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22jun14

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Comunicado del Equipo Nizkor frente a la desaparición de archivos de inteligencia y contrainteligencia del DAS

  1. El pasado miércoles 18 de junio de 2014 quedó en evidencia la desaparición u ocultamiento de los archivos informáticos de la Dirección de Inteligencia del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que deberían encontrarse en equipos bajo custodia del DAS en Supresión y vigilancia de la Procuraduría General de la Nación.

  2. Durante una inspección judicial ordenada por la fiscal 9ª Especializada de la Dirección de Análisis y Contexto que investiga la tortura psíquica agravada cometida contra Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, la Fiscalía no halló la información relativa a las áreas de Inteligencia, Contrainteligencia y Gastos Reservados que debería estar almacenada en un computador entregado desde septiembre de 2013 al Archivo General de la Nación (AGN).

  3. En una primera visita de la Fiscalía a la sede del AGN realizada el 10 de junio de 2014, fueron constatadas múltiples irregularidades, como el hecho de que las supuestas claves de acceso al computador que aparentemente contenía el Sistema de Información del DAS (SIFDAS) no eran ciertas, por lo que fue necesario aplazar la diligencia. Adicionalmente, el depósito donde se encontraban las claves de acceso estaba abierto y los sobres que contenían las contraseñas no tenían sello de control alguno.

  4. En vista de lo anterior y a solicitud de la periodista Duque, la Procuraduría compulsó copias contra el director general del DAS en proceso de supresión, señor Ricardo Fabio Giraldo Villegas.

  5. El 18 de junio la Fiscalía realizó una segunda inspección judicial al AGN y aunque en esta ocasión sí fue posible ingresar al computador en el que supuestamente debían estar almacenados los ficheros completos del SIFDAS, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) determinó que tales archivos o no existían o no eran accesibles.

  6. En 2009 el archivo completo del SIFDAS tenía un tamaño de 54 gigas (Gb) y contenía, entre otros, la base de datos en la que reposaban pruebas sobre seguimientos y labores ilegales realizadas contra los llamados "blancos" del DAS. Al momento de la inspección judicial del 18 de junio, el SIFDAS constaba de un tamaño de tan sólo 91 megas (Mb), los cuales corresponden a las tarjetas decadactilares de todos los ciudadanos almacenadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como las hojas de vida de los funcionarios del DAS y las entradas y salidas de personas a la sede principal de ese organismo.

  7. Como expresó Claudia Julieta Duque durante el procedimiento judicial, este hecho ha dejado convertida la base de datos más importante de la inteligencia y contrainteligencia colombiana en un "software de juegos de mentiras".

  8. La desaparición, ocultamiento y/o destrucción de los archivos que contenía el SIFDAS constituye sin duda alguna una nueva afrenta contras las víctimas de ese organismo y la justicia colombiana, dado que estos hechos tienen como finalidad la obstrucción de la investigación judicial de los diversos delitos y crímenes cometidos por funcionarios del DAS bajo la justificación de necesidades de seguridad nacional e inteligencia de Estado.

  9. Desde octubre de 2011, fecha en que se liquidó el DAS, diversas organizaciones de derechos humanos advertimos que la supresión de ese organismo implicaba el ocultamiento de la verdad no sólo a las víctimas de las interceptaciones ilegales sino a la ciudadanía en general, que tenía y tiene derecho a la memoria y la verdad histórica sobre los graves delitos en los que ha estado involucrada desde su creación la policía secreta colombiana, entre los que se cuentan hechos de persecución contra la oposición desde mucho antes que estallara el escándalo de las mal llamadas "chuzadas", homicidios como el de Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo y montajes judiciales como el que llevó a la impunidad el caso del homicidio del periodista Jaime Garzón Forero.

  10. El DAS en supresión continúa dependiendo jerárquica y funcionalmente de la Presidencia de la República. En este sentido es clara la responsabilidad del Ejecutivo nacional, cuyo máximo superior jerárquico es el presidente Juan Manuel Santos, por la desaparición, ocultamiento o destrucción de los archivos de Inteligencia, Contrainteligencia y Gastos Reservados del SIFDAS.

  11. Según el artículo 24 del decreto 4057 de 2011, que ordenó el cierre del DAS, es función principal del director de ese organismo, Ricardo Fabio Giraldo Villegas, la adopción de "las medidas necesarias para la administración, conservación y fidelidad de los archivos de la entidad" con el fin de "garantizar la seguridad de los archivos de inteligencia", por lo que su responsabilidad es directa y obvia.

  12. También recae responsabilidad por lo sucedido en los miembros de la Junta Asesora del DAS en Supresión, es decir, el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, su viceministro Daniel Samper Strouss; el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, su viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya; y el Alto Consejero Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda Mera. En su artículo 22, el decreto 4057 otorgó a la junta asesora la función de dar los lineamientos generales al director del DAS en supresión "para el proceso de custodia y manejo del archivo de la información del DAS con el fin de garantizar su integridad".

  13. La pérdida, ocultamiento y/o destrucción de la información del SIFDAS impide la posibilidad de identificar nuevos perpetradores de los graves ataques de los que fue víctima Claudia Julieta Duque, así como de otras violaciones a los derechos humanos cometidos en ese organismo y la reconstrucción de la información sobre quiénes y con qué argumentos ordenaron y ejecutaron la persecución contra la sociedad civil de oposición en Colombia, única manera de determinar las responsabilidades penales subyacentes y el conocimiento real de la forma de funcionamiento de esta organización criminal (en términos de derecho penal internacional).

  14. Hoy se confirma que las alertas emitidas en su momento tenían asidero en la realidad. Es un hecho cierto y comprobado que la Procuraduría General de la Nación ha sido como mínimo burlada y como máximo cómplice, en lo que podríamos llamar una quiebra sistemática y destructiva del sistema de protección de los archivos almacenados cuya vigilancia preventiva en el proceso de supresión del DAS era de su responsabilidad.

  15. Tal y como manifestamos en nuestro comunicado de 13 de marzo de 2013, la importancia del caso de Claudia Julieta Duque radica en el hecho de que el nivel de prueba existente es sólido, incontrovertible y contundente y el avance del proceso penal constituye un límite impuesto desde las instancias judiciales a la vertiente delictiva y de actuación violatoria de las libertades civiles propias del diseño y ejecución de este tipo de operaciones de contrainteligencia, respecto de las cuales nunca se suele poder obtener pruebas, siendo el caso del DAS una excepción en América Latina.

  16. La liquidación total del DAS está programada para el próximo 27 de junio de 2014, y su cierre implicará el fin de la existencia jurídica del DAS, con lo que los responsables de estos hechos se dispersarán en diferentes entidades del Estado o se disiparán en un retiro decoroso. Como organización internacional de los derechos humanos, exigimos al presidente Juan Manuel Santos la investigación, identificación y sanción de los responsables de la desaparición y/o destrucción de los archivos del SIFDAS y el resguardo de las pruebas recaudadas hasta el momento en el caso de nuestra representante en Colombia.

  17. Dada la seriedad y gravedad de lo sucedido, exigimos que los archivos de Inteligencia del DAS, así como los 21 mil millones de documentos en papel que hoy reposan en el AGN, sean entregados en custodia a la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá analizar, sistematizar e informar a la ciudadanía sobre los hallazgos que se realicen, así como trabajar en la recuperación de la información electrónica que debería aún estar en los servidores originales del DAS para lo que se deberán tomar las medidas técnicas de manera de garantizar archivos de resguardo y duplicación de toda la información digital así como la adopción de sistemas de control electrónico y pasivo de la información y de los edificios donde se almacene la información. Idénticas medidas deben adoptarse con relación a la digitalización y almacenamiento de los documentos en papel.

  18. Conscientes de los nuevos riesgos que implica este caso, una vez más responsabilizamos al Estado colombiano frente a cualquier agravamiento de la situación de seguridad de Claudia Julieta Duque, su familia y su abogado, Víctor Javier Velásquez Gil.
Charleroi, Madrid y Bogotá, 22 de junio de 2014

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