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16ene17
El Presidente del Tribunal Constitucional prevarica
La COB tiene razón: el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió sobre el asunto del pre-aviso a favor de Petrobras y esto tiene muy graves consecuencias al no haber recurso posible a una sentencia de esta naturaleza, salvo una revisión de la interpretación por parte de la Sala Plena del Tribunal o bien por otra sentencia.
La cuestión de fondo en éste y otros casos es que el Presidente del Tribunal Constitucional, Juan Oswaldo Valencia, miente descaradamente, ya que si es válida la jurisprudencia contenida en la SCP 1262/2013 y sigue pues vigente y aplicando su abstruso principio de "modulación", la SC 907/2016-S3 sería un acto arbitrario y debería ser nulo en aplicación de puros principios doctrinales de técnica procesal.
La consecuencia es que lo que ha hecho el tal Juan Oswaldo Valencia es prevaricar, él y todos los miembros de la Sala Tercera que dictaron la reciente SC 907/2016-S3.
La acepción de la palabra prevaricación es "delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta", según el diccionario de la Real Academia Española.
Y según el Código Penal boliviano en su artículo 173 (Prevaricato) este delito está penado del siguiente modo:
"La jueza o el juez, que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años".
En el caso del tal Valencia es más grave aún, ya que su falso constructo va en contra de la propia Constitución Política del Estado Plurinacional.
Los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional han actuado de igual manera en contra del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y en contra de la jurisdicción indígena originaria, anulando de un plumazo la elección de autoridades por usos y costumbres.
Este parece ser el caso de una sentencia no hecha pública aún en contra de las comunidades indígenas guaranís de la TCO Itika Guasu.
En ambos casos se está ante delitos flagrantes de prevaricato, que es el delito más grave que puede cometer un juez, con el agravante de que estos jueces están para defender los derechos consagrados en la Constitución, no para ir en contra de la misma.
Dicho más claramente: el señor juez Juan Oswaldo Valencia prevarica en contra de la Constitución, es decir, viola descaradamente su estatuto como juez constitucional y aprueba por escrito y con alevosía enmendarla y desconocerla.
No es posible crimen más grave por parte de un juez, quien además, no sólo lo comete, sino que lo anuncia a bombo y platillo en una conferencia de prensa dada el 10 de enero presuntamente ratificado por un "Comunicado público" puesto online en la página web oficial del alto tribunal el 12 de enero, eso sí sin firma y sin membrete alguno.
Esta estrategia pública no es más que un uso torticero y fraudulento de la doctrina con el que pretende establecer una coartada para encubrir el crimen evidente: que ha/han prevaricado.
[Fuente: Por Irandey Tupapire, Corresponsal de Radio Nizkor, Tarija, 16ene17]
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