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Capítulo XXI
Desplazados. Actores de paz, constructores de vida y solidaridad(1)
La capital del país enfrenta un problema grave, creciente y complejo por sus características y consecuencias: el arribo permanente de desplazados de diversas regiones del país por la guerra irregular que se libra en casi todo el territorio nacional y que tiene, en muchos casos, a la población civil como principal objetivo.
Estas migraciones forzadas por la violencia tienen la connotación de una crisis social y demográfica que, además de representar una violación masiva de los derechos humanos y múltiples infracciones al derecho internacional humanitario, incide en el normal desarrollo de la ciudad toda vez que interfiere su planeación, afecta la prestación de servicios públicos, presiona el problema grave de la vivienda, amplía las zonas de asentamientos urbanos marginales y agudiza el hacinamiento, crea dificultades en los servicios de salud pública, incrementa la demanda de cupos en escuelas y colegios, aumenta el desempleo, multiplica la economía informal y presenta desafíos para la seguridad y el orden público.
A pesar de que Bogotá es la ciudad con el mayor número de desplazados en el país, no existen políticas claras, ni de la administración distrital ni del gobierno nacional, para la prevención, protección, atención humanitaria y recuperación socio económica y psicosocial de las personas desplazadas y, por el contrario, se asume la decisión de no reconocer esta población cuya situación de vulnerabilidad tiene relación con la violación de sus derechos fundamentales.
En el caso de la administración local, este desconocimiento se hace visible en el Plan de Desarrollo adoptado para el período 1998-2001 y en un discurso oficial reiterativo que se limita a homologar a los desplazados con los pobres, a quienes ofrece propuestas genéricas de "desmarginalización" y ampliación de la cobertura de servicios básicos con el supuesto de que así atiende también a los desplazados (2)
Cuadro 1. Total estimado de población desplazada en Bogotá. Fuente: Conferencia Episcopal Arquidiócesis de Bogotá • Codhes Años Hogares Personas 1985-1994 19.500 117.000 1995 5.201 26.455 1996 10.136 50.680 1997 15.750 78.850 1998 13.642 54.570 Total 64.229 327.55 A esta ausencia de políticas del gobierno del Distrito Capital, se suma la tendencia de algunos sectores públicos y privados de señalar a los desplazados como responsables del crecimiento de los problemas sociales de la ciudad, incluida la inseguridad, y de practicar una conducta de discriminación y exclusión social que sólo ayuda a hacer más difícil la situación de estas personas en busca de refugio y de un lugar seguro para vivir y trabajar.
Este boletín de Codhes Informa presenta un resumen de la segunda fase de la investigación sobre desplazados por violencia y conflicto social en Bogotá, realizada por la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Bogotá y Codhes. El estudio será presenta do en forma de libro el próximo mes de febrero con el título Desplazados: actores de paz, constructores de vida y solidaridad, que resume la intención de mostrar no sólo el problema social y humano del desplazamiento, sino también el valor que encierra la decisión de huir, aún abandonando los bienes y el entorno socio espacial y cultural construido en muchos años, antes que involucrarse con algunos de los actores armados. Así mismo, la decisión de muchos de los desplazados de convertir su crítica situación en una oportunidad para reconstruir sus vidas en medio de opciones de solidaridad y esfuerzo común, en muchos casos, desconocidos e ignorados.
Este estudio se realizó gracias al esfuerzo de ia comunidad de Hermanas Scalabrinianas y del Centro de Atención al Migrante de la Arquidiócesis de Bogotá, de las parroquias, las comunidades religiosas, las organizaciones de desplazados y comunitarias de los barrios de Bogotá, los colegios y escuelas públicas, las entidades del Distrito que ofrecieron sus datos e información y el apoyo especial del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Comportamiento del desplazamiento forzado hacia Bogotá
La capital del país presenta el mayor flujo migratorio de población desplazada por causas de violencia desde 1985, toda vez que acumula un total aproximado de 311.505 personas, de las cuales cerca de 200.000 llegaron en los últimos 3 años.
Entre diciembre de 1997 y noviembre de 1998 se registró el desplazamiento de una población calculada en 54.570 personas, que integran aproximadamente 13.642 hogares; es decir, alrededor de 37 familias por día, cifra que mantiene la tendencia de arribo a Bogotá de tres hogares desplazados cada dos horas en promedio.
Un hecho relevante es que el 91% de estos hogares proviene de zonas rurales, lo que ratifica el creciente y paulatino éxodo del campo, con todas las implicaciones sociales y económicas que sugiere este desarraigo del campo.
Se advierte un leve descenso en e! total es timado de población desplazada en 1998 (54.570), frente a 1997, que registró la llegada de aproximadamente 78.850 personas y se convirtió en el año de mayor ingreso de desplazados a la capital del país. Este descenso podría explicarse por: a) la reducción del espacio físico real urbano que dificulta la creación de nuevos asentamientos o la ubicación de desplazados en zonas extremadamente pobladas como Ciudad Bolívar y b) en la consiguiente ampliación de las zonas de llegada a municipios de influencia del área metropolitana de la ciudad, en especial Soacha, y en menor proporción Fusagasugá, Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, La Calera, Chía y Cajicá.
Sin embargo, persiste la presión demográfica de población desplazada en la ciudad de Bogotá, toda vez que representa el lugar que puede brindar mejores condiciones para la seguridad de las personas que huyen por amenazas u otras manifestaciones de violencia en las zonas de conflicto.
Durante 1998 se registraron algunos casos de presencia masiva de desplazados de diversas regiones del país, que tuvieron visibilidad por las protestas que en forma de tomas a entidades públicas realizaron para llamar la atención por su crítica situación o para presionar acciones frente a las manifestaciones de violencia en las regiones de las cuales fueron obligados a salir. Sin embargo, la característica del desplazamiento hacia Bogotá sigue siendo la ¡legada constante, aislada y desorganizada de familias de las zonas más conflictivas del país.
En estas circunstancias es posible afirmar que la población desplazada que llega a Bogotá lo hace en forma dispersa, con precarios niveles de organización, representatividad e interlocución, con un entorno crítico de referentes sociales y culturales y en condiciones de alta vulnerabilidad.
Actores armados responsables del desplazamiento hacia Bogotá
Es en el marco del conflicto armado interno que se presenta el mayor número de personas desplazadas. Alrededor del 94% del total de hogares que llegaron a Bogotá lo hicieron por acción directa o indirecta de los actores armados comprometidos en la contienda: paramilitares, guerrillas y Fuerzas Militares.
Los grupos paramilitares constituyen la fuerza armada que más población desplaza hacia la capital del país. De acuerdo al Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdes), aplicado para Bogotá, el 53% del tota! de jefes de hogares consultados responsabilizó a estos grupos de su salida forzada. Esto representa un incremento si se toma como referencia el estudio que se realizó en 1997 y que registró un porcentaje de responsabilidad de los grupos paramilitares del 42% (3). La guerrilla también incrementó su responsabilidad, toda vez que aumentó del 34% en 1997 al 38% en 1998. Las Fuerzas Militares, en cambio, redujeron su responsabilidad del 10 al 3%.
Los cambios de comportamiento de los actores armados tienen relación con la dinámica que asume el conflicto, que regularmente se presenta como un enfrentamiento entre combatientes, pero que casi siempre afecta a civiles inermes.
Los grupos paramilitares o de autodefensa
Los grupos paramilitares o de autodefensas mantienen una ofensiva en varias regiones del país con el supuesto de atacar los "santuarios de la guerrilla", pero generando muerte y terror entre la población civil (4) .
" Los hombres llegaron en la madrugada y dijeron que iban a acabar con todos los guerrilleros y sus colaboradores y con una lista empezaron a sacar a la gente que se llevaron amarrada y nosotros les decíamos que los dejaran, que eran inocentes y ellos se reían y no nos hacían caso y después escuchamos los disparos y ahí, cerca al pueblo, dejaron los cadáveres de cinco personas, todas conocidas y a otros dos, incluido un joven de 17 años, se los llevaron y esta es la hora que no sabemos de ellos. Nosotros perdimos al papá de los niños y un cuñado y nos tocó salir de ese pueblo. primero para Medellín, pero por el peligro decidimos venirnos para Bogotá y usted no sabe lo que nos ha tocado sufrir acá..."
"Yo tenía una finquita y allí llegaron unos guerrilleros y se quedaron una noche, iban de paso y yo qué les podía decir. Entonces las autodefensas me acusaron de colaborar con la guerrilla, a mi y a otros dos vecinos. Yo intenté hablar con ellos para aclarar que yo no tengo nada que ver con la guerrilla, que uno no puede hacer nada cuando llegan armados y deciden quedarse, pero cuando iba a buscarlos me avisaron que habían matado al otro vecino y que la orden era de irnos o de morirnos, entonces saqué a mi mujer, a los hijos y lo que puede de la casa y esa misma noche nos fuimos (...) y después llegamos aquí a Bogotá porque un primo de mi señora nos dijo que aquí estábamos más seguros y eso puede ser cierto, pero ya la vida se nos dañó y eso es una injusticia..."
"Ellos habían amenazado con que iban a entrar al pueblo y nosotros todos preocupados pero siempre con la esperanza de que no llegaran. Esa noche vivieron en camiones y empezaron a disparar y te prendieron candela a la casa de... (se omite el nombre) y lo sacaron y lo mataron dizque porque le vendía víveres a la guerrilla y dejaron las paredes pintadas con amenazas de que iban a volver y dijeron que unos guerrilleros se les habían volado. Los niños vieron todo (...) y entonces nosotros decidimos no vivir más en ese pueblo y mal vendimos lo poco que teníamos y nos vinimos para acá (Bogotá) pero por físico miedo a esa gente..."
Los desplazados (as) por los grupos paramilitares pueden ser líderes comunales, sindicales, pequeños comerciantes, empleados públicos o campesinos considerados base social y/o colaboradores de la guerrilla y, en consecuencia, declarados objetivos militares, en lo que se constituye una grave infracción al derecho humanitario que protege expresamente a la población civil. Los anuncios de las Autodefensas de priorizar la inteligencia para no cometer los errores que eventualmente aceptan, no se cumplen y predomina el criterio de eliminar a los que llaman "guerrilleros de civil". El anuncio de las Autodefensas Unidas de Colombia de decretar una tregua entre el 20 de diciembre de 1998 y el 6 de enero de 1999 ha generado expectativas que deberían corresponderse con la realidad.
Los grupos guerrilleros
Crece el número de hogares desplazados por los grupos guerrilleros en la ciudad de Bogotá en una tendencia que reafirma las infracciones deliberadas del derecho humanitario que, en el caso de las Farc, no reconocen, y en el caso del ELN, asumen pero no cumplen (5) .
El reclutamiento de jóvenes y niños de ambos sexos en las zonas rurales de conflicto, que las Farc presentan como "voluntario", constituye una de las causas de la salida forzada de los padres para evitarla vinculación de sus hijos a la guerra. A éste se suman el uso indiscriminado y sin ningún tipo de advertencia de minas antipersonales, la extorsión y amenazas de secuestro, en muchos casos a personas sin mayores recursos económicos, las amenazas contra supuestos o reales informantes o personas que colaboran con "el enemigo", las ejecuciones, asesinatos y atentados contra civiles y las tomas de poblaciones en las que no se distinguen claramente los objetivos militares de los objetivos no militares.
La guerrilla intenta un proceso de homogeneización política en sus zonas de influencia mediante métodos que van desde la concientización alrededor de su proyecto hasta la imposición de ideas y comportamientos por la vía de la fuerza.
" Ellos habían dicho que mi niña, que tiene 15 años, ya estaba en condiciones de ingresar al movimiento. La invitaban a reuniones para hablar de la lucha armada y le decían que se preparara. En las noches ella me decía que no quería irse y que tenía mucho miedo de llevarles la contraría. Entonces decidimos que era mejor salir de allá para evitar que la niña terminara en la guerrilla. Por eso dejamos todo y nos vinimos. apoyándonos en un tío de la niña que vive aquí en Bogotá..."
"Me pedían tres millones de pesos porque el comandante había hecho un estudio de las personas que debían hacer aportes. De nada valió mostrar los documentos de la deuda que tengo con la caja agraria, del estudio de los hijos, de los pocos ingresos. Decidí salir antes que volvieran y así perdí lo poco que tenía. Mire usted las condiciones en las que me encuentro aquí en Bogotá y haga pública esta injusticia que arruinó mi vida..."
"Me acusaron de apoyar a los militares porque envié a los niños de la escuela a un taller en la Alcaldía y terminaron en un curso en el Batallón. La guerrilla dijo que yo era el culpable y me empezaron a buscar obligándome a salir de la zona. Los niños, que pertenecen a dos familias y que suman 14, también decidieron salir y en la actualidad nos encontramos 17 personas hacinadas en un barrio de Bogotá por la decisión de una guerrilla que impone criterios y normas y que no le interesa el desarrollo de proyectos sociales y educativos como el que estábamos realizando..."
" Mi papá cayó en una mina que pusieron entre el pueblo y la casa, allá en el Alto Baudó. Nosotros informamos a la policía y ellos se nos vinieron encima y nos tocó de irnos y abandonar la casa y la tierra que teníamos y yo me vine para Bogotá con mi esposo, las trillizos y un niño porque las otras dos se quedaron cerca de Quibdó. A mi papá ni siquiera lo pudimos enterrar..."
Las Fuerzas Militares
Mientras la policía desaparece como actor armado responsable de desplazamiento hacia ia capital del país, las Fuerzas Militares reducen su responsabilidad del 10% en 1997 al 3% en 1998. Esta tendencia decreciente mostraría una actitud de respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario y, en consecuencia, sería el reflejo de una nueva actitud frente a la población civil. Sin embargo, hay denuncias nacionales e internacionales por omisión y, aún, por colaboración entre algunos miembros de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares en diversas regiones del país (6). Entre las entrevistas realizadas en el marco de este estudio hay casos de personas que vieron patrullar conjuntamente a militares y paramilitares o fueron objeto de atropellos por parte de miembros del Ejército que amenazaron poblaciones con ia presencia de grupos paramilitares.
Los militares que provocaron el desplazamiento hacia Bogotá lo hicieron porque amenazaron a la población, realizaron ataques aéreos indiscriminados, hostigaron poblaciones a las que acusan de auxiliar a la guerrilla y limitaron la libre comercialización de productos en las zonas de conflicto.
" La patrulla del Ejército llegó al caserío con unos encapuchados y se pusieron a hacer una lista de personas y a decir que no les tuviéramos miedo a ellos, pero sí a los paramilitares que iban a llegar al pueblo para arreglar unas cuentas con los que colaboran con la guerrilla. Después vimos en un retén a los mismos soldados con otras personas que se identifican como autodefensas y que tenían a un muchacho que acusaban de guerrillero y que después apareció muerto. Nosotros decidimos salir antes de que se metieran a! pueblo y terminamos aquí en Bogotá en las condiciones que usted puede ver aquí..."
" En el sur de Bolívar los militares le abren el camino a los paramilitares y en algunos casos son ¡os mismos que cambian de uniforme. A nosotros nos quemaron la casa cuando ya nos habíamos salido y estábamos repartiéndonos entre Magangué, Cartagena y Bogotá, porque la familia quedo regada por todo el país porque mi Papá dijo que los hijos mayores debíamos salir de esa zona de violencia..."
En algunos casos intervienen diversos actores armados y generan situaciones paradójicas que confirman que los civiles son las primeras victimas del conflicto.
" A nosotros nos sacó el Ejército del Guaviare en 1992 porque, según dijeron, estaban limpiando la zona de guerrilleros y decían que nosotros los transportábamos en una chalupa que era el negocio que teníamos allá y nos fuimos para el Tolima y allí llegaron los guerrilleros y nos amenazaron dizque porque estábamos apoyando a los paramilitares y nos tocó salir otra vez porque esa gente no entiende de razones..."
" Primero fue la guerrilla que nos hizo salir porque teníamos un familiar en el Ejército y nos fuimos para una finca en Turbo y allí llegaron los paramilitares y dijeron que teníamos que colaborar con plata y que uno de los muchachos tenía que hacer un cruces con ellos y como había tanta violencia allá decidimos salir y nos fuimos primero a Medellín y allí se quedaron dos hermanos y mi mamá y yo nos vinimos para acá (Bogotá) para ver si podíamos seguir estudiando"
" Mi mamá nos sacó de Yacopí después que los paramilitares mataron a mi papá. Nos fuimos para Mesetas y allí empezamos a recuperarnos y todo iba bien hasta cuando tuvimos el problema con la guerrilla que nos acusó injustamente de colaborar con los militares y nos tocó salir corriendo porque se iban a llevar a mi hermano y amenazaron con ajusticiar a otras personas..."
Hechos que motivan el desplazamiento
Las amenazas siguen siendo la principal causa directa de desplazamiento forzado hacia Bogotá. Son amenazas directas que hacen los actores armados a una persona o a una comunidad para que desalojen una zona so pena de ser ejecutados.
La principal característica de las amenazas es, según los propios desplazados, que casi siempre se cumplen, por lo que la única alternativa es salir. En algunos casos se intenta imponer la colaboración voluntaria o forzada con uno de los actores armados y hay quienes para evitar la salida tratan de acomodarse a la nueva situación. En todo caso, los desplazados asumen la decisión de abandonar las zonas del conflicto y perder sus pertenencias antes que involucrarse en la confrontación.
La amenaza queda implícita en los volantes que se reparten en las zonas que se declaran objetivo de una u otra fuerza armada, en los avisos en lugares públicos, en las notas dirigidas específicamente a una persona, una familia o una comunidad para que abandonen en un plazo perentorio la región o en las advertencias verbales de los hombres armados cuando terminan de cometer un asesinato o de participar en una masacre.
El otro factor importante en el momento de tomar la decisión de la salida forzada es el miedo. La referencia es importante porque en todas las estadísticas sobre desplazamiento forzado aparece "el miedo"como un hecho generador de migraciones en contextos locales o regionales de conflicto armado y esta circunstancia creciente, y que denota un subconsciente colectivo de temor ante la violencia, no es considerada en el momento de certificar la condición de desplazado, porque no hay manera de comprobar esta situación. (7)
Como lo advierte Nora Segura Escobar, "en algunos análisis de la confrontación política se peca (.) de una visión excesivamente 'objetivista' en la cual los componentes objetivos, el cálculo racional y los juegos de intereses estratégicos, ocupan toda la escena. Sería preciso hacerle espacio a las visiones fantasmales sobre 'el otro', el miedo y la hipertrofia de su poder como resortes de la irracional escalada de las armas, de la instrumentación de la población civil, y de la no responsabilización de las consecuencias de sus acciones. En esta lógica no hay responsables sino reacciones a las acciones del otro y las víctimas son costos inevitables" (8)
Las estadísticas muestran que persisten los asesinatos y las masacres, los atentados, la desaparición forzada, la tortura y los enfrentamientos, en menor proporción, como causa directa de desplazamiento hacia la capital del país.
Procedencia de los desplazados ubicados en Bogotá
El departamento de Antioquia sigue siendo el principal centro de expulsión de población hacia la capital del país, aun cuando disminuyó el número de hogares provenientes de la zona de Urabá, mientras se registran casos provenientes del Nordeste, el área metropolitana de Medellín, el bajo Cauca, el Magdalena medio antioqueño y la zona cafetera de Antioquia.
Es relevante el incremento de población desplazada proveniente del Tolima, especialmente del sur del departamento, epicentro de enfrentamientos entre grupos guerrilleros y paramilitares y de una expansión territorial del conflicto armado que empieza a incidir en la capital de la República.
Los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo, incrementan o mantienen la población desplazada hacia Bogotá, como consecuencia de acciones de la guerrilla, de grupos paramilitares, del temor que originó la zona de despeje de cinco municipios como preámbulo a eventuales diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc.
El departamento de Cundinamarca mantiene una constante de expulsión de población, que tiende a crecer en la medida en que nuevos municipios se incorporan al mapa de las zonas de conflicto armado y/o presencia de grupos al margen de la ley.
El departamento del Chocó mantiene un flujo migratorio considerable hacia la capital del país con las dramáticas circunstancias que implica el desarraigo de estas comunidades negras acosadas por la violencia.
Algunos aspectos sociodemográficos
Como se puede observar en la serie de gráficos que presentamos a continuación, con excepción de las viviendas conectadas a servicios públicos, todos los indicadores muestran la precariedad de las condiciones de vida de las personas desplazadas a la ciudad, el dramático deterioro de la calidad de vida a que han sido sometidas.
Dichos gráficos trazan un fresco de su doloroso tránsito de asalariados agrícolas o productores agropecuarios a desempleados o rebuscadores en la ciudad, previo abandono de las tierras de las que derivaban su sustento. También dan cuenta del apoyo que han recibido y echan luces sobre lo que estas personas perciben como sus necesidades en materia de generación de ingresos, salud, educación y vivienda. Finalmente, muestran sus expectativas de permanencia, retorno y/o reasentamiento.
Escenarios y estrategias posibles
El desplazamiento forzado en Colombia es un problema de derechos humanos y derecho humanitario que tiende a afectar, cada vez con más evidencia, a las grandes ciudades y a poblaciones intermedias que se convierten en zonas de llegada de miles de hogares que huyen del conflicto armado y la violencia generalizada que se registra en ese marco de desorden político y social.
Conocer, analizar y prever acciones para enfrentar un problema de esta magnitud debería ser una responsabilidad del Estado. Sin embargo, es justamente la precariedad del Estado la que no sólo no garantiza la plena vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos para evitar su desplazamiento, sino que tampoco asume con claridad una política para hacer frente a las consecuencias de estas migraciones, cuya principal característica es que no son voluntarias y que se registran en forma dispersa y desorganizada.
Esta situación crea un ambiente de desprotección de las poblaciones afectadas que, en algunos casos, pretende ser subsanado con medidas de contingencia como entregar dinero, alimentos o frazadas a los desplazados, con un criterio asistencialista y sin ningún concepto de integralidad en la atención humanitaria.
En otros casos, con recursos para que las personas "se vayan de la ciudad" a otro sitio y busquen solucionar el problema, que no fue creado por ellos, por sus propios medios.
Es necesario pensar el problema del desplazamiento a largo, mediano y corto plazo, tomando como referencia los eventuales escenarios en los cuales se va a desarrollar una estrategia para la acción humanitaria.
Dadas las circunstancias en las que se desarrolla el conflicto paz guerra, el país podría presentar en el futuro próximo alguno de los siguientes escenarios:
• Comienzo de diálogos de paz en medio del conflicto armado. El desplazamiento de población mantendría la tendencia de los últimos tres años si persiste la degradación de la guerra irregular y la consiguiente perversidad en las acciones contra la población civil. Un cálculo aproximado indica que en 1999 el país tendría 300.000 personas más desplazadas hacia los centros urbanos o dentro de las mismas ciudades si se mantiene la tendencia de urbanización del conflicto. Las prioridades serían los acuerdos humanitarios con verificación nacional e internacional para excluir a los civiles de la confrontación, mientras avanzan los diálogos de paz. En tal caso, una política de atención de emergencia y post emergencia de la eventual población desplazada estaría integrada a propuestas de retorno o reasentamiento voluntario de los desplazados.
• Fracaso de los acercamientos de paz, recuperación de la zona de despeje y declaratoria de guerra total. Un escenario posible dadas las dificultades para iniciar conversaciones, la ausencia de claridad en los acuerdos previos para el despeje y el posible incumplimiento de los mismos, las manifestaciones de mutua desconfianza y las manifestaciones guerreristas de sectores civiles y militares de todas las tendencias que no creen en una solución política y negociada del conflicto. Sin
la posibilidad de acuerdos humanitarios verificables, en esta eventual situación de guerra el desplazamiento forzado se multiplicaría afectando incluso las fronteras de países vecinos y profundizando la crisis socio demográfica en las ciudades, en un contexto de violación de derechos humanos e infracciones múltiples a las normas humanitarias. El país debería preparase para una situación de emergencia en la que no serían viables propuestas de retorno o reasentamiento y sólo serían posibles estrategias nacionales y regionales de integración de la población a las zonas urbanas mientras se decide la suerte de la confrontación armada.
• Se alcanza un acuerdo de paz luego de prolongadas y complejas negociaciones. Es el escenario ideal de la prevención de causas del desplazamiento forzado y de respeto y vigencia de las normas de derechos humanos y derecho humanitario. Implicaría un política de tierras para desplazados y migrantes económicos de las zonas rurales en el marco de la aplicación de los acuerdos y del desarrollo de una estrategia de retorno, acompañamiento y recuperación integral de las poblaciones afectadas.
El desplazamiento forzado atraviesa transversalmente cualquiera de estos escenarios posibles para los próximos años, lo que indica que se requiere de un Plan de Acción Humanitaria concebido para la prevención de las causas y la atención, protección y recuperación de las personas afectadas es sus derechos.
Un plan de acción humanitaria para el desplazamiento forzado en Bogotá
Tomando como referencia que Bogotá es el primer centro de llegada de desplazados por violencia en Colombia, y que los desplazados provienen de todas las zonas del conflicto armado en el país, la primera acción para superar este drama de los desplazados por violencia en Bogotá es la construcción de un proceso de paz que comprometa a los actores de la guerra irregular que padecemos en salidas políticas y negociadas.
Tabla 2. Jefes (as) de Hogar según sexo 1998. Fuente: Codhes Femenino 17% Masculino 83%
Tabla 3. Otros miembros del hogar según sexo 1998. Fuente: Codhes Femenino 56% Masculino 44%
Tabla 4. Vinculación de jefes de hogares desplazados a organizaciones antes del desplazamiento. Fuente: Codhes Sin ninguna vinculación 88% Vinculado 12%
Tabla 5. Tipo de organización a la que estaban vinculados. Fuente: Codhes Otra 62% Cooperativa 4% Política 8% Comunitaria 26%
Tabla 5-A. Tipo de posesión sobre la tierra. Fuente: Codhes Otro 6% Colono 4% Aparcero 4% Arrendatario 3% Propietario 83%
Tabla 6. Extensión de las tierras en hectáreas. Fuente: Codhes Más de 100 8% De 51-100 4% De 21-50 13% De 11-20 9% De 2-10 61% Hasta 1 hectárea 5%
Tabla 7. Situación de la tierra. Fuente: Codhes. Arquidiócesis Bogotá Sin información 5% Otra 3% Arrendó 4% Vendió 3% Abandonó 85%
Tabla 8. Ayuda humanitaria recibida después del desplazamiento Iglesia 52% Gobierno 33% ONGs 5% Organizaciones comunales 1% Otras 9%
Tabla 9. Tipo de ayuda recibida Apoyo moral 24% Alimentación 23% Alojamiento 16% Dinero 10% Salud 6% Transporte 4% Educación 1% Asistencia legal 1% Otro tipo de ayuda 15%
Tabla 10. Principales necesidades en salud Servicio médico 51% Atención psicológica 45% Otra 4%
Tabla 11. Principales necesidades en vivienda Adquisición 90% Titulación 7% Mejoramiento 3%
Tabla 12. Principales necesidades en educación Capacitación formal 60% Alfabetización 21% Capacitación técnica 19%
Tabla 13. Principales necesidades para generación de ingresos Trabajo asalariado 85% Tierra para trabajar 9% Microempresa 5% Otra 1%
Tabla 14. Expectativas de permanencia, retorno y/o asentamiento de los desplazados en Bogotá Permanecer 57% Irse a otro lugar 34% Regresar 9% Se ha logrado avanzar en el reconocimiento político de los grupos guerrilleros, en la creación de una zona de distensión para dialogar con las Farc, en la preparación de una convención nacional para dialogar con el ELN y en la formulación de una política de inversión social para la paz por parte del gobierno.
Hay una manifestación de paz por parte de las Autodefensas que debe definirse en su metodología y alcances. Así mismo, existe la decisión de gobiernos amigos y de la comunidad internacional de contribuir al éxito del proceso.
Ahora es preciso que termine el despeje en San Vicente del Caguán y que comiencen los diálogos con el criterio de que sólo se levantan las conversaciones cuando se firme un acuerdo de paz. Lo demás sería atizar la salida militar, la prolongación del enfrenta miento armado y su degradación, afectando principalmente a la población civil.
Esta es la premisa de un Plan de Acción Humanitario en lo que tiene que ver con la prevención de causas del desplazamiento forzado. Se ha insistido en la necesidad de vincular el tema del desplazamiento a! tema de la paz, toda vez que es en este escenario en donde se resuelve este problema social que hace más grave en Colombia la crisis de los derechos humanos.
Mientras esto es posible, se necesita desarrollar una estrategia de protección de las personas y bienes de los hogares antes, durante y después de un eventual desplazamiento. Los desplazados requieren de una acción en tal sentido por parte del gobierno a través de una Fuerza Pública que, en un nuevo concepto de seguridad, le dé prioridad a !a población civil y mida sus resultados por los niveles de protección y reducción de la violación de los derechos humanos, combatiendo a todos los actores comprometidos en la confrontación y eliminando cualquier duda de omisión o complacencia con quienes asumen la justicia por sus propias manos. En esa estrategia de protección deben intervenir, además, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las personerías y la Fiscalía, en un esfuerzo conjunto por reducir los alarmantes niveles de impunidad.
En lo que hace referencia a las personas en situación de desplazamiento, el Plan de Acción Humanitaria debe concebir una estrategia de atención humanitaria de emergencia y post emergencia que supere el asistencialismo y garantice la solución básica de los desplazados tanto individuales y familiares como de quienes huyen en forma de éxodos organizados.
La experiencia de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Colombiana, la Iglesia en el sentido ecuménico, las organizaciones no gubernamentales y las propias organizaciones de desplazados, deber tenerse en cuenta para no duplicar esfuerzos y hacer más efectiva la respuesta en estas situaciones de emergencia. Debería suprimirse la donación de dinero y fomentar la entrega de alimentos, cobijas, ropa y frazadas, así como la atención médica y la ubicación temporal en lugares dignos de albergue, mientras se acude a otras soluciones de más largo plazo.
Por último, el Pían de Acción Humanitaria que se propone debe incluir una estrategia de recuperación económica y psicosocial de las familias en situación de desplazamiento, de tal manera que se desarrolle en el marco de un proceso que incluya al individuo, la familia y la comunidad en la solución duradera del problema.
Esto sugiere organizaciones que se especialicen en el acompañamiento y la reconstrucción de proyectos de vida y proyectos sociales; en la superación de los traumas que deja el desarraigo y la violencia; en educación, vivienda, proyectos de generación de ingresos, Microempresa y cooperativas que generen soluciones.
Todo lo anterior teniendo en cuenta que es el Estado el responsable de una acción humanitaria de esta naturaleza y que la participación de otros actores sociales como las agencias de cooperación internacional, los organismos no gubernamentales y las iglesias, es complementaria y no determinante en estos procesos.
Este Plan de Acción Humanitaria puede desarrollarse para la integración urbana de los desplazados, para el reasentamiento o para el retorno voluntario, que son opciones que van a depender de los escenarios de guerra o paz, degradación del conflicto o acuerdos humanitarios, que plantea la dinámica de la realidad colombiana y es válido para un período de tiempo que supere la coyuntura del problema y se proyecte para los próximos diez años.
En este sentido es importante que el Departamento Nacional de Planeación asuma un liderazgo de largo aliento y que el Fondo de Inversiones para la Paz y la Red de Solidaridad Social reencaucen la fallida experiencia de la Consejería Presidencial para los Desplazados.
En el orden distrital es posible replicar el plan humanitario que se propone nacionalmente. Para ello es necesario que la actual administración asuma el reconocimiento del problema y entienda que los desplazados son sujetos de derechos vulnerados y desconocidos por la incapacidad del Estado de garantizarlos.
Una política de avestruz puede ser válida inicialmente, pero con el tiempo sólo contribuirá a la incapacidad para enfrentar un problema social y demográfico que no se pensó a tiempo, que no se planeó y que puede incidir en la eficacia y eficiencia de las políticas sociales que con tanta insistencia se anuncian en medio de la prioridad de la construcción de grandes obras y del relativo "embellecimiento de la ciudad", sin tener en cuenta a las personas que voluntaria o involuntariamente habitan esta capital.
En el estudio realizado por la Arquidiócesis y Codhes en 1997 propusimos, sin ser escuchados, que el Plan de Desarrollo del Distrito Capital incluyera el tema y la solicitud sigue vigente dada la gravedad del problema.
Superando esta decisión del gobierno distrital de no reconocer el fenómeno, es necesario concertar esfuerzos en procura de cooperación y coordinación entre el gobierno nacional, el gobierno distrital, las organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, gobiernos y organismos intergubernamentales, iglesias y demás actores sociales comprometidos, para elaborar los términos de un plan humanitario y garantizar su ejecución.
En lo inmediato es necesario una acción urgente por parte de la Secretaría de Educación para garantizar el ingreso el próximo año de miles de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento que hoy enfrentan en el encierro y el hacinamiento, el trabajo prematuro o en las calles, una situación injusta que se hace más difícil cuando algunos de ellos viven situaciones traumáticas, desde el punto de vista psicológico, por las circunstancias de violencia y desarraigo que han vivido y que en muchos casos tienen que ver con la muerte de sus padres o seres queridos.
Frente a la comunidad en general, se impone la sensibilización frente al problema de los desplazados y la superación de prevenciones y señalamientos de estos migrantes involuntarios como personas vinculadas al conflicto armado y a los males sociales de la ciudad. Quienes tenemos contacto permanente con los desplazados sabemos que en su inmensa mayoría son actores de paz, en la medida en que prefirieron abandonar sus casas y sus tierras antes que involucrarse con la guerra, y constructores de vida y solidaridad porque, en medio de la adversidad, intentan rehacer sus vidas y desarrollar nuevos lazos sociales y comunitarios para salir adelante.
En lo que hace relación con la Iglesia, la Comisión Arquidiocesana de Movilidad Humana se propone proseguir en el empeño iniciado luego del estudio de la Conferencia Episcopal sobre desplazados en Colombia y las orientaciones de la LIX Asamblea Plenaria del Episcopado de 1994, que recomendó realizar una acción humanitaria y pastoral por e! bien de las personas y comunidades victimas de la violencia y los odios que hoy acosan la consciencia colectiva de un país que se resiste a la desesperanza.
Notas:1. Este informe contiene un resumen de la investigación realizada en 1998 por la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Bogotá y Codhes en la capital del país. El estudio, en su última fase, contó con el apoyo económico del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
2. El Plan de Desarrollo contempla siete prioridades desmarginalizacion. interacción social, ciudad a escala humana, movilidad, urbanismo y servicios, seguridad y convivencia y eficiencia institucional Al señalar las prioridades, el plan advierte que "la dimensión social es la base del Plan de Desarrollo, determinando como su eje central la concentración de recursos de inversión pública en la atención de los grupos de población mas pobre". Sobre desmarginalización precisa que es "una estrategia de equidad social para sacar adelante sectores poblacionales cuya marginalidad está severamente marcada por las condiciones de un entorno deteriorado e inconcluso". Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 1998-2001, Por la Bogotá que queremos, Acuerdo Número 06 de Junio 8 de 1998 Alcaldía Mayor de Santa Fe, Bogotá, D.C.Junio de 1988.
3. Se refiere al informe Desplazados por violencia y conflicto social en Bogotá, realizado en 1997 por la Arquidiócesis de Bogotá v COdhes con base en una encuesta a 314 familias desplazadas en la capital del país En adelante las referencias comparativas entre 1997 y 1998 se harán citando este estudio.
4. Según Human Rights Watch, "lejos de intentar respetar el derecho internacional humanitario, las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia! dependen de la violación explícita, deliberada y sistemática de estas normas para hacer la guerra las Auc han hecho una ostentación reiterada e inequívoca de su desdén por las normas internacionales, mediante la comisión de masacres, asesinatos de civiles y combatientes fuera de combate, tortura, utilización de cadáveres, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, toma de rehenes. detención arbitraria y píllale, entre otras violaciones" Guerra sin cuartel, Colombia y el Derecho Internacional Humanitario, Human Rights Watch, Nueva York, 1998.
5. De acuerdo con la organización humanitaria citada, las Farc exhiben su respeto al derecho humanitario cuando consideran que existe un beneficio político, "sin embargo, en decenas de otros casos (..) lo violan flagrantemente" Human Rights Watch. op.cit, pag 5. El ELN, a pesar de reclamar la humanización del conflicto, "cuestiona enérgicamente los conceptos del derecho internacional humanitario, a veces para justificar tácticas Que constituyen claras violaciones y en la práctica demuestran un desdén claro cor esta normas" Human Rignts Watch, op cit. pág. 5 El mas dramático ejemplo es la masacre de Machuca en la zona minera del nordeste del departamento de Antioquia, en donde un atentado con tra un oleoducto provocó un incendio que dejó 72 muertos. Sobre el comportamiento de los grupos guerrilleros ver el documento citado de Human Rights Watch y también el Informe de Derechos Humanos de 1998.
6. Informes de organismos internacionales, como Human Rights Watch, y nacionales, como la Defensoría del Pueblo, hacen referencia a casos que comprometen a miembros de la Fuerza Pública Ver el documento citado de Human Rights Watch, pag 47, y Derechos Humanos para vivir en paz, quinto Informe anual al Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, 1998.
7. Un caso reciente ocurrió en Bogotá en donde el Ministerio del Interior le niega a una familia proveniente de la zona limítrofe del Valle del Cauca y Chocó la condición de desplazados que ellos reclaman porque decidieron huir luego de una masacre en la que murieron tres personas, en hechos ocurridos en una vivienda vecina y que tuvieron que presenciar con todas las escenas de violencia y terror que provocaron los victímanos En el porcentaje de familias que huyen corriendo se encuentran también casos de amenazas colectivas contra una población, aparición de avisos en las paredes u hojas volantes y anuncios públicos de atacar poblaciones como los que recientemente hijo un jefe guerrillero por los medios de comunicación .
8. Nora Segura, Desplazamiento en Colombia: perspectivas de género, en Revista Foro Nº34, Bogotá, Junio de 1998