Caratula
El Derecho al Agua en el Sur de las Américas

SEGUNDO MÓDULO
Privatización del Agua en el Sur de las Américas

Panel 1: Comercialización del agua, servicios y negociaciones comerciales (Procesos y Propuestas)

Introducción

Por Cristián Candia |1|

Entiendo que ya ha sido expuesto largamente el impacto que tuvo el acuerdo sobre el comercio de servicios de la OMC en la agenda que impulsó la liberalización de éstos en nuestros países.

Habría que agregar que el proceso de negociación comercial también ha tenido, en paralelo, un desarrollo (sobretodo en lo que a mercantilización de los servicios se refiere) a través de las políticas de ajuste del Fondo Monetario. Diseñadas para que los países endeudados, en crisis, -fundamentalmente durante la década de los 80- pudieran ser viables, estas políticas de ajuste indujeron a los países subdesarrollados a reprogramar su estructura de deuda externa, a minimizar la deuda pública y el aparato del Estado, a mejorar la posición en la balanza comercial y a mejorar el saldo en la balanza de pagos. En esa lógica, los países fueron inducidos también a la liberalización del comercio de bienes. (En el caso de Chile -el más paradigmático en la región-este proceso de reprogramación se realizó en los años 80, es decir, una década antes que en el resto de los países de la región).

Es importante, entonces, entender que, según la lógica de estas políticas, mejorar la posición de balanza de pagos significaba tener una cantidad suficiente de divisas para poder cubrir los compromisos adquiridos con las organizaciones financieras internacionales. Es en este marco, en el que se planteó la enajenación de activos estatales para poder capturar inversión extranjera.

Por tanto, en las negociaciones comerciales, se mantienen y profundizan los principios del ajuste estructural. Ello va en la misma dirección de la ideología neoliberal, en el sentido de proponer la apertura de los servicios dependientes del sector público, en particular los sanitarios, como la fórmula para incrementar los flujos de inversión extranjera; generar el aumento de la competencia en los sectores abiertos a ella; aumentar la cobertura de estos servicios y el empleo. Ese era el esperado círculo virtuoso del proceso de ajuste: acceso a la inversión extranjera y viabilización de los países frente a las instituciones financieras.

La implementación de éstas política se dio en momentos que son muy particulares, como la negociación del Acuerdo General de Comercio en Servicios, GATS, la ronda para poner este tema en la agenda de las negociaciones comerciales y, por otro lado, el proceso real que se va dando con los ajustes estructurales que permiten que, hacia los años 90, la liberalización de los servicios sea un tema de negociación comercial.

Esta situación, a pesar de que quienes negocian son los gobiernos, es claro notar que tiene que ver principalmente con los intereses de las grandes Empresas Transnacionales. Las que, en palabras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, redefinen sus estrategias con el fin de orientarlas hacia la adquisición de infraestructura ya instalada. De este modo expanden los mercados regionales y alcanzan un tamaño que les permite competir globalmente con otras empresas transnacionales.

Lo anterior se traduce en que las ETN buscan asegurarse importantes garantías para acceder a los mercados nacionales o regionales, fundamentalmente en el rubro de los servicios.

Esto es particularmente interesante, porque si nosotros situamos el sector agua, electricidad y gas (los que por su naturaleza generan un gran mercado e clientes cautivos), vemos que para la economía chilena, sólo representan el 5 % del PIB. Se trata de un porcentaje que aunque parezca pequeño, determina fuertemente el bienestar de la población y moviliza importantes recursos financieros.

Ahora, ¿cómo entender la importancia y el interés que asumen los servicios básicos durante la década de los 90 para las ETN?

Podría afirmarse que, en general en el comercio de bienes, hay un estrechamiento relativo que va obligando a rentabilizar capitales sobre la base de ampliarse a nuevos mercados. Esto explica cómo la esfera de lo comercial va transgrediendo sus límites e introduciéndose en la provisión de servicios que, tradicionalmente, eran considerados derechos de los ciudadanos, y de exclusiva provisión pública.

Por lo tanto, uno puede estimar que en esta lógica de consolidación de los servicios como materia de negociación, se va generando una mercado para ampliar la rentabilización del capital en escala transnacional. De ello, uno puede desprender que los TLCs, lo que intentan -particularmente en el caso Chile/Unión Europea o Chile/Estados Unidos- es ir más allá de los acuerdos de la OMC, para generar mecanismos de cerrojo institucional. Es decir, una vez que se liberaliza el servicio, se

institucionaliza la presencia de las transnacionales, se eliminan las garantías para la población, y entonces la posibilidad de vuelta atrás ya no es resorte de las economías nacionales sino de una supra-institucionalidad que se gesta en las negociaciones comerciales y deja a la sociedad civil en el problema de cómo hacer valer sus derechos frente a ella.


Notas:

1. Miembro de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Consumers International - ROLAC y director de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, ACJR. [Volver]


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