Informe de Derechos Humanos. 1990-2000

1.7 Pueblos Originarios

Introducción

Este capítulo presenta los avances que se han producido en Chile sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, y la relación que el Estado chileno ha desarrollado con estos pueblos a partir de 1990. Se entregan antecedentes sobre las actuales situaciones de conflicto y violaciones que se han cometido contra miembros de estos pueblos, así como las medidas y acciones que se han emprendido para asegurar su protección y desarrollo.

Para apreciar la situación actual se presenta un resumen de la situación histórica de los Pueblos Originarios de Chile hasta el advenimiento de la transición política en 1990. Es en los gobiernos de esta ultima década donde se pueden apreciar avances sustantivos en los derechos humanos de la totalidad de la población; en este mismo contexto también los pueblos indígenas han avanzado, tanto en la presentación de sus reivindicaciones ante la sociedad como en acciones que permiten el establecimiento de una nueva relación con el Estado chileno, quien debería asegurar a futuro el reconocimiento de sus derechos como pueblos.

Más relevante será la referencia a la situación del pueblo Mapuche, principal grupo originario del país, el que ha protagonizado los principales conflictos en el país, y el que lidera las acciones de presión y negociación con el Estado chileno.

Pueblos Originarios en Chile

En el último censo realizado en Chile (1992) se consultó por primera vez sobre la adscripción étnica de la población. De acuerdo a estos datos el 10,3% de población mayor de 14 años es indígena o se reconoce como tal. ⁽¹⁾ El pueblo Mapuche aparece como el grupo más importante, en relación a los pueblos Aymara y Rapa Nui, únicas etnias consultadas en el censo (Ver Cuadro1). En estudios posteriores se logró determinar que existen también otras pueblos: 10.000 personas del pueblo Atacameño, 101 Qawascar y 64 Qaghan.

Cuadro 1: Población Indígena
Fuente Censo 1992

Grupo Etnico Declarado	Más de 14 años	%
Mapuche	928.060	9,6 %
Aymara	48.477	0,5 %
Rapa Nui	21.848	0,2 %
Resto de Población	8.661.982	89,7 %
Total	9.660.367	100,0 %

Cuadro 2

Población Indígena por Región Fuente: Censo 1992
Región	Población	Mapuche	Aymara	Rapa Nui	Ninguno Anterior
I	243.586	9.557	15.461	302	218.266
II	292.308	12.053	4.164	417	275.674
III	162.375	6.747	1.313	280	154.035
IV	358.101	18.010	2.102	849	337.140
V	1.017.873	58.945	2.981	3.344	952.603
VI	343.796	27.802	929	811	314.254
VII	599.547	32.444	1.750	705	564.648
VIII	1.241.856	125.180	3.903	1.791	1.110.982
IX	552.843	143.769	1.214	381	407.479
X	680.019	68.727	1.620	759	608.913
XI	55.826	3.526	136	81	52.353
XII	106.020	4.714	208	183	100.915
XIII RM	3.848.121	409.079	12.308	11.648	3.415.086
Total	9.660.367	928.060	48.477	21.848	8.661.92

Pueblo Aymara

En la zona norte al igual que la zona central del país se produjo una disminución de la población indígena con la llegada de los españoles, producto de las guerras, el hambre y las enfermedades. Posteriormente, la implementación de las encomiendas y el mestizaje, entre españoles e indígenas, ayudaron al desaparecimiento de los pueblos originarios del norte.

La zona norte quedó en manos del Estado chileno durante las diversas campañas que gestaron la Guerra del PacíFico (1879-1883). Los indígenas de la zona norte fueron comúnmente empleados en la mano de obra para la extracción de minerales, y se les despojo ilegalmente de las tierras cultivables y pastizales. Las comunidades aymara fueron desapareciendo, el hecho de no haber sido reconocida su forma de vida colectiva las llevó a insertarse en actividades económicas de la zona, como la minería, o a emigrar a la costa donde se desarrollaban las principales ciudades.

Cabe señalar que antiguamente los indígenas de la zona de Atacama (II Región) proveían de alimentos a los centros mineros, lo que permitió a estas comunidades mantener algo de su vida comunitaria por un tiempo. No obstante, la expansión de la minería ha generado disputas por tierras y cuya pérdida ha provocado la emigración de los jóvenes del lugar. Por otra parte, la consolidación del Estado chileno fue cerrando las fronteras lo que ha impedido el tránsito libre de los indígenas con otras zonas fuera del país; por último, fueron sometidos a la cultura y educación chilena.

De acuerdo al Censo de 1992 sólo un 0,5% de la población se reconoce como aymara. Parte de esta escasa población habita en zonas rurales y vive de actividades agropecuarias de subsistencia. Sus mayores problemas se reflejan en los conflictos por derechos de aguas y la expansión del narcotráFico. Una situación similar vive el pueblo atacameño. ⁽²⁾

Pueblo Rapa Nui

El otro pueblo importante que consigna el Censo 1992 es el Rapa Nui, que habita el territorio insular, más conocido como Isla de Pascua. El pueblo Rapa Nui Firmó, en 1888, un acuerdo con el Estado chileno y con ello pasaron a ser parte del país, a condición de ser respetadas sus autoridades tradicionales. Pero, en 1933 Chile inscribió la tierra como Fiscal, y las autoridades designadas pasaron a ser las chilenas. La población rapa-nui fue esclavizada y un gran número de ella murió en la zona norte del país trabajando en las guaneras. La creación de una Compañía de Crianza y Exportación de Ovinos en la isla, por el Estado chileno, fue otra fuente de explotación de este pueblo.

Según el censo un 0,2% de la población es de origen rapa nui. Un 20% vive fuera de la isla, principalmente en Valparaíso (V Región). Hoy la principal actividad de este pueblo es el turismo, las actividades agropecuarias y la pesca. Sus problemas actuales se relacionan con su dependencia económica y administrativa de Chile con un elevado costo de la vida y además la utilización comercial de su cultura.

Pueblos de la zona austral

En la zona austral de país la situación de las diversas agrupaciones indígenas comenzó a cambiar a mediados del siglo XIX. El alcohol, las armas y las sucesivas concesiones de tierras a colonos comenzaron a desplazar y exterminar a los indígenas de la zona. Las políticas de colonización no consideraron a los distintos grupos indígenas y estos fueron conFinados a reservas; muchos fueron eliminados, y otros deportados a islas donde quedaron a cargo de misiones cristianas.

Sólo a mediados del siglo pasado el Estado destinó ayuda material y se les agrupo en caseríos australes con el Fin de evitar su total desaparición. Pero la vida nómade, característica de estos pueblos desapareció del todo, y hoy ya no existen sobrevivientes de pueblos como los Aonikenk y Selkman, ⁽³⁾ y el censo oFicial de 1992 no da cuenta de la existencia de agrupaciones en la zona sur austral del país; sin embargo, un estudio posterior realizado por la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas (CEPI) da cuenta de los pueblos Qawascar y Qaghan.

Pueblo Mapuche

El pueblo Mapuche constituye, en la actualidad, la mayor población originaria del país y por ello su historia cobra más importancia en relación a los otros grupos mencionados anteriormente.

Ubicado este pueblo en el centro (Región Metropolitana) y sur (IX Región), es conocido por su enfrentamiento a la colonización española. Hasta fines del siglo XIX gozaron de independencia política y cultural pudiendo desarrollarse a ambos lados de la cordillera (Chile y Argentina).

Desde la Independencia de Chile (1817) los territorios mapuche fueron vistos como una posibilidad de expansión para las necesidades económicas y políticas de esta nueva República. Los atropellos y violaciones constantes hacia ellos en su territorio se convirtieron, posteriormente, en una política de dominación. En 1866 las tierras mapuche se declararon Fiscales y se instalaron fuertes militares en la zona del río Bío Bío que había constituido una frontera natural. Ahí se produjeron cruentos enfrentamientos donde los mapuche fueron finalmente desplazados, con muchas muertes y destrucción. La resistencia de los mapuche y la ocupación definitiva de su territorio se enfrentó con un proceso denominado Pacificación de la Araucanía, iniciado en 1881 y que termino en 1883 con la derrota militar de los mapuche.

Este pueblo, también con características nómades, fue confinado a reducciones, donde las pestes y el hambre causaron estragos y fueron paulatinamente perdiendo su identidad, absorbidos en la nueva sociedad rural chilena. Las tierras, principal valor cultural de los mapuche, fueron entregadas a hacendados y colonos extranjeros, quienes implementaron otras actividades económicas y comenzaron a explotar los bosques nativos de la zona.

Se reorganizaron para reclamar sus derechos durante el proceso de la Reforma Agraria, iniciado en la segunda mitad de la década del 60, y lograron recuperar tierras y algunos derechos como indígenas. La dictadura militar revirtió esta situación, y dicto leyes que dividía aun más las escasas tierras de las comunidades. ⁽⁴⁾ Esto junto a un marcado nacionalismo que desconocía la existencia de indígenas, y que sólo ocultó la discriminación e indiferencia que había hacia los Pueblos Originarios del país.

La aplicación de políticas neoliberales provocó un cambio en la tenencia de la tierra en el antiguo territorio mapuche, pasando de propietarios y colonos a grandes empresas privadas, los que han desarrollado grandes inversiones y megaproyectos, especialmente forestales.

Los abusos y violaciones son parte de la relación histórica del Estado con este pueblo que se empobreció, obligado a "chilenizarse" en condiciones permanentes de marginación, discriminación y de pérdida de su identidad étnica.

Los mapuche, según el censo, son el 9,6% de la población. Un 80% de su población vive en zonas urbanas, principalmente grandes ciudades como Santiago (45% de la población), Concepción (VIII Región), y Temuco (IX Región). La población que vive en zonas rurales de la VIII a X regiones no supera las 250 mil personas, de las cuales cerca de 160 mil viven en comunidades, que se concentran mayoritariamente en la IX Región. ⁽⁵⁾ Estas comunidades viven de la agricultura; pero también, trabajan de asalariados para empresas privadas.

La historia de los grupos originarios en Chile es desconocida para la mayoría de la población, ya que siempre han predominado acciones y conductas en que son tratados como ciudadanos de un orden inferior. El Estado chileno ha privilegiado la evolución del poder político en una sola Nación, negando así la existencia de otras comunidades culturales y sobre las cuales se han promovido, sino el exterminio de algunos pueblos, su asimilación mediante una aculturación forzosa.

Las acciones emprendidas por el Estado para reparar esta situación, y que se mantiene todavía, adolecen de una visión y alcance que permita efectivamente el desarrollo de la condición particular étnica de estos grupos y, por ende, el goce afectivo de su condición de pueblos.

A. Primer Gobierno de la Concertación: 1990-1994

Durante este período se generó la actual institucionalidad indígena del país. En 1993 se dictó una ley que gestó distintas iniciativas en aras del desarrollo y protección de los grupos indígenas. Estos avances fueron el resultado de un acuerdo que el presidente Patricio Aylwin suscribió con los pueblos indígenas antes de asumir su mandato, donde se estipulaba la voluntad de impulsar cambios signiFicativos que recuperara los derechos de estos pueblos y revirtiera los efectos de las políticas de la dictadura militar. ⁽⁶⁾

El 1º de diciembre de 1989 se Firmó el "Acta de Nueva Imperial", que pactaba en sus puntos fundamentales:

• El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales.
• La creación por ley de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de un Fondo Nacional de Etnodesarrollo, con la participación activa de los distintos Pueblos Indígenas del país, como entidades encargadas de coordinar la política indígena del Estado.
• La creación, con el nuevo gobierno, de una Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que en un plazo no superior a cuatro años culminaría con la implementación de una Ley Indígena.
• El compromiso de ratiFicar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)

La primera medida gubernamental fue crear la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), que formó los primeros equipos profesionales para estudiar y atender los problemas presentados. Esta se abocó a preparar un borrador de proyecto para una Ley Indígena. Durante el año 1990 y 1991 se realizaron Congresos Indígenas para discutir un borrador de Proyecto de Ley. Además se envío al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional y el Convenio 169 de la OIT para su aprobación y ratiFicación.

En octubre de 1991 se presentó el "Proyecto de ley relativo a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas", que luego de dos años de discusión fue aprobado, y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI. Otras materias como la reforma constitucional y el Convenio 169 están aún pendientes. ⁽⁷⁾

a) La nueva Ley Indígena

La Ley Indígena, Número 19.253, vigente desde el 5 de Octubre de 1993, establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Entre sus puntos más esenciales están:

• Reconocimiento de los indígenas como descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional y que conservan manifestaciones étnicas propias. La ley señala que "el Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores".
• El Estado esta obligado a "respetar, proteger y promover" el desarrollo de los indígenas tanto en cuanto colectivos humanos como individuos", de "acuerdo a sus costumbres y valores".
• Establece un mecanismo de protección de las tierras indígenas limitando su adquisición por personas no indígenas.
• Constituye un Fondo de Tierras y Aguas indígenas para la compra y regularización de tierras y de derechos de aguas para las comunidades.
• Constituye un Fondo de Desarrollo Indígena para entregar recursos a las comunidades para enfrenar su situación de pobreza y buscar su desarrollo.
• Reconoce las lenguas y desarrolla un "sistema de educación intercultural bilingüe".
• Establece un principio de participación en las materias que tienen relación con los indígenas, que es obligación para los servicios de la administración el Estado y las organizaciones de carácter territorial.
• Establece un sistema judicial apropiado para las comunidades indígenas en el que se reconoce la costumbre, el uso de lenguas indígenas en los trámites judiciales y se establece el sistema de la conciliación jurídica de acuerdo al criterio consuetudinario de la comunidad. Establece un sistema procesal de mayor agilidad y rapidez que el habitual de la justicia chilena ordinaria.
• Constituye la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

b) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI

De esta ley lo más importante para los indígenas fue la creación de la CONADI, instancia facultada para implementar las políticas propuestas, y ser la cara indígena del gobierno. Pero su primer traspié estuvo en las limitaciones a las ideas propuestas por las agrupaciones indígenas, que fueron vetadas o cambiadas en el Parlamento. La ley no reconoce a los "pueblos" indígenas, sino a meras agrupaciones, y el concepto de "territorios" fue cambiado por "áreas de desarrollo" como un instrumento técnico que permiten focalizar la acción social del Estado. También las nueva formas de asociatividad no reconocen las representaciones políticas ancestrales de estos pueblos; sólo registran comunidades y asociaciones de éstas con Fines sociales, económicos y culturales.

La CONADI funciona con un directorio donde los indígenas tienen el 50% de la representación, sin considerar al director del organismo, que es designado por el Presidente de la República así como el resto del directorio. ⁽⁸⁾

c) Otros avances

Otra acción relevante del primer gobierno de la Concertación fue el Censo Nacional de Población y Vivienda (1992), en el que se incluyó por primera vez una pregunta específica acerca de la adscripción étnico indígena de los habitantes del país. La consecuencia de esto fue que más del 10% de la población se reconocía como indígena, lo que reforzó el apoyo social y político a las demandas de estos pueblos.

En esta administración se implementaron también otras políticas de "discriminación positiva" tendientes a revertir la situación histórica de discriminación como son:

• Las becas indígenas, iniciadas en 1991 por la CEPI y el Ministerio de Educación.
• La educación intercultural bilingüe, implementada en 1994. En 1991 y 1992, la CEPI había impulsado la formación de maestros bilingües en el norte (aymara) y sur (mapuche) del país.
• Programas de desarrollo que fueron priorizados para enfrentar la falta de agua, electricidad, caminos y otras iniciativas de desarrollo local.
• Jardines infantiles indígenas, impulsados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles en 1992.

d) Derechos y conflictos

Con estas iniciativas el gobierno logró generar una relación distinta con las agrupaciones indígenas ya que se contaba con organismos con competencia directa en los temas que preocupaban a los indígenas. Sin embargo, la aplicación de estas políticas enfrentaron grandes desafíos como son la compra de tierras y asegurar el agua. El caso Quinquén fue el primer gran conflicto de resonancias políticas, con una fuerte resistencia de particulares y empresas a entregar tierras. ⁽⁹⁾ En el tema de aguas, uno de los mayores problemas de las comunidades indígenas del norte del país, las empresas mineras son los dueños actuales de sus derechos, y el gobierno ha debido compensar o pagar indemnizaciones para restituir el derecho de los indígenas a este elemento vital.

Las limitaciones del contexto político-institucional y económico del país vislumbraron las dificultades que tendrían las demandas indígenas. La organización Consejo de Todas las Tierras, la única importante que no suscribió el acuerdo de Nueva Imperial, siguió con un proceso de recuperación de tierras, que luego de dos años de acciones terminó con 144 mapuche detenidos, encarcelados, y condenados por usurpación de tierras. ⁽¹⁰⁾ Las acciones reivindicativas retomaron fuerzas en quienes comenzaron a ver las limitaciones de la ley y a desconFiar de la voluntad demostrada por el gobierno.

El conflicto de las centrales Pangue y Ralco, en el Alto Bío Bío, fueron el mejor ejemplo de la inserción de las políticas neoliberales en el actual y decisiones del estado. ⁽¹¹⁾ El tema de estas centrales eléctricas, como la continuidad en el desarrollo de los megaproyectos forestales, evidenciaban que el tema indígena, a pesar de ser una preocupación, no podría frenar las políticas macroeconómicas, tras las cuales están los grupos económicos y las transnacionales imperantes en Chile.

B. Segundo Gobierno de la Concertación: 1994-2000

La segunda administración de la Concertación fortaleció el trabajo de la CONADI entregando un mayor presupuesto y la preocupación por aumentar las acciones sociales. A excepción del conflicto en el Alto Bío Bío no se vivían mayores tensiones con las organizaciones indígenas.

En esta administración la ley cumplió su primer año y la mayoría de las organizaciones indígenas esperaban que ella fuera, tanto un instrumento que les permitiera ir recuperando sus derechos como el interlocutor con el gobierno.

Las iniciativas generadas en el gobierno anterior, como el Fondo de Tierras y Aguas y las políticas de discriminación positiva, comenzaron a mostrar sus resultados. Más de cien mil hectáreas fueron traspasadas, entre 1994 y 1999, y el Fondo aumentó en un 197%, para compras de tierras en disputa, adquirir derechos de aguas, y dar apoyo legal para defender la propiedad indígena.

El Fondo de Desarrollo, por su parte, Financió en este período numerosos programas especiales relacionados con actividades de infraestructura productiva, desarrollo local y difusión con el Fin de informar sobre la ley y sus programas. En este esfuerzo de focalizar el trabajo gubernamental se han establecido, a la fecha, cinco áreas de desarrollo, algunas de ellas por su alta vulnerabilidad social y ambiental en la zona norte (aymara) y en el centro-sur (mapuche-pehuenche).

El desarrollo de la educación intercultural y las becas indígenas, que pasaron de 5 a 14 mil en este período, han logrado un aumento de la escolaridad y un mayor acceso a la universidad.

Pero los avances fueron inferiores a las expectativas que se habían generado las comunidades indígenas. Las limitaciones para la recuperación de tierras, la voluntad del gobierno de seguir apoyando actividades productivas y la manipulación abierta que se hizo de la CONADI en el conflicto del Alto Bío Bío sembraron dudas sobre el compromiso del gobierno con los pueblos indígenas. La CONADI fue percibida por los indígenas como un organismo publico sin autonomía para representarlos, y sujeta fuertemente a las políticas gubernamentales.

Las diferencias entre indígenas y gobierno se comenzaron a notar por las críticas y distanciamientos con la CONADI. Especialmente en el pueblo Mapuche se hizo evidente que no sólo eran limitaciones institucionales para la restitución de tierras, motivación que había generado sus movilizaciones históricas, sino que se estaba ante la continuidad de un modelo de sociedad que ellos habían criticado y sobre el cual esperaban cambios radicales. Pero las acciones gubernamentales les señalaban que este continuaría con un camino que atentaba directamente contra su supervivencia.

La quema de camiones forestales realizada por los mapuche en diciembre de 1998, dieron cuenta a la opinión pública nacional e internacional el descontento de este pueblo. Muchas acciones de tomas de tierras y enfrentamientos con la policía y las empresas forestales se produjeron desde octubre de 1998 y continuaron el año 1999, las que convirtieron el tema indígena en una de las prioridades políticas. ⁽¹²⁾

En menor grado, en la zona norte las comunidades también reclamaban por la contaminación que hacían las empresas mineras y los derechos de aguas; mientras que en la zona insular Rapa Nui, se revivían los antiguos conflictos sobre la administración de la Isla y la sobreexplotación cultural de ella. ⁽¹³⁾

La primera reacción del gobierno frente a las demandas fue el ejercicio de la represión, cuestión que derivó en numerosas denuncias sobre:

• Detenciones masivas de comuneros y familias que realizaban tomas pacíficas de predios.
• Aplicaciones de leyes especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista.
• Aumento de la dotación policial y controles camioneros en zonas de conflictos.
• Acciones conjuntas de fuerzas policiales y grupos paramilitares, que constituyeron guardias armados contratados por las empresas. ⁽¹⁴⁾

Aún con estas fuerte medidas las acciones de los indígenas continuaron. Una de las más simbólicas fue una marcha desde Temuco a Santiago convocada por la organización Consejo de todas las Tierras. En un mes los mapuche recorrieron más de 680 kilómetros, sin lograr que el Presidente Frei los recibiera. ⁽¹⁵⁾

Ante las críticas generalizadas a la acción del gobierno se optaron otras medidas. Se dictaminó el 24 junio la conmemoración oFicial del día de los pueblos indígenas, fecha que coincide con el We Xipantu o Año Nuevo mapuche. Además el gobierno convocó a un diálogo para preparar un plan de desarrollo especial para apoyar a los indígenas, el que fue presentado en octubre de 1999, en un gran evento en el Palacio de la Moneda. ⁽¹⁶⁾

El Programa de Desarrollo estuvo orientado únicamente a las comunidades mapuche ubicadas en el sur de Chile, la zona de mayor conflicto; y, aunque el propósito de éste fue terminar con las acciones y reivindaciones no sucedió así, porque la acción del gobierno más bien profundizó en el énfasis social con que se enfrentaba el tema indígena, dejando de lado los derechos de pueblo, que era lo que les interesaba a las organizaciones.

C. Antecedentes del Conflicto Indígena en Chile

a) El Chile neoliberal

El inicio de la transición política quedó delimitado por los profundos cambios en la sociedad nacional heredados de la dictadura militar, con una institucionalidad que limita el desarrollo de las personas y los pueblos originarios, y un modelo económico que reproduce la desigualdad.

La continuidad de este modelo constituye un freno a las demandas indígenas, especialmente la restitución de tierras, debido a los intereses de grandes inversionistas y grupos económicos. Estos grupos son los dueños de gran parte de la tierra que se reclama, y sustentan en este nuevo orden un poder ilimitado en la sociedad. La CONADI, como institución del Estado no escapó a los lineamientos generales de este contexto político-económico que influía en las orientaciones de las políticas sociales.

La aplicación de estas políticas no dan espacio a otras formas de desarrollo, no discriminan en favor de los grupos sociales más vulnerables, y no reconocen particularidades culturales. Este pervertido concepto de igualdad del neoliberalismo, defiende a los sostenedores del modelo político y económico para evitar una acción estatal más decidida a favor de los pueblos indígenas y es el argumento para rechazar o limitar cambios institucionales, o adoptar instrumentos internacionales.

Los cambios institucionales y legales abrieron paso a grandes grupos económicos, los que han logrado constituir un poder fáctico en la sociedad y una nueva forma de reconcentración de la propiedad que se ha expandido en el territorio que reclaman principalmente los mapuche. La propiedad de estas tierras es fundamental para la continuidad de megaproyectos que explotan los recursos naturales del país, como lo hace la minería en el norte o las plantaciones forestales en el sur. ⁽¹⁷⁾

Este acento en la sobre explotación de recursos naturales de la actividad económica fue posible con el traspaso de empresas estatales a capitales privados, como la extracción minera y plantas de celulosa. La acción de estas empresas privadas, y el aval del gobierno con sus políticas económicas, no sólo presiona sobre las escasas tierras de los indígenas, sino que también están terminando con los medios de subsistencia para estas cultura como son los recursos hídricos o los bosques nativos. ⁽¹⁸⁾

b) Derechos de los pueblos: acuerdos y desacuerdos

Con el inicio de la transición política, en 1990, se podía por primera vez discutir aspectos fundamentales, como son el reconocimiento de los pueblos y los territorios indígenas en Chile. La reinserción internacional del país y sus participación en diversas instancias abrieron una mirada distinta del tema de los pueblos indígenas. Chile participó de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena (1993), donde se inicio el decenio de las Naciones Unidas para las poblaciones indígenas, y ha mantenido una relativa participación en las instancias para la discusión y redacción de una declaración universal sobre el tema. ⁽¹⁹⁾

El Acta de Nueva Imperial fue, en su momento, el principal acuerdo logrado por las organizaciones que optaron por una estrategia de negociación con los partidos de la Concertación que tomarían el poder en la transición democrática. El incumplimiento de esta Acta en aspectos esenciales ha sido una de las generadoras de las decepciones de las organizaciones y comunidades indígenas.

El no reconocimiento del carácter de pueblos es más que una lucha semántica y conceptual, ya que este carácter reconoce la historia, el legado cultural y la existencia de territorios anteriores a la conformación de los Estados Nacionales. Este tema tiene una larga historia; luego de la derrota militar de los mapuche en el siglo XIX, los reclamos de los indígenas sobre su reconocimiento fueron negados porque no se aceptaba la existencia de otra Nación.

El no reconocimiento de territorios y el lento avance en la restitución de tierras, ha sido otro acuerdo en que los gobiernos no han tenido una mejor voluntad. En las decisiones sobre la restitución de tierras están las limitantes de los presupuestos asignados al Fondo de Tierras y, además, el rechazo de los actuales propietarios a entregarlas.

Respecto del reconocimiento de los derechos de estos pueblos el trámite ha sido lento. En los mismos pueblos y sus organizaciones no existe mucha conciencia y educación sobre la legislación vigente y sobre los instrumentos internacionales que los podrían favorecer, aunque los líderes actuales saben de estas dinámicas internacionales y algunos indígenas participan de instancias y foros.

En el caso de los gobiernos, aunque el compromiso era reconocer constitucionalmente a estos pueblos y aprobar el Convenio 169, no han dado prioridad a estos temas y tampoco tienen difusión en la sociedad. De hecho el conocimiento de la dinámica internacional en torno a los derechos de los pueblos indígenas es prácticamente desconocida al igual que la labor de Naciones Unidas. Hoy, el único instrumento en el cual Chile informa sobre la situación indígena es en la Convención sobre todas las formas de discriminación racial.

Por último, cabe recalcar, que los gremios forestales (CORMA) y de agricultura (SNA) rechazan la política indígena sobre la restitución de tierras. Ellos la consideran como un atentado a la propiedad privada; pero además sostienen que no se pueden hacer responsable de una situación histórica que ellos no provocaron.

c) La nueva población Indígena

El Censo de 1992 permitió tener datos más concretos sobre la población indígena, pero también reflejó la gravedad de los impactos sociales, económicos y la marginación de esta población. El caso mapuche es elocuente ya que es muy escasa la población que vive en comunidades, además se encuentra entre las más pobres y marginales del país. ⁽²⁰⁾ La concentración urbana actual muestra el desplazamiento y migración presionada a raíz de la falta de tierra y la pobreza.

Un hecho positivo lo constituye la juventud mapuche, donde el 63% son menores de 40 años, y eso es mayor al promedio nacional. Otro hecho importante es la participación tanto de jóvenes como de familias de las zonas urbanas en los conflictos relacionados con la recuperación de tierras, acción que indica una revalorización de la identidad étnica.

En la actualidad los jóvenes indígenas acceden con mayor frecuencia a la educación técnico profesional y universitaria, lo que ha llevado a incorporar un mayor grado de profesionalización al trabajo de las comunidades y organizaciones. Estos también formar parte de una nueva generación de líderes, se les reconoce una buena formación política, forjada durante la oposición a la dictadura militar.

La situación indígena en Chile ya no es un tema aislado de la comunidad internacional. La internacionalización del conflicto mapuche ha obligado también a los gobiernos a dedicar esfuerzos en conocer la relación Estado-Naciones indígenas en otras países, e involucrase en los foros internacionales sobre la materia.

Esta revalorización étnica ha logrado avances en temas culturales relevantes para

la sociedad, tales como la discriminación y la revisión de ciertos hechos históricos. La percepción positiva de la población sobre las demandas indígenas ha colaborado en este sentido. Se ha logrado instaurar un día dedicado los pueblos indígenas, ocasión para que se revisen los materiales escolares sobre su historia, y se planteen medidas tales como la construcción de monumentos para personalidades de los propios indígenas.

d) La sociedad nacional y los indígenas.

En la sociedad chilena de los últimos años ha ido disminuyendo el prejuicio respecto a las poblaciones indígenas ⁽²¹⁾ fundamentalmente por:

• la acción de las organizaciones indígenas,
• el reconocimiento que el Estado les ha dado a través de legislaciones, otorgamiento de beneficios y reconocimiento de derechos,
• un ambiente generalizado en América Latina de mayor aprecio a las agrupaciones indígenas, su pasado, sus valores y sus culturas, por parte del conjunto de las poblaciones no indígenas.

Existe un gran número de organismos privados y no gubernamentales que trabajan con indígenas en Chile, pero también es cierto que los distintos organismos establecen los límites en que pueden trabajar y relacionarse con las comunidades y sus organizaciones.

La visita a la zona de Lumako, luego de la represión desatada por la quema de camiones, de una Comisión de la sociedad civil -que integró también CODEPU fue iniciativa de organismos medioambientales. Representantes de estos organismos y parlamentarios ligados a estos temas, han hecho un apoyo directo a la gestión de los conflictos y a las demandas surgidas de éstos. Sin embargo, esto no ocurre, o se siente con mucho menos fuerza, de parte de casi todos los parlamentarios de las zonas indígenas y de muchos organismos e instituciones que, estando en la zona de conflictos, no se pronuncian sobre esta situación.

El desencanto de la sociedad nacional, luego de 10 años de transición, con los escasos avances en la democratización del país y principalmente por la percepción negativa que hay del modelo económico y la globalización, ha generado una mayoría elocuente de la población que se expresa en forma favorable a las acciones y demandas del pueblo Mapuche y con un alto nivel de rechazo a la actitud del gobierno y los empresarios.

Los mapuche están conscientes de que se ha iniciado una relación distinta con la sociedad chilena. Esta fue palpada en la caminata organizada por el Consejo de todas las Tierras (Temuco-Santiago); si bien ésta no tuvo el fin esperado ante el gobierno, sí logró la solidaridad de la sociedad y estableció un paso importante para los futuros que se darán.

D. Situaciones de conflictos en distintas regiones del país

Actualmente, las situaciones de conflicto más graves son con empresas privadas y con el desarrollo de megaproyectos que generan fuertes impactos en el medio ambiente y la tenencia de la tierra. La situación de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha generado una serie de otros conflictos, los que se traducen en demandas de tierras, administraciones de lugares históricos, proyectos de desarrollo y proyectos gubernamentales.

En la zona norte los principales conflictos son por disputas con empresas mineras por los derechos de aguas. Hechos significativos han sido los conflictos derivados por la desafectación del Lago Chungará, o el Parque Nacional Lauca; ambos solicitados por empresas mineras.

En la zona centro-sur los conflictos están centrados en el desarrollo del modelo forestal y la tenencia de la tierra mapuche por parte de empresas privadas. Las empresas forestal es Arauco y Mininco, constituyen los dos principales grupos económicos que controlan esta actividad y la desarrollan en lugares donde los mapuche desean recuperar sus tierras.

En tanto, el conflicto suscitado entre la hidroeléctrica Raleo y la inundación de 3.500 hectáreas de territorios pehuenches ha pasado a ser el de mayor importancia, tanto por su carácter simbólico como por las repercusiones políticas que ha alcanzado.

"El Estado fue responsable de la minifundización originaria iniciada hace 120 años. Hoy día estudios muestran que aproximadamente 500 mil hectáreas están en manos Mapuche. Se calculan entre 50 a 70 mil las hectáreas de los Títulos de Merced que están bajo propiedad de empresas o particulares", principalmente en manos de forestales (José Bengoa, Revista Mensaje, Mayo 99).

Los mapuche han decidido "recuperar" sus pertenencias, paralizando las explotaciones y obras que se realizan en sus territorios. Ellos han interrumpido caminos y utilizado maquinarias de las forestales para evitar el despojo de las tierras;han atacado a funcionarios y campamentos de trabajadores; han incendiado plantaciones que sus propios antepasados levantaron, en los tiempos en que creían en las forestales. Las empresas forestales, mientras tanto, permanecen custodiadas por carabineros e ilegales guardias armados (llamados eufemísticamente "brigadistas forestales"), que agreden a los mapuche durante los enfrentamientos.

Cuadro 3: Tipos de conflictos según región. Fuente. Archivo CODEPU

Región	Pueblos	Tipos de Conflictos
I. Tarapacá	aymará	•Derechos de aguas de empresas mineras •Contaminación por petróleo •Desafección de Parque Nacional para explotación Minera
II. Antofagasta	aymara. atácamenos	• Derechos de aguas de empresas mineras • Efectos en la salud por actividad minera • Contaminación de ríos • Uso de lugares arqueológicos para proyectos turística y gasoductos
III. Atacama	aymara	• Destrucción de lugar arqueológíco-histórico
V. Valparaíso	Rapa-nui	• Manejo científico-cultural del patrimonio local • Repartición de tierras a no indígenas
VIII.Bio Bio	mapuche-pehuenche mapuche-lafkenche	• Construcción de centrales hidroeléctricas • Usurpación de tierras por empresas • Demandas de tierras • Construcción carretera costera • Demandas de tierras • Contaminación de empresas forestales
IX. Araucania	mapuche-pehuenche mapuche-lafkenche mapuche-Nagce-Wenteche	• Demandas de tierras • Construcción carretera costera • Demandas de tierras • Oleoducto de petróleo • Trazado by pass carretera principal • Contaminación por actividades mineras • Usurpación de tierras por empresas forestales • Contaminación de aguas por plaguicidas • Demandas de tierras • Construcción de vertedero • Explotación forestal de lugares sagrados
X. Los Lagos	mapuche-lafkenche mapuche-huilliche	• Contaminación por planta de celulosa • Construcción carretera costera • Usurpación de tierras por empresas forestales • Demandas de tierras
XIII. Metropoliana	aymara	- Administración de lugar arqueológico-histórico

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Notas:

1. De acuerdo a la ley, se define como indígena a quien desciende de alguna cultura originaria, lleve un apellido indígena o esté casado con indígena.

2. El último Censo no consignó su presencia, pero estudios de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas-CEPI, señalaron una población de 10 mil habitantes, que habitan principalmente en la III Región de Chile. Hoy bajo la Ley Indígena, existe el Consejo del Pueblo Atacameño, que agrupa a todos los pueblos de la Provincia del Loa.

3. Conocidos como Tehuelches y Onas.

4. Con la reforma agraria los mapuche llegaron a contar con 600 mil hectáreas, pero al Fin de la dictadura sólo poseían el 50 % de éstas. Durante este período también fueron destruidos archivos que contenía los títulos de propiedad (Títulos de Merced) de 2200 comunidades.

5. "Los mapuche. Comunidades y localidades en Chile" de José Bengoa y Alejandro Sabaj.

6. Los Decretos Leyes Nº 2.568 de 1978, y el Nº 27.550 de 1979, dictados por Pinochet, sobre el llamado "problema indígena y asunto indígena" divide las tierras. Se otorgan 5,36 hectáreas por familia, permitiendo que sean arrendadas hasta por 99 años, y vendidas luego de 20 años. Los 3.078 "Títulos de Merced" entregados a los mapuche entre 1884 y 1919 se transforman en 86.000 títulos de dominio privado-individual. El Decreto Ley 701, (1974) establece una nueva política forestal que implicó, en la práctica, la entrega de miles de hectáreas de tierras mapuche a empresarios forestales y latifundistas, que vieron este territorio como campo de acción para sus inversiones, que promovió la modifcación de plantación de bosques artificiales (pino radiata y eucaliptus) en territorios mapuche.

7. Ambas iniciativas se han discutido en varias ocasiones y han sido dilatadas por la postura conservadora que es mayoría en el Senado. Se argumenta que una reforma a la Constitución que reconozca o ampare a los indígenas atenta contra el principio de igualdad que estipula la Constitución de 1980. En el caso del Convenio 169, hoy en trámite legislativo en el Senado, se plantea que reconocer el carácter de "pueblos" y el de "territorios indígenas" atenta contra el principio de unidad nacional y pondría en peligro el ejercicio de la soberanía del país, por ello se aprobó con reservas en la Cámara de Diputados.

8. En su primer año los indígenas del directorio fueron designados por las organizaciones, luego desde 1994 se eligen por votación popular.

9. Este conflicto fue en la Cordillera de los Andes entre comunidades indígenas pehuenche de Quinquén y las empresas forestales interesadas en explotar el pino Araucaria, árbol sagrado para los indígenas y de gran valor comercial.

10. Caso que fue visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual sancionó al Estado chileno a reparar el daño y derechos que reclamaban los mapuche.

11. Este conflicto de los pehuenche con estas centrales hidroeléctricas es el más importante y emblemático en la actualidad. Tras el megaproyecto, instalado en el único lugar donde vive este pueblo, están grandes grupos económicos. El apoyo del gobierno a este ha derivado en la pérdida de conFianza en la CONADI de parte de los indígenas, ya que dos directores de este organismo han sido cambiados por sus posiciones favorables hacia los Pehuenche.

12. Sobre el conflicto mapuche y sus denuncias a la acción del Estado y las empresas privadas existen documentos presentados ante organismos de Naciones Unidas.

13. En enero de 1998, seis dirigentes de un Consejo de Ancianos de Isla de Pascua, fueron detenidos y encarcelados por cobrar un "Impuesto Cultural" a quienes intentaban realizar investigaciones o grabaciones del patrimonio de la isla

14. .Estas denuncias CODEPU las hizo en informe entregado a la FIDH y a Amnistía Internacional.

15. La marcha se hizo entre le 27 de mayo y el 20 de junio de 1999

16. El plan destina una inversión de US$ 280 millones de dólares entre 1999 y el 2002, que involucra el trabajo de ocho Ministerios y se ejecuta en cinco áreas: desarrollo productivo, infraestructura, educación intercultural bilingüe, salud intercultural y plan de vivienda.

17. Aunque le despojos de tierras ha sido paulatinos desde el siglo XIX, hoy las empresas y particulares siguen empleando mecanismos para producir el desalojo, la emigración o relocalización de comunidades. Entre ellas están las acciones judiciales por ocupación ilegal de tierras. Ofertas y pagos para facilitar el traslado de las familias. La plantación (en el sur) de los espacios libres alrededor de las casas, o cercar con alambres para encerrar a las casas. Instalar guardias que limitan e impiden el acceso bajo el argumento del derecho a la propiedad privada. Esto sumado a la contaminación de aguas que afecta la alimentación, la agricultura, y la salud de hombres, mujeres y animales.

18. La sobreexplotacion del agua y los bosques nativos es un de los temas ambientales mas graves hoy en el país. Empresas privadas tienen casi la totalidad de los derechos de aguas registrados así como la propiedad del subsuelo para actividades mineras futuras.

19. El gobierno chileno ha realizado dos eventos con participación del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El primero con motivo de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1991, sobre Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, y el segundo en 1997 un Seminario acerca de la oportunidad, carácter y mandato de un Foro Permanente para los Pueblos Indígenas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.

20. De acuerdo a la última encuesta Casen de 1996 la IX Región es la más pobre del país y el nivel de pobreza subió de 33,5% (1994) al actual 36,5%. Este cálculo se hace sobre una canasta básica en que la línea de pobreza es de $ 23.107 (46US$), en zonas rurales.

21. En el estudio de la Universidad de Chile, sobre Intolerancia y Discriminación, que hemos citado, se establece una escala o "Tabla de carga valórica de discriminación e intolerancia" que va desde un 20.7% de intolerancia a un 60,2%. En la parte más alta de intolerancia de la sociedad se encuentra la homosexualidad con un 60,2% y en la más baja la discapacidad con un 20.7%. La discriminación étnica se encuentra en el puesto número 15 de 17, lo que es muy bajo, con un 23.6% de intolerancia o discriminación

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Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 21feb02

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