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31jul13
El protervo Walter Ferrufino amenaza a la APG IG y El País continúa falseando la información
La información que distribuye El País continúa en la línea racialmente motivada que le caracteriza en lo que hace a la cuestión indígena, o lo que es lo mismo, con intencionalidad racista.
El protervo Walter Ferrufino oculta que se ha llegado a ejercer el derecho constitucional a consulta previa con la ABC porque el Ejecutivo Seccional y la Gobernación, a través del protervo Bass Werner, ocultaron el proyecto de pavimentación Entre Ríos-Palos Blancos a la APG IG, desconociendo la legalidad vigente, siendo que en su condición de funcionarios públicos están obligados a cumplir con la constitución y con la ley.
Walter Ferrufino José Larrazabal Roberto Ruiz Ambos protervos funcionarios están acostumbrados a ejercer un "derecho señorial" y reaccionario conforme al cual se consideran por encima de la ley en cuanto se trata de derecho indígena usando, además, la coerción social a través del Prosol, las amenazas y toda suerte de estrategias coloniales para mantener la sumisión que consideran como única posibilidad de la "condición indígena".
En este sentido, el artículo que reproducimos más abajo es una clara muestra de esa presión social que ejerce impunemente el protervo Walter Ferrufino en la provincia O'Connor y, por extensión, en la TCO Itika Guasu.
1) El derecho a consulta afecta, en este caso, sólo a la APG IG como propietaria de la TCO Itika Guasu y esta representación propietaria se ejerce a través del Directorio de la organización, tal cual establecen la ley y los usos y costumbres.
2) Walter Ferrufino no tiene nada que opinar en este momento procesal, dado que las negociaciones, o sea, el ejercicio del derecho a consulta, se da entre la ABC y la APG IG tal cual establece la ley.
A ello se añade el que se llega a esta situación porque SEDECA ocultó el proyecto y no procedió de acuerdo a lo ordenado por la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, 25 de octubre de 2010, notificada el 12 de abril de 2011 a la APG IG y a SEDECA, dado que ambos son parte de la misma.
Es decir, que SEDECA desacató la sentencia de forma flagrante, tal cual viene haciendo desde el mismo momento en que le fue notificada. Por consiguiente, la APG IG se dirigió al responsable del estudio TESA, esto es, a la empresa ABC, para exigir este derecho, siendo que además es totalmente compatible con las características de dicho estudio, ya que sin la realización de la preceptiva consulta previa el proyecto sería nulo.
3) Las reuniones con Autotransportes a las que hace referencia el diario El País son legítimas. Obviamente, el protervo Walter Ferrufino puede reunirse con quien quiera. No obstante, la afirmación de que "no se va a permitir que se obstaculice la realización de la carretera por parte del directorio de la APG IG" constituye una clara amenaza racista que, no sólo es improcedente, sino también ilegal.
5) Estas declaraciones extemporáneas y de clara intencionalidad racista están provocadas por su rechazo a reconocer la propiedad de la TCO Itika Guasu por parte de los guaranís representados por la APG IG, así como la Sentencia Constitucional que afecta a esta organización y por cuyo incumplimiento el protervo Walter Ferrufino se encuentra imputado por la justicia. [Ver Análisis contextual del discurso del diario "El País" en contra de los guaranís de la APG IG, propietaria de la TCO Itika Guasu"]
4) La APG IG ejerce sus derechos como mejor conviene a sus intereses colectivos y siempre dentro del marco de la ley. Ello incluye el recibir la compensación correspondiente, como cualquier propietario, o definir aquellos puntos del proyecto que sean contrarios a sus intereses, lo que está más allá de las intenciones del protervo Walter Ferrufino, quien no participa de esta negociación por incumplimiento deliberado de la ley y manifiesto incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
5) Los protervos funcionarios Walter Ferrufino y Bass Werner han aceptado, sin género alguno de dudas, su incompetencia en la planificación y ejecución de carreteras, siendo la prueba más evidente el caso de la variante de Canaletas, donde se produjo el "olvido" en el proyecto de cuatro puentes y donde el kilómetro de carretera (sin puentes) tiene un costo aproximado hasta el momento de 2,5 millones de dólares.
Con el agravante, valga la expresión, de que la falta de terminación de esta obra es la causa única y real de que el ducto GVT no haya podido llegar a Tarija, por lo que ambos deberían responder por la organización de la campaña racista en contra de la APG IG acusándola falsamente de bloquear la construcción del ducto y, más aún, de los daños económicos que las demoras indebidas de la variante de Canaletas han producido a la economía de la región (muy especialmente a los habitantes de Entre Ríos) y a la empresa YPFB Transportes SA, o sea, al Estado Plurinacional que es el propietario de la empresa, ya que necesariamente estos retrasos tienen que haber redundado en mayores costos.
Además, procedieron a la anulación de la denominada "carretera al Chaco" por intereses racistas, o sea, que prefirieron anular un proyecto y provocar una pérdida absoluta en el proyecto antes de reconocer un acuerdo basado en el derecho a consulta y conforme al cual, mediante Convenio firmado en septiembre de 2009, la Gobernación de Tarija reconoció la propiedad de la TCO Itika Guasu a la APG IG, propiedad que fue confirmada por la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, de 25 de octubre de 2010, notificada el 12 de abril de 2011 a la APG IG y a SEDECA, y, por ende, a la Gobernación de Tarija.
Las pérdidas en este caso pueden llegar a decenas de millones de dólares, tanto por el abandono del proyecto, como por los daños civiles provocados a las empresas, así como por la reparación de los daños medioambientales provocados y la obligación de volver la tierra a su situación anterior a las obras, a la que vienen obligados por la legislación interna boliviana y por el derecho internacional. Todo ello provoca un pasivo legal invisible del que responderá la Gobernación de Tarija, y subsidiariamente el Estado Plurinacional, antes o después.
Y todo ello por incompetencia y mera intencionalidad racista.
[Fuente: Editor de Radio Nizkor, Guaye, 30jul13]
Ejecutivo Ferrufino espera acuerdo entre ABC y APG IG El ejecutivo seccional de Entre Ríos, Walter Ferrufino, manifestó que esperan que haya predisposición para concretar el asfaltado del tramo Entre Ríos - Palos Blancos, y aclaró que le preocupa que surjan condicionamientos económicos o de otra índole que obstaculicen el emprendimiento carretero en la reunión entre funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG IG).
Ferrufino explicó que desde pasados días se están reuniendo con dirigentes del Autotransporte para analizar la consulta previa que se debe hacer al pueblo indígena y adelantó que "no se va a permitir que se obstaculice la realización de la carretera por parte del directorio de la APG, porque la sociedad precisa la obra y las instituciones cívicas lo respalda".
Alrededor de las ocho de la noche de ayer, Ferrufino indicó que continuaba la reunión y que aún no se habían conocido algunas conclusiones. "Estamos atentos y alertas a las conclusiones, esperamos que sean las mejores en beneficio de todos", mencionó a tiempo de sugerir que las determinaciones de la reunión sean dadas a conocer a las bases.
Para concluir, el ejecutivo seccional dijo que espera que si existe algún aspecto negativo del emprendimiento o perjuicio contra las comunidades, esto sea dado a conocer puntualmente, para que los habitantes de Entre Ríos también puedan decidir sobre si la obra les beneficia, o no, pues "se conoce la necesidad de integración en toda la región".
El País intentó comunicarse, vía teléfono celular, con el director regional de la ABC, Marcelo Sosa, sin embargo esto no fue posible y hasta el cierre de esta nota no se conocía los resultados, empero, se había anticipado previamente que los resultados serán dados a conocer hoy ante la prensa.
[Fuente: El País, Tarija, 31jul13]
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