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15ene18


CDC, condenada por cobrar 6,6 millones en 'mordidas' del Palau a cambio de adjudicar obra pública


La Audiencia de Barcelona ha condenado a CDC, el partido que gobernó en Cataluña durante 31 de los 40 años de democracia, a devolver los 6,6 millones de euros que cobró en 'mordidas' a través del Palau a cambio de adjudicar obra pública a Ferrovial. El extesorero de CDC Daniel Osàcar ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel, mientras que la pena impuesta al expresidente del Palau, Fèlix Millet, es de nueve años y ocho meses de cárcel y la de su mano derecha, Jordi Montull, es de siete años y seis meses a Jordi Montull. A ambos se les acusa de haber saqueado la entidad cultural entre los años 2000 y 2009.

Osàcar, además, tendrá que hacer frente a una multa de casi cuatro millones de euros (3.796.555'40), la suma en cuyo blanqueo participó, según el tribunal. Al extesorero se le acusa de un delito continuado de tráfico de influencias y de otro de blanqueo de capitales, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable. Desde que estalló el escándalo, en 2009, hasta ahora, el expresidente de la Generalitat y exlíder de Convergència Artur Mas siempre ha respaldado su actuación hasta el punto de que este domingo, a tan solo unas horas de que se conociera la sentencia, declaraba lo siguiente en 'El Objetivo' de Ana Pastor, el programa de entrevistas de La Sexta: "Conozco al señor Osàcar desde hace muchos años y es una persona intachable desde el punto de vista personal". Y añadía: "Incluso aunque fuera condenada Convergència por financiación irregular, que le recuerdo que entonces no era delito, seguiría pensando que es intachable".

El fallo de la sentencia dice, por otra parte, que "procede acordar el comiso de las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya, Félix Millet Tusell y Jordi Montull Bagur con la comisión de traáfico de influencias, que ascienden, respectivamente, a las cantidades de 6.676.105'58, 2.804.716'29 y 701.179'07 euros, cantidades que deberán ser entregadas por aquellos o hechas efectivas sobre su patrimonio".

La devolución de esos casi 6,7 millones que tendrá que afrontar el PDeCAT, la última denominación con la que CDC ha tratado de enterrar su pasado de corrupción, plantea un serio problema a sus actuales gestores con la coordinadora general, Marta Pascal, a la cabeza. Artur Mas, que ejercía la presidencia, dimitió la semana pasada del cargo precisamente por la inminencia de esta sentencia. A Mas el Tribunal de Cuentas le embargó su vivienda el pasado mes de diciembre para hacer frente a parte de la fianza de 5,27 millones de euros que el máximo órgano fiscalizador del Estado le impuso por el uso de fondos públicos para la consulta del 9-N en 2014. CDC, por otra parte, ya tiene embargadas sus 15 sedes para hacer frente a la responsabilidad civil por los 6,6 millones de 'mordidas' que recibió a través del Palau. Así lo ordenó el juez del caso hace dos años y medio, en mayo de 2015.

En cualquier caso, la sentencia -que no es firme por lo que será recurrida por los condenados- da por cierta la tesis que el fiscal Emilio Sánchez Ulled expuso al presentar su informe final del juicio, que finalizó el pasado 16 de junio: "El Palau de la Música era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a CDC". Para que tanto la Fiscalía como el tribunal hayan llegado a la conclusión de que efectivamente Ferrovial pagó comisiones a Convergència a través de la entidad a cambio de obra pública, han sido esenciales los documentos hallados en el registro del Palau el 23 de julio del 2009. Entre esos documentos, figura una tabla contable de en la que aparece un tal "Daniel" como receptor de pagos de la entidad junto a los cobros recibidos de la empresa Ferrovial. Los investigadores consideraron que el tal Daniel era Daniel Osàcar.

Junto a los documentos, han sido determinantes las declaraciones de los principales responsables del Palau durante el juicio. En un principio, el fiscal llegó a un pacto con la defensa de Jordi Montull y de su hija Gemma. Millet no quiso quedarse solo y, al final, también se subió al carro de las confesiones. "Ferrovial hacía donaciones al Palau para que el dinero fuera a pagar a CDC a cambio de obra pública. Eso no lo dije en mi confesión del 2009, pero es la verdad", llegó a admitir el que fuera máximo responsable del Palau. La hija de Montull, que ocupaba el cargo de directora financiera y que ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión, ratificó el desvío de fondos al partido. Su padres también reconoció el desfalco y dio más detalles al explicar que las comisiones que se embolsaban -una parte iba al partido y otra a él y Millet- pasaron del 3% al 4% porque "CDC quería más dinero". También contó cómo se trasladaban las comisiones a CDC: "Osàcar venía, se le daba un sobre, contaba el dinero y se iba".

La sección décima de la Audiencia de Barcelona, presidida por la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes -38 en total- a las 9.30 horas de este lunes en la sala de vistas del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia para entregarles la sentencia en mano, de forma simultánea. La entrega se ha producido con bastante retraso sobre la hora prevista y, mientras tanto, se han sucedido las declaraciones de políticos más o menos relacionados con CDC.

El conseller de la Presidència cesado y diputado electo de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que ahora milita en el PDeCAT, ha contrastado la "rapidez" con la que se desarrolla el proceso judicial contra los cargos soberanistas que impulsaron el referéndum del 1-O con los "casi nueve años" transcurridos desde que afloró el caso Palau. Turull ha subrayado que "ya era hora" de que el caso Palau tuviera un desenlace porque todo el proceso "ha durado muchísimo", mientras que otros "van muy rápidos".

El independentismo, incluido el PDECat, se ha desmarcado desde el primer momento de la Convergència de Jordi Pujol y se ha sacudido cualquier atisbo de responsabilidad en el escándalo con el pretexto de que aquella era otra época y que la corrupción es historia. En ese esfuerzo por cavar un cortafuegos que les mantenga a salvo de la contaminación, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado que el principal acusado del caso Palau, Félix Millet, formó parte de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) del PP y "era amigo personal de José María Aznar". "Nos sorprende que se vincule ese caso con el independentismo" con "muy mala fe" o porque "desconocen enormemente lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 30 años", ha dicho el diputado de ERC, en una entrevista en Radio Euskadi.

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 15ene18]

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