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Honduras
708. Por carta de fecha 8 de abril de 2004, el Relator Especial notificó al Gobierno que había recibido información sobre D. R. S. F. , un menor de 16 años de edad, quien habría sido detenido el 16 de mayo de 2001 (véase también párr. 720 infra). Cuando su madre habría ido a buscarlo a la posta de La Trinidad, Comayagüela, un agente de policía habría negado que su hijo estuviera ahí. Sin embargo, el menor habría oído la voz de su madre y la habría llamado. Se alega que en esa ocasión el policía le habría dicho que cada vez que fuera necesario lo iba a detener y que iba a llegar un momento en que lo mataría. En junio de 2001 el menor habría sido nuevamente detenido pero la policía también lo habría negado. Testigos habrían indicado que el agente que le hostigaba lo habría enviado a otra posta policial. El menor habría sido detenido nuevamente en septiembre de 2001 por el mismo agente y remitido a la quinta estación. En esta ocasión habría sido golpeado. Habría puesto una denuncia por tortura. El 14 de febrero de 2002 habría sido detenido otra vez por la policía de la posta de La Trinidad y remitido a la antigua posta de hacienda y posteriormente a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) para que fuera trasladado al Juzgado de Menores. Habría sido golpeado por los policías de La Trinidad. Habría sido liberado el 16 de febrero de 2002. El menor habría sido hallado muerto, con señales de haber sido ejecutado sumariamente, el 17 de febrero de 2002 en Colonia La Trinidad.
709. Por carta de fecha 28 de mayo de 2004, el Gobierno proporcionó información sobre el caso del menor. Según las investigaciones realizadas, el día de su muerte fue interceptado por varios integrantes de la pandilla MS. Fue trasladado hasta la Colonia Trinidad, donde fue asesinado en represalia por ser parte de una pandilla rival y haber participado en supuestos homicidios perpetrados contra miembros de la pandilla MS. Tras identificar a las responsables de este hecho, la posible participación de autoridades policiales en la muerte de D. R. S. F. fue descartada.
710. Por carta de fecha 15 de julio de 2004, el Relator Especial, juntamente con la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, notificó al Gobierno que recibió información sobre J. M. A. M., un menor de 17 años, y D. O. M., un menor de 16 años, ambos de la Colonia Municipal de San Pedro Sula. Los dos menores habrían sido detenidos el 14 de junio de 2004 y conducidos a un lugar conocido como el Rancho El Coco. Allí habrían sido alcanzados por otra patrulla de policía y tres miembros de una unidad militar de elite conocida como “las Cobras”. D. O. M. habría sido golpeado y le habrían cortado las manos. Habría fallecido de una hemorragia debida a la amputación de sus manos. J. M. A. M. habría sido golpeado y violado. Seguidamente le habrían disparado mortalmente. La Unidad de investigación de muerte de menores de San Pedro Sula habría realizado una investigación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula habría presentado una acusación por los delitos de asesinato y abuso de autoridad. Se habría dictado un auto de procesamiento y detención judicial contra dos inspectores de la Policía Nacional identificados por varios testigos. Cinco militares habrían sido destituidos de sus funciones.
711. Por carta de fecha 16 de septiembre de 2004, el Relator Especial, juntamente con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, notificó al Gobierno que recibió información sobre los casos siguientes:
712. José Luis Cruz, 38 años, una travestí conocida como Zafiro, trabajadora comercial del sexo, habría sido golpeada por miembros de la patrulla n.° M1-19 de la policía preventiva el 26 de marzo de 2003. Debido a los golpes recibidos, habría presentado hematomas e hinchazón en las piernas, el rostro y el dorso, y contusiones en los brazos. Durante su detención, no le habría sido permitido comunicarse con su abogado ni comunicarse con nadie. Este caso se habría presentado ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y remitido al departamento de asuntos internos de la policía. Al concluir que hubo abuso de autoridad y lesiones por parte de los miembros de la patrulla de policía n.° M1-19, el expediente se remitió a la Fiscalía de Derechos Humanos en julio de 2003. La fiscal asignada al caso habría sido trasladada de puesto y el proceso estaría prácticamente paralizado, supuestamente por falta de requerimiento para evacuar las investigaciones por parte de la Fiscalía y la DGIC. Desde que habría presentado su denuncia, Zafiro habría sido objeto de amenazas por parte de miembros de la policía.
713. Santos Rafael Zúñiga, una travestí de 20 años y profesional del sexo, habría sido agredida en junio de 2003 en la Estación de Policía número 4 de Comayagüela por dos agentes que le habrían exigido tener relaciones sexuales con ellos. Al negarse, habría sido golpeada en la cara y el cuerpo con porras. Los agentes le habrían dado puntapiés y habrían abusado de ella sexualmente. Como consecuencia de esta agresión habría presentado hematomas e hinchazón en las piernas, el rostro y el dorso y contusiones en los brazos.
714. Edwin Oliver Alonzo G., 21 años, una travestí conocida como Marjorie, trabajadora comercial del sexo, habría sido agredida por dos agentes de la Policía Preventiva de la Estación de Policía número 4 de Comayagüela en febrero de 2004, cuando se encontraba trabajando en la Calle Real de la ciudad. Los agentes le habrían exigido tener relaciones sexuales con ellos a cambio de poder seguir trabajando. Al negarse, habría sido golpeada en la cara, tirada al suelo y pateada. Le habrían arrancado parte de su vestimenta, gritándole obscenidades y echándole gas lacrimógeno en la cara. Seguidamente habría sido golpeada con una porra en la espalda y las piernas y luego con las culatas de sus pistolas. Después de esta agresión, Marjorie habría presentado hematomas e hinchazón en las piernas, rostro y dorso, contusiones en los brazos e irritación en los ojos. Habría sido mantenida en detención durante 12 horas sin acceso a un abogado ni un médico.
715. Mainor Misael Mairera, 20 años, una travestí conocida también como Samanta, trabajadora comercial del sexo, habría sido agredida por dos agentes de policía del Manchen, de Tegucigalpa, el 19 de marzo de 2004, mientras se encontraba trabajando en Zona Hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa. Los agentes le habrían exigido mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de dejarle trabajar y le habrían intentado quitar todo el dinero que llevaba encima. Al negarse, habría sido golpeada en la cara y pateada. Le habrían arrancado parte de su vestimenta, insultándola y amenazándola con la culata de sus armas. Unos días más tarde, unos agentes de policía vestidos de civil le habrían disparado en la cara. Habría sido inmediatamente internada en el Hospital Escuela de Tegucigalpa con una bala incrustada en la garganta. No se habría presentado una denuncia formal por temor a represalias.
716. José Richard Figueroa Rodríguez, 25 años, travestí y trabajadora comercial del sexo, habría sido hostigada, golpeada, incluso con culatas de rifles, y amenazada por agentes de seguridad del Estado Mayor Conjunto en Comayagüela, el 16 de abril de 2004. Seguidamente, habría sido detenida. Los golpes recibidos le habrían provocado hematomas e hinchazón en el rostro, dorso y brazos.
717. Yaros Lat Martínez Lara, 23 años, una travestí conocida como Paulina, trabajadora comercial del sexo, y tres travestís más, Noelia, Luna y Carolina, habrían sido agredidas por agentes de la Policía Preventiva de la Estación de Policía número 4 de Comayagüela el 15 de agosto de 2004, cuando se encontraban en la Calle Real de la ciudad. Los agentes las habrían insultado y golpeado con sus porras y las culatas de sus armas, y les habrían arrancado parte de sus vestidos. Paulina habría presentado hematomas e hinchazón en las piernas, el rostro y el dorso y contusiones en los brazos y habría sangrado de la nariz.
718. Oscar Armando Zelaya, 34 años, una travestí conocida como Leonela, trabajadora comercial del sexo, habría sido golpeada, incluso con porras y culatas de pistolas, por agentes de la Policía Preventiva de la Estación de Policía número 4 de Comayagüela el 15 de agosto de 2004. Habría sido conducida a la mencionada estación de policía donde habría permanecido hasta la tarde del mismo día, sin poder comunicarse con nadie ni ser atendida por ningún médico. Tras la agresión, habría presentado hematomas e hinchazón en las piernas, el rostro, el dorso y los brazos, fiebre y dolor de cabeza. Leonela habría sido mortalmente apuñalada el 6 de septiembre de 2004. Se alega que fue asesinada por un grupo de personas homófobas.
719. Por carta de fecha 20 de septiembre de 2004, el Relator Especial, juntamente con el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, notificó al Gobierno que recibió información, según la cual 105 jóvenes reclusos del Centro Penal de San Pedro Sula habrían fallecido a causa de un incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el centro. Otros 27 jóvenes habrían resultado heridos presentando quemaduras de primer a tercer grado. Las víctimas del incendio eran todos miembros de la mara Salvatrucha. Muchos de los jóvenes no habían sido condenados por ningún crimen. Se alega que durante el incendio los jóvenes permanecieron encerrados y que no se les dejó salir de la celda 19. Los Relatores Especiales han sido informados de que en el momento del incendio, 182 personas se encontraban recluidas en una celda con capacidad para albergar 50 personas. Se alega igualmente que el Centro Penal albergaba una población de 2200 personas a pesar de haber sido construído para recluir a 800 personas. El Centro no contaría con un plan de emergencia contra incendios y las medidas de seguridad serían mínimas. Los Relatores Especiales también han sido informados de que 69 reclusos de la Granja Penal de El Porvenir, la mayoría de ellas miembros de maras, habrían fallecido a causa de un incendio el 5 de abril de 2003.
Llamamientos urgentes
720. El 19 de abril de 2004, el Relator Especial envió un llamamiento urgente juntamente con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Representante Especial del Secretario General para los defensores de los derechos humanos sobre la situación de Sara Sauceda Flores, cuyo hijo, D. R. S. F., habría sido detenido y sometido a malos tratos en varias ocasiones, amenazado de muerte y ejecutado sumariamente el 17 de febrero de 2002 en el barrio de Colonia La Trinidad, en Comayagüela, en la ciudad de Tegucigalpa (véase también párr. 708 supra). Desde que habría interpuesto una denuncia por las repetidas detenciones y malos tratos y la muerte de su hijo, Sara Sauceda Flores habría sido repetidamente intimidada y amenazada, incluso de muerte. Habría denunciado todas las amenazas y los actos de intimidación al Ministerio de Seguridad Pública de Honduras.
721. El 4 de noviembre de 2004, el Relator Especial envió un llamamiento urgente juntamente con Representante Especial del Secretario General para los defensores de los derechos humanos sobre la situación de Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), organización nogubernamental de Honduras. Según las alegaciones recibidas: Entre el 26 y el 27 de octubre de 2004, las oficinas del CPTRT fueron destruidas. Los archivos y papeles fueron revueltos, en las paredes se escribieron amenazas de muerte contra el personal, y en el piso de la oficina del director se colocaron varios libros dispuestos en forma de cruz . Después de un incidente similar en mayo de 2003, la organización tuvo que cambiarse a sus locales actuales. Según los informes, el ataque está relacionado con el apoyo de las organizaciones a una campaña reciente sobre la independencia del sistema judicial del Ministerio de Seguridad.
Seguimiento de comunicaciones transmitidas previamente
722. Por carta de 19 de diciembre de 2003, el Gobierno respondió a un llamamiento
urgente enviado el 8 de octubre de 2003 juntamente con la Relatora Especial sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Representante Especial del Secretario
General para los defensores de los derechos humanos, en relación con la situación de
Marcelino Miranda, Leonardo Miranda y Marcelino Martínez Espinal
(E/CN.4/2004/56/Add.1, párr. 682). El Gobierno indicó que el 23 de septiembre se celebró
una audiencia inicial en contra de 28 personas por supuestos delitos de abuso de autoridad,
torturas, lesiones y daños en perjuicio de Marcelino y Leonardo Miranda y la comunidad
indígena de Planes de Montaña Verde. Se ordenó el sobreseimiento definitivo a favor de los
imputados. El 29 de setiembre de 2003, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural
interpuso recurso de reposición y subsidiaria apelación ante la Corte de Apelaciones de Santa
Rosa de Copan. El 29 de octubre, la Corte de Apelaciones reformó el sobreseimiento
definitivo dictado por el Juzgado de Primera Instancia y ordenó que el mismo se decretase de
manera provisional. Respecto a las amenazas en contra del abogado Marcelino Martínez, el
Gobierno indicó que éste interpuso una denuncia el 16 de octubre de 2004. La Fiscalía Local de Gracias Lempira emitió auto de requerimiento de investigación el 28 de octubre de 2004 a
la Dirección General de Investigación Criminal. La investigación seguía en curso.
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This report has been published by Equipo Nizkor and Derechos Human Rights on July 27, 2005.