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Capítulo XI
¿Se esta ejecutando el Pacto de Panamá?A los dos días de asesinado en Bogotá el ministro de Justicia Rodrigo Lara, el expresidente Alfonso López Michelsen fue invitado como observador a las elecciones de Panamá.
Alojado cómodamente en el Hotel Marriot de su capital, López recibió el 4 de mayo de 1984 a los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria y Jorge Luis Ochoa Vásquez. Le querían usar como intermediario en un ofrecimiento al gobierno, en el que planteaban desactivar su red de distribución de droga, denunciar los sitios de procesamiento de basuco, y repatriar sus capitales.
Cómo logró López Michelsen que semejante ofrecimiento llegara a manos del gobierno, es un hecho todavía no explicado. Lo cierto es que en la tercera semana de mayo de 1984 el procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, viajó a Ciudad de Panamá en compañía de quien fuera, paradójicamente, su delegado para la lucha antinarcóticos, Jaime Hernández Salazar, y dos particulares. Iban a bordo de una avioneta de propiedad de los antioqueños Londono White, veteranos negociantes de ese departamento.
Cuando estaba alojado en el Hotel Soloy de Panamá, según su versión, Jiménez Gómez fue llamado por un colombiano "que me quería plantear un problema de unos ciudadanos que residían aquí".
La verdad es bien distinta. El procurador había sido abordado por el mismo Escobar Gaviria quien lo había visitado dos meses antes en su despacho en horas de la noche--, los hermanos Ochoa Vásquez, Gonzalo Rodríguez Gacha y José "Pelusa" Ocampo.
Entre todos, incluyendo al mismo Jiménez Gómez, redactaron un proyecto de memorando que fue entregado al presidente Belisario Betancur.
Cuando el diario El Tiempo reveló la ocurrencia de esa reunión, el texto del memorando fue hecho público por el periodista de cabecera de López Michelsen, Juan Guillermo Ríos.
Se trataba de un documento de seis páginas, las dos primeras con una nota dirigida a Betancur, con el nombre de sus autores, pero sin firmas. En las cuatro hojas restantes se planteaban dos etapas para el desmonte del narcotráfico, y una final con "sugerencias.", para acabar la extradición a Estados Unidos, o por lo menos hacerla efectiva sólo por delitos que se cometieran a partir de celebrado el acuerdo.
Pero en la primera parte de la nota. Ríos antes de entregarla a la prensa, suprimió un párrafo, precisamente, en el que se mencionaba la intervención de su jefe, López Michelsen, en las negociaciones con los narcotraficantes. Y la relación de sus nombres.
El párrafo entregado inicialmente a la prensa, en la parte pertinente decía:
"En la búsqueda del reencuentro con el país, con su gobierno, y con nosotros mismos, solicitamos desde hace algunos meses un consejo sabio y oportuno de quienes, sin ser permisivos ni indulgentes, han comprendido mejor que nuestra presencia en la vida nacional es digna de estudiarse, revisarse, modificarse. Hoy consideramos que ese coisejo, bien anhelado por cierto, ha tomado forma real. En efecto, el señor procurador general de la Nación, doctor Carlos Jiménez Gómez, quien se encontraba en Panamá, aceptó recibirnos personalmente para escuchar nuestras inquietudes".
El párrafo suprimido, que debe insertarse para su comtirensión luego del punto que termina en "digna de estudiarse, revisarse, modificarse", decía originalmente:
"El doctor Alfonso López Michelsen, expresidente de la República, aceptó recibirnos en los primeros días del mes (mayo) en Ciudad de Panamá y su gestión de buena voluntad, eminentemente patrótica al llevar nuestro mensaje de entrega y paz al gobierno que usted preside, llegó a feliz etapa en el momento en el cual el sefior procurador general de la Nación, doctor Carlos Jiménez Gómez, nos recibió personalmente en los últimos días del presente mes (también mayo)".
El propio gobierno hizo llegar por medios informales este párrafo a los diarios, para evitar el chaparrón político que se avecinaba. La idea era confirmar que un expresidente liberal, López, había iniciado el contacto en Panamá.
Su previsión no fue la mejor idea, pues en ese nuevo párrafo los narcotraficantes daban a entender que López había hecho conocer su propuesta al gobierno, y que de su estudio se había concluido en la comisión a Jiménez Gómez para que se desplazara a Panamá.
De todas maneras, la jugada fue mal calculada. La reacción del país fue de estupor e indignación, y la opinión pública se fue en su contra. Jiménez Gómez, hasta entonces un caracterizado vocero social y defensor sincero de las libertades públicas, terminó arrinconado junto a la moral calvinista que siempre ha defendido López Michelsen.
Fracasó su primer intento por amnistiar a los coqueros antioqueños, al menos de manera franca.
El presidente Belisario Betancur se lavó las manos en el incidente, y a los pocos días pronunció un ambiguo discurso en el que invocó a Colombia como una "potencia moral". Luego afirmaría que nunca tomó en serio el escrito, y que cada quien había actuado por su propia cuenta.
Semanas más tarde salió publicado en Colombia un libro de dudosa calidad, Narcotráfico S.A., de unos loquitos de alguna liga contra la droga. En él se hablaba de la reunión en Panamá, y se mencionaba a López como padrino de narcotraficantes.
La República, diario conservador que siempre ha ejercido abierta oposición a López por haber dejado a su facción política sin representación durante su gobierno, reveló la parte pertinente al libro.
López le envió, ahora desde Europa, una carta a Betancur, donde le exigió que aclarara públicamente si él tenía algún tipo de vínculo con el narcotráfico. De manera presurosa, Betancur remitió una nota donde lo señala como una de las grandes cumbres morales del país. "Algún silencio se acaba de pagar", fue el comentario político de la época.
Cuando llegó un nuevo gobierno en 1986, el de Virgilio Barco Vargas, se pidió y obtuvo del congreso una amnistía tributaria más que generosa: 19 tipos de perdón fiscal, incluyendo uno penal, el de quienes se habían apropiado de impuestos.
Virgilio Barco ordenó una nueva emisión de los Bonos de Deuda Pública Externa, que se colocaron en el paraíso fiscal de Leichtenstein, por valor de US$50 millones, para cubrir los gastos burocráticos de los últimos meses del año 86, y afrontar la determinación de la banca comercial extranjera de no otorgar nuevos créditos, en momentos que varios países del Tercer Mundo habían decidido reestrucurar o renegociar su deuda pública externa.
Tras el asesinato de don Guillermo Cano, el 17 le diciembre de 1986, el mismo expresidente López Michflsen, como postdata al excecrable crimen, propuso una nuevaestrategia en favor de los mismos narcotraficantes, que llegaba a la misma conclusión del memorando de Panamá: que prinero se venciera a los narcos, pero con la condición de que luego se les amnistiara.
¿Fue aislada su propuesta, como se supuso había sido la di Panamá, o correspondía a una nueva estrategia?
Lo cierto es que al poco tiempo, en febrero de 1987, fue capturado "milagrosamente" Carlos Ledher Rivas, y en seguida extraditado a los Estados Unidos. Sobre su situación hay dos versiones: primero, que Ledher fue entregado por sus propios socios coqueros, en el marco de esa nueva negociación, y segundo, que era la demostración pública de los mafiosos a renunciar a ciertos privilegios.
A los pocos días de esa captura, empezó la debacle para el país; cayó el tratado de extradición, ahora definitivamente.
El gobierno se negó a aplicar el convenio que le señaló la Corte Suprema como supletorio, para lograr que los narcos fueran juzgados en los Estados Unidos.
Ellos mismos, los narcotraficantes, entregaron (para ser zoqueados, se afirma), los gigantescos cultivos de coca de Painie, Boyacá, y una decena de laboratorios de refinamiento vecinos.
Semejante complejo, más de 140 hectáreas sembradas todas en coca, ya figuraban en un mapa de orden público presentado a un Consejo Nacional de Seguridad en 1986. Pero nunca había sido destruido.
En realidad, el cultivo era de propiedad de los esmeralderos Víctor Carranza y Gilberto Molina, en sociedad con Gonzalo Rodríguez Gacha. Las autoridades nunca los han perseguido.
Otro cultivo, controlado por el Cartel de Cali, de similares proporciones, se destruyó en el Putumayo. También se anunció que el cultivo había sido "descubierto", pese a que la siembra se iniciaba a escasos kilómetros de su capital, Mocoa.
A los pocos días, el gobierno negó la extradición de Gilberto Rodríguez y de Chepe Santacruz.
A continuación se expidieron por lo menos dos resoluciones de la Junta Monetaria, que se presume facilitan el ingreso de dólares de los narcotraficantes al país. En una de ellas se autoriza a la Oficina de Cambios del Banco de la República, para registrar créditos externos para atender necesidades de capital de trabajo o de inversión en empresas agropecuarias, industriales o mineras, así éstas no exporten bienes. La segunda resolución, virtualmente autoriza el ingreso de dólares inexplicables, sin requisito distinto a que sea destinado a financiar empresas agroindustriales en una determinada zona de Antioquia, exclusivamente.
La tierra del suroeste antioqueño se estima controlada por el Cartel de Medellín en más del 80% ¿Quién distinto de los mañosos puede ser su beneficiario?
José Manuel Arias Carrizosa, siendo ministro de Justicia, anunció la determinación --que según él ya tenía carácter de irrevocable-, tomada por el gobierno de no volver a presentar a consideración del congreso un nuevo tratado de extradición con los Estados Unidos.
El primero de septiembre de 1987, Arias Carrizosa afirmó, como ministro, que el gobierno no sometería al congreso a un proceso de desgaste tan grande, como sería exponerlo a un seguro archivo del proyecto oficial. "Todos sabemos cómo tienen ellos (los narcotraficantes) infiltrado el congreso", fueron sus palabras textuales.
Se pensaba, dijo: recurrir a cualquier otra forma de juzgamiento de los mañosos. Su declaración casi daba por enterrada la extradición.
Reveló también que una propuesta suya al Consejo de Ministros, consistente en expedir un decreto legislativo (con las facultades del Estado de Sitio) para castigar con cárcel el enriquecimiento ilícito o sin causa, al igual que a los testaferros, fue rechazada por el gobierno. ¿Y qué haremos entonces con los evasores de impuestos?, habría sido la primera objeción que formuló en esa reunión el ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón Mantilla.
Arias Carrizosa debió renunciar a su cargo una semana más tarde, tras revelarse que había servido de intermediario (con la venta de su cupo diplomático) para que un marimbero de la Guajira, José Anastasio Cotes Bruges, importara un Rolls Royce de Miami. Además, el valor del vehículo lo declaró en US$38.000, cuando en realidad superaba los US$120.000. El carro no sólo era de contrabando, sino que con su importación se lavaron millones de pesos.
La sensación que deja esta investigación periodística sobre la historia de la mafia en Colombia, es la de un Estado impotente y, paradójicamente, inerme, para enfrentar con éxito su lucha. Contrariamente, hay que decir que el Estado posee los instrumentos legales para doblegar a los prepotentes capos del narcotráfico. Pero se observa un decaimiento en la decisión política para realizarla. Ello no debe ser así. Quedan aún cartas por jugar, si se tiene la voluntad. El gobierno debe proceder a expropiar los bienes de los narcotrafícantes, pero como una medida administrativa causada por el manejo de nuevos factores económicos, y por lo tanto sin dar lugar a indemnización -por motivos de utilidad pública-, a fin de compensar en algo los grandes perjuicios causados con el tráfico de narcóticos a toda la sociedad colombiana.
La medida que se aplique a un delincuente, debe orientarse a buscar un verdadero avance para el Estado, cuya política menoscaban los carteles delictivos.
Si a tín empleado, que vive de un sueldo, lo privan de la libertad, recibirá la sanción más grave, consistente en separarlo de su fuente económica de subsistencia.
Y si a los coqueros se les estrangula su poderío económico, se habrá tocado la fibra nerviosa de su ser antisocial. Al fin y al cabo todas sus acciones delictivas, desde el narcotráfico hasta el asesinato, están orientadas a proteger y/o acrecentar su riqueza.
Ese día, el de la expropiación, el Estado será un verdadero administrador de las desigualdades generadas por la economía subterránea.
En otro caso, ¿de qué puede servir el envío por cinco afios a la cárcel de Jorge Luis Ochoa, o aún de diez a Pablo Escobar, si terminarán comprando la cárcel y corrompiendo a los funcionarios, como ya lo experimentó Cali con la detención y posterior absolución de Gilberto Rodríguez Orejuela?
El 21 de noviembre, cuando este libro se encontraba en prensa, fue detenido Jorge Luis Ochoa Vásquez. Según versiones oficiales, agentes de la Policía Vial interceptaron un vehículo Porsche blanco, en el que iban Ochoa Vásquez, un conductor de apellido Ramírez, y una mujer cuyo nombre no trascendió, y quien sería la responsable indirecta de la captura.
Ochoa Vásquez tenía en su poder certificaciones del Juzgado Unico Superior de Aduanas de Cartagena y del Ministerio de Justicia, en las que constaba que no tenía en su contra órdenes de detención.
A las pocas horas de ser privado de la libertad, ina funcionaría de la Procuraduría Regional del Valle, a carga de Manuel Simón Velásquez (mencionado en el capítulo sofcre la creación del MAS), intercedió por su liberación.
El vehículo en que se desplazaba Jorge Ochoa era de propiedad de uno de los hombres fuertes del Ejército honduRfio, el coronel William Thomas Said Sbeer.
Desde su fuga de la Cárcel Modelo de Bogotá, el narcotraficante José Ramón Matta Ballesteros vive en Honduras.
Dos días antes de la captura, el 19 de noviembre, fueron incautadas en Miami dos embarcaciones con 4.000 kilos de cocaína, que se habían cargado en el interior de artículos de madera elaborados en la empresa "Puertas de Castilla", de Tegucigalpa.
En Honduras fueron capturados el español Luis Pérez Montelve, el peruano Carlos Florián y el nicaragüense AlfredoLópez. Uno de ellos, según la versión difundida por la agencia española de noticias EFE, "denunció en los juzgados que en todo esto se encuentra involucrado el mañoso colombiano Jorge Luis Ochoa".
El ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, le dictó un auto de detención administrativo con fines de extradición, que ya fue demandado para buscar la suspensión de sus efectos, ante el Consejo de Estado.
El juez de Aduanas de Cartagena, Diomedes Sánchez, revocó de inmediato la libertad que su antecesor, el Juez Pastrana Hoyos le decretó a Ochoa para evitar que fuera a la cárcel, y dispuso su detención, con lo cual suspendió, por lo menos cuatro meses, una determinación oficial sobre la extradición de Jorge Ochoa a los Estados Unidos.
En La Florida Se iniciaron los trámites para confiscarle 452 apartamentos y condominios de propiedad de Pablo Escobar Gaviria y de su familia política, encabezada por Mario Henao Vallejo, sus principales testaferros. Esta sanción implicaría el más rudo golpe que haya sufrido el cabecilla del Cartel de Medellín.
Todo parece indicar que la captura del narcotraficante antioqueño no fue ni una casualidad, ni un hecho aislado. Y de las medidas que adopte la administración de Virgilio Barco en este caso, se decidirá la suerte que habrán de correr el país y , Jinetes de la Cocaína en los próximos años.
Víctimas del Narcotráfico
Bibliografía
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- Además, el autor consultó fotocopias de una veintena de procesos penales adelantados contra los principales capos del narcotráfico en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, principalmente, al igual que expedientes que reposan en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado y varios tribunales. También las magníficas compilaciones del Centro de Documentación de El Espectador, y ejemplares de las revistas Le Point Actuel y Semana, los diarios The Miami Heraid • International Edition, El País de Madrid y ABC de la misma ciudad; New York Post, El Tiempo, El País y El Occidente (Cali), El Colombiano (Medellín), y El Heraldo de Barranquilla. Y varios ejemplares de los periódicos Quindío Libre, Medellín Cívico, El Diario del Sur y Desarrollo Interamazónico.
