Colombia Nunca Más |
Zona 7ͺ
Indice
I.Típicidad del ciclo vigente de violencia
II. Valores y juicio de la violencia
III. Opción estratégica del proyecto
Presentación
El Proyecto Nunca Más es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, apoyado solidariamente por organizaciones también no gubernamentales de otros países, dirigido a salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia durante el último e inconcluso ciclo de violencia, que se inicia en 1965.
Al finalizar el año 2000 el Proyecto hace públicos sus primeros informes, contenidos en dos volúmenes, que se refieren a 2 de las 18 zonas en que se ha dividido el país para los efectos de esta investigación: un volumen contiene la primera entrega sobre la ZONA 7a, que cubre los departamentos de Meta y Guaviare, y el otro volumen ofrece la primera entrega sobre la ZONA 14a, que cubre parte del Magdalena Medio y parte del Nordeste Antioqueño.
Como puede verse, se trata de un trabajo de largo plazo, que pretende ir salvando la memoria de estos crímenes, en todas las regiones del país, dentro de unos parámetros conceptuales, jurídicos, éticos, históricos y políticos que están ampliamente explicados en la Introducción.
Todos estos crímenes permanecen en una absoluta impunidad y nos asiste la convicción más profunda de que esa impunidad constituye una afrenta y un daño continuado, permanente y profundo a la dignidad humana, no solo a la de las víctimas de estos crímenes y a la de sus familiares y allegados, sino a la de la especie humana como tal.
Por eso el Proyecto se inscribe dentro de unos objetivos más amplios: salvaguarda de la memoria histórica; esclarecimiento de los hechos en su verdad integral; sanción a los responsables y reparación integral a todas las víctimas y a la sociedad.
Esperamos que éstos y los sucesivos informes que se irán produciendo se conviertan en instrumentos vivos de esa lucha contra la impunidad. Aspiramos a que sean utilizados por comunidades cada vez más amplias para exhumar y salvar más memoria; para recuperar la dignidad de las víctimas; para exigir justicia y reparación, y para ayudar a diseñar otra sociedad alternativa que exorcice para siempre los fantasmas de terroi con que esta generación tuvo que convivir, con el fin de que NUNCA MAS vuelvan a ser toleradas las estructuras, instituciones y estrategias que desconocieron tan osadamente lo más humano de los humanos.
Las organizaciones responsables del Proyecto agradecemos el apoyo que hemos tenido desde el comienzo por parte de agencias y organizaciones de muchos otros países, que han participado con la conciencia lúcida de que estos crímenes afectan a la especie humana como especie y que por lo tanto también a ellas les asiste el pleno derecho a la denuncia, a la protesta, a la exigencia de justicia y de reparación.
Preámbulo
El proyecto y su despegue
El 10 de abril de 1995, un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos llegamos a un primer acuerdo para diseñar y realizar un proyecto NUNCA MAS en COLOMBIA. Muchas reuniones se sucederían a partir de entonces hasta lograr poner en marcha un primer equipo de trabajo en agosto de 1996.
El Seminario Internacional sobre Comisiones de Verdad, que tuvo lugar en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1994, nos había dado una visión evaluativa de las luchas contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad en otros países de América Latina. Tal evaluación no fue ciertamente positiva. Los delegados de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala nos compartieron sus experiencias y la insuficiencia de sus luchas para impedir que las políticas de perdón y olvido se impusieran finalmente a nivel oficial. Pudimos comprender, además, que el esfuerzo por registrar, documentar y sistematizar la información sobre dichos crímenes, es un trabajo arduo, de largo plazo, y lleno de dificultades. Esta preocupación se hacía más intensa en la medida en que tomábamos conciencia de que el número de crímenes de lesa humanidad en Colombia es altamente superior al de los otros países.
En contraste con los otros proyectos Nunca Más desarrollados en América Latina, el que se proponía para Colombia no estaría contextuado por un período post-dictatorial o de transición a un régimen constitucional, o de una especie de postguerra civil, sino que debía desarrollarse en el contexto de ejecución de políticas de terrorismo de Estado cuyo término no era previsible. La circunstancia específica de que en Colombia la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales del ser humano se ha dado dentro de regímenes dedemocracia formal, nos ponía ya en una situación peculiar. Se creyó ingenuamente que el gobierno de Samper, que se inició en agosto de 1994, podría traer al menos un alivio en las políticas de terrorismo de Estado, pero, por el contrario, no solo éstas se mantuvieron y fortalecieron, sino que los procesos de búsqueda de solución política al conflicto armado sufrieron un receso total.
El Proyecto se inició, pues, en medio de una política intensiva de perpetración de crímenes de lesa humanidad. Ha tenido que afrontar enormes dificultades, muchas de ellas inherentes a dicha situación, como la eliminación, el exilio o la inmovilización de personas y organizaciones que se había creído que podrían hacer grandes aportes al proyecto; la persecución a los mismos centros de almacenamiento de datos, como el allanamiento a la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, donde funcionaba el Proyecto, el 13 de mayo de 1998, agresión perpetrada por la acción conjunta de la Fiscalía y las Fuerzas Armadas; las dificultades de acceso a muchas regiones dominadas por el terror; el miedo y la parálisis de muchos testigos potenciales, entre otras muchas dificultades.
Tampoco ha sido fácil definir una metodología que se adapte a la enorme cantidad de víctimas y a las dificultades de recolección y evaluación de información en circunstancias tan desfavorables. El malestar de muchos investigadores y comunidades al tenerse que ceñir a un trabajo investigativo discreto, mientras las víctimas reclaman acción, organización, denuncia, acompañamiento y formas de reparación, al menos para superar las secuelas psíquicas más trágicas, todo ello se ha convertido en fuente de numerosas tensiones. No se ha encontrado hasta el momento una solución adecuada a las dimensiones de movimiento social, que el proyecto ha querido impulsar, y a su relación con una labor investigativa que necesita ceñirse a ritmos, parámetros y dinámicas muy diferentes a las de un movimiento social.
Todo esto hace que el proyecto haya desbordado los tiempos y plazos previstos, y que el Informe haya tenido que ser diseñado, finalmente, como una serie indefinida de entregas, en cierto modo improgramables en el tiempo, que vayan devolviendo paulatinamente a la sociedad una información procesada en medio de condiciones altamente desfavorables y riesgosas.
Los diversos capítulos de esta introducción apuntan a explicitar las claves de lectura fundamentales de los Informes que el Proyecto irá entregando progresivamente. En otros términos, esta introducción pretende transmitir a los lectores la filosofía más profunda del proyecto: la manera como percibimos y caracterizamos, en sus dinamismos más determinantes, el período histórico que el Proyecto trata de leer y registrar; los valores éticos fundamentales que inspiraron y que siguen inspirando el desarrollo del Proyecto; la ubicación estratégica del Proyecto dentro de las diversas aproximaciones al fenómeno de la impunidad y las opciones que de allí se desprenden; la definición del campo específico que el Proyecto ha querido enfocar y las categorías fundamentales de lectura de ese campo, así como las razones y motivos para no asumir el campo de los crímenes de guerra, o infracciones graves al derecho internacional humanitario por parte de grupos insurgentes; finalmente, las grandes líneas que se han seguido en el caminar del Proyecto, que pueden esbozar su método.
I. Tipicidad del Ciclo Vigente de Violencia
- delimitación de un período inconcluso -
Desde el momento en que se decidió asumir el proyecto, las organizaciones participantes llegamos a un consenso claro acerca del período que debíamos considerar como objeto de nuestro estudio, del cual conocíamos el momento de iniciación pero no el de finalización, puesto que todavía se prolonga. Es el ciclo de violencia que aún estamos viviendo, que tiene perfiles muy claros que lo diferencian de ciclos anteriores, y que se inicia a mediados de la década del sesenta.
Muchas circunstancias históricas de Colombia, de América Latina y del mundo, contribuyeron a que la violencia, durante este período, se ubicara fundamentalmente sobre el eje de un conflicto social en el que se enfrentan proyectos antagónicos de sociedad.
La violencia anterior, de las décadas de los cuarentas y los cincuentas, tuvo un perfil declaradamente policlasista, enfrentando a dos sectores económico-políticos de intereses opuestos, que buscaban cada uno la hegemonía, y que se proyectaba, mediante banderas partidistas que explotaban los sentimientos populares, a todo el espectro de capas sociales.
El historiador y sociólogo Gonzalo Sánchez caracteriza muy bien el ciclo anterior de violencia que Colombia vivió, la que él mismo denomina "violencia del período 'clásico': 1945-65" (1) . Dicho período él lo describe allí con tres notas típicas: terror concentrado; resistencia armada; conmoción social subterránea. Estas notas hacen de la violencia típica de ese período una violencia que "suprime lo social y lo político". (2)
Algunas de las características con que Gonzalo Sánchez describe el terror de esa época, podrían aplicarse también al actual ciclo de violencia:
"En una sociedad donde los contendores políticos y sociales no pueden ser pensados en términos de rivalidad sino de desviación de una verdad o creencia originaria - de ortodoxia y herejía, como en las guerras de religión - , la regeneración social y política no puede lograrse sino por medio de la proscripción o el aniquilamiento de quienes, según los parámetros histórico-culturales dominantes, se encuentran en estado de transgresión. A este tipo de representaciones de la sociedad se aproximaba la Colombia de los años cincuentas. Desde el poder se urdían verdaderas estrategias de homogenización dentro de las cuales la guerra y la política no podían pensarse simplemente en términos de victoria sobre el enemigo sino de eliminación física del mismo. La diferencia se había hecho incompatible con el orden" (3)
Sin embargo, entre ese terror del período clásico y el que ahora nos envuelve, hay una gran diferencia: aquel se ejercía como instrumento de una guerra inter-partidista que suprimía las expresiones sociales; éste se ejerce como instrumento de militarización de la polarización social.
Algunos cuestionan la diferencia entre los dos ciclos cuando descubren que también en el ciclo anterior hubo organizaciones guerrilleras de extracción popular. Nadie ignora, en efecto, que en los años cincuentas y comienzos de los sesentas hubo guerrillas conectadas con luchas agrarias en la zona del Sumapaz, en el sur del Tolima, en las vertientes de los ríos Carare y Opón en Santander, y en los Llanos orientales., ésta última con un alto grado de fusión entre lo militar y la organización civil de la población, como lo testimonian las famosas "Leyes del Llano" (4). Gonzalo Sánchez afirma, sin embargo, que "No se puede olvidar que en Colombia las guerrillas de los años cincuentas surgen al principio como una forma de organización forzada para confrontar el terror y no como parte de un proyecto político-insurreccional para la toma del poder, del Estado o del gobierno. "Las guerrillas las hizo la violencia", dirían los campesinos del sur del Tolima, y cualquier liberal de la época podría hacerles coro. Por eso, a diferencia de las guerras que se declaran formal y solemnemente, que tienen ritos inaugurales, La Violencia no tiene un comienzo claramente identificable. Cuando se toma conciencia de ella, ya está instalada en todos los contornos de la sociedad" (5)
Al finalizar el período clásico de la Violencia, hay signos que permiten evaluarlo para definir mejor sus características y perfiles. Dicho período culmina con el establecimiento y afianzamiento del Frente Nacional (1958 en adelante). Como el mismo Gonzalo Sánchez lo anota, se puede evaluar que esa violencia favoreció el ensanche del capitalismo agrario, derrumbó definitivamente el poder hacendatario y los industriales fueron los únicos que pudieron lanzar al rostro de un país aterrado las estadísticas de su prosperidad (6) . La jerarquía eclesiástica, por su parte, después de un siglo de militancia conservadora, abrazó la causa bipartidista frentenacionalista, eliminado así uno de los factores de perturbación de la unidad de las clases dominantes. Los partidos tradicionales realizaron una mutación a primera vista inaudita: de la competencia a muerte, pasaron al reparto programado y disciplinado del poder. El efecto fundamental de este proceso lo describe Gonzalo Sánchez en estos términos: "el desdibujamiento de las identidades partidistas con la prolongación del esquema y de la mentalidad frentenacionalista tuvo un efecto retardado no menospreciable: la expansión gradual de una franja de lo social y lo político 'exterior' al bipartidismo y frecuentemente criminalizada, si no en la ley, sí en la práctica política cotidiana" (7) . La estrategia para exterminar esa franja es la que genera el nuevo ciclo de violencia que se inicia en 1965.
Este ciclo nuevo de violencia ( desde 1966 en adelante) lo contrapone muy lúcidamente Gonzalo Sánchez al anterior ciclo -el del 'período clásico'- en estos términos:
"El Frente Nacional no solo puso término a la Violencia sino que borró toda amenaza de guerra inter-partidista en el futuro, originando así una nueva representación de la sociedad. En este aspecto significó un viraje histórico. Simultáneamente, y a su pesar, creó también las condiciones para que muchos sectores artesanos, obreros, universitarios y campesinos, a los cuales La Violencia había desconectado de las tradiciones populares contestatarias que se habían venido forjando en las primeras décadas del siglo, se afirmaran de nuevo en una visión de la política que ya no pasaba de manera exclusiva por el reparto del poder sino que apuntaba a la abolición del orden establecido y a la instauración de nuevas formas de sociedad ( ) De la 'desmilitarización del conflicto bipartidista' que significaba el Frente Nacional, se pasaría a una militarización de la polarización social en virtud de una rápida acción concientizadora de vanguardias armadas. Muchos de los antiguos combatientes de La Violencia fueron invitados a realizar una purificación de su pasado (el revolucionario era la prefiguración del 'Hombre Nuevo' que pregonaba el Che Guevara) y a enrolarse en la que habría de ser la verdadera guerra, la guerra revolucionaria. Eran los tiempos de una América Latina idealizada frente a sí misma y frente al cansado pensamiento occidental y en donde, además, tanto la guerra como la política, se inscribían en los dominios de un nuevo mito, el 'mito del recomienzo'. Todo parecía apuntar, desde esta óptica, hacia un reencuentro de lo político y lo militar, hacia una reconstrucción de la complementariedad entre la guerra y la política, como en el siglo XIX, pero en aras, esta vez, de un proyecto de sociedad enteramente inédito". (8)
Además de esta síntesis magistral que Gonzalo Sánchez hace para contraponer y tipificar los últimos dos ciclos de violencia, otros datos históricos nos confirman en esa misma caracterización:
1. Contexto mundial
En primer lugar, existía un contexto mundial, el de la guerra fría, que sobredeterminaba los procesos nacionales. En ese mapa del mundo polarizado entre dos superpotencias e ideologías, Colombia se alineaba nítidamente en el bloque occidental, y sometía sus grandes decisiones a la superpotencia occidental: los Estados Unidos. El General Fernando Landazábal lo reconoció con claridad en uno de sus libros: " se politizaron los ejércitos como consecuencia de su participación en el gran debate ideológico mundial y en muchas naciones se vieron forzados a asumir el poder contra los propios mandatos de su Constitución y las tradiciones de su pueblo, en prevención del mantenimiento de un orden establecido y aceptado con anterioridad por las grandes mayorías americanas, como digno de mantenerse, guardarse y defenderse según los dictados, pactos, compromisos y doctrinas emanadas, custodiadas y promulgadas por la Junta Interamericana de Defensa, tendientes a mantener la defensa del conjunto dentro de los rasgos tradicionales del sistema global continental". (9)
Nadie dudará que este párrafo del General Landazábal, como las tesis que recorren sus libros, transpira en todos sus términos Doctrina de Seguridad Nacional [DSN]. Muchos observadores externos e internos, incluyendo a capas importantes de la clase dirigente colombiana y a no pocos sectores del estamento militar, aceptan ya hoy día que la DSN fue determinante en los disenos de política represiva desde los años sesentas hasta avanzados los ochentas, pero califican de absolutamente "anacrónico" todo análisis que le otorgue algún papel directivo a esa doctrina en las políticas de los noventas, sobre todo después de la simbólica "caída del muro de Berlín".
Es cierto que en los noventas hay un discurso nuevo que desempolva las tesis liberales y las condimenta con los postulados de la globalización que el avance tecnológico arrastra. Por eso, aquellos para quienes la realidad es construida por los discursos de consumo masivo que circulan en aulas, mass media, círculos políticos y mercado burocrático, la DSN es algo "superado": algo "del pasado". Pero hay que preguntarse si la realidad cruda que viven tas víctimas de la represión no está acaso determinada por los mismos principios de la DSN, traducidos en discursos que eliminan ya las referencias al "mundo bipolar", a los fantasmas de! "comunismo", a la "civilización occidental cristiana", al "alineamiento internacional", a la necesidad de identificar el "enemigo inferno" paraluchar contra él, etc., y adaptados más bien a los postulados del MUNDO UNIPOLAR vigente, que absolutiza el mercado global, sus leyes, condiciones y consecuencias, como única alternativa ofrecida a la "libertad".
La Colombia de los noventas se ha convertido en uno de ios mejores laboratorios de estudio sobre la persistencia, con lenguajes de recambio, de la DSN. Nos muestra que incluso los métodos más brutales que los regímenes de Seguridad Nacional adoptaron en América Latina entre los sesentas y los ochentas, han sido refinados y sofisticados para hacerlos más destructivos e inhumanos; que los problemas de censura que tuvieron que enfrentar esos regímenes de Seguridad Nacional, han sido re sueltos mediante el desarrollo audaz del paramililarismo y su camuflaje como "tercer actor" en el conflicto; que la intervención militar extranjera para dirimir los conflictos internos en torno a la orientación de la nacionalidad, ha encontrado nuevos pretextos de recambio gracias al narcotráfico; pero que detrás de todas estas nuevos lenguajes, el propósito nuclear de la DSN se mantiene incólume: impedir la autodeterminación de los pueblos, para salvaguardar las estructuras mundiales de dominación.
2. Directrices hemisféricas
La estrategia de los Estados Unidos para conservar el sistema capitalista en sus áreas de influencia y cerrar el paso a cualquier penetración del comunismo, se vio exacerbada al iniciarse la década de los sesentas, a causa de la guerra del Vietnam y de la revolución cubana.
El politólogo estadounidense Michael McClintock, investigador durante 16 años de las actividades encubiertas de Estados Unidos en Latinoamérica, a través de las informaciones oficiales desclasificadas, descubre, en uno de sus libros, cómo fue creado, en enero de 1962, el Grupo Especial (Contrainsurgencia), al cual se le asignaron como funciones "asegurar el uso de los recursos de los Estados Unidos con el máximo de efectividad para prevenir y combatir la insurgencia subversiva en países amigos" (10) . Y en el Memorandum 124 dirigido a los miembros del Grupo Especial CI (Contrainsurgencia), codificado como National Security Action Memorandum- 124, del 2 de enero de 1962, se especifican más sus objetivos, así: "recomendar acciones para obtener reconocimiento de que la insurgencia subversiva ("Guerras de Liberación") es una nueva y peligrosa forma de conflicto político militar para la cual los Estados Unidos deben prepararse con la misma seriedad de propósitos como lo hicieron frente a la guerra convencional en el pasado. Verificar que este sentido de urgencia se refleje en la organización, entrenamiento, equipamiento y doctrina de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y en los programas políticos, económicos, de inteligencia y ayuda militar dirigidos hacia el exterior por los Departamentos de Estado, de Defensa, la AID, la Agencia de Información USIA y la CIA" (ibid). El mismo Memorandum diseñó procedimientos específicos de supervisión de acciones encubiertas en países escogidos como blanco. A la lista de estos países se añadió Colombia, entre otros, en julio de 1962, como país "en observación".(ibid).
Pero ya en febrero de 1962 había realizado una visita a Colombia un equipo del más alto nivel, del Centro de Guerra Especial, de Fort Bragg (Carolina del Norte). El Director de investigaciones de dicho Centro, el General Yarborough, redactó un Suplemento Secreto al Informe sobre dicha visita. Uno de los párrafos de ese suplemento dice:
· "[A] Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto". (11)
En ese mismo Informe, el General Yarborough incluía recomendaciones al Ejército y a la Policía de Colombia para que mejoraran la inteligencia y el control de la población. En particular sugería: "Un programa intensivo de registro de los civiles de modo que todos sean eventualmente registrados en archivos del gobierno, incluyendo huellas digitales y fotografías." Procedimientos y técnicas de interrogatorio, incluyendo preguntas rutinarias a los pobladores del campo "quienes se supone son conocedores de las actividades guerrilleras", fueron también recomendados. Pero las recomendaciones iban más allá: "Interrogatorios exhaustivos a los bandidos, incluyendo sodio, pentothal y uso de polígrafos (12) , deberían ser utilizados para arrancarles información a pedazos. Tanto el ejército como la policía necesitan interrogadores entrenados" (ibid).
Toda esta documentación nos evidencia que desde 1962 el gobierno de los Estados Unidos intervenía en Colombia para el diseño y ejecución de una estrategia contrainsurgente centrada en estructuras paramilitares. El Ejército colombiano, por su parte, reprodujo, para su personal, en septiembre de 1962, el ManualFM-31-15"Operaciones contra Fuerzas Irregulares", del Ejército de Estados Unidos (13) En su capítulo III, No. 31, dicho manual desarrolla ampliamente el uso de civiles armados al mando del Ejército, para ayudarle en las operaciones contrainsurgentes. En 1963, el Ejército colombiano reprodujo también la obra del francés Roger Trinquier, "La Guerra Moderna", en el cual sistematiza la experiencia contrainsurgente en las guerras de Vietnam y de Argelia (14) . También en este documento se recomienda la estrategia paramilitar (15)
Así pues, la necesidad de salvaguardar el sistema occidental capitalista frente al peligro de infiltración del polo contrario comunista, y exacerbada esta obsesión por la guerra de Vietnam y la revolución cubana, los Estados Unidos diseñaron, para su área de influencia, un modelo de guerra contrainsurgente centrada en operaciones encubiertas de terrorismo, uno de cuyos pilares era la creación de estructuras paramilitares, y decidieron impulsar dicha estrategia en una serie de países, entre ellos Colombia, debido a que los informes de sus misiones investigadoras evaluaban su sistema de seguridad nacional en alto riesgo, pues el desarrollo de guerrillas de resistencia a La Violencia clásica iba tomando contornos de "Guerra de Liberación" a comienzos de los años sesentas.
3. Vanguardias insurgentes y trasfondo del conflicto
Entre tanto, la insurgencia también se fue definiendo. Como reacción a la Operación Marquetalia, mediante la cual el Ejército colombiano arremetió con 16.000 hombres contra los grupos de autodefensas campesinas que resistían a la expulsión de sus tierras en el sur del Tolima, el 20 de julio de 1964 esas autodefensas armadas del sur del Tolima, junto con las del Huila, Cauca y Valle, lanzaron una proclama nacional para anunciar que constituían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y adoptaban un programa de 7 puntos de reforma agraria por el cual se comprometían a luchar. En la proclama manifestaban: "Contra nosotros se han desencadenado en el curso de 15 años 4 guerras. Una a partir de 1948, otra a partir de 1954, otra de 1962 y esta que estamos padeciendo a partir del 18 de mayo de 1964, cuando los mandos militares declararon oficialmente que ese día había comenzado la "Operación Marquetalia" ( ) Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espíritu todas las bestialidades de un régimen podrido que se asienta sobre el monopolio latifundista de la tierra, la monoproducción y la monoexportación bajo el imperio de los Estados Unidos. Es por esto que en esta guerra participan contra nosotros tropas, aviones, altos mandos militares y especialistas norteamericanos. Es por esto que se lanzan contra nosotros 16.000 hombres provistos de las armas más modernas y destructoras. Es por eso que contra nosotros se emplea la táctica del bloqueo económico, del cerco, del exterminio, de las acometidas por aire y tierra y, por último, de la guerra bacteriológica ( ) Nosotros hemos llegado a todas las partes donde había puertas para golpear en procura de auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada antipatriótica contra nuestro pueblo, nos llevara, y con nosotros a todo nuestro pueblo, a una lucha larga y sangrienta. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha democrática de las masas, las vías legales que la Constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue cerrada violentamente, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugamos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las circunstancias arriba anotadas, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha del poder. Desde hoy 20 de julio de 1964 somos un movimiento guerrillero que lucha por el siguiente programa ( )" (16)
El 7 de enero de 1965, otro grupo de combatientes se tomaba la población santandereana de Simacota y desde allí anunciaba la constitución del Ejército de Liberación Nacional. En su proclama afirmaban: "Un estudio serio de la realidad colombiana nos ha llevado a la conclusión de que ni el imperialismo norteamericano ni la oligarquía que lo apoya en nuestro país permitirán pacíficamente el ascenso de las masas populares al poder y le impondrán, por lo tanto, al pueblo, una guerra larga y sangrienta, con la cual pretenderán ahogar para siempre la lucha popular por conquistar las más justas aspiraciones de libertad, trabajo, democracia y justicia del pueblo colombiano. Ante esta situación, determinada por la naturaleza agresiva y voraz de los explotadores nacionales y extranjeros, nuestro pueblo se ve en la obligación de organizarse para responder a la agresión oficial, tomar la iniciativa y desencadenar la ofensiva revolucionaria mediante el desarrollo de la GUERRA DEL PUEBLO contra los explotadores, utilizando la lucha armada y las más variadas formas de lucha popular en todos los terrenos, con el propósito de arrancar el poder de las clases dominantes y establecer un gobierno popular y democrático de liberación nacional" (17)
Por otra parte, desde 1963 se fue creando una disidencia en el Partido Comunista Colombiano, por parte de un grupo que simpatizaba más con la "Línea China" dentro del debate ideológico del comunismo mundial y criticaba las estrategias "pacifistas" del PCC. Esa disidencia se cristalizó en una conferencia de los "marxistas-leninistas" en marzo de 1964, desde la cual convocaron al "X Congreso del Partido Comunista", congreso que tuvo lugar en Soacha (Cundinamarca) en julio de 1965, en cuyas conclusiones se afirma: "Para las condiciones colombianas es enteramente válido, y lo hacemos nuestro, el planteamiento leninista de que ocultar a las masas la necesidad de una guerra encarnizada, sangrienta y exterminadora como objetivo inmediato de la acción próxima, es engañarse a sí mismo y engañar al pueblo. Y es, hoy por hoy en Colombia, traidor a la revolución, quien no esté de acuerdo con la lucha armada, no se prepare para ella o impida de cualquier manera su desarrollo inmediato. Amigos y enemigos serán diferenciados con base en este palpitante problema" (18) Ya desde septiembre de 1964 este grupo había iniciado un implante guerrillero en la zona del Alto Sinú y San Jorge, en el departamento de Córdoba, pero formalizarían su opción, mediante el "juramento de bandera" en febrero de 1967, constituyéndose como Ejército Popular de Liberación. (19)
Al finalizar 1965 hay, pues, tres movimientos insurgentes explícitos que han adoptado, quizás con matices diversos, el método de la guerra de guerrillas., erigiéndose como vanguardias en la lucha por un cambio radical de las estructuras vigentes de la sociedad.
Más adelante, en la década de los setentas, otras organizaciones insurgentes se sumarán a las fuerzas rebeldes de los sesentas. El fraude consumado el 19 de abril de 1970 para desconocer la victoria electoral de la Alianza Nacional Popular -ANAPO- , motivó a un grupo de profesionales, antiguos militantes comunistas y posteriormente militantes de Anapo, a crear el Movimiento 19 de Abril -M-19-. En enero de 1974 un comando de este movimiento penetró en la Quinta que perteneció al Libertador Simón Bolívar, en Bogotá, y sustrajo la espada del libertador de la casa-museo. En el comunicado emitido en ese momento afirmaban: "No hay dudas: Bolívar guerrillero y patriota; Bolívar pueblo; Bolívar nuestro, vuelve a quitarle el sueño al opresor; a despertar al oprimido. Su espada empezó ya los nuevos combates. Ahora se enfrenta al yanqui, al explotador, a quienes entregan nuestra patria al dolor, a quienes ahogan a nuestro pueblo en la miseria ( ) El pueblo sabe que sin luchas y organización armada ANAPO no logrará el triunfo, por más grande que sea el número de votos dejados en las urnas. Lo aprendió el 19 de abril de 1970 cuando nos robaron la victoria. Y esa historia no se repetirá jamás" (20)
También en 1976 surgió otro movimiento armado, construido alrededor del ex combatiente brasileño, sobreviviente de un movimiento guerrillero carioca, Giomar O' Beale, que tomó el nombre de Juan Manuel González Puentes. Este grupo aglutinó a estudiantes y activistas populares y se llamó Auto-Defensa Obrera-ADO- . Tuvo sus acciones más impactantes a finales de los setentas, sobre todo el asesinato del ex Ministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas, en quien quisieron tomar represalia por el asesinato de 50 personas un año antes, en Bogotá, mientras participaban en protestas populares durante el desarrollo del Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977. Al responder a una entrevista en febrero de 1980, pocos días antes de ser asesinado (+:febr. 22/80), González Puentes afirmaba: "Nuestro nombre de AUTODEFENSA se refiere al aspecto estratégico, a la situación del pueblo delante de la oligarquía y la burguesía que nos explota, nos ataca, nos obliga a la lucha armada en defensa de nuestros derechos como seres humanos. Somos AUTODEFENSA porque no somos los que desatamos esta guerra; ellos son los agresores, ellos son los que violan los derechos del pueblo; ellos son los que responden a las huelgas y a las manifestaciones pacíficas con la violencia; ellos son los que torturan y asesinan. Cuando los obreros realizan una huelga, están manifestándose de manera pacífica, luchando pacíficamente, porque nadie puede afirmar que los brazos caídos son violencia; sin embargo, qué hace la clase patronal? Lanza sus aparatos represivos para golpear, encarcelar, atemorizar e incluso eliminar físicamente a los trabajadores. Entonces, quién ataca militarmente? Quiénes son los violentos? Quiénes son los que inician la guerra? Quiénes son los que atentan contra la paz? La clase explotadora y su sistema capitalista. Nuestro deber de hombres agredidos es DEFENDERNOS de esa minoría rapaz y belicosa, porque entre otras cosas, sale más barato en vidas para nosotros una guerra revolucionaria que los cien mil muertos anuales por desnutrición". (Boletín ADO, marzo/80)
La represión brutal que en los años 70 sufrían las comunidades indígenas del departamento del Cauca por parte de ejército y de los terratenientes, las llevó a conformar grupos de autodefensa indígena que más tarde se convirtieron en una nueva organización guerrillera. En diciembre de 1984 se conformó el Comando Quintín Lame como grupo armado. En el comunicado a la nación expresaban: "La represión contra el Movimiento Indígena ha sido continua en los últimos años y nuestra lista de mártires crece día a día. Pero esta vez el enemigo decidió declararnos la guerra definitivamente. El 9 de noviembre (1984) fuerzas de la policía y el ejército arrasaron la Recuperación de López Adentro, quemaron las viviendas de 150 familias indígenas y con maquinaria destruyeron todos sus cultivos. Estas familias han quedado en la más completa miseria. El 10 de noviembre fue asesinado el sacerdote indígena paéz Alvaro Ulcué. El Padre Ulcué había sido un defensor de su pueblo y un luchador incansable de la lucha indígena. No nos dejaremos exterminar. El Movimiento Indígena no se va a entregar ni a retroceder por esta ofensiva del enemigo. El COMANDO QUINTIN LAME compromete su honor en poner todas sus fuerzas al servicio de la resistencia de las Comunidades Indígenas y en hacer lo posible por derrotar al enemigo que nos está persiguiendo".
Otros grupos insurgentes, como el MIR-Patria Libre o el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, tendrían una existencia más efímera en los años ochentas. El Movimiento de Integración Revolucionaria "Patria Libre" había surgido en los años 70 como una instancia de reunificación de las numerosas corrientes marxistas-leninistas dispersas. Más tarde se integraría, ya como grupo armado, a la Coordinadora Nacional Guerrillera y posteriormente se fusionaría con el E.L.N, conformando la "Unión Camilista-ELN". El PRT se dió a conocer en julio de 1984 en una conferencia de prensa realizada en Santa Marta en la cual se mostraban en contra del proceso de paz tal como se estaba desarrollando. En un documento suscrito en febrero de 1986 afirmaban: "Queda demostrado que en el país es imposible conseguir cambios substanciales a favor del pueblo por la vía de las reformas, dado el carácter reaccionario del Congreso y de los partidos que ejercen el poder y la resistencia de la oligarquía a los cambios progresistas ( ) en el bloque oligárquico y su gobierno ha ganado primacía la política de "tierra arrasada", de eliminación de las fuerzas revolucionarias por la vía represiva y de destrucción a sangre y fuego de cualquier expresión de descontento popular" (Revista "Colombia Viva", abril 1983, pag. 5-6).
Todos los textos fundadores revelan que las decisiones de alzamiento en armas se tomaban en medio de un mar de luchas no violentas por los mismos objetivos, que habían llegado a un callejón sin salida debido a la represión contra ellas.
Y en efecto, cualquier recorrido histórico que se haga por los años sesentas, setentas, ochentas y noventas, mostrará un constante nacimiento y desarrollo de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, indígenas, políticas, académicas, religiosas y humanitarias que propenden por un cambio de estructuras y que van siendo, una tras otra, ahogadas en su propia sangre. El avanzar paulatino de las investigaciones de este proyecto lo va corroborando.
4. Modelo de sociedad generador de violencia
El ciclo de violencia que nos ocupa se genera y se perfila alrededor de un modelo de sociedad intrínsecamente conflictivo que hunde sus raíces en la gestación histórica de la nacionalidad colombiana, pero cuyos factores llegan a un intensivo nivel de consciencia social en los albores de este período, generando movimientos sociales y políticos de todo orden, siendo la inmensa mayoría de ellos de carácter no violento. Las sin-salidas y baños de sangre en que estos movimientos se ven ahogados, generan a su vez las variadas expresiones de rebeldía armada que todavía se prolongan y acrecientan.
Tres factores esenciales caracterizan ese modelo conflictivo de sociedad: la concentración de la tenencia de la tierra; la marginación estructural de las mayorías en la economía monetaria, y el monopolio elitista del poder para mantener las dos segregaciones anteriores.
Las formas de tenencia de la tierra constituyen el primer factor intrínsecamente conflictivo: el censo agropecuario de 1960 revelaba que un 3.5% de propietarios disponía del 66% de la tierra cultivable, mientras el 96.5% de propietarios se repartía el 34.4% de ellas, y que solo el 4% de las explotaciones rurales concentraba el 45% de los ingresos provenientes de la agricultura. (21) Pero si tal era la situación de la tenencia de la tierra a comienzos de los sesentas, el final del siglo no presenta ninguna mejor: un 1.3% de propietarios concentra el 48% de la tierra agrícola. (22) El mismo DANE señalaba como coeficiente de concentración de la tenencia de la tierra, un coeficiente Gini de 0.86 para 1960 y de 0.82 para 1970, anotando que los primeros 9 años de reforma agraria (luego de la Ley 135 de 1961) solo habían modificado ese índice en 0.04. (23) Al cumplirse los 24 años de la Ley de "reforma agraria", en 1984, el coeficiente Gini de concentración de la tenencia de la tierra subió a 0.87, en lugar de descender, situándose entre los más altos del mundo (24)
Los niveles de ingreso y empleo, que revelan la marginación estructural de las mayorías de la economía monetaria, no son más positivos: a comienzos de los setentas, el 60% de los ingresos totales del país eran percibidos por un 13.2% de beneficiarios, mientras el 17% de ingresos se repartía entre un 54.2 de beneficiarios, quedando una capa media de 32.6% que percibía un 22% de los ingresos. (25) A finales de los noventas, el 20% más rico de la población concentra el 52% de los ingresos nacionales, mientras un 57% de la población vive bajo la línea de pobreza. Cinco grupos financieros controlaban, en 1997, el 92% de los activos del sector y solo dos de ellos eran propietarios del 47% de los medios de comunicación (26) .
El desempleo, según el Censo de 1964, afectaba al 4.9% de la población económicamente activa y el sub-empleo llegaba al 24.8%. En 1991 el desempleo ascendía al 10.8% de la P.E.A., en 1998 al 15.9% y en el 2000 al 20.4%. (27)
Durante todo este ciclo de violencia el coeficiente Gini general, solo ha variado de 0.49 en los sesentas a 0.54 al final del siglo (aumentando la inequidad). El 20% más rico de la población percibe ingresos, en promedio, 21 veces mayores a los del 20% más pobre, en promedio, mientras en otros países también de grandes desigualdades la diferencia es de 1 a 10. A finales de los noventas, el coeficiente Gini de la distribución de propiedad accionaria de la Bolsa de Bogotá es de 0.98, lo que casi refleja la concentración absoluta. (28)
Aportes del historiador Mario Arrubla y del economista Jesús Antonio Bejarano (29) ayudan a comprender las líneas maestras de la historia económica de Colombia, a través de la cual se ha forjado un modelo de sociedad violento en sí mismo y generador de violencias. Algunos de esos grandes trazos se podrían sintetizar así:
Colombia inicia el siglo XX bajo un régimen conservador que ha revertido muchas de las reformas conquistadas en la "República Liberal" (1850-1886). Predomina una economía agraria de latifundistas que producen materias primas para exportación bajo formas feudales de explotación de mano de obra. Cuando en los años 20s capitales norteamericanos configuran enclaves industriales, mucha fuerza laboral es atraída a la economía monetaria y emigra del campo. El poderío terrateniente se niega a desarrollar la productividad agrícola para satisfacer la demanda de materias primas y de suministro de alimentos para una creciente población urbana. Se van dando entonces condiciones favorables para una nueva "República Liberal" (1930-1945) que impulsa una reforma agraria y movimientos sindicales, y que termina "incorporando" a la economía monetaria a campesinos y obreros de manera inestable y precaria, dejando contingentes crecientes en el desempleo y la miseria.
De manera incipiente en los años 30s, y más sólidamente en los 50s y los 60s, el país vive un proceso de substitución económica. En una primera etapa (1930-1967) se impulsa un desarrollo industrial centrado en la acumulación de capital. En los años 50s fueron elaborados dos diagnósticos sobre perspectivas de desarrollo de Colombia: el del dominico y sociólogo francés Louis Joseph Lebret, y el del economista norteamericano Lauchlin Currie. Ambos señalan coincidentemente el divorcio existente entre los dos recursos fundamentales: tierra y mano de obra. Desde entonces se proponen varios modelos de reforma agraria pero ninguna toca, en realidad, la estructura de la tenencia de la tierra.
Bejarano muestra lúcidamente que todos los instrumentos de intervención del Estado en la economía, que fueron confeccionados progresivamente desde los años 50s, miran a inducir el desarrollo capitalista, promoviendo y favoreciendo los sectores de punta en la acumulación de capital. Esos instrumentos cubren tres planos: el agrario, el monetario y el externo. La fluctuación en el manejo del problema agrario termina, en los 70s., por definirse a favor del desarrollo capitalista del campo. En el plano monetario, desde 1951 el gobierno controla el crédito, vía Banco emisor, y lo concentra en sectores de punta para el modelo. Opta, además, por la inflación permanente, para atraer inversión extranjera y para estimular un ahorro forzoso de los perceptores de ingresos fijos, que lo transfieren a sectores más capitalizadores. El plano externo lo ha manejado con controles a importaciones y con la regulación del régimen cambiario; pero en 1967 opta por la devaluación permanente y gradual. Desde ese momento la intervención estatal en la economía se concentra en el sector externo, orientando todo a la promoción y diversificación de exportaciones.
La otra cara del "desarrollo", la absorción de mano de obra en esa economía industrializada, y el problema de la tierra que al menos suministrara la subsistencia elemental del sector campesino, corresponde a problemas que permanecen ajenos a la intervención del Estado, aunque en ello se juegue la vida de muchos millones de colombianos que son las mayorías de la nación. Los gobiernos se han limitado a estimular ciertos desarrollos de la industria que hipotéticamente revertirían en absorción de mano de obra, lo que, si ha ocurrido, ha sido fugazmente y en pequeña escala. De allí el desempleo y el subempleo crecientes y la pérdida permanente de la capacidad adquisitiva de los salarios, con sus secuelas de hambre y deshumanización, todo lo cual responde a la "regla de oro" del modelo: aumento de las tasas de explotación humana para que el capital tenga tasas de rentabilidad constantemente crecientes.
Bejarano sintetiza sus tesis afirmando que la intervención del Estado ha ido desplazando su papel en función de las necesidades de la acumulación, y que esa intervención solo se circunscribe a la esfera de la circulación de capital, y particularmente a la órbita del capital financiero, reestructurando a partir de ellas las condiciones en que opera el capital privado. La línea directriz central ha sido la de procurar que la acumulación vaya basándose en la eficiencia del aparato productivo hasta lograr condiciones de competitividad en los mercados internacionales. Aunque el escrito que citamos de Bejarano es de 1978, resulta "profético". Ese momento se empieza a alcanzar en los 90s. con la apertura económica, cuando el Estado le transfiere muchos de sus poderes al sector privado. El papel fundamental del Estado ha sido el de garantizarle al capital privado las mejores condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Y el ideal es que el capital pueda operar ya sin los estímulos de la acción estatal. Bejarano concluye su análisis afirmando que : "la burguesía deberá escoger entre mantener la estabilidad interna económica y política a costa de un menor dinamismo en la acumulación, o persistir en la inestabilidad interna inherente a los movimientos cíclicos del mercado mundial, a costa de un acentuamiento de su capacidad represiva".
Resulta muy sintomático que el ex Presidente López Michelsen, a 7 años de haberse tomado las medidas fundamentales de la apertura económica que acomodó al país a los dogmas neoliberales del mercado globalizado, evalúe tan negativamente el modelo, a pesar de que su mismo gobierno (1974-78) se inscribió en el caminar hacia estas metas. En octubre de 1997, al conmemorar el centenario del nacimiento del ex Presidente Darío Echandía, en la Universidad del Rosario, López Michelsen calificó el modelo de la apertura económica como "diabólico" y afirmó: "Los resultados de la aplicación de este modelo han sido la importación de cinco millones de toneladas de alimentos y materias primas que antes se producían en Colombia; el abandono de un millón de hectáreas de tierras cultivables, y entre 800.000 y 1.200.000 desempleados del sector rural ( ) Muchos de esos desempleados se fueron con la guerrilla o los paramilitares, algunos pocos entraron en las filas del Ejército y la Policía y otros se sumaron a los cocaleros para practicar sus conocimientos campesinos en el único campo en que es remunerativa la agricultura". (30)
Pero toda esta política económica estructuralmente discriminatoria no sería viable sin un control del aparato del Estado por fuerzas políticas identificadas con el modelo, y sin una estructura represiva que cierre las vías a modelos alternativos. Toda la historia política de la nación la protagonizan, desde algunas décadas después de la independencia de España, los partidos Conservador y Liberal, historizados como "partidos tradicionales". Es fácil dejarse llevar por discursos que hacen ver en ellos contradicciones aparentes, cuyo debate alimentaría la "democracia". Esos partidos, sin embargo, representan la "pasión dualista" de una clase dominante, como magistralmente la saca a luz el historiador Mario Arrubla : (31)
Las funciones "contrarias" que habían representado los partidos tradicionales (el liberalismo como partido del pueblo y el conservatismo como el del orden), en el Frente Nacional pasan de complementarias a oficializar su coalición. En efecto, durante las dos "repúblicas liberales" (1850-86; 1930-45) el liberalismo había promovido rupturas o cambios que, secreta o inconscientemente, anhelaba el conjunto de la clase dominante, pues miraban a contribuir a la expansión de esa clase. Pero como todo cambio exige movilizar energías generales de la sociedad, el liberalismo se valió para ello del estímulo al revolucionarismo de sectores medios y populares, para enfrentar con él, ya a los esclavistas, ya a la Iglesia, ya a los latifundistas feudales. Por haber buscado dar libre circulación mercantil a la tierra y a la fuerza de trabajo, que eran los dos recursos fundamentales del país, el liberalismo fue llamado el "partido de la libertad"; y por haber procurado someter esos dos recursos a quien mejor los explotara, fue llamado el "partido del progreso".
El conservatismo acreditaba sus títulos de "partido del orden" y de la "autoridad" porque le había correspondido administrar las largas pausas del revolucionarismo, pausas cuya oportunidad se hacía manifiesta cuando su doble histórico había llevado las reformas hasta donde resultaban posibles y era llegada la hora de la desmovilización y del goce y explotación rutinaria de lo logrado. En esos momentos se acentuaba la defensa de la autoridad constituida, tanto en el campo del poder político, centralizado en el Estado, como en el del poder socio-económico, que representaba un control descentralizado, pero por ello mismo más estrecho sobre la vida de las masas populares.
La división electoral fue el procedimiento sistemático por el cual el partido de gobierno facilitaba su propio relevo, al comprender que otra tarea se había hecho necesaria y que, por su índole, debía ser desempeñada según los principios del "contrario". Esto no había impedido nunca la feroz resistencia de sectores del partido relevado, que se equilibraba con el surgimiento de corrientes moderadas que aprendían a resignarse mediante el usufructo de las ganancias generales. En efecto, los conservadores compraban los bienes expropiados a la Iglesia, así como los liberales prosperaron en los negocios bajo la "Regeneración" de Núñez, y tanto conservadores como liberales se hicieron industriales o arrendaron sus fincas a capitalistas luego de las reformas lopistas. Cuando mayor era la resignación de los moderados, más agresiva era la oposición de los doctrinarios, a los cuales se les encargaba el arduo trabajo de la diferenciación, o sea, la salvaguarda de la identidad partidaria.
A lo largo de la historia estos dos partidos se construyeron como partidos y anclaron en el alma popular gracias a la pasión dualista, diferencia cuya furia alcanzó el clímax en La Violencia. Esta vez, en contraste con las anteriores, la apelación a las armas se originó en el gobierno. El brazo del Estado se extendió en función de verdugo que desató el pánico y el sadismo entre el pueblo. La violencia llegó a ser esta vez más que lucha de partidos, y en su curso el Estado terminó por perder todo peso moral, mientras grandes sectores populares, levantados en armas, se beneficiaban de la más profunda legitimidad.
Al llegar al pacto del Frente Nacional, después del cataclismo, López Pumarejo daba muestras de un realismo que resultaba conservador, mientras Laureano Gómez expresaba convicciones liberalizantes. En el fondo de esas paradójicas evoluciones se perfilaban los nuevos contornos de un país donde el señorío de la tierra había sido substituido por la propiedad de capital, como fuente principal de poder. Al hacer suyo este terreno común, liberales y conservadores entendían que la más cruenta de las batallas (La Violencia) había venido para presidir el descubrimiento de una realidad nacional frente a la cual se destacaban sus puntos de contacto y sus diferencias se esfumaban. Los liberales, como quien accede a la madurez, iban a dar muestras de responsabilidad y a corregir la mala imagen que habrían podido dejar en los partidarios del orden. Los conservadores, adoptando aires de cordura, proclamarían su adhesión a la democracia. Dentro del diseño frente nacionalista, cada partido iba a servir de garante de los buenos propósitos del contrario: los conservadores iban a decir a las clases altas que los liberales ya no eran alborotadores, mientras los liberales iban a convencer a las masas de que los conservadores ya no amenazaban sus vidas. Cada uno tenía la tarea de devolver el crédito al contrario Para aplacar a los militares en sus ambiciones políticas fracasadas, se les dio como cuota el manejo del orden público, mediante un régimen permanente de Estado de Sitio, haciendo que el campo del orden público invadiera también el terreno de la justicia.
Los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974) persiguieron una misma estrategia: mantener un esquema político democrático y un esquema económico capitalista. Los desastrosos efectos del segundo mantienen siempre amenazado al primero. Paradójicamente la población elevaba las tasas de crecimiento al mismo ritmo que el capitalismo la declaraba excedentaria. Las políticas de control demográfico tratan de apoyarse en el supuesto de que es la población la que sobra y no el régimen económico el que se muestra inflexible para cubrirla. Esto erosiona tanto al Frente Nacional que en las últimas elecciones legalmente frentenacionalistas la Anapo vence todas las maquinarias y los medios masivos de comunicación. Los partidos habían subestimado el resentimiento popular que alcanzaba una identificación natural con la amargura del General Rojas Pinilla, expulsado, humillado, excluido y demonizado, sobre cuya "tiranía" (populista) había tratado de legitimarse esta "democracia" frentenacionalista.
La confluencia de las corrientes liberal y conservadora en el gran aparato frentenacionalista, y la compenetración de éste con el régimen económico prevaleciente, determinaron la conformación de un establecimiento que convirtió sus rigideces interiores en índice de fuerza y que terminó por ver como una perturbación inquietante cualquier proyecto susceptible de introducir contradicción en su seno. En la medida en que este esquema general se oficializó, la oposición a él o a alguno de sus elementos adquirió visos de subversión. La inconformidad y las demandas de reformas, imposibilitadas para encontrar algún lugar en el establecimiento, formaron una franja de marginalidad ideológica que en los últimos tiempos no ha hecho más que radicalizarse.
Desde el punto de vista de los movimientos políticos, todas las alternativas al bipartidismo, único sistema que ha integrado la pasión dualista a los intereses de las capas más privilegiadas, han sido suprimidas con prepotencia, con saña y con audacia e impavidez: cuando la ANAPO triunfó en las elecciones del 19 de abril de 1970, la confección del fraude se hizo de cara al país sin recato alguno. El mismo Ministro de Gobierno de ese momento lo confesaría 28 años después, tratando de salvar su responsabilidad directa. (32) Dicho ex Ministro, Carlos Augusto Noriega, concluye el último capítulo de su libro-confesión con estas palabras: (esa)"controvertida elección sumió en la desesperanza a millones de colombianos desprotegidos. Por qué? Porque de todos ellos se apoderó, justificada o injustificadamente, la catastrófica convicción de que en nuestra flamante democracia a los personeros del pueblo se les arrebata su victoria en las urnas mediante maniobras fraudulentas. Conclusión de lo anterior fue la desastrosa creencia de que al poder hay que tomárselo con las armas, no con papeletas ( ) las guerrillas revolucionarias ya existentes y ésta nueva (el M-19) lo entendieron como perentoria advertencia de que aquí, entre nosotros, el poder para poner fin a un orden injusto no se alcanza con votos sino con balas". (pg. 250).
Cuando 15 años más tarde, en 1985, la UNION PATRIOTICA comenzó a recoger nuevamente el descontento popular, la clase dirigente y el Estado no dudaron en responder rápidamente con el GENOCIDIO exterminando a toda su militancia en una carrera contra el tiempo (33)
Desde el punto de vista de los movimientos sociales que encarnan las luchas reivindicativas y la protesta popular, la situación no ha sido mejor. Un personaje fuera de sospecha, que ha ocupado altos cargos académicos y de asesoría a los órganos de control del Estado, resume así la situación: "Las prácticas dominantes de desobediencia civil fueron perseguidas como delitos políticos dentro del marco de una política criminal crecientemente discriminativa. Nótese, en tal sentido, cómo quince de los veinte años que duró el Frente Nacional, se vivieron bajo el régimen de estado de sitio, con todas sus secuelas de restricciones de libertades individuales y ciudadanas. El movimiento estudiantil, el movimiento obrero-sindical, el movimiento campesino, el movimiento indigenista, los movimientos cívicos, etc., y toda la gama de sus recursos de desobediencia civil como eran las tomas de tierra, las marchas campesinas, las manifestaciones de protesta, las huelgas ilegales y los paros cívicos, fueron reprimidos de manera brutal. Así, los movimientos sociales y políticos y demás expresiones de emergencia de la sociedad civil, luego de períodos de crecimiento y auge participativo, entraron en procesos de descomposición. Las secuelas acaso más graves de ese proceso fueron el debilitamiento de las luchas democráticas y el fortalecimiento de la lucha armada". (34)
La Colombia de la última década del siglo XX, si bien ha adquirido una Constitución que incorpora en su texto los derechos humanos casi exhaustivamente, coincide con la más brutal escalada de la estrategia paramilitar del Estado. La creciente condena internacional al Estado violador de los derechos humanos, condena que toma fuerza en los ochentas, hace que éste reacomode sus activos de modo que actúen en primer plano las huestes paramilitares entrenadas y preparadas desde comienzos de los sesentas. Y como éstos no tienen que respetar recatos institucionales de imagen, el desbordamiento del exterminio ya no tiene nombre.
5. Configuración del Estado como actor violento
La configuración del Estado como actor violento, durante este período que se inició en 1966, puede estudiarse a través de susopciones fundamentales, de su doctrina contrainsurgente, de su estrategia para enfrentar el conflicto social y de susmétodosde acción.
5.1. Opción fundamental
Frente a un levantamiento en armas por parte de grupos que reclaman cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y políticas, para satisfacer en niveles básicos las necesidades elementales de la población, un Estado tiene dos alternativas: un tratamiento político negociado para buscar soluciones a los reclamos justos, o un tratamiento militar para exterminar la rebelión. La opción fundamental del Estado colombiano ha sido claramente la segunda, pero no reduciendo la acción de exterminio a los alzados en armas sino llevándola a amplias capas de población civil desarmada, que caen o podrían caer bajo áreas de influjo territorial o ideológico de los combatientes. Si bien desde 1983 se han producido diversos procesos de negociación con grupos insurgentes, llamados "procesos de paz", solo han llegado a un cierto término aquellos que se han reducido a la negociación de una desmovilización de los combatientes, y hasta ahora han fracasado rotundamente aquellos en que se ponen sobre la mesa los más agudos problemas socio-económicos o políticos. Y aún los procesos "exitosos" han tenido como epílogo la eliminación física de un porcentaje significativo de los desmovilizados.
5.2. Doctrina
La Doctrina Contrainsurgente del Estado colombiano se expresa en tesis que se repiten ritualmente en los discursos de las jerarquías militares, de no pocas autoridades civiles y de voceros reconocidos de las clases dirigentes, pero cuyas directrices principales se encuentran en los documentos desclasificados del Penágono y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
El General Fernando Landazábal explicitaba con franqueza, en uno de sus libros, la tesis fundamental: "No menos importante que la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la misma. ( ) La dirección política no puede interesarnos meos que la militar y, una vez reconocida y determinada la tendencia, hay necesidad de ubicar la ideología que la anima, plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejericio libre de su acción la dirección política del movimiento" (35)
Esta tesis se ha desdoblado, a lo largo de las tres décadas y media que lleva el actual ciclo de violencia, en la criminalización de la protesta social y de la oposición política; en el equiparamiento del delito de rebelión al delito de opinión, en la calificación de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de oposición política o de defensa de los derechos humanos, como "fachadas de la subversión" o "brazo desarmado de la subversión". (36) A todo esto se suma la rutina de presentar ante la opinión pública a las víctimas de la represión oficial como "guerrilleros muertos en combate", vistiendo muchas veces sus cadáveres, "post mortem", con uniformes de combatientes.
5.3. Estrategia
La Estrategia represiva del Estado colombiano se puede analizar, por una parte, en la serie de manuales de lucha contrainsurgente, publicados con carácter reservado por las Fuerzas Armadas, entre 1962 y 1987, pero exige análisis complementarios de los comportamientos sistemáticos de los demás poderes del Estado en apoyo activo o pasivo a la ejecución de esas directrices.
Un eje fundamental de la estrategia trazada en los manuales, ha sido el mantenimiento de estructuras paramilitares, recomendado por la misión del gobierno estadounidense de febrero de 1962, como se vio atrás, pero reforzado en todos los manuales de contrainsurgencia posteriormente conocidos, tanto en los importados de Estados Unidos y Francia, como en los elaborados a nivel nacional. (37)
Pero otro eje de no menor importancia ha sido el tomar a la población civil como blanco fundamental de la lucha contrainsurgente. La tesis de base, según la cual, "en la población civil se fundamenta la existencia de los grupos subversivos" (38) lleva a poner a la población civil como "uno de los objetivos fundamentales de las unidades del Ejército" (39) Por ello todos los manuales mencionados contienen grandes capítulos sobreoperaciones de inteligencia y sobre guerra psicológica, de las cuales hacen objetivo a la población civil.
Los capítulos sobre INTELIGENCIA ofrecen numerosas tácticas para desnudar el alma de la población civil, descubriendo y registrando sus tendencias ideológicas, sus simpatías políticas, sus vulnerabilidades psíquicas, sus costumbres, sus líderes etc. Todo mira a clasificar a los pobladores en "listas negras, grises y blancas", para luego realizar un "boleteo al personal de lista gris y negra que no quiere colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran, atemorizarlos haciéndolos creer que están comprometidos y que deben abandonar la región" (40) , táctica similar a la de la "limpieza étnica", convertida aquí en "limpieza ideológica".
Los capítulos sobre La Guerra Psicologica prescriben someter a la población a análisis rigurosos con miras a descubrir "sus actitudes; el origen de las mismas; los factores externos que las gobiernan; las vulnerabilidades y susceptibilidades que puedan ser explotadas psicológicamente, y las necesidades humanas que originan problemas políticos, sociales y económicos", lo que se considera como "identificación indispensable para poder explotarla en provecho de la unidad contraguerrilla". (41) Las numerosas tácticas contempladas en los manuales equivalen a un permanente y denigrante "lavado extorsivo de cerebros", con el objetivo confeso de "reeducación de elementos disidentes" (42) , de "extirpar la organización terrorista del seno de la población" (43) o de "influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles, de tal manera que apoyen la realización de los objetivos nacionales" (44) .
A nadie se le oculta que esto no puede hacerse sin sacrificar todos los derechos a la libertad de conciencia y de opinión que tiene cualquier ser humano, entre otros muchos derechos. La misma Acción Cívico Militar, que consiste en proyectos dirigidos por el Ejército que miran a aliviar carencias o necesidades básicas de la población, se la concibe en los manuales como "el mejor medio que tiene el Ejército para lograr, en la lucha contra las guerrillas, el necesario apoyo de la población" (45) , inspirándose en un principio más general, según el cual "El buen trato (a la población civil) es requisito para explotarla" (46)
Pero si bien la Estrategia Paramilitar, así como la Estrategia de Culpabilizar a la Poblacion Civil para Reprimirla Indiscriminadamente, son estrategias agenciadas en directo por las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado, no serían estrategias viables si el Estado fungiera como Estado de Derecho y si sus agentes e instituciones, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, actuaran conforme a Derecho. Por esto, es parte integrante e importante de ambas estrategias la tolerancia, aquiescencia, consentimiento, complicidad, colaboración, instigación, apoyo y protección que les garantizan los demás poderes del Estado.
El Poder Ejecutivo asume ambas estrategias fundamentalmente abdicando de sus funciones de velar por una correcto comportamiento de los funcionarios de su ramo, como las fuerzas armadas; no ejerciendo sus obligaciones de vigilancia, depuración y dirección, y remitiendo el problema de los crímenes del Estado a un poder judicial que sabe acomodado a la impunidad.
El Poder Judicial asume la estrategia en su última y definitiva franja protectora (ya que el Ejecutivo abdica de todo control y depuración administrativos), integrando, en primer lugar, la Justicia Penal Militar, como sistema válido de "justicia", a pesar de no llenar los más mínimos universales requeridos para ello, y, en segundo lugar, tolerando, asimilando y afianzando los numerosos mecanismos de impunidad, nacional e internacionalmente denunciados por varias décadas. (47)
A su vez, el Poder Legislativo asume las estrategias abdicando de sus poderes de control político del Ejecutivo en el campo de la "guerra sucia", así como de sus poderes judiciales sobre la Cabeza del Ejecutivo; aprobando los ascensos de los militares comprometidos en crímenes de lesa humanidad y tramitando y aprobando legislaciones que favorecen dichas estrategias.
Como se ve, la efectividad de la doble estrategia descansa sobre dos pilares esenciales: por una parte, la articulación operativa de lo militar con lo paramilitar, y por otra, la colaboración de los demás poderes mediante conductas omisivas, elusivas, encubridoras o desviacionistas. Sin la concurrencia de ambos polos, el modelo no funcionaría. Se trata de un modelo que descansa sobre un esquema de "esquizofrenia estatal", o sea, en el fraccionamiento aparente del Estado para confeccionar parte de su imagen con rasgos de un "NO-YO", y la posibilidad de jugar ese juego ante la comunidad nacional e internacional es lo que le permite subsistir como Estado que supuestamente llena los "requisitos democráticos" que hoy día se estipulan. Una táctica esencial de ese juego consiste en la elaboración de un lenguaje oficial cosmético (discursos, decretos, declaraciones), que configure el paramilitarismo como NO-YO, sometiéndolo incluso a censuras verbales. o a persecuciones teatrales. No hay duda de que en esto cumplen una función de primer orden los medios masivos de "información", en cuyo poder descansa la posibilidad de vender la mentira como "verdad".
5.4. Métodos
En cuanto a los METODOS utilizados por el Estado como actor violento, éstos podrían enumerarse de una manera muy simple: acusaciones falsas, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, juicios injustos, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos individuales y colectivos, desplazamiento forzado de poblaciones, destrucción de bienes de subsistencia, bombardeos indiscriminados, amenazas, atentados y violencia sexual. Pero la simple enumeración no revela la lógica de sus aplicaciones. Los análisis anteriores nos hacen leer estos métodos como encuadrados en una intención general de DISUASION, pues, como se ha visto, se trata de combatir y exterminar una forma de pensar, una ideología, una opción por un modelo alternativo de sociedad que no se compadecería con el modelo hemisférico. Tal disuasión sería imposible de implementar sin quebrantar parámetros fundamentales de un Estado de Derecho. Por ello, los métodos deben revestirse, en cuanto se pueda, de apariencias de legalidad, (mediante legislaciones drásticas de "Orden Público") y forzando su legitimación como "respuesta a la violencia insurgente". Por esto, también, tiene tan grande importancia, dentro del modelo, la lectura del desarmado como "armado", así como la difusión de la tesis de la "subversión desarmada", en la cual quepan todas las actividades y organizaciones legales, pero que podrían poner en cuestión las estructuras o el modelo hemisférico de sociedad. También en este contexto se revela la "racionalidad" del paramilitarismo.
La intencionalidad disuasiva, explícita desde el Suplemento Secreto del General Yarborough en 1962, así como en todos los documentos doctrinales y estratégicos antes citados, nos conduce al concepto de Terrorismo de Estado.
En efecto, el terror se entiende semánticamente como un "miedo intenso", y puede ser intenso en dos circunstancias, entre otras: a) cuando están en alto riesgo los valores más elementales de lo humano: vida, integridad y libertad (y en sus niveles más básicos, o sea: el terror de ser privado de la vida; de ser disminuido o mutilado en el propio funcionamiento fisio-psíquico; de ser privado de la libertad física), y b) cuando no existe una zona o franja de seguridad donde ese riesgo pueda evitarse. Cuando el miedo se apoya en esas dos circunstancias y éstas se seleccionan como estrategia disuasiva, se puede hablar de una estrategia terrorista. Y si es el Estado el que controla esas circunstancias, estaremos frente al Terrorismo de Estado. Así, cuando el Estado crea, por ejemplo, tipos penales ambiguos (como los de "rebelión" o "terrorismo") en cuanto instrumentos manipulables y arbitrarios para arruinar la libertad de un blanco seleccionado; cuando crea procedimientos judiciales manipulables y susceptibles de montajes (como testigos y jueces sin rostro o recompensas monetarias a eventuales acusadores); cuando establece agentes ficticiamente "fuera de control" como encargados de castigar simpatías ideológicas o militancias legítimas; cuando mantiene garantías de impunidad para agentes estatales y paraestatales que amenacen sistemáticamente la vida, integridad y libertad de poblaciones que se escapan a su pleno control, etc., es evidente que se está en presencia del Terrorismo de Estado, como substrato común de los métodos violentos antes enumerados.
La disuasión mediante el terror tiene la ventaja, para sus gestores, no solo de conjurar a las inmediatas los intentos de transformaciones sociales, sino de condicionar al menos a la generación siguiente a que se pliegue a los proyectos de futuro del Estado victimario. El efecto más recóndito del terror es la opción inconsciente o subconsciente de evitar las vías recorridas por los desaparecidos, por los asesinados, por los torturados y por los desplazados, como tributo pagado al instinto de conservación.
6. Asimilación de otras violencias
6.1. El Narcotráfico
Parte de la violencia de este ciclo ha sido leída desde otros países como una violencia ligada al problema del cultivo y tráfico de sustancias psicoactivas, como la marihuana, la cocaína y la heroína, ya sea porque en dicho período se produce la conformación de carteles competitivos de narcotraficantes que han intentado destruirse mutuamente en algunos momentos; ya por la existencia de una política anti-narcóticos de carácter represivo, continuamente rediseñada bajo directrices norteamericanas; ya por manifestaciones de resistencia a esa represión, que a veces asumen características violentas. Esta es la imagen construida a través de las agencias internacionales de "información", que se vende ordinariamente como interpretación exclusiva de "La Violencia" colombiana. Pudo dar fundamento para esto la espectacularidad de ciertos hechos violentos ocurridos entre 1986 y 1990, en los cuales intervinieron estructuras armadas ligadas a los carteles de la droga y cuyos móviles parecían estar relacionados con reacciones a mecanismos de represión contra los narcotraficantes (como la extradición) o con conflictos de competitividad entre los carteles. Este tipo de violencia, limitada a asuntos de droga, es estadísticamente muy pequeña, aunque agrandada por la espectacularidad y publicidad de los hechos. Pero no puede negarse que el fenómeno del narcotráfico se ha integrado por otros caminos a este ciclo de violencia.
A comienzos de los ochentas, grandes extensiones de tierras periféricas del país, ganadas a la selva, donde se habían refugiado centenares de miles de familias expulsadas de otras regiones por la violencia, conocieron el auge de la coca. Se conformó entonces un sector de economía ilegal que reprodujo las estructuras sociales piramidales e injustas: una base, calculada en 300.000 familias, que lleva el duro peso del cultivo y "raspado" en condiciones de rudeza y alto riesgo; un sector intermediario que refina y exporta y que fue conformando los carteles nacionales; y unos grandes traficantes distribuidores, asentados en Estados Unidos o Europa, que usufructúan el más alto porcentaje del lucro. Los réditos de ese producto, excluido incoherentemente de las legalidad del mercado (48) , y que gracias a su forzosa clandestinidad genera ganancias exorbitantes, se reparte con criterios de sobreexplotación: la base recauda una retribución 250 veces inferior al producto de su venta y 40 veces inferior a la que reciben los intermediarios exportadores.
Entre el 96% y 98% del lucro total de las operaciones se integra a la economía estadounidense, o europea, y entre el 2% y 4% ingresa clandestinamente a la economía colombiana, (49) aportando un promedio mínimo de mil millones de dólares anuales. (50) Uno de los sectores más recurridos por los carteles nacionales para "lavar" el dinero ilegal ha sido la compra de tierras. Según el sociólogo Alejandro Reyes, ya en 1992 habían comprado entre 2.5 y 3 millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables [de los 8 millones existentes] en 250 municipios. (51) Gran parte de esas tierras estaban ubicadas en zonas de presencia guerrillera, lo que explicaría los intereses de los narcotraficantes en aliarse con los paramilitares para apoderarse de ellas y usufructuarlas, tratando de expulsar de allí a las guerrillas.
A mediados de los ochentas es muy evidente la alianza entre los grandes narcotraficantes y el paramilitarismo. Cuando en diciembre de 1987 el Coronel del Ejército Israelí, Yair Klein, por invitación de miembros del gobierno estadounidense (52) entrenó a un contingente de paramilitares en el Magdalena Medio, allí concurrieron delegaciones enviadas por los grandes capos de los carteles de la droga conocidos, quienes ya eran simultáneamente líderes paramilitares. Un testigo fuera de sospecha, el oficial del ejército Luis Antonio Meneses Báez, integrante de la estructura paramilitar anfitriona, lo confesó así ante la DIJIN en noviembre de 1989 (53) Según dicho testimonio, a ese curso asistieron 50 personas, 20 designadas por Henry Pérez, 20 por Gonzalo Rodríguez Gacha, 5 por Víctor Carranza y 5 por Pablo Escobar y Fabio Ochoa.(todos reconocidos narcotraficantes). En un momento el curso se trasladó de la finca "El Cincuenta" de Puerto Boyacá, a la zona de "La Azulita" en el Putumayo, dos reconocidos asentamientos del narcotráfico. (54) Otro testigo de excepción, el ex-militante del M-19, Diego Viáfara Salinas, que se integró a la experiencia paramilitar piloto de Puerto Boyacá en diciembre de 1983, narra uno de los momentos en que se fraguó la alianza entre el narcotráfico y el paramilitarismo, en diciembre de 1985, cuando un campero cargado de coca fue interceptado por los paramilitares en el sitio "Dos y Medio"(cerca de Puerto Boyacá). Los paramilitares decidieron entrar en negociaciones con los narcotraficantes, devolverles la droga y llegar a acuerdos de integración de actividades (55)
Tanto las dos confesiones mencionadas antes, como la del Mayor del Ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez, cofundador de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá (56) corroboran la unidad de acción que se da entre el Ejército, los narcotraficantes y los paramilitares, en la segunda mitad de los ochentas. (57) Según el texto de un pre acuerdo firmado el 1 de septiembre de 1988 entre el Secretario General del Presidente Barco, Don Germán Montoya, y el abogado Guido Parra en representación del "Grupo A" (o carteles de Medellín, Bogotá y La Costa), que buscaba una negociación de paz entre el gobierno y los narcotraficantes, los grupos paramilitares, entre ellos el más activo y terrorista del momento: el MAS, son reconocidos formalmente como grupos "auxiliares". (58)
Por su parte, los frentes guerrilleros de las FARC, apoyados en el principio de no buscar la financiación de la guerra en la población pobre sino extraerla a la fuerza de la población adinerada, establecieron un impuesto por gramo ("gramaje") a quienes participaban en el comercio de la droga, como fuente de financiación. No pocos militares pactaron con los traficantes adoptar una posición de "ceguera voluntaria" frente a los cultivos y tráfico ilícito de droga, a condición de millonarios sobornos.
Entre tanto los gobiernos que se han sucedido en los años ochentas y noventas han trazado diferentes políticas represivas supuestamente con miras a eliminar el cultivo y comercialización de la coca, políticas que obedecen a una manifiesta presión del gobierno estadounidense y que han servido para canalizar una constante ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, bajo el presupuesto de que la erradicación de la droga debe hacerse militarmente. Este ha sido otro factor de violencia, cuyo blanco ha sido el eslabón más débil del proceso, o sea, las familias que realizan el trabajo de base (cultivo y "raspado") por imperativos de supervivencia, las cuales sufren constantes fumigaciones y destrucciones de sus cultivos y enseres, daños en su salud y en su medio ambiente, cuando no encarcelamientos bajo la acusación de "narcotraficantes".
Para los traficantes poderosos se han elaborado y aprobado leyes de sometimiento voluntario a la justicia, con grandes contraprestaciones judiciales (59) . Pero las políticas represivas no han podido ocultar la doble moral de las clases dirigentes: mientras aprueban legislaciones represivas contra los eslabones más débiles, usufructúan las ganancias del comercio ilícito para traficar con el poder político. En 1996 el Presidente Samper fue juzgado y absuelto (60) por el Congreso de la República por haber financiado su campaña con un aporte de seis mil millones de pesos provenientes del cartel de Cali, Al mismo tiempo, el proceso judicial No. 8000 evidenció la participación de numerosos líderes políticos y miembros de la clase dirigente en el disfrute de esos dineros "mal habidos". El periodista Javier Darío Restrepo demostró que el financiamiento del poder político con ese tipo de dineros se venía dando desde la década del 70 (61) y un ex ministro de Estado, protagonista de momentos álgidos de la historia nacional, lo reconoció con franqueza (62)
* Sin embargo entender la lógica de la política antinarcóticos del gobierno estadounidense y sus proyecciones extorsivas sobre la política del Estado colombiano, es muy difícil, dado su carácter incoherente, contradictorio y aberrante:
Ante todo, excluir el comercio de la droga de la aplicación de la ley de la oferta y la demanda (ley fundamental del sistema que dice defender) para mantenerlo como un comercio ilegal, es algo que contradice la racionalidad del sistema. Las "razones éticas" que suelen aducirse, se derrumban en el momento en que se contrapone esa medida a la libertad de que gozan la industria y el comercio de armamentos, que no solo atentan contra la calidad de la vida sino que apuntan directamente a la destrucción de vidas humanas a gran escala.
* Si, como se ha dicho, la intención que motivó la "guerra contra las drogas" en los gobiernos de Reagan y Bush, era producir un alza exorbitante de su precio y por esa vía disminuir el consumo, el efecto real fue convertir ese comercio en el mejor negocio del mundo, pues deja utilidades del orden del 20.000 % (63) . Y mientras todos los estudios estadísticos muestran que el consumo ha ido siempre en aumento, entre el 96% y el 98% del producto de la venta se queda en los países consumidores, el principal de los cuales es Estados Unidos, entrando solo a los países productores entre el 2% y el 4% (64) . De esto se puede concluir que mantener dicho comercio en la "ilegalidad" le reporta, de hecho, un movimiento exorbitante a la economía estadounidense que irriga muchos de sus sectores financieros y que los supuestos argumentos éticos tienen un carácter de ficción. Por tanto, mantener la represión en los países productores es el factor clave para mantener los precios exorbitantes, que de hecho no han disminuido el consumo pero sí reportan ganancias fabulosas al sector financiero de la Unión americana.
* Que ni al gobierno ni al congreso estadounidenses les importe en absoluto disminuir el consumo interno, quedó más evidenciado en la coyuntura de discusión de la ayuda al "Plan Colombia" (febrero-junio/2000), al rechazar la enmienda propuesta por el Senador Wellstone, quien demostró, mediante estudios de la Rand Corporation, que invertir en el tratamiento a los consumidores es 23 veces más efectivo para disminuir el consumo que invertir en la erradicación de cultivos en otros países (65)
* Pero las incoherencias llegan a su colmo y evidencian que otros intereses se ocultan detrás de la "política antinarcóticos", cuando el gobierno de los Estados Unidos acepta, a ciencia y conciencia, entrar en alianzas con los carteles colombianos del narcotráfico, vía estructuras paramilitares, que sus mismas agencias recomendaron e incentivaron desde 1962. En efecto, el Coronel israelí Yair Klein confesó que había venido a Colombia en 1986-87, "invitado por los americanos", y entrenó a grupos paramilitares seleccionados por los grandes líderes de los carteles de la droga. Además, el informe "Stopping the Flood of Cocaine with Operation Snowcap: Is it Working?", elaborado por el Comité sobre Operaciones Gubernamentales, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que examinó el destino de la ayuda anti-narcóticos entre 1980 y 1990, reveló que esa ayuda se empleaba en operaciones contrainsurgentes que favorecían a narcotraficantes-paramilitares aliados con el ejército. Michael McClintock enfatiza de dicho informe la conclusión de que: "Los militares, que han consolidado una alianza con terratenientes armados y barones de la droga para desarrollar su aparato contrainsurgente, eran parte del problema del tráfico de narcóticos y no un medio efectivo para suprimirlo" (66)
* McClintock afirma, además, que "el despliegue de fuerzas de operaciones especiales de los militares estadounidenses en Bolivia, Perú y Colombia, para entrenar y apoyar a fuerzas militares contrainsurgentes, bajo el paraguas de programas de represión a la droga, ha sido un aspecto del nuevo orden" (67) . Esto aparece corroborado en el excepcional testimonio de Stan Goff, oficial del ejército estadounidense, quien sirvió durante dos décadas en las Fuerzas Especiales, entrenando a ejércitos del Tercer Mundo, y que estuvo en la base de Tolemaida (Colombia) en 1992, entrenando a "Fuerzas Especiales" del ejército colombiano: "Sabíamos perfectamente, como también lo sabían los comandantes de la nación anfitriona, que los narcóticos eran una excusa ridícula para fortalecer las capacidades de tropas que habían perdido la confianza de la población, luego de años de atropellos ( ) Pero yo me había ido acostumbrando a las mentiras. Estas eran la moneda circulante de nuestra política exterior ( ) Hay también una historia turbulenta del gobierno de Estados Unidos que lucha con -no contra- los traficantes de droga. De hecho la CIA parece tener una tendencia irresistible hacia los barones de la droga" (68)
El cúmulo de incoherencias, contradicciones y aberraciones que ha hecho ininteligible la "política antidroga" de los gobiernos de Estados Unidos, se vuelve inteligible cuando se la descubre como "paraguas" para cubrir intereses inconfesables. De hecho, la caída del muro de Berlín, con toda sus connotaciones, dejaba sin piso ideológico la política intervencionista de los Estados Unidos en sus áreas de influencia, pues ya no existía ninguna superpotencia enemiga que tratara de infiltrarse en sus patios. Pero quedaban al desnudo los verdaderos objetivos de esa "guerra": impedir la autodeterminación de los pueblos que quisieran modificar las reglas de juego de un sistema de explotación generador de miseria a gran escala. Era necesario, entonces, encontrar otra legitimación ideológica para la intervención y para la continuidad de la estrategia paramilitar trazada desde comienzos de los sesentas, y esta fue la "política anti-narcóticos".
El fenómeno del narcotráfico se articula, pues, al actual ciclo de violencia: a) brindando financiación exorbitante y poder extorsivo y corruptor al paramilitarismo; b) brindando legitimación ideológica a la continuidad de la intervención estadounidense en el conflicto colombiano, mediante la ayuda militar creciente bajo el paraguas de "política antinarcóticos" y presencia creciente de asesores contrainsurgentes bajo el mismo paraguas; c) legitimando acciones destructivas contra las capas más vulnerables de la economía de la droga y provocando en ellas reacciones violentas de desesperación apoyadas por la insurgencia.
6.2. La delincuencia común y la "limpieza social"
En las últimas décadas Colombia ha alcanzado los más altos niveles de muertes violentas. Desde 1985 el promedio se ha movido entre 70 y 90 muertes violentas anuales por cada cien mil habitantes, mientras los países que le siguen tienen promedios cuatro veces inferiores.
Estas cifras envuelven muchas formas de violencia que podrían juzgarse a primera vista como no relacionadas entre sí. Sin embargo, cada dinámica de violencia refuerza de una u otra manera las demás, por el solo hecho de compartir un mismo territorio y un mismo ámbito socio político. Así, por ejemplo, las cadenas infinitas de retaliaciones que los crímenes ponen en juego, hacen que un crimen de carácter político genere otros muchos que no lo son; la ampliación progresiva del tráfico de armas que van a parar a manos de grupos o personas privadas, hace que cada arma sirva, en su trayectoria, a diversos tipos de criminalidad y que su sola posesión motive o facilite algunos crímenes; la crisis de la justicia punitiva lleva a que muchas denuncias sean reemplazadas por actos de violencia como substitutos de una justicia inexistente; ejércitos privados que sirvieron originalmente a la defensa de algún narcotraficante y de su territorio, luego entran en alianza y unidad de acción con instituciones del Estado para unirse a la lucha contrainsurgente reforzando el paramilitarismo. Son dinámicas de violencia que se entrecruzan diacrónicamente y que, al entrecruzarse, fortalecen el modelo o los parámetros dominantes de violencia.
Pero entre esos tipos de violencia aparentemente más relacionados con la delincuencia común, hay uno que se articula más profundamente a los parámetros esenciales del actual ciclo y es la llamada "limpieza social". El modelo de sociedad vigente, por cuya defensa o transformación se ejerce la violencia en este ciclo, es un modelo que por su propia dinámica esencial genera miseria a gran escala. Una de las más trágicas secuelas del ciclo anterior de violencia fue la enorme migración del campo a la ciudad, ya que el campo fue y sigue siendo el escenario principal de la violencia. Esa migración continúa dramáticamente en los desplazamientos forzados que ahora se multiplican. Fruto de ello han sido los grandes cinturones de miseria que se han conformado en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias, donde la carencia de medios de subsistencia ha llevado a decenas de millares de personas a sobrevivir de la delincuencia, produciendo, en consecuencia, un clima generalizado de inseguridad.
La respuesta más típica del Estado y del Establecimiento a esa inseguridad han sido las campañas de "limpieza", que se ejecutan mediante escuadrones de la muerte que actúan por fuera de los marcos legales, a veces conformados por agentes del Estado y otras veces instigados, patrocinados, apoyados o tolerados por ellos, para desaparecer y asesinar a los delincuentes.
Las prácticas sistemáticas de "limpieza", que ordinariamente se ocultan bajo complicados mecanismos de clandestinidad, afloran a veces cuando grupos de derechos humanos deciden asomarse a esos abismos de inhumanidad. En 1995, algunas de las organizaciones participantes en este proyecto hicimos un acercamiento al fenómeno de la "limpieza social" en Cali, donde la sección de Epidemiología de la Violencia, adscrita al programa de "Desarrollo, Seguridad y Paz -DESEPAZ-", de la Alcaldía municipal de Cali, había registrado 6.123 homicidios en 3 años (enero/93 a diciembre/95), de los cuales el 55% correspondía a víctimas entre 15 y 30 años de edad y el 80% a barrios de los 3 estratos más pobres de la ciudad. (69) No había duda de que el más elevado porcentaje de estas víctimas nos estaba mostrando las proporciones de esa respuesta del Estado y de la 'sociedad honorable' a la llamada "inseguridad ciudadana".
Este tipo de violencia se asimila perfectamente a la que caracteriza al ciclo actual:
- en lugar de buscarle solución al desempleo y a la miseria que llevan a los jóvenes a la delincuencia, prefiere exterminarlos;
- en su doctrina deslegitima y criminaliza las únicas salidas que encuentra dentro del sistema el imperativo de la subsistencia;
- en su estrategia y métodos, crea o protege grupos que castiguen ese tipo de salidas mediante la pena de muerte 'de facto', garantizando la impunidad a sus actores.
La inseguridad ciudadana es un fenómeno que denuncia por sí mismo la irracionalidad del sistema, que no puede satisfacer las necesidades básicas a amplias capas de la sociedad, y por tanto está demandando apremiantemente un cambio radical del modelo. La respuesta de la "limpieza social", por su parte, revela la criminalidad estructural del Estado y que la viabilidad del modelo vigente de sociedad está ligada a la asimilación de niveles de criminalidad institucional a gran escala.
II. Valores desde los cuales reaccionamos frente a este ciclo de violencia y lo enjuiciamos
1) La Verdad
Al pretender desentrañar la racionalidad propia de este ciclo de violencia, pasando de los hechos concretos que se van revelando como sistemáticos, a los motivos o razones explícitas o implícitas, públicas o secretas, en que esos hechos tratan de fundamentarse, descubrimos, como una constante general, que esas "razones" o pretendidas "justificaciones" de los hechos no son sustentables, y que por eso mismo tienen que esconderse, ocultarse, camuflarse, disfrazarse; en síntesis, acudir a la falsedad. En otras palabras, esas "razones" que pretendidamente "validan" o "legitiman" la violencia represiva del Estado, no resisten salir a la luz; no resisten ningún debate democrático, público ni honrado, porque al quedar al desnudo se deslegitimarían "ipso facto". Por eso su fuerza descansa en el poder de la oscuridad, de la ignorancia, del ocultamiento, de la desinformación, de la falsedad y de la mentira.
Si rastreamos, por ejemplo, el origen del paramilitarismo, nos encontramos con unos informes secretos de una visita de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg -USA- a Colombia (en 1962), y sobre todo con un Suplemento Secreto que recomienda "contra-agentes", "contra-propagandas", "sabotajes", "actividades terroristas paramilitares" e "interrogatorios con drogas alucinógenas". Nos encontramos también con visitas y asesorías secretas de miembros de la CIA y del Pentágono durante décadas, con manuales de contrainsurgencia "secretos" y "reservados" que se distribuyen entre los miembros de las fuerzas armadas; con reuniones secretas y con estructuras secretas de coordinación entre militares y paramilitares (70) . Nos preguntamos: por qué todo esto tiene que hacerse en la oscuridad, de espaldas a la sociedad, por fuera de los marcos de la legalidad? Evidentemente porque todo esto contradice los principios que en los discursos y en los textos legales se dice defender: la autodeterminación de los pueblos y Estados; la prohibición de intervención militar de un Estado en otro; el monopolio de las armas por el Estado; el respeto a las convicciones ideológicas y políticas de las personas y los pueblos; la prohibición de la tortura física y psicológica, etc. Es decir, si todas estas visitas, asesorías, directrices, manuales, estrategias, prácticas, etc. se hicieran a la luz del día, de cara al país (o a los países -incluyendo a los ciudadanos de Estados Unidos-) esto no tendría manera alguna de legitimarse, y sus responsables serían no solamente repudiados, condenados y estigmatizados, sino también sancionados como criminales.
Si rastreamos los documentos en que se expresa la Doctrina de la Seguridad Nacional, que es el fundamento teórico de las estrategias violentas de los Estados latinoamericanos y en particular del Colombiano, descubrimos un engaño que solo puede sostenerse gracias a falsificaciones de lenguaje. En efecto, vender la idea de que el OCCIDENTE defiende la 'democracia', o la 'civilización', o 'el cristianismo', mientras impide a los pueblos decidir sobre su propio destino y sobre su propio modelo de desarrollo y de sociedad; mientras mantiene métodos de represión salvajes e inhumanos, y mientras atenta gravemente contra la justicia, es una mentira que solo puede sostenerse mediante la fuerza y el terror, la evasión del debates y análisis, o el ocultamiento, control y distorsión de la información. Así mismo, crear el fantasma enemigo del Movimiento Comunista Internacional como un poder avasallador que "quiere destruir las democracias, la vida civilizada y las religiones", y hacer creer que ese 'monstruo' está presente detrás de campesinos que reclaman un pedazo de tierra, o detrás de sindicalistas que reclaman un salario justo, o detrás de organizaciones políticas, culturales, religiosas o humanitarias que reclaman condiciones de vida más justas para las mayorías, es otra mentira que no resiste el más elemental análisis y que solo puede mantenerse mediante el terror, la ignorancia y la estigmatización social de todo el que ponga en discusión tales dogmas. Nos preguntamos si no será que esta "democracia" que nos rige le teme a propuestas alternativas, pues si se viera forzada a confrontarse con esas propuestas en condiciones de sinceridad y honestidad, saldría radicalmente deslegitimada, y definida como democracia ficticia, cimentada en injusticias estructurales y generadora de miseria y de violencia.
Si rastreamos los discursos "justificatorios" de la represión, a través de los considerandos de leyes y decretos, de los editoriales de la Revista de las Fuerzas Armadas, de editorialistas y articulistas de los medios masivos de comunicación, y de las explicaciones dadas por agentes del gobierno a la comunidad internacional, nos encontramos con el sofisma recurrente de confundir, identificar o equiparar las luchas no violentas con las luchas violentas, con el fin perverso de 'deslegitimar' las primeras aduciendo que son "fachadas" de las segundas. Es evidente que toda esta mentira se urde con el fin de no tener que enfrentar los reclamos justos de las víctimas.
Si rastreamos las relaciones de las estructuras paramilitares con la fuerza pública durante los últimos 35 años, la falsedad y la mentira se convierten en política audaz, atrevida y desafiante. Todos los gobiernos han negado rotundamente la paternidad, la unidad de acción y la protección permanente que brindan a las estructuras paramilitares, aunque salgan a la luz pública los documentos del Pentágono y la Cía que obligaban al gobierno colombiano a dichas estructuras paramilitares; aunque se conozcan públicamente los manuales de contra-insurgencia que durante 30 años han guiado las operaciones del ejército incluyendo instrucciones precisas sobre la conformación de grupos paramilitares; aunque salgan a la luz confesiones de los oficiales militares fundadores de dichas estructuras; aunque se lleven ante la misma justicia los casos más recientes y audaces de colaboración estrecha entre ejército, paramilitares y asesores norteamericanos (como Mapiripán/98); aunque los líderes nacionales del paramilitarismo, como Carlos Castaño, haga permanentes confesiones públicas de actuar en unidad de objetivos con el Estado y reconozca su participación en operativos concretos del ejército y de la policía (como la persecución a Pablo Escobar y a Joé Santacruz (71) ); aunque se demuestre permanentemente que los organismos de seguridad del Estado no es que no puedan sino que no quieren actuar contra Carlos Castaño, quien se comunica permanentemente con quien quiere y lleva una intensa vida social de interlocución permanente con los mass media y con todos los estamentos de la clase dirigente y organismos internacionales, siendo los organismos de inteligencia del Estado "los únicos que no pueden ubicarlo". Evidentemente si se deja de sostener esta descomunal mentira, a pesar de que cada día sea más difícil de sostener en crecientes escenarios internacionales, la ilegitimidad del Estado quedaría más al descubierto .
Si rastreamos el accionar del aparato judicial, baluarte fundamental de la impunidad, nos encontramos la mentira y la falsedad institucionalizadas y atrincheradas detrás de la mayor parte de mecanismos judiciales que les sirven de pantalla y que ya han sido adaptados al servicio de la impunidad. A la verdad se le cierra el paso o se la neutraliza desvirtuando los testimonios, ya sea por la vía de la intimidación o del soborno, o por la evaluación arbitraria de los mismos. La capacidad de manipulación de las pruebas o de otros mecanismos como la prescripción o el principio de "cosa juzgada", ha llegado a hacer del proceso judicial una ficción detrás de la cual se ocultan las decisiones ya tomadas de condenar o de absolver, de acuerdo a presiones o a criterios ideológicos. Por ello la "verdad procesal" ha llegado a distanciarse tan sistemáticamente de la verdad real, que se ha convertido en el símbolo, por antonomasia, de la mentira y de la manipulación.En esos procesos, en efecto, se neutraliza la verdad mediante diversos mecanismos: desvirtuando los testimonios, ya sea por la vía de la intimidación o del soborno, o por la evaluación arbitraria de los mismos. La capacidad de manipulación de las pruebas o de principios universales de administración de justicia, como la prescripción o el principio de "cosa juzgada", ha llegado a hacer del proceso judicial una ficción detrás de la cual se ocultan decisiones ya tomadas de condenar o absolver, que obedecen a presiones o a opciones políticas.
Si rastreamos el andamiaje "justificatorio" de la "política anti-narcóticos", diseñada por los gobiernos de los Estados Unidos e implantada forzosamente en Colombia, nos encontramos con un entramado de mentiras de grueso calibre que deja escapar falsedades e incoherencias por doquier. Se pretende hacer creer que es una política inspirada en la defensa de la calidad de la vida, mientras se mantiene como industria de punta la de armamentos, dirigida a la destrucción a gran escala de vidas humanas. Se pretende hacer creer que para disminuir el consumo solo es efectiva la destrucción de cultivos en los países productores, mientras los mismos centros de investigación de Norteamérica demuestran que es 23 veces más efectivo el tratamiento a los consumidores. Se pretende hacer creer que la represión a los productores busca disminuir el consumo, mientras los análisis constantes muestran que su único efecto es mantener los precios en niveles exorbitantes sin que estos incidan en la disminución del consumo, sino en una afluencia enorme de dineros que irrigan los sectores financieros del Norte. Se pretende ocultar los fabulosos intereses económicos que siguen teniendo como base la represión en los países productores. Se pretende ocultar que la ayuda militar que se otorga con la etiqueta de "ayuda anti-narcóticos", camufla las ayudas y asesorías para implementar las políticas contrainsurgentes. En todo este entramado de mentiras, unas mentiras refuerzan o sirven de base a las otras.
Si rastreamos las razones "justificatorias" de la "limpieza social", descubrimos que los agentes del Estado se camuflan, en sus acciones, omisiones, tolerancias, apoyos y protecciones, bajo capuchas de "escuadrones de la muerte fuera de control" que inundan las barriadas empobrecidas de las grandes ciudades y que merodean los basureros convertidos en botaderos de cadáveres. Descubrimos que se estigmatiza primero en los imaginarios sociales a determinadas categorías de indigentes para hacerlos "responsables" de la inseguridad ciudadana, la que motiva pánicos generalizados sobre los que descansa la legitimación social de la "limpieza". Descubrimos que el Estado encubre, bajo el pánico de la inseguridad ciudadana, las injusticias estructurales del desempleo y la miseria que no quiere enfrentar ni resolver.
Todas las formas parciales de violencia que se integran configurando la tipicidad de este ciclo de VIOLENCIA, se "legitiman", pues, en la MENTIRA y en la FALSEDAD. Por eso la deslegitimación de esa violencia tiene un primer paso necesario que consiste simplemente en SACARLA A LA LUZ; en hacer que sus fundamentos queden al desnudo ante la sociedad; en confrontar las palabras y los discursos con la realidad; en despejar el camino para que lo que está en las conciencias de sus actores se confronte, lógicamente, con los recursos utilizados para ocultarlo o negarlo. LA VERDAD se define como la concordancia entre el conocimiento y la realidad (verdad objetiva) o la concordancia entre lo que se sabe y lo que se dice (verdad moral).
Los crímenes de lesa humanidad que el Proyecto Nunca Más ha registrado y documentado, además de inscribirse dentro de políticas sistemáticas que buscan legitimarse en "razones" que no resisten salir a la luz porque se derrumbarían "ipso facto", o sea en la falsedad y en la mentira, también implican, cada uno de ellos, atentados específicos contra la verdad.
En efecto, si la verdad objetiva se entiende como concordancia entre la realidad y el conocimiento, o sea, entre los hechos sucedidos y los hechos conocidos, los victimarios han tratado de impedir esa verdad construyendo numerosas artimañas para que los hechos, tal como suceden, no puedan ser conocidos ni por los familiares o allegados de las víctimas ni por la sociedad en general. Ese camino entre los hechos y su conocimiento sufre bloqueos, manipulaciones, desvíos, ocultamientos, acomodos y remodelajes, con miras a que lo que se conoce no coincida con lo que sucedió. Algunas de esas trampas son:
Se oculta o cambia la identidad de los victimarios, ya sea utilizando para perpetrar los crímenes lugares secretos, solitarios o privados, las noches o los días no laborables, o el camuflaje bajo capuchas, vendas, vehículos sin placas o "robados", órdenes verbales y no escritas.
Se oculta o cambia también la identidad de las mismas víctimas, trasladando sus cadáveres a sitios desconocidos o arrojándolas a los ríos; mutilándolas; relacionándolas con circunstancias completamente ficticias, como falsos enfrentamientos; o colocándole a los cadáveres uniformes de combatientes, armas o panfletos ajenos a ellas.
Se transforma el escenario del crimen, ya con objetos o elementos que falsifiquen los hechos; ya retirando rápidamente a los agentes oficiales que controlaron la seguridad de los victimarios mientras actuaban; ya controlando el recaudo de las pruebas inmediatas, impidiendo que las que podrían ayudar a identificar a los victimarios pasen al expediente, o introduciendo otras que desvíen la investigación hacia falsos escenarios o móviles (mediante falsos testigos o falsas acusaciones contra las víctimas).
Por otra parte, si la verdad moral es la concordancia entre lo que se sabe y lo que se dice, también el camino que lleva de la conciencia al testimonio se ve bloqueado, manipulado, desviado, asaltado o copado por el terror:
Se han creado estructuras permanentes que hacen prevalecer la solidaridad de cuerpo sobre la verdad moral, cuando los victimarios son juzgados por sus propios superiores, compañeros o camaradas.
El testimonio de los civiles, sobre todo cuando proviene del entorno de las víctimas, se ha visto atrapado entre la amenaza y el soborno, debiendo ponerse muchas veces en dilema con el instinto de conservación, pues cada vez con mayor frecuencia, decir lo que se sabe equivale a firmar su propia sentencia de muerte.
· El trabajo de los agentes del poder judicial ha buscado "legitimarse" apartándose de toda opción ética, ideológica, religiosa o política, y refugiándose en una pretendida 'imparcialidad', así como en una pretendida 'ciencia jurídica pura' que no reconoce más imperativos éticos que la aplicación mecánica de normas procesales. De esta manera se logra eliminar todo escrúpulo que pudiera inhibir los fallos o sentencias cuando los agentes judiciales tienen pleno conocimiento de que sus decisiones contradicen rotundamente lo que hay en su saber y en su conciencia, aunque esos fallos queden judicialmente sustentados en la llamada 'verdad procesal', ('verdad'' construida con todas las falsificaciones y violencias antes enumeradas).
Así, pues, los victimarios han logrado erradicar la verdad, ya sea bloqueando o destruyendo, por una parte, el camino que lleva a identificar los hechos sucedidos con los hechos conocidos (verdad objetiva), y por otra, el que lleva a identificar lo que se sabe con lo que se testimonia (verdad moral). Esta acción destructiva de la verdad se dirige principalmente hacia dos ámbitos: el de los medios de información y el de la administración de justicia.
Pero toda esta acción destructiva de la verdad tiene una clara intencionalidad: que no haya estigmatizaciones sociales ni sanciones judiciales contra los victimarios, y que éstos queden con las manos libres para continuar llevando a cabo sus propósitos y proyectos. Esta intencionalidad depende, a su vez, de otra más profunda: que el modelo de sociedad injusta, así como las ideologías y estrategias a las cuales los victimarios sirven, exterminando a quienes se muestren contrarios, puedan afianzarse y consolidarse.
Y a pesar de que todo este bloqueo a la verdad responda a opciones e intenciones perversas e inconfesables pero claramente perceptibles, y al compromiso con un proyecto de sociedad y con una ideología, sin embargo los victimarios reivindican externamente (cuando se producen denuncias o investigaciones que los afectan) un concepto de "verdad imparcial", que no esté ligada a ningún interés político, ideológico, religioso o moral. Más concretamente, exigen que, frente a hechos ineludibles, solo se busque esclarecer la responsabilidad criminal individual de actos puntuales anti-jurídicos, pero que de ninguna manera se pretenda investigar conductas sistemáticas, colectivas, institucionales o estructurales, ni los móviles que las inspiran, y menos los proyectos de sociedad o intereses a los que sirven los crímenes y sus actores.
Así, desconectando la búsqueda de la verdad del contexto, móviles, intereses y proyectos en que se inscriben los crímenes, y centrando esa búsqueda en la exclusiva evidencia que podría conectar a un actor individual con una acción puntual, los victimarios consiguen que la búsqueda de la verdad se limite justamente a los trayectos del camino que ellos han logrado bloquear y destruir. Así, pues, a la búsqueda de la verdad le queda vedado incursionar en el campo de las fuerzas, intereses y proyectos que generan los crímenes, para que nunca sea posible bloquear su fuente generadora y para que siempre se puedan seguir amparando en la oscuridad y garantizar su continuidad.
La administración de justicia en Colombia, cuyo primer estadio se centra en el esclarecimiento del delito y la identificación del culpable ('verdad procesal') para proceder luego a las sanciones, se ha acomodado completamente a este esquema, de modo que jamás en Colombia se pueden investigar los Crímenes de Lesa Humanidad, que tienen, por definición, un carácter de sistematicidad, la cual nunca se puede detectar si no es examinando los móviles, instituciones y estructuras que generan los crímenes, así como los proyectos a los cuales sirven y las capas sociales que los sustentan. Así, la verdad específica del Crimen de Lesa Humanidad queda por fuera de las competencias del aaparto de judicial en Colombia.
Nos encontramos aquí ante una paradoja: mientras los victimarios se inspiran en móviles políticos e ideológicos y en el compromiso con un proyecto de sociedad discriminatoria, injusta y violenta, para bloquear y destruir los caminos de la verdad objetiva y de la verdad moral, al mismo tiempo exigen que la administración de justicia y los medios de información adopten las formalidades de una "verdad imparcial y puntual". Esto nos lleva a preguntarnos si la verdad puede ser imparcial y puntual.
Para ser imparcial, el conocimiento de la verdad tendría que prescindir de toda opción. Pero en la realidad, casi nadie, o nadie, busca la verdad con intenciones de contemplarla. La búsqueda de la verdad es una necesidad humana, pero una necesidad que está articulada e integrada profundamente a búsquedas humanas más amplias: la búsqueda de la supervivencia; la búsqueda del manejo del mundo para solucionar numerosas necesidades, aspiraciones e ideales; la búsqueda de un sentido de la vida; la búsqueda de un futuro más humano y digno (todas estas son opciones que determinan la búsqueda de la verdad). Ocultar la relación íntima y recíproca que se da entre la búsqueda de la verdad y estas otras búsquedas humanas más amplias, que se concretan en proyectos, ideologías, cosmovisiones o aspiraciones, no sería honesto y atentaría contra la misma verdad. Además, cuando a pesar de todo, se asume la teoría de la "verdad imparcial y puntual" (en cuanto separable de todo interés u opción ética, ideológica, política, religiosa, pragmática etc., e incluso de todo contexto) lo que sucede en el fondo es que se quiere ocultar y negar esas opciones y relaciones subyacentes, porque existe algún interés o presión para que permanezcan ocultas.
La Verdad a la que el Proyecto nunca Más quiere servir y desde la cual reacciona y enjuicia este ciclo de violencia que aún vivimos, no se construye con "verdades imparciales y puntuales o aisladas. Asumimos una Verdad Integral y Comprometida, que no esconda sino que saque a plena luz los móviles éticos, políticos, ideológicos y morales que la inspiran; que no oculte sino que levante al primer plano el proyecto de sociedad a cuya construcción quiere contribuir. Y desde esas opciones explícitas que sirven como de "suelo nutricio" y de contexto a nuestra verdad, queremos entrar a confrontar la supuesta "verdad" de los victimarios.
Sabemos que el aparato oficial de la "Justicia" en Colombia está inhabilitado para establecer la verdad del crimen de lesa humanidad, pues jamás indaga por los móviles institucionales o estructurales que generan este tipo de crímenes, ni contempla mecanismos ni procedimientos legales para ello, ni tiene previstas sanciones o correcciones que conduzcan a modificar las causas generadoras de estas cadenas sistemáticas de crímenes. Pero ese aparato de justicia ni siquiera está habilitado para establecer "verdades puntuales e imparciales" (como en su teoría las concibe), pues, como se vio antes, tiene activados innumerables mecanismos, tanto para bloquear la concordancia entre los hechos ocurridos y los hechos conocidos, como para bloquear la concordancia entre lo que se sabe y lo que se testimonia. Es claro para nosotros que la llamada "verdad procesal" en la "Justicia" colombiana, es lo más lejano que pueda imaginarse de la verdad real.
Acercarse a la verdad de los crímenes de lesa humanidad es, ante todo, hacer un esfuerzo por leer y destapar la lógica represiva que los produjo, desde los contextos; desde las opciones de las víctimas y sus proyectos; desde el discernimiento de intereses que estaban en juego; desde las constancias represivas de los victimarios; desde las solidaridades entre los poderes; desde la lógica de las cadenas de mando; desde la dinámica de los controles territoriales; desde las rutinas del ocultamiento y la tergiversación; desde las intimidaciones "ex post facto". Hay que decir con firmeza que aunque los victimarios logren bloquear exitosamente los caminos más inmediatos y cortos para establecer el vínculo entre un actor individual y una acción criminal, con ello no logran, sin embargo, destruir o impedir LA VERDAD INTEGRAL de los crímenes de lesa humanidad, la que en este proyecto intentamos rastrear.
Los victimarios y los funcionarios judiciales seguirán exigiendo las "pruebas"que ellos saben que eslán bloqueadas. Seguirán presionando a quienes conformaban el entorno social y familiar de las victimas para querindan testimonio, sin importarles nada los cercos de terror en que están atrapados; y sin que les preocupe lo más mínimo el que los victimarios hayan bloqueado o manipulado de antemano lo que en condiciones normales hubiera sido dado conocer. La acumulación de diligencias inútiles despotenciadas de antemano por la corrupción o la violencia, es algo necesario para justificar el salario de los funcionarios judiciales y para exonerarlos de riesgos, pero su concepción de la "Ciencia Jurídica aséptica les ahorrará además cualquier escrúpulo de conciencia. A pesar de todo, exigen que solo se llame "verdad" a la "verdad procesal", y "justicia" resultados de procesos tan profundamente viciados, que por añadidura han logrado deshacer de la ética. Por todo esto, el aparato judicial ya no produce ni Verdad ni Justicia. Por esto mismo, el Proyecto Nunca Más tiene que superar lo que en esos ámbitos se entiende por "verdad" y por "justicia"
La VERDAD de los crímenes de lesa humanidad está ciertamente reprimida y prisionera. Pero está en espera de que las notas tomadas en momentos de terror y metidas en escondites, puedan ser recogidas y sacadas a la luz. Está en espera de que la memoria dolorosa y silenciada de los dolientes encuentre un militante de futuro que la recoja y la salvaguarde. Está en espera de que los intereses que generan los crímenes, así como los proyectos en los cuales se inscriben, puedan ser explicitados y debatidos a plena luz. Está en espera de que numerosos reflectores -sociológicos, antropológicos y morales- puedan unificar su luz para alumbrar lo que se ha querido mantener en oscuros socavones, bajo la custodia de deshumanizados militantes de inhumanidad.
2) La justicia
Cualquier acercamiento a la Colombia sumergida en este ciclo de violencia nos permite descubrir en su interior diversas categorías de seres humanos: victimarios y víctimas, reos y jueces, pobres y ricos, sectores protegidos por el Estado y sectores victimizados por el Estado, emisores de información y receptores, combatientes por causas antagónicas. Hay ejes que dividen transversalmente a las diversas categorías de gente: el modelo de sociedad que se quiere o se necesita; el acceso a los recursos y patrimonios comunes; la posición dentro del conflicto social y sus proyecciones bélicas.
Lo que salta inmediatamente a la vista es el desequilibrio profundo que se percibe en todos los campos entre las diversas categorías. Puede decirse que en todos los campos hay grupos que tienen derechos reconocidos operativamente y otros que los tienen estructuralmente negados, y que el poder del Estado, que en teoría debería ser el centro equilibrador de los patrimonios comunes, se coloca a un solo lado de los ejes transversales. Esta es imagen global de la injusticia.
Agnes Heller define la justicia, en su aspecto formal, como: "la aplicación de las mismas normas y reglas constitutivas de un grupo social a todos y cada uno de los miembros de ese grupo, de forma consistente y continuada ( ) La no aplicación de una medida común, o su aplicación inconsistente o intermitente, significa ser culpable del vicio de injusticia ( ) También sabemos que un acto injusto es una ofensa moral, y una persona injusta es moralmente inferior, incluso si la norma o regla que no se ha aplicado en la forma debida, no es una norma moral" (72)
Si los ciudadanos de Colombia conformamos un grupo al que deban aplicársele las mismas normas y reglas de manera consistente y continuada, ese grupo se identifica por la nacionalidad.
La NACIONALIDAD fue definida por el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, como una "voluntad de vivir en común, un ideal común, un objetivo común e inspiraciones comunes" (73) Con estas precisiones el Relator buscaba diferenciar un GRUPO NACIONAL de grupos raciales, étnicos, lingüisticos, religiosos, sociales o políticos. En efecto, la NACIONALIDAD no se define por la pertenencia a una raza, ni a una etnia, ni a un grupo lingüístico, ni a una cultura específica, ni siquiera a un territorio (se otorga a los nacidos en otros territorios y se reconoce más allá de límites territoriales). La nacionalidad se define en realidad por un proyeco de vivir en común, utilizando unos patrimonios y recursos que son comunes, convergiendo en unos ideales y objetivos comunes; todo esto suele tener expresión escrita en las constituciones nacionales.
Por eso todos los miembros de un grupo nacional tienen derecho a ser objeto de las mismas normas y reglas en lo que respecta a su vida, ideales, objetivos e inspiraciones comunes como nación.
Pero también los colombianos somos seres humanos, y la humanidad, en cuanto tal, hace que quienes la compartimos conformemos también UN GRUPO ESPECIFICO: LA ESPECIE HUMANA, que postula unas normas y reglas comunes en lo que identifica a los humanos como HUMANOS.
Por eso la INJUSTICIA se define, en nuestro caso, por la aplicación de normas y reglas diferentes a quienes tenemos la misma identidad nacional colombiana, en lo que respecta a los bienes, objetivos, patrimonio y principios comunes de nuestra nacionalidad. También se da la injusticia cuando se aplican normas y reglas diferentes en el campo común que nos identifica a todos como HUMANOS.
Si evaluamos uno de los campos más fundamentales para la construcción de identidad nacional: el campo de lainformación o de la comunicación social; de los "mass media"; ese campo dentro del cual se confecciona, día a día, hora a hora, y minuto a minuto, la lectura de la nación; la imagen de la nación; la interpretación de la nación; la visión global de la nación, la apropiación o asimilación mental de la nación; la identidad como nación, que implica: la jerarquización y clasificación de los diversos actores sociales, la estructuración y evaluación de las contradicciones y conflictos entre ellos; la presentación positiva o negativa de las fuerzas y procesos económicos, políticos y culturales que son determinantes, así como las líneas operativas de construcción de futuro; todo este campo, absolutamente determinante para la identidad nacional y que se construye con millones de millones de micro-impactos "informativo"-hermenéuticos que se reciben pasiva y continuadamente de los mass media, es un campo donde se aplican las normas y reglas más desequilibradas y discriminatorias a los miembros del MISMO GRUPO NACIONAL. Cuando este campo se somete a las reglas del mercado, la norma suprema que lo rige es: solo quien tenga exorbitantes cantidades de dinero tiene derecho a "informar" (léase: a construir en los receptores la lectura de la nación de acuerdo a sus intereses, lectura que será determinante para cualquier opción ideológica o política; y opciones que serán necesariamente inducidas, consciente o inconscientemente, por esa lectura). Quizás ninguna otra aplicación de normas y reglas diversas a los miembros de un mismo grupo es tan radicalmente injusta, pero al mismo tiempo puede pasar tan desapercibida.
Si evaluamos el campo de la opciones ideológicas o políticas que los miembros del grupo nacional pueden asumir, descubrimos la aplicación de normas y reglas escandalosamente diferentes e inconsistentes para los miembros del mismo grupo nacional. Es claro que durante la vigencia del actual ciclo de violencia, los inscritos en el campo liberal-conservador o "frentenacionalista" han gozado de una "legitimidad" incuestionada y de canales de participación política generalmente pacíficos, aunque viciados estructuralmente por clientelismos. Por el contrario, los inscritos en movimientos o partidos de oposición han sido de una u otra forma deslegitimados socialmente y discriminados respecto a múltiples mecanismos de participación. Esa deslegitimación es más intensa en cuanto esas opciones cuestionen mecanismos o principios más estructurales del régimen vigente. En este caso, quienes asumen estas opciones no solo son deslegitimados socialmente sino que ven negados sus derechos más elementales de seres humanos: a la vida, a la integridad y a la libertad.
Si evaluamos el acceso de los miembros del grupo nacional al patrimonio económico de la nación, las normas y reglas que se aplican a los diversos miembros del grupo nacional son más profundamente discriminatorias. La misma estructuración de la economía nacional y las normas y reglas imperantes en el manejo de la planeación y ejecución del presupuesto, hacen que el patrimonio económico, construido con el aporte de todos y con los recursos que pertenecen a todos, se invierta en su mayor porcentaje en una costosa y privilegiada burocracia y en el apoyo al sector privado más enriquecido (sector financiero) que construyen progresivamente una casta privilegiada que considera como botín corporativo el presupuesto nacional, y no en la satisfacción de las necesidades básicas de las grandes mayorías del grupo nacional.
Si evaluamos la administración de justicia, ésta aparece como el último cerco de control de las discriminaciones. El acceso a la "Justicia" está determinado por las mismas discriminaciones económicas y políticas. Hay quienes tienen capacidad de compra de privilegios, de condiciones carcelarias, de pago de abogados, e incluso de inducir o determinar las decisiones judiciales que los afectan, mediante el soborno o la intimidación. Otros, por su carencia de recursos económicos o influjos políticos, no cuentan con ninguna defensa, con ninguna posibilidad de soborno ni intimidación, ni con capacidad de compra de condiciones carcelarias decentes, y muchas veces ni siquiera con la capacidad de buscar información o explicaciones sobre las razones por las cuales se convierten en reos de la "Justicia". Pero los mismos códigos legales son la fuente de aplicación de estándares discriminatorios al definir los "delitos" y las "penas". De entrada, quedan fuera de la competencia de la "Justicia" los crímenes de lesa humanidad, (74) las extorsiones económicas de gran escala, "legitimadas" socialmente como "reglas del mercado" y el terrorismo de Estado. Hay delitos ambiguamente definidos, cuya tipificación permanece como arma discrecional de represión y aniquilamiento de la oposición política, como la misma "rebelión" (hoy convertida en delito de opinión, al ser separada de todo delito conexo en el que antes asumía concreción este delito político) o el terrorismo, que puede tener las hermenéuticas mas extremadamente diversas con miras a su aplicación arbitraria. Los instrumentos legales configuran monstruosas discriminaciones de acuerdo a los actores que suelen incurrir en cada tipo de conducta, como los que regulan penalmente el secuestro, por un lado, y la desaparición forzada y el genocidio, por otro. Por su parte, la "Justicia" Penal Militar asegura, para los más prominentes crímenes de Estado, la más amplia garantía de impunidad.
El levantamiento en armas, como último recurso que puede invocarse frente a las discriminaciones institucionalizadas y defendidas a mano armada, permite constatar cómo se aplican, también en la guerra, normas y reglas diferentes a los miembros de un mismo grupo nacional. Por una parte, el presupuesto del Estado, patrimonio de todo el grupo nacional, se dedica a un solo polo de la guerra. Por otra parte, a los miembros del polo bélico estatal se les privilegia al ser juzgados por sus mismos superiores o compañeros, frecuentemente incursos en los mismos crímenes, mientras a los alzados en armas se les somete, "de facto", al juicio y sevicia de sus enemigos bélicos. La atención sanitaria a enfermos y heridos de guerra es otro campo discriminatorio: mientras a los heridos y enfermos del régimen se les atiende a cuenta del presupuesto nacional, esto no ocurre con los heridos y enfermos alzados en armas, cuya atención sanitaria es más bien un alto riesgo para profesionales y entidades humanitarias que la intenten. La información sobre la guerra llega a los más grandes excesos discriminatorios, ya por la "satanización" mediática de los combatientes de la oposición, ya por la "legitimación" mediática de los combatientes del régimen, utilizando todos los ardides publicitarios y excluyendo todo mecanismo de verificación.
Los crímenes de lesa humanidad registrados y documentados por este Proyecto, tienen el carácter evidente de INJUSTICIAS. Es cierto que al enjuiciarlos como crímenes contra la humanidad, enfatizamos la no aplicación, a una parte de los miembros de la especie, de normas que son imperativas para todos los miembros de la ESPECIE HUMANA. Pero la no aplicación de esas normas imperativas para todos los miembros de la especie: como el respeto sagrado a su vida, a su integridad y a su libertad, está íntimamente relacionada con la aplicación de estándares diferentes y discriminatorios, en el campo de lo socio-político, a los integrantes de la misma nacionalidad. En otros términos, resulta imposible separar la violación del núcleo de los derechos humanos fundamentales, en las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, y la violación de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en el campo específico de su nacionalidad.
Quienes han sido asesinados, desaparecidos, torturados, arbitrariamente encarcelados, forzadamente desplazados, o mutilados en su integridad física o psíquica, lo han sido por el hecho de hacer parte, real o presuntamente, efectiva o afectivamente, activa o virtualmente, de proyectos alternativos de nacionalidad, o porque eran de alguna manera disfuncionales a la aplicación discriminada de estándares en el campo específico de la nacionalidad.
Esto nos lleva a considerar la BUSQUEDA DE JUSTICIA, no reduciéndola a la justicia retributiva o penal, que implica la exigencia de una sanción debida a los victimarios y una reparación debida a las víctimas, sino de una manera más amplia, integrando las sanciones y reparaciones a una lucha por la modificación de esas normas o reglas que permiten la aplicación de estándares diferentes a los miembros de un mismo grupo nacional. De otro modo, la máquina generadora de crímenes de lesa humanidad quedaría intacta.
Agnes Heller ha demostrado que, si bien la contradicción entre Justicia e Injusticia hace referencia al campo de discernimiento de normas y reglas, sin embargo, todos los conflictos sociales y políticos se plantean como problemas de justicia/injusticia. Pero esto no quiere decir que las personas o grupos en conflicto estén necesariamente motivados por una idea de justicia. Más bien, rara vez lo están. En cambio, sean cuales sean las motivaciones, éstas siempre tienen que ver con una necesidad social o unaestructura de necesidades que reclama satisfacción.
Cuando se emite un juicio acerca de la correcta o incorrecta aplicación de normas y reglas que se dan por supuestas (campo de la"justicia estática", según Agnes Heller ), la justicia o injusticia se discierne buscando si hay o no consenso sobre la verdad o falsedad de estos juicios evaluativos: "esto es justo", "esto es injusto". Pero cuando se ponen en cuestión las mismas normas y reglas, se entra en un campo más polémico donde habrá siempre personas que consideran esas normas y reglas como "válidas" o "justas", y otras que las consideran como "inválidas" o "injustas" (se entra entonces en el campo de la"justicia dinámica", según Agnes Heller).
Y para invalidar determinadas normas como "injustas", hay que hacerlo desde algún criterio cuya aceptación u observancia contradice esas normas. Esos criterios pueden ser: principios, normas, máximas morales o prácticas, o valores substantivos. Para Agnes Heller, "los criterios últimos son siempre valores substantivos", pero habría que excluir el valor "justicia", pues no se puede tomar a la justicia como criterio para la justicia, sin caer en un círculo vicioso. Por eso Agnes Heller afirma:
* "En la modernidad, dos son los valores universales en que están arraigados todos los principios o máximas: la libertad y la vida.
* Esta afirmación puede verificarse en todas las versiones modernas del concepto ético-político de justicia. Puede verificarse también por referencia a las diversas declaraciones de derechos humanos. Cuando los filósofos ponderaron la "sociedad justa" siempre diseñaron la Constitución, las leyes, las normas y reglas de esta sociedad para asegurar, o la vida de todos, o la libertad de todos. LA VIDA O LA LIBERTAD (o ambas), como valores universales, se presuponen y son, en este sentido, axiomas. Al contrario del modelo d Rawls, la vida y la libertad no se deducen de la justicia, sino a la inversa: una sociedad (o Constitución) es estipulada justa en tanto en cuanto asegura la vida y/o la libertad de sus ciudadanos. En la idea de justicia, se ha recurrido a los valores substantivos de libertad y vida; en la Declaración de Independencia norteamericana, o en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, a ambas" (75)
Otros valores universales que parecen incidir en el discernimiento de lo justo/injusto, como la igualdad o la racionalidad, son, sin embargo, secundarios. La igualdad está siempre referida a otro valor substancial, pues es igualdad en algo: o en oportunidades de vida, o en niveles de libertad. La racionalidad corresponde al procedimiento de evaluación o discernimiento, el cual debe ser racional. Por eso, para Agnes Heller, la racionalidad es el "supremo valor procedimental".
Los crímenes de lesa humanidad constituyen, a todas luces, las más graves agresiones contra la Vida y laLibertad, que son los criterios fundantes de la Justicia. En último término, la Justicia consiste en la aplicación de unos mismos estándares de vida y libertad, ante todo, a los componentes de la especie humana [no destruir ni mutilar ninguna vida; no suprimir la libertad física, a no ser cuando ésta atente contra la libertad de los demás, pero respetando procedimientos y límites universalmente consensuados] y luego a los miembros de todo grupo nacional, en todo lo que respecta al patrimonio común, recursos comunes y propósitos y objetivos comunes de la nacionalidad, ámbito en el cual, las oportunidades de vida y los niveles de libertad deben tener los mismos estándares de aplicación para todos los componentes de la nacionalidad.
La justicia retributiva, o vindicativa, o sancionatoria, o penal, no puede entenderse sino como articulada al servicio de /o como aplicación a un campo específico/ de la JUSTICIA como valor substantivo. En esta perspectiva hay que entenderla como un mecanismo correctivo, o re-establecedor, o re-fundador, de una aplicación de estándares equivalentes de vida y libertad a los integrantes de una misma nacionalidad.
La sanción social y la pena judicial no tienen como objetivo la venganza o retaliación. Si no son parte de una deslegitimación social de conductas y de una corrección de rumbos en mecanismos institucionales y estructurales injustos, en poco o en nada contribuyen a la Justicia, y más bien recaen en cadenas retaliatorias infinitas. Pero la sanción social y la pena judicial son, sin embargo, elementos esenciales e ineludibles de cualquier mecanismo correctivo, re-establecedor o re-fundador de la Justicia como valor substantivo.
La sanción social y la pena judicial son, además, un DERECHO DE LAS VICTIMAS. Los crímenes de lesa humanidad tienen efectos físicos, psíquicos, morales, sociales, culturales, políticos, jurídicos, históricos y económicos que inclinan necesariamente la balanza de LA REALIDAD (en todas las dimensiones enumeradas) en ventaja de los victimarios. La única manera hasta ahora conocida y posible de recuperar, al menos en parte, el equilibrio perdido, es LA PENA que se inflija al victimario y las modalidades de REPARACIÓN. Si esto no se da, el derecho de las víctimas, que se convierte en un derecho de la sociedad en su conjunto, continuará desconocido, produciendo un DAÑO CONTINUADO Y PERMANENTE a las victimas y a la sociedad. Por eso el DERECHO A LA JUSTICIA es un derecho IRRENUNCIABLE e IMPRESCRIPTIBLE.
El Proyecto Nunca Más ha querido mirar la Justicia en su integralidad. Al mismo tiempo que hacemos un esfuerzo por identificar a los victimarios, sus instituciones y estructuras, somos conscientes de que estas posibilidades son excepcionales, dadas las modalidades de bloqueo de estas verdades puntuales, que hacen parte de la estrategia criminal y de impunidad del Estado colombiano. Por eso nos esforzamos por reintegrar a las víctimas en sus contextos, dé modo que los contextos mismos nos den acceso a una verdad más completa sobre los victimarios. Los contextos tienen la virtud de descubrir ante nuestras miradas las condiciones concretas en que los valores sustantivos de VIDA y LIBERTAD fueron y son vividos por las víctimas y sus comunidades. Los contextos, al ayudarnos a mirar más allá del caso individual y a descubrir la reiteración de hechos que van configurando prácticas sistemáticas, nos ayudan a visualizar las luchas que se libran en torno a los valores de VIDA y LIBERTAD, permitiéndonos identificar las fuerzas de agresión y de resistencia. Si en estos discernimientos no se logra identificar a los victimarios individuales, al menos queda clara la identidad de las estructuras e instituciones agresoras, su perfil ideológico-político, los alcances de su poder y de sus influjos. Esto sienta al menos una base importante para despejar el camino hacia la JUSTICIA.
III. Opción Estratégica del Proyecto
Salvaguarda de la memoria
Esclarecimiento de los hechos
Sanción a los responsables
Reparación de lo destruidoEl Proyecto Nunca Más se inscribe dentro de un horizonte más amplio de lucha contra la impunidad. Pero dado que hoy día esta misma lucha adopta diversas perspectivas estratégicas, hemos querido definir nuestra perspectiva desagregando estos cuatro objetivos fundamentales: 1) la salvaguarda de la memoria, en oposición a todas las propuestas que recomiendan el olvido como base de construcción de un futuro diferente; 2) el esclarecimiento de los hechos, en oposición a las propuestas que recomiendan un simple reconocimiento superficial o masivo de los errores del pasado; 3) la sanción a los responsables, en oposición a las propuestas de construcción de futuro con evasión de la justicia; 4) la reparación de los destruido, en oposición a los que proponen construir responsabilidades frente al futuro sobre la base de la irresponsabilidad frente al pasado. Dada la importancia de estos objetivos que definen el perfil de nuestra lucha contra la impunidad y la diferencian de otras propuestas, queremos ilustrarlos mejor:
1. Salvaguarda de la memoria
Las organizaciones responsables del Proyecto nos oponemos rotundamente a la estrategia que mayor acogida ha tenido en países enfrentados a un pasado reciente de terrorismo de Estado: la estrategia de "perdón y olvido". También esta estrategia tiene acogida en Colombia, no solo por parte de voceros del Estado y del Establecimiento, en el diseño de políticas de transición frente a un eventual fin del conflicto armado, sino también por parte de voceros de instituciones no gubernamentales de carácter social o humanitario
El "perdón" es entendido allí de manera impersonal, genérica y difusa, de tal modo que no llena los más mínimos requisitos de una actitud o decisión moral, sino que se acerca más bien a la evasión de una decisión moral, a una inhibición para enfrentar el pasado y esclarecer su moralidad, cohonestando más bien pasiva e irreflexivamente con fórmulas tan inmorales como la decisión de los victimarios de "perdonarse a sí mismos". Ese "perdón" que, por lo tanto, no es perdón, se introduce en la fórmula"perdón y olvido" solo para amortiguar el impacto abiertamente inmoral del OLVIDO, cuando éste no es entendido como una deficiencia o trauma de la facultad de conocer, sino como algo fundado de alguna manera en una opción humana. Para no caer, pues, en incoherencias e inconsistencias absolutas, la fórmula de "perdón y olvido" hay que entenderla solamente como una abierta, escueta, audaz, osada y temeraria invitación al OLVIDO.
Se suele apelar, en favor del olvido, a razones pragmáticas, cuando las éticas se revelan inconsistentes. Se dice que si no se olvida el pasado violento, la memoria de éste podría desencadenar nuevamente odios y retaliaciones que reeditarían la violencia. El trasfondo de este argumento, en una lectura psicológica, equivale a la convicción de que las heridas del alma pueden ser sanadas simplemente ignorándolas y tapándolas; en una lectura sociológica, equivale a la convicción de que una sociedad puede construir un futuro no violento o de sana convivencia, sobre la ignorancia compulsiva de su historia; en una lectura moral, equivale a la convicción de que sobre la abdicación de la conciencia moral frente al pasado, puede construirse una responsabilidad moral frente al presente y al futuro. Ninguna de estas lecturas es aceptable.
Por el contrario, consideramos que el olvido tiene efectos desastrosos.
El olvido constituye una agresión más contra las víctimas. No puede ser leído sino como aceptación, tolerancia o connivencia con los crímenes que destruyeron su vida y dignidad y negaron todos sus derechos. Con qué coherencia moral se podría defender en adelante la dignidad y los derechos de otras potenciales víctimas? Pero, además, el olvido prolonga en el presente y hacia el futuro la estigmatización de las víctimas, de sus proyectos históricos, de sus sueños y utopías. Aceptar el olvido es asentir y compartir con los victimarios el exterminio de todo esto, que era el objetivo de los crímenes de lesa humanidad.
El olvido se inscribe como pieza clave de las más perversas estrategias de represión de la identidad, tanto de personas como de familias, comunidades, organizaciones y pueblos enteros. El olvido facilita enormemente la manipulación de esa identidad por parte de las instancias de poder e implica censuras ocultas a formas de pensar y a proyectos histórico sociales.
El olvido hipoteca el presente y el futuro a un modelo de sociedad diseñado por los victimarios, puesto que, olvidadas las víctimas con sus proyectos y sueños, aún más, sepultadas éstas bajo una censura inconsciente manipulada por el terror, solo se afirma como viable hacia el futuro el proyecto histórico de quienes lograron destruirlas, los cuales no quedan deslegitimados socialmente, gracias precisamente al olvido.
El olvido crea en el psiquismo individual y colectivo un área de censura y oscuridad que afecta instancias fundamentales de la identidad histórica y moral. Crea una necesidad compulsiva de que los hechos violentos que están en el origen de esa censura y de esa oscuridad se repitan, con el fin de hacer luz sobre esa área oscura y de sacudir las censuras que afectan puntos tan vitales de la identidad moral. De allí que el olvido lleve necesariamente a un nuevo desencadenamiento de la violencia. La sabiduría popular ha expresado esta convicción en la máxima: "pueblo que no conoce ni asume su historia está obligado a repetirla".
Dos monumentos literarios, uno positivo y otro negativo, ilustran profundamente el papel de la memoria en la identidad y en el ethos de los pueblos:
Por una parte, las comunidades históricas que conformaron la entidad político religiosa llamada ISRAEL, en cuyo desarrollo se confeccionó la Biblia, uno de los libros más sagrados de la humanidad, construyeron la unidad que las cohesionó y la espiritualidad que las animó, no acudiendo a mitos fundadores inspirados en la naturaleza, sino apoyándose en una MEMORIA HISTORICA que se convirtió en eje de sentido, en fuerza constructiva de su presente y de su futuro, y en fundamento de todas sus instituciones. Esa memoria se mantuvo como memoria viva gracias al culto comunitario que incorporó, como elemento central, la narratividad histórica.
Es evidente que el pasado, como experiencia vivencial, es imposible de recuperar o reconstruir tan pronto pasa, pero Israel lo recuperaba y lo reconstruía selectiva y focalmente en formas simbólicas, que afectaban el curso de las nuevas experiencias vitales y que proporcionaban el marco de lectura o percepción de lo que se iba viviendo en cada momento.
Pero si bien la recuperación del pasado era selectiva, focal y simbólica, no descartaba ni ocultaba el pecado del pueblo y de sus dirigentes, ni los sufrimientos ni los errores de las experiencias vividas. Por el contrario, ese pecado, esos errores y esos sufrimientos constituyeron parte esencial de las narrativas cúlticas, pues ellos encerraban las más profundas lecciones para la construcción de sentido en el presente y en el futuro.
En otra perspectiva, la novela de George Orwell: "1984", escrita en la década de los 40s, describe de manera escalofriante las intimidades de un sistema totalitario, a la manera de una "utopía negativa", como la llama Erich Fromm. En la sección 4 del primer capítulo, el protagonista aparece en una escena rutinaria de su trabajo, dentro del edificio del "Ministerio de la Verdad". Por un tubo neumático que tiene junto a su escritorio recibe unos papeles de trabajo, en los cuales se señalan incoherencias entre afirmaciones recientes de los líderes del Partido gobernante y otras afirmaciones publicadas en periódicos del pasado. El protagonista debe corregir los textos del pasado para que concuerden con los del presente. La tarea del "Ministerio de la Verdad" es estar corrigiendo permanentemente los registros del pasado (periódicos, libros, folletos, posters, filmes, volantes, fotografías etc.), haciendo desaparecer a través de los "huecos de la memoria" - especies de tubos neumáticos instalados por corredores y oficinas del Ministerio y que conducen a unos hornos subterráneos - todas las copias originales, de modo que solo permanezcan archivadas las copias alteradas o "corregidas".
En otra escena, de la sección 9 del capítulo segundo, el mismo protagonista, luego de haber hecho contacto con el partido clandestino de la oposición, aparece leyendo un libro, escrito por el enemigo más satanizado por el régimen, que pone al desnudo la racionalidad propia del sistema. Algunos de los párrafos de ese libro, correspondientes al capítulo titulado: "La Ignorancia es la Fuerza", explican la necesidad que tiene el sistema de alterar el pasado, primero, para que los miembros del Partido no tengan parámetros de comparación con un pasado y así puedan soportar la realidad presente, pero sobre todo para salvaguardar la infalibilidad del Partido. Esta exige que todo discurso, estadística o registro sea actualizado permanentemente, de modo que se pueda probar que todas las predicciones del Partido eran correctas. Los párrafos centrales explican así la "necesidad" de alterar el pasado:
"La historia es permanentemente re-escrita. Esta falsificación cotidiana del pasado, llevada a cabo por el "Ministerio de la Verdad", es tan necesaria para la estabilidad del régimen, como el trabajo de represión y espionaje que lleva a cabo el "Ministerio del Amor".
La mutabilidad del pasado es el principio central del sistema. Se argumenta que los acontecimientos pasados no tienen existencia objetiva sino que sobreviven solo en los registros escritos y en las memorias humanas. El pasado ES todo lo que concuerda con registros y memorias. Y en la medida en que el Partido controle totalmente todo registro y tenga pleno control de las mentes de sus miembros, se sigue que el pasado es lo que el Partido quiera hacer de él. También se sigue que, aunque el pasado sea alterable, nunca ha sido alterado en ningún punto específico. Pues cuando ha sido recreado en alguna forma necesaria a cada momento dado, esa nueva versión ES el pasado y ningún pasado diferente pudo haber existido. Esto se tiene por bueno, incluso cuando, como ocurre con frecuencia, los mismos hechos tienen que ser alterados varias veces al año. En cualquier momento el Partido está en posesión de la verdad absoluta y eso absoluto nunca pudo haber sido distinto de lo que ahora es. Se entenderá que el control del pasado depende sobre todo del entrenamiento de la memoria. Estar seguro de que todo registro escrito concuerda con la ortodoxia del momento es solo un acto mecánico. Pero también es necesario recordar que los hechos sucedieron de la manera deseada, y si es necesario reacomodar la memoria de la gente o manipular los registros escritos, entonces es necesario olvidar que eso se ha hecho. Esta trampa se aprende como cualquier otra técnica mental. La mayoría de los miembros del Partido la aprenden de los más inteligentes y ortodoxos. En el viejo lenguaje se llamaba, con franqueza, "control de la realidad". En el nuevo lenguaje se llama "doblepensar", aunque éste abarca mucho más.
El "doblepensar" significa la capacidad de sostener y aceptar dos creencias contradictorias en la mente, simultáneamente. El intelectual del Partido sabe en qué dirección debe ser alterada su memoria y sabe, por lo tanto, que está haciendo trampas a la realidad, pero gracias al ejercicio del "doblepensar", se convence de que la realidad no es violentada. El proceso tiene que ser consciente, de lo contrario no se realiza con la precisión suficiente; pero también tiene que ser inconsciente, y si no, implicaría sentimientos de falsedad y, por tanto, de culpa. El "doblepensar" yace en el corazón del sistema, pues el acto esencial del Partido consiste en usar engaños conscientes al mismo tiempo que se sostiene la firmeza de propósitos que acompaña a la total honestidad. Decir mentiras deliberadas mientras se cree sinceramente en ellas; olvidar todo acto que se ha vuelto inconveniente, y sacarlo de nuevo cuando se hace necesario; recuperarlo del olvido en la justa medida en que se necesite; negar la existencia de la realidad objetiva y tenerla en cuenta solo cuando se necesite, todo esto es absolutamente necesario. Incluso para utilizar la palabra "doblepensar" se necesita ejercitar el "doblepensar", pues al usar la palabra uno admite que está manipulando la realidad; pero por un acto espontaneo de "doblepensar" uno borra ese reconocimiento, y así indefinidamente, con la mentira uno siempre se le adelanta a la verdad. En última instancia, gracias al sentido del "doblepensar", el Partido ha podido y puede, hasta donde sabemos, seguir por miles de miles de años deteniendo el curso de la historia". (76)
Estos dos ejemplos ilustran claramente, por un lado, las potencialidades humanizantes de la salvaguarda de la memoria histórica, y por otro, las potencialidades deshumanizantes del olvido, alteración u ocultamiento del pasado.
El DERECHO A LA MEMORIA ha ido logrando progresivas formulaciones en los trabajos de la ONU. El Principio No. 2 del conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, establece que:
"El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio, y por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas". (77)
Al conmemorar el 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, el 11 de junio de 1995, el Papa Juan Pablo II afirmó: "Mantener vivo el recuerdo de cuanto sucedió es una exigencia no solo histórica, sino también moral. No hay que olvidar. No hay futuro sin memoria. No hay paz sin memoria".
El funcionamiento de la memoria, a estas alturas de la ciencia, sigue siendo un campo rodeado de misterio, a pesar de los abundantes estudios realizados en el siglo XX. Hay, sin embargo, unas pocas tesis suficientemente comprobadas por la psicología experimental. Una de ellas es su carácter constructivo o creativo, lo que ha llevado a no pocas corrientes a desconfiar de la memoria, o a enfatizar su falibilidad, afirmando a veces que es imposible lograr concordancias fiables entre los recuerdos y los hechos sucedidos.
Entre los grandes descubrimientos de la psicología experimental, se suele destacar el de Bartlett (78) quien concluyó que, tanto el proceso de almacenamiento, como el de recuperación de los recuerdos, están basados enesquemas o modelos, que se van construyendo sobre las experiencias acumuladas. Por esto, lo que se retiene en la memoria son versiones esquematizadas de los hechos. Así mismo, la recuperación o activación de los recuerdos almacenados es una verdadera reconstrucción a partir de las experiencias pasadas, lo que puede propiciar discordancias entre hechos y recuerdos. Además, todo proceso de recuperación de recuerdos usa dos fuentes: la de percepción de eventos externos y la de percepción de experiencias internas, incluyendo éstas la imaginación y los sueños. Aunque ordinariamente la memoria distingue las dos fuentes, en ocasiones una imagen interna puede adquirir detalles sensoriales y contextuales tan intensos que se puede confundir con un evento externo. En fin, la memoria se va revelando cada vez menos unitaria y más bien conformada por sistemas y subsistemas, como los de memoria episódica y de memoria semántica, y el de memoria procedimental que sirve de soporte a las habilidades de percepción, de operaciones y de conocimientos. La amnesia afecta a uno u otro subsistema, como se ha comprobado.
Esta complejidad que van adquiriendo los análisis de la memoria, ha ido confirmando, ante todo, su carácter de sistema dinámico y constructivo. La imagen ingenua de la memoria como un almacén o depósito de recuerdos, que serían copias fotográficas coincidentes plenamente con los hechos, y que como tales se podrían recuperar en cualquier momento, se ha ido desvaneciendo. Un estudioso de la memoria afirma: "Si tuviera que buscar una metáfora que sustituyera a la desdichada imagen del almacén, hablaría de los "tentáculos de la memoria" ( ) Estoy seguro de que comprenderemos mejor las capacidades de la memoria cuando la estudiemos a partir de las "destrezas musculares aprendidas". Las estructuras básicas de la memoria tienen que ser "sistemas operativos cargados de información", solo así puedo explicar sus demostraciones. Son sistemas perceptivos, motores, sentimentales, que asimilan información interpretándola, se modifican con las informaciones asimiladas, y producen otras nuevas" (79)
Un ejemplo típico de ese carácter dinámico y constructivo de la memoria, es la autobiografía. Una analista de este género de recuerdo, afirma: "(En la autobiografía) se trata de penetrar en los territorios de la memoria íntima, describir su geografía, enfrentarse a sus silencios o a sus vacíos, encararse con el olvido y la autocensura. Y este recorrido que se plasma en la narración va guiado desde el presente, desde la imagen que se tiene de sí mismo en el momento de escribir ( ) Muchos autobiógrafos confiesan que su intención al escribir su autobiografía era poner orden en el "totum revolutum" (totalidad caótica) de sus recuerdos y encajar en una narración las diferentes identidades que habían ido asumiendo a lo largo del tiempo. Pero también una autobiografía puede ser un ajuste de cuentas con el pasado, una forma de exorcizar los fantasmas de la memoria, y entonces el acto mismo de escribirlos, por lo que tiene de exhibición pública, de expulsión terapéutica de ese pasado secreto, traumático o vergonzante, se convierte en una necesidad biográfica ineludible" (80)
Descubrir todos estos aspectos constructivos o creativos de la memoria, puede dejar en muchos la sensación de que la memoria no es fiable como recuperadora del pasado, y de un pasado que tendría que ser recuperado supuestamente, en nuestro caso, con fidelidad fotográfica, para poder ser enjuiciado con justicia. Pero esta desconfianza está determinada por la imagen ingenua del almacén de recuerdos que, si la analizamos a fondo, esconde una concepción mecánica del ser humano. La memoria constructiva es más humana, en cuanto está más tocada por opciones, sentimientos, proyectos y finalidades; en otras palabras, por nuestro carácter de seres históricos, constructores de futuro.
El psicólogo español José María Ruiz Vargas escribió: "La memoria de las personas, a diferencia de la memoria de las máquinas, no es un guardián neutral del pasado, no puede serlo. La memoria de las personas es un sistema dinámico que recoge, guarda, moldea, cambia, completa, transforma y nos devuelve la experiencia vivida, individual y compartida, después de recorrer los interminables vericuetos de nuestra identidad" (81)
La filóloga española Celia Fernández, al analizar el manejo de los recuerdos en el género autobiográfico, define muy bien cuál es el eje constructivo de la memoria: son justamente las opciones y proyectos de todo individuo, pueblo o colectividad, sobre todo el proyecto moral que define su identidad:
"Los caminos de la memoria, por laberínticos e inescrutables que parezcan, se conectan dibujando líneas temáticas, recorridos semánticos en los que se quedan prendidas imágenes, rostros, lugares, tiempos, fechas ( ) trazados sentimentales y éticos que nacen y desembocan en el yo actual. La memoria biográfica no obedece a los controles de una razón fría, sino a los estímulos del deseo, de la afectividad y de las valoraciones morales. A lo largo de su existencia, el ser humano se ve impelido a interpretar la realidad en que está y a actuar en ella ( ). Por ello, evocar la vida pasada supone rehacer la trayectoria de elecciones y rechazos que delinean el proyecto moral que define su identidad. Precisamente todo cuanto ha incidido de manera directa, positiva o negativamente, en la realización de ese proyecto, parece ser lo más resistente al olvido, lo que con más solidez se ancla en la memoria". (82)
No hay que temer, pues, a que la memoria recupere el pasado interpretándolo de acuerdo a esquemas encajados en proyectos morales. Esto, lejos de desvalorizar los recuerdos, los valoriza, los humaniza.
El sociólogo George Gusdorf, refiriéndose a la labor autobiográfica, afirmaba:
· "La autobiografía es una segunda lectura de la experiencia, y más verdadera que la primera, puesto que es toma de conciencia: en la inmediatez de lo vivido, me envuelve generalmente el dinamismo de la situación, impidiéndome ver el todo. La memoria me concede perspectiva y me permite tomar en consideración las complejidades de una situación en el tiempo y en el espacio. Al igual que una vista aérea le revela a veces a un arqueólogo la dirección de una ruta o de una fortificación, o el plano de una ciudad invisible desde el suelo, la recomposición en esencia de mi destino muestra las grandes líneas que se me escaparon, las exigencias éticas que me han inspirado sin que tuviera una conciencia clara de ellas, mis elecciones decisivas.( )
· [Mi unidad personal, la esencia misteriosa de mi ser, es la ley de conjunción y de inteligibilidad de todas mis conductas pasadas, de todos los rostros y de todos los lugares en que he reconocido signos y testigos de mi destino"]. (83)
Si en el plano individual, el carácter constructivo de la memoria no la desvaloriza sino que la humaniza, elevándola sobre la memoria mecánico fotográfica, en el plano colectivo ese carácter constructivo es mucho más rico. Por una parte, la confrontación de memorias individuales y de registros documentales permiten acercarse más aún a la materialidad de los eventos del pasado, y por otra, los esquemas interpretativos colectivos adquieren dimensión política, no en el sentido peyorativo de lo que toca las dinámicas del poder, sino en el sentido utópico, que entiende la política como la dinámica de una imagen ideal de sociedad que trata de proyectarse, crítica y constructivamente, sobre las experiencias del pasado y del presente.
Parodiando a Gusdorf, podríamos decir que la reconstrucción del pasado desde nuestros proyectos morales colectivos es unasegunda lectura de las experiencias del pasado, y una lectura más verdadera que la primera, puesto que en la primera no teníamos perspectiva; ya que nos la arrebataba el terror y el desconcierto, la brutalidad y las urgencias de sobrevivir.
Por otra parte, salvaguardar la memoria histórica de las víctimas y de la opresión y sufrimientos del pueblo, implica actuar a contra-corriente de uno de los rasgos más esenciales de la modernidad: la sobrevaloración de lo nuevo y de lo efímero y la desvalorización del pasado.
Esta lógica, sin embargo, no se aplica de manera simplista. El sistema imperante no solo amenaza el legado de las víctimas mediante el silencio, el olvido y la estigmatización, sino también mediante la cooptación, la instrumentalización y la usurpación de la memoria histórica.
Los vencedores ciertamente controlan la escritura de la historia y monopolizan los mecanismos de la transmisión cultural, definiendo los lugares de recuerdo y los objetos e imágenes que conectan con el pasado, o en otros términos, controlando el "arte de la memoria".
En los esquemas culturales de la sociedad moldeada por el mercado también tienen cabida los museos, donde se exhiben los objetos en desuso que el "progreso" va desterrando; las ruinas producidas por violencias naturales o sociales; las imágenes y objetos que simbolizan períodos ya "muertos". Sin embargo, estos puntos de contacto con el pasado son integrados a la lógica del mercado: son convertidos en mercancías / fetiches.
Como mercancías, son perfilados por la extracción o enajenación del trabajo humano invertido en ellos, para convertirse en generadores de plusvalía. Como fetiches, se dotan de un poder ficticio para someter a su dominio a los mismos que los producen, sirviendo de manto encubridor a relaciones sociales que no podrían legitimarse en la transparencia.
Pero el recuerdo convertido en mercancía, lo que más radicalmente enajena es la dimensión histórica del ser humano. El recuerdo/mercancía trata de inducir en el destinatario la idea de un "progreso ininterrumpido" que somete a implacables reciclajes el pasado, ese pasado que se desvaloriza vertiginosamente y que solo puede mirarse como un mundo "muerto" que ya no incide en el presente.
Sin embargo, esos mismos recuerdos/mercancías podrían tener una mirada y una pedagogía crítica, como búsqueda de un significado emancipatorio de la memoria:
· Si los objetos en desuso se miran como escombros que deja "el progreso", similares a los fósiles que dejaron los desastres naturales;
· si en las ruinas se fija la atención en la destrucción y en sus causas y se miran como piezas que invitan a reconstruir en la memoria la integralidad de lo que fue destruido;
· si se hace un esfuerzo por detener el desfile frenético de imágenes con que los mass media saturan la mente cada minuto, para fijar la atención en imágenes paradigmáticas que sirvan para confrontar la racionalidad del presente, entonces los recuerdos/mercancías se podrían convertir en detonantes de memoria:
- que desmonten la idea de un "progreso ininterrumpido";
- que desnuden la violencia de las catástrofes y enfoquen a los responsables;
- que recuperen la noción de proceso histórico, donde unas formas de relaciones sociales son conflictivamente substituidas por otras en sucesiones temporales;
- que faciliten la re-conexión entre las luchas del pasado y los oprimidos del presente.
La salvaguarda de la memoria se apoya en la convicción de que la derrota de las víctimas no es definitiva; de que la injusticia es reversible, y de que el pasado es redimible. Por eso se propende por incidir en las instancias decisivas de la transmisión cultural, como archivos, museos, patrimonios culturales, sistema educativo, mass media, memoriales y monumentos, para que en todos ellos se asuma el registro de los crímenes de lesa humanidad, como detonante de memoria que redima el pasado y rescate la fecundidad histórica de las víctimas.
2. Esclarecimiento de los hechos
Uno de los engranajes fundamentales que permite operar a un régimen de terrorismo de Estado suele ser el aparato de administración de justicia, que tendría la función constitucional de esclarecer los crímenes. Si este aparato funcionara, los crímenes de lesa humanidad, como prácticas sistemáticas de agentes incrustados en el mismo Estado, legal o ilegalmente, no serían viables. Esto explica que los países que se han decidido a realizar una transición democrática han tenido que recurrir a mecanismos extraordinarios y extraconstitucionales, respaldados por diversas instancias de la comunidad internacional, como son las "Comisiones de Verdad". Cuando dichas comisiones rinden sus informes, uno de los primeros blancos de sus juicios y recomendaciones suele ser el aparato judicial.
Sin embargo, la evaluación de las Comisiones de Verdad no es nada satisfactorio. La mayoría de las veces, sus mismos mandatos las restringen excesivamente en el tiempo, en sus recursos o en sus alcances, de modo que la "verdad" que producen suele ser tan débil y deforme, que no garantiza ninguna transición a un modelo de Estado que exorcice a fondo los mecanismos generadores de los crímenes de lesa humanidad.
La mayoría de las veces el esclarecimiento de los crímenes es mínimo, porque las Comisiones de Verdad actúan dentro de marcos predeterminados por políticas ya asumidas de "perdón y olvido", que no podrían ser deslegitimadas o estorbadas por una verdad que enfocara sus reflectores hacia los victimarios y hacia las estructuras y prácticas generadoras o facilitadoras de los crímenes de lesa humanidad, que deberían ser erradicadas. Muchas veces la "verdad" se limita a la confección de listas de víctimas, a las que se acepta caracterizar como "víctimas de excesos de anónimos agentes aislados del Estado", agentes a los que luego, en su anonimato, se extenderá un "perdón reconciliador" otorgado por el mismo Estado, en nombre de una "sociedad que quiere la paz y la reconciliación". Este desenlace, lejos de ser una caricatura, recoge el perfil histórico de la mayoría de "Comisiones de Verdad" que hasta ahora se han conformado.
La intencionalidad que se descubre detrás de esta práctica, es la de provocar una "catarsis" en sociedades moral y políticamente arruinadas por prácticas de terrorismo de Estado, ofreciéndoles convertir en "verdad oficial" la verdad que circula socialmente con estigmas de censuras e intimidaciones, o sea, como "verdad prohibida", pero despojándola de concreciones y de responsabilidades personales e institucionales. Un discurso "reconciliador" frenéticamente desplegado por los mass media, suele inducir y conducir dicha "catarsis" social que ritualiza la entronización de la "verdad oficial" como antesala del olvido.
No juzgamos aceptable este tipo de "esclarecimiento" de los hechos. Por otra parte, ya se ha explicado suficientemente la ineptitud a que ha llegado el aparato judicial colombiano para producir verdad. Más bien se ha especializado en refinar mecanismos para bloquear los accesos a la verdad.
Y si los victimarios han recurrido a todo tipo de artificios para bloquear las posibilidades de evidenciar la conexión entre actores individuales y acciones criminales puntuales, la labor de esclarecimiento se tiene que enfrentar al desafío de afinar los análisis de los contextos; de las características de las víctimas; de las rutas, los tiempos de presencias y controles, y los "modus operandi" de los victimarios; de las políticas de Estado a grandes, medianas y pequeñas escalas; de los intereses en juego que pueden explicar los crímenes; de las estrategias de terror y las ideologías que las sustentan; de las convergencias, en complicidad, de los diversos poderes; de las prácticas generalizadas de omisión y de "ceguera voluntaria"; de los desarrollos diacrónicos de estructuras estatales/paraestatales, etc. Estos son los campos de "verdad" que no han sido bloqueados por los victimarios (la mayoría de ellos no pueden ser bloqueados), que nos quedan como campos de exploración de la VERDAD, y que además tienen la virtud de conducirnos hacia una verdad más integral, contextuada y reveladora de los arraigos institucionales y estructurales de los crímenes.
Si bien el Proyecto concibe en cierto modo su trabajo como insumo para una eventual Comisión de Verdad, pensamos que ésta tendría que superar las trampas que han frustrado a las que hasta ahora han existido, comenzando por los plazos, para poder aproximarse a un auténtico esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad.
3. Sanción a los responsables
Varios obstáculos se han interpuesto para que los exiguos resultados de las Comisiones de Verdad se hayan traducido en actos de justicia retributiva, además de los inherentes al mandato y funcionamiento de dichas comisiones. Por una parte, nunca se han realizado reformas legales previas que remuevan obstáculos, en el derecho interno, a la aplicación del Derecho Internacional, ya Consuetudinario, ya Convencional, relativo a los crímenes de lesa humanidad, ni se han creado previamente puentes legales entre los resultados de las Comisiones de Verdad y el juzgamiento y sanción de los victimarios.
Casi todos los gobiernos han cerrado el proceso de "catarsis" ligado al funcionamiento de las Comisiones de Verdad, con leyes de amnistías o indultos para los victimarios, desafiando todo el Derecho Internacional vigente, y se han burlado olímpicamente de las condenas internacionales a ese atrevido desconocimiento de los principios de imprescriptibilidad y de no amnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, se ha creído ingenuamente que el mismo aparato judicial que cohonestó con los regímenes de terrorismo de Estado y administró innumerables mecanismos de impunidad durante años o décadas, puede solucionar el problema de la justiciabilidad de los crímenes inventariados por las Comisiones de Verdad, sin ser sometido a profundas transformaciones y depuraciones.
La aplicación de sanciones y penas a los victimarios es el único mecanismo de defensa con que una sociedad cuenta para defenderse de conductas y prácticas que destruyen sus posibilidades de convivencia civilizada.
Filósofos y teóricos del Derecho han discutido si la finalidad de la sanción debe ser disuasiva, reformativa o retributiva. Algunos han sostenido que la finalidad disuasiva o reformativa atenta contra la libertad humana del criminal, que debe conservar la libertad de optar por el mal y solo debe ser disuadido por su libre adhesión a la ley o a los principios morales; así opinaban Kant y Hegel. Otros, como Cesare Beccaria, solo admiten la disuasión y la prevención como finalidad de la pena. Luego de una ponderada evaluación de estas posiciones, Agnes Heller concluye que el único principio de castigo digno del ser humano es el de retribución, pues impide que los humanos sean considerados como meros medios y los considera como fines-en-sí, responsables de sus actos, agentes libres y racionales, que al transgredir las normas deben expiar la ofensa pagando la deuda contraída, para restaurar así la justicia. La disuasión podría llevar a un castigo sin ofensa (como acción preventiva) y la reforma podría llevar a dificultades insolubles en la tasación de penas, pues nadie sabe con qué dosis se puede lograr la reforma, toda vez que las condiciones psíquicas individuales son imprevisibles. (84)
Los discursos de "perdón y olvido" han tratado de deslegitimar la demanda de justicia de las víctimas al identificarla con una especie de "sed de venganza". Si esto fuera así, las víctimas privilegiarían las formas de "justicia privada" que responden más adecuada y eficazmente a los fines de venganza. La justicia retributiva tiene una dimensión social profunda: substrae la acción sancionatoria a la búsqueda instintiva de un equilibrio de violencia, que podría llevar a cadenas infinitas de retaliaciones, y la re-sitúa en el campo de los intereses comunitarios, de la convivencia civilizada. Por esto, eludir o suprimir la acción sancionatoria lleva necesariamente a estimular el ejercicio de la venganza y el desbordamiento incontrolable de la violencia.
La acción penal con sentido retributivo es un elemento fundamental de la convivencia civilizada y de la justicia como valor substantivo. La impunidad no solo envuelve un mensaje sino una realidad ineludible de VENTAJA DEL CRIMINAL sobre los demás, sobre todo si se la evalúa a la luz de las realidades concretas que sus crímenes lograron destruir eficazmente. Esa VENTAJA, por mucho que se la adorne o se la encubra, o se la oculte bajo discursos de "perdón" o de sanciones morales, simbólicas o genéricas, es una VENTAJA REAL, EFECTIVA Y OPERATIVA, que tiene la fuerza contundente de su dominio sobre el mundo real y concreto, que prevalece cruda e implacablemente sobre sus interpretaciones, sus simbolizaciones y sus mantos decorativos.
No ignoramos que uno de los discursos más efectivos contra la justicia retributiva ha sido el que manipula a su favor la tradición reconciliatoria del Cristianismo. El perdón cristiano, sin embargo, es algo diametralmente opuesto a la impunidad. En primer lugar, solo lo puede otorgar el ofendido, jamás el ofensor ni las estructuras o instituciones en las que éste se inscribe. En segundo lugar, es un acto que por su naturaleza y esencia es espontáneo, libre y gratuito, por eso es lo más ajeno al mundo de lo institucional, de lo impersonal, de lo masivo y de lo impuesto. En tercer lugar, su finalidad intrínseca es la de superar situaciones de ruptura, refundando relaciones fraternas, las que no se lograrían sin un compromiso bilateral. En cuarto lugar, el restablecimiento de relaciones justas exige, de su propio peso, la reparación de lo que fue destruido por el agresor.
Si el perdón se traslada irresponsablemente de este ámbito de las relaciones interpersonales al ámbito sociopolítico, sin salvaguardar las notas esenciales del perdón, éste alcanza su máxima perversión: de un acto por esencia re-fundador de justicia y de fraternidad, pasa a convertirse en instrumento destructor de las barreras protectoras de la dignidad humana.
Por esto la tradición teológica y catequética cristiana resumió, en los catecismos más popularizados, como requisitos fundamentales del perdón, estos: 1) el esclarecimiento de la culpabilidad; 2) el arrepentimiento del ofensor, o el asumir conscientemente el mal infligido; 3) la confesión de la culpa; 4) el propósito de enmienda; 5) la reparación del daño causado. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica "Dives in Misericordia" ("Rico en Misericordia") afirmaba: "La justicia, rectamente entendida, constituye la finalidad del perdón. En ningún paso del mensaje evangélico el perdón, ni siquiera la misericordia como su fuente, significa indulgencia para con el mal, para con el escándalo, para con la injuria, para con el ultraje cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento de la injuria, la satisfacción del ultraje, son condiciones del perdón" ("Dives. in Misericordia",30 de noviembre de 1980., No. 14)
Nuestro Derecho Penal está restringido, por una parte, a establecer la culpabilidad individual ( y ésta, en gran parte restringida a la ejecutivo-material, y casi en ninguna medida enfoca la culpabilidad omisiva, ni la instigativa, ni la colaboracionista o cómplice). Por otra parte, solo prevé sanciones de privación de libertad, y aunque contempla algunas sanciones pecuniarias teóricamente destinadas a la reparación, éstas casi nunca se hacen efectivas. Esto hace que el aparato de justicia deje por fuera la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad, que implican conductas sistemáticas, institucionales y arraigadas en estructuras permanentes y en políticas establecidas a las cuales se adhiere activa o pasivamente, y que no se contemplen mecanismos sancionatorios o correctivos que toquen las instituciones y estructuras en sus específicos dinamismos generadores de los crímenes. En este sentido, no hay duda de que la lucha por la justicia implica la presión por reformas a fondo de la instituciones judiciales y sancionatorias del Estado.
4. Reparación de lo destruido
La reparación es una dimensión intrínseca de la justicia y trata de volver a equilibrar la balanza de la realidad, que había quedado ventajosamente inclinada en favor del victimario, reconstruyendo en lo posible, o recompensando en su peso, lo que el victimario destruyó, y asegurando que su poder destructor no vuelva a imponerse.
En Colombia, los espacios legales de la reparación se han reducido a la indemnización monetaria, pero aun ésta es privilegio de muy escaso número de víctimas, pues las prescripción en dos años de este mecanismo, por la vía contencioso administrativa, protege al Estado de tener que indemnizar a la inmensa mayoría de sus víctimas, sobre todo a las de sectores económicamente débiles, que no tienen posibilidad de costear o gestionar el complicado proceso ante los tribunales.
Los trabajos de la ONU en los últimos años han desarrollado el derecho a la reparación en más justas dimensiones y alcances. El documento de Principios y Directrices Básicos para la Reparación (E/CN.4/1997/104) aprobado por la Subcomisión en 1997, define la obligación de los Estados de adoptar medidas para una Reparacion Rapida y Plenamente Eficaz, así :
"La reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones, a través de la prevención y la disuasión. La reparación deberá ser proporcionada a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido y comprenderá larestitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. ( ) La prescripción no será aplicable durante los períodos en los cuales no funcionen recursos eficaces ante violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario" (No. 7 y 9)
Vale la pena destacar algunas de estas dimensiones:
· La RESTITUCION implica restablecer la situación existente antes de los crímenes: de libertad, de vida familiar, del empleo perdido, el retorno del exilio o del desplazamiento, etc.
· La COMPENSACION implica donación de bienes que compensen daños irreparables, físicos o psíquicos, como oportunidades perdidas de educación, de empleo, de ingresos o lucro cesante; la reputación o la dignidad; los gastos efectuados por servicios jurídicos o médicos, etc.
· La REHABILITACION implica atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales, según el perjuicio sufrido.
· La GARANTIA DE NO REPETICION implica la cesación de las violaciones existentes; la disolución de los grupos paraestatales; la depuración de los organismos de seguridad; la transmisión de lo sucedido en los manuales de historia; asegurar la sanción a los victimarios; otorgar garantías para el ejercicio de los derechos y crear órganos de control efectivos para los agentes del Estado.
· La SATISFACCION implica proclamar la verdad de lo ocurrido; recibir disculpas del Estado; homenajes a las víctimas para restablecer su dignidad, en conmemoraciones y monumentos, etc.
Pero hay dimensiones de la destrucción lograda por los crímenes de lesa humanidad que todavía parecen invisibles, incluso a los organismos internacionales, y que afectan, tanto la vida individual como la colectiva, incidiendo profundamente en el orden socio político.
En efecto, estos crímenes logran traumatizar, en niveles que en gran medida permanecen inconscientes, la libertad de conciencia y de expresión, en las que se asientan las opciones éticas, ideológicas y políticas que modelan la sociedad. Por esta vía, la conciencia moral ha sido profundamente destruida, cuando las opciones que conectan los principios morales más fundamentales con el quehacer social y político tienen que ponerse en dilema con el instinto de conservación.
El terrorismo de Estado logra también traumatizar y destruir la confianza y las relaciones sociales de las comunidades, y por esta vía logra manipular su conducción política.
El campo de relaciones entre los ciudadanos y el Estado se ve también profundamente traumatizado por estos crímenes. Hay destrozos demasiado profundos en la capacidad de reclamo y de protesta y en la confianza en la justicia, que forman parte de los niveles más básicos de los derechos civiles y políticos y del sentido elemental de libertad, de democracia y de seguridad colectiva.
Reparar la conciencia moral y la capacidad de ejercitar sin traumatismos los derechos básicos de ciudadanía, y reconstruir unas relaciones ciudadanos/Estado mínimamente sanas, es una empresa ardua y prolongada, que exige una refinada pedagogía que todavía no se vislumbra.
Todavía no existe norma alguna para reparar a las organizaciones o partidos que fueron exterminadas o inmovilizadas por el terror. Se impone exigir reparaciones políticas que restablezcan y recompensen el poder democrático que habían conquistado o estaban conquistando y que fue traumatizado o aniquilado por el terror. Eludir este tipo de reparaciones es aceptar que el poder político siga siendo progresivamente un botín de quienes logren asesinar o desaparecer a sus contrarios, como de hecho, lo es actualmente.
Somos conscientes de que el campo de la reparación es un campo enorme. Es el Estado el responsable de sentar las bases y de proporcionar todos los medios, legales y económicos, para que pueda darse, pero es un desafío para todos el buscar derroteros de reconstrucción de lo que ha sido destruido. Y el primer paso, elemental y urgente, es el de esforzarnos por identificar ruinas y destrozos que muchas veces pasan desapercibidos, como efecto de la misma destrucción que todos padecemos.
IV. Campo Especifico del Proyecto: Crimenes de Lesa Humanidad como Crímenes de Estado
- categorías de lectura -
Desde que este Proyecto Nunca Más comenzó a gestarse en Colombia, estuvo motivado por una necesidad sentida desde tiempo atrás en un amplio grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que habían acompañado por muchos años a numerosas víctimas de crímenes de Estado y a sus dolientes, de realizar un inventario de estos crímenes con el fin de poder lanzar miradas de conjunto que permitieran descubrir y analizar sus contextos, sus móviles, las políticas y estrategias dentro de las cuales eran planificados y ejecutados, sus engranajes institucionales, sus procedimientos, métodos y medios, el perfil de los victimarios, las pautas de transgresión de leyes y derechos, sus discursos justificatorios, los mecanismos que los hacen posibles, las constelaciones de apoyos, complicidades, connivencias y tolerancias, el perfil de las víctimas, los efectos que los crímenes causan en familiares, allegados, comunidades, organizaciones, partidos y demás tejidos sociales en los cuales estaban insertas las víctimas, así como en la sociedad en general.
Abordar este campo específico en un país que desde hace varias décadas se ha mantenido en los más altos estándares de muertes violentas por año, implicaba definir criterios de discernimiento muy claros, inspirándonos en las reflexiones y marcos teóricos que se han desarrollado en los trabajos de expertos de la ONU, sin necesidad de ceñirnos rigurosamente a las definiciones de los textos finales de la Asamblea General, que son fruto ya de negociaciones de poder entre delegados de Estados la mayoría de las veces violadores de los derechos humanos y que contradicen los principios esclarecidos por los expertos.
Consideramos, entonces, como fundamento teórico contextual del CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, el concepto básico de DERECHOS HUMANOS.
Somos conscientes de que existe una comprensión popularizada de los derechos humanos, común en el lenguaje coloquial, entendiéndolos como una exigibilidad ética que debe ser respetada y satisfecha por cualquier otro ser humano, y que se sitúa en el campo de relaciones: ciudadano/ciudadano. En este ámbito de comprensión, cualquier persona puede violar los "derechos humanos" de otra persona, y cualquiera puede reivindicar sus "derechos humanos" ante cualquiera.
Pero si el término "derecho", en un lenguaje más técnico, se entiende como una exigibilidad operativa que emana de la fuerza vinculante que liga a una estructura garante con la operatividad de esa exigencia, entonces los derechos humanos solo pueden situarse, con propiedad, en el campo de relaciones: ciudadanos/Estado.
En efecto, el único principio que hoy se acepta como legitimante del poder del Estado, es su carácter de estructura garante de los derechos iguales de todos los ciudadanos que representa. Esto explica que al Estado se le reconozca el derecho de crear códigos penales, sistemas judicial, policial y penitenciario, para que pueda arbitrar, evitar y corregir las agresiones de unos ciudadanos contra otros, dentro de un marco jurídico que son losderechos ciudadanos. Pero cuando es el Estado mismo el que se convierte en agresor de sus ciudadanos, éstos quedarían absolutamente desprotegidos. De allí que la tradición jurídica universal reconoció desde tiempos remotos una área de derechos superiores al Estado, los cuales se reivindican, no ya en calidad de ciudadanos del Estado, sino en calidad de seres humanos, derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar, no solo para legitimarse ante sus propios ciudadanos sino ante la comunidad internacional. Esto toma expresión jurídica cuando los Estados suscriben los convenios internacionales de Derechos Humanos y se vinculan jurídicamente con su cumplimiento ante la comunidad internacional.
Por eso la expresión DERECHOS HUMANOS, en contraposición a la de derechos ciudadanos, se reservó para designar esaárea de defensa de los ciudadanos, en cuanto seres humanos, ante un eventual Estado-agresor, área que vincula al Estado por encima de su derecho interno, y que al ser transgredida deslegitima al mismo Estado y legitima "ipso facto" la intervención de la comunidad internacional, que de alguna manera traduce la solidaridad de especie de los humanos para la salvaguarda de sus atributos esenciales.
Cualquier mirada que se dé a la historia de las formulaciones de los derechos humanos, a través de las cartas o declaraciones de derechos, de alcance nacional o internacional, se constata que éstas constituyeron siempre conquistas de los pueblos y sectores oprimidos y victimizados frente a los abusos de las estructuras del poder.
En los últimos años, la oleada ideológica neoliberal, que ha querido debilitar al máximo la estructura de los Estados para transferir su poder regulador a grupos privados económicamente poderosos, también ha buscado privatizar el concepto de derechos humanos, trasladándolo, abierta o veladamente, desde el ámbito de las relaciones ciudadanos/Estado, al ámbito de las relaciones ciudadano/ciudadano, desconociendo toda su fundamentación teórico conceptual, filosófica, jurídica, histórica, política y práctica.
Las consecuencias de una tal trasferencia serían graves. En primer lugar, se despoja el concepto de derechos humanos de estructuras garantes y operativas, reduciéndolo a un campo ético genérico, carente de instrumentos protectores. En segundo lugar, un concepto que se extiende a campos referenciales demasiado amplios o extensos, cae en la vaguedad, en la ambigüedad, en la trivialidad, en la banalización y en la inoperancia. En tercer lugar, cuando una responsabilidad es compartida por un conjunto muy amplio de personas, se diluye en la inexistencia, lo que se expresa en el dicho: "cuando todos son culpables, nadie es culpable". En cuarto lugar, cuando el mismo lenguaje de reivindicación de los derechos humanos va tomando como blanco y objetivo a personas o grupos privados, o a "la sociedad" (en abstracto) como tal, el uso de ese lenguaje va postulando que a personas y grupos privados se les otorguen instrumentos para garantizar esos derechos, en otros términos, instrumentos judiciales y sancionatorios, lo que va legitimando un retorno a la "Ley del más fuerte", o a las formas de "justicia privada", que son, de hecho, las más generalizadas hoy en Colombia.
No nos convence, en absoluto, el remodelaje neoliberal de los "derechos humanos". Creemos que la manera más auténtica, consistente y coherente con principios filosóficos, jurídicos, políticos, históricos y operativos sustentables, es continuar considerando los derechos humanos como una reserva jurídica de defensa de los ciudadanos, en cuanto seres humanos, frente al poder estatal, legitimada y operativamente protegida por la comunidad internacional.
Sobre este mismo piso filosófico y jurídico se construye el concepto de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.
Como lo anota en una de sus sentencias el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, el término "Crimen de Lesa Humanidad" fue utilizado, en sentido no técnico, desde 1915 y en declaraciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, pero la primera vez que se usó técnicamente, como concepto independiente, fue en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg que enjuició a los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que motivó a echar mano de esta categoría fue la insuficiencia de la categoría "Crimen de Guerra", que no podía aplicarse sino a actos que afectaran a combatientes enemigos, dejando por fuera los crímenes cuyas víctimas eran del mismo país, o de Estados aliados, o apátridas. Por esto, la introducción del concepto de "crimen de lesa humanidad" respondió a la insuficiencia del concepto tradicional de "crimen de guerra" y se introdujo como una ampliación del mismo. El Tribunal de Nuremberg se limitó a justificarla diciendo: "desde el comienzo de la Guerra en 1939 fueron cometidos Crímenes de Guerra a gran escala que eran también Crímenes de Lesa Humanidad". De allí que en el artículo 6 del Estatuto, el Crimen de Lesa Humanidad se concibe siempre "en conexión con algún crimen contra la paz o algún crimen de guerra". (85)
El 11 de diciembre de 1946, por medio de la Resolución 95(I), la Asamblea General de la ONU adoptó, como base de un derecho penal internacional, los Principios del Estatuto y de la Sentencia del Tribunal de Nuremberg, y encargó a la naciente Comisión de Derecho Internacional, de codificarlos. En su primera formulación (1950), el Crimen de Lesa Humanidad aparece todavía ligado a los Crímenes de Guerra o a los Crímenes contra la Paz, pero ya en el primer Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (1954), el Crimen de Lesa Humanidad pasa a ser autónomo. En su cuarto informe sobre el Proyecto, presentado en 1986 por el Relator Especial, luego de un receso en los trabajos del Código que duró de 1954 a 1985, éste afirmó: "(la) autonomía relativa se ha transformado en autonomía absoluta. Actualmente el Crimen de Lesa Humanidad puede perpetrarse tanto en el marco de un conflicto armado como fuera de él". (86) Pero en la sentencia antes citada, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia sostiene que esa autonomía ya existía desde que se emitió la Ley No. 10 del Consejo de Control de los Aliados sobre Alemania, el 20 de diciembre de 1945, en la cual se define el Crimen de Lesa Humanidad sin referencia alguna a conflictos armados. (87)
La más acabada definición que surge de toda esta coyuntura histórica, es la contenida en el Proyecto de Código de 1954, que define así el CRIMEN DE LESA HUMANIDAD:
- (Son) los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia" (88)
En el período comprendido entre 1986 y 1998, el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad tuvo un agitado debate, hasta su formulación definitiva por parte de la Comisión de Derecho Internacional en 1996. En los últimos años sus trabajos se cruzaron con la elaboración del Estatuto para un Tribunal Penal Internacional, que finalmente fue aprobado en Roma, en una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios, el 17 de julio de 1998. La definición del Crimen de Lesa Humanidad sufrió algunas modificaciones en todo este proceso. En estos dos instrumentos, el Crimen de Lesa Humanidad se define así:
Proyecto de Código 1996 Estatuto Tribunal Penal InternacionalArt. 18: Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo de cualquiera de los actos siguientes:
- Asesinato;
- Exterminio;
- Tortura;
- Sujeción a esclavitud;
- Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos;
- Discriminación institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la población;
- Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario;
- Encarcelamiento arbitrario;
- Desaparición forzada de personas;
- Violación, prostitución forzosa y otras formas de abuso sexual;
- Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves.
Art. 7: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
- Asesinato;
- Exterminio;
- Esclavitud;
- Deportación o traslado forzoso de población;
En algunos aspectos, estas definiciones avanzan sobre la de 1954 en la enumeración de algunas conductas, como la de desaparición forzada o la de desplazamiento forzado dentro de un mismo Estado, cuya práctica es más reciente. Pero, en general, como puede verse, los dos artículos son muy similares y comprenden los mismos items. Hay algunas diferencias de matices como estas:
* El Proyecto de Código/96 extiende el concepto de Apartheid a su matriz más general de discriminación por diversos motivos. Por su parte, el Estatuto/98 se extiende un poco más en la enumeración de abusos sexuales y en la definición de la Persecución y de la Encarcelación.
* En la explicaciones oficiales incorporadas a ambos textos, hay matices en la forma de entender el Exterminio. Para el Proyecto de Código/96, el Exterminio se diferencia del asesinato "por un elemento de destrucción masiva", y del genocidio porque "comprende los casos en que se mata a grupos de personas que no comparten características comunes" o "casos en que se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros". Para el Estatuto/98, el Exterminio comprende "la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población". Se entiende, pues, de todos modos, que la víctima del Exterminio es una población que no necesariamente comparte características comunes.
* La Persecución, para el Proyecto de Código/96, tiene como "característica común ( ) la denegación de los derechos humanos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas sin distinción" y se aplica a actos "en que no existiera la intención específica que requiere para el crimen de genocidio el art. 17 (de destruir total o parcialmente un grupo). Para el Estatuto/98, la Persecución se entiende como "la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, en razón de la identidad del grupo o de la colectividad".
Muchos aspectos discutibles y preocupantes tiene el Estatuto/98: no tiene acción retroactiva (art. 11 y 24) apartándose así de la tradición jurídica referida a los crímenes de lesa humanidad y dejando en la impunidad la enorme cantidad de crímenes de esta especie perpetrados hasta que el Estatuto entre en vigencia; no tipifica la forma más generalizada de genocidio que es la que busca exterminar grupos políticos; desconoce mecanismos fundamentales como el reconocimiento de una Parte Civil en los procesos; introduce obstáculos que pueden inhibir por completo las actuaciones del Tribunal, como la posibilidad de veto del Consejo de Seguridad
(art. 16), o la necesidad de contar con la ratificación de 60 Estados para entrar en vigencia; desconoce muchas definiciones y procedimientos que ya hacían parte del Derecho Internacional en otros tratados, cuya aplicación podría ser más efectiva que el mismo Tribunal. Pero el punto más polémico y discutible de ambos instrumentos [incluyendo el Proyecto de Código/96] es su AMPLIACIÓN DEL SUJETO ACTIVO del Crimen de Lesa Humanidad, para introducir la posibilidad de que estos crímenes sean perpetrados por cualquier tipo de "grupos" u "organizaciones", y ya no solamente por los Estados o sus organizaciones paraestatales. Es una innegable concesión a la ideología neoliberal.
El Proyecto de Código/96, afirma que tal crimen puede ser cometido, fuera de los gobiernos, "por una organización política o grupo". El Estatuto/98, en el literal a, del parágrafo 2 del artículo 7 explica: "Por 'ataque contra una población civil' se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política".
No hay duda de que con esos incisos se rompe la base conceptual (filosófico-jurídico-histórico-político-operativa) de los derechos humanos y del crimen de lesa humanidad, en cuanto área de defensa de los ciudadanos / seres humanos frente a un eventual Estado agresor.
Esta polémica es de muy vieja data, pero hasta esa coyuntura se había logrado mantener en la ONU una coherencia conceptual al respecto. Dado que son los Estados y los bloques de poder inter-estatales los que controlan las diversas instituciones internacionales, ya se puede adivinar cuál será el paso siguiente, una vez rota la consistencia conceptual: será la de bloquear progresivamente el trámite de demandas contra los Estados e inundar las instituciones internacionales con demandas contra grupos u organizaciones privadas (no es difícil adivinar, que serán grupos u organizaciones de oposición a los gobiernos). Luego vendrá el tercer paso: la desaparición progresiva de demandas contra los Estados con la consiguiente eliminación (quizás primero "de facto" y luego "de iure") de esta área de defensa de los ciudadanos frente a las agresiones del Estado. Este proceso de travestismo jurídico culminará en una situación en la que los únicos "violadores de los derechos humanos" y "perpetradores de crímenes de lesa humanidad" serán los grupos de oposición política, retornando así el mundo al "absolutismo regio": los ciudadanos quedarán sin defensa ante las agresiones de los Estados y los Estados gozarán de tribunales internacionales para juzgar y sancionar a quienes se opongan y resistan a sus agresiones.
El único argumento que se ha esgrimido para justificar este cambio conceptual es que existen grupos u organizaciones no estatales con capacidad de realizar acciones sistemáticas o a gran escala contra la vida, dignidad y derechos fundamentales de poblaciones civiles. Si se exceptúa el caso de los conflictos bélicos, que tienen otro tratamiento en el Derecho Internacional, para no lesionar el derecho a la rebelión, universalmente reconocido, la sistematicidad o "gran escala" con que un grupo privado pueda agredir a poblaciones enteras, de una manera persistente, implica al menos una tolerancia o aquiescencia de las estructuras del Estado, o revela que los organismos judiciales y defensivos del Estado no funcionan o están en connivencia clandestina con dichos grupos. Es bien sabido que en Colombia y en otros países se ha tratado de presentar como "grupos violentos no estatales" a las estructuras auxiliares de la fuerza pública o paramilitares, que desde los años sesenta ejecutan una política diseñada, apoyada y protegida de terrorismo de Estado, como ya se ha probado suficientemente.
En 1950, cuando se hacían los primeros debates sobre el Código Penal Internacional, el Secretario General de la ONU recurrió a los servicios del experto Vespasiano V. Pella, Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, con el fin de ayudar a los trabajos de la Comisión. En su extenso aporte (Doc. A/CN.4/39), el experto opina así sobre el Crimen de Lesa Humanidad: "es cometido por personas que actúan en calidad de órganos del Estado ( ) este crimen no aparece ya como la violación de una ley penal nacional (..) sino como un acto cometido en el ejercicio de la soberanía del Estado". (No. 138)
Y luego de que el Proyecto de Código introdujera, en 1954, una cierta ampliación del sujeto activo, extendiéndolo solo "a particulares que actúan por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia", el Relator del Proyecto, en su tercer informe se mostró en desacuerdo por razones como estas:
(en cuanto a los crímenes de genocidio y de lesa humanidad) la participación de particulares, teóricamente inimaginable, parece imposible de hecho. El genocidio implica una empresa sistemática, y a gran escala, de destrucción de un grupo étnico, nacional o religioso. En el mundo contemporáneo, los particulares difícilmente podrían realizar por sí mismos una tal empresa. Lo mismo cabría decir del resto de los crímenes contra la humanidad, que exigen una movilización de medios de destrucción que solo el ejercicio del poder puede facilitar a sus autores. Algunos de estos crímenes, por ejemplo el Apartheid, solo pueden ser cometidos por un Estado. En resumen, parece discutible que los particulares puedan erigirse en autores principales de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. ( ) En la materia que se estudia no habría que perder jamás de vista que el objetivo perseguido es también, sobre todo, obstaculizar los excesos y el irraciocinio a que expone el ejercicio del poder, y que se trata de prevenir los delitos y las exacciones de quienes poseen los medios formidables de destrucción y de aniquilamiento que amenazan actualmente a la humanidad. Incluso si el sujeto de derecho, en materia de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, es el individuo, tampoco hay que perder jamás de vista que el individuo de que se trata es principalmente la autoridad de un Estado". (89)
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia cita el argumento del experto Cherif Bassiouni, quien afirma : " su comisión (de Crímenes de Lesa Humanidad) exige el uso de las instituciones, de personal y de recursos del Estado para realizar, o para estorbar que se impida la comisión de los crímenes específicos descritos en el artículo 6,c de la Carta de Nuremberg" (90) En esta misma sentencia, el Tribunal acoge como innovación la ampliación del sujeto activo del Crimen de Lesa Humanidad, pero definiéndola así: "A este respecto el Derecho se ha desarrollado para tener en cuenta fuerzas que, aunque no sean las de los gobiernos legítimos, tienen control, de hecho, o la posibilidad de movilizarse libremente, dentro de un territorio concreto". (91) Esta posición es más racional y aceptable, puesto que una fuerza que tenga pleno control territorial puede equipararse a un poder estatal, y en la medida en que tenga ese poder de control tendría que garantizar la protección de la dignidad humana de los residentes e impedir que se agredan los derechos fundamentales del ser humano en ese territorio.
En el Proyecto hemos asumido, pues, la categoría de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, de acuerdo a la conceptualización más clásica, que encontramos más convincente por lo bien fundamentada, consistente y coherente, según todo lo expuesto, que para los efectos la identifica como CRIMEN DE ESTADO, rechazando las concesiones que se han hecho en instancias internacionales a la ideología neoliberal.
El sentido de la expresión "de lesa humanidad" (92) , apunta a subrayar la gravedad del crimen, revelando que no se afrenta a un individuo sino a la especie humana como tal. Según el Relator Especial del Proyecto de Código, "podría concebirse en el triple sentido: de crueldad para con la existencia humana; de envilecimiento de la dignidad humana; de destrucción de la cultura humana. Comprendido dentro de estas tres acepciones, el crimen de lesa humanidad se convierte sencillamente en 'crimen contra todo el género humano'" (93)
El Relator apunta realmente allí a los principales sentidos que en el lenguaje corriente la damos al término "Humanidad". En efecto:
Cuando señalamos una conducta, actitud o acción como "inhumana", la entendemos como cruel y despiadada, y en ese sentido como algo que desdice del deber ser humano, que en las relaciones interpersonales debe tener en cuenta la experiencia personal de repudio del sufrimiento y tratar de evitarlo, por imperativo ético, en un ser semejante.
Cuando nos referimos a la "Humanidad", podemos entender el término en sentido cualitativo o cuantitativo. Como cualidad, puede apuntar a lo que es esencial o característico de los seres humanos, de la misma manera que podríamos hablar de la "animalidad" o la "vegetalidad". Y en este sentido los crímenes afectan lo más esencial, característico, específico de los humanos: su dignidad elemental y sus derechos elementales de: vida, integridad y libertad, como núcleo más recóndito o esencia ultra-destilada de lo humano. En este sentido, "la humanidad" es agredida en cualquier individuo, cuando se lesiona ese núcleo. Por eso el Relator del Proyecto de Código, continuando el texto citado inmediatamente antes, agrega: "una expresión de esa índole plantearía el problema delicado ( ) de determinar si todo atentado grave dirigido contra un individuo constituye un crimen contra la humanidad. Si se considera que el individuo es "poseedor" y custodio de la dignidad humana, "poseedor de los valores éticos fundamentales" de la sociedad humana, el crimen contra la humanidad puede perpetrarse mediante un atentado contra un solo individuo, desde el momento en que tal atentado presente un carácter específico contrario a la conciencia humana. Habría en cierta forma un vínculo natural entre el género humano y el individuo: uno es la expresión del otro" (94)
Cuando el término "Humanidad" se entiende en sentido cuantitativo, o sea como el conjunto de los humanos, el crimen contra la humanidad se entiende como un intento de privar a ese conglomerado de seres de riquezas esenciales inherentes a la especie humana como especie, que es el estar compuesta de diversidad de razas, etnias, concepciones políticas, religiosas, ideológicas, etc. que son todas riquezas de la especie, sin las cuales la especie se ve mutilada. Este sentido especial le dio al Crimen de Lesa Humanidad el experto Vespasiano V. Pella, en su Memorandum de 1950, solicitado por el Secretario de la ONU cuando comenzaban los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. Allí afirma que, para distinguir el acto que se incrimina de otros de delitos comunes contra la vida, la integridad o la libertad, "lo que transforma semejantes actos en crímenes contra la humanidad es el hecho de que están dirigidos esencialmente contra el género humano que está formado de razas, nacionalidades y religiones diferentes y que presenta una pluralidad de concepciones filosóficas, sociales y políticas ( ) Estando el crimen contra la humanidad dirigido contra bienes jurídicos comunes a una categoría de personas (razas, nacionalidades, religiones etc.) no atañe al individuo considerado aisladamente sino al individuo en cuanto miembro de una colectividad ( ) A la protección penal general de la vida humana, de la libertad y de otros bienes jurídicos inherentes a la existencia del hombre en el seno de la sociedad, se superpone por consiguiente una protección especial. Son la raza, la nacionalidad, la religión y otros elementos de diversidad del género humano los que conforman el objeto de esta protección penal especial ( ) En la definición legal del crimen contra la humanidad hay que admitir la noción del "dolus specialis". Al hacer del móvil, es decir, de la intención criminal especial, un elemento constitutivo del crimen contra la humanidad, se llega así a la distinción neta y precisa entre estos crímenes y los crímenes y delitos de derecho común reprimidos por todas las legislaciones del mundo" (95)
No sobra reiterar, finalmente, que la sola utilización de los términos "humano" y "humanidad" hace trascender el derecho interno de los Estados y hace situarse en un orden jurídico que está por encima de los Estados, o en unos "derechos superiores al Estado" (para emplear la expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), que hay que reivindicar solo en el evento en que el Estado mismo se convierta en su agresor.
V. Nuestras reservas frente a los crimenes de guerra
Este Proyecto Nunca Más, se fijó, pues, como objetivo, la salvaguarda de la memoria de las violaciones más graves a los derechos humanos fundamentales, en cuanto Crímenes de Estado y Crímenes de Lesa Humanidad. La opción por este campo específico implicaba dejar de lado el registro de los Crímenes de Guerra o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario perpetrados por grupos insurgentes.
Las organizaciones responsables del proyecto somos muy conscientes del carácter polémico de esta opción, dentro del actual contexto colombiano e internacional. Por ello debemos una explicación de fondo a quienes tengan acceso a este y a los sucesivos informes que irán entregando los resultados del Proyecto.
En ninguna medida desconocemos que en Colombia se dan infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos insurgentes y que dichas infracciones lesionan la dignidad humana de muchos hermanos nuestros. Aún más, todas las organizaciones no gubernamentales responsables del Proyecto hemos denunciado puntualmente muchos de esos casos, hemos censurado a sus actores, hemos intervenido o ejercido mediaciones para prevenir la perpetración de muchos otros casos, y también nos hemos visto afectadas, en nuestros trabajos con comunidades victimizadas, por este tipo de infracciones. Pero el hecho de no asumir ese campo de investigación y denuncia dentro de este Proyecto Nunca Más, se apoya en criterios éticos, conceptuales y prácticos que queremos hacer explícitos:
1. Insuficiencias del Derecho Internacional Humanitario para interpretar y regular modalidades de conflictos internos como el que se da en Colombia.
Investigar y registrar crímenes de guerra, o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, supone asumir unas categorías muy claras para calificar esas conductas, categorías que deben desprenderse de un marco de análisis del conflicto, fundamentado en principios éticos, racionales, jurídicos y políticos muy coherentes.
Desde tiempos remotos, el abordaje ético-jurídico de la guerra ha distinguido dos campos específicos: el "Derecho a la Guerra" ("Ius ad Bellum"), y el "Derecho en la Guerra" ("Ius in Bello"). En el primer campo se discierne si la guerra es justa o injusta, legítima o ilegítima; en el segundo se discierne la legitimidad de sus métodos y medios de cara a la racionalidad propia delaguerra.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), codificado hoy en las cuatro Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en los dos Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, se caracteriza por no inmiscuirse en absoluto, ni en el discernimiento del "derecho a la guerra" (si es legítima o ilegítima), ni en la racionalidad propia de la guerra, o sea: la conexión entre un medio de guerra y una ventaja militar sobre el enemigo. De allí que el DIH se haya redactado, "en los márgenes" que deja la racionalidad de la guerra, con la intención de salvaguardar la dignidad humana o los atributos más preciados del ser humano allí donde no se ve, en sana lógica, ninguna conexión entre un método o medio de guerra y una ventaja militar sobre el enemigo. Justamente este campo es el objeto de todas las prescripciones del DIH, que se consideran imperativas para todos los combatientes de cualquier signo, haciendo caso omiso del problema de si la guerra es justa o injusta.
En efecto, si el discernimiento central del DIH consistiera en calificar, desde principios éticos universales, los métodos y medios de la guerra, desde el primer momento tendría que retirarse del campo y limitarse a condenar, desde fuera del campo, cualquier intento de guerra. Es evidente que la guerra implica, por su propia racionalidad, destrucción de vidas humanas; supresión de la libertad física de numerosos seres humanos; y destrucción de bienes construidos por comunidades humanas. Todo esto, sometido al tribunal de la ética universal, es absolutamente repudiable y condenable. Por eso la guerra misma es absolutamente repudiable desde los parámetros éticos más universales. Y por esto mismo el Derecho, desde tiempos remotos, ha separado el problema de la legitimidad de la guerra (el "Ius ad Bellum"), del de la regulación de la guerra (el "Ius in Bello"), para no correr el riesgo de resbalarse fácilmente por la pendiente del principio: "el fin justifica los medios", dado que aquí los medios son necesariamente perversos. La única manera que se ha encontrado de tolerar medios intrínsecamente perversos que supuestamente están al servicio de una causa justa, ha sido el de montar una guardia ética en todos los linderos de la racionalidad de la guerra, y estar alerta a proscribir cualquier método o medio que no demuestre una relación de correspondencia concreta con una ventaja militar sobre el enemigo. Este ha sido justamente el cometido del DIH.
Pero aún este campo no está exento de ambigüedades y oscuridades. Muchos métodos y medios pueden aparecer como en relación de causalidad con una ventaja militar, como podría ser el terror generalizado sobre los territorios enemigos. El DIH ha tomado el camino de las exégesis más estrictas sobre esta relación, tratando de contener el monstruo de la guerra en su más elemental espacio vital.
Sin embargo, cuando se leen y re-leen los textos de las cuatro Convenciones de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, se llega fácilmente a la conclusión de que el modelo de guerra que se tuvo en mente, al redactar todas sus prescripciones, era el modelo de guerra regular. Y esto es una limitante histórica, pues ese era el modelo de guerra más conocido en 1949 y en los períodos previos en que esos textos comenzaron a redactarse en borradores o en forma de convenios regionales. El exiguo texto del Protocolo II, previsto para conflictos armados de carácter no internacional, no superó esas limitaciones y hoy día deja sin resolver innumerables problemas de las guerras internas.
El DIH no tuvo en cuenta, pues, la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas, cuyos manuales más elaborados comenzaron a ser conocidos en los años sesentas. Este modelo de guerra, diseñado para dirimir conflictos de legitimidad dentro de un mismo Estado, y desde los intereses del polo más pobre de la población, se sale de los marcos más clásicos de la guerra regular entre Estados, sobre cuyo modelo se redactó el DIH.
En efecto, la Guerra de Guerrillas se funda en una primera realidad: que debe enfrentar una estructura estatal, detentora de medios muy poderosos de guerra (como aviones y tanques de guerra, ejércitos bien financiados y armados gracias al presupuesto del Estado) sin tener acceso a los recursos del Estado, dado que el motivo fundamental de la guerra es justamente el no acceso de las capas empobrecidas a los recursos del Estado. La racionalidad de ese tipo de guerra implica, entonces, adoptar métodos de camuflaje entre la población civil y de acciones ofensivas de sorpresa, y jamás de acciones defensivas, pues estas últimas conllevarían a una desventaja militar evidente frente al enemigo. Este elemento fundamental de la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas entra ya en contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no combatientes.
Muchos Estados, y entre ellos el colombiano, han tomado pié en esta característica de la Guerra de Guerrillas o "irregular", para justificar su agresión sistemática contra la población civil, o para camuflar a los combatientes del Estado bajo fachadas de ejércitos irregulares o paramilitares que se presentan como "no estatales". Pero mal podría justificar un Estado el asumir métodos característicos de fuerzas guerrilleras, métodos cuya única justificación descansaría precisamente en la imposibilidad de acceso a los recursos que tiene el Estado.
Otro elemento que incide a fondo en la racionalidad específica de la Guerra de Guerrillas, es el hecho de que ésta no se dirige fundamentalmente a la destrucción de un "ejército enemigo" o de una simple estructura estatal, sino a la destrucción de un modelo de sociedad. Por eso la "ventaja sobre el enemigo", en este tipo de guerra, está ligada al boicot o sabotaje de infraestructuras que son vitales para el mantenimiento de dicho modelo de sociedad. Este elemento también entra en contradicción con un principio del DIH, según el cual los "bienes civiles" deben ser excluidos como objetivos militares. Algo similar se podría decir de los esquemas de financiación de la Guerra de Guerrillas, que en la racionalidad de ésta no debe fundarse en aportes de los sectores pobres de la población, sino en aportes forzados de los sectores ricos, que no los aportarían libremente sino mediante medidas extorsivas.
Estos pocos ejemplos, que quizás pudieran ser complementados por otros muchos, muestran que la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas, o sea lo que relaciona una acción o medio de guerra con una ventaja militar o avance en los objetivos de la guerra, obedece a parámetros muy distintos de los de una guerra regular y comprende criterios que afectan de manera distinta la salvaguarda de vidas humanas, la libertad física de personas humanas y la salvaguarda de bienes civiles, diferentes a los que afectan esos mismos campos en las guerras regulares.
Al mismo tiempo que este problema está planteando la necesidad de explicitar los principios de la Guerra de Guerrillas y de construir un Derecho Humanitario que salvaguarde la dignidad humana "en los márgenes" de esa racionalidad de la Guerra de Guerrillas, como lo hizo el DIH a mediados del siglo XX frente a la racionalidad propia de las guerras regulares internacionales, todo esto revela una insuficiencia conceptual y jurídica para entrar, por ahora, a definir "Crímenes de Guerra" o "Infracciones Graves a un Derecho Humanitario" en este específico conflicto armado que vive Colombia.
La condena de medios de guerra, cuando éstos forman parte de la racionalidad de la guerra, equivale, en sana lógica, a negar la legitimidad de una guerra, o a exigirle a los combatientes que, aunque su guerra sea justa, deben perderla. Por esto, Agnes Heller afirma: "Pero simplemente no podemos sugerir a las partes que libran una guerra totalmente justa que deberían perder esta guerra si no pueden ganar con una conducta justa, pues al hacerlo nos ponemos del lado del agresor. Y deberíamos esperar que el agresor pierda la guerra, independientemente de la forma en que la conduzca. La injusta conducción de la guerra es en realidad una "circunstancia agravante" añadida al quebrantamiento inicial del "Ius ad Bellum"". (96)
2. Elementos de discernimiento ético frente a la legitimidad de la guerra.
Pero si la insuficiencia de los instrumentos existentes para calificar los Crímenes de Guerra, o infracciones graves al Derecho Humanitario, nos inhibe para enfrentar el campo de los Crímenes de Guerra dentro del Proyecto, esa inhibición se refuerza aún más cuando entramos a discernir las razones del "Ius ad Bellum", o la legitimidad de la guerra.
Desde la antigüedad, filósofos, juristas y teólogos han hecho grandes esfuerzos por delimitar las condiciones de una "guerra justa". Entre esas condiciones, algunas, como la exigencia de que fuera declarada por el Soberano, perdieron vigencia histórica dada su dependencia del sistema monárquico. Otras, como la de fundarse en una causa justa o la de propender por sistemas más justos que los que se combaten, tienen vigencia permanente. Pero hay una condición procedimental de capital importancia, que se relaciona justamente con la convicción de que todos los medios de la guerra son absolutamente perversos y de que hay que evitar hasta lo último acudir al recurso de la guerra; esta condición exige que la guerra tenga el carácter de "último recurso", o sea, que solo se opte por ella cuando los medios no violentos para lograr los objetivos justos hayan sido inútiles.
El haber acompañado durante décadas a las víctimas de la represión en Colombia y a sus dolientes, nos da un marco sólido para afirmar que el blanco de la represión oficial ha sido la población civil que de una u otra manera hace opciones ideológicas o políticas por luchar en favor de condiciones más justas de vida para las mayorías, con medios no violentos. Está suficientemente probado en las estadísticas de los crímenes de lesa humanidad, que la estrategia represiva del Estado apunta a destruir las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, políticas, estudiantiles, cívicas, académicas, religiosas, humanitarias y de defensa de los derechos humanos, que propenden por condiciones de mayor justicia, que reclaman derechos justos, que denuncian las atrocidades del Estado. Partidos, movimientos, organizaciones y grupos enteros han sido exterminados o desmovilizados por el terror.
Esta experiencia trágica, que se confirma cada vez más a medida que avanzan las investigaciones de este Proyecto, nos inhibe para deslegitimar el marco motivacional general de la insurgencia. Todos los sistemas filosóficos, jurídicos y religiosos universales, aceptan el recurso a la guerra cuando ésta se funda en objetivos de justicia y los medios no violentos se revelan inoperantes. El mismo Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos así lo reconoce: "(Considerando) esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".
3. Discernimiento ético de la "neutralidad"
Desde hace varios años, las organizaciones no gubernamentales responsables de este Proyecto, nos hemos visto sometidas a extremas presiones, por parte de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, para que nuestras denuncias y acciones humanitarias se sitúen en "posiciones neutrales", que no recarguen las censuras sobre ninguna de las partes en conflicto, y para que nuestro trabajo se rija por parámetros de "equilibrio" que lleve a estigmatizar "por igual", y a "equiparar" las diversas violencias que afectan a la sociedad colombiana. Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de "Condenar toda violencia, venga de donde viniere". Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable.
Creemos que ningún tipo de discernimiento ético puede dispensarnos, aun en medio de cruces de fuego de diverso signo y de prácticas violentas que adoptan métodos por sí mismos censurables, de tener en cuenta, cuando se trata de priorizar denuncias y censuras, los móviles y estrategias globales que comprometen a los diversos actores enfrentados. Imperativos éticos que consideramos ineludibles nos llevan censurar con mayor fuerza a quienes se sirven de la violencia represiva par defender violencias estructurales e injusticias institucionales que favorecen a capas privilegiadas de la sociedad, mientras victimizan, exterminan o destrozan a las capas sociales más pobres y vulnerables, sometidas a siglos de despojo y de injusticia. Por ello concluimos que frente a conflictos tales, la "neutralidad" no es éticamente sustentable.
Ese mismo imperativo ético nos lleva a discernir los bienes jurídicos que están en juego en cada forma de violencia. Y ciertamente la violencia del Estado, fuera de agredir el valor de la vida y la libertad de amplias capas sociales, detrás de esas agresiones quiere consolidar la negación estructural de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ya que se persigue, se tortura y se asesina a quienes tratan de reivindicar esos derechos. Pero, además de esto, con su acción misma, el Estado destruye los mecanismos protectores de la dignidad y de los derechos humanos, que deberían residir en el Estado, como garante de los mismos.
Por eso, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado tienen tres profundidades que no tienen las infracciones a la ética de la guerra de sus contrarios:
son agresiones conira el núcleo elemental de los derechos y dignidad del ser humano: vida. integridad y libertad;
son agresiones que miran a castigar las reivindicaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;
son agresiones que implican la destrucción de las estructuras garantes o protectoras de los derechos humanos y ciudadanos.
No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores perversidades, o representa la oclusión institucional de los caminos que podrían conducir a una sociedad más justa, o acumula en su haber mayor violencia contra los débiles.
4. Una opción por escapar del cerco anti-ético de las "simetrías"
El afán de neutralidad, no solo se ha expresado como opción de personas, grupos o instituciones que eluden, consciente o inconscientemente, imperativos éticos que solo se esclarecen tras análisis cuidadosos de lo que está en juego en el conflicto. Dicho afán de neutralidad también puede ser analizado como una estrategia que encubre objetivos políticos, que deben ser sacados a la luz, si no se quiere eludir un discernimiento ético de fondo.
El afán de neutralidad se ha expresado en Colombia, en los últimos años, como una política de simetrías . Asume la forma de una presión social, no pocas veces extorsiva, para que los análisis académicos, las denuncias, las estrategias informativas y las acciones humanitarias, se enmarquen en una estricta simetría: se tiene derecho a denunciar los crímenes de una de las partes en conflicto, a condición de denunciar simétricamente los de la parte contraria.
Esta presión ha llevado a acuñar expresiones simétricas que envuelven en calificaciones equivalentes a los diversos actores del conflicto: "grupos al margen de la ley", "actores violentos", "grupos armados", "fuerzas oscuras", términos todos que fuerzan la simetría mediante la omisión de identidades. Para no pocos periodistas, comunicadores sociales, analistas, académicos y activistas de derechos humanos, asumir la política de las simetrías ha constituido el obligado precio a pagar para conservar su empleo, y muchas veces para conservar su vida, o para mantener una actividad remunerada dentro de parámetros que no pongan en riesgo la vida o la estabilidad profesional o familiar.
Este mismo proyecto del Nunca Más ha tenido que resistir muchas presiones de agencias financiadoras, que quisieron condicionar sus aportes a una opción por la política de las simetrías.
Hemos tratado de discernir también, desde los principios que nos inspiran, la sustentabilidad ética de todas estas presiones.
Tal discernimiento nos ha llevado a percibir que la política de simetrías se erige como una barrera que impide enjuiciar el conflicto desde perspectivas no inmediatistas; desde los móviles profundos de cada uno de los actores; desde los modelos de sociedad que el conflicto pone en juego; desde las aspiraciones y pretensiones globales de cada actor; desde perspectivas que permitan evaluar el conjunto de las violencias que afectan a las capas más vulnerables de la sociedad; desde responsabilidades profundas frente al futuro. La política de simetrías presiona para sustraer el discernimiento ético de análisis de largo alcance y lo fuerza a mantenerse en niveles superficiales e inmediatistas, y en evaluaciones simplistas de métodos y medios, que necesariamente son éticamente repugnantes, cualquiera que sea su sujeto activo.
La política de las simetrías busca inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que "todos los actores son igualmente perversos" y de que lo mejor es marginarse, descomprometerse en toda medida, y entrar a gozar del "paraíso ético" del que condena a todo el mundo menos a sí mismo, exonerándose de enjuiciar los efectos de sus silencios y de su imposible "neutralidad", sobre ese futuro que ineludiblemente están decidiendo las fuerzas en conflicto.
Por todo ello hemos sentido un imperativo ético de escapar del cerco de la política de las simetrías, en el momento de decidir sobre las prioridades del Proyecto.
5. Una opción a contracorriente de los parámetros "informativos" predominantes
Quien se forme una idea de la realidad colombiana sobre la base de las "informaciones" cotidianas que transmiten los medios masivos, se ve forzado a pensar que el Estado colombiano no viola los derechos Humanos; que sus instituciones, incluyendo las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. mantienen una legitimidad democrática; que los grupos paramilitares no tienen relación orgánica alguna con el Estado: que los grupos insurgentes no Vienen ob)elivos potilicos sino intereses de enriquecimiento a costa del terrorismo; que los hechos violentos que saturan la cotidianidad responden a un gratuito accionar violento de grupos "al margen de la ley [todos ellos igualmente perversos y ajenos al Estado]; que los millones de desplazamientos forzados son producidos por "enfrentamientos entre dos extremas que involucran a la población civil en el conflicto", etc. Estos parámetros "informativos" sistemáticos, que penetran en !as conciencias cada día por mecanismos subliminales, no solo construyen la imagen de la realidad nacional sino que determinan las opciones políticas e Ideológicas y fundamentan las opciones éticas concreías frente a la realidad. No es raro que desde este parámetro de construcción de realidad, las prioridades del Proyecto Nunca Más aparezcan extrañas y disonantes con la imagen socializada del país que los mass media proyectan en las grandes mayorías como única alternativa ideológica de consumo masivo.
Tampoco un discernimiento ético puede dispensarnos de evaluar los parámetros "informativos" predominantes y de resistir a la tentación de acomodarnos a sus imaginarios masivos, presentando un cuadro caótico de violencias igualmente perversas que deben ser superadas por una "paz" y una "reconciliación" que no impliquen ningún compromiso con la justicia. Una tal opción nos protegería fácilmente del calificativo de "parcialidad", con que los gestores de la imagen mediáticamente socializada del país suelen estigmatizar a los que se resisten a encubrir las responsabilidades más determinantes de la violencia. Pero tal opción la consideramos absolutamente anti-ética, así tenga enormes costos de "imagen" -y quizás algo más que de imagen- para el Proyecto.
6. Una visualización ética del proceso hacia la paz
Dentro del convulsionado y emotivo contexto que vive Colombia desde hace muchos años, la natural repugnancia de la guerra, de sus sufrimientos concomitantes y de sus secuelas, dentro de las cuales no se pueden ignorar las cadenas de odios y retaliaciones, es lógico que los anhelos de paz se expresen intensamente. Pero también en el concepto de paz, así como en la visualización del proceso para conseguirla, se proyectan intereses inconfesables.
Se ha llegado a acusar de "enemigos de la paz" a quienes denuncian a las estructuras estatales involucradas en la violencia represiva, cuya victoria militar es la única que se visualiza como "paz".
Aunque muchas veces se repite como slogan el principio según el cual "la paz es fruto de la justicia", en la práctica se pretende que lo primero que debe lograrse es una cese de fuego [entendido como "paz"], presuponiendo ingenuamente que "la justicia será fruto de esa "paz"". Asumir el principio de que "la paz es fruto de la justicia" más allá de lo retórico, es profundamente costoso; implica discernir éticamente los imaginarios de justicia que la guerra pone en juego, así como los costos humanos de una "paz" sin justicia, que solo puede ser germen de nuevas violencias.
También este discernimiento ético se ha proyectado en la opción de prioridades del Nunca Más. Vemos imperativo privilegiar la denuncia de las violencias que más atentan contra la paz, en la medida en que, además de sus métodos criminales y éticamente repugnantes, los articulan objetivamente a la defensa de un orden injusto que, al impedir la justicia, imposibilita la auténtica paz.
7. Opción por una metodología que se acerque lo más posible a la objetividad
La larga experiencia de las organizaciones responsables del Proyecto, tanto en el registro e investigación de violaciones graves a los derechos humanos, como en el acompañamiento a las víctimas y a sus familias, nos ha demostrado que la información relativa a esos casos sufre frecuentes y profundas distorsiones, cuando es manejada por los medios masivos e incluso cuando es objeto de investigaciones penales o disciplinarias. Por ello el diseño del proyecto ha contemplado múltiples mecanismos de depuración de la información.
Pero si es difícil lograr niveles confiables de objetividad en los casos de crímenes de lesa humanidad, que son perpetrados en los más variados escenarios a lo largo y ancho del país, se presentan dificultades mucho mayores en los casos de crímenes de guerra, toda vez que la guerra, en Colombia, se desarrolla principalmente en escenarios rurales periféricos, muchas veces inaccesibles por carencia de vías de comunicación y otras por los riesgos que implica acceder a esas zonas de conflicto. De allí que la información relativa a las acciones bélicas sea menos accesible, más monopolizada y controlada por los actores armados y, por lo tanto, menos confiable.
Esta última razón, de carácter operativo, pesó también en nuestra decisión sobre las prioridades del Proyecto, y sumada a la precisión de conceptos y a los discernimientos éticos antes explicitados, nos llevó a seleccionar como objetivo específico del proyecto: la salvaguarda de la memoria histórica de los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados en Colombia durante el actual ciclo inconcluso de violencia.
VI. El Proyecto y su camino
Realizar este proyecto en circunstancias tan adversas, como se ha explicado, ha obligado a redefinir varias veces los tiempos, espacios, métodos y responsabilidades.
El método, en general, que se ha seguido, incluye varios momentos:
En un primer momento, se ha tratado de acceder a diversos órdenes de memorias escritas ya existentes, que han recogido y sistematizado en diversas épocas informaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Toda esa información se traduce a una base de datos común, luego de un trabajo de homologación en una misma ficha.
La información así obtenida queda, por supuesto, llena de vacíos, y deja numerosos interrogantes sobre la confiabilidad de fuentes que resultan muy heterogéneas. Esto permite un contacto muy mediatizado y lejano con hechos, contextos y personas, pero suministra una primera base sobre la cual es necesario avanzar.
En un segundo momento el trabajo se enfoca hacia una zona determinada, y se procura entrar en contacto con fuentes más cercanas a los hechos: archivos regionales y locales, testigos e investigadores de la región, organizaciones a las cuales pertenecían las víctimas, familiares y comunidades que constituían el entorno de las víctimas, organismos judiciales y disciplinarios que eventualmente desarrollaron investigaciones sobre los hechos, publicaciones e historiadores de la región. En esta etapa se registran testimonios en medios magnéticos; se trabaja sobre una bibliografía acerca de la zona; se realizan reuniones de análisis con testigos cualificados; se solicitan informes judiciales y disciplinarios, haciendo uso del derecho constitucional de petición, y se promueven reuniones con las familias de las víctimas.
Un tercer momento lo constituye la sistematización y el análisis de todo lo que ha sido posible reunir, así como la redacción de un informe que le devuelva a la región, al país y al mundo, una visión de conjunto sobre la dinámica desarrollada por los crímenes de Estado en la zona bajo enfoque. Ha sido una preocupación fundamental de los equipos de trabajo, reunir los elementos posibles para que los crímenes puedan ser mirados en su contexto, o sea, en el desarrollo diacrónico de formas de injusticia, formas de resistencia, formas de represión, formas de impunidad y efectos de los crímenes sobre los tejidos sociales.
El mismo caminar del proyecto fue planteando la necesidad de una zonificación del país diferente a la actual división político administrativa, que permitiera acercarse más a la lectura de dinámicas de represión y de resistencia, que necesariamente tienen alcances más determinados por los escenarios territoriales en que actúan las fuerzas violentas. Esto nos llevó a delimitar 18 zonas de estudio, con miras a un análisis mejor contextualizado de los crímenes de lesa humanidad.
El orden de prioridad cronológica en que irán saliendo los informes lo irá señalando el cúmulo y la calidad de la información que se vaya recabando sobre cada zona. Una vez evaluada positivamente la información recabada sobre una zona determinada, se planea un período intenso de depuración y análisis de esa información y la redacción de un informe (nunca exhaustivo sino acumulativo) sobre la zona.
El proyecto se perfila así como un largo caminar. Es imposible ponerle plazos. La experiencia vivida hasta ahora nos muestra que a medida que nos adentramos en la tragedia de una zona, se vislumbra la existencia de capas más recónditas de sufrimientos que permanecen en gran parte substraídos a un conocimiento público a causa del terror; terror que ha mantenido silenciados a familiares y testigos, y al abrigo de todo escrutinio periodístico o investigativo, y de todo registro testimonial y documental, hechos horrendos con que agentes directos o indirectos del Estado destrozaron vidas y procesos comunitarios de búsqueda de justicia.
Este caminar va produciendo una VERDAD, que es la que trata de plasmarse en estas entregas acumulativas de informes, que a su vez van construyendo paso a paso la visión global de lo que NUNCA MAS se debiera volver a tolerar.
En nuestra sociedad la VERDAD sufre censura, ejercida de múltiples y sutiles formas por el Estado y por el Establecimiento. La VERDAD ha llegado a ser una seria amenaza para el Statu quo y por ello es algo sutilmente prohibido. La VERDAD es riesgosa y habitualmente destila sangre, pues ha costado la vida a innumerables testigos. Pero la verdad muchas veces ha logrado saltar con audacia y fortaleza las barreras de poderosas censuras y amenazas para plasmarse en volantes callejeros repartidos en cierta clandestinidad; en boletines de sindicatos, ligas campesinas, hojas parroquiales o informativos de organizaciones de derechos humanos, cuyas sedes fueron no pocas veces allanadas con brutalidad y ensañamiento y muchos de cuyos responsables fueron desaparecidos, acribillados o desterrados.
Desde ya sabemos que esta VERDAD será recibida y combatida como "mentira" por los victimarios y sus cómplices. Conocemos de sobra los argumentos con que la combatirán en sus poderosos medios informativos: "son calumnias contra los servidores del Estado, calumnias provenientes de los idiotas útiles de la insurgencia"; "Es la insurgencia la que se sirve de ONGs amigas para desacreditar al Estado legítimamente constituido".
Una enorme franja de población, atrapada en las cárceles doradas donde la ha confinado su búsqueda de seguridades individuales y clasistas, donde las lógicas de comprensión de lo social y los depósitos de memoria icónica que guardan en sus mentes han sido moldeados por sus televisores, sus radios y sus revistas, recibirá esta VERDAD, si es que por alguna casualidad cae bajo su alcance, como verdad "sesgada" e "injusta", toda vez que no se fundamenta en investigaciones y decisiones de la "Justicia", única instancia que, para ellos, puede construir "verdades" legítimamente.
Todo el debate que este informe desatará nos corroborará, una vez más, que una verdad "imparcial" no existe, socialmente hablando. La "verdad" que van a reivindicar los victimarios y sus instituciones, a no dudarlo, será la "verdad" que los absuelva; o la "verdad" que al menos lleve a entender sus crímenes como "males necesarios para la salvación de la patria"; o la "verdad" que quede confeccionada exclusivamente con "pruebas judiciales", las que ellos precisamente se cuidaron de hacer imposibles desde sus mismas fuentes: evitando órdenes escritas y registros de prisioneros; utilizando civiles armados para realizar los hechos más determinantes; usando carros sin placas, capuchas, uniformes ficticios, armas de recambio, recintos privados; intimidando o asesinando a familiares, testigos, abogados, jueces y magistrados; controlando los expedientes y a los funcionarios de la "justicia" para se sumergieran en diligencias inútiles o en ingentes esfuerzos por desmontar alguna diligencia que resultara útil.
No dudamos que los victimarios, coreados por todos los mass media del Establecimiento (que son los únicos que pueden financiarse para controlar la "verdad" de consumo masivo), recurrirán a esa "justicia" que ellos han manipulado durante décadas, para que declare "no verdad" los informes del Nunca Más. Seguramente negociarán censuras con sus armas, su poderío y su dinero.
Frente a esa falsa "verdad" del poder se levanta la VERDAD, que asciende desde la memoria de los aniquilados, como un grito lanzado a quienes, en el país y en el mundo, conserven una conciencia ética aún no asfixiada y anulada por los mass media. Nos asiste la convicción de que esta VERDAD, recogida de las víctimas y de sus entornos y tejidos sociales destrozados, como despojos salvados de naufragios; como sílabas pronunciadas entre suspiros por gargantas estranguladas; como restos rescatados de fosas comunes reiteradamente violadas; como trozos de papeles incinerados, rescatados de hogueras, pero que aún conservan algunas frases legibles, es la ÚNICA VERDAD capaz de humanizar a los sobrevivientes de esta hecatombe.
No podemos ofrecer este material a potenciales lectores sin transmitirles de alguna manera el estremecimiento que nos invadió y nos invade permanentemente en este trabajo.
Acceder a una memoria tan dolorosa y horrenda; asomarse, conducidos por textos y testimonios, a la destrucción masiva, sistemática y cruel de seres humanos, de comunidades, proyectos y utopías, no puede hacerse sin profundas conmociones que necesariamente sacuden la conciencia ética.
Pero cuando toda esta sevicia está revelando además la acción del Estado a través de sus agentes, instituciones y estructuras, también muchos dogmas políticos se sacuden y desmoronan. Un Estado no se legitima con textos escritos sobre hojas de papel sino con la práctica real y concreta de sus agentes, en la cual se plasman las concepciones reales de la dignidad humana, de la democracia, del derecho, de la libertad y de la justicia.
Notas:1.
Sánchez, Gonzalo, Guerra y Política en la Sociedad Colombiana, El Ancora Editores, Bogotá, 1991, pg. 30.2. Sánchez, Gonzalo, o.c. pg. 37
3. Sánchez, Gonzalo, o.c. pg.33
4. Las Leyes del Llano, redactadas por el abogado José Alvear Restrepo, integrante de la Guerrilla del Llano, trazan otro modelo de sociedad más equitativa y solidaria. Su texto puede encontrarse en el segundo volumen de La Violencia en Colombia, de Monseñor Germán Guzmán Campos, el Dr. Orlando Fals Borda y el Dr. Eduardo Umaña Luna, Editorial Tercer Mundo, Bogotá, 1964, pg. 61-161.
5. Gonzalo Sánchez, o.c. pg. 37-38
6. Cfr. Gonzalo Sánchez, o.c. pg. 46-47
7. Sánchez, Gonzalo, o.c. pg.. 53
8. Sánchez, Gonzalo, o.c., pg. 54-55
9. Landazabal Reyes, Fernando, Gral., El Conflicto Social, Bogotá, Tercer Mundo, 1982, pg. 175
10. McClintock, Michael, Instruments of Statecraft, Pantheon Books, New York, 1992, pg.166
11. Cuartel General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos, Tema: Visita a Colombia, Sur América, por el Equipo de Guerra Especial, Fort Bragg, Carolina del Norte, 26 de febrero de 1962, Biblioteca Kennedy, Casilla 319, Archivos de Seguridad Nacional, Grupo Especial, Suplemento Secreto, Informe de Investigación en Colombia, citado por McClintock, Michael, o.c. pg.222.
12. Polígrafo: instrumento para registrar cambios orgánicos, a veces llamado "detector de mentiras".
13. Ejército Nacional, República de Colombia, Fuerzas Militares, Operaciones contra las Fuerzas Irregulares, Bogotá, 1962.
14. Trinquier, Roger, La Guerra Moderna, Biblioteca del Ejército colombiano, No. 12, 1963
15. Trinquier, R., o.c. pg. 70
16. Programa agrario de las FARC, Ediciones Resistencia, 1974
17. Selecciones del Boletín Insurrección, órgano del Ejército de Liberación Nacional, mimeografiado, sin fecha, pg. 11.
19. Cfr. Villarraga y Plazas, o.c. pg. 40
20. Cfr. Lara, Patricia, "Siembra vientos y recogerás tempestades", Editorial Punto de Partida, Bogotá, 5ͺ edición 1982, pg. 185
21. Mendoza Morales, Alberto, Rompiendo el Cerco, Edit. Orbs, Bogotá, 1981, pg 289
22. Sarmiento Anzola, Libardo, Colombia fin de siglo, Edit. Ensayo y Error, Bogotá, 1997, pg. 56
23. El coeficiente llamado "GINI" es una medida internacionalmente adoptada que se obtiene dividiendo el total de predios con su superficie por el número de propietarios; el índice "0" es la equidad absoluta y el índice "1" es la máxima concentración o inequidad absoluta. Por eso un índice de 0.86 se acerca a la máxima inequidad. Cfr. Boletín DANE 222, enero de 1970.
24. Quintero, Julio César, Qué pasó con la tierra prometida?, Cinep, Bogotá, 1988, pg. 38-47
25. Cfr. Vallejo, César, Situación Social Colombiana, CIAS, Bogotá, 1971, pg. 113
26. Cfr. Sarmiento Anzola, Libardo, o.c. pg.56
27. Cfr. Survey S.J. de Colombia, CIAS, Bogotá, 1969, pg. 69 e informe presentado en el diario El Espectador, 27.07.00, pg. 3B.
28. Cfr. Bernal M., Jorge A., "Propuestas sobre Política Económica y Social para la Equidad y la Paz", en La Economía en la Mesa de Negociaciones, Mandato Ciudadano por la Paz, Bogotá, 1999, pg 173 y ss.
29. En: Colombia Hoy, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1978, pg.186 y ss, y 220 y ss. Jesús A. Bejarano fue asesinado en 1999.
30. Diario El Tiempo, octubre 17 de 1997, pg. 1B: "El modelo económico es diabólico: López M."
31. Cfr. Arrubla, Mario, o.c. Los párrafos que siguen sintetizan algunas de las ideas del artículo.
33. El Informe oficial de la Defensoría del Pueblo, publicado en octubre de 1992 luego de analizar 717 casos de homicidios de dirigentes y militantes de la UP, llega a este conclusión: "Existe una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes y dirigentes en regiones donde la presencia de este partido fue interpretada como un riesgo al mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos" (Defensoría del Pueblo, Serie de Documentos, 2, octubre de 1992, pg. 216)
34. Orozco Abad, Iván, Combatientes, Rebeldes y Terroristas - Guerra y Derecho en Colombia, Temis, Bogotá, 1992, pg.53.
35. Landazábal Reyes, Fernando, Gral, o.c. pg. 156-157
36. Cfr., a modo de ejemplos: artículo del Gral. Alvaro Valencia Tovar (Mindefensa 1973-75) "Ante la Cruda Realidad", El Tiempo,03.06.88; Artículo del Gral. Manuel Jaime Guerrero Paz (Mindefensa 1988-89), en Revista de las Fuerzas Armadas No.128, jul-sept./88, pg. 331 y ss; Ponencia del Gral. Harold Bedoya (Comandante General FF AA 1994-98 y Mindefensa (E) repetidas veces) en la Escuela Superior de Guerra el 01.04.98; el artículo del Gral. Juan Salcedo Lora en la Revista de las Fuerzas Armadas No. 162 (1997); Carta del Gral. Rito Alejo del Río (Comandante XVII Brigada) al Director Regional de Fiscalías de Antioquia, agosto de 1997; Artículos de los asesores y analistas militares Miguel Posada y José Miguel Narváez, en la Revista de las Fuerzas Armadas No. 162 (1997).etc.;
37. Cfr. especialmente: Operaciones contra Fuerzas Irregulares (traducción del manual FM31-15 del Ejército de Estados Unidos) pg.75-76; La Guerra Moderna (Biblioteca del Ejército colombiano, No. 12, traducción del francés R. Trinquier) pg. 70; Reglamento de Combate de Contraguerrilla (EJC J-10, aprobado por Resolución 005 del 09.04.69 del Comando Gral. de las Fuerzas Militares) pg. 310, 317, 318, 322 y 323; Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas (publicado por la Ayudantía General del Comando del Ejército Nal. En 1979) pg. 81; Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-101, aprobado por Disposición 036 de 12.11.87 del Comando Gral. de las Fuerzas Militares) pg.26,27,160 y 324. Cfr. también Ley 48 de 1968, art.25 y art. 33 par. 3 (artículos declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia 24 años después, el 25 de mayo de 1989).
38. Manual de "Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas", Ayudantía General del Comando del Ejército, Bogotá, 1979, pg.32 y 159.
39. Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-1-, Disposición 036 del Comando General de la Fuerzas Militares, 12.11.87) pg. 147.
40. Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas, Ayudantía General del Comando del Ejército, 1979, pg. 188
41. Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas, o.c. pg. 177, y Reglamento de Combate de Contraguerrillas, o.c., pg. 307, 309 y 330
42. Operaciones Contra Las Fuerzas Irregulares (traducción del Manual FM-31-15 del Ejército Americano), Ejército Nacional, 1962, pg. 6
43. Ibid. Pg. 50
44. Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas, o.c. pg.174
45. Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas, o.c. pg. 167
46. Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-10), 1987, o.c. pg 345.
47. En la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia, 4 a 6 de noviembre de 1989,se presentó una documentada ponencia que revelaba 53 mecanismos de impunidad, en casos de crímenes de lesa humanidad, utilizados en los procesos que fueron examinados por los ponentes. Ver Actas de dicha sesión, editadas por Sección Colombiana de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos -LIDERLIP-, 1990.
En su Tercer Informe sobre Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, del 12 de marzo de 1999, afirmaba que entre el 97 y 98% de los crímenes quedaban impunes en Colombia, pero en el caso de los crímenes de lesa humanidad la impunidad llegaba al 100%, información que, según el Informe, provenía del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión para la Racionalización del Gasto Público, y de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, corroborada por la experiencia de la misma Comisión Interamericana, pues ninguna de los casos tramitados ante dicha Comisión habían sido objeto de justicia
48. Nadie ha podido entender la lógica que lleva a excluir de la "ley de la oferta y la demanda" (pilar del sistema capitalista) el comercio de los narcóticos, pues la razón "ética" que se suele dar para justificarlo: el proteger la calidad de la vida de eventuales consumidores, no resiste ningún análisis de coherencia, toda vez que el comercio de armas (artefactos cuya única razón de ser es destruir vidas humanas) sigue siendo uno de los pilares básicos de la economía norteamericana, y toda vez que las políticas de represión al consumo reciben presupuestos enormemente inferiores a la represión de la producción en otros países.
49. Datos recaudados por el periodista Javier Darío Restrepo, quien los toma de un narcotraficante colombiano, de la DEA y de un estudio de la Rand Corporation. Cfr. Restrepo, Javier Darío, La Guerra contra el primer eslabón de la coca, El Espectador, 18.08.96, pg. 6A
50. Cfr. Cálculos del equipo económico del diario El Espectador en diciembre/93 , o5.12.93, pg. B1, que más o menos coincide con una media entre tres economistas cuyos análisis presenta la revista Semana, en su número del 13 de abril de 1993, pg. 34 y ss.
51. Conferencia de Alejandro Reyes, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional de Bogotá, sobre factores de violencia, el 18.07.92.
52. Así lo reconoce él mismo, en entrevista concedida al periodista Ronald Fisher, del diario Maariv, de Israel, entrevista traducida por Susy Wagner y Leah Feldmann, publicada en el diario El Colombiano, el 11 de junio del 2000, pg. 8ͺ.
53. Informe de interrogatorio realizado por la DIJIN al detenido Luis Antonio Meneses Báez, remitido al Juzgado de Orden Público de Reparto, el 8 de noviembre de 1989, anexo J. Pg. 20
54. Ibid. Pg. 23
55. Informe confidencial del DAS, de mayo 10 de 1988, sobre interrogatorio realizado a Diego Viáfara Salinas, pg. 11 y ss.
56. Informe elaborado por el DAS sobre el interrogatorio al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez, en 1990.
57. Cfr., Informe de Interrogatorio de Luis Antonio Meneses Báez (citado) , pg. 4. 5. 6. 7. 10. 22 y 24., Anexo J; Informe de Interrogatorio a Diego Viáfara Salinas (citado), pg.8. 10. 11. 12. 13. 20. 25. 26. 38. 39. 40-49; Informe de Interrogatorio al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez (citado), pg. 5 .8. 9.y 11.
58. En el texto de "Bases para un Acuerdo", publicado por el diario La Prensa el 8 de octubre de 1989 , pg. 4 y 5, hay una nota final que dice: "Nota: los grupos auxiliares, llamados "MAS" u otros nombres, que (ilegible) su protección, deben entrar en el proyecto de indulto".
59. Cfr. Decretos legislativos 2047 de 1990; 2372 de 1990; 3030 de 1990; 303 de 1990 y 1303 de 1990.
60. La absolución no se pronunciaba sobre el ingreso real del dinero a la campaña sino que aceptaba los alegatos de "ignorancia" del hecho por parte de Samper, algo que contradecía la convicción moral más generalizada en el país.
61. Restrepo, Javier Darío, "Desde los 70 el narcotráfico ha elegido", diario El Espectador, 28.04.96, pg. 10 A.
62. El ex Ministro de Gobierno (1966-70) Carlos Augusto Noriega, fustiga duramente la hipocresía de su clase política que siempre ha recurrido a "dineros sucios" para financiar las campañas políticas. Ver: Autoridad y Legitimación del Poder, lecturas dominicales del diario El Tiempo, 03.09.95, pg. 4 y ss.
63. Javier Darío Restrepo, en uno de sus artículos, se refiere a una investigación citada por el diario Le Figaro, de París, según la cual, los trescientos mil millones de dólares generados por el narcotráfico en 1995 equivalían a las dos terceras partes de los recursos de los bancos estatales de todo el mundo. Cfr. El Espectador, 26.05.96, pg. 8 A : Los banqueros ganan la guerra del blanqueo.
64. Cfr. el artículo antes citado de Javier Darío Restrepo (El Espectador 26.05.96), quien cita estudios de The Economist y de la Dirección de Estupefacientes de Colombia y otros investigadores económicos
65. Amendment to the Foreign Operations Appropiations Bill (S.2522), propuesta por el Senador Paul Wellstone (Demócrata de Minnesota) en mayo del 2000. Cfr. web page: http:// ciponline.org / colombia /aid /congress. htm
66. McClintock, Michael, Instruments of Statecraft, Pantheon Books, New York, 1992, pg.453 y 581
67. McClintock, M., o.c., pg. 453
68. Cfr. web page: wysiwyg;//38/http://boozers.fortunecity.com/ laurel /66 / eng _dec /991230 _ cia_agent.htm.
69. Cfr. A lo bien,parce -Violencia Juvenil y Patrones de Agresión contra los Jóvenes de Sectores Populares en Cali- , publicación bilingüe de: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Centro de Investigación y Educación Popular y Defensa de los Niños Internacional, Bogotá, 1996.
70. Interrogatorio a Luis Antonio Meneses Báez en la DIJIN, noviembre de 1989, pg. 24
71. Cfr. diario El Colombiano, 02.12.96, pg. 8 A y diario El Tiempo, 28.09.97, pg. 8 A .
72. Heller, Agnes, Más allá de la Justicia, Editorial Crítica, Barcelona, 1990, pg. 325
73. Cfr. Cuarto Informe del Relator Especial para el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, Doc. A/CN.4/398, del 11 de marzo de 1986, pg. 63
74. En efecto, el crimen de lesa humanidad, tal como lo define el Derecho Internacional, tiene una característica de "sistematicidad", como elemento esencial de su tipicidad. Y para poder esclarecer la "sistematicidad" es necesario contemplar mecanismos judiciales de investigación y sanción de estructuras institucionales que los generan; de conductas colectivas y constantes de agentes del Estado, etc., nada de lo cual está previsto en la legislación penal colombiana.
75. Heller, Agnes, o.c. pg. 155
76. Orwell, George, 1984, New American Library, Inc., New York, N.Y., 1969, pg. 176- 177.
77. O.N.U., Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997.
78. Frederic C. Bartlett, famoso psicólogo británico de la primera mitad del siglo XX, que escribió en 1932 "Remembering", Cambridge University Press, 1932.
79. Marina, José Antonio, La Memoria Creadora, en: Claves de la Memoria, Trotta, Madrid, 1997, pg.38
80. Fernández Prieto, Celia, Figuraciones de la Memoria en la Autobiografía, en: Claves de la Memoria, Totta, Madrid, 1997, pg. 69
81. Ruiz Vargas, José María, Cómo funciona la memoria, en: Claves de la Memoria, o.c., pg. 133
82. Fernández Prieto, Celia, op .cit. pag. 71
83. G. Gusdorf, Condiciones y Límites de la Autobiografía, suplemento de la revista Anthropos, 29, dic./1991, pp.9-18, citado por Celia Fernández Prieto, o.c. pg. 78
84. Cfr. Heller, Agnes, o.c., pg. 200 y ss.
85. Cfr. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, Caso No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment of 7 May 1997, No. 618-621
86. Doc. A/CN.4/398*, del 11 de marzo de 1986, No. 11
87. Sentencia citada antes, No. 627
88. Documentos oficiales de la Asamblea General, noveno período de sesiones, Suplemento No. 9 (A/2693 y Corr. 1) pg. 10-11
89. Doc. A/CN.4/387*, del 8 de abril de 1985, No. 13 y 16
90. Bassiouni, Cherif, Crimes Against Humanity in International Criminal Law,pg 248-249, citado en sentencia del caso IT-94-1-T, del 7 de mayo de 1997, # 654.
91. Sentencia antes citada, # 654
92. El término "Lesa" viene del latín "laesae", que corresponde al participio presente, en voz pasiva, del verbo "Laedo", que significa: herir, injuriar, causar daño. De allí las expresiones latinas: "laesae maiestatis" (de lesa majestad), "laesae humanitatis" (de lesa humanidad) que literalmente se traducen: (crimen) de majestad injuriada, o de humanidad injuriada (o herida, o lesionada)..
93. Doc. A/CN.4/398*, 11 de marzo de 1986, No. 12
94. Ibid. No. 13
95. Memorandum del Profesor Vespasiano V. Pella al Secretario general de la ONU, Doc. A/CN.4/39, 24 de noviembre de 1950, # 138
96. Heller, Agnes, o.c. pg. 275