En su informe la CONADEP llegó a la conclusión de que muchos de los desaparecidos en la Argentina habían sido asesinados. Una conclusión lógica y razonable, que los familiares han recibido como única respuesta.

Sin embargo, la respuesta de lo que pasó con cada uno de los desaparecidos, cuándo, cómo, dónde, quién y por qué se decidió su destino, es una obligación ineludible que el Estado tiene que cumplir con sus familiares. La CONADEP ha dicho (Nunca Más, pág. 482): "'La respuesta acerca de su posterior destino está subordinada a los avances que se produzcan en la individualización de los responsables de la acción represiva a que nos venimos refiriendo".

Un grupo de familiares presentó en 1991 una demanda al Estado argentino sobre qué hizo el Estado con y por los desaparecidos. El gobierno argentino respondió que la información se había facilitado por medio del "Informe Final"de la dictadura militar del 28 de abril de 1983. En el mismo, se decía que todos los desaparecidos estaban muertos, sin ofrecer pruebas ni información sobre cada uno de ellos.

También la sociedad "tiene el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los acontecimientos pasados, así como las circunstancias y los motivos que hicieron posible que se cometieran crímenes aberrantes, a fin de impedir que éstos se repitan en el futuro" (CIDH, Informe 1985/86), porque el futuro de un pueblo no puede construirse sobre la ignorancia o negación de su historia.

El Estado no ha hecho ni está haciendo nada para la obtención de la verdad. Después del Informe de la CONADEP, no se ha continuado la investigación destinada a alcanzarla. No sólo con respecto a las víctimas de la Dictadura Militar, sino tampoco con respecto a las nuevas víctimas del período constitucional.