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Capítulo XIII
Desplazados 1997
Éxodos, miedo y pobreza
En promedio de 6 hogares fueron desplazados cada hora durante 1997, en desarrollo de una estrategia político-militar ligada, en algunos casos, a fuertes intereses económicos y que se sustenta en el terror y la violencia indiscriminada contra la población civil ajena a la confrontación armada.
Aproximadamente 159 familias diariamente emigraron contra su voluntad durante 1997. Lo que constituye un dramático crecimiento de las cifras de desplazados en medio de la crítica situación de derechos humanos y derecho humanitario en el país.
Más de 4 mil hogares, cada mes del pasado año, tuvieron que abandonar sus viviendas, trabajo y entorno sociocultural para acomodarse en los reducidos espacios de la pobreza y la marginalidad urbana.
Alrededor de 257 mil personas huyeron durante 1997 para salvaguardar sus vidas, ante la incapacidad del Estado para garantizar sus derechos fundamentales y la consiguiente agudización y expansión del conflicto armado interno. Cerca de 57 mil hogares en situación de desplazamiento, que se suman al millón de colombianos que viven o han vivido una situación similar desde 1985.
Tabla 1. Desplazados por violencia en Colombia 1985- 1997 1985-1994 650.000 1995 89.000 1996 181.000 1997 257.000 Fuente: Conferencia Episcopal-Codhes
Tabla 2. Formas de desplazamiento forzado 1997 Éxodo 28% Individual/familiar 72% Tal es el panorama del desplazamiento forzado durante 1997, que se ubica a este respecto como el año más crítico entre los últimos trece en Colombia. Así se desprende del estudio realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), con el concurso de diversas jurisdicciones eclesiásticas del país, comunidades religiosas, entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de desplazados.
La principal característica del desplazamiento forzado durante 1997 fue la irrupción de éxodos en masa que responden a las acciones de tierra arrasada de los actores armados, en especial grupos paramilitares, que siguieron su estrategia de matar "guerrilleros fuera de combate que son guerrilleros vestidos de civil". (Esta guerra no da más, entrevista con Carlos Castaño. Revista Cambio 16, No. 235, diciembre 15 de 1997).
Los éxodos en masa representan el 28% del total de los desplazados en Colombia durante 1997. Es decir, alrededor de 70 mil colombianos que huyeron masivamente dejando caseríos, veredas y pueblos abandonados porque así los decidieron los actores armados que se disputan territorios en una política de sangre y fuego en la que también tienen incidencia los grupos guerrilleros y la Fuerza Pública.
En este contexto se produjo el refugio de hecho de un número considerable de colombianos provenientes del Urabá chocoano en el vecino país de Panamá, en otra manifestación de la agudización de un conflicto que empieza a desbordar las fronteras nacionales. (Ver Codhes Informa No 10).
Sin embargo, la gran mayoría de los desplazados por la confrontación armada y la violencia siguen siendo aquellos que huyen individual y/o familiarmente en un proceso de desarraigo disperso y silencioso que se asienta en ciudades grandes y medianas en precarias condiciones sociales y económicas y en medio de la desprotección y el abandono.
Son hombres y mujeres provenientes del campo o de pequeñas poblaciones rurales que huyen de las amenazas de los paramilitares, la guerrilla o la Fuerza Pública o del miedo que provocan sus acciones de muerte y destrucción. También persiste el desplazamiento individual y familiar de quienes huyen por la acción violenta de grupos privados de seguridad en el marco del conflicto por la tierra, de las Asociaciones de Seguridad conocidas legalmente como CONVIVIR y de otras expresiones de violencia rural y urbana, individual y colectiva que hacen parte de la preocupante generalización y cotidianidad de la violencia en el país.
Esta modalidad de desplazamiento individual y familiar también se explica ante las manifestaciones de intolerancia, discriminación y persecución contra los desplazados por parte de algunas autoridades territoriales, a quienes la Corte Constitucional ordenó abstenerse de "restringir la libre circulación de las personas desplazadas por la violencia y para que les presten un trato decoroso y acorde con la dignidad humana" (Ver la sentencia T-227/97 de la Corte Constitucional en Codhes Informa Nš 12). También hay sectores de opinión que insisten en relacionar el incremento de los Índices de inseguridad y delincuencia de algunas ciudades con el incremento del desplazamiento forzado (El Heraldo de Barranquilla, marzo de 1997).
Son acciones y opiniones que intentan justificar un tratamiento de orden público y seguridad a un problema esencial mente humanitario que requiere de un gran esfuerzo en los niveles de atención y protección, como bien lo plantea la mencionada sentencia de la Corte Constitucional:
"Cuando mujeres, niños y ancianos se ve precisados a dejar sus hogares y recorrer distancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, como le ha ocurrido a los colonos de la Hacienda de Bellacruz, la explicable huida no es un problema de orden público propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado".
La evidencia del desplazamiento forzado, la presión internacional y la decisión política del Gobierno y el Congreso, que permitió un reconocimiento del problema y de la responsabilidad estatal, confluyeron en un esfuerzo para generar unas políticas públicas para hacer frente a este problema de derechos humanos, cuya persistencia empieza a provocar múltiples problemas sociales en las ciudades y poblaciones que ven crecer dramáticamente su población, en algunos casos, a causa del asentamiento de familias desplazadas.
Justamente durante 1997 se aprobó una ley de origen parlamentario (la ley 387 de junio de 1997) "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; atención, protección, consolidación v estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia", que reconoce desde el Estado el problema sociodemográfico y de derechos humanos del desplazamiento e intenta una normatividad y una institucionalidad para hacer frente a esta problemática.
Esta ley representa también la continuidad de las políticas consignadas en el documento 2804 del Consejo de Política Económica y Social (Conpes), de septiembre de 1995, y de su reciente actualización mediante el documento 2924 de mayo de 1997.
La ley no se ha reglamentado y su desarrollo aún no es claro, sobre todo si se tiene en cuenta que existen diversos y complejos niveles institucionales de atención del problema, algunos no exentos de protagonismos innecesarios. El despacho de la primera dama (que no existe institucionalmente), la Consejería Presidencial para los Desplazados, la Unidad Administrativa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y su Oficina de Atención a Desplazados, la Red de Solidaridad Social y algunas instituciones nacionales descentralizadas intentan, desde dinámicas y concepciones distintas, desarrollar un Plan de Acción cuya principal característica es la ausencia de concertación y la imposición de criterios gubernamentales frente a otras opiniones.
Si bien es cierto existe una política diseñada para el desplazamiento, también lo es que su ejecución es descoordinada y sus resultados altamente precarios frente a los graves sucesos de desplazamiento registrados al año pasado. Como se señaló en la carta que los voceros del Mandato por la Paz enviaron al Presidente de la República sobre este tema, en noviembre de 1997, "el gobierno nacional debe ejecutar de manera coherente y eficaz las políticas de atención a los desplazados por la violencia en Colombia."
Y un aspecto final en este apretado resumen tiene relación con la propuesta gubernamental de retorno y reubicación (el gobierno no considera la permanencia como una opción de los desplazados), que se convirtió en el eje central de la atención humanitaria y, en algunos casos, en la condición para la ayuda humanitaria: los procesos de retorno y reasentamiento en la Costa Atlántica, y más recientemente en Urabá, se realizan en el marco de esta política, pero se sostienen por la intervención de la Iglesia Católica y de organizaciones no gubernamentales, ante el incumplimiento del gobierno de los acuerdos firmados con las comunidades.
Persisten, en todo caso, dudas sobre las reales condiciones de seguridad que el gobierno está en capacidad de garantizar y se requieren esfuerzos por lograr acuerdos humanitarios entre los actores armados, en tanto que los retornos y reasentamientos se adelanten en medio de la confrontación.
Es este un panorama que advierte sobre la gravedad de la crisis del desplazamiento forzado, que puede tener connotaciones de pesimismo si tenemos en cuenta que la dinámica del conflicto prevé más confrontación, más degradación, más violaciones a los derechos humanos, más infracciones al derecho humanitario, y la continuidad de la estrategia del miedo y el terror para repoblar veredas y caseríos o, sencillamente, para desocuparlos y dar paso a importantes proyectos económicos. Es decir, más guerra y más desplazados en un circulo vicioso que afecta a los más pobres, a los más vulnerables, a la población civil ajena a un conflicto que no le pertenece, que no la beneficia y que tiende a prolongarse, ante la ausencia de una voluntad real de paz por parte de sus protagonistas y la inexistencia de espacios de confianza para el inicio de diálogos.
Mientras la guerrilla siga atentando contra la población civil y cuestionando la legitimidad del gobierno, mientras el gobierno siga insistiendo en iniciar a toda costa un proceso de diálogo sin interlocutores, mientras los militares sigan siendo objeto de duros reveses, o sigan cometiendo graves errores que cuestan vidas humanas, y mientras los paramilitares sigan su ofensiva contra quienes consideran guerrilleros o potenciales guerrilleros, la guerra interna seguirá su curso en niveles cada vez más críticos.
La paz, como escenario de prevención del desplazamiento, exige hoy del concurso de la sociedad civil, la comunidad internacional, la voluntad política de los grupos armados y un nuevo gobierno legitimo y con capacidad para iniciar un proceso serio de diálogo y negociación.
Desplazados 1997
Municipios de expulsión 1997
Municipios de llegada 1997
