Es así que en las páginas de las noticias policiales de los diarios son mención cotidiana los asesinatos, violaciones y torturas, por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad.

Entre 1990-1994 existen denuncias concretas de 88 víctimas de la violencia policial -83 asesinados (entre 6 y 88 años) y cinco desaparecidos (entre 23 y 67 años)-. De ellos 50 eran menores de 21 años.

Se iniciaron por estas 88 denuncias 22 causas en las que fueron acusados 66 integrantes de la policía (57 agentes, 2 comisarios, 4 jefes, 3 médicos) 5 integrantes de una cooperadora policial y una banda integrada por policías y civiles.

7 agentes de policía fueron condenados con penas que van desde 6 meses a 16 años de prisión. 2 de ellos están en libertad.

7 causas (con 39 agentes de policía, 1 comisario, 4 jefes de policía, 3 médicos de policía y 5 integrantes de la cooperadora policial) continúan abiertas, algunas desde 1991.

12 acusados fueron puestos en libertad (3 por anulación del juicio, 1 (comisario) sobreseído, 1 por falta de pruebas, 4 por falta de méritos y 3 absueltos).

En cuanto a la banda, sus integrantes, a pesar de haber confesado su culpabilidad, fueron absueltos por falta de méritos.

Por otra parte es moneda frecuente que los damnificados por delitos comunes hagan justicia por propia mano y ante el hurto o el robo se responda con el homicidio (en el que no puede alegarse defensa propia). Los "justicieros", ante la impunidad, reemplazan a la justicia. Y la sociedad cada día lo acepta con más convencimiento.

El Estado, por no juzgar a los integrantes de sus instituciones, ha puesto en tela de juicio a la que debería ser la mas incuestionable: la justicia.

La Convención Constituyente introdujo en la Constitución Nacional con "jerarquía constitucional", los textos de los Pactos Internacionales. Sin embargo con respecto a la impunidad nada ha cambiado.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reunida en Viena del 14 al 25-6-93, dice en su documento final: "Los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases del imperio de la ley"

La derogación, empero no alcanzarla a leyes y decretos anteriores. Por ello entendemos se debe recomendar al gobierno argentino la anulación de toda legislación generadora de impunidad y la aplicación de los Pactos a los que ha adherido.

Recordamos, al respecto, las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos con respecto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("Sugerencias y recomendaciones" - Uruguay -CCPR/79/add. 19) "...que se adopte una legislación que corrija los efectos de la ley de caducidad."

Nota (1). [.. .] "el camino hacia la pacificación ha exigido deponer demandas máximas, por justificadas que estuvieran en los principios; victimas y victimarios debieron hacer concesiones en su reclamos para constituir un orden nuevo. En tanto producto de las condiciones objetivas en que se desenvuelven sus relaciones, el consenso laboriosamente perseguido terminó conformando medianamente a todos los sectores sin satisfacer completamente a ninguno de los intereses en pugna. "Su discurso político siguió girando alrededor de la eficacia democrática de una aplicación rigurosa de las leyes penales, [...] "Tal como lo evidencian las pruebas acumuladas por la CONADEP en las elevaciones de las causas a la justicia, los acusados hablan incurrido en violaciones a prácticamente todas las figuras delictivas contenidas en el Código Penal. Procesar e investigar a cada uno de los individuos responsables con el objeto de ejercer la penalización de esos actos ilícitos implicaba escrutar a la totalidad de las instituciones armadas de la nación, las fuerzas de seguridad y a casi todos los sectores de la administración pública en sus diferentes estamentos y niveles, abriéndose a la investigación judicial un universo humano virtualmente indeterminado de sospechosos. "Para ser coherente con la teoría de "juicio a los culpables" habría que sentar en infinitos banquillos a autores directos y a autores indirectos, a coatores y participes necesarios, a cómplices y encubridores. Incluidos en estas Categorías, hubieran sido alcanzados por el peso de la ley la mayoría de los oficiales y suboficiales de las Irás fuerzas armadas y de seguridad y hasta los soldados conscriptos actuantes en los procedimientos ilegales. Pero, además, el abanico de responsabilidades se hubiera abierto a los miles de funcionarios civiles de la administración pública central, carcelaria, municipal, hospitalaria y de todos aquellos establecimientos involucrados en la represión y millares de civiles encubridores. De haber sido consecuente con lo postulado se habría desatado el caos." "El juicio a los nueve comandantes sello la suerte del discurso fundado en la punición de todos los responsables. Razones y hechos desnudaron su irrazonabilidad, su imposibilidad fáctica y objetiva. Nadie puede exigir hoy el cumplimiento de algo de cumplimiento imposible."