Datos provenientes de estudios realizados en diferentes países del mundo revelan que la incidencia de la homosexualidad está comprendida en un rango que va del 4 al 17% de la población, de lo que se desprende que los homosexuales constituyen uno de los grupos minoritarios más importantes en esta sociedad. i a situación de las personas gays y lesbianas en nuestro país ha mejorado en los últimos años, fundamentalmente por el desarrollo alcanzado por el movimiento lésbico-gay desde 1991, con el surgimiento de numerosos grupos en la Capital y en el interior del país y un mayor apoyo de ciertos sectores sociales a sus reclamos.

A pesar de estos avances auspiciosos, por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1991 se denegó la personería Jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Este fallo revela el rechazo en el orden legal- institucional, vinculado con otras formas de discriminación más profundamente arraigadas en la sociedad argentina. Finalmente, y debido a la presión nacional e internacional, la personería le fue concedida a la CHA en 1992.

Si bien en los primeros tiempos de gestión del actual Presidente no existió política manifiesta en contra de los homosexuales, la represión policial contra la comunidad gay desatada en los últimos meses significó un cambio de estrategia, evidenciado en las numerosas denuncias recibidas por organismos de la comunidad gay. (la organización Gays por los Derechos Civiles recibió entre junio de 1992 y setiembre de 1994, a través de su línea Contra la Discriminación, 342 denuncias por aplicación de Edictos Policiales).

Esta figura legal está destinada a reprimir faltas menores conocidas como contravenciones, y se distinguen de los delitos por no estar previstos en el Código Penal de la República Argentina. Los Edictos reemplazan la figura del juez por la del jefe de policía, habilitando a la fuerza policial a detener y condenar a personas por un plazo máximo de 30 días.

Aunque su aplicación se restringe a la Capital Federal, en la mayoría de las provincias existen normas comparables. El articulo 2º del Edicto de Escándalo, inciso F, condena a los "que se exhibieran en la vía pública vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario". El articulo 3º inciso A del Edicto Bailes Públicos castiga al encargado del local que "permitiere el baile en pareja del sexo masculino".

En enero de 1992, el gobierno de Canadá otorgó, por primera vez en su historia estatus de refugiado político a Jorge Inaudi, ciudadano argentino gay nacido en la provincia de Córdoba Las autoridades canadienses comprobaron que habla sido perseguido sistemáticamente y detenido en numerosas oportunidades por la policía de Córdoba a causa de su orientación sexual La presentación judicial realizada por los abogados del Joven cordobés, con el apoyo de la Internacional Lesbian and Gay Human Rights Commition (ILGHRC), acompañaba como prueba al Código Contravencional, el que bastó para que las autoridades canadienses tomasen la determinación mencionada.

Una organización de gays y lesbianas inició al Cardenal Quarracino (Cardenal Primado de la Argentina), por sus declaraciones sobre los homosexuales, una querella por violación a la ley antídiscriminatoría (23592), que fracasó ya que la juez determinó, a manera de justificación, que las declaraciones del arzobispo hablan sido hechas en tiempo de cuaresma, dejando así libre de culpa y cargo a quien desde su encumbrada investidura promovió el odio y la discriminación

Las opiniones discriminatorias del Cardenal Quarracino hechas públicas en su programa semanal de televisión -(que se emite por el canal de TV del Estado)- van más allá del discurso oficial de la iglesia, que si bien considera la homosexualidad como antinatural, propone una actitud de tolerancia. Sin embargo, no hubo de Parte de la Pesia católica una condena a la diatriba homofóbica.