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Anexo 1:
Protocolo de Santiago
El derecho al Agua en el Sur de las Américas
Quienes participamos en la Consulta Taller Regional del Cono Sur "Exigibilidad Ciudadana frente a Procesos de Privatización en Servicios y Recursos Naturales -Negociaciones Comerciales UE-ALCA-TLC", reunidos en la ciudad de Santiago de Chile, los días 18 y 19 de noviembre de 2002 |1|, considerando que:
En América Latina enfrentamos varios procesos de liberalización que buscan posibilitar la creación de un área de libre comercio continental.
En estos procesos las inversiones se orientan cada vez más hacia el sector servicios, principalmente los servicios públicos ya privatizados o en fase de privatización.
En los acuerdos de servicios del General Agreement on Trade and Services (GATS) -Organización Mundial del Comercio (OMC), en el texto borrador del ALCA, en las recientes negociaciones del Tratado Unión Europea-Chile y en el TLC Chile-EE.UU., todos los servicios, en particular los servicios públicos, son materia de negociación, en tanto no han sido excluidos explícitamente.
Un área de negocios significativa para las empresas transnacionales, en el ámbito de los servicios, es el de provisión de servicios sanitarios, los que tradicionalmente habían sido de propiedad estatal y/o comunitaria, y que durante la década de los noventa, fueron objeto de privatización en la mayoría de los países de la Región.
Entre los efectos sociales y ambientales de las privatizaciones de servicios básicos, principalmente del agua, figura el aumento sustancial de tarifas, sin participación vinculante de la población; despidos masivos; deterioro de las condiciones laborales; ausencia de un marco regulatorio y organismos fiscalizadores eficaces, que reconozcan y cautelen los derechos de los consumidores, en el contexto de la enorme asimetría existente entre éstos y las empresas transnacionales; y una progresiva enajenación del recurso hídrico de las comunidades, principalmente en las zonas rurales.
En este sentido, las privatizaciones de los recursos y servicios hídricos, lejos de aportar al desarrollo de la Región, han provocado una progresiva situación de deterioro social y económico, que ha afectado a la mayoría de nuestros países, tal como ha sido denunciado por diversos organismos internacionales.
Quienes participamos en esta Consulta Taller del Cono Sur, vinculamos la defensa del derecho al agua, como servicio público de carácter social, con el necesario resguardo en su calidad de recurso natural, al cual debe acceder la totalidad de la población. Debemos observar con atención las experiencias desarrolladas por los representantes de la sociedad civil, en aquellos conflictos derivados de intentos de privatización y trasnacionalización del agua u otros servicios, porque en ellas encontraremos las respuestas para establecer y concordar estrategias comunes.
Visto lo anterior, señalamos que:
Es imperioso contemplar los procesos de control de agua en América Latina, como parte del sistema hidrológico mundial, condición necesaria para garantizar la vida y la condición humana a largo plazo.
Los procesos de privatización, han contemplado los derechos de propiedad del agua y su producción, distribución, recolección y depuración, sin tomar en cuenta las condiciones científicas necesarias para garantizar el ciclo hidrológico y, por ende, la vida humana.
Las normas utilizadas para poner en marcha las privatizaciones del ciclo del agua, han sido impuestas por organismos de carácter internacional: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
El modelo económico neoliberal actual, impuesto por el FMI y otros organismos financieros internacionales, ha provocado un deterioro progresivo de las libertades y los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y de género, reconocidos en diversos acuerdos internacionales.
Dichos organismos deben ser considerados no concordantes con las normas de derecho internacional, que cautelan los derechos humanos, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los Estados que componen el Sistema de Naciones Unidas.
Países como Estados Unidos y bloques como la Unión Europea, han manifestado su interés de integrar en las negociaciones de la OMC los servicios públicos y en particular el agua.
La aplicación de normas de derecho que eluden los principios del derecho de los ciudadanos y de las libertades civiles, pueden ser consideradas como la aplicación de estados de facto de orden internacional, que afectan las obligaciones de los Estados y ponen en crisis la institucionalidad democrática.
Con la implementación de este tipo de normas, que podemos considerar de excepción, se han vulnerado en forma coercitiva los derechos indígenas y comunales tradicionales que, en el caso de Latinoamérica, contaban con el reconocimiento jurídico internacional, derivado del derecho que sustituyó a la colonización española.
Consideramos que esta forma de utilización de recursos y sistemas ilegales, pueden ser constitutivos de figuras de delitos internacionales, tales como el exterminio e incluso de genocidio. En ellas, las figuras denominadas de ingeniería financiera han jugado un papel específico en la organización sistemática de las violaciones referidas. Ello ha provocado lo que podríamos denominar como un delito de saqueo, que afecta de forma directa el derecho a la vida, entendido como derecho colectivo, y de la vida humana como sistema.
Las formas de corrupción, de los agentes privados y públicos -conocidas y denunciadas- han tenido como finalidad la concreción económica de los delitos relacionados con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y han sido condiciones necesarias para la comisión de este tipo de delitos.
Es necesario considerar los monopolios naturales y la explotación de los mismos, como servicios que los Estados no pueden enajenar bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, deben ser recuperados como una forma de garantizar el derecho a la vida, consagrado por el sistema internacional de derechos humanos, reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas.
Considerando la necesidad de articular las respuestas sociales en torno al tema y plantear caminos de exigibilidad en el marco de las negociaciones comerciales, particularmente del ALCA,
Exhortamos a los gobiernos a:
Tomar en consideración las reflexiones del "Protocolo de Santiago". En particular, los incitamos a integrar, en las negociaciones comerciales en curso y en las reuniones en el marco de Naciones Unidas, las salvaguardias necesarias para garantizar los recursos naturales y la continuidad, regularidad, accesibilidad y calidad en todos los usos del agua.
Reclamamos a los parlamentarios nacionales e internacionales:
Fiscalizar y modificar, los tratados que no cumplen con las normas del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional, asegurando la participación ciudadana. En el caso de las normas nacionales, consideramos que estas son prioritarias, siempre y cuando sean concordantes con el sistema de derecho internacional.
Recomendar a los parlamentos europeos que no aprueben acuerdos de esta naturaleza, que afectan a aquellos paises donde los sistemas democráticos sufren graves problemas de legitimidad.
Instamos a las sociedades civiles:
A crear redes de socialización de la información de los conflictos, asi como de seguimiento del
comportamiento de las empresas transnacionales, que son parte de estos procesos de privatización.
A buscar nuevas formas de organización que permitan actuar globalmente ante este tipo de conflictos, comprometiendo el apoyo de las fuerzas populares y de los actores de otras naciones, que sufran estos mismos problemas, incluyendo los países a que pertenecen las empresas multinacionales o donde se originan las inversiones.
Suscriben:
- Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, ACJR (CONADECUS, Consumer's International, REMTE, RIGC, IEP, ODECU, APILA, Corporación Ayún, PIDDHH)
- Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
- Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH
- Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH
- Centro de Estudios Mujer y Trabajo
- Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
- Sindicato de Empresa ISAPRE CONSALUD
- Foro del Agua, Chile
- Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENATRAOS
- Sindicato de Trabajadores N° 1 Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (X Región)
- Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (X Región).
- Sindicato INGEPRO-Telefónica Chile
- Departamento Pastoral Obrera, Concepción (VIII Región )
- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA
- Revista Le Monde Diplomatique - Edición chilena / Attac Chile
- A nivel internacional:
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE
- Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP-FDTA)
- Foro de Consulta Ciudadana (FOCO)-Argentina
- Federación de Regantes de Bolivia
- Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)-Bolivia
- Equipo Nizkor, España
- SERPAJ Europa
- Red Global
- Internacional de Servicios Públicos, ISP
- Alianza Social Continental
Adhesiones:
Organizaciones
- Somos Iglesia (Chile)
- Canelo de Nos (Chile)
- Padres y Pastores por la Paz (Venezuela)
- Iglesia de Cristo (República Dominicana)
- Sociedad Misionera de San Columbanos (Chile)
- Centro Evangélico y Liberación/Éxodo (España)
- Diócesis de Nuevo Laredo (México)
- Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días (Canadá)
- Revista Le Monde Diplomatique - Edición chilena / Attac Chile
- Organización Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE
- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (Argentina)
- Alternatives (Canadá)
- Red Congreso (Acción, Plataforma Komunity y Plataforma Novib Chile, Renace, Redesol, song, ACJR)
- Religiosas Ursulinas de la Unión Romana (Perú)
- Foro Social de Córdoba (Argentina).
- ESSIP, Argentina
- Fundación Línea Verde, Argentina
- Global Exchange, Estados Unidos
Personalidades:
- Danielle Mitterand (Francia)
- Adolfo Pérez Esquivel (Argentina)
- Evo Morales, ex candidato a la presidencia de Bolivia
- Salvador Quisphe, diputado electo de Ecuador
- Lourdes Tibán, Vicepresidenta Nacional CONAIE (Ecuador)
- Angélica Gimpel Smith, Doctor en Economía
- Miguel Arteche Salinas, Premio Nacional de Literatura Chile
- Zarko Luksic Savoia, Economista
- Francisco Vio Grossi,
- Adolfo Castillo, Consejero Foro Sociedad Civil de Chile
- Claudio Román Suárez, Abogado
- Gabriel Cea Vásquez, Productor de Cine
- Alejandra Fritis Zapata, Productora de Cine
- Juan Carlos Souper Rodríguez, dentista Político
- José Tapia Yánez, Médico Veterinario, Francia
Notas:
1. Organizado por la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, ACJR, con la cooperación de Ayuda Popular Noruega, APN y la Fundación Heinrich Böll. [Volver]
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