Informe sobre libertad de prensa y expresión en Paraguay durante el año 2000.
Por Magdalena Riveros de la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
Cuadro General
La labor profesional de periodistas y trabajadores de prensa, y de los medios de comunicación en sí, se vio afectada en el 2000 por una serie de situaciones que indica que al finalizar el siglo XX no se tuvo garantías suficientes para el desarrollo de la libertad de expresión y derecho a la información en el país.
Las agresiones a periodistas y trabajadores de prensa, los hostigamientos y amenazas de muerte señalan que existe una falta de tolerancia hacia la labor de los periodistas y la adecuada comprensión del derecho ciudadano a la información. También estas situaciones, de no corregirse, pueden llevar a la inhibición o censura de los comunicadores sociales.
Durante el 2000 tanto periodistas y trabajadores de prensa y Medios de comunicación sintieron los efectos de excesos cometidos por parte de personas u organismos vinculados a los Poderes del Estado, como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En los casos sucedidos hasta se pisotearon normas legales y las propias garantías constituciones y de pactos internacionales para el ejercicio de la libertad de expresión. Los Poderes del Estado deberían ser los principales impulsores del respeto del Estado de Derecho.
Mirada a Los Medios
Querellas y denuncias judiciales:
A nivel de los medios de comunicación, en el campo del Poder Judicial se produjo la mayoría de los hechos que afectó a las empresas periodísticas, con querellas y denuncias judiciales (ver cuadro demostrativo).
Se presentaron cuatro querellas por difamación y calumnias. Tres de ellas fueron para el director del periódico Vanguardia de Ciudad del Este, Héctor Guerín y una contra el director del diario ABC Color de Asunción, Aldo Zuccolillo; otra querella fue para el director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bó. Una de las acciones judiciales que afectó al director de ABC, y al director de Vanguardia, fue originado el 17 de marzo por dos periodistas de Ciudad del Este - Estelvino Valdez, de Multimedia, y José Antonio Espínola, de La Nación-, que se sintieron afectados por publicaciones de acusaciones de coimas.
La otra querella fue contra Guerín, el 13 de abril, de parte de una persona acusada de robacoches, y la tercera acción judicial fue también contra Guerín, de parte del Gobernador de Alto Paraná, Jotvino Urunaga, el 17 de abril. Por su parte, el director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bó fue querellado el 4 de octubre por Richard Gómez Caballero, por haber sido imputado como el tercer sicario en el asesinato del vice presidente de la República, Luis María Argaña. Luego Gómez fue sobreseído por la Justicia por falta de pruebas. También el 3 de enero se presentó ante la justicia una denuncia contra personas vinculadas a la Radio 9.70, en AM. Fue de parte de la periodista Pepa Kostianosky y los demandados fueron Alberto Vargas Peña, Hermes Rafael Saguier, Adolfo Ferreiro y Bernardino Cano Radil, a quienes Kostianosky acusó de realizar apología del delito al difundir mensajes del ex militar Lino Oviedo para crear inestabilidad política en el país. Igualmente el procesado senador Francisco Appleyard, vinculado al grupo de Lino Oviedo, denunció al diario Noticias ante la Fiscalía y pidió sanción por haber violado su derecho a la intimidad. Fue por haber sido fotografiado jugando fútbol en su casa, donde guardaba reclusión domiciliaria por motivos de salud. Reclamo de réplica en el campo judicial:
Una demanda judicial fue presentada por el propio Presidente de la República, Luis González Macchi, contra el director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bó, reclamando el derecho a réplica establecida por ley. Es a raíz de una publicación del 11 de abril donde se presentaba al senador Gonzalo Quintana acusando al titular del Poder Ejecutivo de tráfico de dinero, que luego fue desmentido por el legislador. El 4 de mayo la jueza María de Jesús Bogado hizo lugar al pedido de réplica de González Macchi, pero el 9 de mayo el director del diario Noticias presenta una acción de inconstitucionalidad contra orden judicial.
Veda electoral y sus consecuencias:
La elección nacional para vice presidente de la República, que tuvo lugar el 13 de agosto, originó ese mismos día la presentación de dos demandas judiciales, una contra un medio periodístico y otra contra un periodista. Fue en base a la prohibición de realizar propaganda electoral una vez expirado el plazo fijado por el Código Electoral.
Una de esas demandas fue promovida por el Partido Colorado contra el director deldiario ABC Color, Aldo Zuccolillo por haber asumido el 12 y 13 de agosto, en el editorial del diario, una postura en favor del candidato liberal, Julio César Franco. El Partido Liberal Radical Auténtico también presentó el 13 de agosto una demanda, pero en contra del periodista Víctor Benítez, de Radio Uno, que instó en su programa radial a no votar por el candidato liberal Franco, en tiempo de veda electoral. Sentencias judiciales:
En el campo judicial se produjeron sentencias que afectaron a medios de comunicación. Uno de ellas fue del Tribunal de Apelación, que en enero da a conocer que confirma la sentencia del juez Emiliano Rolón Fernández que afecta director deldiario La Nación, Osvaldo Dominguez Dibb, y aumentó la multa a pagar a 300 millones de guaraníes. Es dentro de la querella por calumnia y difamación presentada por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea, por una publicación realizada con anterioridad donde se acusaba de corruptos a los miembros del Poder Judicial. El caso fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia.
El director del diario Vanguardia de Ciudad del Este, Héctor Guerín, tuvo el 18 de julio la sentencia en el juicio que le fuera promovido por el Gobernador de Alto Paraná. El juez Francisco Javier Zacarías Cubilla le condenó a pagar una multa aproximada de 5 millones de guaraníes. Se denunció que durante el juicio oral abandonó la sala, sin justificación, el abogado de Urunaga, que para el Código Procesal Penal, es un abandono de la querella. Pese a esta irregularidad, el juez dictó sentencia. Sentencia favorable:
Entre las sentencias judiciales hubo una favorable para el sector de los medios de comunicación. La Sala Constitucional falló, a inicios de marzo, a favor del director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, en la querella promovida años atrás por el ex gobernador de Alto Paraná, Carlos Barreto Sarubbi a quien se lo había implicado en pistas clandestinas de aviación. La Sala Constitucional dijo que el querellante debió ser investigado formalmente por las denuncias hechas públicas.
Amenazas varias:
Las elecciones para vice presidente de la República, también originaron amenazas hacia los medios de comunicación. El 13 de agosto, antes de que venciera el tiempo para leer la "boca de urna", se recibió una amenaza anónima de atentado en Radio Primero de Marzo. La Policía fue alertada de esta amenaza, para custodiar el local.
El 15 de agosto, en los días de incertidumbre sobre los resultados de las votaciones de vice presidente de la República, un grupo de manifestantes del Partido Colorado se llegó hasta frente al local de Radio Ñandutí y lanzaron piedras y botellas en señal de protesta. También el 15 de agosto, el senador colorado, Juan Carlos Galaberna, lanzó duros calificativos contra los periodistas acreditados ante la Justicia Electoral ante preguntas realizadas por los comunicadores sobre los resultados electorales. Este año, específicamente el 16 de febrero, surgió la información de que el gobierno cerraría Radio Uno como consecuencia de una campaña de comentarios radiales desatada por el periodista Víctor Benítez contra del padre del Presidente de la República, a quien señalaba como corrupto. Voceros del Palacio de Gobierno negaron que exista intenciones de cerrar la emisora, y el 18 de febrero, el Presidente de la República, Luis González Macchi critica a Benítez por extralimitarse en sus comentarios contra su padre y aclara que si no fuera por su investidura presidencial invitaría al periodista "a solucionar como hombre" el caso. Intentona de golpe de Estado y su repercusión en medios de comunicación:
El frustrado golpe de Estado por parte de adherentes al ex militar Lino Oviedo, iniciado en la noche del 18 de mayo, tuvo serias consecuencias en determinados medios de comunicación, ya que surgieron acciones fuera de las normativas legales.
Bajo el argumento del Estado de Excepción decretado por el Gobierno nacional en la madrugada del 19 de mayo, a raíz del intento de golpe militar, desde diversos sectores se denunciaron excesos cometidos en el cumplimiento de las medidas restrictivas. Y uno de esos sectores afectados fue la prensa.
Los medios de comunicación que sintieron los efectos de las medidas adoptadas durante este Estado de Excepción eran conocidos por su adhesión al militar golpista, en especial por la difusión con anterioridad de programas a favor de Lino Oviedo.
El medio más perjudicado por las denuncias de abusos cometidos por el gobierno durante el Estado de Excepción fue Radio Asunción, de la ciudad capital. El 20 de mayo, efectivos policiales y miembros de la Conatel -ente regulador de las radioemisoras- ingresan al local de Radio Asunción y retiraron totalmente el equipamiento de la emisora, previa destrucción de varios de ellos. La orden judicial solo autorizaba el decomiso de equipos de transmisión en UHF, que no tenían autorización para utilizar, según sumario efectuado meses atrás.
Voceros del gobierno adujeron que ese procedimiento de Conatel no tenía relación con el Estado de Excepción, pero nadie asumió responsabilidad del deterioro y secuestro de todos los equipos no incluidos en la orden judicial de decomiso, ni ninguno de los Poderes del Estado aclaró esta situación y quienes son los responsables del accionar fuera de la orden judicial.
Previo al desmantelamiento de los equipos de la radio, sus propietarios, Miguel y Adriana Fernández fueron detenidos el 19 de mayo, y recuperaron su libertad el 2 de junio. El gobierno no llegó a arrimar en su momento pruebas de la participación de estas personas en el Golpe de Estado
También los equipos de Radio Ybyturuzú, de la ciudad de Villarrica, fueron destruidos en la madrugada del 19 de mayo, ya vigente el Estado de Excepción. Esa fecha, personas desconocidas entraron al local y destrozaron los equipos de la radio, luego de que el personal de seguridad fuera detenido por la Policía, que acudió hasta el lugar a buscar al dueño de la emisora, Gustavo Mussi, por su presunta vinculación con el intento de Golpe de Estado. Luego, el 1 de junio la emisora volvió a transmitir, trás recibir garantías de seguridad por parte de las autoridades de la zona. También al implementarse el Estado de Excepción, el 19 de mayo, fue detenido el director de Radio Nanawa, Juan Carlos Bernabé, y las líneas de teléfonos de la emisora dejaron de funcionar. Este dueño de la radio estuvo detenido hasta el 2 de junio. El gobierno no presentó ninguna acusación ante la justicia contra Bernabé. Asimismo el 23 de mayo surgió el rumor de que la Radio 9.70, en AM estaba a punto de ser clausurada por el gobierno. Pero luego se habría desistido de la medida al filtrarse la información antes de ejecutarse y la denuncia hecha por antemano por los directores de ese medio y las medidas legales que se iban a adoptar de parte de la empresa. El presidente del ente regulador de la radiodifusión - Conatel- Víctor Bogado, rechazó esta versión de cierre, pero reconoció que la emisora estaba en una lista de medios sumariados por no cumplir con la ley de radiodifusión. Unos días después, el 24 de mayo, el senador de la oposición Francisco José de Vargas dijo en la reunión de la Cámara de Senadores que había solicitado al presidente de la República que bombardeen la antena de la radio 9.70 para que deje de transmitir mensajes en favor del Golpe de Estado.
La 9.70 había difundida la proclama de los golpistas, pero por una toma del local por parte de varios insurrectos, que con armas irrumpieron y exigieron pasar los mensajes. Pese a la denuncia del personal de dicha presencia, no aparecieron los órganos de seguridad para desalojarlos. Previamente el mismo grupo de golpistas había estado enRadio Cardinal, pero no lograron cumplir con su objetivo, por reacción del personal y ante el pedido de auxilio a organismos de seguridad, que sí llegaron al lugar, pero minutos después que abandonasen el sitio los militares en rebeldía. Disparos con arma:
Dos hechos de disparos contra instalaciones de medios de comunicación se registraron en el 2000. Uno de ellos fue el 17 de marzo, que afectó al diario Vanguardia, de Ciudad del Este, posiblemente por su postura de denuncias de corrupción en organismos del Estado en el Alto Paraná. Luego, el 27 de junio se denunció que en la planta transmisora de Radio Uno, en Chaco-í estalló un fusible por efectos de disparos de arma de fuego, pero esta situación fue negada por la Ande, ente encargada del servicio eléctrico.
Las empresas de comunicación:
No puede dejar de mencionarse que en el 2000 el sector de las empresas de medios de comunicación volvió a originar críticas, por sobre todo por su activismo partidario que las aleja de su función social. Uno de los mayores críticos de la prensa empresarial fue la Iglesia Católica. Varios obispos cuestionaron la instrumentalización de los medios de comunicación para sembrar acusaciones sin fundamentos veraces, guerras políticas o privilegiar intereses empresariales o ciertas ideologías políticas.
Por otra parte, algunos hechos ponen en duda de la independencia real de los medios de comunicación con relación al Estado. Por un lado se tuvo la disputa entre medios para obtener concesiones de empresas o servicios otorgados por el Estado, como la quiniela nacional, y la impresión de textos escolares. Los sectores interesados, directa o indirectamente se lanzaron acusaciones mutuas de haber cometido o apañado irregularidades en las licitaciones, donde cada medio tenía una versión diferente de los hechos.
Asimismo importantes empresarios de medios de comunicación fueron incluidos en el equipo de campaña del candidato del oficialista Partido Colorado para la vice presidencia de la República, Félix Argaña. Además hubo denuncias en la prensa de que el Canal 9 y Canal 13 pagaban sus cuentas de teléfono otorgando espacios de publicidad al ente regulador del servicio, Antelco.
Otro aspecto acontecido en el campo de las empresas de comunicación fueron la decisión adoptada por el grupo económico liderado por el ex presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, propietario del diario EL DIA, de cerrar dicho periódico. Esto originó que unos 100 trabajadores quedaran en la calle, entre ellos unos 30 periodistas. Además hubo unos 40 despidos de periodistas en medios audiovisuales, como en Radio Primero de Marzo, con 4 casos; en Canal 4, con 30 casos, y en Radio Ñandutí, 15 despedidos, entre ellos 6 periodistas. En Ñandutí los despidos se produjeron luego de una semana de firmarse un contrato colectivo de trabajo, el primero a nivel de radio en el país. También hubo levantamiento de los programas nacionales por parte de los nuevos accionistas mayoritarios de Canal 9, de origen mexicano y argentino integrados en la Red Cono Sur, que también es dueña de canales de televisión en Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana y México.
Visita de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Reclamos y división.
Del 5 al 7 de setiembre estuvo en Asunción una delegación de autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con objetivo de promover la Declaración de Chapultepec y realizar reclamos a los Poderes del Estado. El grupo se entrevistó con el Presidente y Vice Presidente de la República, Luis González Macchi y Julio César Franco, respectivamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea y el Presidente de la Cámara de Diputados, Cándito Vera Bejarano. No pudo concretarse la reunión con las autoridades de la Cámara de Senadores porque los legisladores condicionaron la no presencia del director de ABC Color, Aldo Zuccolillo.
La delegación de la SIP expuso a las autoridades con quienes se entrevistaron que a criterio de la organización en el país existen leyes que coartan la libertad de prensa, en especial el Código Penal. También objetan algunos artículos de la Constitución Nacional, del Código del Menor, la Ley Electoral y el Código Sanitario, por considerar que afectan la libertad de prensa. Y a la vez significaron la necesidad de contar con una ley que reglamente y garantice el acceso a as fuentes de información pública.
Esta visita creó toda una polémica, en especial en el Foro sobre la Declaración de Chapultepec y las visitas a los medios de comunicación (diarios), donde sobresalió la división existente a nivel de las empresas periodísticas sobre el manejo de la información sobre el proceso judicial formado sobre el asesinato del vice presidente de la República y la masacre en la Plaza en el Marzo Paraguayo, en 1999, y la presentación del informe Paraguay sobre libertad de prensa, a cargo del director de ABC Color, que fue cuestionado por los representantes de los diarios Ultima Hora y Noticias por manipular la presentación de los hechos.
En una reunión de prensa, con relación a la politización de los medios locales, el presidente de la SIP, Tony Pederson respondió que la sociedad democrática es la que al final calificará si la noticia es o no veraz.
Persecución a radios comunitarias
Los gremios de empresarios de radios comerciales - la APRAP y la APRI- intensificaron este año su postura contraria a la regularización legal del funcionamiento de las radios comunitarias. A través de un comunicado, el 27 de julio, hicieron saber la exigencia empresarial para que se cumpla el llamado a licitación para adjudicación de frecuencias a las radios comunitarias. Las condiciones del llamado fueron calificados de totalmente desfavorables por las organizaciones barriales y sociales que están con este tipo de comunicación alternativa.
Conatel - el órgano regulador de la radiodifusión en Paraguay- llamó el 15 de julio a licitación pública para la adjudicación de frecuencias para radios de corta y mediana cobertura, sin un acuerdo previo con las organizaciones vinculadas a las radios comunitarias. Ante un reclamo de sectores ciudadanos y de las radios comunitarias, el 26 de julio, hubo una postergación de 60 días para la licitación, pero Conatel no llamó a ningún diálogo para las modificaciones solicitadas del pliego de bases y condiciones, quedando finalmente la recepción de los sobres oferta para el 21 de noviembre, con los criterios que habían sido cuestionados por los responsables de las emisoras comunitarias, pero aprobadas por el sector de las radios comerciales.
Paralelo a este llamado a licitación pública, el 20 de julio, surge una orden judicial promovida por Conatel para la incautación de los equipos de Radio Trinidad, una de las radios comunitarias de Asunción. Este cierre no se logró porque hubo una reacción de pobladores de la zona y sectores solidarios.
Desde la creación de la Ley de Telecomunicaciones, a finales de 1995, el gobierno aún no pudo dar cumplimiento a dicha ley como a la Constitución Nacional y al Pacto de San José de Costa Rica, que permiten el funcionamiento legal de estas radios alternativas que cada día aumentan más, ante las necesidades comunicacionales diferentes a las radios comerciales.
Mirada a los Periodistas
Del compendio global de casos (ver cuadro demostrativo), las agresiones con golpes fueron los hechos más reiterativos que afectaron a trabajadores de prensa en el 2000, así como los hostigamientos verbales hacia periodistas, en su mayoría provenientes de funcionarios de instituciones del Estado. Todos como resultado del trabajo de difusión de informaciones, o coberturas noticiosas. Hubo más casos en ciudades del interior.
Agresiones y golpes:
En cuanto a agresiones a trabajadores de prensa, este año hubo un mayor número de casos de reporteros gráficos golpeados cuando ejercían su labor profesional. Los casos y agresores fueron:
El 10 de marzo, Eduardo Franco, del diario La Nación, fue agredido en Itauguá, frente a la Justicia Militar, durante una manifestación. El 13 de marzo, en Ciudad del Este,Óscar Florentín, del diario Noticias, recibió golpes de parte del director del diario La Nación, Osvaldo Dominguez Dib cuando acudió al Palacio de Justicia para declarar sobre una presunta falsificación de estampillas de cigarrillos de una fábrica de su propiedad. El 24 de marzo, César Olmedo, de La Nación, fue agredido en Asunción por efectivos de la seguridad del Presidente de la República durante la concentración del grupo Poder Ciudadano. Olmedo es nuevamente agredido, en Asunción, el 21 de agosto por efectivos policiales durante una represión a empleados de la empresa Transvalor.
El hecho más grave de agresión a trabajadores de prensa ocurrió el 17 de agosto cuando la reportera de Canal 9, Elizabeth Palma fue atropellado con un auto porCalixto Arguello, guardia del ex Contralor de la República, Daniel Fretes Ventre cuando intentaba realizar con otros miembros de la prensa una nota al ex alto funcionario que dejaba el cargo y sobre quien pesaba 19 hechos de corrupción. La periodista resultó con fractura de cadera y desplazamiento de la columna vertebral. Entre los agresores a periodistas y trabajadores de prensa también se encuentran los dirigentes sindicales. Los dos hechos registrados fueron durante la cobertura de la huelga general de 48 horas convocada por organizaciones de trabajadores del sector eléctrico y del transporte público. El 21 de junio, horas antes de la huelga, el reportero de Canal 9, Hugo Pereira, es agredido con una piedra. Luego, el 22 de junio, sindicalistas reaccionaron con violencia contra trabajadores de prensa y resultó con heridas en la cabeza el reportero gráfico Norberto Duarte, de la agencia de noticiasAFP, y fue agredida con golpes la reportera Martina Cardozo, de Radio Cardinal. Otros trabajadores de prensa fueron amenazados de ser golpeados. Otros casos de agresión a periodistas fueron en el interior : El 6 de setiembre, en Ciudad del Este, un su oficial de Marina que estaba en la cabecera del Puente Internacional, agredió a Ramón Ayala, corresponsal del diario ABC Color en Ciudad del Este, a Asunción Caballero, reportero del diario Vanguardia, y Carlos Bottino, de Radio Corpus, que estaban realizando cobertura del movimiento en la zona. El 10 de setiembre, en Villarrica, César Martínez, corresponsal del diario ABC Color, sufrió una agresión de parte de un funcionario del Ministerio de Agricultura de Ganadería, Pedro Lomaquiz. Fue en represalias a publicaciones en el diario sobre el trabajo de su esposa como Secretaria de la Mujer de la Gobernación del Guairá.
Encarcelamiento por conflicto con juez:
El accionar de miembros del Poder Judicial nuevamente tuvo este año su efecto negativo en el sector de los periodistas.
A raíz de una denuncia promovida por el juez de Misiones, Mario Ignacio Maidana, el periodista Camilo Cantero, director de la radio FM Libertad y corresponsal del diario Ultima Hora en San Ignacio, Misiones, fue encarcelado del 25 al 30 de agosto. El juez Maidana acusó a Cantero de denuncia falsa al solicitar en 1999 su destitución por mal ejercicio de sus funciones de magistrado. Ya en 1999, Cantero había ido a la cárcel también por un accionar del juez Maidana.
El juez que atendió el caso de Cantero, Juan Carlos Paredes, al sustituir la prisión prohibió al periodista a hablar y escribir en los medios de comunicación sobre su caso, y le prohibió que salga de la capital Asunción y retorne a su lugar de residencia, San Ignacio. Esto último fue apelado por los abogados del periodista y fue cancelado por el juez. La prohibición de hablar y escribir sobre el caso judicial, sigue vigente al cierre de este informe.
Estas medidas de sustitución del juez fueron muy criticadas por considerarse que violaron el derecho a la libertad de expresión garantizadas por la Constitución Nacional y los convenios internacionales.
Sentencias judiciales favorables:
En el 2000 hubo dos sentencias judiciales positivas para los comunicadores sociales. El 25 de abril, el Tribunal de Cuenta falló en favor del periodista José Amarilla, en un juicio promovido por la empresa Conempa por supuesta difamación e injuria en artículos publicados en 1994 en el diario Ultima Hora sobre corrupción en Itaipú y adjudicaciones beneficiadas. En la sentencia señala que en las publicaciones no se incurrió en el delito de difamación, porque no se cometió un hecho punible de acción penal pública, ni tampoco existió injuria desde el momento que no existió voluntad de ofender.
El 30 de octubre, por otra parte, se informa que el periodista Jorge Villalba, del diario Ultima Hora, fue beneficiado con el rechazo por parte del juez de la querella por difamación y calumnia que le instauró el dirigente sindical Eduardo Pérez David a raíz de publicaciones sobre el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores donde Pérez David era integrante de la Junta de Vigilancia.
Hostigamiento e intimidaciones:
Hubo cinco casos de hostigamientos, tres de ellos en el interior y uno en la ciudad capital. Los casos, protagonistas y fechas fueron: El 9 de marzo, en Ayolas, Vidal Cáceres, político colorado, adherente al Gral. Lino Oviedo, acudió al local de Radio San Roque González para hostigar a los periodistas de la emisora por haber participado de una manifestación en contra de Oviedo.
El 25 de mayo, se informa que César Dauzacker, corresponsal del diario ABC Color en Salto del Guairá, soporta a diario una campaña de agresiones verbales en un programa radial de parte de políticos del Partido Colorado en dicha ciudad. Es luego de una publicación sobre la situación del comercio en esa ciudad.
El 29 de agosto, el jefe de Policía del Amambay, Comisario Wildo Acosta lanzó descalificaciones hacia Emerson Dutra, corresponsal del diario La Nación en Pedro Juan Caballero. Fue a raíz de una información elaborada por el corresponsal sobre un caso de autotráfico donde se involucra a un subcomisario, que no fue aclarada por el responsable de la unidad policial.
En Asunción, el 29 de agosto, el director de hospitales del Ministerio de Salud Pública, Dr. Hugo Valdez remitió un telegrama colacionado a Celsa Pereira, periodista del diario ABC Color, a raíz de una publicación donde se involucra al citado médico como planilleros en el ente del seguro social, IPS. Censura:
Todos los casos de censura denunciados este año acontecieron en el interior. El primer hecho fue en Radi Ypoá, de Paraguarí, donde el conductor y reportero del programa periodístico "Sin barreras", Reinaldo Gayoso y Bernardino Caballero respectivamente, fueron suspendidos, a inicios de enero, para seguir dirigiendo el programa a su cargo. La decisión fue adoptada por la empresa luego de críticas realizadas por los trabajadores de la comunicación a la labor del Presidente de la República, Luis González Macchi. Con anterioridad ya habían sido advertidos de no criticar a las autoridades del gobierno nacional y de la gobernación.
En Radio San Fernando, de Bella Vista, Itapúa, la periodista Carmen Britez renunció el 8 de abril a su puesto por las presiones del propietario Juan Acuña, para no profundizar sobre la pornografía infantil en Internet, porque el dueño del Video Cable sería amigo del propietario de la radio. El 7 de agosto, en Caacupé, el periodista Dario Bareiro Fariña fue separado de dirigir el noticiero del mediodía en Radio La Voz de la Cordillera, que estaba a su cargo desde hace 20 años, y se lo trasladó como redactor de noticias. La medida habría sido porque el periodista sugirió a un oyente que reclamaran al director de la radio que se le prohibiera hablar porque calificó al director de la emisora un torturador durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Querella:
Luis Alberto Panza, uno de los protagonistas del hecho de agresión masiva de periodistas, ocurrida en noviembre de 1999, presentó el 5 de enero una querella contra los periodistas Alberto Ledesma, del diario Noticias y Julio Lezcano, de Canal 4, por supuesta agresión contra la turba de adherentes al Partido Colorado. Esta es una contraquerella, ya que los periodistas denunciaron a sus agresores por agresión durante esperaban en la calle resultados de una cobertura periodística.
Amenazas anónimas:
Las amenazas anónimas a periodistas fueron para dos trabajadores del interior, y uno de la capital.
El periodista Narciso Meza y el director de Radio Ybypytá de Hohenau recibieron en los primeros días de abril amenazas de un familiar de Milton Xiscatti, procesado por difundir pornografía infantil en Internet, de que arreglará "de otra forma" sin continúan con el tratamiento del tema. El 11 de julio, el corresponsal del diario Noticias en San Estanislao, Celso Aguilera, recibe una amenaza de muerte anónima por teléfono. Fue en momentos en que a través de una radio local se estaba dando lectura a un artículo publicado por el corresponsal donde se informaba de una querella criminal presentada en contra de un supervisor de educación por parte de su propia esposa por lesión corporal y amenaza de muerte. En Asunción, el 26 de octubre, Fernando Ruiz Díaz, periodista de Radio Unodenuncia las amenazas de muerte que en forma anónima viene recibiendo por teléfono, y que personas desconocidas merodean en los alrededores de su domicilio en automóviles con vidrios polarizados. Intentona de golpe de Estado y su repercusión en periodistas:
Las medidas adoptadas por el gobierno durante el Estado de Excepción, también llegaron a aplicarse al sector de los periodistas.
Hugo Ruiz Olazar, periodista del diario ABC Color y a la vez corresponsal del diario Clarín de Argentina y de la agencia AFP, fue incluido el 20 de junio en la lista de personas que debían ser detenidas por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado. Ante la reacción de críticas que originó la inclusión de Ruiz Olazar en ese listado, voceros del gobierno indicaron el 21 de mayo que tienen pruebas de la participación del periodista en la intentona del golpe y que será elevado a la Justicia. Esas pruebas no llegaron a ser presentadas.
El 26 de mayo, el Presidente Luis González Macchi, en una carta a organizaciones que protestaron por el hecho, manifestó que la orden de detención de Ruiz Olazar fue por dar muestras de estar encubriendo al prófugo Lino Oviedo y que no guarda relación con el Estado de Excepción. Esta acción del Poder Ejecutivo fue considerada que no ajustaba a la normativa legal vigente.
Al expedirse la orden de detención, Ruiz Olazar se refugió en el local de ABC Color, hasta que se levante el Estado de Excepción, el 31 de mayo. Luego, el 14 de julio estuvo algunas horas demorado en el aeropuerto internacional de Asunción, cuando se predisponía viajar a Buenos Aires. Fue porque la Policía lo tenía con detención pendiente. Quedó libre una vez aclarado que su caso no fue derivado a la Justicia y al dejar de regir el Estado de Excepción no tenía responsabilidad alguna que cumplir.
Vigente el Estado de Excepción, el corresponsal del diario Ultima Hora en la ciudad de Caazapá, Albert Robles, y dos campesinos fueron secuestrados de un campamento de campesinos desalojados, por algunas horas. Según el hombre de prensa, los que le detuvieron eran personas de civil pero pertenecían al cuadro de la Policía Nacional. Dentro del análisis, cabe mencionar que el 14 de junio se difunde un listado de periodistas y directores de medios, hallado en el departamento del ex General Lino Oviedo, en Foz de Yguazú, Brasil, luego de su detención en ese país. Se sospechó que el plan del ex militar habría sido mandar asesinar a esas personas, que tuvieron sus posturas críticas a la instauración del fascismo en Paraguay. La lista incluía a los periodistas Mina Feliciángeli, Víctor Benítez, Carlos Peralta, Stella Ruffinelli, Benjamín Fernández Bogado, Juan Andrés Cardozo y los directores de diarios, Eduardo Nicolás Bo, de Noticias, y Demetrio Rojas, de Ultima Hora.
Aumento de la inestabilidad laboral:
Las decisiones de las empresas periodísticas de despedir personal, el cierre del diario El Día, y la compra de Canal 9 por un grupo americano-argentino (Red Cono Sur) y toda la incertidumbre creada con relación a los nuevos despidos que podrían originarse, lleva al aumento considerable de la inestabilidad laboral entre los trabajadores de prensa, y por ende también afectará a la calidad del trabajo informativo que desarrollan los medios, porque las empresas, además de no interesarse de que el personal lleve una vida digna, no incentivan la calificación profesional de los comunicadores. A pesar de desatender la parte de recursos humanos y la cualificación profesional, las empresas realizan grandes inversiones en eventos artísticos y en la adecuación de tecnología en sus empresas.
Restricciones al acceso a la información pública
Otro aspecto que aconteció en el 2000 fue la media sanción de leyes donde la falta de claridad en la redacción podrían ser un obstáculo para el acceso a la información pública.
Uno de esos proyectos de ley es la que está dirigida a los funcionarios públicos, que fue aprobado el 16 de marzo por la Cámara de Diputados. En esta normativa se penaliza con destitución a los funcionarios que suministren información de carácter de reservado o confidencial de las dependencias públicas. Autoriza que la condición de reservado sea fijada por ley o reglamento. Abogados especialistas indicaron que esta normativa va en contra de la Constitución al permitir que una información sea calificada reservada en virtud de un reglamento.
Luego, el 21 de setiembre, la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley que limita las publicaciones de datos del patrimonio de personas físicas y jurídicas, con la intención de defender la privacidad de las personas. Por su redacción poca clara, algunos sectores consideran que este proyecto al proteger en forma general a funcionarios e instituciones públicas y a los privados, va en contra de la obligatoriedad de transparentar los datos de los funcionarios y reparticiones del Estado.
En medio de este panorama poco claro en materia de proyectos legislativos, el 19 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de transparencia de la información, pasando el documento a la Cámara de Senadores. Este puede ser un hecho favorable, porque de contarse con una redacción adecuada del documento legislativo, luego de ocho años de promulgada la Constitución Nacional se contaría con la ley que regule el acceso a la información pública, garantizada por la Carta Magna. Puede ser de mucha utilidad para el trabajo investigativo de los periodistas como de acceso de informaciones por parte de la ciudadanía.
Conclusiones:
El análisis de los casos surgidos en Paraguay en el 2000 en materia de libertad de expresión y derecho a la información, lleva a realizar las siguientes reflexiones:
- Los organismos y autoridades de los Poderes del Estado, así como integrantes de la sociedad civil, deben comprender la labor fiscalizadora de los periodistas y garantizar la opinión, la investigación e indagación de fuentes. La prensa puede ser el instrumento más efectivo de control y freno de actos ilegales de las autoridades o particulares.
- Los responsables de los Poderes del Estado no deben abusar de su autoridad, sino contribuir al pluralismo.
- Los funcionarios públicos están llamados a ejercer su labor con transparencia y rendición de cuentas, y debe evitarse toda normativa que impida el suministro de informaciones de interés público a los periodistas y la ciudadanía.
- Las acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación, dentro de la responsabilidad ulterior generadas por excesos cometidos, es necesario que se diriman adecuadamente dentro de las normativas legales, de la Constitución Nacional y los convenios internacionales que protegen la libertad de expresión.
- Que periodistas y propietarios de medios de comunicación actúen con principios éticos para proporcionar informaciones edificantes, erigirse en instrumentos de educación, y evitar la pérdida de credibilidad ante la sociedad, y así también para protegerse ante abusos de los grupos de poder.
- La libertad de expresión implica una serie simultánea de cualidades y responsabilidades que la jerarquizarán y evitarán que la desvirtúen: el respeto mutuo, admitir la réplica y excluir todo tipo de violencia.
- El cumplimiento por parte del Gobierno, a través del ente Conatel, y de los empresarios de radios comerciales, de las leyes y convenios internacionales que garantizan el acceso igualitario a las ondas de radio, y por ende permitir el funcionamiento de las radios ciudadanas, comunitarias, educativas, populares, en condiciones legales y técnicas que no lleven a su desaparición.
- Los medios de comunicación deben reflejar un amplio espectro de visiones e intereses de la sociedad. La prensa es un elemento clave para fortalecer la democracia y el pluralismo, o puede contribuir al autoritarismo y la intolerancia.
Paraguay, octubre de 2000
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