|
|
ANÁLISIS DE COYUNTURA
Transición inconclusa o la inercia de la continuidad
Carlos Martini. Grupo de Ciencias Sociales (GCS)
Si en 1996, dos sucesos, el desplazamiento del Gral. (SR) Lino Oviedo de la comandancia del Ejército en abril y las elecciones municipales de noviembre, marcaron dos momentos de avances democratizadores, el año 1997, principalmente después de la realización de las elecciones internas coloradas el 7 de septiembre, está mostrando con claridad los límites de esta transición inconclusa. En el escenario político, el año puede dividirse claramente entre un antes y un después de los comicios internos de la ANR. Se pasó de una rutina en el cumplimiento del cronograma electoral a la indefinición llena de incertidumbres sobre la suerte del propio proceso de transición.
El clima político abierto con el empantanamiento colorado reveló en forma alarmante que el diagnóstico de José Nicolás Morínigo sobre el sistema político es correcto: "Nuestra crisis es peligrosa, porque no aflora lo nuevo; simplemente lo viejo queda al margen, como descolocado, pero no enteramente superado. Esta inercia de la continuidad de un sistema que ya no es el mismo, pero que tampoco es enteramente distinto, es uno de los aspectos que define a nuestra larga transición." (Morínigo: 1995; 4).
¿Porqué la indefinición de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República por parte de la ANR refleja esa inercia de la continuidad o esos límites de la transición? Fundamentalmente por cuatro motivos:
- Debilidad de instituciones claves para una democracia representativa.
- Fracaso del Partido Colorado, el segundo en la transición, en dirimir democráticamente sus candidaturas a la chapa presidencial.
- Retorno del actor militar como factor de peso en las decisiones políticas.
- Ausencia aparente de voluntad de una franja de la élite del poder en aceptar las reglas de la democracia.
Si se define a una democracia como "la transformación de una pluralidad reconocida de intereses y valores en la unidad de la ley y del gobierno a través de la libre elección, a plazos regulares de dirigentes políticos" (Touraine: 1997; 19), esas cuatro variables distorsionan el funcionamiento de una lógica democrática.
Con respecto a la debilidad institucional, la más evidente es la del Poder Judicial. A pesar del enorme cúmulo de evidencias e indicios sobre la actuación anticonstitucional del Gral. (SR) Oviedo entre el 22 y el 23 de abril de 1996, un engorroso proceso judicial le otorgó al ex comandante del Ejército el necesario manto de impunidad para llegar como un candidato más a las elecciones del 7 de septiembre. Es más, Oviedo es hoy un hijo despreciado de la impunidad del poder, dado que las violaciones, primero al Código Electoral y luego a la Constitución Nacional se remontan al segundo semestre de 1991, cuando comienza a operar políticamente en forma más abierta con motivo de la campaña electoral para las elecciones constituyentes del 1 de diciembre de ese año. A partir de entonces, se convierte en figura repetida que encarna la imagen del militar latinoamericano de la época de las dictaduras que concebía su voluntad por encima de cualquier ley.
Así, Oviedo, al amparo primero del ex presidente Andrés Rodríguez, y luego del actual, Juan Carlos Wasmosy, fue construyendo su núcleo de lealtades, dentro y fuera de las instituciones castrenses, siempre combinando la legalidad con la ilegalidad. Y pese al rosario de atropellos a la ley durante los últimos seis años, por lo menos hasta noviembre de 1997 no fue condenado; y todos sus procesos, producto de un Poder Judicial todavía no reformado a fondo, se mueven con exasperante lentitud. Recién a finales de noviembre se abrían posibilidades de que el proceso por el intento de ruptura del orden constitucional pueda agilizarse. Pero a nadie escapa que todos los movimientos para arrinconar a Oviedo ocurren después de la elección colorada y tienen el sello de la búsqueda de desbaratar su candidatura. Lamentablemente, Oviedo llegó, impunidad mediante, a competir en unos comicios. Era, en palabras de José María Costa, el candidato que no debió ser.
En relación al Partido Colorado, el escenario es similar al de la crisis producida después de los comicios del 27 de diciembre de 1992, cuando el triunfo de Luís María Argaña, vetado entonces por círculos de poder económicos y la cúpula militar, obligó a cambiar ese resultado, vía nuevo Tribunal Electoral del partido, siendo proclamado finalmente candidato Juan Carlos Wasmosy. Ahora, la confusión es similar. Lino Oviedo es proclamado ganador por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) el 22 de septiembre (Argaña ni siquiera fue proclamado entonces), pero considerando el rechazo que genera en actores relevantes de la comunidad internacionales, como EE.UU. y Brasil, por su actitud golpista de abril de 1996 y probablemente por sospechas de vínculos con grupos fronterizos inmersos en la economía negra, en la cúpula militar y en el Ejecutivo, a partir de entonces se desarrollan varias líneas tácticas siguiendo la estrategia de sacarlo de carrera. Independientemente del resultado final, quedan dos lecciones: a) fracaso del partido oficialista en dirimir democráticamente candidaturas a la presidencia, o lo que es lo mismo, dificultades para la aceptación por parte de sus actores relevantes de reglas de juego de competencia limpia; y b) impunidad partidaria, ya que los intentos de expulsión del Gral. (SR) Oviedo, en parte por los sucesos de abril de 1996, sobrevienen después de su proclamación como ganador. La falta de sanción en su partido le permitió correr una carrera para la que podía ser descalificado mucho tiempo atrás.
En el plano militar, la ansiedad que provoca en la cúpula militar la sola idea de que Oviedo pueda ocupar la comandancia en Jefe de las FF.AA. es de tal magnitud que, una vez más el actor militar, desde el 7 de septiembre vuelve a primer plano. El 1 de octubre, se usa un acto en la Academia Militar (imposición de las cuatro estrellas a cuatro generales) para que el presidente Wasmosy realice un discurso en clave de política partidaria, cuestionando sin nombrarlo al Gral. (SR) Oviedo e insinuando que la Justicia debía pronunciarse. Dos días después decreta un primer arresto, el 29 de octubre el segundo, el 30 de octubre, efectivos militares participan en forma ilegal en un allanamiento de la residencia del Gral. (SR) Oviedo y a mediados de ese mes, nada menos que el comandante de las Fuerzas Militares, Gral. Silvio Rafael Noguera ofrece declaraciones públicas políticas contra el Gral. Oviedo, en diáfana alusión a la política partidaria.
El cuarto factor es uno de los más preocupantes y que probablemente define uno de los ejes que limitan el avance democratizador: a ciertos círculos de poder le cuesta aceptar el sentido profundo de que una elección puede ser ganada o perdida. En 1992 el triunfo de Luís María Argaña en las internas coloradas fue desconocido; en 1993 se utilizaron varios niveles de fraude e irregularidades para lograr la victora de Juan Carlos Wasmosy en las elecciones generales; ahora, después del 7 de septiembre se entra en una crisis partidaria, dado que los resultados proclamados por el Tribunal Electoral Partidario no fueron del agrado de sectores de poder, con el agregado, esta vez, de que Oviedo, a diferencia de Argaña en 1992, tiene el abierto veto de los EE.UU. Queda la duda fundamental acerca de la real actitud de competencia democrática de esas franjas del poder que no aceptan simplemente que en un juego electoral puedan perder. Y si se confirma en la Justicia Electoral que la inmensa mayoría de las actas electorales del 7 de setiembre fueron adulteradas, la señal de alarma será mayor porque allí sí se ratificará la amplitud de la ausencia de voluntad política democratizadora en el Partido Colorado.
Resistencias del pasado en el presenteLa conjunción de esos cuatro factores llevan a la conclusión de que la transición en Paraguay se está procesando en el plano del régimen político pero que no llega todavía a una profundidad suficiente que permita que las rutinas electorales democráticas sean aceptadas. En gran medida, porque en estos años de ensayo democrático, la estructura básica del poder no fue tocada. Con gran lucidez, Augusto Roa Bastos sintetiza el problema fundamental: "El golpe desmontó la cúpula del sistema tripartito de poder, pero dejó intactos su brazo armado, la corporación castrense en su segmento golpista, y su brazo político: el partido del poder que sigue siéndolo puesto que los autores del golpe, desde la proclama inicial del movimiento insurreccional, por voz de su jefe, se declararon militantes de dicho partido en el nuevo régimen continuista." (Roa Bastos: 1997; 6)
La crisis colorada es, en gran medida, el espejo que refleja el pasado vigente en el presente, dado que reaparecen los actores militar y partidario unidos en la defensa, hoy del veto a Oviedo, ayer en el veto a Argaña o en la campaña wasmosista en 1993. Mientras esta separación no sea efectiva, la transición estará eternamente inconclusa.
Un país quebradoPasado el periodo de la euforia de los primeros años posautoritarios, se ha extendido en la ciudadanía la percepción de que más allá de las libertades quedan demasiadas ataduras con el pasado, y no solamente en el plano político. Social y económicamente, las élites de poder no encararon en estos años, en parte por la agitada agenda electoral y en parte porque su proyecto era la continuidad con el botín del Estado, reformas sociales y económicas de fondo. La distancia entre la opulencia, en muchos casos, producto de riquezas conseguidas al amparo de la impunidad, y la pobreza y la miseria no hace sino aumentar.
"El 20% más rico en el campo recibe ingresos superiores en 71 veces al 20% más pobre... Lo anterior no sólo significa que la pobreza afecta en mayor medida a las áreas rurales, sino también que es en las áreas rurales en donde existe una mayor desigualdad en la distribución del ingreso." ( CPES: 1996;17). El salario mínimo se ha deteriorado en un 30% desde 1989. Alrededor del 50% de los trabajadores urbanos no llega ni siquiera a percibir ese salario mínimo. El subempleo afecta al menos al 20% de la población y el desempleo abierto creció entre 1995 y 1997 en un 63%, pasando del 5,3% al 8,2%. Esta evolución del mercado de trabajo resulta del estancamiento de la economía, que creció en apenas el 1,4% en 1996, y en 1997 no se espera un crecimiento superior en el mejor de los casos al 3%. En 1997 se espera una de las peores cosechas de algodón en los últimos años.
El sector informal sigue siendo el colchón social. Paraguay ocupa el tercer lugar en el ranking de países latinoamericanos en crecimiento del trabajo informal en el perido 1990-1995 con una tasa del 7,2% anual, detrás de Venezuela y Panamá. Además, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en estos cinco años mencionados, los países en los que más aumentaron las disparidades de ingreso son Colombia, México, Paraguay y Venezuela. También ha sido uno de los países con menor crecimiento promedio de su PIB, apenas un 3%, lo que en realidad, como se señala más arriba, es estancamiento, considerando la alta tasa de crecimiento poblacional del país. El PIB per cápita es de los más bajos de América Latina, superando solamente a Ecuador y Bolivia, y siendo apenas el 56% del promedio de la región. Paraguay está entre los más bajos en cuanto a población en la secundaria (29%), solamente superior a Perú. Sólo el 18% está asistida por la seguridad social, el 64% de los hogares tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, y en manos de 51 propietarios está el 25% de todo el territorio nacional.
Para redondear el cuadro de un país socialmente fracasado, la corrupción galopante, producto de la impunidad que no cesa, equivale al 20% del presupuesto del sector público, de acuerdo al informe 1996 de la Contraloría General de la República. Ningún caso de gran corrupción denunciado acabó con los responsables sentenciados por la Justicia. A este rompecabezas de las zonas grises de la democracia debe sumarse que es real el aumento de los delitos comunes, con una dosis mayor de violencia que lleva a asimilar libertad con inseguridad ciudadana.
El país es hoy una suma de deterioro social más estancamiento económico más impunidad ante los grandes robos y estafas al Estado más percepción de inseguridad ciudadana creciente. De allí se explica el paso de la euforia al desencanto, hoy a la desesperanza y mañana puede ser a la desesperación. El fenómeno Oviedo, aparte de su aparato de militares retirados, de los cuantiosos recursos económicos, de su hiperactividad proselitista, de su acumulación de fuerza e imagen cuando estaba en actividad se debe a que su retórica populista y mesiánica encaja con una sociedad en fase de desesperación. El futuro es incierto para miles de familias y la credibilidad en instituciones democráticas es precupante.
Menos del 10% de la población cree en el Poder Judicial. Igual proporción se observa en relación al Poder Legislativo. El 75% de los paraguayos y las paraguayas no creen que se combata a la corrupción. El principal problema percibido es el empleo (34%), seguido de la educación ( 18%), y ya comienza a aparecer la corrupción (11%). (Universidad Católica: 1997)
Democracia restringidaSiempre y cuando la evolución de la crisis colorada no lleve a un quiebre del proceso democrático, las elecciones de mayo de 1998 pueden ser las más controladas y limpias de nuestra historia. Eso sí, con la amenaza de esa élite del poder nada dispuesta a aceptar la lógica de la alternancia, y por consiguiente, con cualquier candidato colorado, los actores herederos de estos cincuenta años de poder del mismo signo, intentarán hacer todos los esfuerzos para mantener ese poder. Sin embargo, por primera vez, con la oposición unida se tendrá la posibilidad de una alternancia en el Gobierno.
Pero de no mediar, en los próximos diez años, una estrategia de reformulación del modelo de desarrollo, y de no encarar un decidido y efectivo cerco a la gran corrupción, este país entrará de lleno en lo que se puede denominar una democracia de baja calidad, rodeada por un oceáno de exclusión creciente y de impunidad protectora de la cleptocracia (gobierno de ladrones). Sería una democracia que, en el mejor de los casos, reunirá los requisitos formales de un Estado de Derecho, pero totalmente vacía de contenido social y de ética pública.
Bibliografía citada
- Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES). La pobreza campesina de cara al siglo XXI. Estudio realizado por Federico Barrios, Luís Galeano y Domingo Rivarola, con la coordinación de Gonzalo Ibáñez Rissetti a pedido del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asunción. 1996.
- Costa, José María. El candidato que no debió ser. ULTIMA HORA. Asunción, 6 de septiembre de 1997.
- Morínigo, José Nicolás. La transición inconclusa. Serie Cuadernos de Discusión. Nº3. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Asunción. 1995.
- Roa Bastos, Augusto. Política, poder y democracia (I). NOTICIAS, Asunción 16 de noviembre de 1997. P. 6.
- Touraine, Alain. Exitos y límites de la democratización en América Latina. LASA FORUM. Volúmen XXVIII. Number 2. Summer 1997. University of Pittsburgh. USA.
- Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Resultados de una Encuesta de opinión. Julio de 1997. Asunción. Estudio realizado por José Nicolás Morínigo, Carlos Martini y Guillermo Parodi.