| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
07oct15
El IPC: primer sujeto de reparación colectiva de casos nacionales
El Instituto Popular de Capacitación (IPC) se convirtió en la primera organización de Derechos Humanos con un plan aprobado de reparación colectiva por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro de su estrategia de casos nacionales.
En su sede en Medellín, se oficializó la ruta de reparación para esta organización, luego de dos años de concertación sobre medidas reparativas por los daños sufridos como consecuencia de acciones de grupos paramilitares y agentes del Estado.
Carolina Albornoz Herrán (subdirectora de reparación colectiva de la Unidad para las Víctimas), Valentina Erazo Camargo (coordinadora de los Sujetos de Reparación Colectiva con Incidencia Nacional) y Jorge Mario Alzate (director territorial en Antioquia) fueron los funcionarios encargados de socializar con las directivas del IPC las 11 medidas aprobadas.
Estas se orientan al fortalecimiento institucional, recuperar la memoria de la organización (reconstrucción del archivo documental), fomento de su proyecto político y apoyos para la formación de investigadores y agendas de promoción de los Derechos Humanos en el Vallé de Aburrá, así como una estrategia de desestigmatización, garantías de seguridad y no repetición, entre otras.
La subdirectora de reparación colectiva, Carolina Albornoz, destacó "la importancia que sea el IPC nuestro primer sujeto de reparación colectiva con incidencia nacional con un plan concertado y aprobado, ya que es un referente en el país de una organización que trabaja por los Derechos Humanos, que sufrió estigmatización y múltiples ataques colectivos e individuales que afectaron sus investigaciones, sus denuncias y labor social".
Ante los directivos del IPC, Valentina Erazo, coordinadora de los Sujetos de Reparación Colectiva Nacional, reiteró la voluntad política del Gobierno con estos casos priorizados: "Independientemente del Gobierno de turno y las reformas que se hagan, esta resolución es un acto administrativo del Estado colombiano que significa una obligación de cumplir con este plan de reparación. Ustedes son el primer caso para el cual la Unidad de Reparación emite esta resolución".
Por su parte, Jorge Mario Alzate, valoró el trabajo del IPC "en la formación y participación de las organizaciones sociales y de víctimas" y precisó que, aunque es un caso nacional, la Unidad Territorial Antioquia dispondrá su capacidad para avanzar más rápido en la implementación de las medidas reparativas con su equipo de reparación colectiva".
"Nuevo comienzo para recuperar confianza"
Para los representantes del IPC presentes, el plan de reparación colectiva a cargo de la Unidad para la Reparación a las Víctimas significa reconstruir puentes de confianza con el Estado. Así lo considera Oscar Ignacio Arango, miembro del comité de impulso al declararse optimista "por una nueva fase de cumplimento de los derechos a la verdad, justicia y reparación".
"Luego de dos años de acercamientos vemos en este plan una solución de voluntad política y jurídica del Gobierno para las reivindicaciones importantes en reparación por todos los ataques que sufrimos como organización de Derechos Humanos y de muchos compañeros", aseguró Arango. Agregó "esperamos con este plan fortalecernos y recuperar incidencia política, porque perdimos un acumulado de trabajo y experiencia de nuestros miembros e investigadores (asesinados o exiliados). La reparación colectiva representa volver a iniciar un trabajo de investigación y promoción en Derechos Humanos como se hizo en el pasado".
Durante el acto, los funcionarios de la Unidad para las Víctimas y miembros del IPC coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación institucional para agilizar la implementación de las 11 medidas reparativas en cuanto a los trámites jurídicos y de contratación pública.
La Unidad para la Reparación a Víctimas reconoció que entre enero de 1999 y octubre de 2000, el IPC sufrió varios ataques, entre los que se destacan el secuestro y la amenaza contra varios de sus miembros, así como el ataque con explosivos a la sede de la organización en Medellín. "Lo anterior generó pérdida de liderazgos, dado que varios de los miembros se retiraron de la organización por temor y otros se exiliaron; estigmatización, por las declaraciones del ex jefe paramilitar Carlos Castaño, autor intelectual del secuestro, quien señaló a la Ong de "guerrillera".
"También pérdidas materiales por la bomba; y cierre de líneas de investigación, en especial relacionadas con la situación de derechos humanos del país y la arremetida paramilitar. Asimismo, los miembros manifiestan haber estado sometidos a una gran presión sicológica y la percepción de riesgo inminente, con efectos negativos en su salud, lo que motivó el retiro de varios de ellos".
Además del plan de reparación colectiva, continúan los procesos de reparación individual para los activistas del IPC reconocidos como víctimas del conflicto.
[Nota del editor: Este es el comunicado oficial publicado en la página web de la Unidad de Víctimas del gobierno colombiano en el link: http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/component/content/article/79-noticias/4118-el-ipc-primer-sujeto-de-reparacion-colectiva-de-casos-nacional que fue retirado tras la carta del Instituto Popular de Capacitación en la que oficialmente renuncian a continuar con el proceso de reparación.]
[Fuente: Unidad de víctimas, Gobierno de Colombia, Bogotá, 07oct15]
Donaciones online
Radio Nizkor
 | This document has been published on 19Oct15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |