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14nov17
El Congreso debate si pone en marcha una Ley para declarar nulos e ilegítimos los tribunales de Franco
El Congreso debatirá esta tarde la primera Proposición de Ley que el PDeCAT eleva al Pleno en este periodo de sesiones, que empezó en septiembre. Sin embargo, no tiene nada que ver con el referéndum ilegal del 1 de octubre ni con la posterior declaración de independencia. Ni siquiera de manera general con la crisis territorial por la que atraviesa el país. El texto se centra curiosamente en Franco.
Con las próximas elecciones autonómicas en Cataluña a la vuelta de la esquina y la mitad del Govern en prisión, la antigua Convergència ha considerado que éste es un buen momento para volver a colocar a Franco en el debate político, y propondrá al Pleno del Congreso declarar nulos e ilegítimos los tribunales -y resoluciones- que existieron durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista. La votación que se producirá hoy es el primer paso de la tramitación parlamentaria y determinará si el texto es tomado en consideración o no. Esto es, si sigue adelante con la tramitación o es rechazado.
Si consigue el apoyo de PSOE, Podemos y el resto de los nacionalistas, algo nada difícil, y completa la tramitación parlamentaria, el Gobierno tendrá seis meses para elaborar un informe sobre la implementación de la Ley de Memoria Histórica y su uso por parte de las víctimas «en aras de ajustar los modelos y medidas a los reclamos de las víctimas, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y las asociaciones».
Todo indica que la propuesta saldrá adelante. Si los grupos mantienen la dirección de voto que manifestaban ayer por la noche a preguntas de este periódico. El grupo de Unidos Podemos va a votar a favor, mientras que desde el PSOE se apuntaba también en esta dirección, aunque se prefería no dar nada por cerrado hasta la reunión que el grupo parlamentario mantendrá antes del comienzo del pleno.
Pero la aritmética se simplifica de cara a que la proposición de ley pueda salir adelante una vez que desde Ciudadanos aseguran que se abstendrán en la votación.
Masonería y comunismo
El PDeCAT defiende el texto como una medida para ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante ambas épocas. Busca la ilegitimidad y nulidad de cualquier tribunal, incluyendo los jurados «y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal».
Asimismo pide la misma declaración para el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, «por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo».
El PDeCAT también reclama esta condición «por vicios de forma y fondo» las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia contra quienes defendieron la República «pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución». En su exposición de motivos, el PDeCAT considera que la Ley de Memoria Histórica «se quedó corta» y que «la reparación de las víctimas del franquismo es aún una cuestión abierta para el Estado Español».
[Fuente: Por Ana I. Sánchez y Victor Ruiz de Almirón, ABC, Madrid, 14nov17]
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