Equipo Nizkor - UNSC S/2015/573 - Recapitulación de la labor del Consejo de Seguridad durante la presidencia de Lituania (mayo de 2015).

Naciones Unidas
Consejo de Seguridad

S/2015/573

Distr. general
30 de julio de 2015
Español
Original: inglés

Carta de fecha 30 de julio de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por la Representante Permanente de Lituania ante las Naciones Unidas

Me complace transmitirle adjunto el informe sobre la labor del Consejo de Seguridad durante la presidencia de la República de Lituania en mayo de 2015 (véase el anexo). El informe se ha preparado bajo mi supervisión, en consulta con los demás miembros del Consejo.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Raimonda Murmokaitė
Embajadora
Representante Permanente

Anexo de la carta de fecha 30 de julio de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por la Representante Permanente de Lituania ante las Naciones Unidas

Recapitulación de la labor del Consejo de Seguridad durante la presidencia de Lituania

(Mayo de 2015)

Introducción

En mayo de 2015, el Consejo de Seguridad, bajo la presidencia de la Sra. Raimonda Murmokaitė, Representante Permanente de Lituania ante las Naciones Unidas, celebró un total de 17 sesiones, incluidos 2 debates abiertos, 2 debates, 9 reuniones informativas, 15 consultas, 1 sesión privada y 2 diálogos interactivos oficiosos. En relación con el tema "Otros asuntos" se examinaron a fondo varias cuestiones, en particular sobre la rendición de cuentas en Burundi, y en Malí, Myanmar, el Oriente Medio (República Árabe Siria), la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El Consejo aprobó 4 resoluciones y 1 declaración de la Presidencia, y emitió 11 declaraciones a la prensa.

Durante el período que se examina, el Consejo celebró un debate abierto sobre el costo humano que acarreaba la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras, y un debate abierto sobre la protección de los periodistas en situaciones de conflicto, que fue presidido por el Sr. Linas Linkevičius, Ministro de Relaciones Exteriores de Lituania. El Consejo también celebró una reunión informativa sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales (Unión Europea), con la participación de la Sra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Además, el Consejo celebró una reunión informativa a nivel ministerial sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales provocadas por actos terroristas, que también fue presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Lituania.

África

Burundi

El 8 de mayo, el Consejo de Seguridad celebró consultas privadas sobre la situación en Burundi. El Consejo escuchó una exposición informativa presentada por el Sr. Said Djinnit, Enviado Especial del Secretario General para la Región de los Grandes Lagos, sobre la tensa situación de la seguridad en Buyumbura. Los miembros del Consejo recibieron información actualizada sobre el diálogo en una reunión organizada el 5 de mayo por el Ministerio del Interior y apoyada por la Misión de Observación Electoral de las Naciones Unidas en Burundi (MENUB), a la que asistieron diversos interesados, entre ellos dos expresidentes de Burundi. El Sr. Djinnit también proporcionó información actualizada al Consejo sobre la visita que realizaron a Buyumbura el 6 de mayo los ministros de relaciones exteriores de los Estados miembros de la Comunidad del África Oriental y sobre la cumbre extraordinaria de la Comunidad del África Oriental dedicada a Burundi prevista para el 31 de mayo en Dar es Salaam (República Unida de Tanzania). Asimismo, observó que el nombramiento por el partido en el poder del Presidente Pierre Nkurunziza como candidato para un tercer mandato había sido una cuestión importante que dividía a las partes interesadas.

En la declaración formulada a la prensa después de las consultas, los miembros del Consejo destacaron su preocupación por la continuación de los disturbios y la actual escalada de la violencia en Burundi y el número cada vez mayor de refugiados en los Estados vecinos. Los miembros del Consejo exhortaron a todas las partes a que dieran prioridad a la paz y la estabilidad en Burundi mediante el diálogo político y subrayaron la necesidad de celebrar un proceso electoral digno de crédito, transparente, inclusivo y pacífico. También expresaron su apoyo pleno al Sr. Djinnit y la MENUB por su labor de mediación, y acogieron con agrado la colaboración de la Unión Africana, la Comunidad del África Oriental y la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos.

El 14 de mayo, durante consultas privadas, el Sr. Djinnit informó al Consejo sobre los nuevos hechos ocurridos en Burundi. Informó de que el Presidente Nkurunziza había sido depuesto y que su Gobierno había sido disuelto por el General Godefroid Niyombare. Observó que la situación en Burundi había empeorado drásticamente desde la exposición informativa más reciente, celebrada el 8 de mayo, dado que el número de refugiados procedentes de Burundi que habían huido a países vecinos era superior a 100.000 personas. El Sr. Djinnit informó al Consejo acerca de sus actividades encaminadas a recabar la colaboración de todos los interesados, incluidos los funcionarios públicos, el Jefe de Estado Mayor del Ejército y el General Niyombare. También informó al Consejo acerca de la cumbre de la Comunidad del África Oriental celebrada el 13 de mayo en Dar es Salaam (República Unida de Tanzanía), a la que el Presidente de Burundi no había podido asistir. La cumbre había condenado el golpe de Estado y había hecho un llamamiento para que se restableciera el orden constitucional y se postergaran las elecciones por un período que no excediera el mandato del Gobierno en funciones.

Tras las consultas, los miembros del Consejo, en una declaración emitida a la prensa, condenaron los disturbios violentos ocurridos en Burundi y condenaron también a quienes habían perpetrado actos de violencia contra los civiles y a quienes habían intentado tomar el poder por medios ilícitos. Los miembros del Consejo exhortaron a todas las partes a que dieran prioridad al restablecimiento de la paz y la estabilidad, regresaran rápidamente al estado de derecho y celebraran elecciones dignas de crédito en el espíritu del Acuerdo de Arusha. También reiteraron su pleno apoyo a la labor del Sr. Djinnit y de las organizaciones regionales y expresaron su intención de responder a los actos violentos que amenazaban la paz y la seguridad en Burundi.

El 15 de mayo, los miembros del Consejo, en una declaración a la prensa, expresaron su grave preocupación por las tensiones reinantes en Burundi y destacaron la urgente necesidad de diálogo y reconciliación entre todos los burundianos. Instaron a todas las partes a que actuaran con moderación, condenaron específicamente a quienes facilitaban cualquier tipo de violencia y exhortaron a las autoridades de Burundi a que respondieran a la crisis. También pidieron que se restableciera rápidamente el estado de derecho y se celebraran elecciones pacíficas, transparentes, inclusivas y dignas de crédito. Además, expresaron la intención de responder a los actos de violencia que amenazaban la paz y la seguridad en Burundi. Los miembros del Consejo reiteraron asimismo su pleno apoyo a la labor del Sr. Djinnit y de las organizaciones regionales, y expresaron su intención de responder a los actos violentos que amenazaban la paz y la seguridad en Burundi.

En su declaración de seguimiento formulada a la prensa el 24 de mayo, los miembros del Consejo condenaron en los términos más enérgicos el asesinato del Sr. Zedi Feruzi, dirigente del partido de la oposición Zigamibanga, Union pour la paix et le développement, y de su guardaespaldas, cometido el 23 de mayo en Burundi. También condenaron el atentado con granadas perpetrado el 22 de mayo en el mercado central de Buyumbura, que causó dos muertes y muchos heridos. Instaron a las autoridades de Burundi a que pusieran a disposición de la justicia lo antes posible a los autores de esos delitos y exhortaron a todas las partes interesadas a que demostraran su sentido de responsabilidad y actuaran con calma y moderación.

En consultas privadas celebradas el 27 de mayo, el Consejo escuchó una exposición informativa del Sr. Djinnit sobre la reciente evolución de la situación en Burundi. El Enviado Especial informó que la situación era tensa y que se realizaban protestas violentas casi a diario en Buyumbura que se extendían a otras regiones, lo que había causado la muerte de unas 40 personas, entre ellas la del Sr. Zedi Feruzi. El Sr. Djinnit informó que la búsqueda de una solución política de la cuestión de las elecciones constitucionales había continuado a pesar de las divisiones entre los partidos políticos respecto de otros asuntos. También recalcó el papel decisivo que desempeñaban los agentes regionales en la respuesta a la crisis política. El Enviado Especial expresó la esperanza de que la próxima cumbre de la Comunidad de África Oriental, prevista para el 31 de mayo, proporcionara cierto grado de orientación, incluso sobre el mandato presidencial.

Los miembros del Consejo condenaron el asesinato del Sr. Feruzi y pidieron que se investigara el caso a fondo. Destacaron la importancia de frenar la escalada de la situación. Asimismo, destacaron la función del Enviado Especial y de los agentes regionales. Muchos miembros del Consejo opinaron que la situación reinante no permitía la celebración de elecciones libres y limpias. Varias delegaciones se refirieron a la decisión del Tribunal Constitucional de Burundi relativa a la participación del Sr. Nkurunziza en las elecciones presidenciales.

República Centroafricana

El 15 de mayo, el Consejo de Seguridad, en una declaración a la prensa, acogió con beneplácito la celebración en Bangui, del 4 al 11 de mayo de 2015, del Foro Nacional sobre Reconciliación y las consultas comunitarias inclusivas. Los miembros del Consejo encomiaron la aprobación del Pacto Republicano para la Paz, la Reconciliación Nacional y la Reconstrucción, que incluyó, entre otras cosas, compromisos respecto de la pronta celebración de procesos electorales presidenciales y legislativos, la descentralización y un poder judicial reforzado. El Consejo también encomió la firma de un acuerdo sobre los principios para el desarme, la desmovilización y la reintegración, y de un acuerdo en virtud del cual los grupos armados se comprometieron a poner fin al reclutamiento de niños soldados y a liberar de sus filas a todos los niños vinculados con conflictos. El Consejo exhortó a la Secretaría y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) a que empezaran a ejecutar rápidamente un programa de desarme, desmovilización y reintegración amplio y digno de crédito.

República Democrática del Congo

El 6 de mayo, en una declaración a la prensa, los miembros del Consejo condenaron en los términos más enérgicos el ataque perpetrado el 5 de mayo de 2015 contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) en el territorio de Beni, en el que dos efectivos de mantenimiento de la paz de la República Unida de Tanzanía fueron asesinados y otros resultaron heridos, y subrayaron que esos actos podían constituir crímenes de guerra conforme al derecho internacional.

El 7 de mayo, el Sr. Hervé Ladsous, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, presentó información al Consejo en relación con el tema "Otros asuntos" sobre su reciente visita a Malí, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. También informó al Consejo acerca de una serie de ataques que realizaron grupos armados contra civiles y personal de la MONUSCO, entre ellos el ataque del 4 de mayo contra un helicóptero de la Misión y el del 5 de mayo, en el que habían sido asesinados dos efectivos de mantenimiento de la paz de la MONUSCO. Además, reiteró que cualquier otra reducción de efectivos de la Misión debía estar vinculada a la mejora de la situación de la seguridad, a los progresos alcanzados en la lucha contra los grupos armados y a la capacidad de las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo para garantizar la seguridad en el país. Exhortó al Gobierno a que estableciera las condiciones necesarias para reanudar la cooperación con las fuerzas armadas y recordó que a la MONUSCO se le había encomendado el mandato de actuar unilateralmente en virtud de la resolución 2211 (2015).

Los miembros del Consejo expresaron su preocupación por la situación de la seguridad en la República Democrática del Congo y reiteraron su apoyo a la MONUSCO. También pidieron que se reanudara la cooperación entre la Misión y las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo y destacaron que la reducción adicional de los efectivos de la MONUSCO debía vincularse al logro de progresos significativos respecto de la situación de la seguridad en el país.

Liberia

El 5 de mayo, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas privadas sobre la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL). El Consejo escuchó una exposición informativa de la Sra. Karin Landgren, Representante Especial del Secretario General para Liberia y Jefa de la UNMIL, y del Sr. Olof Skoog, Presidente de la configuración encargada de Liberia de la Comisión de Consolidación de la Paz y Representante Permanente de Suecia. El Sr. Benedict F. Sannoh, Ministro de Justicia y Fiscal General de Liberia, también formuló una declaración.

La Sra. Landgren informó al Consejo sobre las medidas que estaba adoptando el Gobierno de Liberia para asumir plenamente las responsabilidades transferidas de la UNMIL en materia de seguridad a más tardar el 30 de junio de 2016, de conformidad con las resoluciones 2190 (2014) y 2215 (2015), y anunció que el Consejo Nacional de Seguridad de Liberia había aprobado el "Plan del Gobierno de Liberia para la Transición de la UNMIL". Informó además al Consejo de sus actividades encaminadas a instar al Gobierno de Liberia a que incluyera los sectores de justicia y seguridad en la planificación de la recuperación posterior al brote de ébola. La Representante Especial también destacó la necesidad de combatir los factores que habían contribuido a la propagación del ébola. El Sr. Skoog informó al Consejo acerca de su reciente viaje al país, cuyo objetivo había sido determinar los medios que podía utilizar la Comisión de Consolidación de la Paz para apoyar las prioridades de consolidación de la paz durante la recuperación tras el brote de ébola y los procesos de transición de la UNMIL en Liberia. El Sr. Sannoh centró sus observaciones en los progresos logrados en la consolidación de la paz, la promoción de la reconciliación nacional y la creación de un entorno propicio para el desarrollo político, económico y social en Liberia. También señaló que, si bien el Secretario General, en su 29� informe sobre la UNMIL (S/2015/275), había presentado de manera justa la situación de Liberia, la descripción de algunos de los incidentes no había proporcionado un panorama holístico de la situación en el país.

En las consultas, la Sra. Landgren centró sus observaciones en las posibles fuentes de inestabilidad e instó al Consejo a que siguiera actuando en Liberia. Los miembros del Consejo examinaron las dificultades que afrontaba el Gobierno para cumplir el plazo de la transición en materia de seguridad fijado para el 30 de junio de 2016 y las gestiones encaminadas a afianzar los logros de consolidación de la paz en Liberia.

Libia (Corte Penal Internacional)

El 11 de mayo, el Consejo celebró un diálogo oficioso interactivo con la Sra. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), sobre la situación en Libia, que fue remitida por el Consejo a la CPI, y sobre la cooperación de Libia con la Corte. El Representante Permanente de Libia participó en la reunión.

La Sra. Bensouda destacó la importancia que revestía la cooperación entre la Corte, la Fiscalía de Libia, los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI y el Consejo de Seguridad, y alentó a buscar soluciones para afrontar el incumplimiento a través de medidas prácticas y las enseñanzas extraídas en Cote d'Ivoire, Malí y la República Democrática del Congo. La Fiscal promovió el establecimiento de un grupo de contacto internacional mediante el cual pudiera facilitarse apoyo material y judicial a fin de prestar asistencia para cumplir el mandato de la Corte. Se destacaron como problemas principales la falta de recursos, el aumento del número de casos durante los últimos diez años y los problemas de seguridad que afrontaban los miembros del personal de la CPI en Libia.

Los miembros del Consejo compartieron la preocupación de la Fiscal por el deterioro de la situación en Libia y estuvieron de acuerdo por lo general en que era necesario reforzar la cooperación con la Corte y cumplir la obligación de combatir la impunidad de los delitos. Varios miembros del Consejo expresaron su preocupación por la falta de cooperación con la Corte por parte del Gobierno de Libia en la causa de Saif al-Islam Qadhafi y alentaron al Gobierno a que cumpliera las obligaciones jurídicas que le incumbían. Asimismo, varios miembros expresaron su interés en las medidas prácticas que el Consejo podría adoptar para ayudar a aumentar la eficacia de la labor de la Corte, si bien varios miembros señalaron que esas medidas no deberían influir en el carácter independiente de la Corte. Algunos miembros pusieron de relieve la necesidad de respetar la independencia judicial de los Estados y el papel complementario de la Corte.

El 12 de mayo, el Consejo escuchó una exposición informativa de la Sra. Bensouda sobre las medidas adoptadas de conformidad con la resolución 1970 (2011), en la que el Consejo había remitido a la Fiscal la situación en Libia. El Representante Permanente de Libia participó en la reunión. La Fiscal enfatizó repetidamente la importancia que revestía la cooperación entre la Corte, la Fiscalía General de Libia, los Estados Partes en el Estatuto de Roma y el Consejo. Expresó su preocupación por la creciente inestabilidad política en el país y la dificultad de cerrar la brecha de impunidad en Libia. También veía con preocupación las continuas amenazas a los trabajadores de los medios de difusión, los defensores de los derechos humanos y las mujeres, en particular. Propuso que se estableciera un grupo de contacto internacional sobre cuestiones de justicia, propuesta que contó con el apoyo de algunos miembros del Consejo. La Sra. Bensouda también expresó su preocupación por las cuestiones pendientes relativas a las personas detenidas en Libia y el desplazamiento en masa de los habitantes de Tawergha. Observó que la jurisdicción de la Corte sobre Libia abarcaba prima facie los presuntos delitos cometidos por el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL/Daesh). La Fiscal destacó la constante falta de cooperación por parte de Libia con la Corte en la causa de Saif al-Islam Qadhafi.

Las preocupaciones de la Fiscal sobre la situación política y de la seguridad en Libia tuvieron amplio eco entre los miembros del Consejo, la mayoría de los cuales reconocieron las repercusiones de dicha situación en la labor de rendición de cuentas. Los miembros del Consejo acogieron con agrado la cooperación positiva entre la Fiscal de la Corte y la Fiscalía General de Libia. Algunos de ellos respaldaron el llamamiento de la Fiscal para que Libia entregara de inmediato a la Corte a Saif al-Islam Qadhafi. Algunos miembros instaron a la Oficina del Fiscal a que vigilara de cerca las violaciones continuas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Libia. El Sr. Ibrahim O. A. Dabbashi, Representante Permanente de Libia, reafirmó el compromiso de Libia de lograr la justicia y la rendición de cuentas.

Malí

El 1 de mayo, los miembros del Consejo, en una declaración formulada a la prensa, expresaron su profunda preocupación por el estallido de violencia en el norte de Malí y exigieron que se pusiera fin de inmediato a las hostilidades. Reiteraron que estaban dispuestos a considerar la posibilidad de imponer sanciones selectivas contra los que reanudaran las hostilidades y violaran el alto el fuego. Alentaron a las partes a que colaboraran constructivamente y de buena fe, con miras a firmar en Bamako, el 15 de mayo de 2015, el proyecto de acuerdo sobre la paz y la reconciliación en Malí.

El 7 de mayo, el Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Sr. Atul Khare, Secretario General Adjunto de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, informaron al Consejo, en relación con el tema "Otros asuntos", acerca de la evolución reciente de la situación en Malí y las dificultades que afrontaba la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) en el despliegue de los contingentes y facilitadores restantes de la Misión y el sostenimiento de sus fuerzas en el norte de Malí. El Sr. Ladsous advirtió que las graves violaciones del alto el fuego cometidas por todas las partes desde el 27 de abril de 2015 habían puesto en peligro el proceso de paz. Solicitó al Consejo que continuara presionando a las partes de Malí para que mantuvieran su compromiso con el proceso de paz y firmaran el proyecto de acuerdo sobre la paz y la reconciliación en Malí. Asimismo, subrayó que el diálogo debía continuar y que el acuerdo debía quedar abierto a quienes estuvieran dispuestos a suscribirlo más adelante. El Sr. Khare puso de relieve que la difícil situación de la seguridad estaba repercutiendo en la prestación de apoyo a la Misión respecto de las actividades sobre el terreno. Los miembros del Consejo expresaron su preocupación por las continuas violaciones del alto el fuego e instaron a las partes a que siguieran comprometidas con el proceso de paz, continuaran el diálogo y permitieran sumarse al acuerdo a quienes estuvieran dispuestos a hacerlo posteriormente. Algunos de ellos se pronunciaron a favor de considerar la posibilidad de imponer sanciones selectivas a quienes reanudaran las hostilidades y violaran el alto el fuego.

El 28 de mayo, el Sr. Ladsous informó al Consejo, en relación con el tema "Otros asuntos", acerca de su viaje para asistir el 15 de mayo a la firma del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación, que se realizó en Bamako. Proporcionó información actualizada al Consejo acerca de su reunión con el Sr. Ibrahim Boubacar Kei'ta, Presidente de Malí, y las actividades de mediación que se desarrollaban en Argel para resolver la situación de la seguridad en Ménaka (región de Gao). El Secretario General Adjunto expresó su preocupación por las acusaciones de parcialidad formuladas contra la MINUSMA por el Gobierno de Malí y las continuas amenazas a la seguridad que afrontaba la Misión, incluido el ataque con minas perpetrado el 28 de mayo contra el convoy que transportaba al Comandante de la Fuerza y al Comisionado de Policía de la MINUSMA. El Sr. Ladsous habló sobre el deterioro de la situación de la seguridad en Ménaka y las continuas violaciones del alto el fuego cometidas por todas las partes. Dijo también que había llegado el momento de que el Consejo intensificara la presión sobre las partes y considerara la posibilidad de imponer sanciones selectivas contra los que violaban los acuerdos de alto el fuego. El Secretario General Adjunto puso de relieve las dificultades que afrontaba la MINUSMA para cumplir su mandato en el contexto de un acuerdo de paz parcial. Los miembros del Consejo instaron a las partes a que siguieran colaborando en el proceso de paz y también exhortaron a las partes que aún no lo hubieran hecho a que firmaran el Acuerdo. Deploraron los ataques perpetrados contra la MINUSMA, reiteraron su pleno apoyo a la Misión y al Sr. Mongi Hamdi, Representante Especial del Secretario General para Malí, y destacaron la necesidad de definir el papel que desempeñaba la MINUSMA en la aplicación del Acuerdo. Los miembros del Consejo instaron a las partes a que pusieran fin a todas las hostilidades y reafirmaran su compromiso con los acuerdos de alto el fuego. Algunos de ellos expresaron su apoyo a la imposición de sanciones selectivas contra los que violaran los acuerdos de alto el fuego.

El 29 de mayo, el Consejo, en su declaración a la prensa, deploró el tiroteo ocurrido en Bamako el 25 de mayo, durante el cual había sido asesinado un soldado de Bangladesh perteneciente al contingente de mantenimiento de la paz de la MINUSMA y otro había resultado herido. Los miembros del Consejo condenaron en los términos más enérgicos la explosión de una mina en un convoy de la MINUSMA, ocurrida el 28 de mayo en la región de Tombuctú. Asimismo, reiteraron su pleno apoyo a la MINUSMA y a las fuerzas francesas que la respaldaban.

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán

El 28 de mayo, el Consejo escuchó en consultas una exposición informativa del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán, Sr. Rafael Darío Ramírez Carreño, Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la labor realizada por el Comité durante el período comprendido entre el 7 de febrero y el 28 de mayo de 2015. El Presidente recordó la resolución 2200 (2015), en la que se había prorrogado el mandato del Grupo de Expertos hasta marzo de 2016, y el nombramiento de los miembros del Grupo por el Secretario General el 12 de marzo. Informó al Consejo de que el Comité había celebrado una reunión oficiosa el 6 de mayo para escuchar una presentación del Grupo de Expertos sobre su programa de trabajo. También informó al Consejo acerca de la reunión bilateral celebrada el 16 de abril entre el Presidente del Comité y el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas, que tuvo lugar como seguimiento de las recomendaciones que el Grupo había formulado al Comité. Los miembros del Consejo acogieron con agrado la próxima reunión del Presidente del Comité con el Sudán y los Estados de la región y subrayaron la importancia de la cooperación regional para la aplicación efectiva de las sanciones. Algunos señalaron la grave situación de la seguridad en Darfur, en la que los civiles seguían siendo los más perjudicados por el conflicto. En ese sentido, los miembros del Consejo exhortaron al Gobierno del Sudán a que cumpliera sus obligaciones con arreglo al régimen de sanciones y a que asegurara la plena cooperación con el Grupo de Expertos, incluso mediante la expedición oportuna de visados de entrada y la facilitación del acceso a Darfur. Algunos de ellos señalaron la necesidad de que el Grupo se ciñera estrictamente a su mandato y basara sus informes en datos objetivos y verificados.

El Sudán y Sudán del Sur

El 5 de mayo, en consultas del pleno, el Consejo escuchó una exposición informativa del Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz sobre la situación en Abyei y la ejecución del mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA). El Sr. Ladsous señaló que la situación en la zona de Abyei seguía siendo inestable y que se habían registrado algunos incidentes importantes en los que habían participado milicias y elementos armados tanto del Sudán como de Sudán del Sur. Afirmó que en dos casos los ataques habían dado como resultado el secuestro de niños. El Sr. Ladsous señaló también que no se habían registrado incidentes en la zona relacionados con las elecciones nacionales celebradas en el Sudán en abril. El Secretario General Adjunto informó además de que el Comité Conjunto de Supervisión de Abyei (CCSA) había reanudado sus actividades después de dos años de inactividad y que se había programado una reunión de los dirigentes tradicionales.

Los miembros del Consejo acogieron con agrado la reanudación de las actividades del CCSA, así como su intención de organizar el diálogo entre los dirigentes tradicionales. Muchos miembros acogieron con satisfacción la colaboración activa de la Unión Africana para facilitar la reunión. También expresaron su preocupación por la persistencia del vacío en la administración pública y el estado de derecho, y por los riesgos en materia de seguridad derivados de las tensiones entre las comunidades y la proliferación de armas pequeñas, que podrían exacerbar más la situación humanitaria y de la seguridad en Abyei. Varios miembros expresaron su reconocimiento y su firme apoyo a la UNISFA en la ejecución de su mandato, y algunos destacaron que la fuerza no podía sustituir la administración de Abyei y que la decisión relativa a Abyei debía seguir siendo responsabilidad de ambos Gobiernos.

El 5 de mayo, el Consejo celebró una sesión privada con los países que aportaban contingentes a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS).

El 12 de mayo, el Consejo escuchó en consultas privadas una exposición informativa del Sr. Ivan Šimonović, Subsecretario General de Derechos Humanos, y del Sr. Miguel de Serpa Soares, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico, sobre las opciones de rendición de cuentas respecto de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en Sudán del Sur desde diciembre de 2013. El Sr. Soares destacó que tras 16 meses de conflicto la capacidad del sistema de justicia en Sudán del Sur había quedado severamente limitada y subrayó que no estaría en condiciones de instruir procesos judiciales fidedignos sin un apoyo internacional considerable. También presentó una serie de opciones posibles para los procesos penales de rendición de cuentas, incluidos el uso de la jurisdicción de los tribunales internacionales existentes y la creación de nuevos tribunales penales de carácter internacional o con asistencia internacional. El Sr. Šimonović centró sus observaciones en los mecanismos no judiciales para la justicia de transición, como la búsqueda de la verdad, las consultas nacionales y la reconciliación. Destacó que la rendición de cuentas y la justicia de transición serían fundamentales para lograr una paz duradera en Sudán del Sur y que un acuerdo de paz debería establecer medidas de rendición de cuentas y de justicia de transición. El Sr. Šimonović instó al Consejo a que siguiera ocupándose de la cuestión de la rendición de cuentas por las violaciones cometidas en el pasado y que se estuvieran cometiendo en Sudán del Sur.

Muchos miembros del Consejo se pronunciaron a favor de la creación de mecanismos internacionales de justicia adecuados ante la falta de capacidad del sistema de justicia de Sudán del Sur para sancionar, de conformidad con las normas internacionales, los delitos cometidos en el país. Unos cuantos miembros expresaron su apoyo al uso de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la publicación del informe de la Comisión de Investigación de la Unión Africana, que podría contribuir a facilitar las investigaciones. Algunos miembros del Consejo observaron que, a pesar de la importancia de la cuestión de la justicia y la rendición de cuentas, debía darse prioridad a las negociaciones de paz y la búsqueda de un acuerdo de paz en Sudán del Sur. Sin embargo, muchos miembros estuvieron de acuerdo en que se necesitaba un apoyo internacional considerable para ayudar a reforzar la capacidad judicial nacional de Sudán del Sur, al tiempo que algunos destacaron la responsabilidad de Sudán del Sur de combatir la impunidad en su país.

El 14 de mayo, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas sobre la labor del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur. El Consejo escuchó una exposición informativa de la Sra. Ellen Margrethe Løj, Representante Especial del Secretario General y Jefa de la UNMISS, y una declaración formulada por el representante de la Presidencia del Comité 2206, Embajador Carlos Olguín, Representante Permanente Adjunto de Chile. El Representante Permanente de Sudán del Sur también formuló una declaración.

La Sra. Løj presentó al Consejo información actualizada sobre los recientes enfrentamientos en el estado de Unidad debidos a las ofensivas militares de las fuerzas partidarias del Gobierno, y explicó que esto había obligado a huir a miles de civiles, algunos de los cuales se habían refugiado en los recintos abarrotados de las Naciones Unidas. Advirtió a los miembros del Consejo sobre las violaciones generalizadas de los derechos humanos y sobre la situación humanitaria sumamente sombría que reinaba en el país, dado que la respuesta humanitaria seguía adoleciendo de una grave insuficiencia de financiación. Dijo además que el proceso de paz dirigido por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) seguía estancado debido a la intransigencia de las partes beligerantes. Señaló también las continuas violaciones del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas y los ataques y el hostigamiento contra el personal humanitario y de las Naciones Unidas.

El Sr. Olguín presentó una exposición informativa al Consejo sobre la labor realizada por el Comité durante el período transcurrido desde la aprobación de la resolución 2206 (2015) el 3 de marzo. Informó al Consejo de que las directrices del Comité se habían aprobado el 20 de abril y de que el Secretario General había nombrado a los miembros del Grupo de Expertos el 27 de abril. Presentó información sobre dos reuniones oficiosas del Comité celebradas el 28 de abril y el 8 de mayo con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas (UNMAS), y con la Sra. Zainab Bangura, Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, y la Sra. Laila Zerrougui, Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, respectivamente. El Sr. Olguín informó que el Comité esperaba con interés recibir a más tardar el 3 de junio los informes de 90 días sobre la aplicación de la prohibición de viajar y la congelación de activos.

Los miembros del Consejo expresaron su profunda preocupación por los informes sobre la reanudación de las hostilidades y sus consecuencias humanitarias. También afirmaron la importancia de una colaboración significativa de las partes con la IGAD y expresaron su firme apoyo a la labor de mediación dirigida por la IGAD, la acción continua de la Unión Africana y el papel que podría desempeñar una región unificada en la búsqueda de una paz sostenible en Sudán del Sur. Muchos miembros se pronunciaron a favor de imponer sanciones selectivas contra particulares con el fin de fortalecer la labor de mediación de la IGAD, al tiempo que algunos expresaron sus dudas acerca de la eficacia de esas medidas para fomentar el proceso de paz en el país.

El 17 de mayo, el Consejo emitió un comunicado de prensa en el que sus miembros condenaban la reanudación de la violencia a gran escala en el estado de Unidad y el ataque a gran escala perpetrado por el Ejército/Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (E/MLPS) contra la ciudad de Malakal (estado del Alto Nilo). Subrayaron su grave preocupación por el desplazamiento a gran escala y el aumento de la inseguridad que provocaron la suspensión de casi todas las actividades y de las entregas de ayuda a las poblaciones en las zonas afectadas, lo que recrudeció más la aguda crisis humanitaria. El Consejo exhortó a todas las partes a que colaboraran de manera significativa en el proceso de paz a fin de lograr una solución política a la crisis y poner fin al conflicto mediante el proceso de paz dirigido por la IGAD y la reanudación de las iniciativas regionales e internacionales. Los miembros del Consejo reiteraron su disposición a imponer sanciones contra los que amenazaran la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur.

El 28 de mayo, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 2223 (2015), en la que se prorrogó el mandato de la UNMISS hasta el 30 de noviembre de 2015 y se continuó haciendo hincapié en cuatro tareas fundamentales: la protección de los civiles; la vigilancia y la investigación de las violaciones de los derechos humanos; la creación de las condiciones propicias para la entrega de asistencia humanitaria; y la prestación de apoyo a la aplicación del acuerdo de cesación de las hostilidades. La resolución encomió las gestiones de mediación de la IGAD y pidió que se aplicaran inmediata e íntegramente los acuerdos de cesación de las hostilidades concertados por el Gobierno de Sudán del Sur y el E/MLPS, expresando su disposición a imponer sanciones selectivas en virtud de la resolución 2206 (2015) a todas las partes que actuaran de manera que socavara la paz, la estabilidad y la seguridad en el país. La resolución condenó los actos de violencia sexual e instó a que se investigaran todas las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos, y pidió que se exigiera que toda persona responsable de esos actos rindiera cuentas al respecto.

Somalia

El 12 de mayo, el Consejo escuchó, en relación con el tema "Otros asuntos", información actualizada que presentó una delegación en relación con la cuestión del informe sobre el abuso y la explotación sexuales cometidos por la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), publicado por el Equipo de Investigación Independiente de la Unión Africana el 21 de abril de 2015. Un miembro del Consejo encomió la labor del equipo de investigación de la Unión Africana, puso de relieve algunos de los obstáculos que afrontaron los investigadores y solicitó información actualizada sobre los próximos pasos de la investigación. El Consejo decidió seguir ocupándose de la cuestión.

El 19 de mayo, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas sobre la situación en Somalia. El Consejo escuchó una exposición informativa que presentaron por videoteleconferencia desde Addis Abeba el Sr. Nicholas Kay, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM), y el Sr. Maman Sidikou, Representante Especial de la Unión Africana para Somalia y Jefe de la AMISOM. El Consejo también escuchó una declaración del Sr. Omar Abdirashid Ali Sharmarke, Primer Ministro de Somalia, formulada por videoteleconferencia desde Mogadiscio.

El Representante Especial presentó al Consejo el informe del Secretario General sobre Somalia (S/2015/331) y subrayó que, tras el fin de la crisis política, el proceso de construcción del Estado federal había vuelto a cobrar impulso. Observó que el Presidente y el Primer Ministro, el Presidente del Parlamento y los dirigentes de las administraciones de Puntlandia, Jubba y el Sudoeste estaban decididos a cumplir el plan "Visión 2016". El Sr. Kay destacó que la alianza entre la Unión Africana y las Naciones Unidas en Somalia era única, fuerte y esencial para obtener resultados satisfactorios. Recalcó la importancia de atender las cuestiones pendientes, como crear asambleas y administraciones regionales provisionales, hacer avanzar el proceso de revisión de la Constitución, establecer la Comisión Electoral Nacional Independiente y la Comisión de Fronteras y de la Federación, y ultimar la legislación relativa a los partidos políticos, la ciudadanía y las elecciones. Expresó además su preocupación por la decisión de aplazar las elecciones de Somalilandia hasta marzo de 2017. El Sr. Kay recalcó que Al-Shabaab seguía siendo una amenaza para el proceso político y que, por lo tanto, la renovación de la ofensiva conjunta de Somalia y la Unión Africana contra el grupo revestía carácter prioritario. El Representante Especial de la Unión Africana presentó al Consejo información actualizada sobre cuestiones de seguridad y sobre el examen conjunto que llevaron a cabo recientemente la Unión Africana y las Naciones Unidas de las condiciones para el posible despliegue de una misión de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y las medidas que la AMISOM había adoptado en respuesta a las denuncias de abusos sexuales cometidos por su personal. Señaló la conclusión a la que había llegado la misión conjunta de que la situación en Somalia en general no era propicia para el despliegue de una operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz hasta finales de 2016, como mínimo. Acogió con agrado la recomendación de prorrogar la duración del incremento del despliegue de la AMISOM y su reconfiguración para responder a las nuevas circunstancias. El Primer Ministro de Somalia presentó al Consejo la estrategia del Gobierno Federal para luchar contra Al-Shabaab y exhortó al Consejo a que autorizara un conjunto de medidas de apoyo para integrar personal adicional en el Ejército Nacional Somalí. Durante las consultas privadas, los miembros del Consejo exhortaron a la comunidad internacional a que continuara ayudando al Gobierno Federal de Somalia a llevar adelante el proceso político, erradicar la amenaza que planteaba Al-Shabaab, mejorar la situación humanitaria y promover la consolidación de la paz y el desarrollo sostenido.

El 26 de mayo, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 2221 (2015), en la que se prorrogó el mandato de la UNSOM hasta el 7 de agosto de 2015.

Oriente Medio

Iraq

El 14 de mayo, el Consejo celebró una sesión informativa y consultas del pleno sobre los informes del Secretario General relativos a las actividades de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI), en las que escuchó la exposición informativa del Sr. Ján Kubiš, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNAMI, quien hizo uso de la palabra ante el Consejo por primera vez en el ejercicio de esas funciones, y de la Sra. Valerie Amos, Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia. El Sr. Mohamed Ali Alhakim, Representante Permanente del Iraq, formuló la declaración de conformidad con el artículo 37 del reglamento del Consejo.

El Representante Especial expuso el tercer informe del Secretario General presentado en virtud de lo dispuesto en la resolución 2169 (2014) y el sexto informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2017 (2013). Comunicó al Consejo sus primeras impresiones contrapuestas, pero señaló algunos puntos de vista positivos. Opinó que el Iraq afrontaba dificultades sin precedentes y necesitaba contar con un firme apoyo internacional. El Sr. Kubiš destacó que el Iraq podría convertirse en un caso de resultados satisfactorios si recibía apoyo político, financiero y material de manera continua y a largo plazo. Subrayó además que el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL) no estaba ni mucho menos derrotado y que los logros del Gobierno seguían siendo precarios. El Representante Especial también subrayó la importancia de los procesos políticos inclusivos y de las reformas jurídicas, políticas y administrativas para la unidad y la reconciliación nacionales. En particular alentó a Bagdad e Irbil a que siguieran trabajando de consuno para resolver las cuestiones pendientes a fin de asegurar la gestión sostenible y la distribución justa de los recursos naturales del Iraq. La Secretaria General Adjunta subrayó que las perspectivas humanitarias en el Iraq seguían siendo sumamente preocupantes, ya que más de 8,2 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria, 2,8 millones estaban desplazadas y más de 1 millón necesitaban refugio. Expresó una preocupación particular por la situación de los millones de iraquíes atrapados en las zonas controladas por el EIIL y las personas que huían de las zonas liberadas del control del EIIL. La Sra. Amos observó que había un grave déficit de financiación para el programa humanitario en el Iraq. El Representante Permanente del Iraq señaló que los problemas del país eran de carácter multinacional, dado que los terroristas presentes en el Iraq provenían de más de 60 naciones. Lamentó el hecho de que las resoluciones del Consejo relativas a la lucha contra el terrorismo no habían sido aplicadas cabalmente por todos los Estados Miembros y que continuara la circulación de terroristas. El Sr. Alhakim puso de relieve que no era realista intentar acabar con el EIIL solamente en el Iraq, por lo que era necesario encontrar una solución pacífica para el conflicto en la República Árabe Siria a fin de restablecer la paz en ambos Estados.

Durante las consultas, los miembros del Consejo reiteraron su apoyo a la integridad territorial y la unidad del Iraq y subrayaron la importancia de que el Iraq continuara con los procesos de reforma, descentralización y reconciliación nacional de buena fe. Reafirmaron que el terrorismo seguía siendo el problema más grave que afectaba al Iraq y a toda la región. A ese respecto, algunos miembros destacaron que la comunidad internacional debería apoyar al Iraq y a otros países de la región en su lucha contra el terrorismo mediante la aplicación de normas uniformes. Subrayaron la importancia de las buenas relaciones entre el Iraq y los países de la región, y entre Bagdad e Irbil. Los miembros del Consejo reiteraron la importancia de la reconciliación, la inclusividad y la rendición de cuentas. Muchos de ellos expresaron su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos en las zonas liberadas del control del EIIL. Reiteraron su preocupación por la creciente crisis humanitaria y la grave falta de financiación, así como su pleno apoyo a la UNAMI y al Sr. Kubiš.

República Árabe Siria

El 4 de mayo, en relación con el tema "Otros asuntos", el Consejo escuchó, en consultas, una exposición informativa del Sr. Staffan de Mistura, Enviado Especial para Siria, y del Sr. Michael Kingsley-Nyinah, Director de la Oficina sobre el Terreno en la República Árabe Siria para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS), sobre el empeoramiento de la situación en el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk, en las afueras de Damasco. El Sr. Kingsley -Nyinah describió la alarmante situación que reinaba en el interior del campamento, donde peligraba la vida de los civiles. Mencionó específicamente los incidentes ocurridos el 28 de abril y el 1 de mayo, en los que se utilizaron armas pesadas y se causaron graves daños a bienes de civiles. El OOPS aún no había logrado acceso humanitario seguro al interior del campamento de Yarmouk. El Sr. Kingsley-Nyinah dijo que la respuesta humanitaria se había ampliado satisfactoriamente a los distritos de Yalda, Babila y Beit Sahem en la zona rural de Damasco durante las últimas tres semanas, pero observó que en esas zonas se había interrumpido la labor humanitaria desde el 30 de abril, por problemas de seguridad. El Enviado Especial también subrayó que se disponía de información fidedigna que confirmaba el uso de bombas de barril y cohetes durante los combates ocurridos en el campamento el 28 de abril y el 1 de mayo, y recalcó que no podía justificarse el uso de armas de efectos indiscriminados contra miles de civiles sobre el terreno.

Los miembros del Consejo expresaron preocupación por el empeoramiento de la situación en el campamento de Yarmouk y condenaron los actos de terrorismo perpetrados por el EIIL y el Frente Al-Nusra en el campamento. Reiteraron su llamamiento a las partes para que respaldaran a las Naciones Unidas en su labor encaminada a prestar asistencia a los civiles que estaban en el campamento, a quienes quisieran trasladarse temporalmente y a los que ya habían huido, incluso asegurando el acceso humanitario. Destacaron la importancia de respetar el derecho internacional humanitario y de lograr las salvaguardias apropiadas, y permitir al mismo tiempo el reasentamiento seguro y sin trabas de los civiles procedentes del campamento. Muchos miembros del Consejo condenaron la reanudación del bombardeo aéreo y de artillería indiscriminado del campamento por parte del Gobierno de la República Árabe Siria y le pidieron que pusiera fin a esos ataques de inmediato. Algunos miembros destacaron que el Gobierno de la República Árabe Siria tenía el derecho y la obligación de combatir el terrorismo en su territorio.

El 7 de mayo, el Consejo escuchó en consultas privadas una exposición informativa de la Sra. Angela Kane, Alta Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, sobre los progresos realizados en la eliminación del programa sirio de armas químicas. La Sra. Kane expresó su preocupación respecto de las discrepancias en la declaración de armas químicas de la República Árabe Siria y señaló que tal vez sería necesario que el Grupo de Evaluación de las Declaraciones realizara una o dos visitas adicionales. Destacó que debería garantizarse el acceso a la Misión de Constatación de los Hechos, que anteriormente se había retrasado debido a un error de comunicación entre la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y las autoridades de la República Árabe Siria. Los miembros del Consejo acogieron con beneplácito los progresos logrados hasta ese momento en la destrucción de instalaciones donde se fabricaban armas químicas en la República Árabe Siria, pero expresaron su preocupación por las omisiones y las discrepancias en la declaración de armas químicas y en los documentos presentados posteriormente por la República Árabe Siria. Alentaron al Gobierno de ese país a que cooperara estrechamente con el Grupo de Evaluación de las Declaraciones. Varios miembros observaron que debería permitirse a la Misión de Constatación de los Hechos entrar en el país lo antes posible e instaron a todas las partes a que cooperaran con la dicha Misión y velaran por la seguridad de sus miembros. Los miembros del Consejo expresaron su grave preocupación por los informes en los que se denunciaba el continuo uso ilícito de sustancias químicas tóxicas, en particular de cloro, en la República Árabe Siria y pidieron que esos informes se investigaran a fondo e imparcialmente, y que los responsables rindieran cuentas de sus actos. Por último, varios miembros respaldaron firmemente la propuesta formulada por una delegación en el sentido de que el Consejo comenzara a elaborar una resolución que estableciera un mecanismo de atribución.

El 22 de mayo, en su declaración a la prensa, los miembros del Consejo condenaron enérgicamente los actos terroristas de barbarie que estaba perpetrando el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL/Daesh) en la República Árabe Siria, incluida su toma de Palmira. Expresaron su profunda preocupación por los residentes en el interior de la ciudad de Palmira y por los desplazados como consecuencia del avance del EIIL, y exhortaron a facilitar el tránsito seguro de los civiles que huían de la violencia. Reafirmaron que la responsabilidad primordial de proteger a su población correspondía a las autoridades de la República Árabe Siria. Condenaron en los términos más enérgicos los actos terroristas y la destrucción del patrimonio cultural en el Iraq y la República Árabe Siria llevada a cabo por el EIIL, y subrayaron la necesidad de llevar ante la justicia a los autores de esos actos. Observaron con preocupación que el EIIL y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con Al-Qaida estaban obteniendo ingresos del saqueo y el contrabando de artículos del patrimonio cultural, que utilizaban para financiar sus actividades de reclutamiento y fortalecer su capacidad operacional para organizar y perpetrar atentados terroristas. Asimismo, manifestaron su profunda preocupación por la protección del sitio del Patrimonio Mundial de Palmira.

El 28 de mayo, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas oficiosas sobre la situación humanitaria en la República Árabe Siria y la aplicación de las resoluciones del Consejo 2139 (2014), 2165 (2014) y 2191 (2014). El Consejo escuchó una exposición informativa de la Sra. Valerie Amos, Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia. En su última exposición informativa ante el Consejo, la Secretaria General Adjunta describió la situación extremadamente grave que reinaba en toda la República Árabe Siria y que empeoraba cada día. Solo en 2015 se había desplazado un total de 540.000 personas, que se sumaron a los 7,6 millones ya desplazados y a los más de 12,2 millones que necesitaban asistencia humanitaria con urgencia. Subrayó los ataques indiscriminados contra civiles, incluso contra bienes de carácter civil, como escuelas y hospitales, y agregó que se seguía denunciando el uso de cloro. Destacó que las normas y los reglamentos nuevos impuestos por el Gobierno habían dado lugar a retrasos y distracciones y habían impedido la prestación de asistencia, incluida la entrega de suministros quirúrgicos. También informó al Consejo de la matanza de civiles perpetrada por el EIIL tras la captura de Palmira. La Sra. Amos puso de manifiesto además que el Secretario General había informado sistemáticamente del incumplimiento continuo por la República Árabe Siria de la resolución 2139 (2014). Afirmó que, si bien las entregas transfronterizas autorizadas por las resoluciones 2165 (2014) y 2191 (2014) habían permitido expandir el alcance de las Naciones Unidas, las partes en el conflicto habían hecho caso omiso prácticamente de todos los aspectos de la resolución 2139 (2014). Instó al Consejo a que demostrara su liderazgo y adoptara medidas concretas para asegurar la protección de los civiles y facilitar el acceso humanitario a todas las personas en todo el país sin discriminación alguna. Asimismo, destacó la importancia de poner fin a los asedios, que castigaban colectivamente a la población, y exhortó al Consejo a que estudiara todas las vías posibles para asegurar la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional. Subrayó la necesidad de intensificar el apoyo financiero a las actividades de respuesta humanitaria en la República Árabe Siria y la importancia de respetar el carácter apolítico de la asistencia humanitaria. En las consultas de seguimiento, los miembros del Consejo reafirmaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria, la violencia continua, las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en la República Árabe Siria y el incumplimiento de la resolución 2139 (2014) por las partes en el conflicto. Varios miembros del Consejo instaron a que se atendiera la situación humanitaria en las zonas asediadas mediante, entre otras cosas, el envío de una misión de evaluación humanitaria, con un mandato del Consejo, para evaluar las necesidades humanitarias y negociar el acceso humanitario. Muchos miembros condenaron los numerosos ataques contra el personal médico y las instalaciones sanitarias y expresaron su preocupación ante el hecho de que no se permitiera el paso irrestricto de suministros médicos, incluidos los suministros quirúrgicos. Algunos miembros subrayaron la importancia de la lucha contra el terrorismo en la República Árabe Siria.

La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina

El 19 de mayo, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas sobre la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina. El Sr. Nickolay Mladenov, Coordinador Especial para el Proceso de Paz del Oriente Medio, presentó su primera exposición informativa al Consejo en su nuevo cargo. Expresó su preocupación por el estancamiento del proceso de paz del Oriente Medio y subrayó que era aún más crucial para los israelíes y los palestinos negociar una solución biestatal. Exhortó al nuevo Gobierno de Israel a que adoptara medidas realistas, incluida la congelación de las actividades de los asentamientos. El Coordinador Especial reiteró la necesidad de que ambas partes siguieran cooperando en materia de seguridad. El Secretario General estaba dispuesto a explorar opciones realistas para reanudar negociaciones provechosas dentro de un plazo razonable. El Coordinador Especial señaló la desesperada situación que reinaba en Gaza. Destacó que la lentitud de la reconstrucción y la falta de apoyo financiero para reconstruir Gaza hacían que la Franja estuviera en peligro de implosión. También subrayó que había un imperativo humanitario de prevenir tal implosión, no solo para las Naciones Unidas sino también para las autoridades israelíes y palestinas, y que sin la unidad y la reconciliación palestinas, que debían incluir la reanudación del control por el Gobierno de Consenso Nacional del tránsito fronterizo a Israel y Egipto y los preparativos para la celebración de elecciones generales en Palestina, que debían haberse celebrado hacía mucho tiempo, todas las iniciativas encaminadas a mejorar la situación afrontarían graves dificultades.

En las consultas, los miembros del Consejo expresaron su grave preocupación por el empeoramiento de la situación sobre el terreno, en particular en Gaza, y exhortaron a la comunidad internacional a que cumpliera su compromiso con la reconstrucción de Gaza. Instaron a las partes a que pusieran fin a las medidas unilaterales, demostraran un firme liderazgo y reanudaran las negociaciones. Subrayaron las importantes funciones que podrían desempeñar en ese proceso las Naciones Unidas, la Unión Europea y los países árabes, y los Estados Unidos. Muchos miembros condenaron la continuidad de los planes de asentamiento anunciados por Israel por considerarlos una violación del derecho internacional y un grave obstáculo para las conversaciones de paz.

Yemen

El 1 de mayo, el Consejo celebró consultas sobre la situación humanitaria en el Yemen. El Sr. Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, presentó a los miembros del Consejo información actualizada relativa al deterioro de la situación sobre el terreno, dado que la infraestructura de salud, abastecimiento de agua y saneamiento estaba al borde del colapso. Destacó que la ayuda humanitaria urgente y el acceso humanitario sin trabas a las poblaciones locales se debían complementar con un proceso político, y exhortó a las partes en el conflicto a que regresaran a la mesa de negociaciones de buena fe. Informó a los miembros del Consejo acerca de las gestiones que realizaron el Secretario General y el Sr. Ismail Ould Cheikh Ahmed, su Enviado Especial para el Yemen, nombrado recientemente, encaminadas a facilitar una reunión entre diversas partes con miras a poner nuevamente en marcha el proceso de transición. Los miembros del Consejo expresaron su preocupación unánime por el agravamiento de la crisis humanitaria en el Yemen y reconocieron que solo podía resolverse mediante un proceso político. Acogieron con agrado la iniciativa del Secretario General de celebrar una conferencia en Ginebra y expresaron su pleno apoyo al nuevo Enviado Especial.

El 12 de mayo, los miembros del Consejo, en su declaración a la prensa, reafirmaron su serio compromiso con la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial del Yemen y exigieron la aplicación cabal de la resolución 2216 (2015). Acogieron con agrado el nombramiento del Sr. Ismail Ould Cheikh Ahmed como Enviado Especial para el Yemen y reiteraron su solicitud de que el Secretario General intensificara su papel de buenos oficios para facilitar la reanudación de una transición política pacífica, inclusiva, ordenada y dirigida por los propios yemeníes, incluso mediante una conferencia en la que participaran todos los interesados yemeníes. Exhortaron a las partes yemeníes a que colaboraran sin condiciones previas, rechazaran los actos de violencia y se abstuvieran de toda acción unilateral. Expresaron además su grave preocupación por la crisis humanitaria, acogieron con beneplácito la iniciativa de la Arabia Saudita y el Gobierno del Yemen de observar una pausa humanitaria de cinco días de duración e instaron a todas las partes a que facilitaran un acceso rápido, seguro y sin trabas de los agentes humanitarios para que pudieran atender a las personas necesitadas.

El 20 de mayo, el Consejo celebró consultas sobre el Yemen y escuchó una exposición informativa del Sr. John Ging, Enviado Especial del Secretario General y Director de Operaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. El Representante Especial recalcó que la situación en el Yemen era grave y que cuanto más durara la violencia, más difícil sería resolver el conflicto. Subrayó que la conferencia convocada por el Secretario General en Ginebra para el 28 de mayo sería un importante punto de partida para un proceso que solo tendría éxito con liderazgo yemení. Observó además que los grupos terroristas eran los principales beneficiarios del conflicto. El Sr. Ging puso de relieve que la ya grave situación humanitaria en el Yemen se había agravado por el conflicto armado. Destacó que los niños eran especialmente vulnerables y que los hospitales y los trabajadores sanitarios eran objeto de continuos atentados. Señaló además la importancia de la pausa humanitaria de cinco días, pero reconoció que esta era demasiado corta, dado que solo se había atendido una pequeña parte de las necesidades. El Representante Especial también subrayó la voluntad de los agentes humanitarios de expandir la asistencia, pero observó que se veían limitados por la grave inseguridad causada por la reanudación de los combates. Los miembros del Consejo aplaudieron la pausa humanitaria, pero reconocieron que había sido demasiado breve y que se requerían pausas adicionales. Muchos de ellos expresaron su preocupación por las violaciones del derecho internacional humanitario, en particular las cometidas por los huzíes. Tras las consultas, los miembros del Consejo, en una declaración ante la prensa, acogieron con agrado el anuncio del Secretario General de que se celebraría una conferencia en Ginebra el 28 de mayo en la que participarían todos los interesados yemeníes, y reafirmaron su llamamiento a todas las partes yemeníes para que asistieran a esas conversaciones y colaboraran sin condiciones previas y de buena fe.

Europa

Bosnia y Herzegovina

El 12 de mayo, el Consejo celebró un debate sobre la situación en Bosnia y Herzegovina. En su exposición informativa presentada al Consejo, el Sr. Valentin Inzko, Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, celebró la reciente elección de las nuevas autoridades de Bosnia y Herzegovina y las instó a que colaboraran y adoptaran las medidas necesarias para aprovechar la iniciativa de la Unión Europea para Bosnia y Herzegovina. Los representantes de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y la Unión Europea formularon declaraciones.

Los miembros del Consejo respaldaron la soberanía y la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina. Muchos de ellos expresaron su preocupación por la retórica divisiva y secesionista en la República Srpska y temían que pudiera socavar el acuerdo de paz, la unidad y la estabilidad del país, destacando que el acuerdo de paz no otorgaba a las entidades el derecho a la secesión. Uno de los miembros del Consejo expresó sus dudas acerca de la veracidad de las acusaciones contra los serbios de Bosnia y observó que ciertas declaraciones formuladas por algunos bosnios y croatas de Bosnia y Herzegovina podían socavar el espíritu del Acuerdo de Dayton. Muchos miembros acogieron con beneplácito la creación de un nuevo Gobierno y pusieron de relieve la necesidad de continuar las reformas sociales y económicas. La mayoría de los miembros acogieron con satisfacción también el compromiso contraído por las autoridades recién elegidas de seguir llevando a cabo reformas en el contexto de las relaciones entre Bosnia y Herzegovina y la Unión Europea, así como la entrada en vigor definitiva del Acuerdo de Estabilización y Asociación. La mayoría de los miembros expresaron apoyo a la continuación de la presencia de la Operación Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (Operación EUFOR ALTHEA) y a la labor de la Oficina del Alto Representante, e hicieron un llamamiento para que se siguiera trabajando en establecer las condiciones que permitirían el cierre de la Oficina, al tiempo que uno de los miembros del Consejo se opuso a la utilización de la presencia de entidades internacionales para acelerar la integración del país en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Varios delegados expresaron su preocupación por el aumento del extremismo violento en el país y la región, y acogieron con agrado las iniciativas de Bosnia y Herzegovina para afrontar el problema de los combatientes extranjeros.

Chipre

El 15 de mayo, los miembros del Consejo de Seguridad, en una declaración formulada a la prensa, acogieron con beneplácito la reanudación el 15 de mayo de 2015 de las conversaciones para un acuerdo sobre Chipre, en el marco de la misión de buenos oficios del Secretario General, y expresaron la esperanza de que los dirigentes aprovecharían la oportunidad de llegar a un arreglo amplio y global, según lo establecido en las resoluciones pertinentes del Consejo. Reafirmaron su apoyo al proceso de conformidad con lo dispuesto en el comunicado conjunto de 11 de febrero de 2014 y a la labor del Sr. Espen Barth Eide, Asesor Especial del Secretario General sobre Chipre.

Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales (Unión Europea)

El 11 de mayo, el Consejo escuchó una exposición informativa de la Sra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre la trata y el tráfico ilícito de migrantes a través del Mar Mediterráneo, y la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales a ese respecto. El Sr. Peter D. Sutherland, Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional, y el Sr. Antonio Tete, Observador Permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas, también presentaron sus evaluaciones.

La Alta Representante de la Unión Europea subrayó la necesidad de adoptar medidas urgentes para salvar vidas y la importancia de la solidaridad y la asociación regionales y mundiales conjuntas. Observó que la emergencia humanitaria había evolucionado hasta convertirse en una grave crisis de seguridad y que las redes de tráfico ilícito estaban vinculadas a las actividades terroristas y, en algunos casos, financiaban dichas actividades. Destacó además la necesidad de proporcionar una amplia respuesta de emergencia a este fenómeno estructural y aplicar medidas eficaces para afrontar sus causas fundamentales, así como la necesidad de adoptar una visión a más largo plazo. Informó al Consejo de una posible operación naval de la Unión Europea en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, y expresó la voluntad de la Unión Europea de trabajar en esa cuestión en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, y en particular con el Consejo de Seguridad. A falta de un gobierno de unidad nacional en Libia que pudiera ejercer su autoridad legítima en todo el territorio del país y sus fronteras, y en vista de que la gran mayoría de la trata y el tráfico ilícito de personas se estaba llevando a cabo a través de Libia, la Alta Representante reiteró el apoyo de la Unión Europea al diálogo dirigido por las Naciones Unidas para llegar a un acuerdo sobre la creación de un gobierno de unidad nacional. El Representante Especial de las Naciones Unidas resumió las prioridades de la Organización para dar una respuesta colectiva a la situación, a saber, prestar atención urgente a salvar vidas, fomentar el cumplimento de la ley contra los traficantes, aumentar los medios seguros para el reasentamiento de los refugiados, promover una mayor solidaridad entre los países e intensificar la labor para poner fin a los conflictos que habían causado el desplazamiento de tantas personas. El Sr. Tete instó a que se intensificaran las actividades colectivas mediante un enfoque integral para afrontar las causas fundamentales de la crisis y se fortalecieran las asociaciones entre la Unión Africana, las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como los países de origen, tránsito y destino.

Tras la exposición informativa, los miembros del Consejo sostuvieron un diálogo interactivo oficioso con la Alta Representante de la Unión Europea para intercambiar opiniones sobre el tráfico ilícito de migrantes en la región del Mediterráneo. La Alta Representante de la Unión Europea destacó la urgencia de actuar con rapidez en respuesta a la polifacética crisis humanitaria, de seguridad y estabilidad en la región del Mediterráneo. Asimismo, puso de relieve las relaciones con las autoridades libias y la necesidad de que el Consejo autorizara a la Unión Europea a poner en marcha una operación naval en el marco de su Política Común de Seguridad y Defensa. Los miembros del Consejo destacaron la importancia de encontrar soluciones amplias y holísticas a la crisis de migración en la región del Mediterráneo, en estrecha colaboración con las organizaciones regionales, en particular la Unión Africana. También solicitaron a la Alta Representante de la Unión Europea que proporcionara información más detallada sobre las modalidades de la operación naval de la Unión Europea.

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) y 1244 (1999)

El 26 de mayo, el Consejo celebró su debate trimestral sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). El Sr. Farid Zarif, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNMIK, presentó una exposición informativa. El Consejo también escuchó al Sr. Ivica Dačić, Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, y al Sr. Hashim Thaçi, Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Kosovo. El Representante Especial señaló las importantes medidas adoptadas por Belgrado y Pristina en sus respectivas trayectorias europeas, acogió con beneplácito la continuación del diálogo entre Belgrado y Pristina facilitado por la Unión Europea y pidió que se aplicaran los acuerdos alcanzados, incluida una de las disposiciones fundamentales del Acuerdo de abril de 2013, a saber, el establecimiento de la asociación y la comunidad de municipios de mayoría serbia. Acogió con satisfacción el aumento de los contactos directos de alto nivel entre Pristina y Belgrado, junto con el diálogo facilitado por la Unión Europea. Pidió que se completaran las medidas necesarias para instituir un tribunal especializado. Señaló los notables esfuerzos realizados por las autoridades de Kosovo para afrontar el fenómeno reciente de la migración irregular desde Kosovo y las cuestiones relativas al extremismo violento. Destacó la importancia de la cooperación regional activa para hacer frente a los problemas transnacionales, al tiempo que expresó su preocupación por los mortíferos enfrentamientos armados con la policía en Kumanovo, en los que habían participado varias personas procedentes de Kosovo. Ambos ministros reafirmaron su compromiso con la normalización de las relaciones y los progresos en el camino hacia la integración en la Unión Europea.

Los miembros del Consejo acogieron con beneplácito la formación del Gobierno de Kosovo y la reanudación del diálogo entre Belgrado y Pristina en el plano político. Pidieron que ambas partes siguieran colaborando para resolver las cuestiones pendientes, incluido el establecimiento de una asociación y una comunidad de municipios de mayoría serbia de Kosovo, así como el regreso de los desplazados internos. Algunos miembros acogieron con agrado los progresos logrados en las relaciones entre Kosovo y la Unión Europea, y la entrada en vigor definitiva del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Kosovo. Los miembros del Consejo reiteraron su apoyo a la UNMIK y la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho y pidieron que se cumplieran cabalmente sus mandatos. Algunos miembros sugirieron que se considerara la posibilidad de reducir la frecuencia de los debates en el Consejo sobre la UNMIK, habida cuenta de los progresos logrados en la normalización de las relaciones en el marco del diálogo facilitado por la Unión Europea. Algunos miembros destacaron la importancia de crear un tribunal especializado para dirimir las causas sobre la base de las conclusiones del Equipo Especial de Tareas de Investigación de la Unión Europea. Algunos miembros acogieron con satisfacción las medidas adoptadas por las autoridades de Kosovo para combatir el terrorismo, el radicalismo y el extremismo violentos, y la promulgación de legislación relativa a los combatientes terroristas extranjeros, al tiempo que uno de los miembros del Consejo consideró que la cuestión debía seguir siendo una prioridad para la UNMIK. Algunos miembros reafirmaron que la resolución 1244 (1999) seguía siendo el fundamento jurídico internacional aplicable para un acuerdo sobre Kosovo.

Asia

Myanmar

El 28 de mayo, el Consejo escuchó una exposición informativa en relación con el tema "Otros asuntos", del Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. El Alto Comisionado destacó que la situación de los derechos humanos en el país era preocupante, especialmente en el estado de Rakáin. Señaló que los rohinyás estaban siendo objeto de múltiples formas de discriminación y de limitaciones en cuanto a la libertad de circulación, de reunión pacífica y de religión. Estas personas tenían un acceso a la ciudadanía sumamente limitado y se les negaba el acceso a los servicios básicos, en un entorno donde reinaba la pobreza absoluta. El Alto Comisionado observó además que algunos grupos eran objeto de discriminación institucionalizada. Señaló que con la intensificación de las medidas de control de fronteras por parte de los Estados vecinos, muchos migrantes y personas en busca de asilo se habían hecho a la mar sin alimentos ni agua, y que se habían encontrado fosas comunes en Tailandia y Malasia. Recordó al Consejo una reunión regional prevista para el 29 de mayo en Bangkok, que tendría por objeto encontrar una solución a la cuestión de los refugiados y la migración irregular. Exhortó al Gobierno de Myanmar a que aplicara procedimientos más transparentes y flexibles para conceder la ciudadanía a la población rohinyá. Destacó además la necesidad de abandonar las medidas discriminatorias y asegurar la rendición de cuentas.

Muchos miembros del Consejo veían con gran preocupación la situación de los derechos humanos en Myanmar, especialmente en el estado de Rakáin. Se mencionaron diversas formas de discriminación de la población rohinyá, y algunos miembros del Consejo se refirieron a la cuestión de la ciudadanía y el derecho de voto durante las próximas elecciones. Varios miembros del Consejo expresaron su preocupación por la grave situación de los migrantes y de las personas en busca de asilo que se encontraban en el mar, y la mayoría de los miembros destacaron que esa cuestión debía resolverse en el plano regional. Algunos miembros reiteraron que la migración irregular planteaba cuestiones relacionadas con la lucha contra delitos como la trata y el tráfico ilícito de personas. Otros observaron que Myanmar se encontraba en pleno proceso de reconciliación y que la estabilidad del país era el asunto más importante.

No proliferación/República Popular Democrática de Corea

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) relativa a la República Popular Democrática de Corea

El 28 de mayo, el Consejo escuchó, en consultas, una exposición informativa del Sr. Román Oyarzun, Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) y Representante Permanente de España, sobre la labor del Comité durante el período comprendido entre el 26 de febrero y el 27 de mayo.

El Presidente informó al Consejo acerca de los debates del Comité celebrados en su reunión del 20 de abril, que se centraron en los recientes lanzamientos de misiles balísticos que realizó la República Popular Democrática de Corea el 2 de marzo, y acerca de las recomendaciones formuladas en el Informe Final del Grupo de Expertos de 2015. Informó al Consejo de que se habían recibido nueve cartas de Estados Miembros tras los lanzamientos de misiles balísticos realizados el 2 de marzo y una prueba relacionada con misiles balísticos llevada a cabo el 8 de mayo. Observó que varios miembros del Comité habían condenado enérgicamente los lanzamientos de misiles balísticos por considerarlos claras violaciones de las resoluciones pertinentes del Consejo. También observó que varios miembros del Comité habían destacado que todas las partes interesadas debían mantener la calma, actuar con moderación y procurar mitigar las tensiones en la península de Corea.

Los miembros del Consejo condenaron los lanzamientos de misiles balísticos realizados por la República Popular Democrática de Corea y reiteraron que esos actos violaban las resoluciones del Consejo. Varios miembros observaron que, para prevenir la repetición de esas violaciones en el futuro, el Consejo debería adoptar medidas que incluyeran nuevas designaciones para sanciones de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Expertos. Algunos miembros exhortaron al Comité a que aumentara sus actividades relativas al asesoramiento a todos los Estados Miembros sobre la aplicación de las resoluciones pertinentes. Algunos miembros destacaron la importancia de las conversaciones sextipartitas para resolver la cuestión nuclear en la península de Corea y expresaron la necesidad de crear las condiciones propicias para adelantar su pronta reanudación. Una delegación señaló la necesidad de crear un clima de confianza actuando con moderación en materia de actividades militares en la península. Varios miembros del Consejo subrayaron que la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea seguía siendo grave y que el Consejo debería continuar examinando la cuestión. Por otra parte, uno de los miembros del Consejo destacó que el Consejo no era el lugar adecuado para debatir cuestiones relativas a los derechos humanos.

Cuestiones temáticas y de otro tipo

La protección de los civiles en los conflictos armados

El 27 de mayo, el Consejo celebró un debate abierto sobre "La protección de los civiles en los conflictos armados: la protección de los periodistas en las situaciones de conflicto" y aprobó por unanimidad la resolución 2222 (2015), en la que se afirmó que la labor de unos medios de comunicación libres, independientes e imparciales podría contribuir a la protección de los civiles, y se reconoció que los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado podían desempeñar un papel importante en la protección de los civiles y la prevención de los conflictos, incluso actuando como mecanismo de alerta temprana. El Sr. Jan Eliasson, Vicesecretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Christophe Deloire, Director General de Reporteros Sin Fronteras, y la Sra. Mariane Pearl, viuda del Sr. Daniel Pearl, periodista del Wall Street Journal, proporcionaron información al Consejo. Además de los miembros del Consejo, participaron en el debate abierto 47 Estados Miembros y 3 observadores.

El Sr. Eliasson centró sus observaciones en el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. Destacó la función decisiva que desempeñaban los miembros del Consejo para impulsar esa agenda y subrayó que se debían condenar sistemáticamente todos los asesinatos de periodistas en situaciones de conflicto. Destacó además la necesidad de hacer frente a la corrupción, la intimidación, las represalias y los sistemas judiciales débiles que contribuían de forma destacada a la impunidad. Señaló la necesidad de proteger a los periodistas tanto en los conflictos armados como en las zonas en las que no había conflicto, y subrayó los diferentes tipos de problemas que afrontaban las periodistas. El Sr. Eliasson exhortó a las misiones autorizadas por el Consejo a que examinaran la seguridad de los periodistas e informaran al Consejo al respecto como parte de sus mandatos de protección de los civiles. El Sr. Deloire acogió con agrado la aprobación de la nueva resolución y destacó que serviría de base para la adopción de medidas ulteriores. Exhortó al Secretario General a nombrar un representante especial para la protección de los periodistas. Asimismo, exhortó al Consejo a que remitiera las causas pertinentes a la Corte Penal Internacional, en particular respecto de los delitos cometidos en el Iraq y la República Árabe Siria. La Sra. Pearl se centró en la importancia que revestía el periodismo para la sociedad moderna y puso de relieve que los riesgos que corrían los periodistas se debían al control estatal de la información, que a menudo distorsionaba la narración de los hechos. También exhortó a los Estados Miembros a que se abstuvieran de utilizar el pretexto de la seguridad nacional para intimidar a los periodistas. Destacó que las personas que se enfrentaban valientemente a todas esas presiones para sacar a la luz la verdad debían contar con un respaldo igualmente valiente por parte de la comunidad internacional.

Los miembros del Consejo, como también muchas otras delegaciones que no formaban parte del Consejo y que habían participado en el debate, acogieron con agrado la aprobación de la resolución 2222 (201 5) y destacaron la necesidad de cumplir los compromisos enunciados en ella. Reiteraron la necesidad de combatir la impunidad generalizada y asegurar la rendición de cuentas. Varias delegaciones resaltaron la función de la Corte Penal Internacional en ese contexto. Muchas reiteraron la responsabilidad primordial de los Estados de asegurar la protección de los periodistas, incluso impartiéndoles capacitación profesional en materia de seguridad antes de que entraran en las zonas de conflicto. Varias delegaciones subrayaron los peligros que afrontaban los trabajadores por cuenta propia y los periodistas locales, que solían ser objeto de detenciones arbitrarias y acoso. Muchas veían con gran preocupación la situación de la seguridad de los periodistas que trabajaban en las zonas controladas por terroristas. Varias delegaciones advirtieron que la violencia contra los periodistas a menudo era precursora de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Algunas destacaron la necesidad de que las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales informaran sobre actos concretos de violencia perpetrados contra los periodistas, y exhortaron al Consejo a que reforzara sus mandatos a ese respecto. Algunos Estados Miembros mencionaron la importancia de la libertad de expresión y de la función que desempeñaba un sector informativo libre e independiente en la protección de los civiles.

Armas pequeñas

El 13 de mayo, el Consejo celebró un debate abierto sobre el costo humano que acarreaba la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras. El Consejo escuchó una declaración del Secretario General y exposiciones informativas del Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y del Sr. Karamoko Diakité, Presidente de la sección de Cote d'Ivoire de la Red de Acción sobre las Armas Ligeras en África Occidental. Además de los miembros del Consejo, participaron en el debate 44 delegaciones.

El Secretario General destacó que, si bien los más de 250 conflictos ocurridos en el último decenio habían sido de índole distinta, la disponibilidad generalizada de armas pequeñas, armas ligeras y municiones había sido una característica común a todos ellos. Puso de relieve que los que sufrían más eran los civiles, incluidos los niños. El Secretario General señaló que, a fin de eliminar esas herramientas para el conflicto armado, era esencial crear un Tratado sobre el Comercio de Armas universal y debidamente aplicado que, junto con otros instrumentos, pudiera prevenir el uso indebido y la circulación ilícita de miles de armas. Los Estados debían hacer cumplir los embargos de armas y fortalecer las misiones de las Naciones Unidas encargadas de las actividades relacionadas con armas. El Secretario General subrayó además que las municiones constituían un ámbito que merecía mucha más atención, ya que un corte de los suministros tendría efectos inmediatos en la intensidad de las actividades armadas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recalcó que si bien el comercio de armas pequeñas era un negocio multimillonario, el costo de la violencia armada en términos humanos y económicos también ascendía a cientos de miles de millones de dólares. Destacó que la mayoría de las víctimas eran personas comunes y corrientes, que a menudo eran los miembros más pobres o más vulnerables de la sociedad. La disponibilidad generalizada de las armas pequeñas podría contribuir a la denegación continua de los derechos humanos, incluidos los derechos en materia de educación y salud, al aumento de la violencia contra la mujer y la niña y al desmoronamiento del estado de derecho. El Sr. Diakité compartió su experiencia personal relativa al conflicto en Cote d'Ivoire y a las consecuencias del colapso del control gubernamental cuando el poder cayó en manos de grupos que no tenían dificultades para abastecerse de armas y municiones. Observó que durante la crisis se habían introducido en el país armas y municiones en violación del embargo de armas, y que incluso se habían sustraído materiales de arsenales legales. Resaltó que todos los Estados Miembros debían hacer todo lo posible para cumplir las obligaciones internacionales destinadas a atajar la corriente de armas hacia las zonas de conflicto.

Los representantes de los Estados Miembros reconocieron el inmenso costo humano que acarreaban las transferencias ilícitas, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras. Pusieron de relieve los peligros relacionados con las armas que caían en manos de grupos terroristas, delictivos y armados. Varias delegaciones resaltaron la función que desempeñaría el Tratado sobre el Comercio de Armas en la regulación del comercio internacional de armas y alentaron la adhesión a ese Tratado, al tiempo que muchos Estados Miembros reafirmaron también la importancia del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras, y algunos señalaron su papel fundamental en la lucha contra la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras.

El 22 de mayo, el Consejo aprobó la resolución 2220 (2015) relativa a armas pequeñas y armas ligeras, copatrocinada por 57 Estados Miembros, con 9 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. La resolución puso de relieve la importancia de las iniciativas encaminadas a limitar el efecto perjudicial que tenían las corrientes ilícitas de armas pequeñas en la población civil. En las declaraciones de explicación de voto, algunos miembros del Consejo recalcaron los logros de la resolución, pero destacaron que en el texto de la resolución no se habían tratado suficientemente las preocupaciones relativas a la necesidad de detener el suministro de armas pequeñas y armas ligeras a agentes no estatales, así como algunas otras cuestiones, y alentaron al Consejo a que se ocupara de ellas en el futuro. Varios miembros acogieron con beneplácito la resolución porque los civiles y su protección ocupaban en ella un lugar central y porque formulaba propuestas concretas encaminadas a aumentar la eficacia de los órganos de las Naciones Unidas para afrontar la cuestión de las armas pequeñas. Algunos Estados Miembros destacaron la importancia de afrontar las cuestiones relativas a la concesión de licencias y la intermediación en materia de armas pequeñas y armas ligeras.

Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas

El 22 de mayo, los miembros del Consejo, en una declaración formulada a la prensa, condenaron en los términos más enérgicos el atentado terrorista perpetrado en una mezquita de Qatif (Arabia Saudita), el 22 de mayo de 2015, y reivindicado por el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL/Daesh), que causó la muerte de por lo menos 21 personas.

El 29 de mayo, el Consejo celebró una reunión informativa de alto nivel sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, con el fin de determinar las medidas prioritarias para aplicar la resolución 2178 (2014) del Consejo, relativa a los combatientes terroristas extranjeros. El Consejo escuchó exposiciones informativas del Secretario General de las Naciones Unidas, del Sr. Gerard van Bohemen, Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al -Qaida y las personas y entidades asociadas, de la Sra. Raimonda Murmokaitė, Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo, y del Sr. Jürgen Stock, Secretario General de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Por primera vez, el Consejo se reunió a nivel de Ministros del Interior (o sus equivalentes).

El Secretario General señaló que entre mediados de 2014 y marzo de 2015 se había registrado en todo el mundo un aumento del número de combatientes terroristas extranjeros estimado en un 70%. Puso de relieve la necesidad de que los Estados Miembros intensificaran su cooperación e intercambiaran información, establecieran controles de fronteras eficaces y fortalecieran sus sistemas de justicia penal, de conformidad con el estado de derecho y las normas de derechos humanos.

También acogió con agrado la creciente importancia que se concedía a afrontar las causas subyacentes del extremismo violento en los planos mundial, regional, nacional y local para prevenir la radicalización. Describió someramente las iniciativas de las Naciones Unidas, como el establecimiento de grupos de trabajo sobre combatientes terroristas extranjeros en el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y el proyecto del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo relativo a la mejora de la comprensión del fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros en la República Árabe Siria, y anunció su intención de presentar un plan de acción para prevenir el extremismo violento. El Sr. van Bohemen subrayó que las sanciones selectivas contra el régimen de Al-Qaida eran una parte importante del conjunto de instrumentos para responder a la amenaza que planteaban los combatientes terroristas extranjeros. Describió las medidas impuestas a personas y entidades designadas por el Comité de Sanciones contra Al-Qaida 1267/1989 y se refirió a varias designaciones aprobadas por el Comité este año. Afirmó que en ese momento había unos 25.000 combatientes terroristas extranjeros provenientes de más de 100 países, muchos de los cuales habían viajado para sumarse a entidades terroristas asociadas con Al-Qaida, especialmente el Estado Islámico del Iraq y el Levante, y que el principal movimiento había sido hacia el Iraq y la República Árabe Siria. La Sra. Murmokaitė dijo que el Comité contra el Terrorismo, con el apoyo de su Dirección Ejecutiva, había determinado los 67 Estados más afectados por la amenaza de los combatientes terroristas extranjeros. Describió brevemente el primer informe (S/2015/338) en el que se analizó un grupo inicial de 21 Estados y la forma en que aplicaban las resoluciones 1373 (2001), 1624 (2005) y 2178 (2014), las deficiencias que posiblemente tendrían que subsanar, individual o colectivamente, y las buenas prácticas. También puso de relieve que, según un informe especial relativo a la información anticipada sobre pasajeros (S/2015/377), solo 51 Estados en todo el mundo utilizaban sistemas de información anticipada sobre pasajeros. Destacó que las conclusiones del informe se utilizarían para elaborar recomendaciones detalladas con miras a facilitar la asistencia técnica en los próximos meses. El Sr. Stock subrayó la importancia del intercambio seguro de información sobre combatientes terroristas extranjeros a través de las fronteras nacionales y regionales, por conducto de la INTERPOL, y afirmó que resultaba vital tener acceso rápido a esa información en la primera línea. Describió la colaboración de la organización con los Estados en ese sentido y señaló que en ese momento estaban disponibles en sus bases de datos los requisitos de identificación de más de 4.000 combatientes terroristas extranjeros. El Sr. Stock recomendó que se intercambiara más información, incluso en el plano nacional y a través de las fronteras regionales, y que se reforzaran las fronteras internacionales para lograr una capacidad sistemática de detección, especialmente en lugares de alta prioridad.

Los miembros del Consejo reconocieron la amenaza cada vez más global, compLøja y dinámica que planteaban los combatientes terroristas extranjeros, y examinaron medidas prioritarias que debían adoptarse para aplicar plenamente la resolución 2178 (2014). Compartieron sus propias experiencias, incluso respecto de la penalización de las actividades relacionadas con los combatientes terroristas extranjeros, la mejora de la seguridad de las fronteras, la recopilación y el intercambio de datos relativos a los combatientes terroristas extranjeros dentro de las fronteras y a través de ellas, y otras medidas de prevención, interdicción y coerción respecto de los combatientes terroristas extranjeros y quienes los reclutan y les dan facilidades. También se destacó la importancia de la cooperación y la coordinación multilaterales en esas actividades. Muchos miembros subrayaron además la importancia de abordar los factores subyacentes de la radicalización, y la necesidad de respetar el estado de derecho y los derechos humanos. Al tiempo que reconocieron el papel central que desempeñaban las entidades de las Naciones Unidas y los propios órganos del Consejo, muchos miembros del Consejo también pidieron que se cooperara más dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos.

El 29 de mayo, el Consejo aprobó una declaración de la Presidencia (S/PRST/2015/11), en la que se reiteró la grave preocupación por la persistente amenaza que planteaban los combatientes terroristas extranjeros. El Consejo recalcó la necesidad de que los Estados intensificaran esos esfuerzos y establecieran las medidas prioritarias que conviniera adoptar y las llevaran a la práctica, en particular las mencionadas en la declaración, con asistencia de otros cuando fuera necesaria y de la manera más expeditiva posible. La declaración de la Presidencia determinó posibles medidas en ese sentido, tales como el pleno cumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo 6 de la resolución, la aplicación de las leyes pertinentes, un uso más amplio de la información proporcionada por anticipado por los pasajeros para apoyar los procedimientos de evaluación del riesgo y control de pasajeros con base empírica, medidas reforzadas de control fronterizo y una mayor cooperación en la aplicación de la ley, así como una mayor reunión e intercambio de datos de identidad de terroristas a los fines de inspección, la mejora de la cooperación internacional, regional y subregional, y un mayor intercambio de información con la base de datos de la INTERPOL de combatientes terroristas extranjeros y una mayor utilización de dicha información. El Consejo pidió al Comité de Sanciones contra Al-Qaida 1267/1989 y al Comité contra el Terrorismo que celebraran una reunión conjunta sobre el tema, y recomendó que la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo elaborara un plan de las Naciones Unidas para el fomento de la capacidad para hacer frente al flujo de combatientes terroristas extranjeros.

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