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Capítulo III
Desplazamiento Rural. Violencia y Pobreza
Cada tres horas son obligadas a huir cuatro familias con vinculo rural de su lugar de vivienda y trabajo, por acción o decisión de diversos actores armados y en desarrollo de múltiples estrategias políticas, económicas y sociales. Se estima que entre 1985 y 1994 fueron desplazados 58.854 familias con vínculos rurales (Conferencia Episcopal.Codhes). Esta alarmante cifra, muestra un fenómeno que se acrecienta en la medida en que persisten los fenómenos de la violencia crónica que se resiste a desaparecer en Colombia.
Este Boletín es un resumen de un estudio de Codhes sobre el tema realizado por Flor Edilma Osorio y Fabio Lozano, por solicitud de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y financiado por la embajada de Holanda. Como resumen pretende realizar un análisis socioeconómico, cuantitativo y cualitativo, de la problemática de la población rural más vulnerable del país, que se encuentra en situación de desplazamiento, con miras a ofrecer algunos elementos para la comprensión reciente y la intervención institucional pública y privada. Sus alcances y restricciones se limitan a un grupo particular, los pequeños productores y asalariados rurales, desplazados entre los meses de octubre 1994 a noviembre de 1995.
La investigación se desarrolló a partir de varias estrategias metodológicas. Por una parte, se buscó una aproximación de tipo cuantitativo a partir del Sistema de Información de Hogares Desplazados por la Violencia, Sisdes. De allí, se aislaron y caracterizaron los que denominamos Hogares con Vínculos Rurales (HVR), entendiendo por tales a quienes poseían, antes del desplazamiento, por lo menos, una de las tres características siguientes:
• Residencia en una vereda.
• Acceso a la tierra.
• Ocupación de por lo menos uno de los miembros del hogar en actividad agropecuaria como productor o asalariado.
Por otra parte, y en un nivel más cualitativo, se realizó trabajo de campo en tres zonas: Urabá, Magdalena Medio y Meta, aislando la información de los municipios implicados en estas zonas. Para el efecto se hicieron entrevistas con funcionarios de OGs, ONGs, organizaciones de desplazados y miembros de familias rurales en situaciones de desplazamiento.
El artículo se organiza en cuatro partes. En primer lugar, un contexto sobre el problema del desplazamiento en zonas rurales en el país. Una segunda parte, en la cual se caracteriza la población rural desplazada, fruto del estudio. El tercer acápite se refiere a la presencia institucional que atiende esta problemática. Finalmente, se plantean algunas recomendaciones para la atención de esta situación.
1. Contexto del desplazamiento rural en Colombia
El desplazamiento ha sido un motor de la historia del país, especie de eje vicioso de destrucción reconstrucción destrucción de relaciones económicas, políticas, técnicas, ecológicas y culturales de la sociedad colombiana. En este sentido, el desplazamiento de la población rural no es sólo el problema de un 2% de la población colombiana, generalmente, de origen campesino. Es un problema de todos.
La violencia y el desplazamiento son expresiones de dos tipos de conflictos que se complementan y entrecruzan, pero que es necesario distinguir, para una sana comprensión y formulación de alternativas: el conflicto por la tierra y el conflicto por el territorio.
El conflicto por tierras, se refiriere a la estructura concentradora de la tierra y a las relaciones competitivas por este recurso, que se manifiestan en antagonismos entre latifundio ganadero y/o empresa agroindustrial y el minifundio campesino. Se trata de competencias entre actores económicamente fuertes frente a otros más débiles, por un recurso escaso e importante no solamente para la explotación agropecuaria, sino también para la minera. Estos conflictos usualmente se concentran en espacios locales y tienen que ver con la propiedad y el control sobre la tierra.
Los conflictos por territorios se refieren al dominio y control del territorio como espacio estratégico de orden político y económico. Puede tratarse bien de fuerzas que quieren sacar de su paso a competidores que cuestionan su poder, como grupos de izquierda, o de fuerzas guerrilleras o paramilitares que se disputan el dominio territorial.
Estos conflictos se orientan hacia la población que ocupa una región, es decir, tiene un radio de impacto mayor. En estos casos, la tierra como parte importante del territorio tiene un papel que va más allá de su función productiva, pues funciona como espacio comercial, fuente de recursos naturales, área de paso, conexión, refugio, etc.
Tabla 1. Tenencia de la tierra antes del desplazamiento (Fuente:Codhes-Sisdes) Propietario 65% No responde 35% Otras 11% Colono 6% Aparcero 8% Arrendatario 7%
Tabla 2. Área de terreno a la que los HVR tenían acceso antes del desplazamiento (Fuente:Codhes.) Menos de 1 ha. 22.30% Entre 1 y 10 ha. 36.26% Entre 11 y 20 ha. 13.29% Entre 21 y 50 ha. 15.77% Entre 51 y 100 ha. 8.33% Más de 100 ha. 4.05% No responde 1.58% El total corresponde al 82.2% de los HVR que tenían acceso a la tierra antes del desplazamiento
Tabla 3. ¿ Qué pasó con la tierra? Abandonó 72% No responde 6% Arrendó 2% Otro 7% Vendió 13% Ahora bien, usualmente estos dos problemas se superponen y complementan y la diferenciación podría hacerse más por el mayor énfasis que alcanza uno de ellos en determinada región, que por la no presencia del otro. Por ejemplo, podemos decir que en Urabá hay un mayor énfasis del conflicto por el dominio territorial y en el Cesar, un mayor énfasis del conflicto de tierras.
La violencia juega un papel de comodín, entre causa y efecto, de la ambición y la búsqueda por concentrar los espacios productivos rurales, en medio de un proyecto modernizante que se apoya en la explotación de la tierra, o que exige el dominio territorial, y que se está construyendo a sangre y fuego. Hay una reconcentración de la propiedad de la tierra, acentuándose la polarización entre el neolatifundio y el mini y microfundio. Las mejores tierras y los espacios estratégicos se constituyen en objetivo prioritario de fuerzas violentas que, creando confusión y amparadas en la impunidad, propician la expulsión de los pobladores más vulnerables, y dejan así el campo abierto al desarrollo de sus intereses económicos y políticos. Vale la pena considerar que tanto la tierra como el territorio han ido adquiriendo distintas valoraciones que tienen que ver, entre otros, con los recursos naturales y su condición geo estratégica, que van más allá de la tradicional explotación agropecuaria.
Una de las consecuencias de la violencia y el desplazamiento es, entonces, la pérdida de la tierra por parte de las familias rurales. Sin embargo, su atención implica mucho más que la preocupación por dotar de tierra a las familias rurales desplazadas que quieren regresar al campo, problema que, por supuesto, debe ser atendido.
Una forma característica del ejercicio de la violencia rural es la selectividad con que actúa contra los puntos neurálgicos de las sociedades locales, que son los líderes y miembros de las organizaciones campesinas, cualquiera que sea su carácter. Ello ejerce un impacto enorme, amedrentando y desplazando las familias circundantes. Esta estrategia, además de los efectos económicos descritos, disuade los procesos de organización de las sociedad civil rural que, luego del desplazamiento, va a tener muy pocos deseos de constituirse en una fuer za organizativa para denunciar su situación y para gestionar colectivamente la solución de sus necesidades. Las experiencias traumáticas van llevando a relegar la participación política en sus diversas manifestaciones. Los procesos de la violencia rural se entretejen de manera muy sutil, pero muy fácil, con los conflictos deriva dos de las estructuras locales de poder.
Estos, a su vez, han ido sufriendo en mayor o menor medida los efectos de los procesos de descentralización. De esta manera, se articulan y encubren intereses locales, grupales y/o individuales, dentro de intereses regionales y aún nacionales.
Las limitaciones de las relaciones entre las instancias local-regional-nacional dentro de una descentralización en lento proceso de ajuste, impiden la oportunidad, eficiencia y autonomía para intervenir en los problemas de violencia, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Al dimensionar la crisis agropecuaria, manifestada con énfasis en la primera mitad de ésta década, es necesario resaltar que ella se debe, fundamentalmente, a la apertura económica y al modelo de desarrollo que se ha impuesto.
La violencia rural es también un factor influyente en dicha crisis, pero tiende a sobrestimarse desde lecturas que no dan cuenta de la complejidad de actores que la provocan y estimulan, ni de la diversidad de efectos y de grupos afectados. Así, es necesario valorar suficientemente el efecto de la crisis agropecuaria y de la violencia en los pobladores rurales más pobres, que como productores y asalariados, contribuyen a la consolidación del mercado interno de alimentos y de los productos del sector para el mercado inter nacional. Poner al descubierto el impacto en estas poblaciones, debido al desplaza miento, implica evidenciar y denunciar junto con las múltiples violaciones de los derechos humanos y la tragedia personal que ello significa, la ruptura intempestiva en procesos dinámicos políticos, sociales y productivos.
2) Características de la población rural desplazada
La población rural desplazada corresponde al 67.8% del total nacional. De acuerdo con las proyecciones realizadas, en los meses de septiembre del 94 a octubre del 95 fueron obligados a desplazarse 14.451 hogares con vínculos rurales, que corresponderían a 60.694 personas (cálculo sobre un promedio de 4.2 personas por hogar, Sisdes). De acuerdo con los datos de la Conferencia Episcopal y Codhes, es posible afirmar que entre 1985 y 1994 se registró el desplazamiento de aproximadamente 58.854 hogares con vínculos rurales (HVR).
A pesar de que actualmente Colombia es considerado un país mayoritariamente urbano, las dos terceras partes de los desplazados, tienen vínculos rurales. Sin embargo, de éstos, no todos residían en las veredas. Sólo el 53.5% de los desplazados encuestados a nivel nacional declaran tal procedencia. La procedencia rural o urbana, definida por veredas es un tanto relativa, pues del total de HVR registrados, un 14.3%, aunque habitara en cascos urbanos de municipios pequeños e intermedios, mantenía una ocupación agropecuaria.
Ocho de cada diez hogares con vínculos rurales accedían a la tierra, pero solo 65% en calidad de propietarios. Sus parcelas, dada su área, correspondían a micro y minifundios y ahora se encuentran, en la mayoría de los casos, abandonadas. An tes del desplazamiento trabajaban con es casos recursos y en condiciones difíciles, como la mayoría de los pobladores rurales del país, pero se autoabastecían y gozaban de relativa tranquilidad. Los pobladores rurales, en condiciones ya poco favorables desde antes del desplazamiento han sido sometidos por éste a un abrupto empobrecimiento.
La parcela y la vivienda, en la mayoría de los casos único patrimonio, ha pasado al abandono forzoso en dos tercios de los hogares con vínculos rurales (71.6%). Su venta sólo fue posible en un 12.8% de los casos, y su arrendamiento sólo en un 2.0%. Otras opciones frente a la tierra han sido cederla a otros familiares, devolverla a los dueños, cuando no son propietarios y cederla a amigos.
En síntesis, la población rural a la que nos estamos refiriendo, se caracterizaba antes de su desplazamiento por ser, en su mayoría, propietarios pobres y asalariados agrícolas, quienes aunque no poseían la tierra la trabajaban para otros, en distintas formas. Como bien prioritario dentro de la población rural, la tierra era ya un recurso escaso en estos hogares.
Ocho de cada diez hogares con vínculos rurales accedían a la tierra, pero solo 65% en calidad de propietarios. Sus parcelas, dada su área, correspondían a micro y minifundios y ahora se encuentran, en la mayoría de los casos, abandonadas. An tes del desplazamiento trabajaban con es casos recursos y en condiciones difíciles, como la mayoría de los pobladores rurales del país, pero se autoabastecían y gozaban de relativa tranquilidad. Los poblado res rurales, en condiciones ya poco favorables desde antes del desplazamiento han sido sometidos por éste a un abrupto empobrecimiento.
La parcela y la vivienda, en la mayoría de los casos único patrimonio, ha pasado al abandono forzoso en dos tercios de los hogares con vínculos rurales (71.6%). Su venta sólo fue posible en un 12.8% de los casos, y su arrendamiento sólo en un 2.0%. Otras opciones frente a la tierra han sido cederla a otros familiares, devolverla a los dueños, cuando no son propietarios y cederla a amigos.
En síntesis, la población rural a la que nos estamos refiriendo, se caracterizaba antes de su desplazamiento por ser, en su mayo ría, propietarios pobres y asalariados agrícolas, quienes aunque no poseían la tierra la trabajaban para otros, en distintas formas. Como bien prioritario dentro de la población rural, la tierra era ya un recurso escaso en estos hogares (Tablas No 1, 2, 3).
Según la edad, los hijos de los HVR encuestados se caracterizan así: un 15.9% corresponden a población menor de 5 años, en un 21.7% entre los 5 y 9 años, en un 20.1% entre los 10 y 14 años. Se tiene entonces que los hogares con vínculos rurales albergan en su seno un 57.6% de hijos menores, con gran dependencia para la satisfacción de sus necesidades básicas. Los hijos entre los 15 y 19 años corresponden a un 13.6%.
En cuanto al nivel educativo formal, del total de jefes de HVR desplazados, 21.1% reportan no tener ninguno, en tanto que el 64.4% han cursado la primaria de manera completa o incompleta; 13.2% recibieron educación secundaria total o parcial; solamente el 1.2% tienen estudios técnicos o superiores.
Para los demás miembros de los HVR, se registran los siguientes datos: un 38.4%, no tienen ningún nivel educativo formal, en un 48.7% tienen primaria y en un 12.0% alcanzaron estudios secundarios. La educación universitaria, técnica y no formal, solo la tiene el 1% de los otros miembros de la familia, distintos al jefe de hogar.
El desplazamiento produce efectos muy serios en la vida de los hogares y en cada uno de los miembros que la componen, atendiendo a sus especificidades de género y edad:
• La mujer debe constituirse en cabeza de hogar de manera forzada e ingresa obligatoriamente a las filas de la economía informal. Se registra un aumento sensible en la jefatura femenina del hogar que pasa al 26.6% (frente al 16.3% del estudio del Episcopado); algo más de la cuarta parte de los hogares con vínculo rural.
• Los hijos interrumpen bruscamente sus estudios y sólo una quinta parte puede continuar asistiendo a la escuela primaria.
• Los hombres, si sobreviven a la persecución, quedan privados de su tra bajo habitual y de las pocas seguridades con que contaban.
• Todos deben abandonar su parcela y vivienda, fruto de esfuerzos de muchos años y sitio donde era posible, aunque de manera precaria, la reproducción de la economía campesina.
• Los hogares se ven obligados a padecer un rápido proceso de desorganización-reorganización familiar, que con frecuencia provoca el traslado abrupto de responsabilidades y la pérdida de la satisfacción de sus mínimas necesidades. De ello son víctimas, especialmente, los niños y niñas. Además, en la búsqueda de la sobrevivencia física, las necesidades emocionales y los traumas psicosociales pasan a ser secundarios y muy poco atendidos.
Los jefes de HVR desplazados en el último año, reconocen que pertenecían en un 56.29% a diferentes organizaciones, an tes de su éxodo. La mayor frecuencia se sitúa en las organizaciones comunitarias, (15.74%), seguida por las organizaciones políticas (11.11%).
Corrientes y dinámica del desplazamiento
El desplazamiento es una realidad nacional y no solo un problema que se presenta en algunas zonas. Si bien la intensidad de desplazamiento en algunos departamentos es proporcionalmente alta, en los demás la cifra es muy significativa: suma dos estos últimos, pueden alcanzar cerca de la mitad de la población rural desplazada en el país.
El proceso de intensificación y concentración de la expulsión se agudizó en el último año. Antioquia y, particularmente Urabá, alcanzan a duplicar la intensidad encontrada antes del 94. Los dos departamentos de mayor salida, Antioquia y Santander, son, a la vez, muy importantes en el flujo de llegada. Ello refleja un desplazamiento intradepartamental significativo en estas dos zonas.
En comparación con el estudio del Episcopado, se registra una dinámica de los departamentos expulsores de población rural, que aumenta para el Cesar, Cauca y Sucre, y que disminuye ligeramente en intensidad para Cundinamarca, Valle, Magdalena, Huila, Boyacá y Casanare.
Para el último año, Atlántico, Córdoba, Valle y Boyacá, registran una alta proporción de llegada de hogares con vínculo rural, lo cual los convierte en zonas preferenciales de "albergue". Cundinamarca, que más exactamente corresponde a Bogotá, es un caso excepcional en intensidad de llegada, dado el carácter estratégico en cuanto a su dinámica económica y la posibilidad que ofrece la ciudad capital para poder lograr el anonimato.
Cuadro 1. Municipios que expulsan más hogares con vínculos rurales
Departamento Municipios Antioquia Necoclí, Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín Sucre Los Palmitos, Morroa Cesar Aguachica Boyacá Pjarito Santander Sabana de Torres, Simacota, San Vicente de Chucurí, Sta Elena del Opón Córdoba Valencia Meta El Castillo Casanare El Yopal Cauca Buenos Aires Cundinamarca La Palma Tolima Ortega En total 189 municipios correspondientes a 27 departamentos y un Estado de Venezuela Responsables y formas de desplazamiento
El desplazamiento es menos el efecto secundario de un enfrentamiento entre grupos armados, que la consecuencia directa de acciones de grupos armados contra la población civil. Por lo tanto, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario. El desplazamiento se da en medio de lo que se denomina la "guerra sucia", en la que los contrincantes poseedores de las armas, antes que enfrentarse entre sí, se dedican a amenazar, asesinar, torturar y perseguir a la población civil no combatiente. Identificar a estas fuerzas que hostigan y presionan a los pobladores rurales no es fácil, además que es parte de su estrategia para crear la confusión; se establecen alianzas que son oscilantes y que, por lo tanto, hacen más complejo el análisis.
El desplazamiento de los hogares con vínculos rurales durante el último año, muestra de manera individual a los paramilitares como la fuerza más hostigadora, con un 26.3%, seguida por la guerrilla con un 21.5% y las fuerzas armadas del Estado, con el 8.3%. Narcotraficantes, milicias y autodefensas, como grupos específicos, son poco señalados (por debajo del 1.3%).
Comparando estas tendencias con las registradas para los hogares rurales desplazados entre 1985 y 1994, se encuentra un descenso de la guerrilla, señalada en un 27.7%, y un aumento de las fuerzas paramilitares, señaladas en este período en un 16.1%.
Además, los encuestados señalan otros causantes: el temor y el miedo a la violencia y a sus estragos, en un 39.2%; actores no identificados, en un 29.7%; un 16.6% identifican a particulares reconocidos, como terratenientes y delincuentes. Por último, un 8.3% expresan que su desplazamiento tiene que ver con la incertidumbre económica (falta de fuentes de trabajo, pérdida de la cosecha, ausencia de servicios públicos). En menor proporción son señalados otros organismos del Estado que producen temor, en un 3.6%. Un 2.3% afirman que las amenazas provienen de la guardia venezolana.
Los hechos que provocaron el desplazamiento corresponden, para el último año, en un 40% a amenazas, las cuales conllevan un alto contenido de presión psicológica. Frente a los resultados provenientes del estudio del Episcopado, que mostraban en un 29.8% la presión de las amenazas, se registra un aumento sensible de este mecanismo, como motivo del éxodo rural. Los asesinatos constituyen el 9.3% de las causas y sumando a ellos los atentados, desapariciones y torturas se llega a un 16.1% de hechos graves viólatenos de los derechos humanos, con una marcada selectividad.
Ubicación y condiciones actuales
La llegada y ubicación en los nuevos sitios, en gran parte de los casos, se realiza sin contar con ayuda alguna. Así lo manifiesta el 42.4% de los hogares rurales consultados, proporción que se mantiene igual frente a lo indicado por los hogares rurales desplazados entre 1985 y 1994.
En cuanto a las fuentes de ayuda, la muestra indica que el 29.6% de los hogares que han contado con algún apoyo lo han recibido de familiares y amigos. La Iglesia, las organizaciones comunitarias, las ONGs y las organizaciones estatales, son mencionadas por los encuestados entre un 5% y un 6.5% cada una. El 31.2% de los hogares asegura haber recibido ayudas de dos o más organizaciones y personas de las ya mencionadas.
Con respecto a las ayudas recibidas, los encuestados respondieron que en un 53.1% de los casos fueron apoyados en dos o más servicios en materia de alimentación, vivienda, salud, educación, asistencia legal o apoyo moral.
Para cubrir una sola de las anteriores necesidades, se registra que se ha recibido apoyo para alimentación (13.3% de los casos), vivienda (12.0%), apoyo moral (8.4%) y otras ayudas (7.1%). La salud, la educación y la asistencia legal han sido menos satisfechas, de pronto por haber sido menos apremiantes.
Cuadro 2. Tipo de vivienda antes y después del desplazamiento para HVR Tipo de Vivienda Antes % Después % Casa 82.59 42.41 Cuarto 11.48 50.56 Carpa 2.41 2.96 Combinación de dos 0.19 0.19 No responde 3.33 3.70 Total 100 100.00 Fuente: Cálculo sobre Sisdes, Codhes, 1996 La situación de la vivienda, para los desplazados de los último 15 meses, es bastante difícil. Únicamente la mitad de las familias que antes del éxodo vivían en casa, continúan haciéndolo, mientras que el número de quienes viven un un cuarto alquilado, se quintuplicó. Ello muestra al incremento en el hacinamiento. La tenencia de la vivienda también se modificó sustancialmente: de 5 familias que antes del desplazamiento vivían en casa propia, ahora solo una habita en propiedad. El arrendamiento y la invasión se triplicaron.
En cuanto al acceso a los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado, se registran aumentos en la cobertura que alcanzan el 30%. Desde algunos indicadores de la medición de las necesidades básicas para determinar la pobreza, podría leerse al desplazamiento como un factor que propicia mejores condiciones de vida.
Efectivamente, dadas las condiciones de abandono rural y las características con que usualmente se atienden estas necesidades, que implica la existencia de una alta densidad poblacional, los desplazados ubicados en cascos urbanos gozan ahora de algunos servicios ya existentes allí.
Sin embargo, el acceso a tales servicios, no significa mayor cosa dentro del con junto de situaciones de los hogares desplazados: gran hacinamiento, pérdida de la propiedad sobre su vivienda, abandono forzoso del trabajo que les generaba sus ingresos y su subsistencia, drástica reducción en la escolaridad de los niños y bajo nivel de ingresos. Por el contrario, el proceso de pauperización que produce el desplazamiento es creciente, inmediato, en muchos casos irreversible, con efectos rápidos en los miembros del hogar más vulnerables, y con tendencia a empeorar.
Cuatro de cada 10 jefes de hogar no habían recibido ningún ingreso en el último mes, en el momento de la encuesta; y 2 de cada 10, recibieron únicamente el equivalente a medio salario mínimo (de 1995). Cerca de una cuarta parte de los hogares lograron entre medio y un salario mínimo y sólo un 12.23% de los jefes de HVR logró una suma superior al mínimo.
Como se puede apreciar en el Cuadro No 3, referido a la ocupación antes y después del desplazamiento, se disminuye de manera seria la posibilidad de explotación agropecuaria, que reportaba, además de algún ingreso por la venta de excedentes producidos, la posibilidad de la seguridad alimentaria familiar para cerca de la mi tad de los HVR. Por cada 12 hogares que antes del desplazamiento dependían de esta actividad, luego del éxodo solamente uno puede seguirlo haciendo.
Cuadro 3. Ocupación antes y después del desplazamiento (Fuente:Sisdes-Codhes 96) Ocupación antes % después % Ninguna 4.63 32.04 Asalariado agrícola 25.74 10.00 Productor agropecuario 47.04 3.89 Educador 2.04 1.67 Comerciante 2.22 9.26 Funcionario Público 1.11 1.30 Empleado 2.04 10.74 Vendedor ambulante 0.19 16.48 Servicios profesionales 0.19 0.00 Hogar 14.07 7.22 Empleado doméstico 0.74 6.67 Otros 0.00 0.74 Total 100 100 Los asalariados agrícolas pierden su espacio laboral en cerca de una tercera parte. Las mujeres rurales, que antes se dedicaban al hogar dentro de la economía campesina, ahora, muchas de ellas viudas y al frente de la familia, salen en la mitad de los casos a incorporarse en la economía informal, de lo cual da cuenta el incremento en empleo doméstico. La variación de la ocupación de los jefes de hogar es muy impactante, en ocupaciones como las ventas ambulantes que se multiplica por 87, y de los empleados (se refiere a oficios como celaduría, labores de aseo u otros que no necesariamente implican estabilidad laboral), que se quintuplica.
Es preocupante, además, la desocupación reinante, que aun cuando ya estaba presente en muchos jefes de hogar (no hay que olvidar las diversas crisis del sector agropecuario), ahora se ha aumentado en siete veces.
Otras ocupaciones como educador, comerciante, funcionario público y empleado, que ejercían jefes de hogar con vínculos rurales, y donde la explotación de la tierra significaba una actividad secundaria, se vieron también modificadas. Los comerciantes aumentaron cuatro veces y los funcionarios se mantuvieron estables.
Tendencias en las necesidades y expectativas
A diferencia de la población campesina desplazada entre 1985 y 1994, de la cual el 36% deseaba retornar a su lugar de expulsión, de los hogares con vínculos rurales desplazados en el último año, solamente el 18.3% desean hacerlo. Por el contrario, un 60.4% prefieren quedarse en el sitio actual de residencia. Irse para otro lugar es la opción deseada de un 18.0% de los casos. Un 3.3% no responde.
La necesidad de acceder a tierra como fuente de generación de ingresos, es manifestada por 21 de cada 100 hogares desplazados encuestados y por 30 de cada 100 hogares con vínculos. Pareciera que con el desplazamiento, la perspectiva de reincorporación a los vínculos rurales, se reduce seriamente, pues sólo 1 de cada tres hogares que antes tenían acceso a la tierra, considera que volver a ella ahora pudiera ser una alternativa económica.
Se calcula, entonces, que entre el 70 y 80% de la población desplazada del campo pierde de manera total y definitiva el vínculo rural por razón del desplazamiento. Cualquier decisión frente a su futuro, sin embargo, está mediada por la posibilidad real y oportuna que se les brinde para satisfacer sus necesidades más apremiantes, entre las que se destaca el trabajo, que les permitirá recobrar la autoestima y la autogestión.
Opciones como la microempresa y el trabajo asalariado se plantean en el 30.5% y el 33.0% respectivamente. Las expectativas de los desplazados no son iguales, por lo que las propuestas y alternativas deben contar con su participación y deben ser diversas.
Hay que recordar que las decisiones sobre el futuro dentro del grupo familiar están marcadas entre otras cosas, por el ciclo vital en que se encuentra la familia. Tienen que ver con la disponibilidad de mano de obra, con las nuevas circunstancias y oportunidades que encuentren no sólo los jefes del hogar, sino los otros miembros de familia. Estas oportunidades pueden, sin embargo, ser sobrevaloradas en virtud del espejismo que produce la ciudad.
No hay que olvidar, además, que el traumatismo recibido en el lugar de donde se desplazaron puede ser tan profundo, que se prefiera no regresar. En fin, asumir el reto de volver a empezar de menos cero en otro lugar, está sujeto a muchas situaciones y dinámicas, que no se pueden valorar suficientemente en un estudio de esta naturaleza, y que requieren una atención particular dentro de cada región, lo calidad y familia.
3. Presencia institucional
Más de la mitad de los hogares con vínculos rurales en situación de desplazamiento no han accedido a ayuda alguna. Sin embargo, su persistencia en la sobreviviencia y su empeño en la vida les ha llevado a buscar por su propio esfuerzo y de manera cotidiana, posibilidades de subsistencia. Los amigos, la familia y los paisanos parecen constituir las fuentes primarias e inmediatas de apoyo y ayuda. Otros han sido beneficiados por la solidaridad local, por las ONG's que poco a poco han ido asumiendo la atención del problema. Algunas entidades del Estado empiezan también a intervenir.
En las instituciones estatales se percibe amplia burocratización manifestada en respuestas tardías, en el marco de un proceso de neocentralización caracterizado por una restricción en la toma de decisiones a nivel local y una impotente espera de expediciones de decretos, autorizaciones y firmas de instancias superiores o centrales Se evidencia también la falta preparación de los funcionarios sobre el fenómeno del desplazamiento, las circunstancias y traumatismos de la población afectada y los canales y procedimientos para la búsqueda de posibles alternativas.
El trabajo de campo permitió observar, igualmente, cierta estigmatización de los desplazados por parte de funcionarios públicos locales, regionales y nacionales y, en algunos casos, de la población a donde llegan. En esto influye el temor a que se reproduzcan en las nuevas zonas las dinámicas de violencia.
En ciertas áreas se han dado algunos intentos de coordinación de las instituciones preocupadas por el fenómeno del desplazamiento forzado. En algunos casos se ha involucrando al Estado, pero éste no ha sido el líder convocante. Es necesario reconocer que las ONGs han mostrado mayor eficiencia y capacidad de respuesta y de atención a los desplazados que las instituciones gubernamentales.
Algunos lineamientos nacionales, como el documento Conpes sobre población desplazada por violencia y el Acuerdo del Incora para establecer un reglamento especial de dotación de tierras para los desplazados forofos o por la violencia, constituyen, ciertamente, avances en materia de reconocimiento y voluntad política para ofrecer atención particular y asignación de presupuestos y funciones. Así mismo, la determinación de una instancia específica en el Ministerio del Interior para responder por la atención estatal, puede constituirse en oportunidad para articular distintos esfuerzos y garantizar la efectiva puesta en marcha de programas. Sin embargo, el tiempo transcurrido ha ido mostrando que a pesar de la voluntad de algunos funcionarios, el peso de la parsimonia burocrática ha impedido una atención real y oportuna a los desplazados.
4. Algunas recomendaciones
Con base en el estudio realizado y desde diferentes ámbitos y alcances, se formulan algunas ideas, que no pretenden constituirse en fórmulas generales o programas diseñados, sino aportar a reflexiones que puedan llevar a acciones oportunas y pertinentes.
En primer lugar, la pronta ejecución de lo estipulado en el "Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia", documento Conpes 2804 del 13 de septiembre de 1995. Al respecto se anota que:
• Se requieren acciones que no pueden predeterminarse a nivel nacional y que exigen una acción concertada entre los niveles local, regional y nacional.
• Es imprescindible el fortalecimiento y animación de las iniciativas y las actividades regionales y locales, de manera que puedan funcionar con autonomía, atendiendo a las particularidades de cada contexto, a sus dinámicas sociales, económicas, políticas e institucionales; a sus posibilidades y a sus limitaciones.
• El carácter de integralidad no se logra, únicamente, con la participación interinstitucional en las iniciativas; es necesario que el desplazado encuentre y pueda sugerir programas que en sí mismos abarquen y relacionen los diferentes ámbitos de necesidades y expectativas. De lo contrario, se verá en la obligación de añadir a sus problemas, el agotante recorrido por cada una de las instituciones gubernamentales. La sola distribución de funciones y programas a cada instancia no constituye garantía de coordinación e integralidad. Este es un vacío al que debe dársele suficiente atención.
• Por otra parte, es necesario cuidar que la atención estatal al desplazamiento no se convierta en una acción de "instancias bombero", sino que dada la articulación de este fenómeno con los procesos de desarrollo económico, político y social del país, se involucre suficientemente a las entidades de definición de las macropolíticas nacionales, de manera que se trabaje no solamente sobre las consecuencias, sino sobre los factores generadores de la situación.
• Es urgente impulsar de manera decidida la construcción de soluciones que, más allá de programas, actividades y determinación de presupuestos, exigen la generación y dinamización de procesos locales y regionales, usualmente lentos e inciertos, pero potencialmente ricos en restituir esperanzas, en reconstruir sociedades y en dignificar la vida humana.
Procesos a nivel preventivo
El escenario ideal de la prevención del desplazamiento es la paz. En consecuencia, la primera acción es la búsqueda de mecanismos de diálogo y negociación que deben tener como referente a la población desplazada. Mientras el problema no se resuelva en sus factores generadores (persistencia del conflicto armado interno y de diversas manifestaciones de violencia, la impunidad, la marginalidad y la pobreza), la exigencia de acciones de asisten cia urgente y de una fase remedial, superará permanentemente las capacidades institucionales públicas y privadas. A sabiendas de la complejidad de este fenómeno, y de las dificultades que entrañan acciones a este nivel, que requieren sintonía y convergencia de voluntades, sólo nos referiremos a algunos factores de mayor impacto en la vida rural:
• Se requiere una clara acción del Estado para la desarticulación del paramilitarismo en el país.
• Es necesario insistir en la búsqueda de acuerdos de paz o, por lo menos, de garantías y de controles para el cumplimiento del Protocolo II de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, entre los actores armados enfrentados.
• Es indispensable y urgente un profundo y claro cambio de los órganos de justicia y control, que no puede ser en tendido solamente como la expedición de nuevas leyes, sino que implica cambios en las actitudes, las organizaciones y las acciones, de manera que desde ellos se garantice la democracia y se cumplan con eficiencia las obligaciones constitucionales.
• En cuanto a las políticas agropecuarias, se requiere un trabajo decidido de los ministerios de Hacienda y Agricultura y del Departamento de Planeación para la adopción de medidas macroeconómicas de apoyo a la economía campesina y al fortalecimiento de procesos de desarrollo rural que superen cualitativamente las experiencias anteriores.
Con respecto a la intervención institucional
Esta intervención supone tanto una aten ción específica a la población desplazada, como un incremento sustancial del apoyo estatal para la población más empobrecida en los sitios de llegada. Si bien se requiere una atención diferenciada de las familias y grupos desplazados, es necesario evitar acciones que llevan a relegar a población que, sin ser desplazada en su región, sufre condiciones de pobreza similares o peores.
Se requiere una intervención en la cual a la vez que se reconocen las particularidades de los desplazados, sus traumas e incertidumbres, los incluya y articule con otros pobladores, en procesos de tipo social, económico y cultural, en los que la condición de desplazado no se afirme como estigma. Eso implica que las soluciones frente al desplazamiento deben estar contempladas dentro de los planes de desarrollo regional y local.
Es fundamental que la atención a los desplazados rurales sea integral, rápida y eficiente. La urgencia de las situaciones no permite ser sometida a los procesos burocráticos acostumbrados.
Así mismo, exige la participación de equipos interdisciplinares e interinstitucionales para dar respuesta a los problemas de cada región, desde allí mismo.
En este sentido, reforzar la acción de instituciones y grupos que guardan credibilidad entre los afectados, en y desde las regiones y localidades, tales como Iglesias, Cruz Roja, Organizaciones de Base, etc., puede ser una estrategia clave de la intervención estatal.
Hay que reconocer que en el país no hay suficiente experiencia en el manejo y atención de la problemática del desplazamiento y que, por lo tanto, se requiere entrar a poner en juego toda la creatividad para construir opciones desde nuestras realidades. En este sentido, la disponibilidad de apoyo estatal para iniciar experiencias de distinto orden, debe mantenerse como estímulo, dentro de una dinámica de flexibilidad institucional.
Se requiere promover acciones y procesos de educación, información y sensibilización a funcionarios públicos sobre la problemática del desplazamiento y capacitación específica a quienes atienden directamente la situación y las personas en las regiones y localidades.
Se trataría de diseñar distintos niveles de acercamiento al problema, de acuerdo con las diferentes niveles de acercamiento con la población. Desde la meramente informativa, hasta reforzar la capacidad y la comprensión del problema por parte de los funcionarios locales, mediante la realización de cursos, seminarios, encuentros, publicaciones y otras iniciativas pedagógicas y de animación.
Sería conveniente iniciar algunos procesos piloto de acompañamiento a municipios que tienen una alta afluencia de población desplazada, o que están sufriendo procesos de expulsión intensos, para posibilitar desde allí la generación de espacios donde se construyan estrategias locales de atención integral, de manera rápida, interdisciplinaria e interinstitucional.
Es importante fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional, a nivel local, regional y nacional, atendiendo a diferentes requerimientos de la población afectada y según su lugar de salida y/o llegada, evitando repetir errores de burocratízación y buscando la oportunidad y agilidad requeridas.
Algunas ideas sobre programas específicos con población rural desplazada
Una nueva agenda para la paz podría incluir elementos concretos que determinen espacios sociogeográficos de convivencia civil (Zonas de Protección Humanitaria), en los cuales no haya presencia de actor armado alguno, y se den garantías económicas, políticas, sociales y culturales a las poblaciones que allí residan. Estos lugares contarían con la animación y acompañamiento de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales.
Allí podrían generarse centros de promoción y desarrollo rural en los que las familias campesinas puedan recibir atención, capacitación y realicen actividades productivas (remuneradas), mientras se logra la paz en las zonas de donde provienen o mientras consiguen lugares donde puedan instalarse de forma permanente. Ello permitiría dar continuidad a los vínculos con la actividad agropecuaria e, inclusive, cualificarse en dichas labores, como alternativa de atención temporal.
Las iniciativas de tipo productivo de diferente orden (agropecuario, artesanal, etc.), podrían buscar mercado a nivel nacional y, particularmente a nivel internacional, mediante convenios con gobiernos extranjeros que apoyaran la producción y comercialización de productos de esas zonas.
Estos lugares podrían ser manejados por instituciones no gubernamentales de evidente reconocimiento y capacidad y con clara independencia partidista o centralista, tales como las Iglesias, universidades, Cruz Roja. Gozarían, además, de la protección y veeduría internacional.
De acuerdo con la proyección que arroja este estudio, a partir del Sisdes, se requerirían 4.643 Unidades Agrícolas Familiares para los desplazados de los últimos quince meses, que consideran posible y deseable reubicarse en actividades agropecuarias. Esta realidad exige la puesta en marcha inmediata del acuerdo del Incora para reubicar a población que definitivamente no puede ni quiere retornar a su lugar de residencia anterior.
Ello implica una atención urgente, con procedimientos rápidos e incluyendo de manera indispensable el carácter integral, que supere la entrega de tierras, e incluya crédito subsidiado, asistencia técnica y posibilidades reales de comercialización de sus productos. Pero más allá de las garantías posibles para el impulso y fortalecimiento de la actividad económica, exige las garantías sociales y políticas para que la tierra llegue a ser una solución y no signifique, como en muchos casos, el traslado de los conflictos y de las zonas de persecución.
Por otra parte, teniendo en cuenta que, en muchos casos, el problema es no sólo de tierras sino de territorio, las soluciones no pueden encararse en términos únicamente del número de parcelas por repartir y de conseguir el dinero para adquirir esas tierras. El problema es más complejo, e implica considerar el papel del Estado en la regulación de los conflictos. Este papel se debería cumplir al margen de alianzas con las clases poderosas, como ha sido tradicional.
La resolución del problema de tierras para comunidades indígenas, particularmente de Córdoba y Tolima, deberá así mismo ser otra prioridad que debe ser resuelta de manera inmediata. Aunque este grupo no surgió de manera relevante, en el estudio cuantitativo, dada su proporción en el país, es indudable que su situación es precaria y que están siendo víctimas del proceso de desplazamiento.
La atención de desplazados de procedencia rural que desean permanecer en su actual ubicación urbana, requiere de otro tipo de estrategia, que implica procesos de generación de empleo, previa capacitación en labores más vinculadas con el sector industrial o de servicios que con el sector agropecuario.
Atención general en lugares de ubicación
Se requiere una presencia más decidida del Estado para un Desarrollo Social, Integral y Humano en las zonas afectadas, tanto por la salida como por la llegada de desplazados. Esta presencia debe propiciar un mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones en cuanto a construcción y mejoramiento de vivienda, mejoramiento de la cantidad y calidad de la educación, garantía de acceso a servicios de salud, generación de fuentes de empleo, distribución y legalización de tierras, recuperación y dinamización de espacios de desarrollo cultural, construcción y mejoramiento de vías, prevención de la inseguridad social y de la criminalidad.
Es urgente la ampliación y el refuerzo de procesos y programas de educación para el pluralismo y el respeto a los Derechos Humanos en todos los ámbitos y con los diferentes grupos de población (infantil, juvenil, adulta, mujeres, hombres, militares, obreros, etc.). Para el efecto, existe ya una estructura institucional de diferente orden tanto entre organizaciones gubernamentales como en ONGs, iglesias, movimientos sociales, etc., que deberá fortalecerse y estimularse en cambio de aumentar la burocracia estatal.
La cuantificación y el conocimiento sobre desplazamiento
La intervención, previa la focalización de la población, implica no solamente el llamado para una "inscripción voluntaria", sino que exige un proceso simultáneo de prestación de algún tipo de servicio que permita ampliar y estrechar el vínculo entre instituciones y la población desplazada.
Se debe evitar la trampa de los estudios y mediciones reiteradas que producen temor y cansancio dado que la gente se siente perseguida, y aumentan la incredulidad con respecto al Estado, al cual se asigna, por acción u omisión, una gran responsabilidad en la violencia que propició su desplazamiento.
Según cálculos hechos con datos recientes de Urabá y de la zona del Magdalena Medio, se pudo inferir que por cada persona asesinada o desaparecida en zonas rurales, se desplazan entre 3 y 7 familias, esto es entre 15 y 35 personas. Este cálculo, aún incipiente, varía según el tipo de vínculos en el vecindario y según la densidad de población existente. Esta puede ser una vía exploratoria, que ante la dificultad de contabilizar el fenómeno, permita establecer una relación entre asesinato masacre desaparición densidad poblacional y familias desplazadas, con miras a la determinación de una tasa de desplazados rurales.
Se debe ampliar el estudio del desplazamiento, a partir de los lugares de salida. Ello trae muchas dificultades por el temor de la población a hablar del tema, pero es necesario para la elaboración de cálculos socioeconómicos de tipo microregional sobre impactos del desplazamiento de población rural. Ello es más urgente, ahora que con los procesos de descentralización los estudios locales, tales como los diagnósticos agropecuarios municipales, cobran mayor importancia.
Durante este trabajo, se presentaron varias inquietudes sobre el estudio del desplazamiento rural que no pudieron explorarse, pero que tienen gran importancia. De ellas resaltamos:
• La necesidad de una sistematización juiciosa de la intervención institucional de todo orden en la atención inmediata y en el apoyo de proyectos de mediano y largo plazo.
• La identificación y evaluación, ojalá de manera participativa, de diferentes procesos organizativos de retorno, reubicación o inserción en los lugares de llegada, por parte de los desplazados, que puedan constituirse en experiencias para nuevas acciones.
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