|
|
Zona de incesantes trashumancias en búsqueda de vida donde millares hallaron la muerte
Zona 7ª Capítulo Introductorio
Contexto Histórico, Económico y Político de la ZonaDesde el siglo XIX intervenían en la región del Meta compañías privadas que explotaban los recursos de la tierra a cambio de la realización de obras de infraestructura y desarrollo. Fue así como se instaló la Sociedad Montoya Uribe y Lorenzana, a la que el Estado colombiano, mediante Ley del 1o. de julio de 1870, le adjudicó una extensión de 10.000 hectáreas a cambio de la construcción de un camino que, saliendo de los pueblos de Algeciras y Colombia (en el departamento del Huila), debía llegar al Caguán y a San Martín respectivamente. Sin embargo la compañía citada tomó para sí 160.000 hectáreas (1) .También en éste periodo llegaron empresas agropecuarias de gran importancia como El Buque, de propiedad de Emiliano Restrepo, quien sembró más de un millón de matas de café en terrenos ubicados en jurisdicción de Villavicencio. Esta compañía y otras dos más, dedicaron su actividad a la extracción de quina, particularmente en el territorio de San Martín.
Para comienzos del siglo XX solo habían sido constituidos como municipios Villavicencio y San Martín. Las diferentes explotaciones que se hacían en el territorio, se intensificaron dedicándose conjuntamente a la ganadería, la caza, la extracción de quina, cultivos de cacao y otros. A la región llegó la empresa. H.& Rubber States Limited, que compró parte de las propiedades a la Compañía Montoya Uribe y Lorenzana y construyó alguna infraestructura en la vega del Ariari (lo que es hoy Granada, Fuente de Oro y parte de San Martín), para la explotación del caucho, pero la abandonó debido a problemas de comercio internacional. Esta actividad la reanudó hacia 1936, para retirarse definitivamente en 1946. La Rubber también se asentó en Miraflores (Guaviare), donde instaló una infraestructura para la compra y exportación de la balata extraída del caucho, lo que se convirtió en estímulo para la colonización de esta región por pobladores del interior del país; allí llegaron migrantes de Antioquia, Cundinamarca y Tolima.
En la zona también se exploraron pozos petroleros desde 1920 por la Shell y la Unión Oil Company of Nevada. Esta última adquirió en 1926 los derechos sobre el suelo y el subsuelo, de parte de las antiguas posesiones de Montoya Uribe y Lorenzana, al sur de San Juan de Arama y, terminadas las exploraciones que le interesaban, traspasó el derecho al suelo a la empresa ganadera Shelton y a otras personas jurídicas y naturales, algunas de las cuales empezaron a desarrollar una creciente actividad económica. En 1969 regresaron a explorar nuevamente los pozos abandonados, alegando tener la titularidad del derecho del subsuelo.
Si algo ha caracterizado a esta región es la incesante oleada de procesos migratorios, que unas veces llegan de afuera hacia la región, y otras se dan como desplazamientos dentro de la misma región. Estas constantes trashumancias y asentamientos han ido quedando marcados por los acontecimientos violentos que los han determinado y así han ido configurando la historia ensangrentada de los Llanos orientales. Nos referiremos enseguida a esas oleadas migratorias que hemos podido registrar en nuestro estudio, como sucesivas colonizaciones:
Primera colonización: por atracción laboral
Los enclaves de compañías que llegaron a explotar los recursos naturales de la región desde la segunda mitad del siglo XIX y la construcción de la carretera Villavicencio Bogotá a comienzos del XX, abrieron el eje colonizador de lo que hoy son los municipios de Guamal, Cubarral, y Castilla la Nueva; en esta última se concentró la explotación del petróleo por la Tropical Oil Company.
De esta manera, paulatinamente y atraídos por la actividad cauchera, petrolera y ganadera, se acentuó un incipiente proceso de colonización de la región, con gente dedicada a laborar en las citadas empresas. Se empezaron a destacar desde esta época los municipios de San Juan de Arama y San Martín por la formación de grandes hatos dedicados a la actividad ganadera, situación que ha permanecido inalterable hasta nuestros días.
Los colonos que quedaron cesantes luego de abandonada la explotación de los recursos naturales por las empresas multinacionales, decidieron asentarse en la zona definitivamente, lo que ocasionó no pocos conflictos por la tierra con los ganaderos y hacendados que ya estaban instalados allí, que tenían grandes extensiones de tierra en su poder. El contexto nacional que se caracterizaba por las luchas por la tierra, que llevaron al gobierno de López Pumarejo a sancionar la Ley de Tierras (o Ley 200 de 1936), agravaba la situación.
Segunda colonización: de resistencia autodefensiva
Sumergido el país en el período de "La Violencia Clásica" (a partir de 1945) debido al sectarismo conservador, ocurrieron hechos de profundas repercusiones como el asesinato del líder popular liberal, Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, lo que originó levantamientos populares. En diferentes regiones fueron frecuentes las tomas de las instituciones por parte de los liberales. En el departamento del Meta ocurrió en la base militar de Apiay, con el capitán Silva, del Ejército, quien tenía la misión de alzarse en armas y tomarse el comando de policía de Villavicencio con todo el armamento, en tanto que Eliseo Velásquez se tomaría el poblado de Puerto López, para atacar a la Policía. Sin embargo, estas expresiones de poder fueron duramente contrarrestadas por el Ejército y la Policía que se alternaron en ataques sistemáticos a los militantes de los partidos liberal y comunista, obligando a emprender la reacción armada, apoyada por las direcciones nacionales de ambos partidos políticos.
De otro lado, "varios ganaderos de San Juan de Arama y San Martín, contrataron pistoleros a sueldo con la ayuda de las autoridades. Sus trabajadores habían desertado ubicándose en cercanías de los hatos. Los ganaderos veían en esta oportunidad la forma de violencia sobre ellos presionándolos y obligándolos a que abandonaran sus fundos. Varios lo hicieron y se retiraron. Otros ofrecieron resistencia. Los que abandonaron la región a causa de esta presión, se internaron en la vega donde encontraron unos amigos; varios ocuparon las estribaciones de la cordillera oriental, en dirección hacia La Uribe y el río Duda, lo mismo que hacia Guayabero.
Allí trataron de organizarse; lo que los unía era el pertenecer al partido liberal y la necesidad de defenderse contra la opresión de los chulavitas, ejército y terratenientes. Estos primeros colonos que llegaron no tenían conexión con el partido comunista, aunque más tarde, al transitar por esa vía migrantes procedentes del Tolima, muchos de estos colonos se van a identificar con el planteamiento de la autodefensa de masas.." (2)
Así, pues, esta resistencia provocó migraciones hacia la zona de los ríos Duda y Guayabero y a poblar lo que posteriormente sena el municipio de La Uribe. En otras zonas del Llano se fueron conformando las Guerrillas Liberales del Llano, que se prolongaron hasta 1954 y que arrastraron consigo numerosas oleadas migratorias internas.
Tercera colonización: asentamientos militarizados
Un alto oficial del Ejército, el entonces Coronel Gustavo Sierra Ochoa, en un escrito publicado en Manizales en 1954, es quien describe este modelo de colonización de carácter contrainsurgente: "con personal civil y militar se procedió a un rápido entrenamiento para combatir los grupos de bandoleros localizados más próximos a las áreas vitales... fue necesario como primera etapa dentro del plan elaborado por el Batallón Vargas, que la fuerza antiguerrillera procediera a la limpieza de los sectores urbanos, se aglutinaron los efectivos civiles para crear e! espíritu de lucha y dar la organización para un movimiento antiguerrilla... En el Ejército se abandonan aquellos procedimientos para el combate regular y se fue desembocando a una táctica antiguerrillera que surgió del estudio de los métodos y formas empleadas por el enemigo en medio de los Llanos." (3)
Para la implementación de esta política antisubversiva, el Ejército planeó la colonización de la región del Ariari particularmente, creando "un organismo colonizador del Llano que podría establecer oficinas, hacer propaganda y seleccionar los futuros colonos en esas regiones campesinas del país y se encargaría de la preparación y transporte de éstos, periódicamente, a Villavicencio, en donde funcionaría la oficina de recepción, repartición y destinación, dependiendo de la Jefatura civil y militar. La marcha de las operaciones determinaría el envío periódico de colonos a las regiones apropiadas para tal fin. En principio, las regiones por ocupar serían los puntos claves o sea los de particular importancia por las buenas condiciones económicas, bondad de las fierras e importancia militar a medida que las operaciones militares se vayan desarrollando. En el primer momento estos colonos servirían como elementos de ocupación en campamentos improvisados, se les suministraría armas y se les reforzarían con una pequeña guarnición militar. El Comandante de la Guarnición militar sería el jefe del campamento quien organizaría las actividades y la defensa. Se procedería a la repartición de tierras y ganados abandonados existentes en la región. Los colonos estarían obligados a efectuar bajo el mando del comandante militar operaciones de limpieza de bandoleros, en combinación con otros campamentos. Cada 3 o 4 campamentos tendría un comandante militar, atendiendo la compartimentación del terreno. Cada campamento constaría de más de 50 familias, a fin de que puedan defenderse y desarrollar operaciones de limpieza. Los títulos de propiedad tanto de las tierras como el ganado, deberán extenderse debidamente. Los trabajos de colonización y ocupación deben efectuarse aprovechando el carácter militar que tiene esta gran empresa a fin de que el procedimiento sea rápido y efectivo. La organización de la colonización debe ser sencilla y expedita. Debe ponerse a funcionar en el menor tiempo posible ... El país no debe desaprovecharla ocasión que le brinda la situación presente para incorporar a la vida nacional la mitad de su territorio. Enfocando el problema desde el punto de vista real, puede asegurarse que el problema principal es incorporar el Llano a la economía nacional y de paso acabar con el bandolerismo." (4)
Con esta estrategia a todas luces paramilitar, que se adelantaba a la utilizada por el ejército guatemalteco en los años 80. llamada de las "aldeas estratégicas", el Ejército impulsó esa oleada colonizadora de la zona del río Ariari a comienzos de los años cincuentas.
Cuarta colonización: de desmovilización guerrillera
El golpe militar del General Gustavo Rojas Pinilla al presidente conservador Laureano Gómez, el 13 de Junio de 1953, dio lugar al otorgamiento de amnistías generales, concediéndosela primero, mediante el decreto 2184 de agosto de 1953, a los policías y militares implicados en los asesinatos masivos y generalizados cometidos en el período de la violencia partidista; también se dispuso para éstos el aumento de fos salarios y concesiones de tierras en algunos lugares del país.
Para el trato con los guerrilleros se dispuso la conformación de una Comisión de Paz encabezada por el General Duarte Blum, la cual dio inicio a un proceso de acercamiento. El primer encuentro fue con Guadalupe Salcedo, quien de inmediato aceptó la desmovilización de sus hombres y la entrega de armas al gobierno a cambio de herramientas de trabajo para el campo. Tras él, continuaron los grupos de Bedardo Giraldo, Plinio Murillo y Dumar Aljure en el
Meta; también se desmovilizaron Rafael Rangel en Barrancabermeja (Santander), Franco en Urrao (Antioquia), Juan de la Cruz Várela en la región del Sumapaz, y en el Tolima José María Oviedo, Arboleda y Leopoldo García. Todos ellos pactaron la paz y regresaron a la actividad agrícola.
Los antiguos guerrilleros liberales se repartieron la geografía del Meta para empezar un proceso de reconciliación y configuración de la paz en el campo: Aljure se instaló en San Martín y Fuente de Oro hasta el Guaviare; Bedardo Giraldo (alias "el Tuerto") en Playas e inmediaciones de Granada; Guadalupe Salcedo regresó a Puerto Gaitán y Plinio Murillo a la región del Alto Ariari. Los conservadores ya se encontraban instalados principalmente en los municipios de Acacias, Restrepo, Guamal. San Luis de Cubarral y Villavicencio. Esta repartición del territorio demarcará también tendencias políticas que se reflejarán posteriormente en cada zona.
Quinta colonización: absorción de desplazados de otras zonas de violencia
Mediante el Acto Legislativo No. 6, del 14 de septiembre de 1954, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente presidida por Mariano Ospina Pérez, en plena dictadura militar, quedó "prohibida la actividad política del comunismo internacional'. No solo quedaba ilegalizado el Partido Comunista como tal, sino la "ideología comunista", rótulo que se aplicaba ampliamente a toda tendencia de izquierda y a todo movimiento popular. En junio de 1955 empezaron los ataques a la región de Villarica en el Tolima, mediante bombardeos y ametrallamientos dirigidos contra el movimiento campesino liderado por Isauro Yosa, veterano dirigente del Partido Comunista. el cual se había fortalecido luego de la amnistía de 1953. Esta agresión se extendió también a la región del Sumapaz, donde se desarrollaban intensas luchas campesinas promovidas por el Partido comunista y en especial por Juan de la Cruz Várela. Movidos por los fuertes ataques, los campesinos iniciaron una columna de marcha hacia la región del río Duda, en el Meta, atravesando con todas las familias la cordillera Oriental.
Tras una larga y dura peregrinación en medio del frío y del hambre, pues "era toda gente sin comida y sin ropa que iban a salvar la vida con solo la ropa puesta" (5), llegaron a la región de La Uribe, en el Meta, donde se instaló un grupo de los marchantes y otro continuó con destino a la región del Ariari donde fueron recibidos por Plinio Murillo y Pastor Avila, quienes ya se habían asentado allí y fundado el poblado de Medellín del Ariari. Estos grupos lograron constituir allí sindicatos agrarios, abrieron caminos, instalaron puestos de salud, nombraron maestros y comunitariamente impulsaron el cultivo de productos agrícolas, sin abandonar la autodefensa armada. Toda esta actividad colonizadora dio lugar también al surgimiento de los municipios de El Castillo, Mesetas y Lejanías. Todo este proceso de ocupación del territorio se vio atravesado por fuertes conflictos con los vecinos de Cubarral, de marcada orientación conservadora y anticomunista (6)
En este periodo llegaron a la región del Ariari destacados dirigentes campesinos, unos liberales y otros de filiación comunista, como Eusebio Prada, Esteban Garay, Obdulio Moncaleano y Rafael Reyes Malagón.
Sexta colonización: como programa gubernamental
En 1957, reemplazado el dictador Rojas Pinilla por una Junta Militar presionada por los partidos tradicionales, éstos pactaron lo que se conoció como el Frente Nacional, que garantizaba la alternancia en el poder de liberales y conservadores, durante dieciséis años. Este período se inició con el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo, quien de entrada promovió el Plan Nacional de Reconciliación y Socorro (7), a través de la Caja Agraria, el cual, en el departamento del Meta se concentró en el municipio de Granada, más específicamente en los sitios conocidos como Canaguaro y Avichure, que ya se encontraban colonizados, dificultándose el proceso mismo, pues implicó arrinconar a los pequeños colonos que ya habitaban allí, y provocando posteriormente la concentración de la tierra en manos de unos pocos latifundistas.
El programa, si bien recibió al principio una cantidad significativa de recursos. finalmente fracasó, y en esto influyeron factores como los que enumera un asesor del Incora: "1º. La casi totalidad de los colonos no tenían tradición agrícola, sino que eran zapateros, herreros, carpinteros, sastres, un aviador castigado y gentes de las más diversas ocupaciones. 2º.El consumo de los créditos de subsistencia e inversión se gastó en bebidas y artículos suntuarios. El crédito nacional de $2.000 fue ampliado a $12.000 sin mayores resultados. 3º. La falta de caminos carreteares y el continuo abandono de parcelas..." (8) A esto contribuyó también que el proceso colonizador se emprendió con muy poco conocimiento de la región y de los hechos que allí acontecían.
Este proceso colonizador del gobierno liberal, tenía también un componente militar, cuya finalidad era la eliminación de los llamados grupos de "bandoleros" liberales que no se acogieron a los acuerdos de 1953 o que se desviaron de sus propósitos políticos y se convirtieron en delincuentes comunes, pero en especial, de los grupos de autodefensa armada, promovidos por el Partido Comunista, que actuaban en distintas zonas del país (Tolima, Sumapaz, Ariari), a pesar de encontrarse en condiciones pacíficas, dedicados a las labores agrarias de la colonización. El entonces Ministro de Gobierno justificó la constitución de grupos de civiles armados como instrumento de exterminio de las autodefensas comunistas, aludiendo a la estrategia paramilitar ya sancionada en un decreto por el gobierno "...el decreto señala concretamente la acción que deben cumplir las FF.AA a quien corresponderá esa tarea. Ellas serán las encargadas de establecer las condiciones de moralidad de las personas a quienes se les entreguen las armas para su defensa personal'. (9)
Séptima colonización: nuevo plan colonizador del gobierno
Ante el fracaso del plan anterior dirigido por la Caja Agraria, el gobierno de Guillermo León Valencia diseñó, en 1964, un nuevo plan que llamó "Proyecto Meta I", que comprendía los municipios de Acacias, Guamal, San Luis de Cubarral, Granada, San Martín y Fuente de Oro, ejecutado por el INCORA. Para ponerlo en práctica, se diseñaron tres zonas de colonización: a) Ariari Güejar, en dirección sur, hacia las estribaciones de la Serranía de la Macarena; b) El Retorno, hacia el Vaupés; y c) la región de Planas y el Vichada (10). No obstante las prevenciones ante esta nueva experiencia, el poblamiento se fue abriendo paso, aunque no faltaron los conflictos entre los campesinos y los grandes propietarios.
En la práctica, el programa fue dirigido por la Brigada VII y comprendió la región del río Ariari, el río Quejar, San Juan de Arama y el área de Casanare, y su desarrollo estuvo enmarcado en las directrices trazadas por los estrategas militares estadounidenses, situación ésta que ha constituido
uno de los principales cuestionamientos que se le han formulado a la intervención del INCORA en las zonas de conflicto social, que por lo mismo, eran zonas de potencial conflicto armado. En el caso del Meta, en el programa participó también la Universidad Nacional, tal como lo hace ver el Mayor Gonzalo Bermúdez Rossi, quien afirma que "... el ejército elaboró lo que se llamó Plan Andes, con el fin de ejercer control y labores de acción cívico militar universitarias en lo que llamó áreas rojas o zonas potenciales de conflictos sociales.." (11)
Pero el PROYECTO META I se fue desmontando hasta ser abandonado totalmente en 1974. En su evaluación, el INCORA afirmaba que ciertamente había incrementado la producción agrícola, pues esa zona poseía muy buenos suelos, pero al mismo tiempo dejaba constancia de que esa producción no iba a beneficiar a los campesinos que estaban asentados allí, ya que éstos estaban siendo desplazados por campesinos ricos. A medida que las tierras se iban valorizando por las vías de comunicación recién abiertas, los campesinos allí asentados, que no contaban con capital ni tecnología, cedían a la presión de los ricos para que se las vendieran. Además el INCORA no tenía una reglamentación de la ocupación de las tierras para impedir su negociación. Todo esto favorecía la concentración de la tierra y su venta a familias migrantes que venían del interior del país. Alfredo Molano, en uno de sus libros, concluye de estos análisis que la colonización campesina estaba destinada a servir de base para la expansión de la empresa agropecuaria, beneficiándose más los empresarios de los programas oficiales. El latifundio salió favorecido en las vegas del Ariari (Granada, San Martín, Fuente de Oro): "pues comenzaron comprando 50 hectáreas, luego 100, hasta llegar algunos, en la actualidad a poseer más de 1000 has, mediante la compra de tierras a sus vecinos, para según ellos "ensancharse". (12) Este fracaso dio lugar, en definitiva a la expulsión de los campesinos y a la ocupación de las tierras por parte de empresarios agrícolas o ganaderos.
Octava colonización: por las rutas del sur y del oriente
La nueva dinámica que adquirió el proceso de poblamiento en el Meta estuvo marcado por e! hecho anterior, provocando la apertura de dos nuevas rutas: una hacia la Macarena, tomando como epicentro los llanos de San Juan de Arama y otra, desde el Ariari, siguiendo la ruta de la Rubber, hacia el sur oriente del Meta, en dirección a Puerto Rico, Puerto Lleras y Concordia.
En el primer recorrido colonizador, se abrieron trochas que dieron lugar a la creación de poblados como Piñalito, Puerto Lucas y posteriormente a la creación de municipios tales como Vista Hermosa y La Macarena. La migración asi originada volvió a revivir la problemática de San Juan de Arama, pues muchos colonos se asentaron en la ribera derecha del río Quejar por lo cual los terratenientes empezaron nuevamente acciones de desalojo y a ejercer violencia sobre quienes habían llegado. Algunos de los migrantes, viéndose perseguidos, atravesaron el río e iniciaron la colonización de la reserva de la Macarena. Otros escogieron la vía hacia Mesetas, que era un puesto militar, y otros se internaron hacia La Uribe. Sin embargo la violencia de los terratenientes arreciaba, ya que estos alegaban títulos de propiedad sobre las tierras.
Las anteriores circunstancias obligaron a los colonos a organizarse y generar procesos de resistencia y de defensa. "Pero el resultado no fue un movimiento bien coordinado, pues se formaron grupos de cinco o seis colonos, completamente aislados, defendiendo cada uno de ellos su posesión. Esta actividad de organización tuvo por parte de los terratenientes una ofensiva mayor, llegando no solo a quemar y tumbar las casas, sino que empezaron a destruir cultivos... Los años 60 al 65 se caracterizaron por esta continua situación. Los que optaron por retirarse van a engrosar el caudal de colonos que se internaron dentro de la Reserva, Mesetas, el Quejar y San José del Guaviare. A mediados del 64 algunos incursionaron por los lados del Guayabero, cerca de donde se encontraban los campesinos que desde los años 55 habían puesto en práctica la estrategia de la .. .autodefensa campesina" (13) y se incorporaron a ella.
Este movimiento colonizador tuvo también el apoyo del Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores que se fortaleció sobre la base de la consigna de las organizaciones campesinas de "la tierra es para el que la trabaje". En razón de la misma, los colonos invadieron en esa dirección, "no menos de siete grandes hatos en la zona, incluyendo el hato de la Macarena, de Napoleón Gaitán y sucesores, el Hato Talanqueras, y el hato de la Texas, que en conjunto sumaban 80.000 hectáreas, cuyos títulos no eran suficientemente claros". (14)
La reacción del gobierno trente a estos hechos, en lo inmediato, apuntó a favorecer los intereses de los latifundistas provocando la militarización de la región; luego declaró la extinción de dominio de algunos predios y otros los adquirió de aquellos por compra, para luego distribuirlos a los campesinos que los trabajarían a través de empresas comunitarias; de otro lado, creó un nuevo programa de colonización dirigida, en las márgenes del río Güejar, desde el río Sansa hasta Piñalito.
En este momento, el mismo gobierno impulsa el poblamiento de la reserva ecológica de la Serranía de La Macarena, a pesar de que desde 1951estaba declarada por ley zona de reserva. Mediante el Acuerdo 26 de 1971 (15), el gobierno levantó la restricción legal para la ocupación de la reserva. La ruta migratoria que siguió más hacia el oriente fue formando grandes haciendas. La que siguió más hacia el sur, hacia el río Guayabero, migración que se hizo más al margen del apoyo oficial, fue más espontánea, pero más tarde esos colonos sufrirían la presión de los grandes ganaderos y serían expulsados, y la tierra se concentraría de nuevo en pocas manos. Según Alfredo Molano, "Este hecho determinó la bifurcación del movimiento: una punta se dirigió de Puerto Rico por el Güejar agua arriba, hasta encontrar la otra punta del proceso de colonización que ya bajaba desde Piñalito (Vista Hermosa). Otro sector continuó aguas a bajo por el Ariari hasta Concordia y se sumó a la tendencia que había iniciado, desde San José, la ocupación de las Vegas del Guaviare y que hacia 1970 pasaba ya el Raudal del Guayabero". (16)
Novena colonización: como efecto del cerco a las "repúblicas independientes"
El gobierno conservador de Guillermo León Valencia (1962-66) es el que inicia el actual ciclo de violencia, y lo hace con gran furor anticomunista. Algunos reductos de campesinos que aún resistían a los coletazos de la "Violencia Clásica", se agruparon en "autodefensas" para no dejarse quitar sus tierras. En esto desarrolló un papel impulsor el Partido Comunista. Pero en el mismo momento el gobierno de los Estados Unidos ensayaba un diseño de estrategia contrainsurgente y Colombia era uno de sus principales laboratorios. El "Plan LASO" (Latín American Security Operation) fue su diseño del momento para exterminar la ideología "comunista", plan que contemplaba una arremetida intensiva con todas las armas, incluyendo armas bacteriológicas, contra asentamientos de izquierda. Para implementar dicho Plan se le vendió al país la idea de que los reductos de resistencia campesina a la expulsión y el despojo eran "repúblicas independientes" que atentaban contra la soberanía nacional. Contra la zona de Marquetalia (entre los departamentos del Tolima y Huila) se lanzó un ataque con 16.000 hombres de todas las armas y con armas bacteriológicas que produjeron una epidemia de viruela negra que atacaba a los campesinos con intensas fiebres hasta paralizarlos. Este ataque, iniciado el 18 de mayo de 1964, fue el que motivó la Asamblea de las Autodefensas Campesinas del 20 de julio del mismo año, la que dio nacimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como movimiento guerrillero.
En el departamento del Meta dos grupos de resistencia campesina fueron calificados como "repúblicas independientes": los del Guayabero y del Pato (zona sur occidental del Meta). En realidad, los campesinos del Guayabero eran migrantes de la violencia que desde 1955 habían logrado establecer se junto a las vertientes de los ríos Duda y Guayabero y habían construido un sistema colectivo de labranza de la tierra. A pesar de sus clamores, nunca fueron tenidos en cuenta en los planes de asistencia del Estado, pero si lo fueron para ser seleccionados entre las "repúblicas independiente que el Plan LASO debía destruir por vía demostrativa. Una carta que en esa coyuntura los campesinos del Guayabero escribieron al sacerdote Camilo Torres, nos transmite el drama de aquel cerco militar:
"Llegamos a estas montañas en el año 56, rompiendo montes. Desde entonces nos dedicamos al trabajo, a levantar una pequeña economía personal que nos permitiera vivir. Así crecieron cerca de un centenal de fincas. Domeñando ríos, atravesándolos unas veces por cables, otras. como decimos por aquí a piso'. Nuestras familias crecieron en esta situación. Los niños que vinieron con nosotros, desde el Tolima que crecieron durante las dos guerras pasadas hoy ya son hombres pero nunca pudieron estudiar; por aquí nunca tuvimos escuela. Los que nacieron aquí, se hicieron al compás del trabajo, derribando árboles y abriendo trochas.
"Así vivimos un tiempo hasta que el gobierno se acordó de nosotros. Si padre Camilo, éste gobierno se acordó de nosotros, no es por ironía que lo decimos. Los promotores de la reforma agraria también se acordaron de nosotros, lo mismo que los altos mandos del Ejército. Fue en el año 1961 cuando comenzamos a sentir esa 'fraternal' ayuda, por que nos dimos cuenta que al salir a los mercados nos estaban vigilan do. Después con el 'cristiano' año nuevo ofrecido por el Presidente Valencia de acabar con las repúblicas independientes se nos cercó.
"Primero se acabó para nosotros toda posibilidad de salir a los pueblos vecinos a vender nuestras cosechas y a la vez comprar artículos de primera necesidad. Porque aquí ya no circula el dinero. El cerco paso de lo económico a lo militar... ante la situación acudimos a algunos amigos y familiares, pero se implemento el terror en el oriente del Hulla. A estas familias la tropa les prohibió la compra de más de dos kilos de sal, lo mismo de dulces, drogas, cigarrillos, en cantidad, que no la individual. ¿La razón? que estos productos los compraban para entregarlos a los "bandoleros" del Guayabero. Como consecuencia de este cerco hace mucho tiempo que nuestras familias están comiendo sin sal, ya no tienen ropas que ponerse, muchos toman el camino de la evacuación, dejando abandonados diez años de trabajos en estas sel vas. Muchos compañeros han sido asesinados en emboscadas del ejército ....Ahora sabemos por informaciones recibidas, que sobre nuestra zona se cierne una invasión del tipo de la realizada en Marquetalia y el Pato. Los resultados de estas acciones militares son conocidos por todo el pueblo; en una palabra son asesinatos en masa.
"¿Qué hacemos nosotros padre Camilo? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? ¿Pensar en las promesas del gobierno? Pensar como solución a nuestros problemas en la acción cívico militar? ¿Entregarnos a un puesto militar?. No, padre. Nosotros sabemos por experiencia cual será nuestra situación futura. En principio le dijimos que algunos somos ex guerrilleros; pasamos dos guerras que costaron más de dos cientos mil muertos, según datos del Padre Guzmán. Qué hacemos entonces?. Ante la violencia del gobierno, organizamos: ahora somos guerrilleros..." (17)
En la región del Pato, nombre con que se conoce a una zona en el sur del Meta, en límites con Caquetá y Huila, los ataques militares comenzaron con el cerco económico a la población y luego siguieron los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados iniciados en el mes de marzo de 1965.
En el Alto Ariari, el gobierno utilizó otra estrategia para socavar el movimiento agrario: realizó acciones cívico militares, emprendidas por el Ministro de Defensa de entonces, el General Alberto Ruiz Novoa, en Medellín del Ariari y el Castillo, tendiendo a debilitarlos. Esta modalidad de actuación se denominó "Plan Andes", y fue financiada por AID y el programa de asistencia militar norteamericano PAN.
Contrario al efecto que quería producir el gobierno, los campesinos que fueron atacados y que lograron resistir, se reunieron en la región del Duda, en el Meta, entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966, en una segunda conferencia, denominada del Bloque Sur. en la cual se decidió la unificación bajo una sola dirección del movimiento armado y la constitución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que seguiría dando la lucha por la tierra y por cambios democráticos en el país.
Décima colonización: más zonas de expansión
En el Meta. luego de la puesta en funcionamiento del puente sobre el río Ariari en 1966, se crearon las condiciones para otra ola colonizadora, debido a las facilidades de movilización hacia Villavicencio y la capital de la república. De otro lado, cuando Carlos Lleras Restrepo llegó a la presidencia en 1966, encontrándose en vigor la Ley 135 de 1961 de Reforma Agraria, y creado el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), las comunidades campesinas vieron en él la posibilidad de materializar una efectiva distribución y titulación de ia tierra, la cual había sido imposible a través de otros programas del Estado. Pero finalmente lo que se consiguió en este período fue el ingreso de mucha gente, principalmente al municipio de Granada, propiciando la ampliación del poblado con la creación de barrios sin ninguna planificación y poco desarrollo urbanístico.
De otro lado, se iniciaba el proceso de ocupación de la región de Planas, en Puerto Gaitán, que tuvo otra característica poblacional muy distinta a la liderada por los sindicatos agrarios, pues éstos no llegaron a esa zona. Este proceso se convirtió a finales de la década del sesenta en la continuación del exterminio de las comunidades indígenas de la región de la Orinoquia y Amazonia, iniciados por los conquistadores españoles. En una reciente publicación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, se alude a este drama así: "En las páginas de la historia regional se encuentran dramáticos testimonios que dan cuenta de las masacres cometidas por los colonos contra los Cuivas y los Guahibos. En esta época los verbos guahibiar y cuiviar eran sinónimos de muerte y designan una actividad genocida aceptada por la sociedad civilizada, que ignora la compleja estructura social de los grupos de cazadores recolectores y horticultores que habitaban en las sabanas de la Orinoquia". (18) Colonos y fuerza pública se unieron en una empresa genocida, como se verá más adelante, para perpetrar crímenes que avergozarán para siempre a la especie humana.
También hacia el departamento del Guaviare, en 1968, a través de un programa radial, fue promovida una colonización que se encontraba concebida en el Proyecto Meta I por el INCORA, pero que no se había potenciado lo suficiente. A partir de dicha promoción se empezó a ver llegar gente a San José que emprendía camino por trocha al poblado que se iba a construir; una vez allí, el Comisario asignaba hasta cincuenta hectáreas por grupo familiar, con el compromiso de promover la agricultura. Sin embargo, el poblado no fue dotado de ningún otro tipo de servicio ni de infraestructura para desarrollar esas actividades económicas. Luego de este asentamiento se promovieron otras colonizaciones: a La Libertad, Acacias y Monserrate (19). Este proceso colonizador se sumaba al que ya venía ocurriendo desde la Macarena, el Guayabero, el Raudal y San José del Guaviare. que venía desde el Meta impulsado por los Sindicatos Agrarios, luego de las diversas agresiones que tenían que enfrentar los campesinos colonos.
Las diversas oleadas migratorias fueron conformando también un cierto mapa sociopolítico de la zona: "En el piedemonte, de La Uribe a Medellín del Ariari, se desarrolló una colonización con base en la autodefensa armada, con un alto grado de cohesión ideológica y de organización social. En el Aríari Medio, el carácter de la colonización dirigida terminó en el fracaso. Al oriente de Granada, en territorio de Aljure, las formas tradicionales de explotación ganadera se conservaron y la colonización agrícola apenas se insinuaba en los márgenes del río, ligadas a la economía del tigrilleo y la pesca. En este cuadro general, la colonización de Cubarral constituye una importante excepción". (20) Habría que adicionar a esta clasificación enunciada por Alfredo Molano, lo referente a la Colonización dirigida hacia Planas (Puerto Gaitán Meta) y el Vichada.
Undécima colonización: el respiro económico de la marihuana y de la coca
Otro componente que contribuyó a un acelerado proceso de poblamiento en los comienzos de la década del setenta en el Meta (21), estuvo precedido de la producción de semilla de marihuana, en un principio, y luego de la hoja de coca. Se dice que la marihuana primero llegó a Vista Hermosa (Meta) con el fin de ampliar la zona de cultivos que se concentraba para esa época en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero que afrontaba ya también una intensa persecución que impulsó a buscar una zona alternativa, y ésta fue la región suroriental del Meta y el Guaviare. Esta actividad elevó el nivel de las rentas de los colonos, quienes a través de la implantación de cultivos lícitos no habían logrado satisfacer ni el mínimo de sus necesidades vitales. Según el sociólogo Alfredo Molano: "los beneficios eran extraordinarios (...) Este efecto solo puede ser explicado por las condiciones económicas en que vivían los colonos y por el abandono casi absoluto por parte del Estado. La marihuana les permitía coronar en una sola cosecha lo que no habían podido hacer durante toda su vida con el maíz, el arroz, el plátano, los cerdos. El efecto de demostración económica convenció a todos los colonos sin distinciones de credo religioso o político, tradición cultural, origen regional o nivel económico alcanzado" (22)
Pero casi simultáneamente con el declive de la producción de la marihuana (23) se inició la siembra de la hoja de coca, que llegó, según algunos a Miraflores, y según otros a La Libertad, en Guaviare, y de allí se expandió a toda la región de los ríos Unilla e Itilla (Guaviare) y luego a toda la zona de la Serranía de la Macarena, el oriente del Meta (Puerto Gaitán), Vichada, y Caquetá, aunque et epicentro de la bonanza fue San José del Guaviare. Con la coca llegaron también los grupos armados que controlaron la producción y la comercialización de la hoja y después de la pasta básica. Paralelo a ese control se propagó una violencia generalizada que tenía su génesis en las nuevas relaciones sociales y económicas que se gestaron por la ampliación de la circulación del dinero en colonos que antes no tenían nada y que de un momento a otro creyeron que todos los sufrimientos y frustraciones se resolvían de un solo golpe.
Varios textos de investigación clásica y relatos de la región coinciden en afirmar que los promotores del cultivo de hoja de coca fueron los esmeralderos procedentes de las minas de Coscuéz y Somondoco en Boyacá, Se dice que fue Jesús María Ariza (alias "Pateganzo") quien adecuó en este "negocio" toda la infraestructura de control y supervisión propia de la explotación y comercialización de las esmeraldas, creando un clima de terror, que se fue multiplicando en la medida en que se incrementaron las armas en poder de los cultivadores y compradores, los ladrones y los burdeles.
Ahora bien, la presencia e influencia de la insurgencia en toda la región no significó impedimento alguno para el desarrollo de la economía coquera. Por el contrario, 'la expansión de los cultivos de coca entre 1960 y 1986 fue posible gracias a la temprana resolución del conflicto entre traficantes y guerrillas y al acuerdo de distribución de competencias y funciones entre unos y otros. Los traficantes estimularon el cultivo y transfirieron la tecnología del procesamiento y refinación de la coca. Las guerrillas garantizaron el orden interno y establecieron el "gramaje", impuesto que cobran a cultivadores y negociantes" (24)
Durante algunos años continuó el proceso de producción de coca en relativa paz entre los narcotraficantes y la guerrilla, cimentándose esta alianza en la necesidad práctica de los primeros de garantizar la producción del alcaloide para surtir los crecientes mercados internacionales, y de los segundos de recaudar el gravamen con el cual financiaban parte del crecimiento de su poderío militar, mientras que los colonos lograban algunos niveles de excedentes que les permitían reinvertir en sus parcelas "medíante la siembra de pastos, cacao, el mejoramiento de la vivienda y la compra de ganado" (25) Después de todo, "acudieron al cultivo de la coca como forma de resistirá los intentos de concentración de la tierra de antiguos y nuevos latifundistas. En esta etapa las guerrillas asentadas en la zona acudieron en defensa de los pequeños propietarios y, según los colonos, insistían en que "la bonanza fuera aprovechada en el desarrollo de otros cultivos y en capitalizar las fincas". (26)
Pero, de lejos, los principales beneficiarios económicos fueron los comerciantes y sobre todo quienes negociaban con la coca y con los insumos para su procesamiento. Los primeros porque capitalizaron sobre todo en los primeros tiempos de la bonanza las ganancias que los colonos gastaron a manos llenas, pues, como afirma Molano: "el hambre y la miseria acumulada se salieron de madre y se enloquecieron en un consumo desenfrenado" (27), y los segundos porque además de usufructuar las ganancias generadas por los crecientes mercados, "de una u otra manera estaban vinculados a los circuitos comerciales tradicionales y legales y a los circuios empresariales y políticos." (28)
Sin embargo, a medida que acumulaban ganancias provenientes del narcotráfico, y por la necesidad de legalizarlas entre otras razones, los narcotraficantes protagonizaron procesos de concentración de tierras a gran escala, particularmente en las zonas caracterizadas por el latifundio: Villavicencio, San Martín, Granada y Puerto López.
El efecto más inmediato en relación con el territorio fue el aumento del número de pobladores compuesto "en su mayoría por campesinos pobres de ¡as zonas andinas, por colonos arruinados de la misma región, por jornaleros de las áreas de agricultura comercial y, por primera vez, por desempleados y rebuscadores urbanos de las más heterogéneas condiciones sociales y económicas (29)" Esta creciente migración fue dando lugar . nuevamente a la fundación de poblados en las márgenes de los ríos tales como El Raudal, La Carpa, Nueva Colombia, Cachicamo y Puerto Nuevo. En el Guaviare, en 1983, solo se cultivaba coca. Los colonos abandonaron la siembra de productos agrícolas, provocándose una sobreproducción o saturación en el mercado de hoja y pasta de coca. La crisis económica se dejó sentir en los campesinos y comerciantes de la región. Esta circunstancia motivó un nuevo desplazamiento de muchos colonos que habían llegado movidos por el auge de la economía ilegal. Otros, los de mayor trayectoria en la zona y que habían experimentado los avalares de tos cultivos lícitos, reanudarían luego su actividad.
Por una parte, y a pesar del sobrecosió que implicaba el impuesto del "gramaje" cobrado de manera rigurosa por las FARC, las actividades de cultivo y procesamiento solo podían continuar siendo desarrolladas en zonas semiselváticas (Ariari Guayabero) de control guerrillero donde, por las condiciones geofísicas se podía evitar al máximo la actividad institucional de erradicación de cultivos y de desmantelamiento de labora torios. Por otra parte, los narcotraticantes/terratenientes, en otras regiones (como San Martín, Granada, Villavicencio, entre otras) tuvieron necesariamente que aliarse con las aristocracias rurales/políticas con el fin de legitimarse socialmente, y por esta vía se articularon al paramilitarismo, en alianza con las fuerzas armadas, siendo fuerza fundamental en el genocidio de la Unión Patriótica desde mediados de los ochentas.
LA INSURGENCIA ARMADA EN LA ZONA
Cuando en 1965 se coordinaron los diferentes reductos de autodefensas campesinas frente a la agresión brutal que significó el "Plan LASO" y se fue configurando el movimiento guerrillero de las FARC, una de las primeras regiones donde se comenzó a asentar dicho movimiento insurgente
fue justamente esta Zona Séptima. Es difícil separar la historia de los focos de resistencia campesina que persistieron al terminar el ciclo de la "Violencia clásica' (194565), del influjo ideológico del Partido Comunista que había impartido la consigna de la autodefensa de masas, y de los primeros embriones de frentes de guerra de las FARC. Ya se vio que la "Columna de Marcha' emprendida a mediados de los cincuentas desde el Tolima, el Huila y Cundinamarca hacia los Llanos, huyendo de la violencia oficial, está en el origen de varias poblaciones del Meta, que conservaron sus simpatías políticas por el Partido Comunista y su tradición de resistencia armada autodefensiva. Los ataques brutales contra asentamientos campesinos como los del Guayabero y el Pato, que subsistían en regiones inhóspitas y violentas gracias a sus formas de producción, organización y defensa colectiva, solo redundaron en una radicalización bélica de esos asentamientos, acercándolos a la lucha armada de la naciente organiza ción guerrillera.En la historia de las FARC contada por Jacobo Arenas en su libro "Cese el Fuego" (1985) queda claro que ya en la Segunda Conferencia del movimiento participaron contingentes del Guayabero y del Pato, y que en esa misma conferencia se le encomendó esta zona a Manuel Marulanda y a Jacobo Arenas. Pero quizás la mayor importancia de esta zona para dicho movimiento guerrillero se descubre en las decisiones de la Séptima Conferencia (1982), en la cual identificaron la cordillera oriental como eje del despliegue estratégico de dicha fuerza. En esa misma Conferencia adoptaron un plan a Baños que implica la ubicación de 12 frentes en esa cordillera. Es bien sabido que el Secretariado General de las FARC se ubica en la zona occidental de la Serranía de la Macarena, en el municipio de La Uribe, lugar donde en los años 80 se llevaron a cabo las primeras negociaciones de paz de ese movimiento con el gobierno, pero también donde se produjo el bombardeo más significativo, en el mismo día en que se inauguraba la Asamblea Nacional Constituyente, en diciembre de 1991.
Cuando en los años ochentas la zona conoció el auge de los cultivos ilícitos de coca, las FARC asumieron un papel de control frente a los colonos. Establecieron reglas que imponían la siembra de tres hectáreas de alimentos por cada hectárea de hoja de coca, y que presionaban hacia una inversión social de las ganancias, como en viviendas, ganado etc. Progresivamente cobraron tributo por el cultivo de la coca hasta hacer de éste parte importante de sus finanzas El sociólogo Alfredo Molano, conocedor a fondo de la zona, resume así estas relaciones " las guerrillas se han fortalecido a raíz del cultivo de la hoja. No porque ellos cuiden los laboratorios sino fundamentalmente porque el campesino contribuye económica y socialmente a ese fortalecimiento. Hay que tener en cuenta que el movimiento armado tuvo mucho que ver en la colonización del piedemonte y con la colonización del Alto Ariari, Alto Guayabero y Lozada, y que el movimiento agrario tuvo un papel preponderante en la colonización de Vista Hermosa y el Güejar, antes de que en la zona se cosechara una hoja de marihuana o de coca. Más aún, los colonos sostenían económicamente esos movimientos a pesar de la fragilidad de su economía y estaban acostumbrados a contribuir económicamente con ellos desde los años cincuenta. El enriquecimiento de los colonos permitió que estos aportes fueran mayores y que se ampliaran sobre la población recién llegada gracias a la autoridad indiscutible y solidaria de esos grupos políticos. Su orientación campesinista contribuye, de otro lado, a explicar el arraigo y la función que cumplen. La coca ha apuntalado a la guerrilla básicamente porque detrás y debajo de ella hay miseria, violencia y persecución. Pero la coca también ha fortalecido al ejército bajo la versión paramilitar que. como se sabe, es íntegramente financiada con dineros ilícitos (30)".
PRIMER INTENTO DE NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LAS FARC Y EL GOBIERNO NACIONAL
Dada la relación histórica del movimiento insurgente de las FARC con esta Zona Séptima, las negociaciones de paz que el gobierno de Belisario Betancur (19821986) y otros gobiernos posteriores entablaron con él, iban a tener incidencia profunda en este territorio. Particularmente la propuesta política que surgió de las primeras negociaciones de paz (1983 86), intentó producir un revolcón político en la región, pero al mismo tiempo el Estado y el Establecimiento reaccionaron violentamente produciendo uno de los baños de sangre más impresionantes de nuestra historia, a partir de 1985.
En efecto, el 30 de enero de 1983, luego de creada la Comisión de Paz por el gobierno de Belisario Betancur, se realizó la primera reunión con el Estado Mayor de las FARC, después de la cual se viabilizaron las conversaciones en procura de crear las condiciones para la desmovilización e incorporación del grupo guerrillero a la vida civil, pero ante todo para que "se establezca el marco de una nueva convivencia y de la paz política nacional, atendiendo a los nuevos desarrollos democráticos que todos los sectores políticos vienen reclamando y predicando desde hace ya varios años" (31)
El acuerdo sobre un cese al fuego fue uno de los primeros logrados, con ta finalidad de que, transcurrido un tiempo prudencial, se abrieran las puertas para una tregua que se pactaría por un año sobre la base del despeje, por parte del Ejército, de la región de La Uribe. Sin embargo, el área de La Uribe y los municipios circunvecinos, en vez de ser desmilitarizados, fueron objeto de intensos operativos militares.
Luego de muchos acercamientos entre el Estado Mayor de las FARC y la comisión de Paz del Gobierno de Betancur, finalmente el 28 de marzo de 1984. en el municipio de Mesetas, en el Meta, se suscribió lo que se ha dado en llamar los Acuerdos de La Uribe, en los cuales se pactó un cese al fuego unilateral por parle de la fuerza guerrillera a partir de las cero horas del 28 de mayo, por dos meses que se podrían prolongar indefinida mente si el gobierno también se acogía al mismo.
En el pacto se convino también la creación de una Comisión de Verifica ción de los acuerdos, que tendría subcomisiones en varios municipios del país. Se previo que, una vez concluidos los enfrentamientos armados, se abriría un período de prueba de un año, para que la fuerza guerrillera pudiera "organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión. El Gobierno les otorgará, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes".
Se contempló así mismo un mecanismo para el restablecimiento, por parte del Estado, de las zonas afectadas por la violencia, a través del Plan Nacional de Rehabilitación, que dispondría de los medios jurídicos necesarios para reparar los derechos de los colombianos injustamente conculcados como consecuencia de la alteración del orden público y la inseguridad social. Se constató la voluntad de la Comisión de Paz del gobierno para impulsar las reformas propuestas en las negociaciones, tales como: la modernización de las instituciones políticas, garantías para el ejercicio de la oposición democrática, elección popular de alcaldes, reforma electoral, acceso de todas las fuerzas políticas a los medios de comunicación, control político de la actividad estatal, reforma a la administración de justicia, una reforma agraria, con el reconocimiento de que los problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, así como otras reformas sociales que favorecerían a los sectores sociales más vulnerables.
Pero ya desde el 1º de mayo de 1984 se conoció una circular del comandante general de las Fuerzas Militares, dirigida a todos los mandos en el país. en la cual quedaba clara su posición adversa a las negociaciones de paz y su decisión de desconocerlas. Las FARC, sin embargo, ordenaron el cese de fuego el 28 de mayo a todas sus unidades. Betancur también le ordenó cese de fuego a las fuerzas armadas, pero 2 días después, el Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, daba la orden de intensificar los ataques contra las FARC, como de hecho ocurrió.
A pesar de que el cese al fuego no funcionaba, las FARC expusieron su plataforma política, la que pretendía estructurar un movimiento político legal, en una carta abierta al Congreso de la República fechada el 20 de julio de 1984. Esa plataforma se convertiría en la carta programática de una nueva fuerza política, como sería la UNIÓN PATRIÓTICA. Sus postulados eran:
1º. Las FARC encabezarán en unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda, la lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad del país, a la controversia civilizada por una apertura democrática que garantice el libre ejercicio de la oposición y el acceso a todos los medios de comunicación social, a su libre organización, a su lucha y movilización, hacia crear un clima de participación en las gestiones del Estado.
2º. Dentro del marco de la apertura democrática, las FARC, en unión con otros partidos y corrientes de izquierda lucharán utilizando todos los medios a su alcance por una reforma de tas costumbres políticas en dirección a desmontar el monopolio de la opinión pública ejercido por los viejos partidos tradicionales en beneficio de la oligarquía dominante, abriendo cauce a la participación de las grandes mayorías nacionales en los asuntos de gobierno.
3º. La lucha por la reforma electoral ocupará lugar destacado en la política de las FARC. Llevaremos al Parlamento un proyecto de Ley que reviva la vieja disposición en Colombia, del medio cuociente y del medio residuo para los partidos y movimientos políticos que obtengan en las elecciones menos de un millón de votos. Para los partidos que obtengan en las elecciones más de un millón de votos quedará vigente la norma del cuociente y del residuo tradicionales.
4º. La reforma electoral incluirá el acceso por ley de las minorías a la Vicepresidencia de las corporaciones públicas, de las comisiones respectivas y la participación directa en las juntas de administración de las empresas del Estado.
5º. Se luchará porque el municipio sea elevado a la categoría de célula viva de la Nación, con un presupuesto del 30% proveniente de los impuestos y las rentas nacionales; los concejos municipales y las asambleas departamentales jugarán un rol determinante conforme a las necesidades de desarrollo económico, social político del país.
6º. Se luchará por la aprobación de una ley de reforma agraria democrática que le entregue gratuitamente la tierra a los campesinos que no la posean, sobre la base de la confiscación a los grandes latifundios improductivos cualquiera que sea el tipo de propiedad o concesión. Los campesinos sin tierra o con poca tierra crearán comités veredales para la reforma agraria democrática que de acuerdo con la Ley serán los encargados de definir las unidades económicas en el campo conforme a la fertilidad de los terrenos, vías de comunicación, la cercanía o lejanía de los centros de producción a los centros de mercado, de las posibilidades de instalación de los modernos sistemas de riego, y la variación de los cultivos.
7º. El Gobierno prestará ayuda técnica y mecanización a los campesinos para la adecuada explotación de las unidades económicas, y las instituciones bancarias oficiales y semioficiales estarán obligadas a su ministrar los préstamos a bajo interés y largos plazos para el pago. La Ley contemplará el diseño del plan nacional de incremento de la producción agrícola con precios de sustentación para aquellos productos que como el trigo, y muchos otros, tienen que enfrentar la competencia de países altamente industrializados como los EE.UU., Canadá y otros.
8º. Se luchará por la aprobación de una ley de reforma urbana que deberá contemplar el diseño general de un plan nacional de construcción de vivienda para los destechados a precios de producción, con cuotas que no pasen del 15% de los sueldos o salarios de los usuarios.
9º. Se crearán amplios comités compuestos por amas de casa, representantes de las centrales sindicales y de las juntas de acción comunal para que ejerzan e! control de los precios de las mercancías de amplio consumo de la población y la fiscalización de las loterías departamentales.
10º. Las FARC encabezarán la lucha nacional contra el impuesto del Valor agregado (IVA), hasta que sea derogado por constituir el peor elemento antisocial surgido en los últimos tiempos.
11º. Se luchará por la reducción del impuesto patrimonial, predial y sobre la renta en un 50%, en beneficio de los propietarios cuyos patrimonios no pasen de 2.000.000 de pesos.
12º. Se luchará por reformas sustanciales en la educación para que los estudiantes tengan participación directa en el gobierno y dirección de las universidades y colegios, para que la educación secundaria y universitaria, de institutos y colegios oficiales para la gente de menores recursos sea enteramente gratuita en dirección a la estatización total de la educación, por mayor presupuesto para el sector educativo, reduciendo el hoy desproporcionado presupuesto de guerra.
13º. Se luchará por reformas substanciales en la administración de justicia y definiendo los campos de la justicia ordinaria y la justicia castrense, para que la última no pueda inmiscuirse en el enjuiciamiento a civiles, sino concretamente a militares en servicio activo.
14º. Se luchará por la reforma a la constitución de 1886 en consideración a que en 100 años de vida de la nación ha cambiado fundamentalmente, Colombia ya no es el país de 1886. Tenemos que atemperarnos a la nueva vida de la sociedad. Colombia necesita una constitución moderna y democrática.
15º. La movilización y la lucha de masas se dirigirán a que las empresas y compañías extranjeras sean nacionalizadas, y de la misma manera la banca y el sistema financiero, la llamada federación nacional de cafeteros y el transporte. Las tarifas de los servicios públicos mediante la lucha de masas, se rebajarán en un 40% en beneficio de los usuarios de menores ingresos. Los sueldos y salarios de los empleados y obreros se elevarán en relación directa con el costo de la vida.
16º. Las FARC - EP en unión con otros movimientos democráticos y partidos progresistas del país encabezarán la lucha por la aplicación a la solución de los problemas del campesinado, del programa agrario de las FARC aprobado en asamblea general de guerrilleros de Marquetalia, el 20 de julio de 1964.
17º. Se luchará porque la política internacional del país, se libere de la injerencia del imperialismo yanqui, por restaurar la soberanía patria lesionada por intereses extranjeros y por la teoría gringa de la seguridad.
18º. Se luchará por el pleno ejercicio de las libertades políticas y sindícales, contra las secuelas de la violencia y el terror, y su encarnación delictiva: el Mas, los tiznados, los grillos, el embrión, los menudos, el comité prolimpieza del Magdalena Medio. Alfa 83 y otros escuadrones de la muerte de inspiración mafiosa, dirección y financiación militar, por el retorno de las tropas oficiales a los cuarteles, por ministro de defensa civil, por la reducción del presupuesto militar, por la desmilitarización de la vida colombiana, por la democratización de las fuerzas armadas oficiales, por una indemnización justa a las victimas de la violencia, por llamamiento a juicio a los torturadores y asesinos, por que de los desaparecidos alguien dé cuenta, por desterrar del país la teoría de la seguridad, vil instrumento del sometimiento, violencia, terror y muerte del imperialismo yanqui en nuestra patria".
Dos años y medio después de la firma de los Acuerdos, en un debate en el Congreso de la República, Braulio Herrera, uno de los miembros de las FARC que se había dedicado al trabajo político con la Unión Patriótica, evaluó el proceso seguido desde el momento de la firma de los Acuerdos, hasta la creación del movimiento político: "Los Acuerdos de La Uríbe, y los demás acuerdos, estuvieron Henos de muchos problemas que todo el país conoce. El cese al fuego que debía ser bilateral se incumplió: tendencias militaristas en el seno de las fuerzas armadas se opusieron a este cese al fuego: el General Vega Uribe a los dos días dio la contraorden para que los frentes de las Farc siguieran siendo hostilizados, lo que creó una situación tan peligrosa y tan grave que un destacado parlamentario conservador señalo que las Fuerzas Armadas actuaban como ruedas sueltas en el proceso de paz.
"Se produjo un proceso de asedio, de asaltos a los campamentos; al día siguiente de la firma de los acuerdos fue asaltado el campamento de las Farc ubicado en las proximidades de Cartagena del Chaira. La Comisión de Verificación que fue constituida en tres oportunidades no pudo hacerlo, no pudo instalarse, porque se montaron grandes operativos militares para impedir la presencia del secretariado de las Farc.
"De todas maneras, en medio de estas dificultades, el cese al fuego duró 6 meses, del 38 de mayo al lº de diciembre. Entramos luego en el llamado período de la esperanza de la tregua, el periodo de la tregua de espera, que tenia dos compromisos: por un lado, el gobierno acometer las reformas y sembrar un nuevo ambiente político en Colombia que posibilitara la integración de los alzados en armas al proceso de actividad política, económica o social, y, por otro lado, el compromiso de las Farc, de iniciar ese proceso de integración, en un ambiente no justamente propicio, y en res puesta a ese compromiso las Farc propuso la creación de la Unión Patriótica, del movimiento producto de este proceso, quizás el resultado más tangible del proceso de paz en Colombia" (32)
La década del genocidio
La historia de las colonizaciones había marcado también políticamente el territorio de la Zona Séptima. Se formaron poblaciones conservadoras en Villavicencio, Guamal, Acacias y Restrepo, así como otras liberales en Granada, San Martín, San Juan de Arama, Fuente de Oro y El Castillo. En estas últimas el liberalismo sufrió profundas fracturas y sus vertientes más de izquierda se acercaron al Partido Comunista. En los municipios que nacieron en los setenta, como Vista Hermosa, Mesetas, Lejanías, La Macarena, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Gaitán, el electorado fluctuó entre el liberalismo y el comunismo. Todo esto explica que la propuesta política que se originó en los Acuerdos de Paz con las FARC hubiera encontrado una acogida significativa en la zona. Otro factor que hacía mirar con simpatía una fuerza política nueva, conformada por sectores sociales duramente golpeados por el Estado y por el Establecimiento, era la enorme corrupción que se percibía en las capas gobernantes de la región, predominantemente liberales.
El 28 de enero de 1985, como fruto de los mismos Acuerdos de Paz, se dio vida jurídica y política a la Unión Patriótica. Su primer congreso finalizó el 16 de noviembre de 1985, con participación de 3,245 delegados (33); para esa fecha ya habían sido asesinados 70 de sus militantes en diferentes partes del país, de los cuales, por lo menos 4 en el departamento del Meta: Giovanni Parra Pinzón en Villavicencio (en el mes de febrero), Joaquín Ernesto Toro (el 29 de julio en Granada), Misael Rodríguez (el 22 de agosto en Vista Hermosa) y Fabio López (el 30 de septiembre en Puerto Gaitán). Los cuatro eran campesinos de base. A la fecha del citado debate en el Parlamento (septiembre 24 de 1986), la cifra de victimas de la Unión Patriótica era calculada en 300 en todo el país, entre ellos Pedro Nel Jiménez Obando, senador de la república por el departamento del Meta y Leonardo Posada, representante a la Cámara por Santander.
A pesar de la evidente persecución a los militantes y simpatizantes de la recién creada fuerza política, rápidamente se convirtió en una alternativa de poder, en los municipios de tradición liberal, pero sobre todo en las zonas de influencia del Partido Comunista o donde había procesos fuertes de organización social. Las elecciones del 86 así lo demostraron.
Los años que siguieron estuvieron marcados por el asesinato de numerosos dirigentes de las movilizaciones populares y de militantes de la Unión Patriótica. Los capítulos siguientes, particularmente el referido a la década 19851996, irán dando cuenta de la ejecución del genocidio contra la Unión Patriótica, en lo que corresponde al territorio de la Zona Séptima, población por población.
Presencia del estado, como actor armado, en la zona
El Ejército nacional comienza a hacerse sentir en la zona, de acuerdo a los registros consultados, en 1950, en pleno auge de La Violencia Clásica, cuando es creado el Batallón de Infantería Nº 21 "Batalla del Pantano de Vargas" (más conocido como "Batallón 21 Vargas"), que en los anales militares de la época aparece asignado a la Brigada de Institutos Militares con sede en Bogotá. Este Batallón lleva el peso de la represión contra las Guerrillas Liberales del Llano y tiene una amplia movilidad, no solo por el territorio de la Zona Séptima, sino por toda la región de los Llanos Orientales.
Una de las obras históricas clásicas sobre la Guerrilla del Llano, la de Eduardo Franco Izasa, deja entrever en sus páginas una cierta simpatía de las poblaciones rebeldes por el Ejército, dada la participación del Capitán Silva en la toma de la base de Apiay, y especialmente por el repudio enorme que provocaba la Policía nacional, principal instrumento de exterminio de los conservadores contra los liberales. Con todo, en la medida en que el conflicto se profundizaba. Ejército y Policía se percibían más coordinados y brutales.
El 17 de agosto de 1951, el Capitán del Ejército Rafael Camargo Brand se vio obligado a denunciar el comportamiento criminal de sus colegas del Batallón 21 Vargas, en carta dirigida al comandante del Centro de Instrucción Militar de Yopal, testimonio que saca a la luz los métodos criminales con que se ejecutaba la acción contrainsurgente del Estado en el momento. Según el Capitán Camargo, el Teniente Pinzón, quien comandaba una unidad de 50 soldados en el puesto militar de Tauramena, reunía allí pre sos políticos y los "mandaba a dormir". Esta práctica la consumaba el Teniente Jaime Carvajal, piloto militar, quien los arrojaba desde un avión "para economizar municióri'. El denunciante presenció el momento en que el Teniente Carvajal llegaba al puesto con 18 civiles presos; unas horas después, ya 4 eran cadáveres y los otros 14 estaban contra una pared, recibiendo insultos y golpes y encañonados por soldados. El denunciante concluía: "Me doy cuenta de que los calificativos de que somos objeto los miembros del ejército, por parte de la mayoría del pueblo, son más que justificados por las actuaciones de tales comisiones o puestos" (34)
Otro rasgo de la acción contrainsurgente del Ejército en la región queda confesado en el escrito del Coronel Gustavo Sierra Ochoa (1954), ya an tes citado, sobre la estrategia para combatir a las guerrillas liberales de Los Llanos. Según el método que él presenta como agenciado por el Batallón 21 Vargas, se trataba de reclutar, entrenar y armar a civiles, beneficiarios de tierras de colonización, para que los mismos civiles les hicieran el trabajo de "limpieza" de las zonas, y se pudieran establecer campamentos / colonias de 50 familias, no solo militarizados, pues había en cada uno una guarnición militar, sino paramilitarizados, pues todos los civiles manejaban armas bajo el mando militar. Esta estrategia se adelantaba a la adopción de la estrategia oficial paramilitar del Estado, que seria asumida a raíz de la misión norteamericana de febrero de 1962, como se vio en la introducción general, y que se legalizaría en la Ley 48 de 1968.
Al iniciarse los gobiernos del Frente Nacional se reestructuran también las fuerzas armadas y se aumenta el número de brigadas militares. En 1962 se instala en Villavicencio la VII Brigada, con jurisdicción sobre todos los Llanos orientales, y el Batallón 21 Vargas se asienta en el municipio de Granada (Meta). Posteriormente se van creando otras unidades militares, orgánicas de la Brigada VII, que van asumiendo Jurisdicción sobre territorios más restringidos: al Batallón de Infantería Aerotransportada Nº 19 "General Joaquín París" se le asigna el territorio del Guaviare, y en la Base de Apiay, cerca de Villavicencio, se asientan varias unidades que tienen mayor movilidad: el Batallón de Infantería No, 20 "General Roergas Serviez", el Batallón de Ingenieros Aerotransportado No. 7 "General Carlos Albán"; el Batallón de Contraguerrillas No. 7 "Héroes de Arauca", y el Batallón A.S.P.C. No. 7 "Antonia Santos". En los años ochentas Villavicencio se convierte también en la sede de la IV División del Ejército, que abarca toda la región centrooriental del país, o sea los departamentos de Huila, Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Vichada y Guainía, con unos pocos municipios de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cauca.
Al iniciarse el actual ciclo de violencia, la VII Brigada comanda ya las operaciones militares de la Zona y su unidad más activa sigue siendo el Batallón 21 Vargas. A comienzos de los años 70 el Ejército se vio involucrado en la operación genocida contra los indios Guahibos de la zona de Planas, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, en alianza con los colonos ricos de la zona. El capítulo primero ilustrará esos crímenes. No solo fue denigrante el comportamiento del Ejército, sino el de todos los demás órganos del Estado para ocultar o encubrir los crímenes, para justificarlos y para dejarlos en la absoluta impunidad, y no menos vergonzoso fue el papel cumplido por los medios de comunicación.
La década que transcurre desde comienzos de los setentas hasta mediar los ochentas se puede denominar con justeza la Década de la Tortura, debido a la masificación de este crimen por parte de las fuerzas militares, que contaron con la complicidad activa o pasiva de todos los demás órganos del Estado. Los Llanos orientales no son la excepción, como se verá en el capitulo correspondiente, y muchas organizaciones populares tuvieron que ver a sus líderes pasar por la cruel experiencia de la tortura, que no fue amortiguada por ningún escrúpulo ético y se desplegó con derroche de morbosidad y sevicia.
A pesar de que el Paramilitarismo fue adoptado como estrategia oficial contrainsurgente desde comienzos de los sesentas, a instancias del gobierno estadounidense, y fue dotado de instrumentos "legales" desde 1965 (en el Decreto 3398/65, más tarde Ley 48 de 1968 y en los sucesivos Manuales de Contrainsurgencia del Ejército), sin embargo, su desarrollo más visible se produce a comienzos de los ochentas. La primera sigla que ampara, a nivel nacional, a este tipo cuerpos, es la del MAS ("Muerte a Secuestradores") que aparece en 1981. Pronto el MAS era una "realidad nacional" y la Zona Séptima no fue, ni mucho menos, la excepción.
Cuando en febrero de 1983, respondiendo a un clamor nacional e internacional, el Procurador General de la Nación reveló las primeras conclusiones de su investigación sobre el MAS, identificó a 163 personas vinculadas a esa estructura, entre ellas 59 miembros activos de las fuerzas armadas. En las listas entregadas a la prensa figuraba el Mayor del Ejército Carlos Vicente Meléndez Boada, segundo comandante del Grupo "Guías del Casanare" con base en Yopal. asignado a la Base Militar de Arauca, de la VII Brigada, Los expedientes abiertos por la Procuraduría y por un nutrido grupo de jueces instructores no avanzaron mucho en la recolección y evaluación de pruebas y dejaron a todos los victimarios en la impunidad.
De acuerdo a los elementos recaudados por el Juzgado 17 de Instrucción Criminal de Villavicencio, en la investigación preliminar abierta el 12 de noviembre de 1982, se puede llegara la conclusión de que la Brigada VII, y especialmente a través del Grupo de Caballería "Guías del Casanare" con sede en Yopal, y de la Base Militar de Arauca, montó su propia estructura paramilitar bajo la sigla del MAS en 1982.
En ese momento actuaba como comandante de Grupo "Guías del Casanare" el Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, y como segundo comandante el Mayor Carlos Vicente Meléndez Boada. Los testimonios recogidos revelaron que un grupo de militares retirados se reunieron en Saravena con el Coronel Plazas y el Mayor Meléndez, hacia septiembre de 1982, y que esos mismos militares retirados [el ex sargento Isaías Barrera y los ex militares Arnubio Agudelo, José Elias Ramírez y otros] eran los que impulsaban el MAS en Saravena. Además, que militares del Grupo "Guías del Casanare" les vendieron armas a los paramilitares del MAS de Saravena y de Villavicencio, sin seguir los trámites legales. Cuando varios de ellos fueron detenidos, el Coronel Plazas envió una carta al juzgado en su favor. Al resolver la situación jurídica de varios capturados el 5 de diciembre de 1982, el juez no dudó en afirmar que "El Mayor del Ejército Carlos Meléndez Boada, segundo ejecutivo del Grupo "Guías del Casanare" con sede en Yopal y operando también en esta intendencia Araucana, aparece como la persona ampliamente visible del MAS".
Cuando el Procurador General dejó claro ante el país. en 1983, que el Paramilitarismo estaba impulsado intensamente por miembros activos y retirados de las fuerzas armadas del Estado, el movimiento de repudio que se desarrolló entre 1983 y 1989 fue llevando a clandestinizar cada vez más las correas de transmisión y coordinación entre fuerza pública y paramilitares. En 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró "inconstitucionales" los artículos de la Ley 48 de 1968 que parecían darle "piso legal". Por eso ya desde mediados de los ochentas el paramilitarismo de la Zona Séptima buscaba otras "cabezas visibles".
La ocasión fue "servida en bandeja" gracias al desarrollo de los cultivos ilícitos en la Zona Séptima desde comienzos de los ochentas o quizás des de mediados de los setentas. La guerrilla de las FARC había establecido el impuesto del gramaje, llegando a una convivencia pacífica con cultivadores y traficantes. Entre estos se encontraba el potentado narcotraficante y líder paramilitar Gonzalo Rodríguez Gacha. Según lo narra en su libro "Los Jinetes de la Cocaína" el ex secretario privado del Procurador General, Fabio Castillo, hacia 1983 tuvo lugar una reunión entre Rodríguez Gacha y un miembro del Secretariado de las FARC, probablemente Jacobo Arenas, en la cual el narcotraficante pidió que se le permitiera construir una pista aérea en las estribaciones de La Uribe, a espaldas de donde queda el campamento central del Secretariado de las FARC. Arenas negó todo acuerdo al respecto y esto hizo que Rodríguez Gacha se aliara con el Ejército para combatir a las FARC. La guerra que se desató entonces, puso en peligro cultivos y laboratorios de los grandes narcos, entre ellos un laboratorio del narcotraficante Camilo Rivera González, el cual fue desmontado y trasladado por el Ejército a la frontera con el Brasil (La Pedrera. Amazonas). En esa operación se habría comprometido personalmente el comandante de la VII Brigada, General Luis Eduardo Roca Maichel. desplazando para ello las Fuerzas Especiales del Ejército, que no podrían movilizarse sin sus órdenes. La alianza Ejército/ Narcotraficantes quedaba, pues, consolidada, y uno de sus objetivos fundamentales era la contrainsurgencia, para lo cual implementarían las estructuras paramilitares. (35)
Rodríguez Gacha tenía aliados poderosos, según lo refiere el mismo libro de Fabio Castillo (36). Poseía en Paime (Boyacá) gigantescos cultivos de coca en compañía de los esmeralderos Víctor Carranza y Gilberto Molina. Estos se fueron arraigando también en los Llanos orientales y, tras el asesinato de Molina, al parecer por conflictos entre ellos, Carranza se afianzó como amo del narcotráfico de la zona llanera. Su entronque con las estructuras paramilitares se revela incontestablemente en las confesiones de los oficiales que participaron en el montaje de la estructura paramilitar piloto de Puerto Boyacá. El Mayor Osear Echandia destapó las estrechas relaciones de Rodríguez Gacha con el Ejército y los paramilitares a través de la Escuela de Caballería, comandada por el Coronel Luis Alfonso Pla zas Vega, el mismo que había apoyado al naciente MAS con las armas de la Brigada VII en Yopal y Saravena. (37) En su confesión, el médico Diego Viáfara Salinas, dirigente de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá, reveló los estrechos vínculos de Víctor Carranza con los líderes nacionales del paramilitarismo y el envío que hizo de paramilitares para ser entrenados en la hacienda "El Cincuenta" de Puerto Boyacá (diciembre/87 a marzo/88) por mercenarios israelíes e ingleses. (38)
Ya para la Década del Genocidio (1985-1996), en que se extermina a la militancia de la Unión Patriótica y a otras muchas organizaciones cívicas y populares en la Zona Séptima, como se hizo en otras regiones del país, la alianza: militares/paramilitares narcotraficantes, está consolidada y actúa estrechamente coordinada. Quizás uno de los rasgos característicos del paramilitarismo llanero es justamente su doble soporte: por un lado las fuerzas armadas, por el otro el narcotráfico. Desde mediados de los ochentas y en los noventas, Víctor Carranza, conocido como "El Patrón", es la figura más destacada y estable de toda esta estructura.
El expediente penal No. 019, abierto por el Juzgado Cuarto de Orden Público de Villavicencio a raíz de la masacre de Caño Sibao (03.07.88), a pesar de haberse constituido como uno de los más impresionantes monumentos históricos de la impunidad y de la corrupción del poder judicial en Colombia, recogió entre sus piezas maestras testimonios que revelaron la estructura criminal que actuó durante todo este período (198596). Las confesiones de Camilo Zamora y de William Góngora, integrantes de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, muestran cómo los tres cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado: el Ejército con su departamento B 2, la Policía, con su departamento F2 y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), actuaban en unidad de acción y de objetivos con la red de civiles armados cuya cabeza era Carranza. La fuerza pública suministraba armamentos, municiones, información y protección, mientras "el Patrón" pagaba y avocaba a su tribunal supremo los premios y sanciones de quienes habían sido seleccionados para ejecutar el genocidio. (39)
Las circunstancias que rodearon la captura de uno de los hombres de confianza de Carranza, Arnulfo Castillo Agudelo, alias "Rasguño", el 16 de julio de 1995, por parte de un funcionario nuevo del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Regional de Oriente en Villavicencio, dejaron al descubierto que desde 1993 las diversas instancias de la Fiscalía del Meta y de la Regional de Oriente, tenían estrechas relaciones con Carranza y sus hombres, celebraban frecuentes reuniones sociales en sus haciendas y departían con los responsables de su estructura paramilitar. La inmediata destitución de quien denunció todo esto ante el Fiscal y Vice Fiscal generales de la nación, dejó también profundas sospechas sobre la complicidad con esta estructura de la misma cúpula de la Fiscalía General de la Nación. (40)
Los hechos sucedidos en la Zona Séptima durante el último trayecto de los noventas, particularmente las masacres perpetradas en la zona limítrofe entre los departamentos de Meta y Guaviare, así como otros hechos ocurridos en otros municipios, muestran a las claras que, primero las estructuras paramilitares del Cartel de Cali, y luego la estructura paramilitar nacional liderada por Carlos Castaño Gil, fueron asumiendo progresivamente la ejecución de los crímenes en la Zona, como lo muestra el capítulo correspondiente.
La Zona Séptima constituye, pues, uno de los laboratorios más ricos para examinar, en sus desarrollos prolongados e intensivos, la estrategia paramilitar del Estado; la estrecha articulación entre paramilitarismo y narcotráfico; la intolerancia política del Establecimiento y del Estado que los lleva a impedir a sangre y fuego toda alternativa partidista e ideológica, así como el funcionamiento diacrónico de un genocidio.
COMANDANTES DE LA IV DIVISIÓN POR AÑO
AÑO NOMBRE Y RANGO 1983 Mayor General Luis Enrique Rodríguez Botiva 1984 Mayor General Luis Enrique Rodríguez Botiva 1985 Mayor General Jaime Hernández López 1986 Mayor General Jaime Hernández López 1987 Mayor General. Jaime de Jesús Gómez Martínez (1 semestre)
Mayor General Rafael Padilla (2 semestre)1988 Mayor General Rafael Antonio Padilla Vergara 1889 Mayor General. Rafael Antonio Padilla Vergara (1 semestre)
Mayor General Jaime Humberto Neira García (2 semestre)1991 Mayor General Addie Alberto Pallares Cotes 1992 Mayor General Ramón Eduardo Niebles Uscátegui 1993 Mayor General Carlos Julio Gil Colorado 1994 Mayor General Carlos Julio Gil Colorado
Mayor General Raúl Rojas Cubillos (a partir de julio 26)1995 Mayor General Marino Gutiérrez Isaza
Mayor General Rafael Hernández López1996 Mayor General Rafael Hernández López
Brigadier General Néstor Ramírez (encargado en el mes de julio)1997 General Augusto Ardila Duarte COMANDANTES DE LA VII BRIGADA POR AÑO
AÑO NOMBRE Y RANGO 1967 Coronel Alvaro Ovalle Paz (a partir de junio) 1970 Coronel José Jaime Rodríguez 1971 Coronel José Camilo Riaño Castro (encargado) 1972 Brigadier General Manuel Roras Ruaro (a partir de diciembre) 1973 Brigadier General Manuel Roras Ruano 1974 Coronel Alfredo Forero Parra (encargado) 1975 Brigadier General Armando Pinzón Caicedo 1976 Brigadier General Armando Pinzón Calcado
Coronel Ramiro Valencia Aristizábal (encargado)1977 Brigadier General José María Arbeláez Caballero 1978 Brigadier General Luis Alberto Andrade Anaya (a partir de noviembre) 1979 Brigadier General Luis Alberto Andrade Anaya 1980 Brigadier General Joaquín Gustavo Gómez 1981 Brigadier General Joaquín Gómez Villamizar 1982 Brigadier General Fernando Gómez Barros 1983 Brigadier General Fernando Gómez Barros (1 semestre)
Brigadier General Luis Eduardo Roca Maichel (2 semestre)1984 Brigadier General Luis Eduardo Roca Maiche 1985 Brigadier Genera José Ignacio Posada García 1986 Brigadier General Jaime Humberto Neira García 1987 Brigadier General Jaime Humberto Neira García 1988 Brigadier General Harold Bedoya Pizarro 1989 Brigadier General Harold Bedoya Pizarro 1990 Brigadier General Luis Norberto Correa Castañeda
Coronel Norberto Adrada Córdoba (a partir de noviembre)1991 Coronel Norberto Adrada Córdoba 1992 Brigadier General Eduardo Camelo Caldas 1994 Brigadier General Luis Bernardo Urbina Sánchez 1995 Brigadier General Carlos Leongómez Mateus 1996 Brigadier General Rodolfo Herrera Luna 1997 General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez 1998 Brigadier General Freddy José Padilla de León
Notas:1. Londoño Díaz, Oscar. "La colonización del Ariari 1950 1970" pg 17
2. Londoño, Ob Cit. pg 24
3. Sierra Ochoa, Gustavo. "Las guerrillas en los Llanos orientales'. Manizalez. 1954. pg 5. Citado por Londoño Ob Cit pg, 36
4. Ibid pg. 38 Ob Cit
5. Molano, Alfredo. "Siguiendo el Corte" Relatos de Guerras y de tierras. El Ancora Editores. Sexta reimpresión. 1999. pg. 146
6. Molano, Alfredo. "Aproximaciones al proceso de la colonización de la región Ariari-Güejar-Guayabero" Articulo publicado en "La Macarena, reserva biológica de la Humanidad', Universidad Nacional de Colombia. 1989. pg 287
7. Decreto 0323 de septiembre de 1958 y Ley 20 de 1959
8. Bonilla, Víctor Manuel. 'La colonización del Meta y sus problemas. El Proyecto Meta I'. Sept. de 1967. INCORA Mimeógrafo, archivo INCORA, pgs 28 y 29, Citado por Molano. Ob Cit pg, 288 (1989)
9. Periódico El Siglo. 7 de Julio de 1959. Citado por Londoño Ob Cit. pg. 67
10. Molano, Ob Cit. pg 290 (1989)
11. Bermudez Rossi, Gonzalo, "El poder militar en Colombia'' Ed Presencia, pg 127. Citando a Alonso Tobón. "La Tierra y la reforma agraria en Colombia'. Ed Oveja Negra. Bogotá. 1972
12. Londoño. Ob Cit pg 102
13. Londoño. Ob Cit pg 99
14. Molano. Ob Cit pg. 296 (1989)
15. Molano. Ob Cit pg. 297 (1989)
16. Molano. Ob Cit pg. 298 (1989)
17. Guzmán Campos, Germán. "La violencia en Colombia. Parte descriptiva'Ei. Progreso. Bogotá. 1968. pg, 440 Citado por Londoño. Oh Cit. pg, 110
18. Instituto Amazónico de investigaciones Científicas, SINCHI. "Guaviare; población y territorio". Tercer Mundo Editores. Santafe de Bogotá1999. pg 25
19. Molano. Op Cit pg 161
20. Molano. Ob Cit pg 289 (1989)
21. Londoño. Ob Cit. Sostiene que la llegada de la Marihuana se dio en el año de 1963. Sin embargo los textos consultados colocan al municipio de Vista Hermosa como el gestor de ese tipo de cultivos en el Meta y para la época señalada por este autor, el municipio aún no se había formado.
22. Molano, Alfredo, "Aproximación al Proceso de Colonización de la Región del Ariari-Güejar-Guayabero", en : "La Macrena, Reserva Biológica de la Humanidad", Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia. 1989, pg. 300.
23. Sobrevino la crisis por falta de compradores en el exterior, debido a la producción de marihuana en invernaderos norteamericanos de la variedad sin semilla. Y mientras empresarios y comerciantes habían hecho grandes fortunas, la mayoría de los productores quedaron "desplumados", endeudados, sin sus antiguos cultivos de pancoger que por lo menos les daban la alimentación.
24. Reyes Posada, Alejandro, "Violencia y expansión territorial', articulo citado en la publicación "EL Desplazamiento Interno en Colombia" (Actas de Seminario sobre el tema, 5 a 5 nov., 1991), Ilsa, Bogotá1992, pg. 31
25. Molano, Alfredo, o.c, pg. 303
26. Reyes Posada. Alejandro, o.c. pg. 31-32
27. Molano, Alfredo, o.c,, pg. 302
28. Molano, Alfredo, o.c,, pg. 302
29. Molano, Alfredo, o.c,, pg. 302 (1989)
30. Molano. Ob Cit. pg 304
31. Arenas, pg 23
32. Cardona, Carlos Enrique (Braulio Herrera), "La Paz Nacional', sesión plenaria 24 de septiembre de 1986. En Acción parlamentaria de la UP, Motta Motta Hernán, compilador. Bogotá, 1995, págs.53-54
33. Citado en "1981 1994, Trece años en búsqueda de paz", en Boletín Informativo Justicia y Paz, Vol. 7, Nro. 3, pág. 13
34. Documento citado por el Comité Ctvico de Derechos Humanos del Meta en el 'Proyecto de Investigación sóbre la Situación de los Derechos Humanos en el Meta", Villavicencio, 1995, mimeo, pg. 10.
35. Cfr. Castillo Fabio, 'Los Jinetes de la Cocaína", Editorial Documentos Periodísticos, Bogota, 1987. Pg 234 y ss., y "La Coca Nostra", (del mismo autor). Editorial Documentos Periodisticos, Bogotá, 1991, pg. 68 y 69
36. Castillo, Fabio, "Los Jinetes de la Cocaína', pg. 250.
37. Cfr. Documento elaborado por el DAS con la confesión del Mayor del Ejército Oscar de Jesús Echandia Sánchez, ex alcalde militar de Puerto Boyaca (198182) y cofundador del MAS, en noviembre de 1990, pg.9.
38. Cfr, documento elaborado por el DAS con las confesiones de Diego Viáfara Salinas, ex concejal de Puerto Boyaca entre 1988 y 1990, vinculado a la estructura paramilitar local desde 1983, Pg. 8 y 20
39. Cfr. Juzgado 4 de Orden Público de Villavicencio, Expediente 019, indagatoria a Camilo Zamora Guzmán, el 10 de abril de 1989.
40. Cfr. Declaración juramentada rendida por una testigo ante funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Regional de Oriente, en Villavicencio, el 7 de junio de 1995. Ver también oficio dirigido al Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento, y al Vice Fiscal General, Dr Adolfo Salamanca Correa, por el Dr Pedro Ruiz, profesional del C.T.I. Oriente, el 24 de julio de 1995.
