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Paraguay
1285. Por carta de fecha 5 de agosto de 2004, el Relator Especial notificó al Gobierno que recibió información según la cual más de 120 familias campesinas del Asentamiento de Tembiapora pertenecientes a la Organización Nacional Campesina (ONAC), afiliada a la Central Nacional de Trabajadores (CNT), habrían sido violentamente desalojadas por aproximadamente 80 efectivos de la Policía Nacional del Asentamiento Tembiapora el 2 de octubre de 2003. Los agentes de policía habrían procedido al desalojo armados con metralletas, revólveres y pistolas de distintos calibres y sin exhibir ninguna orden judicial, aunque habrían actuado por Orden del Agente Fiscal de Hernandarias. Habrían empezado a quemar ranchos y, ante el supuesto pedido de diálogo y explicación sobre el procedimiento, habrían abierto fuego contra el grupo de campesinos. Un centenar de ellos habrían sido golpeados. Reinaldo David Espinola, 16 años, Jorgelina Rolón, 36 años, Elva González, 47 años, Félix Benítez, 39 años, y Felipe Ortiz, 44 años, habrían resultado heridos de gravedad por impacto de bala y habrían sido internados en el Centro de Salud de Hernandarias. Los cinco heridos habrían sido imputados por el Fiscal y se habría emitido una orden de captura en su contra. Otro campesino, Miguel Peralta, habría fallecido tras recibir impactos de bala supuestamente disparados por efectivos policiales. Ese mismo día, la policía habría procedido a una segunda incursión en el asentamiento y habría detenido a 26 campesinos que habrían sido posteriormente puestos en libertad. El desalojo habría continuado el 3 de octubre de 2003, supuestamente con acciones violentas de quema de ranchos y persecución de campesinos. Se alega que la mayoría de los campesinos, ante las acciones de la Policía, ya había abandonado pacíficamente el asentamiento y se habría instalado en carpas improvisadas en la calle. Sin embargo, habrían sido desalojados de allí con un uso excesivo de la fuerza.
1286. Por carta de fecha 23 de noviembre de 2004 el Gobierno informó en relación con el
desalojo violento por parte de fuerzas policiales del que fueron objeto 120 familias
campesinas en el asiento denominado “Tembiaporá”, apoyándose en la información facilitada
por la Fiscalía Penal del Ministerio Público de la ciudad de Hernandarias. Reconoció el
enfrentamiento acontecido entre los denominados “campesinos sin tierras” y las fuerzas
policiales y facilitó la identidad de la víctima mortal y la del resto de heridos, junto con el
diagnóstico médico correspondiente. En lo que respecta a la investigación llevada a cabo por
la Unidad Fiscal N.° 2 del Ministerio Público sobre Sr. Miguel Peralta, que falleció en dicho
enfrentamiento, aún no habría sido terminada porque faltarían diligencias procesales para
poder proceder a su archivo. En cualquier caso, el Gobierno puntualizó que de acuerdo con lo
acontecido cabe alegar defensa propia en la actuación policial y por lo tanto la causa
investigada se podría investigar como tentativa de homicidio. Aún no habría sido determinado
ningún responsable y la familia no habría percibido compensación alguna. En relación con los
heridos el Gobierno aclaró que en la causa penal iniciada de oficio por la Fiscalía de la ciudad
de Hernandarias no se investigan hechos constitutivos de delito de tortura, sino de atentado
contra la vida y la integridad física. En el marco del proceso iniciado aún no habrían
finalizado las correspondientes diligencias investigativas.
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This report has been published by Equipo Nizkor and Derechos Human Rights on July 27, 2005.