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Privatizaciones de Servicios de Agua en Sudamérica.
Por Guillermo Amorebieta |1|
Todos conocemos los procesos de cambios políticos sufridos por Latinoamérica durante las décadas de los '80 y '90, y con mayor virulencia desde la caída de la ex Unión Soviética y del bloque oriental de naciones vinculadas al pacto de Varsovia.
Los centros de poder occidentales, encarnados en las gobiernos de EE. UU y Europa, en los grandes grupos económicos multinacionales y en las IFI's desarrollaron una estrategia agresiva para adueñarse de la renta que, hasta esos años, producían los estados en los cinco continentes y que representaban más del 60 % del PBI de las naciones llamadas en desarrollo.
Los servicios públicos, que además de producir una suerte de regulación del desarrollo social y económico en nuestros países, representaban un mecanismo de poder político muy importante, fueron junto con el manejo y comercialización de los recursos naturales, los principales objetivos a controlar por parte de quienes se propusieron controlar con mano firme al economía mundial y las condiciones de desarrollo de los países según el interés que cada área en explotación o con futuro estratégico definieran.
El sector del agua resultó uno de los más apetecibles y mejor planificados en la búsqueda del control de los recursos naturales baja capacidad de renovación. La existencia de poderosas empresas multinacionales dedicadas fundamentalmente al manejo de la tecnología, la operación y la administración de servicios de saneamiento básico facilitó la puesta en marcha de un plan sistemático para apoderarse de parte de las estructuras de los Estados que generaban posibilidades económicas y sociales, y que debemos decir también, permitía cierto clientelismo político tanto en la oferta de prestaciones como en el manejo administrativo de las empresas u organismos encargados de servir a la población.
A fines del siglo pasado -hasta 1980 aproximadamente- nuestro países habían logrado tener un porcentaje aceptable de cobertura en agua. El déficit fue más importante en cloacas (alcantarillado) y tratamiento de agua servidas (negras), el nivel de endeudamiento de las empresas y de los estados era sustancialmente menor y manejable por economías simples, con ciertas carencias tecnológicas, pero que posibilitaban un desarrollo social más justo y equitativo que el actual. El estado financiaba con recursos genuinos de su presupuesto la mayor parte de las obras y tenía subsidios cruzados en las tarifas que cobraba a los sectores de menores recursos.
Hoy muchos Gobiernos nacionales o provinciales se encuentran en situación de rehenes de toda una estructura privatizada que controla la economía de los países con amplio y generosos apoyo de las embajadas de los países más poderosos de occidente. Tal es el caso de Argentina, Chile, Colombia o el propio Méjico dentro del NAFTA.
Los grupos de influencia nacionales, acompañados en la mayor parte de los casos de importantes sectores políticos corruptos, la debilidad de ciudadanos para expresar su interés en las decisiones, la inexistencia de elementos constitucionales y legales para la defensa de los derechos de los ciudadanos en su carácter de usuarios y beneficiarios, las debilidades de los sindicatos o los compromisos de los dirigentes, y las imposiciones de los organismos de crédito internacionales, llevaron a las economías en desarrollo en general y a las empresas de servicios públicos en particular a reconvertirse para lograr una rentabilidad adecuada al interés de los grupos económicos que controlan el sector. Salvo excepciones, algunas de ellas muy dignas como el sector cooperativo, la mayor parte de las empresas fueron a manos de estas transnacionales cuyas cabezas están ligadas entre sí en todo el mundo.
En ese marco general, la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una federación internacional que agrupa sindicatos del sector público, administración central, salud, servicios de distribución y en general todos los trabajadores que tengan una relación directa con los Estados, con presencia en más de 125 países y nucleando a más de 20 millones de trabajadoras y trabajadores, entendió que las nuevas políticas neoliberales estaban empujando a grandes sectores de trabajadores con alta calificación hacia el desempleo y la informalidad laboral, provocando una letal concentración de la riqueza en manos de un reducido grupo de empresas multinacionales, encareciendo las prestaciones a los usuarios y llevando consigo los métodos de corrupción y envilecimiento de la clase política y dirigencial en buena parte del mundo.
Ello así, se fueron destinando recursos para establecer políticas en defensa del interés público para las áreas del Estado más apetecibles por la vorágine de las multinacionales y las instituciones financieras internacionales (IFI's), así como reforzó las bases para establecer alianzas amplias y cualitativas para llegar con más presencia a las mesas de decisión de los organismos internacionales (UN, OIT, OMS), y fortalecer las luchas históricas por la igualdad de género, de salario, de condiciones de trabajo, seguridad y asistencia social.
Para los servicios de distribución y en particular en el sector del agua, basados en la experiencia de sindicalistas europeos y estadounidenses, se desarrolló toda una política de carácter técnico e intelectual, para fortalecer a las organizaciones sindicales afiliadas en su lucha por un servicio mejor y universalizado para los ciudadanos. Se formo el primer centro de investigaciones (PSIRU -PSI) y el banco de datos sobre los grupos económicos internacionales, las empresas de servicios públicos y los casos de corrupción vinculados con las privatizaciones de servicios de distribución, salud, etc. El avance de los trabajos de la unidad de investigación y la cada vez más compleja forma
de funcionar de las empresas multinacionales llevó a que se realizaran convenios para trabajar conjuntamente con prestigiosas Universidades de varios continentes (San Pablo, Madrid y Grenwich) produciéndose un formidable volumen de información y datos estadísticos, formándose dirigentes capacitados para enfrentar situaciones complejas en los más diversos países del orbe y participando de todos los foros mundiales y nacionales que se ocupan de las cuestiones que son de interés de los trabajadores y las organizaciones sociales.
Debemos admitir, cuanto menos, que en Sudamérica la situación es compleja. Venezuela tiene la mayor parte de los servicios en manos del Estado y el Presidente Chávez a reiterado su voluntad de no hacer lugar a las iniciativas privadas de grupos extranjeros que buscan administrar prestaciones de agua y alcantarillado. Colombia es el caso contrario, franceses y españoles tienen en sus manos las principales empresas del sector y el gobierno nacional aplica políticas de permanente apoyo a esas firmas multinacionales.
Perú y Paraguay son dos casos que debemos estudiar y comprender para trasladar esa rica experiencia de resistencia y permanente ampliación de la base social que la sustenta. Los hermanos peruanos con un gran movimiento político, sindical y social lograron legislación nacional que impide la privatización de los servicios públicos, luego de la sublevación popular de Arequipa. En Paraguay, los Sindicatos, las agrupaciones de agricultores y otras de carácter social lograron una Ley de amplio contenido en cuanto a defensa de los servicios públicos y sociales, pero los sectores populares -que conocen a los gobernantes- se mantienen en alerta para mantener la vigencia de esa legislación.
Ecuador tiene elecciones en estos días y el candidato de más convocatoria popular prometió -en campaña para la segunda vuelta electoral - fortalecer los municipios y dar más ayuda a las empresas y organismos estatales para que puedan ampliar sus redes de distribución y las plantas de tratamiento. En Uruguay se privatizó el servicio en el Departamento Maldonado (el de mayor renta per cápita después de la capital Montevideo) pese a la legislación en contra, y en estos momentos el Sindicato FFOSE se encuentra en plena campaña para juntar las firmas de los ciudadanos que permitan obligar al gobierno central a realizar una consulta a los ciudadanos para que se expresen a favor o en contra de la privatización, la concesión o la tercerización de los servicios de agua en todo el país.
La "Guerra del Agua" en Cochabamba, provocó la más grande reacción popular contra una empresa concesionaria en los últimos tiempos. Al constituirse la Coordinadora que resistió el aumento tarifario y las malas condiciones del servicio que brindaba la empresa Aguas del Tunari S.A. (Bechtel de USA, Edison de Italia y Abengoa de España) a la población se concretó una alianza formidable que agrupó a los sectores más diversos de la sociedad cochabambina. La expulsión de la empresa, la toma de control del servicio por parte de los usuarios organizados, la represión policial y las presiones del gobierno federal y del municipio, fueron apenas dadas a conocer por los medios de comunicación, pero los lazos de solidaridad internacional entre las ONG's de todo tipo posibilitaron el necesario respaldo a la iniciativa popular. A pesar de la consolidación del equipo de administración actual, a la empresa se le niegan los recursos comprometidos para el mejoramiento de la calidad del servicio y la expansión del mismo a las áreas no servidas. Estas previsibles consecuencias están siendo amortiguadas en parte con la colaboración que la empresa popular recibe de parte de empresas estatales brasileñas (Porto Alegre) y organizaciones no gubernamentales (Canadians o Concilio de los Canadienses y el sindicato CUPE) cuyo aporte técnico y permanente consulta está permitiendo la prosecución del servicio. Como es sabido, el gobierno debe enfrentar una demanda por U$D 25 millones por el desalojo de la empresa privada ante el CIADI (en inglés ICISID), pero los distintos grupos de interés están haciendo un notable seguimiento de las actuaciones administrativas y del trabajo del gobierno con el fin de lograr una justa solución al planteamiento seudo jurídico interpuesto ante el BM por Brechtel.
En Argentina, es conocido el proceso de privatización en gran parte del país durante los años '90. La caída de Vivendi en Aguas del Aconquija (Tucumán) en 1999 por decisión popular, así como el abandono del servicio de Azurix Buenos Aires en 2001 (del grupo ENRON, en 72 ciudades de la provincia de Buenos Aires) debido a las presiones sociales en ciudades del interior y a la debilidad del concesionario por la quiebra de ENRON durante la última parte de la crisis empresaria en el servicio, son dos muestras que los procesos son posibles de revertir en tanto y en cuanto se ponga el interés ciudadano en primera línea. Las demandas de ambos grupos empresariales ante el "Comité de Solución de Diferendos" con sede en Nueva York, han tenido algunas posibilidades interesantes para las provincias involucradas: tuvieron que admitir que la jurisdicción natural es en la provincia argentina donde se produjo la controversia y consecuentemente , en el caso de Tucumán, será la justicia de esa provincia la que debe entender en la cuestión. El gobierno argentino espera una resolución similar para el caso de Azurix Buenos Aires S.A.
Hoy existen importantes agrupamientos de resistencia en Santa Fe (Suez), en Misiones (Dragados) y en Santiago del Estero (la empresa argentina tiene serios problemas para hacer las inversiones comprometidas). Pero la mayor concesión, la de Aguas Argentinas (ciudad de Buenos Aires y 17 municipios del área metropolitana) está consolidada mediante un aceitado mecanismo de corrupción en el Organismo Regulador (ETOSS), manejo de los medios de difusión y un contrato que fue modificándose año a año durante los dos gobiernos anteriores hasta no tener ninguna posibilidad el Estado de cambiar el rumbo de la concesión. Los representantes de las embajadas de España y Francia se encargan de exigir al gobierno nacional muestras permanentes de buena voluntad con las empresas. Desde luego, cuentan además con una resistencia mínima por parte de las organizaciones de usuarios y consumidores que hasta ahora sólo han logrado frenar el aumento tarifario que están negociando las partes contratantes. El Sindicato como en casi todas las concesiones aporta lo suyo para asociarse a las multinacionales. De todas formas, hoy subsisten 5 concesiones municipales en ciudades de menos de 100.000 habitantes, en la ciudad de Buenos Aires y además en las principales ciudades de 10 provincias argentinas.
Brasil, que viene de un largo y complejo debate para rechazar la iniciativa P-4147 del gobierno de F. H. Cardoso que pretende centralización del poder concedente en los estados (hoy en manos de los municipios), logró sustanciales ventajas populares en Ceará, Bahía, Río Grande do Sul y en el Distrito Federal impidiendo sendas Leyes que permitiera la privatización de sus empresas El gobierno central brasileño negó los fondos federales propios del saneamiento a las empresas estatales o municipales, a punto tal que dejó clara constancia que para acceder al dinero necesario para financiar nuevas obras, previamente debían iniciar los procesos de transformación de las empresas para privatizarlas.
La ISP, en materia de gestión pública de las prestaciones de agua y alcantarillado cloacal reconoce como ejemplar y posible la experiencia que se lleva adelante en la empresa autárquica DMAE de Porto Alegre (RGS), donde la participación de los usuarios en la aplicación del presupuesto y determinación de prioridades y acciones es parte de la actual estructura, mediante el llamado presupuesto participativo se estimula el compromiso de los ciudadanos con la gestión social y se establecen mecanismos de control popular que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos económicos, técnicos y humanos.
El trabajo del sindicalismo (FNU - CUT), en alianza con el PT recientemente triunfante en las elecciones generales, y una amplia y diversa gama de organizaciones no gubernamentales técnicas, empresariales y profesionales permitieron llegar al fin del mandato presidencial vigente con una esperanza de contar con el ámbito adecuado para debatir una política nacional de saneamiento por encima de los intereses económicos. Las pocas privatizaciones realizadas en el sector del agua son duramente cuestionadas por este frente popular y se trabaja con amplitud de criterio para lograr los consensos necesarios en la etapa constitucional que próximamente se inaugura en el país hermano. Tenemos la impresión que los trabajadores y el pueblo brasileño está alerta ante las presiones del gobierno estadounidense y de las IFI's sobre el naciente gobierno federal.
Respecto a Chile, país anfitrión de este encuentro, como es lógico dejo en manos de los locales expresar con mejor conocimiento y mayor capacidad de síntesis la situación del sector del saneamiento básico.
Finalmente, debo afirmar en forma clara y rotunda que aún en los países del primer mundo donde se privatizó en forma absoluta el servicio de agua (ej. Inglaterra donde el gobierno de Blair es cuestionado por las prestaciones privadas de servicios públicos) se puede comprobar el fracaso de tales experiencias con la sola mención de los índices de cobertura del servicio, los niveles de accesibilidad y el costo desmesurado para el usuario. De tal forma que, a pesar de la preocupante situación que se atraviesa en la mayor parte de los países de Sudamérica, de la caída estrepitosa del nivel económico de nuestros pueblos y de las pruebas abundantes de corrupción y pérdida de los valores más elementales por nutridos grupos de dirigentes de todos los ámbitos, existen también posibilidades concretas de llevar a cabo serios planteamientos al poder de turno para rechazar la venta de los servicios públicos y de los recursos naturales.
Notas:
1. Encargado regional de la Internacional de Servicios Públicos ISP. Red Latinoamericana de Sindicatos del Sector del Agua [Volver]
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