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08oct15
Ver nota al comunicado de la UARIV
Carta del IPC a la Unidad de Víctimas: crítico balance como sujeto de reparación colectiva
Medellín, 8 de octubre de 2015
Doctora
Paula Gaviria Betancur
Directora
Unidad Para La Atención y La Reparación Integral a las víctimas - UARIVAsunto: Balance crítico al caso del IPC como sujeto de reparación colectiva
Reciba un cordial saludo
El Instituto Popular De Capacitación - IPC - por oferta del Estado en cabeza de la entidad responsable para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto - UARIV - que usted dirige, inicio el proceso de ser sujeto de reparación colectiva en el marco de la Estrategia de Casos Nacionales.
El Estado propone al IPC como caso emblemático de organización defensora de derechos humanos que ha sufrido múltiples agresiones desde el año 1989 a la fecha, conocidas nacional e internacionalmente. Agresiones que buscaron silenciar y cerrar definitivamente la institución.
Desde finales del año 2012, se dieron los diálogos iniciales y entre los años 2013, 2014 y 2015, se concretaron los pasos definidos en todas las etapas previstas en el marco normativo (Ley 1448): Acercamiento, registro, alistamiento, Diagnóstico del Daño y Formulación del Plan de Reparación Colectiva, los cuales fueron realizados de manera colectiva con la estructura asociativa y el equipo de trabajo de la institución, y con la interlocución de los funcionarios (as) delegados para tal fin por la UARIV.
Este esfuerzo realizado por el IPC, siempre puso de presente que nuestro enfoque de reparación colectiva, requeriría las condiciones políticas y materiales de parte del Estado colombiano para hacerlo efectivo, y que las medidas emanadas tuvieran un carácter integral y político reparador, no solo por las implicaciones del daño causado al IPC sino también, y quizás lo más importante, su implicación al movimiento social de derechos humanos en la región y el país
Sin embargo, luego de aproximadamente tres años de estar en este proceso por oferta del Estado, debemos decir que tenemos un balance crítico en cuanto enfoque, contenidos y formas adoptadas por la UARIV, para llevar adelante el proceso y cumplir con el deber y la responsabilidad política que el Estado tiene.
El reconocimiento a la existencia y ocurrencia de daños colectivos de diverso orden y escala en el marco del conflicto armado y violencia política y la responsabilidad del Estado colombiano en ese estado de cosas; es un paso importante en entender los daños profundos a la democracia o a los intentos de construcción democrática. Entender ese daño a las comunidades, a las colectividades sociales, políticas, culturales no parece ser sencillo y mucho menos si se sigue haciendo bajo los mismos paradigmas de estigmatización, señalamiento, desconfianza, asistencialismo todos ellos signos inequívocos de una cultura política violenta y antidemocrática , carente de noción de derechos humanos y de ciudadanías que han jugado como factor multiplicador del daño. Desde ese punto de vista entendemos en la asamblea o estructura asociativa del IPC la reparación colectiva como una reparación de la democracia en Colombia.
Es también entender que los ataques y las agresiones tenían unos propósitos, que obedecieron a unas lógicas, a unas estrategias, a unas voluntades, unas decisiones y unas responsabilidades.
Luego de cuatro años de implementación de la Ley 1448 y de casi tres en éste proceso no evidenciamos desarrollos significativos en términos de Verdad, de Justicia, de Reparación y de No Repetición en materia de reparación colectiva y pese a la trascendencia histórica de los temas de negociaciones de paz con las guerrillas no parece ser que El Estado colombiano en general y la UARIV en particular asocien la memoria , la pedagogía, la verdad, la justicia, la movilización con el tema de la reparación efectiva como garantía de ganarle definitivamente a las posturas guerreristas y violentas . Podemos hacernos todos la siguiente pregunta: Para que ha servido al movimiento de derechos humanos, al sindicalismo, al campesino, al indígena al afrodescedendiente, a La Unión Patriótica , etc el ser identificados como sujetos de reparación colectiva? . Están fortalecidos, gozan de mayores garantías?
Un primer aspecto que vemos crítico, es que la UARIV, no entiende, no comparte o no ha construido un enfoque político de la reparación colectiva . En palabras claves el IPC lo asocia a lo territorial, los colectivos, las organizaciones, el movimiento social. Al rol activo en una agenda de acuerdos y posacuerdos. Hemos insistido en recrear un modelo de defensa de los derechos humanos que fue afectado. Reducir las medidas a procesos de contratación, por demás desgastantes y de poco alcance, fragmentadores del alcance político de lo propuesto, y limitantes de la acción institucional. Pero además, muchas veces nos ponen como beneficiarios de otros grandes contratistas del Estado (por ejemplo La Escuela Galán |1|...)
Un segundo aspecto, es que no observamos una responsabilidad integral de parte del SNARIV que dé respuesta a las medidas propuestas. Así mismo, la UARIV, ha propuesto aliados al proceso del IPC como la MAPP - OEA y el PNUD |2|. Observamos un riesgo y expresamos una reserva. El riesgo de desnaturalizar la responsabilidad política que le cabe al Estado frente a la reparación del daño causado. Y una reserva frente a una situación que todavía no acabamos de estudiar a profundidad pero si observamos con preocupación y es la transformación del rol de agencias de comunidad internacional en Colombia de un rol de apoyo coyuntural y accidental en diversas materias humanitarias, de paz , de transición a ser grandes operadoras de los recursos de cooperación internacional y del mismo Estado colombiano incluso colocando en un lugar de subordinación, sin iniciativa y margen de actuación autónomo a las organizaciones locales sin que exista una política pública de respaldo incluso procedimental a las organizaciones "apoyadas".
Un tercer aspecto, es que siempre hemos sido claros, que si bien se requieren condiciones materiales, la reparación no se reduce solo a lógicas de contratación e indemnización, sino que también requiere voluntad política y condiciones del Estado para tareas de superar la impunidad en tanto avancen las investigaciones frente a las agresiones al IPC, dar garantías de protección, fortalecer el rol de deliberación pública, de construcción de escenarios de discusión, y generar los ambientes para una interlocución más política con distintos agentes del Estado. El IPC por tradición y por su propio esfuerzo mantiene un nivel de interlocución con sectores gubernamentales y estatales del orden regional, nacional, de comunidad internacional. Es decir que esas relaciones más que concertar citas sueltas o reuniones; la entendemos como el desarrollo de estrategias que den cuenta de un proceso de diálogo político en torno a temas de paz y derechos humanos.
Sin embargo frente a situaciones críticas de denuncias de violaciones de derechos humanos en territorios donde trabaja no ha contado con el respaldo de la UARIV cuando lo ha solicitado de manera urgente. Paradójicamente se ha tenido mayor disponibilidad por otros sectores del gobierno como lo ocurrido en los meses de abril y mayo con los reclamantes de tierras en el Urabá que se logró un pronunciamiento del presidente Santos, en contraste al silencio absoluto de la Dirección de la Unidad de Victimas.
Cuarto vemos como el año 2015 presentó todas las oportunidades para jugarse una recreación de la estrategia de defensa de los derechos humanos en Antioquia con las agendas para superar el conflicto en los territorios de Antioquia, para construir retos y desafíos en Medellín; con los temas de la Memoria, del esclarecimiento histórico, de la verdad, de los balances de los procesos de paz, de la coyuntura electoral, de modelos de negociación etc . Nunca fue invitado el IPC a jugar un papel en éstos procesos. Y de las dinámicas interesantísimas que se han desenvuelto para modelar la justicia transicional en colombiana tampoco se ha contado con una invitación. Respecto a entender que el IPC hace parte del movimiento social de derechos humanos no registramos ninguna iniciativa o estrategia de la UARIV que haga este reconocimiento y tampoco que brinde condiciones y escenarios de dialogo, debate y pronunciamiento con los sujetos nacionales (ni regionales) de reparación colectiva.
Incluso hemos visto como propuestas de reparación que IPC ha lanzado en su plan en lo relativo a reconstruir movimiento social, hoy vienen siendo realizadas por otros, tales como: procesos de formación a sujetos de reparación colectiva, constitución de la red de sujetos de reparación colectiva
Quinto, el IPC, incluso con sus mismos recursos, ha debido asumir costos que son de responsabilidad de la UARIV frente a desarrollo del proceso. Y en función de las restricciones supuestas por la contratación no se ha apoyado la iniciativa de incidencia a nivel internacional. Esto ratifica la subordinación de las estrategias a las lógicas contractuales y operativas sin siquiera visionar escenarios, información, marco aliado, etc.
Sexto, el dialogo político con la UARIV territorial ha sido deficitario. El IPC cuenta con dinámicas territoriales que han sido compartidas con invitaciones a participar y apoyar en diversos escenarios y para las que no ha contado con una respuesta de la UARIV en cuanto a su potenciación tanto en el Urabá como en el Bajo Cauca.
Una primera conclusión es entonces que no encontramos motivos ni razones para continuar en el "proceso de reparación colectiva" porque no evidenciamos señales significativas en términos del movimiento de derechos humanos, ni tampoco colectivos como organización.
Una segunda es que cuando afirmamos que el Estado no está preparado para emprender estos procesos no necesariamente es responsabilidad de la UARIV y su dirección. Queremos significar que de conjunto como sociedad no estamos en la senda de reparar la democracia. Todavía hay mucho miedo, mucha complacencia con la impunidad.
Pero puede ser que el camino tampoco esté allí en la institucionalidad que se ha "montado" sin transformar ninguno de los factores de impunidad y cooptación que permitieron el agravio y el daño. Y que se requieren primero grandes procesos de movilización y reacción de la sociedad colombiana frente al esclarecimiento histórico y a la verdad
En consecuencia continuar en un camino sin horizonte le quita peso ético y político a la reparación de la democracia colombiana como horizonte.
Por último, y como algo paradójico, quisiéramos entender hoy mas claramente las razones que llevaron a la UARIV a invitar y priorizar al IPC al proceso como sujeto de reparación colectiva en marco de casos nacionales...
Agradeciendo el camino recorrido nos encontrarán allí en los lugares de la investigación, de educación, de la deliberación, del debate, de la movilización. Por los caminos de la paz y la reconciliación con democracia radical, la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición
Diego Herrera Duque
Presidente IPC
Junta Directiva IPCC.C: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos e Derechos Humanos, OACDDHH.
Notes
1. Cuestionada en algunos medios de comunicación por los grandes volúmenes de contratación directa con el gobierno Santos y específicamente con la UARIV. [Volver]
2. Es oportuno aclarar que el IPC no recibe ni opera recursos del PNUD. [Volver]
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