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18dic13
La juez imputa a la mujer de González por el ático y sugiere la implicación del presidente
La jueza de Estepona que investiga la compra de un ático de lujo en Marbella por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su esposa, Lourdes Cavero, ha decidido imputar a ésta y al presunto testaferro utilizado en la operación, el ciudadano estadounidense Rudy Valner, al apreciar que en esa compraventa podrían haberse producido hechos constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. También ha sugerido que de los hechos conocidos hasta ahora podría terminar derivándose la imputación del propio presidente madrileño, aunque por su condición de aforado sólo le corresponde tomar esta decisión al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Según especifica el auto, "la condición de imputado de D. Jaime Ignacio González González no se la puede atribuir la instructora, al carecer de competencia, pese a darle traslado de las actuaciones con el fin de evitar indefensión y de que pueda instar lo que a su derecho interese, pese al informe desfavorable del Ministerio Fiscal".
Además de acordar las imputaciones de Cavero y Valner, la instructora del caso, la jueza de Estepona Mariana Pelegrina, ha decidido inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al considerar que los hechos que se investigan trascienden las competencias de su juzgado por tener ramificaciones en todo el territorio nacional e incluso en el extranjero. Ahora será un magistrado de la Audiencia Nacional el que tendrá que decidir si prosigue con las pesquisas y mantiene las imputaciones, o archiva el caso y suspende las medidas acordadas por la jueza de Estepona.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para que se investigara la relación de González y su esposa con un ático de 496 metros cuadrados situado en una exclusiva urbanización de Marbella. González reconoció que utilizaba esa vivienda como residencia vacacional pero sólo en régimen de alquiler. Según el presidente del Ejecutivo madrileño, él y su esposa abonaban por ella una renta mensual de 2.000 euros, una cifra muy alejada de los 6.000 euros que se pagan de media en la zona por viviendas similares.
La investigación constató además pronto que la sociedad a la que el matrimonio González-Cavero abonaba supuestamente ese alquiler, Coast Investors, carecía de toda actividad y se encontraba alojada en la demarcación más opaca de Estados Unidos, Delaware. El propietario de esta compañía resultó ser Rudy Valner, un hombre de negocios que se anuncia en internet como testaferro profesional. La pista de Coast Investors conduce a su vez a otra sociedad, Waldford Overseas Investment, constituida en este caso en Panamá, un territorio que se caracteriza también por ser uno de los paraísos mundiales del blanqueo de capitales. Como informó El Confidencial, Waldford Overseas Investment fue creada por el bufete de abogados panameño Mossack & Fonseca, investigado por numerosos episodios de lavado de dinero, y para darla de alta en el registro de este país se recurrió a dos sociedades cuyo rastro aparece también en las tramas financieras urdidas por Francisco Correa y Luis Bárcenas para evadir el dinero que facturaban en España.
Hace un año, cuando aparecieron estas primeras informaciones, el presidente González anunció que él y su mujer habían decidido adquirir finalmente la vivienda que supuestamente habían estado disfrutando hasta ese momento en régimen de alquiler. Según el jefe del Ejecutivo madrileño, el importe de la compra ascendió a 770.000 euros. Pero la jueza sospecha que el ático pudo ser del matrimonio desde el principio y que las sociedades a nombre de Valner sólo formaban parte de una ficción urdida con la ayuda del testaferro para tratar de esconder esa propiedad millonaria y el origen de los fondos que utilizaron para comprarla. Los investigadores sospechan que el ático podría ser el pago en especie de una comisión urbanística.
Por ahora, la imputación sólo recae en la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid y en el presunto testaferro. No obstante, la jueza recuerda que cabe la posibilidad de que se produzca también la imputación del propio González por estos hechos, aunque subraya que por su condición de aforado le corresponde tomar esa decisión a otra instancia. "El Sr. González no puede ser tenido como imputado en esta causa, pues, en el momento presente, no consta que tenga relación alguna con la entidad COAST INVESTORS LLC, cuya inversión en España es el objeto de la investigación", según explica el auto. Aunque, como sigue: "la personación pretendida por el Sr. González, dado su tenor literal, -para "ejercer su derecho de defensa"- es en calidad de imputado, puesto que en nuestro sistema procesal y a diferencia de lo que ocurre en otros países (...), dicha condición es el punto de partida para defenderse en el proceso penal".
[Fuente: Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 18dic13]
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