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04dic12
Cultura se ampara en la Ley de Protección de Datos para ocultar los nombres de la 'Comisión Sinde'
Los miembros de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI), que son los encargados de decidir sobre si un sitio web vulnera o no los derechos de autor (aplica la llamada 'Ley Sinde'), son secretos bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, según el Gobierno.
Se trata de la respuesta de la secretaría de Estado de Cultura a la insistencia de un abogado, David Bravo, que defiende los intereses de sitios web sobre los que pesan peticiones de retirada de contenidos protegidos por derechos de autor como Bajui o Tucinecom.com.
Bravo ya se quejaba el pasado agosto del 'anonimato' de las notificaciones de la Sección Segunda -sólo venían firmadas por su presidenta, Teresa Lizaranzu-, algo que según él podría dejar en la "indefensión" a las partes implicadas al no poder recusarles en caso de conflicto de intereses (es decir, si se demuestra que alguno de ellos tiene intereses o relación con el mundo editorial o discográfico).
Ahora, en un post en el blog 'Zona Crítica' de Diario.es, el abogado afirma que la Sección Segunda le "prohíbe revelar sus nombres bajo pena de multa". "Me advierten de que si revelo esos nombres se me impondrá una multa por vulneración de la Ley de Protección de Datos así como iniciar contra mi posibles acciones civiles y penales", afirma Bravo,
El abogado afirma que la Comisión le pide que se "abstenga de hacer algo que la ley no prohíbe, bajo amenaza de acciones legales de todo tipo", lo que él considera que "se trataría del delito de amenazas del artículo 171.1 del Código Penal".
Ley de Protección de Datos
Fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura insisten en que la Ley Orgánica de Protección de Datos ampara la identidad de los miembros de la Sección Segunda. "Se proporcionan los nombres a las partes implicadas en el marco de su defensa, por si fueran de utilidad para un posible recurso, pero no pueden ser utilizados fuera de este marco".
Afirman desde dicha Secretaría que los miembros de la Sección Segunda son "funcionarios de nivel A, elegidos porque están preparados en el ámbito de Internet y también en el de la propiedad intelectual", y la idea -de la propia secretaría de Estado de Cultura- es que permanezcan anónimos.
"Por ser funcionarios de carácter técnico entendemos que esto tiene que ser así", apuntan desde Cultura y añaden: "Según el régimen de funcionarios, las plazas no son fijas, por lo que hoy pueden estar en una comisión y mañana, en otra".
De esta manera, el Gobierno quiere preservar su intimidad al tratarse de un asunto tan delicado como la aplicación de la polémica 'Ley Sinde'.
'Exigencia' de los nombres
¿Puede Cultura realmente ampararse en la Ley Orgánica de Protección de Datos? Según el abogado Carlos S. Almeida, no. La razón es que "están desarrollando una función pública". El propio David Bravo asegura en su post que "se trata de una información de claro interés público, relativa a un organismo que, nada menos, decide sobre qué contenidos pueden estar en internet en función de lo que ellos consideran que es una infracción y que, por tanto, afecta a cualquier internauta".
Almeida asegura, además, que algunos de los nombres que aparecen en las resoluciones como miembros de la Sección Segunda son especialmente relevantes. "Hay personas que incluso han protagonizado actos de la SGAE", afirma, y añade: "Estamos hablando de una comisión política, al servicio de las entidades de gestión de derechos de autor".
Frente a la afirmación de Cultura de que se trata de funcionarios "preparados en el ámbito de Internet", Almeida recuerda que en un caso que él mismo defendió el pasado verano (contra Quedelibros.com, un caso actualmente recurrido), en cuya propuesta de resolución se llegaba a afirmar que algunos contenidos estaban alojados en el sitio Linksole.com, un mero acortador de URL.
"¿Están realmente preparados los miembros de la Sección Segunda?", se pregunta el abogado, que "desafía" a CuLtura a que "publique los nombres de la Comisión para saber si son competentes y si no existe un conflicto de intereses".
[Fuente: Por Pablo Romero, El Mundo, Madrid, 04dic12]
 | This document has been published on 05Dec12 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |