15sep08

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La APG IG hace público un comunicado ante la masacre de El Porvenir, el saqueo de la sede de organizaciones indígenas y pide que el Fiscal General sea reemplazado

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Comunicado

A la opinión pública nacional e internacional

Ante los graves sucesos ocurridos en la República de Bolivia, de los cuales destacamos los siguientes:

• 1) La masacre perpetrada el 11 de septiembre de 2008 en las cercanías del municipio de El Porvenir, a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando, en la que han sido asesinados al menos 30 campesinos, según el reconocimiento oficial del Gobierno.

  Según todos los testimonios recogidos, los presuntos autores de este acto de exterminio son sicarios organizados e instrumentalizados por las autoridades del Departamento de Pando.

• 2) El asalto, saqueo y destrucción de la sede de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC, ocurridos el 11 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y denunciados públicamente por esta organización hermana en su comunicado de 14 de septiembre de 2008

• 3) El asalto y saqueo de la sede de la CIDOB, ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que dicha organización informa en un comunicado hecho público el 14 de septiembre de 2008

• 4) El asalto y saqueo de la sede de la organización Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), ocurrida el 9 de septiembre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según recoge el comunicado público de dicha organización de 10 de septiembre de 2008

El Comité Ejecutivo de la APG IG y los Mburuvichas Zonales y Comunales, en uso de sus atribuciones legítimas y legales:

DECLARAN:

• 1) Expresamos nuestra solidaridad con todas las organizaciones indígenas de Santa Cruz de la Sierra afectadas por estos saqueos de clara finalidad racista.

• 2) Expresamos nuestra solidaridad con la víctimas de la masacre de El Porvenir, cuyos mandantes, organizadores y ejecutores materiales tuvieron la voluntad expresa de cometer un acto de exterminio con finalidad racista.

• 3) Ratificamos nuestro comunicado de fecha 1 de mayo de 2008 con relación a los hechos de Cuevo, en el que apoyábamos la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 25 de abril de 2008, que afirmaba que existen instrumentos internacionales que son parte del Derecho Internacional de Derechos Humanos de los que la República de Bolivia es parte y que, por lo tanto, están por encima de la propia Constitución Política del Estado y son de obligatoria aplicación por parte de jueces, fiscales y toda autoridad gubernamental, y nos referimos muy especialmente, pero no taxativamente, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, y al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  También requeríamos al señor Presidente de la República para que se tomaran medidas específicas para que estos hechos no volvieran a ocurrir, haciéndonos eco de la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente recordaba al Estado boliviano "su obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición y para investigar y sancionar a los responsables, con estricto respeto a los derechos humanos".

• 4) Debemos constatar con profunda consternación que tanto los hechos de Cuevo como otros actos de violencia racista no fueron investigados de conformidad con las normas internacionales del debido proceso por parte del Fiscal General de la República, según la documentación judicial obrante en nuestro poder, y no nos consta se hayan adoptado medidas preventivas o cautelares para garantizar que estos hechos no volvieran a ocurrir, hasta el punto que, según surge de los hechos, ni siquiera la policía actuó preventivamente.

• 5) Insistimos en que el Fiscal General de la República debe actuar en concordancia con el artículo 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que tiene por título "Obligatoriedad" y según el cual "El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su comisión".

• 6) Reiteramos nuestra solicitud a las autoridades judiciales y jurisdiccionales para que éstas procedan a la persecución penal de los responsables de estos hechos, considerando que si en la planificación de los mismos, como creemos, participaron autoridades que tienen la obligación de aplicar la legislación internacional y nacional, dado su carácter de funcionario público o de autoridad electa, éste debería ser un agravante en el análisis de su conducta y debería llevar a la suspensión preventiva de sus funciones hasta tanto en cuanto se investiguen y depuren sus responsabilidades.

• 7) Apoyamos expresamente la solicitud hecha por parte de la Organización Indígena Chiquitana en su comunicado de 12 de septiembre de 2008, en el que expresamente resuelve "CONMINAR al Presidente Evo Morales Ayma a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, tratados y convenios Internacionales de protección a los derechos de los pueblos Indígenas; aplicando de manera inmediata medidas Constitucionales de conservación y preservación del orden público y, por ende, la protección inmediata de nuestros Territorios y Recursos Naturales. (Art.8 inc.a); Art. 111 de la CPE); ante las amenazas de grupos delincuenciales, violentos y fascistas que obedecen a las instrucciones de Rubén Costas y Branco Marincovick, fieles cachorros del Imperio Norteamericano que pretenden lograr con sus propósitos divisionistas luto y dolor en nuestras familias negando toda forma de institucionalidad al Estado Boliviano".

• 8) Solicitamos al señor Presidente de la República que adopte las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las sedes de las organizaciones indígenas, así como la integridad personal de sus dirigentes y activistas, dando las instrucciones necesarias para que se adopten planes preventivos de seguridad a estos efectos.

• 9) Consideramos que ha existido lenidad por parte del Fiscal General de la República y de los fiscales delegados que han investigado los diversos actos racistas y de violación grave a los derechos humanos y a los derechos indígenas; solicitamos al Señor Presidente de la República que tome todas las medidas necesarias para reemplazar en sus funciones a este alto funcionario y a todos aquéllos que sean responsables de no haber adoptado las medidas preventivas necesarias y suficientes para evitar este tipo de hechos.

Entre Ríos, a 15 de septiembre de 2008

Firman por el Directorio de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG IG)

• Never Barrientos, Presidente
• Florentino Zeballos, Vicepresidente
• Fernando Cuellar, Responsable Producción
• Benito Arce, Responsable Salud
• Gregorio Barrientos, Responsable Educación
• Zacarías Cuellar, Responsable de Infraestructura
• Benildo Vaca, Responsable de Recursos Naturales
• Plácido Rojas, Responsable Comunicación
• Jorge Delfin, Responsable de Tierra y Territorio

Mburuvichas Zonales

• Justino Molina, Mburuvicha Zonal, Zona 1
• Celestino Virela, Mburuvicha Zonal, Zona 2
• Fabián Cayo, Mburuvicha Zonal, Zona 3

DDHH en Bolivia

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