Además de los menores desaparecidos y/o nacidos en cautiverio, la venta y tráfico de niños es un problema preocupante en nuestro país.

Las cifras que se manejan, aunque extraoficialmente y por lo tanto imprecisas, nos hablan de unos 12.000 niños vendidos o adoptados ilegalmente por año. La mayoría de ese tráfico circula en el interior del país, en dirección interior-capital.

Aunque en mucho mayor numero, se puede hablar de entre 500 y 700 bebés vendidos al exterior, Europa fundamentalmente, donde no sólo pierden su identidad, sino también su nombre y nacionalidad. Para concretar este comercio, se lucra con la desesperación de las madres, generalmente abandona das, muchas veces menores de edad, con situaciones económicas deplorables, sin trabajo, sin contención familiar por un lado y con la ansiedad de una pareja que no puede tener hijos y que trata de conseguirlos de cualquier manera, por otro.

Este tráfico delictuoso tiene precios establecidos. Alrededor de 5.000 dólares en el mercado interno y entre 10 v 20.000 dólares en el exterior.

Hasta 1994 no existía ningún instrumento legal que tipificara este delito. A fines de noviembre, se sancionó la ley que castiga el robo y tráfico de niños con penas de hasta 10 años de prisión y crea la figura del intermediario.

La sanción de esta ley -aún no promulgada- se produjo como consecuencia de la publicidad de una adopción irregular de un niño argentino por parte de un matrimonio español. Sin embargo, una de las criticas más importantes a esta ley es que mantiene la penalización a los padres, si bien con atenuantes si alegan un estado de necesidad.

Hay que señalar además, en relación a este tema, la prostitución infantil y el tráfico de órganos, (éste casi imposible de comprobar), que se dan en nuestro país.

Con respecto al tema de la adopción internacional, apoyamos la postura que hasta ahora ha mantenido la Argentina, haciendo reserva del artículo mencionado al adherir a la Convención de los Derechos del Niño. La aprobación de esta ley, implicaría de hecho, facilitar los trámites de salida de los niños del país, entrando en contradicción con la ley nacional de adopción. [Fuente: Dr. Ricardo Ivoskus, Dr. Jorge Luis Calcagno, Lic. Nora Schulman. Instituto de Estudios Sociales y Familiares].

Informamos acerca de tres denuncias realizadas por la Hermana Marta Pelloni, Rectora del Colegio Santa Teresa de Jesús (Goya, Provincia de Corrientes), integrante del Foro de la Justicia de Goya.

1. La hija biológica de Sonia Fernández fue vendida a un matrimonio alemán. El intermediario era el Dr. Ernesto Rodolfo Villa, marido de la Asesora de Menores de la ciudad de Goya (a través de él, se realizó la adopción de otro niño por un matrimonio alemán, el 20 de mayo de 1992). El negocio no llegó a concretarse por arrepentimiento de la madre.

Villa fue procesado y sobreseído en 1993 por falta de pruebas. La Asesora de Menores arguyó que la niña tendría un "mal futuro" con la madre (el negocio se había pactado en 5.000 dólares).

2. La señora Mercedes denunció el robo de un bebé en el año 1992. El juez a cargo, Dr. Eduardo Panseri, ordenó varios allanamientos. En uno de los mismos, en la Clínica de una partera de apellido Toledo, se llegó a la misma cuando se estaban realizado tres abortos. Se instruyeron dos causas al respecto; la principal acusada está excarcelada después de pagar una caución real de 50.000 dólares.

El Dr. Panseri fue separado del foro local.

3. El niño José Paulo Torres, nacido el 17 de octubre de 1989, hijo de la menor Alejandra Torres, fue entregado en adopción (el día 13 de noviembre de 1993, a menos de un mes de su nacimiento) a una pareja española (Miguel Texeira Andujar, Analista programador y María José García, Administradora del Comité Internacional de la Cruz Roja en Buenos Aires). La pareja fijó domicilio falso en la calle Cardenal Copello 97, San Isidro, Pcia. De Buenos Aires.

La Directora del Centro Materno-infantil "Tía Amanda", entregó al niño el 13 de noviembre, no constando ninguna otra fecha en el expediente.

La intermediación la efectuó FUNDAMOR una institución privada de adopción con domicilio en Muñiz 84, Martínez, Pcia. de Buenos Aires.

Recordamos que la ley nacional de adopción no permite la salida de niños del país en esa condición.

La denuncia del caso ante la Justicia de la ciudad de Corrientes fue realizada por la ex-Interventora de la Dirección de Menores Sra. Graciela Hraste. El expediente desapareció de la Dirección de Menores y fue reconstruido parcialmente por el Juzgado Penal.

Es de hacer notar que en los tres casos se puede observar la impunidad total en la que se mueven los intermediarios y la falta de sanciones legales, lo que hace entrar en sospecha acerca de encubrimiento y de una connivencia del poder político.

El 30 de mayo de 1993 fue muerto por un disparo de Itaka el menor Carlos Ibarra, de 16 años, Interno del Instituto Aráoz Alfaro, dependienta de la Subsecretaria de Minoridad, Familia y Medio Ambiente del Ministerio de Salud Pública y Acción Social del Gobierno de la Provincia de buenos Aires. El disparo fue hecho por un suboficial de policía de la Provincia en medio de la represión practicada contra menores internos participantes de una revuelta. En la que participó la Guardia de Infantería.

El 19 de agosto, Rogelio Ripoll, titular del instituto Aráoz Alfaro, declaró que fue cesanteado verbalmente por acusar al Subdirector del Instituto de abrirle las puertas a una veintena de represores los que tenían un listado de chicos, supuestos cabecillas, que fueron especialmente golpeados y duchados luego con agua fría (agosto es un mes invernal en este país), junto a los otros menores.

Entre los once chicos reprimidos dos tienen fracturas de cadera y costillas. Sólo a través de la denuncia de Ripoll se tuvo información del procedimiento policial en el que no se dio intervención a la jueza de Menores de turno, se ingresó a los dormitorios en horas de la noche con las luces apagadas y el personal fue contratado especialmente entre activos y pasivos del Servicio Penitenciario Nacional.

Durante los meses de octubre y diciembre de 1993 se registraron nuevos hechos de violencia en el Instituto Aráoz Alfaro.

Estos episodios no han sido aclarados, ni se ha sancionado a los responsables.