El Padre Juan Antonio Puigjané, fraile capuchino de 74 años de edad, es un activista pro-derechos humanos, defensor de los pobres, seguidor de la no-violencia activa y firme creyente en la teología de la liberación. Está en la cárcel. Durante los últimos siete años ha estado viviendo en una atestada prisión argentina. Si la justicia no prevalece, es probable que pase el resto de su vida allí. Fray Antonio necesita su ayuda.
Fray Antonio comenzó a trabajar con los pobres en los años '60, cuando se dio cuenta de que la Iglesia Católica tenía la responsabilidad de ocuparse de algo más que de las meras necesidades espirituales de los habitantes de las villas-miseria. Trabajó con los pobres ayudándoles a ayudarse a sí mismos, organizando cooperativas cerca de la iglesia, que construían clínicas y ofrecían, entre otras cosas, atención médica barata a los pobres. También se opuso a las atrocidades cometidas por el gobierno militar. Sus actividades llegaron a molestar a las autoridades militares y eclesiásticas hasta el punto de que, su propio padre, se convirtió en un "desaparecido". Durante los años '70, bajo otro gobierno militar, Fray Antonio continuó su trabajo en favor de los pobres y comenzó a trabajar por los "desaparecidos". Se convirtió en uno de los pocos sacerdotes que oficiaban misas por los "desaparecidos", y fue el primer varón en marchar junto a las Madres de la Plaza de Mayo. Ni las amenazas de muerte ni los atentados contra su vida consiguieron silenciarlo.
Después de la reinstauración de la democracia en Argentina en 1983, continuó su labor con los más necesitados, tratando de conseguir cambios sociales a través de medios no-violentos. Ayudó a fundar una organización llamada el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que aspiraba a conseguir cambios sociales significativos, mientras que pedía justicia para las víctimas del gobierno militar.
A finales del año 1988, muchos miembros del MTP estaban convencidos de la inminencia de un nuevo golpe militar en Argentina. Durante el último año, había habido varias rebeliones militares, y el gobierno del presidente Alfonsín no parecía capaz de mantenerse en el poder por mucho más tiempo. Tratando de calmar a los militares, el gobierno de Alfonsín había propiciado la aprobación de dos leyes que exculpaban a los militares por los crímenes cometidos durante la "guerra sucia". La fragilidad del gobierno de Alfonsín era obvia para muchos.
Varios miembros del MTP estaban convencidos de que el golpe de estado estaba siendo planeado en el regimiento de La Tablada. Decidieron que era su deber evitar que este golpe sucediera, y planearon un ataque a La Tablada haciéndose pasar por "carapintadas" (denominación con la que se conocía a un grupo de militares que se habían rebelado en ocasiones anteriores), esperando conseguir con ello que el pueblo se levantara en contra de los militares y en favor del gobierno civil. El 23 de enero de 1989 alrededor de 40 miembros del MTP ingresaron por la fuerza en el regimiento de La Tablada. Como consecuencia de su ataque y del posterior contraataque de las fuerzas de seguridad -con un contingente de más de 3.000 efectivos y abundante armamento pesado- resultaron muertos nueve soldados, dos policías y 28 miembros del MTP. Según la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, 9 de los miembros del MTP fueron ejecutados sumariamente después de rendirse o de ser capturados. La Comisión Intermaericana también determinó que los sobrevivientes, mientras se hallaban bajo custodia militar, fueron torturados. Hasta la fecha, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido condenado con arreglo a la ley por estas violaciones de los derechos humanos.
De acuerdo con el testimonio de los dirigentes del MTP que sobrevivieron, los participantes en el planeamiento del asalto habían ocultado sus intenciones al Padre Antonio porque sabían que él se opondría a tales planes. Fray Antonio tuvo noticias del ataque a través de la radio. Las monjas que estaban con él cuando se enteró, manifestaron que se sumió en un estado de shock e incredulidad. Dada su condición de dirigente del MTP, se presentó voluntariamente a las autoridades policiales. Fue detenido, interrogado y torturado - como lo comprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fray Antonio fue juzgado, junto con otros 19 miembros del MTP, por crímenes en contra de la "Ley de Defensa de la Democracia". Solo 13 de los 20 acusados habían participado directamente en el ataque. El juicio tuvo lugar en una atmósfera altamente politizada. Las creencias de Fray Antonio en la teología de la liberación y en la necesidad de cambios sociales fueron sacadas a la luz durante el juicio para justificar la posición de la fiscalía de que Fray Antonio debía ser condenado. Durante el juicio no se presentó ninguna evidencia que mostrase que Fray Antonio tenía conocimiento del ataque, ni mucho menos de que hubiera participado en su planeamiento o ejecución. Pero esto no fue tenido en cuenta por los jueces. El Tribunal que lo juzgó decidió que su mera calidad de dirigente del MTP, junto a sus creencias religiosas y socio-políticas, eran suficientes para 'probar' su culpabilidad como coautor de 11 homicidios consumados, 12 homicidios en grado de tentativa y otros cargos. Fue condenado a 20 años de prisión, sin la posibilidad de apelación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso de Fray Antonio y de los demás presos de La Tablada. En su informe determinó que todos los derechos a la justicia y a apelar el fallo a un tribunal susperior fueron violados para todos los presos. La Comisión determinó que Argentina debe reparar el daño cometido, lo que en el caso de Fray Antonio sólo puede querer decir la libertad.
En Junio de 1998, Fray Antonio fue dejado en detención domiciliaria - y ahora permanece en su óden. Sin embargo, no tiene la libertad de movimiento y acción que merece.
Amnistía Internacional cree firmemente que Fray Antonio es un prisionero de conciencia, es decir, que está en la cárcel por razón de su ideología únicamente. Para Amnistía Internacional la sentencia del Tribunal que lo condenó violó el principio jurídico que establece que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.
Pedimos que sea puesto en libertad inmediatamente y sin condiciones. En sus cartas, por favor incluyan uno o varios de los siguientes puntos:
- expresen su convicción de que Fray Antonio fue juzgado injustamente siendo su condena fruto de un grave error judicial
- expresen su convicción de que la Corte violó el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos al condenar a Fray Antonio (el artículo 8.2 dice que "toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su responsabilidad.")
-indiquen que la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos determinó que los derechos básicos de Fray Antonio han sido violados, y que la única reparación posible es la libertad.
- indiquen que la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido ratificada por el Estado Argentino, por lo que es ley suprema de la Nación conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional
- expresen que Fray Antonio nunca ha utilizado o abogado por la violencia
- soliciten que Fray Antonio sea puesto en libertad inmediatamente y sin condiciones.
Esta página esta mantenida por Michael Katz-Lacabe. Últimos cambios 20 enero 1998.