El Procurador Penitenciario -Dr. Eugenio Freixas- ha presentado un Informe oficial que refleja notoriamente la drástica situación que viven los presidiarios habitantes de cárceles federales (más de 5.000). No menciona a los alojados en cárceles provinciales (alrededor de 25.000), pero puede aseverarse que estos últimos no viven en mejores condiciones. Se trata de una situación que clama impostergable atención, ya que aqueja a aproximadamente 30 000 personas que sufren privación de libertad en el país.
Señalamos algunos puntos de este Informe del Procurador:
- Remarca la trascendencia -negativa- que exhibe el tremendo fenómeno del hacinamiento, hecho que atribuye a los siguientes elementos:
Frente a este fenómeno recomendó al Ministro de Justicia que instruya a los Fiscales para que estos soliciten la excarcelación del mayor número posible de Internos
- Señala la incapacidad del modelo social para generar un sistema de igualdad de chances (pág 11). Este juicio está insertado como colofón del Informe (pág. 89): "los presos son la manifestación más clara de nuestra incapacidad para generar un modelo de igualdad de chances".
- Aclara que recibió casi 1.400 quejas, que refieren a déficit en la alimentación, salud, traslados geográficos (desarraigo), golpizas, sanciones injustas, dificultad en la recepción de visitas y excesiva duración de la prisión preventiva. Efectuó 183 recomendaciones a la autoridad sobre tales problemas, de las cuales 100 resultaron denegadas y 83 resueltas favorablemente.
- Elaboró un anteproyecto de reglamentación acerca de las sanciones, que incluye la prohibición de las puniciones "colectivas", garantiza la defensa e instituye la excarcelación ante el Juez de Ejecución de Penas,
- Explica que el Hospital Penitenciario Central es actualmente un mero dispensario, y que para llevar a atención extramuros a un solo paciente durante 10 meses, se han tenido que asignar 4 custodios por día, gastándose la suma de casi U$S 700.000 sólo en salarios.
- Señala que el personal médico tiene "grado", por lo cual debe recibir instrucciones de sus superiores Jerárquicos (Jefe de Requisa, Jefe de Seguridad, etc.) y por ello, resulta factible que se demore la asistencia al paciente para dar prioridad a movimientos relativos a diligencias Judiciales o administrativas, por ejemplo. Sugiere excluir a los médicos de la "estructura jerárquica"
- Pese a los 5 años transcurridos desde la sanción de la ley 23 737 de estupefacientes, no hay centros de atención de adictos; no existen guardias odontológicas los días festivos y el 25% -1.200 internos- están afectados de SIDA y sufren dificultades en el suministro de medicación.
- En la cantina se observan "sobreprecios" hasta del 100%.
- La requisa de los visitantes es afrentosa y el único aparato detector (introducido para evitar vejámenes) está en la Unidad 2 y sin uso.
- Para la visita íntima no hay lugares adecuados en muchas Unidades y además se exige en los casos de concubinato- la convivencia anterior de 2 años.
- Los funcionarios no lucen identificación personal en el uniforme, por lo cual siguen siendo anónimos.
- Sanciones: observa una inaudita severidad para faltas nimias, y que por añadidura de la punición suele ordenarse el traslado. Invariablemente los casos llegaron hasta el Juez de Ejecución; éste anuló los faltas.
- Los defensores oficiales se acobardan por las largas esperas a que los someten, pasan meses sin contacto con sus pupilos, y es común que éstos conozcan a su letrado recién en el juicio.
- Correspondería brindar copia del Expediente judicial a cada Interno antes del juicio oral.
- Solamente funcionan 2 juzgados de Ejecución de los escasos 3 que fueron creados. Ademas, no pueden atender a los Internos cuando éstos son trasladados hacia el interior del país.
- El Personal de Educación tiene "grado" penitenciario y en consecuencia carece de autonomía. Es necesario que sean docentes del sistema estatal común. De los 5.300 presos, sólo cursan estudios primarios 230, cuando lo precisarían 800. Para los estudios secundarios sólo existe la factibilidad de cursar el "Bachillerato Libre para Adultos", sin dictado de clases, no existiendo por ello relación docente- alumno ni contacto de los alumnos entre si. Son 400 estudiantes, cuando deberían ser potencialmente 4.000.
Hay teléfono (1 ) para los internos sólo en la Unidad 2.
Los salarios rondan entre $0,75 y $1,20 [Una empleada doméstica está cobrando $7 la hora. (1 $ es igual a 1 U$A)] para la jornada de 7 horas en la Unidad 2 (que se tomó como ejemplo); se demora un año en depositar la suma al trabajador. El Procurador recomendó el pago puntual y la adecuación del monto en proporción al salario básico de extramuros. El art. 55 de la ley penitenciaria, que obliga a brindar trabajo remunerado, no es cumplido desde hace 36 años.
- Hay ausencia total de higiene e insuficiencia de agua y calefacción. Ventanales con Vidrios rotos y carencia de camas y colchones.
- Los amplios períodos de "prisión preventiva" son tiempos muertos para la progresividad en el trato que culminaría en las salidas transitorias.
Visto que el Gobierno argentino no ha presentado este Informe para su estudio en el Comité, anexamos una copia del mismo.