El drama de los niños desaparecidos en la Argentina constituye una faceta más de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad nacional, implementada por el gobierno de facto que asoló al país entre 1976 y 1983.

Son centenares los menores que fueron privados de su identidad, familia e historia personal y criados como hijos propios por miembros de las fuerzas represivas (Marina, Ejército, Aeronáutica, Gendarmería y para policiales), además de los civiles y funcionarios de la Justicia cómplices que se los apropiaron mediante adopciones fraudulentas.

Hay 218 denuncias documentadas pero se estima en más de 400 la cifra real. En diecinueve años se han localizado 56 niños. De ellos treinta (30) fueron restituidos a sus familias biológicas, trece (13) adoptados de buena fe, continúan viviendo con las familias que los criaron, habiendo recuperado su Identidad y otros derechos, siete (7) fueron asesinados en diferentes hechos represivos, seis (6) casos están sien do dirimidos en la justicia. Sólo cuatro niños (4) localizó el Estado, los demás fueron localizados por el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Para resolver cada caso es necesario recurrir a la información genética, a la contención psicológica y a la intervención de la justicia. El Banco Nacional de Datos Genéticos -Ley 23.511- fue creado en 1987 a solicitud de Abuelas de Plaza de Mayo, y en él se utilizan tres técnicas de identificación de personas: HLA, ADN nuclear y ADN mitocondrial. Estos últimos fueron incorporados recientemente en este Banco.

El equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo solicita diferentes medidas procesales ente el Poder Judicial para restituir sus derechos a estos niños ( Art. 24 del Pacto, arts. 7, 8 y 11 de la Convención por los Derechos de los Niños). Es en esta área donde se encuentran las mayores dificultades: un sistema Jurídico anticuado y resistente a la restitución somete a las denuncias y reclamos a un largo proceso que desgasta a las familias y prolonga el vínculo del menor con el apropiador.

El caso de dos mellizos nacidos en 1977, durante el cautiverio de sus padres, y robados por un policía es el ejemplo más patético de la lentitud, inoperancia y claudicación judicial.

Con la identidad comprobada por el Banco Nacional de Datos Genéticos en 1989, estos adolescentes fueron restituidos recién en diciembre de 1993. En mayo de 1994, en medio de una campana de algunos medios masivos de comunicación en defensa de los apropiadores, el Juez revocó la guarda anteriormente otorgada al tío biológico y autorizó un régimen de visitas a los delincuentes que los robaron, a pesar de ser confesos del delito y de estar en prisión por ello.

Otro niño secuestrado junto a su madre en 1977 localizado inmediatamente por su abuelo. Fue entregado, a pesar de ello y de los reclamos familiares, en adopción plena. El menor victima tiene actualmente 18 años y la justicia se opone a los exámenes de sangre que confirmarían su verdadera identidad.

Por el incorrecto accionar judicial varios apropiadores de los niños robados, se han fugado con ellos a países limítrofes, siendo infructuosas las gestiones para la extradición.