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23may13
Análisis contextual del discurso del diario "El País" en contra de los guaranís de la APG IG, propietaria de la TCO Itika Guasu
El pasado día 20 de mayo el diario "El País" de Tarija publicaba un comunicado nuestro de fecha 01 de mayo de 2013. Es la primera vez que esto sucede sin tener que pagar por su publicación. No obstante, como la lismona tenía que tener precio, el diario se despachaba con otro artículo que, una vez más, incluye falsedades, medias mentiras y descontextualización de la información. Para facilitar la comprensión publicamos al final de nuestro comentario el texto completo del mismo, titulado "APG IG y Nizkor cargan contra Roberto Ruiz y Walter Ferrufino, a los que califican de perversos"
Trataremos de poner en claro esta manipulación de la información que, por otra parte, es una característica intrínseca del estilo periodístico de este medio de prensa.
Walter Ferrufino Lino Condori Roberto Ruiz I) La nota comienza con la siguiente información:
Otra obra estratégica para Tarija, como es la construcción de la ruta Entre Ríos - Palos Blancos, en la que el gobierno de Evo Morales ha comprometido 85 millones de dólares, se enfrenta con la oposición de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), asesorada por la ONG Nizkor, que no cuenta con registros ni autorizaciones de funcionamiento en Bolivia.
La "obra estratégica" para Tarija es simplemente pavimentar la ruta Entre Ríos - Palos Blancos, una carretera construida por el Ejército para la guerra del Chaco, que nunca fue pavimentada y que es por mérito propio, junto a la de Tarija - Entre Ríos, una de las carreteras más peligrosas del mundo. Por tanto, eso de la "construcción" es simplemente una falsedad.
El Gobierno de Evo Morales se comprometió a pavimentarla, que no a construirla, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, entre otras cosas porque SEDECA Tarija, o sea la Gobernación, ha demostrado su total incompetencia en forma reiterada y sistemática.
La obra, según el periódico, se "enfrenta con la oposición de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG)", lo cual es totalmente falso. La APG IG ha exigido que se cumpla con el derecho de consulta que le asiste, pero es falso de pura falsedad de que se "oponga". Lo que hace el medio de prensa es expresar su opinión de que el derecho de consulta es un bloqueo a esta obra o cualquier otra y esto, simplemente, porque lo ejercen unos indígenas que, no se sabe por qué, tienen derecho a opinar.
El agravante viene dado, según el diario, porque están asesorados legalmente, algo propio de la "maldad indígena", que ha osado defender sus derechos y usar asesores para sí. Como todo el mundo puede comprender, esto es una costumbre "bárbara" que no se puede permitir a indígenas y menos aún cuando los asesores son presuntamente "extranjeros" y, por lo tanto, xenofóbicamente culpables de violar los usos y costumbres racistas que impiden a los indígenas tener asesoramiento.
II) Continúa el diario El País con sus proposiciones:
La APG IG/Nizkor exige la consulta previa antes de que la consultora contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que debe ingresar a la zona de las obras, efectúe los estudios para validar un proyecto elaborado por el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).
Según esto se exige la consulta previa antes de que la ABC efectúe los estudios para validar el proyecto elaborado por SEDECA, lo que es un evidente desatino digno de indígenas ignorantes y extranjeros mal intencionados.
La verdad es que se pidió en ese momento porque SEDECA ocultó el proyecto y no procedió de acuerdo a lo ordenado por la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, 25 de octubre de 2010, notificada el 12 de abril de 2011 a la APG IG y a SEDECA, dado que ambos son parte de la mencionada sentencia.
O sea, que SEDECA desacató la sentencia de forma flagrante, tal cual lo viene haciendo desde el mismo momento en que le fue notificada. Por consiguiente, la APG IG se dirigió al responsable del estudio TESA, esto es, a la empresa ABC, para exigir este derecho, siendo que además es totalmente compatible con las característica de dicho estudio, ya que sin la consulta previa realizada el proyecto sería nulo.
Ello significa que todos los directores de SEDECA y el Gobernador Condori, del que depende directamente esta organización, han inclumplido con lo que la fiscalía en el caso de la imputación de Walter Ferrufino califica como:
.... ilícito previsto y sancionado por el Art. 154 del C.P., en base a los siguientes fundamentos: omisión a la consulta previa mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT Art. 6 numeral I inciso a), ratificado por Ley 1257 de 11-07-1991; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Arts. 18, 19 y 32 numeral 2, elevado a rango de ley según Ley 3760 y 3897, desestimando el derecho de los pueblos indígenas de decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo social relativo a las tierras que ocupan y su participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas que les afectan directamente según Convenio 169 de la OIT, Artículo 7 numeral I, ratificado por Ley 1257 de 11-07-1991, los cuales se encuentran respaldados por el Art. 256 de la C.P.E., la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Art 32 numeral 1, elevado a rango de ley según Ley 3760 y 3897.
III) A continuación el Diario propone otra falsedad:
La exigencia de consulta previa se hace pese a que la ruta transcurrirá en su mayor parte por el derecho de vía consolidado a favor del Estado boliviano, que es el que corresponde al trazo actual de la ruta existente.
Aquí la mala fe brilla sobre el horizonte del pensamiento: el diario reconoce que la carretera pasa por territorio indígena....., pero el Estado tiene derecho consolidado y, por lo tanto, no corresponde el derecho a consulta, olvídandose una vez más de la actual Constitución Política del Estado y de toda la argumentación legal que la fiscalía ha utilizado en el caso de Walter Ferrufino, antes mencionado, y de los acuerdos firmados por la Gobernación con la APG IG en septiembre de 2009, donde se reconoce el derecho propietario sobre la TCO Itika Guasu.
IV) El periódico "El País" persiste en la falacia de sus argumentos:
Con estos argumentos, la APG IG se libera a sí misma de cumplir las leyes nacionales y departamentales en lo que se refiere al libre acceso del Estado para la ejecución de obras de infraestructura y desarrollo y que los gobiernos departamentales y municipales sí deben cumplir, según analistas jurídicos consultados por El País.
Esta afirmación oculta que la Gobernación de Tarija firmó un Convenio con la APG IG en septiembre de 2009 en el que a) se reconoce que la propiedad de la TCO Itika Guasu recae en la APG IG y b) se utiliza una fórmula legal de usufructo que sería aplicable a todos los derechos de vías dentro de esta propiedad. Obviamente, el Gobernador Condori y el secretario Roberto Ruiz Bass Werner conocen este convenio, pero lo ignoran e incumplen porque están en contra del mismo, siendo este convenio una de las causas "no-públicas" de que se haya anulado la construcción de la variante al Chaco.
Pero es que además, la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, de 25 de octubre de 2010, notificada el 12 de abril de 2011 a SEDECA, está originada en un problema de carretera dentro de la TCO Itika Guasu, a causa de lo cual SEDECA recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional precisamente porque los indígenas no tenían, ni el derecho de propiedad, ni el derecho de consulta.
Como es conocido, SEDECA perdió el caso y su argumentación fue desmentida por el más alto tribunal del Estado, en una sentencia que reconoce el derecho de propiedad de la APG IG sobre la TCO Itika Guasu y, por supuesto, el derecho a consulta que le correponde como pueblo indígena originario que habita dicho territorio desde hace al menos 400 años. A pesar de lo cual "El País" la ignora y Lino Condori, Roberto Ruiz Bass Werner y Walter Ferufino la incumplen deliberadamente.
Es tan escandalosa la situación, que nunca se ha publicado en el periódico la fundamentación de esta sentencia, ni la imputación de Walter Ferrufino por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sería indigno de la rancia estirpe de los dueños del periódico publicar cuestiones que son favorables a los derechos indígenas cuando por todos es sabido que los indígenas no tienen derechos y menos aún a la propiedad de la tierra.
V) Pero el agravio es mayor aún, según el periódico, cuando afirma:
En efecto, el comunicado hace referencia a que la APG IG "es la propietaria legal y legítima de la TCO Itika Guasu".
Ya hemos dejado en claro que la APG IG es la propietaria legal y legítima porque así lo dice la NCPE, la legislación aplicable y lo ha ratificado sin posibilidad de recurso alguno el más alto tribunal: el Tribunal Constitucional.
A todo ello se suma el hecho de que las TCO tienen unas características de las denominadas especialísimas en derecho y es que son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles.
VI) Las afirmaciones falsas continúan con verdadera audacia intelectual y de este modo afirman sin dudar:
Sin embargo, la APG IG/Nizkor, en un comunicado difundido con fecha 1 de mayo de 2013, actúa como "propietario" del Territorio Comunitario de Origen (TCO), como una unidad geográfica ajena y distinta del territorio boliviano.
Siguiendo con su lenguaje racista, el periódico afirma que hemos dicho que la TCO es una "una unidad geográfica ajena y distinta del territorio boliviano" lo cual, no sólo es falso de pura falsedad, sino que tiene la finalidad de completar un constructo racista, usado en otras oportunidades por este medio, según el cual los "indios" son separatistas y contrarios a la unidad nacional por el simple hecho de existir.
El significante de esta proposición encierra una aplicación práctica del pensamiento colonial: los "indios" nunca pueden ser propietarios de la tierra y por ello no sólo no son sujetos de derechos, sino que además deben ser exterminados.
Como explicitar este discurso es, hoy por hoy delito, el periódico escribe de manera tal que presenta las consecuencias de su pensamiento y oculta las causas. Ejercicio vano en un estado de derecho en que las libertades civiles que, obviamente, también corresponden a los "indios", están protegidas por la Constitución y la ley.
Es estúpido el planteamiento, pero totalmente perverso, de que la APG IG se quiere "independizar" del estado nacional y no cumplir con las leyes, cuando son la Gobernación, SEDECA y el Seccional local de O'Connor las entidades que violan los derechos indígenas reconocidos en la NCPE, que en su artículo 2) afirma:
Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley."
Por su parte, el art. 41.5 de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (modificada por mediante Ley 3545), dispone:
"Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de Organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles".
Y por si quedaran dudas a tan excéntrico pensamiento, la "Ley marco de autonomía y descentralización "Andrés Ibañez", Ley 031 de 19 de julio de 2010, dice:
Son pueblos y naciones que existen con anterioridad a la invasión o colonización, constituyen una unidad sociopolítica, históricamente desarrollada, con organización, cultura, instituciones, derecho, ritualidad, religión, idioma y otras características comunes e integradas. Se encuentran asentados en un territorio ancestral determinado y mediante sus instituciones propias, en tierras altas son los Suyus conformados por Markas, Ayllus y otras formas de organización, y en tierras bajas con las características propias de cada pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2, el Parágrafo I del Artículo 30 y el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado."
Alguien puede pensar que en el periódico "El País" reina la ignorancia y que son analfabetos funcionales y de allí los errores conceptuales que surgen de un análisis contextual del artículo.
Nada más lejos de la verdad. Lo que ocurre es simplemente que son racistas, desconocen los derechos indígenas y desde su óptica colonial y señorial lo que es un escándalo es que los indígenas guaraníes tengan la propiedad de la tierra y que violen el derecho colonial a la propiedad de los señores a los que representa el periódico.
Defienden una alianza como la que se produce en la Gobernación entre el ultraderechista, y racista reconocido, Roberto Ruiz Bass Werner y su sobrino político, "ganadero sin tierra" y reaccionario puro, Walter Ferrufino, alianza en la que Lino Condori ejerce nominalmente de Gobernador mientras estos protervos funcionarios violan la Constitución en favor de sus teorías racistas.
VII) Para cerrar el discurso reaccionario e irracional afirma el periódico, poniéndolo en boca de anónimos "analistas jurídicos" :
"Lo curioso del caso, dijo uno de ellos, es que el Gobierno hasta la fecha no ha investigado a Nizkor, cuyo rol ya fue cuestionado a raíz de la oposición de la APG IG a la ampliación del GVT (Gasoducto Villa Montes Tarija), mientras recibió 14 millones de dólares de la Repsol para dar curso a obras que viabilizaron la exportación de gas a Argentina, mediante acuerdos secretos que hasta ahora nadie conoce", advirtió.
Aquí la perversión del lenguaje usado llega a su paroxismo al disponer una mezcla de argumentos falsos de pura falsedad:
a) No se sabe si fue el Equipo Nizkor o la APG IG la que recibió 14 millones de dólares de la Repsol.
Como ya hemos explicado reiteradamente, en nuestro comunicado de fecha 15 de marzo de 2011 titulado "La APG IG anuncia el comienzo del funcionamiento del Fondo de Inversión Itika Guasu" se hizo público que se había constituido el mismo y que es propiedad de la APG IG. El Equipo Nizkor fue el asesor legal y financiero. Este comunicado se hizo público en español, inglés y francés, para cumplir con los estándares propios de la práctica financiera internacional.
b) El acuerdo fue con Repsol "para dar curso a obras que viabilizaron la exportación de gas a Argentina, mediante acuerdos secretos que hasta ahora nadie conoce".
Falso de pura falsedad. El acuerdo entre Repsol Boliva SA y la APG IG se refiere al reconocimiento de la propiedad de la TCO Itika Guasu y al cumplimiento del derecho a consulta. No son secretos y el Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Hidrocarburos, tienen conocimiento fehaciente del acuerdo. Es obvio que estos acuerdos no tienen que ver con el gasoducto que lleva gas a Argentina por una razón muy simple: ese ducto no transcurre por la TCO Itika Guasu y por lo tanto está excluido del derecho a consulta que correspondería en caso de pasar por la TCO.
c) Hemos dicho en varios comunicados que la APG IG nunca se opuso al GVT, simplemente exigió su derecho a ser consultada. A día de hoy existen además pruebas documentales indubitables de que el retraso en la construcción del ducto nada tiene que ver con la APG IG y mucho con la incompetencia de la Gobernación de Tarija y del Ejecutivo Seccional de O'Connor, que en más de 10 años no han logrado terminar la variante de Canaletas debido a que en el proyecto original se "olvidaron" de prever la construcción de al menos cuatro puentes. Esta es la causa real y objetiva de la demora y, como es fácil comprender, nada tiene que ver en esto la APG IG.
d) El anónimo "analista jurídico" se "asombra" de que el Equipo Nizkor no haya sido investigado por los hechos que allí se enumeran y que son falsos de pura falsedad. El Estado boliviano no tiene razón alguna para investigar al Equipo Nizkor bajo los supuestos falsos que propone "El País", y cuando esta organización no ha cometido violación de ley alguna, dado que el asesoramiento que presta lo hace en el marco de sus actividades de derechos humanos sin fines de lucro, protegidas por convenciones internacionales, de las cuales es parte el Estado boliviano.
VIII) Lo mismo ocurre con relación a las afirmaciones del Secretario Roberto Ruiz Bass Werner, y que según el diario dijo:
En cuanto al comunicado de la APG IG/Nizkor, Ruiz dijo que en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto al empoderamiento de los pueblos indígenas, se trabaja para que varias ONG, como Nizkor, no se aprovechen de los pueblos indígenas originarios, como estaría ocurriendo en Entre Ríos.
Ruiz ratificó que las ONG aprovechan de estas situaciones exigiendo compensaciones multimillonarias a nombre de los pueblos indígenas para permitir la construcción de cualquier obra dentro de las tierras de los pueblos originarios y que esta acción habría ocurrido en todo el territorio nacional y como ejemplo citó el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure).
"Esta ONG pedía varios millones por compensación, por ejemplo, para la construcción de una planta hidrocarburífera a título del pueblo indígena, y estos dineros nunca llegaron, hicieron extorsiones a varias compañías a título de apoyar al pueblo Itika Guasu, y que hayamos frenado esto es la irritación que tiene la Nizkor", manifestó.
En este caso la mentira es absoluta y la falsedad de los argumentos más aún.
a) El Equipo Nizkor nunca ha dirigido una carta a Roberto Ruiz Bass Werner, ni a la Gobernación de Tarija, ni al Ejecutivo Seccional Walter Ferrufino, por lo tanto, es falso de pura falsedad la afirmación en ese sentido.
b) El Equipo Nizkor no ha tenido nada que ver con la construcción de una planta hidrocarburífera, dado que la misma corresponde a otra jurisdicción indígena distinta a la APG IG y, además, nunca ha tenido relación directa con ninguna empresa como afirma en sus declaraciones, siendo sus afirmaciones falsas y mendaces.
c) Si algo puede tener seguro el protervo funcionario Roberto Ruiz Bass Werner es que la TCO Itika Guasu no es el TIPNIS y que aquí la representación de la propiedad de la TCO está fuera de toda discusión; utilizar el TIPNIS en este momento y en estas circunstancias es una perversión que confirma su pensamiento racista y reaccionario.
IX) Por último quedan las declaraciones del protervo funcionario Walter Ferrufino, quien según el diario se ratifica en la negación del derecho a consulta.
Recordaremos únicamente que desde el 2 de abril de 2013 Walter Ferrufino está imputado por la justicia por incumplimiento de deberes, ilícito previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal, precisamente por negar el derecho a consulta a la APG IG. Como dice la Sentencia Constitucional nš 760/2003-R:
"La imputación formal ya no es una simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la Ley penal sustantiva: o lo que es lo mismo, debe apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa".
Lo único que podemos agregar es que con posterioridad a la fecha de imputación Walter Ferrufino, con su conducta, no ha hecho más que aumentar el nivel de prueba con relación a su incumplimiento reiterado y sistemático de la Sentencia Constitucional antes mencionada.
Será la justicia la que determine su responsabilidad final y creemos que hay elementos suficientes para pensar que su culpabilidad está ampliamente demostrada.
Hasta aquí el análisis contextual del artículo del diario "El País" de Tarija, que hemos calificado suficientemente y donde la falsedad de argumentos y la intencionalidad racista ha quedado demostrada por pura lógica semántica.
Como ya hemos dicho en nuestro comunicado de fecha 01 de mayo de 2013, es evidente que tanto Walter Ferrufino como el Secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz Bass Werner, tienen un problema de aprehensión del principio de legalidad así como del respeto a los derechos indígenas y a las libertades civiles propios de un estado de derecho. Su comportamiento sólo puede explicarse si se analiza el mismo desde el punto de vista del racismo, es decir, entendiendo que actúan movidos por prejuicios raciales en contra de los pueblos indígenas (y no sólo de la APG IG).
Guaye y Charleroi, 23 de mayo de 2013
Departamento jurídico de la APG IG
Equipo Nizkor
APG IG y Nizkor cargan contra Roberto Ruiz y Walter Ferrufino, a los que califican de perversos Otra obra estratégica para Tarija, como es la construcción de la ruta Entre Ríos - Palos Blancos, en la que el gobierno de Evo Morales ha comprometido 85 millones de dólares, se enfrenta con la oposición de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), asesorada por la ONG Nizkor, que no cuenta con registros ni autorizaciones de funcionamiento en Bolivia.
La APG IG/Nizkor exige la consulta previa antes de que la consultora contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que debe ingresar a la zona de las obras, efectúe los estudios para validar un proyecto elaborado por el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).
La exigencia de consulta previa se hace pese a que la ruta transcurrirá en su mayor parte por el derecho de vía consolidado a favor del Estado boliviano, que es el que corresponde al trazo actual de la ruta existente.
Sin embargo, la APG IG/Nizkor, en un comunicado difundido con fecha 1 de mayo de 2013, actúa como "propietario" del Territorio Comunitario de Origen (TCO), como una unidad geográfica ajena y distinta del territorio boliviano.
En efecto, el comunicado hace referencia a que la APG IG "es la propietaria legal y legítima de la TCO Itika Guasu".
Con estos argumentos, la APG IG se libera a sí misma de cumplir las leyes nacionales y departamentales en lo que se refiere al libre acceso del Estado para la ejecución de obras de infraestructura y desarrollo y que los gobiernos departamentales y municipales sí deben cumplir, según analistas jurídicos consultados por El País.
"Lo curioso del caso, dijo uno de ellos, es que el Gobierno hasta la fecha no ha investigado a Nizkor, cuyo rol ya fue cuestionado a raíz de la oposición de la APG IG a la ampliación del GVT (Gasoducto Villa Montes Tarija), mientras recibió 14 millones de dólares de la Repsol para dar curso a obras que viabilizaron la exportación de gas a Argentina, mediante acuerdos secretos que hasta ahora nadie conoce", advirtió.
La APG IG justifica la contratación de Nizkor ratificando un comunicado anterior, que decía que: "Con relación a nuestros asesores, es obvio que está dentro de nuestro poder de autonomía como asociación indígena el contar con asesores legales, económicos, notariales, medioambientales y de otras especialidades, que se corresponden a nuestra estrategia jurídica a largo plazo, contando además con el asesoramiento de organizaciones de derechos humanos, universidades y especialistas en derecho penal internacional, mercantil internacional y medioambiental internacional, para lo cual no tenemos que pedir autorización ni dar explicaciones a ninguna empresa y tampoco al Gobierno nacional o departamental".
El comunicado, que lo reproducimos íntegro en nota aparte, califica de mentiroso al secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz Bass Werner, y de protervo (perverso, obstinado en la maldad, Diccionario RAE) al ejecutivo seccional de O'Connor, Walter Ferrufino Gaite.
Ruiz retruca
En cuanto al comunicado de la APG IG/Nizkor, Ruiz dijo que en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto al empoderamiento de los pueblos indígenas, se trabaja para que varias ONG, como Nizkor, no se aprovechen de los pueblos indígenas originarios, como estaría ocurriendo en Entre Ríos.
Ruiz ratificó que las ONG aprovechan de estas situaciones exigiendo compensaciones multimillonarias a nombre de los pueblos indígenas para permitir la construcción de cualquier obra dentro de las tierras de los pueblos originarios y que esta acción habría ocurrido en todo el territorio nacional y como ejemplo citó el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure).
"Esta ONG pedía varios millones por compensación, por ejemplo, para la construcción de una planta hidrocarburífera a título del pueblo indígena, y estos dineros nunca llegaron, hicieron extorsiones a varias compañías a título de apoyar al pueblo Itika Guasu, y que hayamos frenado esto es la irritación que tiene la Nizkor", manifestó.
Ferrufino se ratifica
Ferrufino respondió a la APG IG/Nizkor diciendo que las declaraciones de los representantes de la Nizkor le tienen sin cuidado y que revisando su página en el portal web estas ofensas no son solamente al ejecutivo seccional sino también al gobernador de Tarija y a Roberto Ruiz.
Aseguró que continuará con la iniciativa de realizar la consulta a los pobladores de la APG IG para la aceptación de la construcción de este tramo carretero. "Si el tema es hacer una consulta, hay que hacerla, pero que sea a través del directorio de la APG a las comunidades de la APG IG, tenemos que hacer seguimiento para que la Nizkor no tenga intromisión en las decisiones de la APG, que pueden asesorar en el aspecto legal y técnico está bien pero no pueden decidir", expresó.
[Fuente: El País, Tarija, 20may13]
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