Distintas tesis revisionistas que han hallado eco en los más altos niveles del gobierno, han tratado en estos últimos años de relativizar los hechos aberrantes y la forma en que se produjeron.

En octubre de 1994 los capitanes de la Armada Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón (acusados por graves violaciones a los derechos humanos como integrantes de los grupos de tareas de la ESMA, y beneficiados por la ley de "Obediencia Debida", y cuyos pliegos de ascenso fueron elevados a la Cámara de Senadores por el Presidente de la Nación) admitieron ante la Comisión de Acuerdos del Senado su participación en la represión y reconocieron que apelaron a "interrogatorios y tormentos" como herramienta para obtener información y que la Armada había pasado "en su totalidad" por los "grupos de tareas"; "No había opciones, sólo pedir la baja". A modo de descargo, Pernías y Rolón afirmaron que algunos integrantes de la "Lucha antisubversiva" eran ahora almirantes.

En noviembre de 1994 y en dos oportunidades el Presidente de la Nación reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas afirmando que "triunfamos en esa guerra sucia que puso al país al borde de la disolución" (por estas declaraciones la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expulsó de su Consejo de Presidencia al Dr. Menem quien lo integraba desde 1981). Quince días más tarde, con una rapidez no habitual,. la justicia desestimó una denuncia por apología del delito, expresando que el Presidente no incurrió en delito al reivindicar a las Fuerzas Armadas, sino que únicamente manifestó un "elogio y enaltecimiento" de su accionar.

El gobierno argentino, en su informe (1) , trata de justificar la impunidad calificando de imposible el Juzgamiento de todos los responsables y presentando una supuesta situación caótica en "el abanico de responsabilidades que se hubiera abierto a los miles de funcionarios civiles de la administración pública central. Carcelaria, municipal, hospitalaria y de todos aquellos establecimientos involucrados en la represión y millares de civiles encubridores. De haber sido consecuente con lo postulado se habría desatado el caos".

Parecería entonces que la mejor forma de garantizar la impunidad es llevar las violaciones a los derechos humanos a un número lo suficientemente grande e involucrar en ellas a la mayor cantidad posible de personas.

También señala el gobierno "los límites objetivos al sistema judicial y [...] el equívoco de encomendar a la ley penal la elucidación de un conflicto de orden político-social [...] a la hora de calificar las culpas lo político cedió su prioridad a lo jurídico."

¿Torturas, asesinatos, desapariciones no deben entonces ser llevados a la justicia? ¿Quién los juzgará entonces? ¿Nadie?

Nota (1) Los extremos de la contradicción -tal como fue planteada por el Gobierno democrático en 1983- se asentaban, por un lado, en la Ley de autoamnistia dictada por el último de los Gobiernos del Proceso y, por otro, en la campaña electoral de juicio y castigo a los culpables. Esto es, entre la pretensión de una impunidad total y la voluntad de aplicar el vigor absoluto de la ley penal para castigar los delitos cometidos por la represión política.