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Capítulo XX
Alerta Temprana
Segundo Informe
Los civiles no combatientes siguen siendo las principales víctimas de una confrontación armada caracterizada por acciones militares que violan los derechos humanos o infringen el derecho internacional humanitario afectando directa o indirectamente a la población.
Son cada vez más los colombianos obligados a huir de las zonas de conflicto en busca de seguridad, aun a costa del deterioro de su calidad de vida, del rompimiento de su entorno socioespacial y del desarraigo que provoca su desplazamiento forzado.
Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdes), durante el trimestre comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 1998 se produjo en Colombia el desplazamiento forzado de una población estimada en 93.072 personas, de las cuales alrededor de 29.148 fueron protagonistas de éxodos en masa, en tanto que gran parte de la población restante se desplazó en forma individual y familiar y sin mayores niveles de organización.
De este número aproximado de desplazados, se estima que retornaron a sus lugares de origen alrededor de 15.200 personas tras negociaciones con el gobierno nacional y, en algunos casos, con gobiernos regionales y locales. Sin embargo, hay preocupación por la ausencia de garantías reales de seguridad y protección en algunas zonas en donde persiste la confrontación, como en el sur del departamento de Bolívar.
Teniendo como referencia el informe del primer semestre de 1998 del Sisdes, se advierte que entre enero y septiembre de 1998 la población desplazada se calcula en 241.272 personas que integran aproximadamente 48.244 hogares, cuyo componente mayoritario corresponde a menores de 19 años (156.826).
Las principales zonas de llegada en el trimestre señalado corresponden a los departamentos de Antioquia, Santander, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Sucre y Chocó, departamento que registra la mayor concentración masiva de desplazados, en tanto que Bogotá y su área metropolitana, Cartagena, Medellín y Cali, presentan altos índices de desplazamiento individual y familiar.
Los hechos más significativos de los últimos tres meses fueron, de un lado, la ofensiva de la guerrilla de las Farc a comienzos de agosto que dejó un saldo de más de 100 muertos (entre los que se cuentan 57 soldados, 29 policías y 9 civiles), 74 heridos, 141 militares y policías retenidos, centenares de desplazados y millonarias pérdidas económicas y, de otro lado, la ofensiva de las Autodefensas en el sur de Bolívar que generó el éxodo de más de diez mil personas hacia el puerto petrolero de Barrancabermeja, en medio de una campaña de muerte y terror.
Este número de Codhes Informa con tiene información sobre el desplazamiento en el tercer trimestre del año, en lo que constituye un primer esfuerzo por realizar esta aproximación cuantitativa trimestral, ante la dinámica de migraciones forzadas que impone el conflicto armado en Colombia.
Codhes Informa reitera el agradecimiento a los desplazados y a sus organizaciones, a las jurisdicciones de la Iglesia Católica y las comunidades religiosas, a la Defensoría del Pueblo, a las personerías municipales y distritales, a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, a las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados por la colaboración y confianza en este esfuerzo humanitario de identificar y divulgar el problema del desplazamiento forzado como una contribución a la búsqueda de soluciones efectivas a este drama humano.
Algunas de las regiones afectadas
Las zonas de expulsión se caracterizan por un incremento significativo de las acciones armadas en medio de la confrontación que sugiere la disputa de territorios. Así, regiones como el sur del país (Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo), nuevamente el Urabá (Choco, Antíoquia y Córdoba), el sur de Bolívar, Cesar y Santander, son escenario de una fuerte disputa entre paramilitares y guerrilla por el control político y territorial. Las denuncias de los campesinos indican que los grupos paramilitares intentan asumir el control mediante las masacres, asesinatos y actos de intimidación y terror contra la población civil indefensa.
Estas acciones armadas se registran en medio de la impasibilidad y precariedad del Estado, algunos de cuyos agentes armados son señalados como responsables de hechos violatorios de derechos humanos o de permitir la incursión y los actos violentos de los grupos paramilitares.
Tabla 1. Población desplazada 1985 - 1998 1985 / 1994 650.000 1995 89.000 1996 181.000 1997 257.000 Enero / septiembre 1998 241.000 Fuente: Codhes-Sisdhes Antíoquia
Continúa siendo el departamento que más expulsa población como consecuencia del conflicto armado. Además de la zona de Urabá que ha generado los mayores éxodos de población en los últimos cinco años, el desplazamiento proviene de regiones en donde se amplía o agudiza la violencia contra la población civil, especial mente por la presencia de grupos paramilitares, como la zona cafetera del sur occidente, el oriente y suroeste de Antíoquia, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio antíoqueño y la zona de influencia del área metropolitana de Medellín. En los tres meses comprendidos entre julio y septiembre sé registraron éxodos campesinos desde las zonas rurales hacia las cabeceras municipales de municipios como Concordia, Granada, San Luis, Salgar, Urrao, Anorí, Sabanalarga, Remedios, Abriaquí, Dabeiba, Mutatá. Medellín continúa recibiendo la mayor parte de las familias desplazadas en el departamento de Antioquia.
Bolívar
La disputa territorial entre las guerrillas del ELN y las Farc y los paramilitares ha convertido la región del sur del departamento en escenario de éxodos masivos hacia cabeceras municipales y ciudades como Barrancabermeja (Santander), Yondó (Antioquia) y San Pablo (Bolívar), como única opción para salvar sus vidas y como medio de protesta y de presión a las autoridades regionales y nacionales para que cumplan con su deber constitucional de proteger sus derechos fundamentales. La principal exigencia de los labriegos desplazados se refirió a la impunidad ante la ola de masacres, asesinatos selectivos, hostigamientos, presiones y amenazas, por parte de los grupos paramilitares.
El éxodo de aproximadamente diez mil campesinos del sur de Bolívar (Simití, San Pablo, Santa Rosa, Tiquisio) se concentró en el puerto petrolero de Barrancabermeja y duró tres meses que culminaron con la firma de un acuerdo que incluye garantías para el retorno y acciones del estado contra los grupos paramilitares en la zona.
Chocó
Sigue reportando un preocupante índice de expulsión, principalmente la región comprendida entre Riosucio, Carmen del Atrato y Quibdó. Para citar un solo caso, el 7 de agosto 147 familias (981 personas) abandonaron los corregimientos de Vigía de Curvaradó y Salaquí ante el rumor de un ataque del frente 57 de las Farc (1). Los enfrentamientos entre Ejército y guerrilla, así como la presión paramilitar, también están generando un permanente desplazamiento individual y familiar que, en algunos casos, se detecta en los sitios de llegada. Un informe de la Arquidiócesis de Cali, advierte que "las últimas oleadas de desarraigados que se han asentado en los municipios vecinos de Cali, así como en Buenaventura, proceden de Salaquí, Bagado y Truandó" (2)
Ante la persistencia y agudización del conflicto, cuya principal consecuencia es el hacinamiento de miles de desplazados en QUIBDÓ, las comunidades negras e indígenas y las autoridades departamentales han propuesto convertir la región en territorio de paz. (3)
Meta
El anuncio de despeje de cuatro municipios en el departamento del Meta para el inicio de conversaciones de paz con las Farc, ha generado un reacomodamiento de los actores armados y un estado de tensión por las implicaciones de este proceso.
Los mensajes contradictorios de las Autodefensas de atacar las zonas de despeje y de respetar las zonas de despeje han creado más confusión (4). De hecho se han registrado acciones de grupos paramilitares en zonas adyacentes o de influencia de tres de los municipios del despeje: Mesetas, Vista Hermosa y Uribe.
La región del Ariari, y en especial, los municipios de Granada, El Castillo, Dorado, San Juan de Arama y Lejanías reclaman con urgencia acciones humanitarias de protección de la población civil.
Se calcula que aproximadamente 400 hogares integrados por alrededor de 2000 personas han salido de los municipios del despeje en el departamento del Meta, mientras se registran casos de retorno de habitantes de municipios como Vista Hermosa, Mesetas y Uribe, desplazados alfinalizar los años 80, que retornaron a la zona en las últimas semanas.
Córdoba
Existe preocupación en la región por la reaparición de grupos guerrilleros de las Farc en la zona del Alto Sinú. Al parecer hay un intento de la guerrilla de recuperar el territorio arrebatado desde finales de la década de los 80 por los grupos que hoy se reclaman como Autodefensas de Córdoba y Urabá.
Estos ciclos repetitivos de violencia, que responden a estrategias de dominación y hegemonía de uno u otro grupo armado irregular, afectan principalmente a la población civil que se convierte en objetivo de guerra y que es obligada a aceptar las decisiones de quien se impone por la fuerza o a salir del territorio en disputa.
Esto explica el éxodo de campesinos del Nudo de Paramillo hacia los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, donde permanecen en medio de la indiferencia y en una precaria situación.
Córdoba advierte un incremento del número de desplazados y una expansión del problema hacia Montería y algunos municipios de la zona costera.
Risaralda
Otros departamentos empiezan a mostrar signos preocupantes de desplazamiento forzado. Tal es el caso de Risaralda, donde se registró un éxodo de 500 personas de comunidades negras e indígenas quienes huyeron de las veredas Santa Cecilia y Dagüita hacia la cabecera municipal de Pueblo Rico, por amenazas de grupos paramilitares que siguen ampliando su radio de acción desde el Chocó hacia el eje cafetero. La presencia de frentes guerrilleros y la precariedad del Estado pueden generar situaciones de violencia y desplazamiento más fuertes sino se asumen mecanismos de prevención en la zona.
Huila y Tolima
La presión migratoria por el conflicto también tiene manifestaciones preocupantes en los departamentos de Huila y Tolima que reciben población de los departamentos del sur del país, especialmente como consecuencia de abusos de la guerrilla, según denuncias de los propios desplazados que provienen de Algeciras,Guadalupe, Motilón, Colombia, Baraya,Gigante y Gaitania.
También se presentaron casos de desplazamiento provenientes de Iquira y Campo Alegre por acción de presuntos grupos paramilitares. Un municipio relevante de llegada de desplazados, especialmente del Putumayo, es Pitalito, en donde las autoridades reportan la presencia de 85 familias.
El departamento del Tolima es epicentro de cinco reasentamientos de desplazados de otras regiones del país (Ibagué, Roncesvalles, Icononzo, Guayabal y El Salado) y existe preocupación por eventuales migraciones forzadas como consecuencia de la acción paramilitar en el municipio de Río Blanco en el sur del Tolima.
Putumayo y Nariño
Una vez más en el Putumayo confluyen grupos guerrilleros y paramilitares que intentan un control de esta zona de frontera. Las acciones se concentran en los municipios del Bajo Putumayo y la situación más difícil se vive en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz y La Dorada San Miguel.
En Nariño, una activa presencia de la guerrilla, la amenaza de posibles incursiones paramilitares y la cercanía con Putumayo, ofrecen características especiales para la expansión del conflicto armado.
Los acontecimientos de comienzos de año en Putumayo provocaron el desplazamiento de por los menos 200 familias hacia Pasto y otros municipios de Nariño, que hasta ahora ha sido una opción migratoria frente a la violencia en el medio y bajo Putumayo.
Norte de Santander
Las regiones de mayor conflictividad son las provincias del Catatumbo y Ocaña. En el Catatumbo, además del desplazamiento causado por los actores armados colombianos, se registran casos atribuidos a la Guardia Nacional de Venezuela que de manera periódica arremete contra las comunidades en ambos lados de la frontera presionando su desplazamiento, argumentando que son ilegales en territorio venezolano y que sirven de redes de apoyo a la insurgencia. Las autoridades venezolanas indican que en la actualidad se encuentran secuestrados por grupos guerrilleros 35 ciudadanos venezolanos.
En la Provincia de Ocaña se mantiene una fuerte disputa entre insurgencia y grupos paramilitares que han generado un pro ceso de desplazamiento hacia la ciudad de Cúcuta y otras regiones del país. Según las autoridades locales de Norte de Santander, Cúcuta es la ciudad más afectada por el desplazamiento, con el agravante de un posible incremento como con secuencia de la ofensiva paramilitar en el sur del Cesar y la activa presencia de la guerrilla en el departamento (12 frentes) y en el vecino departamento de Arauca.
Más víctimas por la degradación del conflicto
Informe de alerta temprana sobre desplazamiento y derechos humanos
Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdes Alerta Temprana), por los menos 55.800 colombianos, en su mayoría mujeres, niños y niñas de zonas rurales, enfrentan la posibilidad de ser desplazados en los próximos meses como consecuencia de amenazas proferidas por los actores armados en 84 municipios correspondientes a 16 departamentos del país en donde se impone el terror y la muerte.
Cuadro 1. Población despplazada en Colombia julio/septiembre 98 Departamento Hogares Personas Antioquia 3451 17.259
Arauca 120 600 Atlántico 220 1100 Bolívar 2850 14250 Boyacá 128 640 Caldas 72 360 Cauca 130 650 Caqueta 84 420 Casanare 63 315 Cesar 216 1080 Córdoba 1640 8200 Cundinamarca 3128 15643 Chocó 556 2780 Guajira 38 190 Guavaire 75 375 Huila 52 260 Magdalena 610 3050 Meta 370 1850 Nariño 70 350 N. de Santander 394 1970 Putumayo 110 550 Quindio 37 185 Risaralda 58 290 Santander 3070 15350 Sucre 320 1630 Tolima 120 600 Valle del Cauca 25 3125 Totales 18.607 93.072 Esta advertencia tiene relación con las dinámicas que asume el conflicto armado interno y su incidencia en la migración forzada de miles de ciudadanos desplazados, que representa una expresión dramática de la crisis humanitaria y de derechos humanos que persiste en Colombia.
La confluencia, en algunas zonas estratégicas del país, de grupos guerrilleros, grupos paramilitares y Fuerza Pública ha generado una confrontación que, lejos de dirimirse entre los contendientes armados, intenta resolverse con la población civil como trofeo de guerra.
El copamiento territorial para imponer ideas y comportamientos, y/o la apropiación violenta de la tierra con fines de acumulación y expansión de la frontera agrícola o por la valorización que generan posibles proyectos macroeconómicos y de infraestructura, motivan en muchos casos el uso de la violencia como instrumento y el desplazamiento como objetivo. El anuncio de despeje de cinco municipios del sur del país para iniciar con versaciones con las Farc y el comienzo de negociaciones de paz con el ELN han tensionado el conflicto y, en consecuencia, tienden a agudizarlo. En estas circunstancias se perfilan zonas que por sus características presentan un alto grado de conflictividad y resumen diversos intereses de los actores armados:
- Sur de Bolívar
- Magdalena Medio
- Montes de María (Bolívar y Sucre)
- Sierra Nevada de Santa Marta, Serra nía del Perijá y Sur de la Guajira
- Córdoba, Urabá, Chocó y Eje Cafetero
- Arauca y Casanare
- Cundinamarca
- Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá y Putumayo
- Bogotá, Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Medellín
La estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia se dirige a penetrar las zonas de influencia de las Farc en el centro y sur del país, a disputar con el ELN la Serranía de San Lucas, a hacer presencia en Arauca y consolidarse en Casanare, a dominar la zona bananera del Magdalena e incursionar en la Serranía de Perijá, a mantener su control en los Montes de María y avanzar hacia la zona de la Mojana, en límites con Bolívar, y a golpear los puntos de apoyo de la insurgencia en algunas ciudades del país (5).
Hay advertencias sobre el interés de las Farc de iniciar un proceso de recuperación de territorio en Córdoba por el norte de Urabá y por Chocó y Antioquia, para recuperar el control de esta zona estratégica (6). Con las Asociaciones Convivir han proliferado organizaciones de justicia privada en algunas zonas del país que acu den a la violencia para imponer sus intereses económicos y políticos. En todos los casos, la acción armada se dirige casi siempre contra la población local que es sometida a la presión de uno u otro grupo y que termina desplazándose como única opción de sobrevivencia.
La exigencia del país expresada en el Mandato Ciudadano por la Vida, la Paz y la Libertad es que todos los actores armados respeten a la población civil y no continúen la práctica del desplazamiento forzado que viola los derechos humanos e infringe el derecho humanitario. Esa exigencia sigue siendo válida.
Este segundo informe del Sistema de Alerta Temprana de Codhes, que cuenta con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, se refiere a estos casos, presenta una síntesis de información gráfica y georeferenciada sobre las tendencias que impone la dinámica de la expansión del conflicto y advierte sobre posibles casos de violencia que pueden generar más desplazamiento, más marginalidad y más pobreza en el país (ver mapas y gráficos). Es una información descriptiva que se elabora a partir de las visitas en terreno, la consulta sistematizada de información periodística y la compilación de datos de diferentes actores sociales en las zonas de conflicto.
Seguimiento al informe de Alerta Temprana de mayo de 1998
El informe de Alerta Temprana de mayo de 1998 incluyó 49 municipios de 14 departamentos del país, en los que se ad vertían situaciones de riesgo de desplaza miento de población por razones de violencia que podrían afectar alrededor de 36.000 personas.
Finalmente se registraron casos de desplazamiento masivo, familiar e individual en 18 municipios (36.7% del total declarado en alerta), que afectaron una población aproximada de 28.331 personas (78.2% del total de población declarada en riesgo).
El seguimiento a esta información permite indicar que, entre los meses de junio y octubre, se registraron alrededor de 19 éxodos en el territorio nacional que com prometieron una población aproximada de 29.148 personas. En 9 municipios más se presentaron casos de desplazamiento individual y familiar como consecuencia de acciones armadas, asesinatos selectivos, intimidación y amenaza.
En regiones como el sur de Bolívar, el éxodo involucró desplazados no sólo de San Pablo, Simití y Santa Rosa (incluidos en el primer informe de Alerta Temprana), sino también de Montecristo y Tiquisio.
En el caso de Antioquia, el primer informe de Alerta se limitó a los municipios de Mutatá y Murindó; sin embargo, se registraron éxodos y desplazamientos forzados en por los menos 15 municipios, según el sistema de Monitoreo del Sisdes.
En los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca), si bien se presentaban situaciones de riesgo, hubo una reacción civil que se convirtió en acción humanitaria de apoyo a la población civil, liderada por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y grupos de estudiantes.
Cuadro 2. Exodos en masa de junio a octubre de 1998 Lugar Número desplazados Fecha Granada (Antioquia) 1671 agosto Ríosucio (Chocó)* 981 agosto Usme (Bogotá) 400 julio Puerto Gaitán (Meta)* 500 julio Landázuri (Santander) 100 julio Remedios (Antioquia) 98 julio Sur de Bolívar (Simití, San Pablo)* 10000 julio-agosto-septiembre Tierralta (Córdoba), región Nudo de Paramillo * 6450 julio-agosto-septiembre Yondó (Antioquia) 750 junio Murindó (Antioquia)* 1000 junio Carmen de Atrato 283 junio Paravandó(Mutatal)* 900 junio El Castillo (Meta)* 4000 junio Abriaqui (Antioquia) 80 octubre Puerto Rico 565 octubre San Luis 265 septiembre Salgar (Antioquia) 200 septiembre Anorí (Antioquia) 455 septiembre Santa Rosa (Bolivar)* 450 septiembre Total 29.148 . (*)Municipios incluidos en el informe de Alerta Temprana de mayo de 1998. Sisdes (Monitoreo)
Notas:1. El Colombiano, septiembre 23 de 1998, pág. 7B
2. El Colombiano, agosto 5 de 1998, pág. 1 D.
3. El Espectador, octubre 12 de 1998, pág. 13A
4. Mientras Carlos Castaño anuncia que respetará la zona de distensión "mientras la guerrilla no dilate los diálogos para crear allí una república independiente y no guarde secuestrados, ni exporte cocaína'. (Cromos, octubre 19 de 1998), el jefe paramilitar Ramón Isaza anunció públicamente la intención de sabotear el despeje de cinco municipio (Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena y San Vicente del Caguán) "si no se les da a esa organización (autodefensas) el tratamiento político que se le da a la subversión". El Espectador, octubre 5 de 1998, pág 9ª.
5. En reiteradas ocasiones el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia Carlos Castaño ha anunciado públicamente su estrategia de expansión de su proyecto hacia diversas zonas del país, previendo que habrá mas mapiripanes, refiriéndose a la masacre ocurrida en este municipio del Meta el 4 de abril con saldo de 22 muertos. Ver diario El Tiempo junio28 de 1998, página 8a, Revista Semana, agosto 17 v septiembre 28 de 1998, Revista Cromos octubre 19 de 1998, Diario la Libertad del 18 de agosto de 1998, página 6a.
6. Con el titulo de Las Farc a la conquista de Urabá, presenta un amplio informe sobre la estrategia de este grupo guerrillero en esta zona del norte del país. El País, 18 de octubre de 1998, página 13 A.
Zonas de Riesgo Alerta Temprana
Octubre 1998
