oleoducto no se planifica, es imposible.
Las multinacionales conocen esto porque ya han perdido varios juicios, uno de los cuales fue sobre hechos ocurridos en Birmania; otro es el caso de la comunidad judía con los bancos de Suiza. En todos esos casos, se aplicaron estos principios.
Una sentencia reciente es la recaída en febrero del 2002 en el caso Wiwa v. Royal Dutch Petroleum (Shell). Esta es una compañía ampliamente conocida y que no necesita presentación. Perdió un juicio en apelación, donde el juez la condena por financiar crímenes de torturas y exterminio en Nigeria. La estrategia jurídica usada por los defensores de los ogoni es la que les estoy relatando. La Shell se vio obligada, como contraestrategia, a cerrar todas sus filiales en Estados Unidos para poder apelar ante el tribunal en cuestión diciendo que no tenía jurisdicción porque ellos no operaban en Estados Unidos.
Y termino con el caso de Enron. Es un caso que se viene trabajando hace por lo menos 8 años, cuando un grupo de personas se planteó en Europa, y también en Estados Unidos, el cómo unir los derechos económicos y sociales para hacer frente a la estructura jurídica de aquellas multinacionales que está soportada en falsificar los balances y en engañar a sus accionistas.
¿De qué es de lo que se trataba? Se trataba de romper el recurso a la validación no jurídica de los balances, y creo que eso se ganó de pleno, porque la única prueba que puede presentar una multinacional que no se puede supervisar jurídicamente es la de los balances. Pueden falsificar los balances en Chile y no presentarlos en los Estados Unidos. A partir de esta guerra eso se acabó.
En Europa fue tal la repercusión, que estamos en la batalla de tratar que desaparezcan los auditores y pasen a ser una función pública, es decir, el problema son las libertades civiles. Si es una actividad que tiene repercusiones, que son delitos que pueden acabar en crímenes contra la humanidad, la auditoría tiene que estar garantizada por una autoridad legítima con valor jurídico.
No es válido el mero registro de las operaciones, sino que tiene que haber una autoridad judicial, que son los auditores, que supervise lo que los responsables de la empresa afirman y pueda procesarlos automáticamente.
Por eso el aparato residual de la Enron trata de plantear como estrategia defensiva la disolución de la empresa Arthur Andersen y culpan a sus responsables: Por eso Bush actúa rápidamente y aprueba la ley de condena multiplicando las penas a los responsables, para tratar de evitar llegar a un caso donde se aplique la responsabilidad corporativa. Esa es la pelea de Cheney, el vicepresidente actual de Estados Unidos, quien está implicado en delitos de este tipo.
¿Quién elabora el informe que destapa el caso Enron y preparó la acusación? Fue la propia Universidad de California; eso es lo que termina con la Enron. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede actuar desde espacios ajenos a los que los implicados en este tipo de delitos controlan.
Esta es la crisis última. En esta lucha hay mucha gente de Derechos Humanos, jueces, profesores de derecho internacional, cátedras de derecho penal, activistas, y es donde nosotros entendemos que el esfuerzo ahora ha de ponerse, no sólo en socializar los temas, sino en lograr que el discurso del agua incluya estos parámetros y no tener miedo a enfrentarse jurídicamente a este tipo de delitos. Y cuando digo jurídicamente no quiero decir necesariamente litigando, sino legitimando un discurso y que los responsables de este tipo de violaciones estén obligados a responder, porque estoy seguro de que si litigo en Chile perdemos el juicio, y, entonces, ¿por qué les voy a regalar un procedimiento para el que sé que no se dan las condiciones que hagan posible ganarlo? De lo que no hay duda es de que se les puede deslegitimar hasta que llegue la oportunidad de convertir lo que ellos denominan "riesgos políticos", que están incluidos en cualquier estado financiero, en delitos ciertos.
¿Cuál es, entonces, el problema de fondo? Es el de romper la estructura de Estado de Excepción que se erige a partir de los organismos internacionales. ¿Quién y qué es el Fondo Monetario Internacional? Nadie. En términos de derecho internacional no existe. No es un organismo del sistema de Naciones Unidas, no representa a los estados y entonces ¿por qué tengo que obedecer? Pero peor aún: ¿por qué, como ciudadano de un país del norte, tengo que dar dinero al Fondo Monetario Internacional?. Porque se dedica dinero de los impuestos a financiar una organización alegal que además provoca daños irreparables en la estructura social de los estados.
Esa es la batalla de legitimación que ustedes están viendo en el fondo; la gente que hizo ese trabajo lo que creían es que con esa argumentación ellos podían dividir al Fondo Monetario Internacional y casi lo han logrado. Esa es la crisis actual de aquellos altos funcionarios que se enfrentan a su propia historia. Hay que empezar a meter dentro del FMI la teoría de la responsabilidad corporativa.
Este tipo de delitos no son prescriptibles y no se pueden amnistiar y, por lo tanto, esto significa que se puede desarrollar una estrategia a largo palazo, durante muchos años. Y en el caso del dictador Pinochet es este principio el que remató el caso.
Hay que hacerles conscientes de que corren este riesgo, porque todavía no conozco ningún director de empresa multinacional que esté dispuesto a pasarse 20 años en la cárcel y en su comunidad, donde él es una buena persona que va a misa los domingos y es católico o protestante y que hace donaciones a su comunidad, pueda ser tratado como un criminal contra la humanidad.
A una multinacional depredadora de este tipo no se la puede enfrentar en un solo frente; hay que ser capaz de crear estrategias múltiples donde unas funcionarán y otras no, pero nunca un solo frente.
La Doctrina del Comandante afecta a los organismos internacionales. Esto es verdad. El explicarlo es muy simple: ¿qué pasaría, y pongamos por caso, si una sociedad de médicos dijera que no hay que vacunar contra el cólera y que, además, el cólera es bueno y que lo que hay que hacer es contaminar el agua para que eso sea saludable para la población? Le caerían encima las leyes de la deontologia profesional, el crimen calificado, exterminio, etc.
Ese es el ejercicio intelectual ¿y por qué un economista escapa a ese principio? ¿Por qué un funcionario que está en el FMI y hace un dictamen que es falso científicamente no tiene responsabilidades penales, cuando no hay nada que diga que no las tiene?. Y ahí es donde hay que poner el énfasis.
Esto es, la responsabilidad del FMI o del BM viene derivada de que su accionar provoca un crimen contra la humanidad; es directa porque sus responsables son los que planificaron el delito; hay pues una responsabilidad colectiva, pero también la hay individual. Al "señorito" que cobra 40 millones de dólares al año hay que hacerle entender que con todo ese dinero puede terminar en una cárcel y, como mínimo, terminar deslegitímado. No se puede permitir que este tipo de individuos den clases en las universidades, como no se le permitiría a un médico en el ejemplo que puse sobre el cólera.
Para concretizar este trabajo hay que tener en cuenta que los procesos de este tipo son siempre consecuencias de estrategias a largo plazo, porque lo que no podemos hacer, o lo que tenemos que tratar de evitar que ocurra, son procesos que se pierdan. Esto es muy importante y me lleva a temas como el de la financiación; hay un caso que fue financiado, por ejemplo, por el Premio Nobel de literatura nigeriano, es decir, el premio lo dedicó a financiar este caso. También se han dado iniciativas como la de los abogados que llevaron adelante el caso contra las tabaqueras, quienes han creado un Fondo Para Juicios Imposibles, así lo llaman, y que está en manos de dos
cátedras de universidades que pueden calificar si pueden hacerlo o no. Pero los casos judiciales son muy caros y si no están planificados con inteligencia terminan por inanición.
De todas maneras, ante un caso concreto, el Equipo Nizkor, ofrece un asesoramiento general y particular. En una fase posterior, se hace un estudio de factibilidad, que es como se trabaja jurídicamente, y ponemos en contacto con instituciones universitarias que puedan hacer frente al asesoramiento a largo plazo. También hay en estos momentos en creación una red europea de abogados especializados en estos conflictos que hemos ayudado a crear, pero que tiene grandes problemas de financiación para estos casos.
Notas:
1. Director del Equipo Nizkor, Master en Economía Financiera, especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y autor de varios libros sobre derechos humanos y de más de 100 artículos especializados. [Volver]
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