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Capítulo X
Mafia y PolíticaAntes de celebrarse las elecciones para asambleas departatrientales y concejos municipales en 1984, el ministro Rodrigo Lara envió a los presidentes de los directorios Liberal y Conservador unas notas reservadas, en las que daba cuenta de la presencia de narcotrañcantes en las listas inscritas por esos dos partidos.
Incluía más de 5,0 nombres en cada nota, cuyo texto nunca se pudo conocer. Sólo se sabía que los narcotraficantes figuraban en listas de los siguientes departamentos: Guajira, Magdalena, Cesar y Antioquia.
Ya desde 1978, el embajador norteamericano en Bogotá, Diego Ascencio, aseguró públicamente: "los narcotraficantes (colombianos) son tan fuertes, en términos de poder financiero" que podrían tener su propio partido y pueden ya haber comprado y pagado diez miembros del cuerpo legislativo".
Para las elecciones de congreso de 1986, el ministro Enrique Parejo lanzó una nueva advertencia al país, sobre la presencia de dineros provenientes del narcotráfico en la financiación de camparlas para cumies de congresistas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Guajira, Caquetá y la comisaría del Amazonas.
En uno y otro caso, la mayoría de los colombianos se mostró Indiferente ante la voz alerta. Hoy se afirma que mes del 10 de los congresistas colombianos están vinculados a negocios relacionados con el tráfico de narcóticos, y un porcentaje similar recibe apoyo económico de reconocidos narcotraficantes. Es decir, unos 50 congresistas se encuentran en entredicho.
En medios allegados a la política, se estima que una campana para Presidente de la República cuesta más de $1.500 millones. Para senador, entre $60 y $120 millones. Para representante a la Cámara, unos $30 millones.
Para diputado a asamblea departamental $20 millones, y entre $7 y $14 millones para ser elegido concejal en capital de Departamento.
En Bogotá cuesta lo misino la campana para concejal que para representante a la Cámara.
Ninguno de esos cargos (desde jefe del Estado hasta diputado) genera salarios por más de $6 millones en el período. Los concejales no reciben ningún estipendio.
Semejante danza de los millones significa, en realidad, la negación del principio de representación que rige la democracia por delegación, y que en Colombia se trueca por los "milquis". como se llama familiarmente a la suma de $1.500 que se pagan por depositar un voto a favor de una lista determinada.
Cuando es el dinero y no las ideas lo que mueve la política en un país, ningún grupo más apto para pelechar de ella que el de los narcotraficantes. El primer caso público qu( w conoció de vínculos entre narcotrañcantes y políticos, se registró el 27 de enero de 1976.
Un diputado liberal por Risaralda, el odontólogo Jairo Montoya Escobar, fue capturado en Bogotá cuando negociaba la venta de 30 kilos de cocaína, que traía de Pereira.
Las investigaciones permitieron concluir que Montoya Escobar trabajaba con la organización de Hernando Jiménez Panesso, el narcotraficante que sería luego asesinado en Miami dentro de la guerra por el poder que se dio en la mafia.
Montoya Escobar pertenecía al grupo que orientaba Gabriela Zuleta, quien sería condenada más tarde al descubrirse que cobraba un porcentaje por cada "auxilio parlamentario" que entregaba a colegios, juntas de acción comunal y entidades de servicio comunitario.
En la historia actual dé la Política, existen congresistas, de los dos partidos tradicionales y la oposición, caracterizados por su altruismo y vehemente defensa de intereses comunitarios. Pero se les puede contar fácilmente. Con los otros, es difícil hablar de casos aislados. La enumeración lo prueba:
1. Pablo Escobar y Jairo Ortega. Antioquia. Hicieron parte del Nuevo Liberalismo, grupo del que fueron expulsados publicamente. Ingresaron luego al movimiento Alternativa Liberal, que lideró el senador Alberto Santofimio Botero.
Escobar representó un movimiento que enarbolaba una bandera ecológica. Jairo Ortega, entonces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, vinculó a la lista a su rector, Orion Alvarez A. (senado), y a Iván Gómez Osorio (concejo), este último rector desde 1986 de la misma institución.
El movimiento logró una votación notable, pese a tratarse de un grupo de reciente creación.
Su votación se justificó por varias razones: Escobar Gaviria basó su proselitismo político en la elución de problemas inmediatos en Medellín y los municipios vecinos: iluminar las canchas deportivas de los barrios de Medellín, adquirir y dotar predios en las afueras de los municipios antioqueños para construir cancha de fútbol. En los fines de semana, organizaba mítines, en los que regalaba dinero en efectivo y arbustos. Pero ante todo, una expectativa concreta: la posibilidad de vincularse a su organización.
La votación depositada por sus listas permitió que Ortega obtuviera curul. Siendo Escobar su suplente, quedaron en circunstancias políticas similares.
Escobar Gaviria se posesionó como suplente de Jairo Ortega, para obtener el privilegio de la inmunidad parlamentaria, es decir que no podía ser detenido sino en caso de flagrancia en la comisión de un delito, o 20 días antes y 40 después de las sesiones del congreso, que se prolongan por medio año.
En su condición de congresista suplente. Escobar Gaviria obtuvo una visa privilegiada para ingresar a los Estados Unidos, que le solició la propia cancillería en la nota 010769, del 16 de noviembre de 1982.
En las listas de Renovación Liberal en Antioquia figuró también su hermana, Alba Marina Escobar Gaviria, quien apareció involucrada en el asesinato de Rodrigo Lara; y un concejal del municipio de La Estrella, Rubén Darío Londoño Vásquez, enjuiciado por el mismo delito.
2. Carlos Ledher Rivas lanzó en Armenia el Movimiento Latino Nacional. Su base eran los "sábados patrióticos", donde sus lugartenientes entregaban marcados, dinero, bolsas con refrigerios, mientras escuchaban al nuevo político, que entonaba confusas arengas contra los gringos, en favor de una moneda común para Latinoamérica, la dosis personal de marihuana y, ante todo, contra la extradición.
Este movimiento, de manera alternativa, tomó los nombres de Los Secuestrables y Los Extraditables. En las elecciones para asambleas y concejos de 1984, logró escaños para dos diputados en el Quindío y algunos concejales, en Armenia y La Tebaida.
Ya casi en el exilio, para evadir la extradición, su grupo político terminó con el nombre de Movimiento Latino Socialista, con un periódico propio, Quindío Libre, cuya primera plana era reservada para dos temas: atacar a Rodrigo Lara y promulgar las ideas de Alberto Santofimio.
3. Severo Escobar y el Ospinismo. Luchador político desde sus primeros años, Escobar Ortega ingresó al Ospinismo, movimiento por el cual llegó a ser diputado a la Asamblea de Cundinamarca y Secretario de Agricultura de Cundinamarca, cargo para el cual fue designado por el entonces gobernador, el senador conservador Miguel Santamaría Dávila.
Su nombre figuró en una placa de bronce a la entrada del Palacio Echeverry, donde funcionaba el Directorio Nacional Conservador. Allí tenía un restaurante. El Mesón Azul.
4. Entre el apoyo y el ejercicio.
El senador santandereano Eduardo Mestre Sarmiento, miembro de la Dirección Liberal Nacional, y uno de los hombres más importantes de su partido, apareció vinculado con el narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela en el Banco de los Trabajadores y la Corporación Financiera de Boyacá.
Sirvió como referencia de la buena conducta a Miguel Rodríguez Orejuela, para que el Ministerio de Defensa lo aceptara como representante legal de una empresa de vigilancia privada suya, la Nacional de Seguridad.
Las revelaciones hechas por el equipo investigativo de El Espectador sobre sus vínculos con los Rodríguez (recibió un crédito por $ 10 millones del Banco de los Trabajadores, que destinó a la compra de acciones de la Corporación Financiera de Boyacá. El crédito fue pagado por Laboratorios Kressfor y Drogas La Rebaja, empresas de Rodríguez O.), frustraron la elección de Mestre Sarmiento como designado a la Presidencia de la República.
Jairo Siebi y Félix Salcedo Baldión, congresistas liberales de Norte de Santander, tienen en su contra una orden de captura pendiente en Venezuela por narcotráfico, que les libró un juez a raíz de la incautación de 30 kilos de cocaína en un hotel de Caracas.
Salcedo Baldión, un enjundioso "cacique" político de su departamento, dijo en varias ocasiones que "ya arreglé mi problema", pero lo cierto es que periódicamente vuelve a ser mencionado en el vecino país como relacionado con el tráfico de droga.
También han sido procesados los representantes a la Cámara liberales por Narifio, Samuel Alberto Escrucería Delgado y Samuel Alberto Escrucería Manzzi. El padre, Escrucería Delgado, fue condenado en Carolina del Norte, por el tráfico de más de 200 kilos de cocaína. Fue detenido cuando daba una fiesta a sus amigos en el departamento de su hijo. Su condena fue de 240 años de prisión.
Escrucería Manzzi y su madre, Helena Manzzi de Escrucería, tienen pendiente una solicitud de extradición para ser juzgados en ese mismo Estado.
Hernando Suárez Burgos, representante a la Cámara por el liberalismo de Nariño, y propietario del Diario del Sur, se asegura controla una importante red de narcotráfico entre los electrodomésticos y los muebles que distribuyen sus almacenes.
Carlos Nader Simmonds, congresista liberal de Córdoba, fue capturado en mayo de 1983, cuando ofrecía 10 kilos de cocaína a agentes encubiertos de la DEA, junto con Germán Bocanegra Cote.
Como no pudo estar presente en Colombia para lanzarse al congreso, dejó su capital político a su hermano, Alberto Nader Simmonds.
Carlos Nader añrmó a El Espectador, después de asesinado Guillermo Cano, que venía en nombre del Cartel de Medellín para buscar alguna forma de amnistía periodística para sus miembros.
En este mismo departamento actúa el representante Jorge Ramón Elias Nader, cuya campaña política fue financiada por otro narcotraficante, César Cura, quien contrabandea cocaína de los Ochoa hacia Estados Unidos. Este Nader presentó, en octubre de 1986, un proyecto de ley al congreso para prohibir la extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos.
Un sobrino de Jorge y Hugo Genecco Cerchar se postuló a la Cámara de Representantes, pero perdió su curui en un juicio electoral en el Consejo de Estado.
Miguel Pinedo Barros, congresista por la Guajira, figura en una lista de narcotraficantes de la Costa. Miguel Pinedo Vidal, representante por el Magdalena, también aparece en una lista de contrabandistas de 1975 con el nombre de Miguelito. En este mismo departamento, están los congresistas vinculados con el narcotraficante Enrique Caballero Adúen, Víctor Dangond Noguera, y los diputados Uvida Pitre de Rodríguez, Ramón Palacio Better y Daniel Robayo Aguirre.
El exsenador Germán Bula Hoyos certificó, como Mestre Sarmiento, la buena conducta a Miguel Rodríguez.
Dos ministros de Defensa fueron comprometidos en escándalos de narcotráfico. El general Miguel Vega Uribe está casado con una hija de Escrucería Delgado, el congresista condenado por narcotráfico en Carolina del Norte.
El otro ministro afectado con un escándalo similar, fue el general Luis Carlos Camacho Leyva, cuyo hermano, Roberto, cayó preso con cocaína a bordo de un avión de Satena, empresa oficial, adscrita al Ministerio donde era el único pasajero. Venía de Leticia.
Además de todos los nombres de política comprometidos y mencionados a lo largo de estos capítulos.
5. La mafia concluyó en 1986 que su estrategia debía orientarse más hacia la economía que hacia la política.
A los políticos se les puede financiar la campaña, y quedan comprometidos. En los negocios se puede participar, sin escándalos, y todo el mundo los acepta presurosos.
Esa fue la conclusión en Cali, por ejemplo, donde los coqueros participan en buena cantidad en empresas de familias tradicionales, que se acostumbraron "a convivir con estas mafias, ya que reciben innumerables beneficios (de ellas)", como afirmara el coronel Jaime Ramírez en su declaración transcrita anteriormente.
La mafia decidió entrar a operar en una nueva etapa en la que, por ejemplo, Ledher decidió buscar el control de algunas empresas del Grupo Cafetero, alma de la economía formal colombiana. Y Pablo Escobar con sus socios abren la expectativa por crear empresas agroindustriales en el suroeste antioquefto.
6. Narcoguerrilla y Narcomilicia.
En un negocio de las proporciones del tráfico de cocaína, también ingresaron dos viejos bandos en conflicto: la guerrilla y las Fuerzas Armadas.
La alianza entre los grupos guerrilleros --principalmente las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, prosoviéticas--, y las bandas de narcotraficantes, fue bautizada por el embajador Lewis Tambs como "narcoguerrilla". No le faltaba razón.
Principalmente en la zona donde opera el XIV Frente de las Farc, se creó algo asi como un puesto de seguridad, en el que los guerrilleros cobran el "impuestos al gramaje".
Este tributo, que no es opcional, consiste en que el grupo alzado en armas brinda protección a los cultivos y laboratorios de procesamiento de cocaína, y a cambio cobra un impuesto, equivalente al 10% del producido en hojas del cultivo, o del 15% si se trata de pasta o base de coca.
Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las dimensiones del narcotráfico, evidentemente exagerado, calculó en US$99 millones el valor del producido del impuesto de la guerrilla.
Fuentes mejor enteradas calculan que no supera los US$40 millones, cifra de todas maneras nada despreciable.
De esta convivencia surgió, años más tarde, la sangrienta lucha entre guerrilleros de las Farc y hombres del narcotrafícante Gonzalo Rodríguez Gacha, quien creyó poder entrar en negocios de mutua conveniencia con los alzados en armas.
En una reunión a la que asistió un miembro del secretariado de las Farc --que vendría a ser el estado mayor en un ejército regular-, al parecer Jacobo Arenas, Rodríguez Gacha planteó una sociedad en la que se mantuviera ese mismo o un porcentaje más elevado para controlar sus cultivos de coca, y evitar cualquier tipo de allanamiento militar o de destrucción de las chagras.
El punto de conflicto surgió cuando Rodríguez Gacha señaló que la base del acuerdo era la construcción de una pista aérea en las estribaciones de La Uribe, a espaldas de donde queda el campamento central del secretariado de las Farc.
Comprendiendo el peligro de un operativo militar a partir de esa base, Arenas negó por completo la viabilidad del acuerdo, y suspendió las conversaciones.
A los pocos meses, en noviembre de 1983, el I Frente de las Farc se tomó un campamento donde Rodríguez Gacha tenía 180 kilos de coca, 15 armas de corto y largo alcance y US$500.000 en efectivo. Quedaron rotas las negociaciones.
Al mismo tiempo, en cercanías a la Serranía de Chiribiquete, donde también opera el I Frente de las Farc, el narcotraficante Camilo Rivera González, advertido de las circunstancias en que Rodríguez Gacha perdió tan importante capital, dispuso el traslado de su laboratorio de procesamiento de cocaína hacia La Pedrera, un lejano municipio vecino de la frontera con el Brasil.
Se presentó entonces la alianza que olvidó mencionar el embajador Tambs: la narcomilicia.
El general Hernando Zuluaga García advirtió que el I Frente de las Farc avanzaba sobre un punto en el cual podía ser embocada la guerrilla, y que resultó ser, precisamente, el campamento donde funcionaba el laboratorio de Camilo Rivera González.
El comandante de la VII Brigada, general Luis Eduardo Roca Maichel, ordenó desplazar el grupo entrenado para la guerra de guerrillas, las Fuerzas Especiales del Ejército, equivalentes a los Boinas Verdes del Ejército norteamericano.
Durante dos meses fueron mantenidos 5 oficiales y 43 suboficiales del Ejército en la Serranía del Chiribiquete, hasta cuando Camilo Rivera desmanteló su laboratorio y lo transportó a La Pedrera.
Para la operación, los miembros de las Fuerzas Especiales fueron desplazados a bordo de dos DC-3 afiliados a la empresa Cedelca, de propiedad de Camilo Rivera, quien también iba en el avión con cuatro guardaespaldas. Llevaban carabinas y un fusil G-3, armas de dotación oficial, que le prestó la VII Brigada de Villavicencio.
Las aeronaves despegaron de la base militar de Apiay.
Los altos mandos militares negaron tener conocimiento de la operación, lograron que uno de los oficiales confesara que el comandante del operativo, un capitán, les entregó sumas entre los $45.000 y los $200.000. Y toda la acción se orientó contra él.
Iniciaron acción disciplinaria contra los oficiales que participaron en la custodia de la cocaína, pero nunca contra quienes impartieron la orden, pese a que, como era apenas obvio, la sola autorización de movilizar las Fuerzas Especiales es atributo privativo del generalato.
Además, el simple conocimiento de que al sitio donde llegaban las Fuerzas Especiales (en plena selva), había una pista de aterrizaje con capacidad paraunDC-3, implicaba la deducción de que ella sólo podía estar destinada al tráfico de cocaína.
Estos hechos dieron lugar a la iniciación de una guerra que, virtualmente, está a punto de frustrar el proceso de apertura política que se inició en el gobierno de Betancur, con el surgimiento de la Unión Patriótica. Esta fuerza es derivada de las Pare, el Partido Comunista y diversos sectores independientes del país.
La guerra, según las versiones más corrientes, se inició por enfrentamiento ocasionados por el predominio sobre la regiór del Guayabera que, junto con la del Caguán, poseen los cultivos más notables de coca.
La lucha enfrenta a miembros de los Frentes VI y VII de las Farc, con miembros de las familias Plata, Tolosa y Cortés, los reducidores de la pasta de coca para Rodríguez Gacha.
El primer muerto conocido fue un sujeto apodado con el nombre de "Milamores", quien trabajaba al servicio de los Plata. Su cuerpo fue hallado en el municipio de Calamar, un exótico lugar de la selva a 45 minutos en helicóptero de San José del Guaviare. En su poder se encontraron $15 millones en efectivo.
El asesinato de "Milamores" se imputa a las Farc. Poco tiempo después, se produjo un atentado contra el alcalde de San José del Guaviare, del que salió ileso. A los pocos días fue asesinado el representante a la Cámara, suplente, de la UP, Octavio Vargas Acosta.
El 31 de diciembre de 1986 fue asesinado Hugo Plata Mayorga, cuando se enfrentaba en su finca El Olimpo, en Cumaral, Meta. En el enfrentamiento también pereció un menor de 15 meses y una mujer no identificada. En atentados posteriores, fueron asesinados sus hermanos, Luis, Fabio y Ramón Plata Mayorga.
La respuesta de los narcotraficantes, fue el asesinato de los concejales de la UP Gabriel Alfredo Briceño, Víctor Cárdenas, Alfonso Rojas, Hernando Cuéllar Vargas, Rubén Lazo Mazuera y Alvaro Velásquez.
Rodríguez Gacha, El Mejicano, quien suma a su propio ejército privado el de los "narcogemólogos" de Boyacá, se encuentra en el trasfondo de todas estas muertes, como lo confirmara en valiente pronunciamiento público el ministro de Justicia, Enrique Low Murtra.
En un nuevo episodio de esta guerra fue asesinado el exmagistrado y coordinador nacional de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. La respuesta fue el atentado contra el controvertido congresista Pablo Emilio Guarín Vera, en un inexplicable actode torpeza de su escolta. Emilio Guarín fue asesinado al mes de colocada una potente bomba en el. parqueadero del Ministerio de Defensa, tal como lo había anunciado el frente urbano de las Farc.
Meses después, el 5 de septiembre de 1986, fue capturado el mayor del Ejército Alvaro Gutiérrez Castellanos con 80 kilos de cocaína. Prestaba servicios al comando general de esa arma.
Se le hizo un Consejo de Guerra Verbal en 24 horas, y fue condenado a 10 aflos de prisión. No se permitió el acceso a la prensa.
Luego se sabría que uno de los particulares que lo acompañaba en el camión del Ejército en el que se transportó la droga, Lucas Ortiz Avendaño, poseía una metralleta, que le había sido vendida por la Industria Militar, gracias a una recomendación del general Mario Alberto Pineda Gallo, quien sería trasladado luego, de la Ayudantía General del Comando de las Fuerzas Militares, a la base militar frente a La Dorada, en Puerto Salgar, donde se desarrolló otro caso de narcomilicia: la celebración del cumpleaños de Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mejicano.
Un capitán de la Policía, Yesid Parra Vera, dispuso guardia permanente a Rodríguez Gacha, ordenó vigilancia de seguridad al Hotel Departamental, de propiedad oficial, donde llegaron sus 50 invitados, todos reconocidos narcotraficantes.
Cuando Rodríguez Gacha salió en cabalgata a mostrar el regalo que él mismo se hizo --el caballo Tupac-Amarú, que acababa de comprar en $800 millones--, Parra Vera ordenó cerrar las calles, montar guardia por donde pasaba y vigilar luego la fiesta popular que brindó en el parque de La Dorada.
La historia del lucro de miembros de los servicios de seguridad a costa del narcotráfico, tiene más de 10 años.
En julio de 1975 fueron capturados en Ecuador dos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, el teniente Luis Jaime Salazar Tamayo y el subteniente Luis Carlos Osorio Botero, quienes se desviaron de la ruta asignada, por lo que se presumía habían sufrido un accidente. La razón se conocería al día siguiente: el avión FAC-515 fue aprehendido cuando los dos oficiales se disponían a cargar cocaína en cuantía que nunca se reveló.
En 1973 también fue capturado el jefe del DAS de Leticia, con 18 kilos de cocaína.
Meses más tarde, lo fue un companero suyo, cxjefe del mismo organismo en Santa Marta, el Capitán (r) José A. Cárdenas Pachón, cuando abordaba un avión con una amiga, a quien le encontraron cocaína.
Pero el hecho que más llenó de vergüenza a los colombianos, fue el caso del buque insignia de la Armada Nacional, el Gloria, en cuyo interior las autoridades aduaneras de E.U. encontraron, el 22 de junio de 1976, un paquete que contenía 28.5 kilos de cocaína.
La historia se iniciaba un mes antes, cuando había sido destituido el jefe del DAS en Barranquilla, el Mayor (r) José Antonio Vega Pérez, quien se negó a detener a dos personas que venían de Medellín en un vehículo con 10 kilos de cocaína.
Luego se comprobaría que esta droga iba para ser embalada en el buque Gloria, con el cargamento que se había introducido desde antes.
Uno de los acusados por estos hechos, Pedro Claver Gómez, revelaría más tarde las intimidades que permitieron hilar las dos operaciones.
Más de cinco personas relacionadas con la introducción de la cocaína al buque-escuela Gloria, fueron asesinadas.
Pero los jueces militares terminaron absolviendo a todos los culpables. Como en tantos otros casos judiciales vividos en Colombia, la conclusión jurídica sólo podía ser una: la cocaína había ingresado sola al buque-insignia de la Armada.
El problema de los vínculos del narcotráfico y los servicios de seguridad, no ha sido exclusivamente colombiano.
Él hijo del general Rubén Paredes, comandante de las Fuerzas Armadas de Panamá, Rubén Darío Paredes Jiménez, fue asesinado en Medellín el 27 de marzo de 1986. Igual suerte corrió su piloto, César Absalón Rodríguez Contreras. Se afirma que iban a reclamar por una operación de narcotráfico.
Paredes Jiménez se había alojado en el Hotel Nutibara, de Hernán Botero, de donde fue secuestrado. Su asesinato está vinculado con la incautación de un importante cargamento de cocaína, a bordo del yate "Krill", en San Andrés.
En Venezuela, Brasil, Bolivia y Perú, las autoridades encargadas de la represión del narcotráfico son tan sobornadas y sobornables como lo son los agentes colombianos.
En Nueva York y Los Angeles, los hermanos Rodríguez Orejuela y el Clan Ochoa, aseguran poseer una red de agentes federales sobornados, que les advierten los peligros y, ante todo, les facilitan rutas internas para la introducción y comercialización de cocaína.
Severo Escobar y Víctor Mera Mosquera fueron detenidos en Nueva York, luego de la lucha librada por la madre que se enfrentó a la mafia, Martha Torres, pero un funcionario de la cárcel de Mánhattan sencillamente le puso un sello de "sin cargos" a su expediente, y abandonaron la prisión sin el menor problema.
En Miami, los agentes de la Policía y la Aduana buscan a los latinos, y mejor aún a los colombianos, no para detenerlos, sino para quedarse con los cargamentos de cocaína, que venden a sus propios contactos.
En noviembre de 19 86, el fiscal León Keinner logró demostrar que distintos oficiales tenían compromisos con los mayores narcotraficantes, para no detenerlos, que se remontaban a 1970.
Keinner formuló acusaciones contra el sargento Jorge Luis Manresa, el detective George López y el agente Joaquín Cortizo, de la Policía de Miami, y otros 20 miembros de distinto rango en la Policía de La Florida, condenados por más de seis cargos delictivos.
Un exfuncionario diplomático colombiano que trabajó en Nueva York, informado de la casi increíble frecuencia de muelos diarios que ingresan a los Estados Unidos cargados -le cocaína, se preguntaba entre mordaz y asombrado: "¿Qué pasaría a los Estados Unidos si en cada una de esas avionetas, en vez de cocaína viniera la cabeza de un misil soviético?"
Un caso todavía de mayor espectro político es el de Centroamérica.
La CIA, agencia central de inteligencia de los Estados Unidos, no se ha pronunciado en torno a un punto que parece cada vez más oscuro: la utilización de un avión de propiedad del narcotraficante Jorge Luis Ochoa Vásquez para transportar armas con destino a los Contras nicaragüenses.
La versión, ampliamente difundida en TV, revistas y diarios de los Estados Unidos, parte de la versión de un cubano, preso en Miami, quien afirma que a bordo de un avión DC-3, de propiedad del colombiano Jorge Ochoa, vinculado a la empresa norteamericana de aviación Southern Airlines, se realizaron varios viajes, en los cuales se llevaba cocaína a los Estados Unidos, concretamente a Miami.
En uno de sus vuelos, esa aeronave despegó de Barranquilla.
Con el producido de los viajes, se adquirían armas que transportaban en la misma aeronave para quienes combaten a los sandinistas en Nincaragua.
La historia de Pablo Escobar es similar, pero al contrario. Un excombatiente del Viet Nam, Barry Seal, quien de piloto de la guerra, apareció en Miami alquilándose para hacer transportes de cocaína hacia La Florida.
Su pericia en los vuelos, rápidamente difundida entre los miembros del Cartel, lo hizo merecedor al cargo más apetecido: piloto personal de Pablo Escobar Gaviria.
Se desconoce si desde un principio, o luego de haber ingresado como empleado del Cartel, pero Adier Berriman Seal resultó ser un agente encubierto de la DEA. Esa es la explicación para que muy buena parte de los movimientos de los miembros del Cartel hubieran sido identificados por las autoridades norteamericanas.
El 25 de junio de 1984 se le presentó la oportunidad únicu que puede esperar cualquier infiltrado: el propiu Pablo Escobar, con Federico Vaughan (un asistente del comandante sandinista Tomás Borge, se asegura), y Gonzalo Rodríguez Gacha, ayudaron a cargar 1.452 libras de cocaína, para ser transportadas al Distrito Sur de La Florida.
Barry Seal no solo tomó fotografías donde aparece el propio Escobar cargando enormes paquetes de cocaína, sino que filmó todos sus movimientos.
Apenas en diciembre del mismo ano los miembros del Cartel se enteraron del papel que había jugado Seal. El coordinador de las operaciones de narcotráfico del Cartel en La Florida, Rafael Cardona Salazar, exhibió a Max Merimestein (piloto del Cartel), una película de la que se deducía que Barry Seal era testigo del gobierno de los Estados Unidos, y le planteó la urgencia de asesinarlo.
Pero Merimestein también era testigo del gobierno, y colaboró para que se frustrara un primer atentado organizado contra Seal, que se debía haber cumplido entre diciembre de 1984 y el 4 de marzo de 1985 en Louisiana.
El Cartel de Medellín no perdona. Un año más larde, el 19 de febrero de 1986, Barry Seal fue asesinado frente a su casa de Batton Rouge, Louisiana, por una banda de sicahos enviada desde Medellín, cuyos miembros ya fueron condenados. En sus declaraciones, confesaron que asesinaron a Seal, por instrucciones de Frbio Ochoa Vásquez, Pablo Escobar Gaviria y Rafael Cardona Salazar.
Todavía deben repercutir en la cabeza de Escobar Gavina ks sonoras carcajadas de sus compinches de Medellín, que no k han perdonado su candidez para seleccionar sus "hombres de confianza".
La versión sobre los contras nicaragüenses, Jorge Ochoa y la CÍA, por sí misma, no se puede descartar de plano. Durante la II Guerra Mundial, la CÍA se alió con uno de los grandes capos de la mafia italo-norteamericana Lucky Luciano. Tras ser deportado de los Estados Unidos hacia la isla de Sicilia, les prestó apoyo y seguridad, mientras penetraban la seguridad de los fascistas italianos.
Sicilia se convirtió entonces en uno de los puntos de apoyo de las fuerzas aliadas, y el capo apareció en fotos de la época junto a importantes comandantes de batallas contra los alemanes.
El capo lo único que pedía a cambio, era que le permitieran utilizar sus barcos, donde se ocultaban de paso los soldados de las fuerzas aliadas, para transportar contrabando de cigarrillos y licores hacia Italia.
En Afganistán, los rebeldes que luchan contra la ocupación soviética, como en Colombia lo hace la guerrilla prosoviética contra el Estado, financian buena parte de su armamento y mantenimiento de tropas, con el apoyo de la venta del opio procedente de oriente.
En 1986, el subdito español Manuel Abajó Abajó contrató con el Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea Colombiana el transporte de 30 caballos de pura sangre para Madrid.
Se destinó una nave de la FAC, que fue requisada por los servicios de seguridad, ante diversas informaciones en el sentido de que allí se iba a transportar cocaína.
En un principio se pensó que lo obvio sería el sistema tradicionalmente utilizado por los Ochoa (Abajó había trabajado con ellos en Colombia), hacerle tragar a los caballos bolsas con cocaína, para recuperarla luego de entre su boñiga.
Nada se pudo probar en ese momento, y las autoridades no encontraron argumentos nuevos para detener el vuelo. No obstante, se comunicaron con los españoles, que pusieron en cuarentena los semovientes. Esperaron más de una semana, con resultados infructuosos, hasta cuando un curioso agente de la Aduana se le ocurrió revisar los guacales donde se transportaron los caballos. En su interior halló varios kilos de cocaína.
Para garantizar los resultados de su negocio, los narcotraficantes colombianos no respetan barreras ideológicas, y menos aún valores sociales o patrióticos.
