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LA POBREZA EN EL PARAGUAY RURAL
Luis A. Galeano
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES) [*]
Pobreza rural y exclusión social
Exclusión socio-cultural y política
Democratización y participación política campesina
1. Introducción
En este trabajo, sin desmerecer la importancia de los aspectos socio-culturales y políticos, el énfasis estará puesto en las implicancias socio-económicas de la pobreza y de la exclusión social existentes en el ámbito rural paraguayo. Este énfasis es escogido teniendo en cuenta las características del caso paraguayo. Hasta la actualidad, uno de los ejes centrales de las estrategias productivas y de sobrevivencia de una alta proporción de los sectores campesinos gira en torno al acceso a la tierra y a los otros factores productivos.
Sin dejar de aludir a ciertos antecedentes históricos, se aclara que el estudio de centrará en las más recientes etapas de los mencionados procesos, particularmente las que arrancan desde principio de los años ochenta.
2. Los factores condicionantes de la pobrezaLa intensificación del desarraigo campesino es un proceso histórico más bien reciente. Dicho fenómeno se debe, por una parte, a los hechos de que la modernización agraria excluyente, basada en el predominio de las medianas y grandes explotaciones empresariales, recién se ha consolidado durante las dos últimas décadas pasadas (años setenta y ochenta) y de que su vigencia se concentró en determinadas regiones (el contexto de la frontera con el Brasil y la Argentina fundamentalmente). Por otra parte, la persistente crisis experimentada por el algodón y la de otros rubros de renta, causadas por el empeoramiento de los niveles de los precios de los productos en los mercados internacionales, han deprimido los ingresos y deteriorado fuertemente las capacidades de reproducción de las explotaciones campesinas, fenómeno que está incentivando el agravamiento del desarraigo.
El alcance de esta tendencia histórica, en gran medida, se verifica con los datos de los censos agropecuarios de 1881 y 1991, que a continuación se consignan:
Cuadro Nº 1 Distribución porcentual de las explotaciones agropecuarias, según estratos. Años 1881 y 1991
Estratos 1981 1991 Menos de 5 has. 36,0 40,0 De 5 - 10 has. 19,6 21,7 De 10 - 20 has. 23,0 21,5 De 20 - 100 has. 17,3 12,7 De 100 - 500 has. 2,8 2,5 De 500 - 1000 has. 0,4 0,5 De 1000 y más has. 0,9 1,1 Totales 100,0 100,0 (248.930) (307.221) Fuentes: Censos Agropecuarios de 1981 y 1991
Uno de los estratos productivos que mayor incremento experimentó fue el de las explotaciones de menos de 5 hectáreas. En 1981, pertenecían a dicho estrato 89.658 unidades, que comprendían el 36 % del total. En 1991, fueron 122.750 las unidades censadas, que representaron el 40 %. Estos datos avalan una de las conclusiones de un reciente estudio, según la cual la pervivencia histórica de la economía campesina en el Paraguay se ha "concretado mediante la opción brindada por el proceso de minifundización de la pequeña agricultura"(Carter, 1995).
Los mecanismos de articulación de la economía campesina con los sectores económicos no agrícolas, como asimismo la vigencia de determinados condicionamientos institucionales en el acceso a la tierra, fueron los factores que, en determinadas regiones, incidieron para que el proceso mencionado desembocara en una amplia y acelerada descampesinización. En los contextos de la cuenca del Paraná (Departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú) y de colonización más reciente (San Pedro y Caaguazú), la activación de la presión campesina por la tierra fue causada por la muy dinámica diferenciación socio-económica campesina, generada por la modernización capitalista excluyente de la estructura agraria y el "cierre" de la frontera agrícola |1| acaecida en el transcurso de los años más recientes (mediados de la década del ochenta). Dicha demanda inclusive se vio más acicateada por la escasez de demanda laboral en los mercados de trabajo regionales. En esas condiciones, la presión por la tierra no sólo se manifestó en la rápida subdivisión de las parcelas campesinas (que ha sido el fenómeno registrado por los datos censales consignados), sino también en la demanda por nuevas tierras, que precisamente, desde la caída de la dictadura (febrero de 1989), desembocó en numerosas y conflictivas ocupaciones de latifundios|2|
Desde la lógica de los actores campesinos, la demanda y la presión por la tierra responden a sus estrategias productivas, y, en especial, a las de sobrevivencia. Si las explotaciones campesinas (en su doble condición de unidades de producción y de consumo) cuentan con tierra disponible, suele ser una porción de ésta la que comienza a ser destinada para su utilización por parte de sus miembros que pasan a constituir un nuevo hogar o una nueva explotación. Si las condiciones sociales y políticas están dadas, a la presión por la tierra mencionada acompaña otra que, en la medida en que los mecanismos del mercado en la mayoría de los casos no ofrecen opciones viables, comúnmente se manifiesta en dos tipos de alternativas: a) el acceso de forma precaria a la tierra (ocupaciones "pacíficas" de tierras fiscales o privadas, aparcería ...) en la misma comunidad o vecindario, y b) la invasión de las grandes propiedades. La presión campesina por la tierra, al mismo tiempo, tiende a disminuir a través de la opción migratoria o mediante la inserción temporal en los mercados de trabajo rurales y urbanos locales y regionales.[volver]
Hasta los primeros años de la década del ochenta, el perfil del empleo agropecuario se caracterizaba por la gran primacía que mantenía la categoría de trabajadores independientes, según lo evidencian los datos censales del siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2 Población económicamente activa ocupada en el sector agropecuario, según categorías de ocupación. Años 1972, 1982 y 1992
Categorías 1972 1982 1992 % % % Empleadores 1.2 0.8 2.2 Trabajadores Independientes 59,7 63,4 58,3 Asalariados 16,6 14,8 24,2 Familiares No Remunerados 22,3 20,4 15,3 Otros 0,2 0,6 - Totales 100.0 100.0 100.0 (372.239) (445.519) (491.390) Fuentes: Censos de Población y Vivienda de 1972, 1982 y 1992.
La importancia histórica que mantenían los productores campesinos explicaba el citado predominio de los trabajadores independientes. Hasta ese momento (principios de los ochenta), el peso de la economía campesina, en una medid significativa, se debió a los efectos del proceso de colonización iniciado hacia fines de la década del cincuenta (Fogel, 1982). En este punto, cabe señalar que las categorías censales, por ser muy inclusivas, no captan la diferenciación socio-económica existente al interior de los estratos campesinos. El repunte cuantitativo, entre 1972 y 1982, de los trabajadores independientes, "antes que el reforzamiento del campesinado medio, o acomodado, habría significado la presencia más visible del campesinado semi-asalariado. En efecto, según los datos del Censo Agropecuario de 1981, se constata que el 37 % del total de las explotaciones agropecuarias tenía menos de 5 hectáreas (límite por debajo del cual la gran mayoría de las familias recurre a los trabajos extraprediales -generalmente asalariados- para reforzar sus ingresos). Inclusive, las tendencias de las corrientes migratorias avalaban la hipótesis formulada. Los Departamentos en los que se había plasmado el proceso de la apertura de la frontera agrícola, de receptores, pasaron a constituirse en áreas de escasa atracción e inclusive de expulsión de la población rural y campesina" (Galeano, 1991). El descenso de la importancia relativa de los familiares no remunerados, captado por el Censo de 1982, debe ser interpretado, igualmente, como el resultado del avance de la diferenciación socio-económica del campesinado.
En el transcurso de la década del ochenta dicha diferenciación se profundizó y comenzó a impactar más fuertemente la estructura del empleo agrícola. Por un lado, se comprueba el descenso notorio de los trabajadores independientes, pues del 63 % registrado en 1982 pasaron a representar el 58 % en 1992. Por otro lado, los asalariados, que en su inmensa mayoría comprendían a obreros -los empleados no llegaron al 1 %-, de un 15 % alcanzaron el 24 %. Ambas tendencias fueron coincidentes con la apreciable disminución de la categoría de familiares no remunerados.
En síntesis, todos estos fenómenos fueron resultados de un mismo proceso: la profundización de la modernización agraria excluyente. El repunte de la proletarización del campesinado, al mismo tiempo, fue incentivado por el hecho, ya adelantado, de que hacia mediados de los ochenta el cierre de la frontera agrícola limitó aún más el acceso a nuevas tierras a una capa campesina desarraigada cada vez más numerosa (Borda, 1990).
Desde la óptica del análisis del proceso de exclusión, cabe puntualizar los alcances de la mencionada proletarización. En un estudio reciente se concluyó que esta asalarización, en el transcurso de los años más actuales, presenta dos características resaltantes. Por una parte, se observa una intensificación de los trabajos asalariados extraprediales, "especialmente para el estrato campesino más desarraigado y en los contextos en los que la demanda de la mano de obra, sobre todo en determinadas fases del ciclo productivo, se torna dinámica" (CPES, 1995). Por otra parte, igualmente se destaca "la alta rotación de las actividades asalariadas extraprediales, salvo los casos de los mercados laborales de más firme y antigua articulación" (Ibidem). Esta última tendencia ofrece ventajas y desventajas. En los contextos en los que las oportunidades ocupacionales son más amplias (por ejemplo: la Zona Central articulada a partir del Area Metropolitana de Asunción), la característica anotada posibilita optar por trabajos mejor remunerados. Este tipo de opciones, no obstante, exige niveles básicos de calificación de la mano de obra, que suelen corresponder a las camadas más jóvenes, dotadas de mejores niveles educativos. Por el contrario, en los escenarios en los que las estrategias de sobrevivencia se vuelven más restrictivas, esa más alta rotación va acompañada de una más intensa precarización de las condiciones laborales. [volver]
3. La pobreza rural y la exclusión socialTal como se llamara la atención en otra parte, en América Latina, más que sobre la exclusión social, los estudios han versado acerca de la pobreza, de la privación o la carencia (Faría, W., 1994). Si la pobreza, desde una perspectiva amplia, alude a las deficiencias o carencias en las condiciones vida y en la satisfacción de las necesidades básicas, la misma podría ser concebida como la expresión concreta del proceso de exclusión socio-económica.
Unos años atrás, se difundieron estudios que abordaron la caracterización de los niveles de pobreza vigentes en el Paraguay. En uno de ellos se concluyó que los rangos de la pobreza rural se incrementaron durante el período transcurrido entre 1980 y 1992.
El aumento más considerable, a juzgar por los datos consignados, correspondió a la pobreza rural crítica, o a la línea de la indigencia en el campo. En principio, esta tendencia sería coincidente con la intensificación de la descomposición campesina, y por lo tanto de la exclusión socio-económica rural, postulada previamente. El incremento de la minifundización y su correlato: el creciente desarraigo, la crisis de los principales rubros de renta campesinos (el algodón) y la fuerte proletarización de la mano de obra familiar, habrían hecho que la indigencia se agudizara y difundiera ampliamente.
En un estudio realizado por el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), en 1991, en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Caaguazú, se detectaron rangos de pobreza inferiores a los citados. En el primero de ellos, donde los grados de privación socio-económica eran uno de los más críticos de todo el país, los hogares campesinos que contaban con explotaciones de hasta 20 has. de superficie en un 60 % se hallaban por debajo de la pobreza absoluta y cerca de un 40 % se encontraban en situación de indigencia. En los otros dos restantes, las condiciones de pobreza de las familias campesinas fueron ligeramente mejores. Sin bien ambos estudios se basan en encuestas cuyas coberturas muestrales no son comparables, es altamente probable que las discrepancias en la medición de los niveles de pobreza se deban a las diferencias de los instrumentos de recolección de los datos utilizados.
Independientemente de las discrepancias observadas entre los resultados de los estudios mencionados, lo pertinente es sostener que la intensificación de la descomposición campesina en la mayoría de las regiones del Paraguay, últimamente, está desembocando en una agudización de las condiciones de la pobreza rural. Posteriormente, se verá que esta tendencia no necesariamente está asociada a un mismo tipo de exclusión social, por cuanto que ésta, además de las necesidades básicas, también comprende el acceso a otras dimensiones de la sociedad. El aspecto que sí interesa puntualizar radica en que la aceleración que se está observando del deterioro de las condiciones de vida de los pequeños agricultores se relaciona con la crisis estructural que, en la actualidad, está enfrentando la economía campesina. Esta, hasta hoy día, se cimenta en un modelo productivo, cuya lógica, prácticamente desde el Siglo XIX, viene consistiendo en la combinación de unos pocos rubros de renta con cultivos de subsistencia, en el uso intensivo de la mano de obra familiar y en el empleo de una tecnología precaria. La larga "coexistencia" con el latifundio ganadero y forestal, salvo la presión demográfica, la tornó "sustentable" en el tiempo. Sin embargo, ahora se halla en desventaja ante las explotaciones empresariales que compiten en las distintas esferas del mercado del sector agrario. Ante su creciente e irreversible monetarización, la mayoría de las explotaciones campesinas no logra constituirse en unidades competitivas y ser viables en un contexto de economía de mercado cada vez más exigente.
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4. La exclusión socio-cultural y política4.1. Cambios en los escenarios de las comunidades rurales
La matriz socio-económica de las comunidades rurales en el Paraguay históricamente ha sido la conformada por la agricultura parcelaria. Las estructuras de parentesco (las familias nucleares y las ampliadas) y los vínculos de vecindad se constituyeron en los soportes de las relaciones y de las convivencias comunitarias. Las comunidades han funcionado, y continúan funcionando, más bien como productos de esas relaciones primarias, que como instancias organizativas socio-económicas y políticas autónomas, en las que estaban integrados los núcleos de parentesco, como sucede en las comunidades indígenas por ejemplo.
Las transformaciones, que durante los últimos años afectaron a todo el sector agropecuario, también incidieron en la estructura y dinámica de las comunidades rurales. Uno de los aspectos más impactados fue el de las relaciones de cooperación y solidaridad. Específicamente la minga perdió terreno, fenómeno que de forma creciente obligó a las explotaciones campesinas a recurrir a la contratación de mano asalariada. La economía campesina (que genera más del 60 % de los alimentos de origen agrícola y más del 80 % del principal rubro de exportación: el algodón) es la principal fuente de empleo de todo el sector rural, no sólo del auto-empleo como se señaló previamente, sino también de toda la mano de obra contratada en el mercado de trabajo agrícola. Según el Censo Agropecuario de 1991, el 73 % del total de los trabajadores temporales (946.040 personas) fue contratado por las explotaciones campesinas (menos de 20 has.). Inclusive el 51 % del total de los trabajadores permanentes era contratado por el sector productivo campesino. La reducción de la minga y la creciente asalarización de la mano de obra extrafamiliar se debieron al avance de la modernización de la estructura y, sobre todo, a la muy intensa mercantilización de la economía campesina.
Tanto la crisis de la economía como los cambios verificados en la esfera de la cultura campesina repercutieron sobre las relaciones y las pautas de convivencia comunitarias. Dicha crisis, en el campo socio-demográfico, impactó sobre los patrones migratorios. Una de las modalidades más extendidas de los últimos años ha sido la migración, permanente o temporal, de los(as) jóvenes campesinos(as), e inclusive de los miembros adultos de las familias, a los núcleos urbanos más importantes del país o al extranjero (a la Argentina preferentemente). Esta migración, por un lado, posibilitó a los hogares recibir importantes remesas de dinero, pero, por otro lado, debilitó a la mano de obra familiar y a los grupos y organizaciones vecinales, al obligar a sus miembros más dinámicos a abandonar sus comunidades de origen, en las zonas donde la crisis campesina se tornó más aguda.
La ya adelantada asimilación de las pautas de cultura moderna, a través de la penetración de los medios masivos de comunicación (la radio fundamentalmente) y como efecto de los procesos migratorios, hizo que los grupos campesinos apelaran a actitudes y comportamientos de signo paradójico (Galeano, 1986). Por una parte, comenzaron a recurrir a pautas de impronta individualista, y, por otra, también a acciones colectivas, algunas inspiradas en viejos valores y motivaciones (la lucha por la tierra) y otras surgidas como respuestas a nuevas demandas.
[volver]4.2. La democratización y la participación política campesina
En un estudio realizado acerca de las elecciones municipales de 1991 se comprobó que los candidatos campesinos a consejales (miembros de Juntas Municipales) obtuvieron votaciones más altas en los casos en que fueron incluidos en las listas de los partidos políticos tradicionales (Colorado y Liberal), que cuando formaron parte de las listas de los partidos de izquierda y de los movimientos independientes (Turner, 1991). Además del doble discurso político de una gran parte de los campesinos organizados, estos resultados deben correlacionarse con el hecho de que la gran mayoría de los pequeños agricultores no pertenecía a organización socio-económica o gremial de ninguna índole.
Sin embargo, en la participación política campesina comienzan a manifestarse señales de transformación que, aunque no de forma muy notoria e impactante, implicarían que las pautas de la cultura política tradicional mencionadas, cuanto menos, no tendrían la misma vigencia o los mismos grados de "cristalización" que lucían desde antaño. En efecto, en ocasiones de las citadas elecciones municipales del 91 y en las del 96, así como en las correspondientes a las de las gobernaciones departamentales de 1993, las influencias de los actores sociales locales, entre los que se destacaron las organizaciones campesinas, consiguieron que los candidatos no campesinos, que encabezaban las listas de los partidos tradicionales, "incorporaron en sus discursos propuestas para encarar las demandas y necesidades de las capas y de las comunidades rurales" (Galeano y Yore, 1994). En los municipios y departamentos en los que dichos actores tuvieron papeles destacados, los candidatos colorados y liberales más votados fueron más sensibles a esas demandas, en comparación a los candidatos que se mostraron insensibles, por más apoyo que tuviesen de caudillos o de los aparatos partidarios. Inclusive en contextos en los que la oligarquía terrateniente continuaba manteniendo la cuota más importante del poder local y el Partido Colorado controlaba a gran parte del electorado, como sucedía en Caazapá, en 1993 un candidato independiente a gobernador obtuvo una buena votación (30 %) y de hecho superó al candidato liberal. Tal desempeño se debió casi exclusivamente a los votos de los campesinos organizados.
A pesar de que los cambios culturales suelen consolidarse más bien en el mediano o largo plazo, comportamientos como los señalados dan a entender que la participación política de los campesinos, especialmente de los que forman parte de organizaciones sociales, empieza a dar sus primeras señales de cambio, a impulsos de los condicionamientos socio-políticos brindados por el proceso de democratización que está viviendo el país. Y las señales más fuertes se están verificando en los escenarios locales. Si este proceso logra afianzarse en el futuro, a la democracia paraguaya le espera tiempos auspiciosos. Desde el punto de vista teórico, se ha señalado que la democracia se afianza en la medida en que el poder se torna visible y controlable (Bobbio, 1989). Los poderes locales pueden constituirse en escenarios propicios para el ejercicio de dicho control.
Bibliografía
- BORDA, D, y otros, "Estado y políticas públicas: Aportes para la Reforma Agraria", NIEKE/CEPAG. Asunción, 1990
- CARTER, M., y GALEANO, L. A.,"Campesinos, tierra y mercado",PES/LTC-U. de WISCONSIN. Asunción, 1995
- CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS (CPES), "Estudio socio-económico y de los sistemas productivos. Area del II Proyecto del Fondo de Desarrollo Campesino". Asunción,1995
- CPES/FIDA, "Encuesta de fincas y familias campesinas. Departamentos de Concepción, S. Pedro y Caaguazú".Asunción, 1991
- CENTRO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS (CDE), "Informativo Campesino". Asunción, 1990
- FARIA, W., "Social exclusion and Latin American analyses of poverty and deprivation, 1994
- FOGEL, R., "Colonización y estructura agraria", en: "Estado, campesinos y modernización agraria". Asunción, 1982
- GALEANO, L. A., "El proceso de modernización y la cultura campesina", Cuadernos de Pastoral Social, Nº. 7, 1986
- GALEANO, L.A.,"Las transformaciones agrarias, las luchas y los movimientos campesinos", Rev. Paraguaya de Sociología, Nº. 80, 1991
- SAUMA, "La distribución del ingreso en el Paraguay", F. CC. Económicas y Administrativas, UNA, Asunción, 1993
- TURNER, B., "Political reconstrution in the Paraguayan Countryside: The 1991 municipal elections", Paper presented at the 47th International Congress of Americanists, July 1991, New Orleans, LA, USA.
Notas(*) Para la elaboración del estudio, se contó con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el presente texto es una versión sintética de un informe más amplio.
1. Se utiliza la denominación "cierre" de la frontera agrícola en términos relativos, pues en concreto lo que aconteció y está aconteciendo fue que el acceso a la tierra se limitó fuertemente para los grupos campesinos, a partir de la política de colonización, consistente en la habilitación de tierras (públicas y privadas) inexplotadas para la producción agrícola, mediante la instalación de asentamientos. Para los otros grupos y actores sociales (empresarios agrícolas, ganaderos y agroindustriales o inversionistas especuladores), la frontera agrícola continúa abierta.
2. El 69 % de los 149 casos de conflictos colectivos de tierra (ocupaciones, expropiaciones y desalojos) atendidos por el Comité de Iglesias, una de las más importantes ONGs encargada de la promoción y la defensa de los derechos humanos, tuvo lugar en los Departamentos de frontera agrícola (Alto Paraná, San Pedro, Caaguazú y Canindeyú), desde 1989 hasta 1993. Véase: CIPAE-CPES, "Conflicto de tierra y defensa jurídica de campesinos", Asunción, 1995.