Equipo Nizkor - El Reino Unido se emplea a fondo para acabar con el crimen de agresión.

Por Donald M. Ferencz |*|

Para nadie es un secreto que la guerra de Iraq fue ilegal. Como inequívocamente confirmara el informe Chilcot el año pasado, la precipitación hacia la guerra se basaba en falsos pretextos. Ya en 2001 Tony Blair había recomendado a George Bush que los Estados Unidos y el Reino Unido trabajaran juntos por el cambio de régimen en Iraq en lo que Blair describía como una "estrategia ingeniosa". En un memorándum secreto de 2002, Blair prometía "estaré contigo pase lo que pase". No es pues de extrañar que Sir John [Chilcot] declarara públicamente este año que creía que Blair no había sido "honesto con el país".

Y sin embargo el Reino Unido sigue siendo un país cuyos líderes no pueden ser aún enjuiciados por el crimen de agresión. Poco importa si el Reino Unido se sentó y sentenció en Nuremberg, donde la agresión fue calificada como "crimen internacional supremo". Como este crimen no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno del Reino Unido, los políticos británicos pueden proceder a su guisa en lo que hace al desencadenamiento de guerras ilegales sin temor a ser procesados. En cambio, los soldados británicos que se sacrifican por su país pueden ser enjuiciados penalmente por la comisión de crímenes de guerra. Este doble rasero es obvio y está provocando cada vez mayor resentimiento. Y el contraste en lo que se refiere a responsabilidad penal no termina ahí.

En 2010 la Asamblea de Estados Parte en la Corte Penal Internacional se reunió en Kampala, Uganda, y aprobó por unanimidad unas enmiendas [al Estatuto de Roma de la Corte] para dotar a la Corte de la facultad de enjuiciar a los dirigentes de los estados por el crimen de agresión. Aún así, las enmiendas han de ser aprobadas de nuevo mediante una decisión sobre su activación que ha de tomar la Asamblea de cara a su entrada en vigor.

Las enmiendas de Kampala han sido ratificadas por 35 estados -incluidos más de la mitad de los miembros de la OTAN-, pero ni Gran Bretaña ni Francia lo han hecho. En su lugar, se han unido a Canadá, Japón, Noruega y Colombia manteniendo que, al margen de lo acordado unánimemente en Kampala, los dirigentes de los Estados que no ratifiquen las enmiendas sobre agresión debieran verse del todo exentos de la competencia de la Corte para enjuiciar este crimen. Si tal garantía no llegara a darse, el pequeño grupo recalcitrante de no ratificantes amenaza tácitamente con descarrilar por completo la decisión de activación sobre agresión. Especialmente sorprendente es el hecho de que Japón esté en este grupo, ya que en su propia constitución renuncia de manera expresa a la amenaza o el uso de la fuerza.

Académicos y diplomáticos se han alineado en uno u otro campo, pero hay algo sobre lo que todo el mundo está de acuerdo: las enmiendas sobre agresión son tan sumamente flexibles como para dejar al arbitrio de cada estado el optar por mantenerse al margen del alcance de la Corte sobre el crimen de agresión, a parte de los casos que sean remitidos por el Consejo de Seguridad. Tan sólo han de digerir el bochorno y presentar declaraciones en el sentido de que no aceptan que la Corte pueda enjuiciar a sus nacionales por agresión.

Se espera que la inminente decisión sobre la activación sea objeto de una resolución de consenso que ha de ser adoptada el 14 de diciembre a más tardar, fecha en que concluye esta sesión anual de la Asamblea de Estados Parte. Debido a que la adopción de una resolución por consenso requiere de una total unanimidad, cualquier estado que no esté de acuerdo tiene el poder de dar al traste con la activación por el mero hecho de no prestar su consentimiento. De este modo, cada uno de los estados no ratificantes disidentes tiene un as en la manga para jugar en contra de la activación. La pregunta es, żse atreverán a jugar esta carta a los ojos de todo el mundo?

Muchos pueden ver en esta decisión sobre la activación un test al sistema internacional de justicia en sí. Los países que dicen creer en el estado de derecho pero que, al mismo tiempo, intentan esconderse bajo el manto de la impunidad, deben contar con que serán percibidos como hipócritas. Las naciones que ya han ratificado las enmiendas sobre agresión han señalado que no pretenden eludir el derecho. Aquéllos que no ratifiquen, o que amenacen con socavar la activación de la Corte sobre agresión, están enviando un claro mensaje en la dirección opuesta.

Todavía es posible una solución negociada, pero el tiempo es escaso. Los no ratificantes cuentan con una ventaja evidente al practicar la dilación: basta con que den largas hasta que se agote el tiempo esta semana. Después podrán decir "Lo intentamos. Realmente lo hicimos, pero no había tiempo". Pareciera que la falta de decisión sobre la activación de la competencia de la Corte sobre agresión les sienta bien. Garantiza una impunidad continuada a sus dirigentes políticos.

El despacho de la Primera Ministra Teresa May fue contactado el mes pasado con una propuesta para estudiar una solución detallada que apaciguara las inquietudes británicas al tiempo que permitiría la activación de la competencia de la Corte sobre agresión. Hasta el momento su oficina ha declinado responder.

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* El autor es profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres, investigador adjunto del Centro de Crimonología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford y coordinador del Instituto Global para la Prevención de la Agresión (https://crimeofaggression.info). [Volver]

Este artículo está disponible en la siguiente PURL: http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/donferencz9.html

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12dic17

El Reino Unido se emplea a fondo para acabar con el crimen de agresión