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30ene07
El TC, a punto de romperse en dos, aplaza la votación sobre la recusación de Pérez Tremps tras seis horas de debate.
El Tribunal Constitucional amenaza con partirse en dos. Tras más de cinco horas y media de debate a puerta cerrada, sus magistrados optaron ayer por aplazar la votación y proseguir con sus deliberaciones el próximo miércoles. Se dilucida la recusación presentada por el PP contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, del que considera que no puede participar en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán presentado por esta formación política.
Pero las posiciones están divididas y el caso de Pérez Tremps se presenta como extremo. Se trata de un asunto de alto calado político porque el Constitucional está compuesto por doce miembros, de los que seis corresponden a posiciones conservadoras, más cercanas al PP, y otros seis son de línea progresista, más próximos al PSOE. Aunque puede haber transvases entre los más moderados.
Independientemente de la recusación, las deliberaciones sobre el Estatuto catalán serán ya de por sí complicadas con ese 6/6, por lo que se da casi por seguro que la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, tendrá que hacer valer su voto de calidad para resolver algún empate. Ahora bien, si encima prospera la iniciativa del PP, el equilibrio quedaría en 5/6 a favor de las posiciones conservadoras.
Esta es la razón por la que Casas aspira a que haya unanimidad en la recusación de Pérez Tremps –que no participa en las deliberaciones ni en la votación de su caso-, y de ahí también el aplazamiento de los debates al miércoles. Jamás el Tribunal Constitucional ha admitido una recusación contra uno de sus miembros, y hace ya tiempo que sus componentes no sufrían tanta presión mediática y política.
Por el lado más conservador se encuentran Guillermo Jiménez Sánchez (académico, de tendencia moderada), Vicente Conde Martín de Hijas (juez, moderado), Javier Delgado Barrio (juez, moderado, del que diversas fuentes sostienen que aspira a convertirse en el próximo presidente del Constitucional), Roberto García-Calvo (juez, conservador), Jorge Rodríguez-Zapata (académico, conservador) y Ramón Rodríguez Arribas (juez, conservador).
Por la parte más progresista se identifican a la propia Casas Baamonde (académica), Elisa Pérez Vera (académica), Eugeni Gay Montalvo (jurista), Pascual Sala Sánchez (juez), Manuel Aragón Reyes (académico, moderado) y, si no es recusado, Pérez Tremps (académico).
El caso de Pérez Tremps suscita divisiones, a pesar de que el Constitucional ya rechazó una recusación presentada por el PP por la misma causa. Los populares argumentan que este experto en Derecho Internacional elaboró y cobró por un “dictamen” encargado por el Instituto catalán de Estudios Autonómicos, muchas de cuyas observaciones fueron luego introducidas en la reforma catalana. Esa es la razón en la que basa su oposición a que participe en su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán.
Sin embargo, Pérez Tremps ha alegado ante el Constitucional que no se trató de un dictamen, sino que fue un estudio encargado a varios profesores universitarios y magistrados del Supremo, entre ellos él mismo, que entonces era profesor de Derecho Internacional en la Universidad Carlos III.
Informe encargado en 2003
En sus alegaciones, este especialista asegura que el estudio fue encargado el 21 de septiembre de 2003, cuando CiU gobernaba en Cataluña y no el “Gobierno tripartito”, como sostienen los populares en su recurso. Entonces, el Estatuto catalán no sólo era non nato, sino que ni siquiera había sido concebido. Es de destacar que el estudio se entrega en 2004, y que el 20 de enero de ese año se forma la ponencia para elaborar el Estatuto, cuya primera versión culmina en mayo de 2005.
Pérez Tremps revela que el PP conocía todas estas circunstancias cuando presentó su recusación, donde le acusa de haber elaborado un dictamen, en lugar de un estudio, circunstancia que tiene distintos tratamientos jurídicos. La razón estriba en que el diputado catalán del PP Daniel Sirera realizó el 22 de noviembre de 2005 una pregunta escrita en el Parlamento autonómico, que fue respondida el 20 de diciembre. En la contestación oficial se aclara al parlamentario que se trató de una publicación, la cantidad abonada al grupo de estudio (6.000 euros) y que fue un encargo del Gobierno anterior realizado en noviembre de 2003.
El PP ha apostado fuerte por el éxito de su recusación, al tratarse de una reforma estatutaria contra la que levantó una gran oposición al entender que ponía en entredicho toda la estructura del Estado, que era apartado en cada uno de los artículos en beneficio de la autonomía catalana.
El Estatut ha sido el cartucho político de mayor impacto utilizado contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y el PSOE sabe que si pierde este pulso en el Constitucional, las consecuencias serán también de calado, entre otras cosas porque le provocaría una crisis con sus aliados catalanes y la reforma está ya vigente al haber sido aprobada en referéndum el pasado junio.
El dilema
Además, el dilema al que se enfrenta el Constitucional tendrá consecuencias de largo alcance. Porque, si prospera la recusación, a partir de ahora cada una de las personas que acudan al Alto Tribunal mirarán con lupa el pasado de cada magistrado con el fin de detectar si alguno ha elaborado un estudio que afecte a su causa.
Tanto va el cántaro a la fuente… Tanto insistir el Constitucional en vestirse bajo el manto judicial, tanto insistir en que sus miembros tengan el tratamiento de magistrados, tanto ha querido que su procedimiento sea judicializado, que este organismo “ha caído en su propia trampa”, según algunos expertos consultados. Porque el Constitucional es un tribunal sui generis, compuesto por científicos, y no es un tribunal de Justicia. De ahí que sus miembros, muchos de ellos profesores, elaboren estudios universitarios y emitan opiniones, como ha ocurrido con Pérez Tremps y su estudio origen de la discordia: La acción exterior y la participación europea ante la posible reforma del Estatuto de Cataluña.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, Esp, 30ene07]
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